Carles Gispert y Jaume Barceló se toman una cerveza en la terraza del Chaparro. Este bar es un pedazo de Andalucía en la periferia de Palma: por las tapas, por los precios (el quinto cuesta un euro y poco) y por el escudo del Betis que adorna una pared. Frente a las barras verdiblancas se entremezclan las tertulias. Un taxista habla por los EarPods sobre los perros que cría. Unos hombres maduros se lanzan órdagos durante la partida que se juega en la mesa más discreta del local. Unas jubiladas vacían tazas de café recién hecho mientras llenan el cenicero de la mesa que comparten. Y, mientras tanto, los dos colegas de apellidos mallorquines analizan cuánto está cambiando el barrio en el que viven.

La Soledat es una joya en bruto. Las construcciones son humildes pero, si están bien conservadas, tienen mucho encanto. Además, como eran casas bajas con huerta, muchas tienen un patio. Luego está su patrimonio industrial, las fábricas y talleres, edificios que llevan muchísimo tiempo cerrados. Son espacios grandes, con muchas posibilidades. Creo que aquí va a pasar lo mismo que en Santa Catalina o en Pere Garau. Ya nos estamos poniendo de moda.

Dice Gispert. El comentario suena más crudo que lastimoso. Este activista y promotor cultural lleva cinco años viviendo en la barriada y alguno más visitándola por trabajo. Suficiente tiempo para ver la evolución de los precios. Del alquiler y la compra, “que suben como la espuma”: “Eso ya lo he vivido porque he pasado por muchos barrios de Palma. Antes de venir aquí estuve en la Plaça des Pes de sa Palla. Ahora suena a ciencia ficción que se pudiera alquilar allí, en pleno casco histórico. Pero era así. Igual que cuando empecé a venir por La Soledat, para organizar talleres y actividades con Aatomic Lab, mi proyecto cultural. Sería hacia 2019 y, entonces, nadie se imaginaba que esta zona pudiera gentrificarse. Y lo está haciendo. Si la cultura no es crítica y lo denuncia… mal vamos”.

Lo que afirma Gispert lo corroboran los expertos del mercado inmobiliario que analizan la realidad de Palma. Algunas de las calles más pobres de una de las ciudades españolas más caras son un caramelo para los inversores. Sobre todo, para los extranjeros. Barceló asiente, como si le pusiera un doble check azul a la idea que acaba de exponer su compañero de tertulia. Este técnico de sonido se crio en La Soledat. Vive en la misma casa donde creció su madre, una planta baja construida en 1903 a la que sus abuelos añadieron un primer piso al poco de entrar a vivir.

–Nunca había visto guiris en la barriada… a no ser que se hubiera perdido –dice Barceló–, pero en los últimos años, después de la pandemia, cada vez es más fácil encontrárselos. Ya no les da respeto entrar en unas calles que siempre habían tenido muy mala fama por la delincuencia y el tráfico de drogas, aunque fuera una de las zonas de Palma donde más vida de pueblo podía hacerse.

Nunca había visto guiris en la barriada… a no ser que se hubiera perdido, pero en los últimos años, después de la pandemia, cada vez es más fácil encontrárselos.. cuando te encuentras a un extranjero paseando por mi calle, si ve a un vecino sentado delante de su casa no es extraño que se pare a preguntar si la tiene en venta

Jaume Barceló — Vecino de La Soledat

–¿Y ya están viviendo allí? ¿O alquilando pisos para pasar sus vacaciones?

–Yo creo que todavía son pocos… porque los turistas se quedan en los edificios del polígono de Nou Llevant… y allí no verás una persiana mallorquina [ríe]. Por aquí, cuando te encuentras a un extranjero paseando por mi calle, si ve a un vecino sentado delante de su casa no es extraño que se pare a preguntar si la tiene en venta.

El comprador más conocido de La Soledat

Es probable que el comprador más conocido de La Soledat sea Johann Nowak. Este empresario alemán adquirió hace dos años cinco propiedades situadas en un radio de cien metros. El eje de sus inversiones es el Carrer Siquier, una de las vías que atraviesan de sur a norte la barriada. Las operaciones inmobiliarias que realizó Nowak ocurrieron entre principios de junio y finales de septiembre de 2024, según la documentación consultada por elDiario.es.

En menos de un trimestre, una sociedad limitada en la que figura como socio y administrador único amasó un patrimonio nada despreciable. Una casona con corral de 272 metros cuadrados –dividida en un taller mecánico de 138 metros cuadrados; una primera planta de 69 y otra segunda de 70–; una panadería de 72; una segunda planta de 95; y otra vivienda de 59 metros cuadrados situada en un primer piso. Las motivaciones de Nowak para embarcarse en este Monopoly son fáciles de rastrear. Basta con leer el nombre de su empresa: ArtDistrict Soledad.

Al terminar 2024, la sociedad tenía casi 1,2 millones de euros en activos y más de 1,1 millones de patrimonio neto, después de haber destinado más de 600.000 euros a adquisiciones de inmovilizado. Pero también acumulaba pérdidas cercanas a 180.000 euros, tenía casi 96.000 euros de deudas a corto plazo y disponía de poco más de 7.400 euros en efectivo y bancos. Dos años después, tres de sus inmuebles quedaron afectados por un embargo de la Seguridad Social por una deuda de 8.451 euros.

Al terminar 2024, la sociedad de Johann Nowak, el comprador más conocido del barrio, tenía casi 1,2 millones de euros en activos y más de 1,1 millones de patrimonio neto, así como unas pérdidas de 180.000 euros

Las compras dispararon el balance de la empresa. En 2024, el valor de sus activos materiales pasó de 515.060 a 1.124.253 euros. La sociedad declaró 609.193 euros en adquisiciones durante ese ejercicio, una cifra que coincide en el tiempo con las cinco operaciones inmobiliarias registradas entre junio y septiembre. Al cierre del año, el conjunto de sus activos ascendía a casi 1,2 millones de euros, más del doble que en 2023.

Pero el tamaño del patrimonio contrastaba con la escasa actividad de la compañía. ArtDistrict Soledad facturó apenas 8.150 euros en 2024, frente a los cero euros del año anterior. Sumó otros 15.410 euros de ingresos, pero sus gastos de personal y funcionamiento superaron los 200.000 euros. El resultado de explotación fue negativo en 185.132 euros y el ejercicio terminó con unas pérdidas de 142.804 euros. Si se suman las de 2023, la empresa acumulaba casi 180.000 euros en números rojos en sus dos primeros años. La estructura laboral también era reducida: la plantilla media fue de 1,12 trabajadores en 2024, frente a uno el año anterior. Según las cuentas, durante el ejercicio trabajaron en la empresa dos mujeres con contrato fijo.

Un hub artístico en La Soledat

Nowak está convencido de que La Soledat puede convertirse en el hub artístico de Palma. Su epicentro. El alemán sueña con desplazar a los suburbios un foco que lleva más de una década alumbrando unos barrios históricos –Ca n’Amunt i Ca n’Avall– donde es más fácil tropezar con una galería que con los comercios que existieron durante siglos hasta que el turismo invirtió la proporción de residentes y visitantes. Cuando desembarcó en la barriada, el galerista concedió varias entrevistas en medios locales como Última Hora.

Nowak está convencido de que La Soledat, uno de los barrios más humildes y asociados a la droga de Palma, puede convertirse en el hub artístico de la capital balear

Se mostró confiado en atraer talento de ciudades –como Nueva York– donde un artista independiente lo tiene difícil para pagar con su obra vivienda y estudio debido a los altos precios del alquiler. En esos encuentros con la prensa, Nowak solía recibir en el mismo lugar. Un antiguo taller mecánico reconvertido en un espacio diáfano. Ideal para organizar exposiciones, proyecciones, desfiles de moda o conciertos, alguno de los eventos documentados en las redes sociales de Art District Palma; la marca comercial del proyecto usa el topónimo de la ciudad, no el del barrio. Curiosamente, aquella nave de 350 metros cuadrados es la única de las propiedades vinculadas a Nowak que no aparece a nombre de su sociedad limitada. La persona que lo explotaba anteriormente figura aún como el titular de unos garajes rebautizados como Studio 31 pese a que en la fachada se mantiene un rótulo donde se lee Talleres Soledad. Mecánica, chapa y pintura.

Un antiguo taller mecánico reconvertido en un espacio diáfano es el lugar escogido para organizar exposiciones, proyecciones, desfiles de moda o conciertos

“El arte vive en estas habitaciones y no necesita un cubo blanco. Por el momento, una arquitectura exagerada no sería propicia para la integración del proyecto en el vecindario. A largo plazo, hay varios planes de reconocidos arquitectos mallorquines”, explica Nowak. Por escrito, elDiario.es intentó entrevistarlo varias veces durante el último mes y medio. Al encontrarse en Alemania y alegar que debía atender problemas graves de índole personal, el galerista respondió –parcialmente– las preguntas planteadas durante la elaboración de este reportaje. “Me hubiera gustado enseñaros el espacio en persona. Quizás podamos hacerlo en otra ocasión”, escribió Nowak.

El Instagram de ArtDistrict Palma publicó por última vez el pasado 28 de abril pero, según los mensajes que envió el empresario por WhatsApp, la iniciativa está más fuerte y más vinculada a La Soledat que nunca. El alemán anuncia una muestra “de artistas coreanos” que ha recibido financiación pública del país asiático para mediados de noviembre y otra expo colectiva coordinada “por la curadora mallorquina María Muñoz”. Confía “a largo plazo” en “alquilar” Studio 31 a “eventos subvencionados”. Afirma que su proyecto se sostiene económicamente gracias a un préstamo a largo plazo concedido por un holding que posee en Alemania. Defiende que organizar fiestas como el Paella Fest ayudan al barrio a encontrarse con “su antigua tradición” de sopars a la fresca.

Así en Berlín como en Mallorca

La historia es vieja porque no deja de repetirse. Puede leerse en las fachadas de chapa de La Boca bonaerense y en los muros pintados de Wynwood, Miami. Un barrio deprimido –y conflictivo– resucita –y se encarece– gracias al impulso que le dan los artistas –casi siempre, jóvenes, modernos y alternativos– que se mudan allí. A veces, todo se acelera porque la ciudad organiza unos Juegos Olímpicos. Así ocurrió en las naves del Poblenou barcelonés o –veinte años más tarde– en los canales del Hackney Wick londinense.

Uno de los moldes originales de este proceso –al menos en Europa– es Berlín. El final de la Guerra Fría cambió de arriba a abajo barrios enteros. La capital alemana se convertía en la meca del turismo underground mientras Nowak daba sus primeros pasos en el negocio del arte. Así lo explicó el empresario en la entrevista que le hicieron en Mallorca Majorca, un podcast en inglés que conducen Vicki McLeod y Oliver Neilson, dos periodistas de acento británico que viven en la isla.

La estampa es la siguiente: un barrio deprimido –y conflictivo– resucita –y se encarece– gracias al impulso que le dan los artistas –casi siempre, jóvenes, modernos, alternativos– que se mudan allí

En aquella época –los noventa y los primeros años del siglo XXI–, Kreuzberg –el caso más conocido– pasó de ser la frontera entre socialismo y capitalismo –quedaba justo al oeste del Muro– a crisol étnico –refugiados de las guerras yugoslavas se unieron a turcos (y kurdos), libaneses, palestinos y sirios– y, por último, emblema de la gentrificación, un término que comenzó a aparecer en las páginas de los periódicos. Actualmente, algunos portales inmobiliarios sitúan el precio medio del metro cuadrado de Kreuzberg en casi 6.000 euros. Números que todavía quedan lejos de los que se piden en La Soledat. Aunque ya no tanto.

“Si en Balears ha subido la vivienda un 80% en los últimos diez años, en el distrito de Llevant hay que multiplicar ese aumento por dos. Era una zona deteriorada, especialmente La Soledat, el barrio donde los precios eran más bajos porque no tenía atractivo. Ahora, se asemejan a los que se piden en Palma Nord: 4.200 euros el metro cuadrado”, explica por teléfono José Miguel Artieda Ferragut. El presidente autonómico del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria considera que La Soledat no dejará a corto plazo de ser un lugar interesante para invertir. Todavía está por debajo del precio medio de mercado que se paga en Palma por una vivienda o un local de segunda mano, alrededor de 5.500 euros el metro cuadrado. Hay, además, proyectos públicos que están impulsando la revalorización del suelo. Los 100 millones de euros que el Ajuntament de Palma está invirtiendo para transformar al edificio de Gesa en una gran infraestructura cultural –instituto de artes plásticas, biblioteca, centro de innovación, macroaparcamiento subterráneo– es un “atractivo innegable” para Artieda.

Era una zona deteriorada, especialmente La Soledat, el barrio donde los precios eran más bajos porque no tenía atractivo. Ahora, se asemejan a los que se piden en Palma Nord: 4.200 euros el metro cuadrado

José Miguel Artieda Ferragut — Presidente autonómico del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

–El este de Palma se está convirtiendo en el gran bulevar de entrada a la ciudad. Lo que hace cinco años te costaba vender por 120.000 euros, ahora se vende por más de 250.000… y las operaciones se cierran –analiza el agente de la propiedad inmobiliaria–. La raíz de este diferencial es que el desarrollo de las promociones del Nou Llevant ha irradiado a los barrios que quedan más cerca. La Soledat está justo al lado y, si pintas el barrio encima del mapa, también ves que está cerca del mar.

–¿Se puede dibujar un retrato robot del comprador más habitual en el distrito de Llevant?

–Cada vez más, son extranjeros, no de un nivel adquisitivo muy alto, pero sí de clase media, podríamos decir.

–¿No les preocupa la conflictividad de esos barrios? En La Soledat, sin ir más lejos, volvieron a desmantelar al Clan del Pablo, un conocido traficante.

–Esa percepción la tenemos más los mallorquines que los extranjeros. Quien compra, ve que hay oportunidad de cambio, que abren franquicias de supermercados y nuevos negocios. Eso se nota en la carretera de Manacor o en Son Gotleu, otra muestra clara: allí se ha agotado prácticamente la oferta de inmuebles okupados o por reformar que se vendían hace unos años por 30 ó 40.000 euros. Ahora te los puedes encontrar, vacíos, por 130, 140, 150.000 euros. O se están alquilando por habitaciones. Quien compra allí suele ser un perfil inversor.

–¿Cómo definiríamos a ese “perfil inversor”?

–Alguien que no compra para vivir.

Un pueblo dentro de la ciudad

Birra nunca se ha sentido extraña cuando su dueño la saca a pasear. Sabe que no tardarán en encontrar el descampado donde sentirse libre. La mascota de Jaume Barceló es un ca de bestiar, el perro favorito de los pastores mallorquines. Una pequeña bestia de casi cuarenta kilos que no desentona en un paisaje de calles estrechas y persianas pintadas de verde. La Soledat pudo quedarse atrapada en el casco urbano de Palma, pero nunca dejó de parecer un pueblo. Con su parroquia, su casino, sus fiestas populares, su club de fútbol, sus pequeños comercios, su movimiento obrero: tejido social. Un pueblo que primero fue agrícola, hasta que llegaron las fábricas, y, desde hace décadas, es un dormitorio para muchos trabajadores de zonas turísticas como s’Arenal, a tiro de piedra en autobús. Y, sin embargo, La Soledat ahora es un pueblo que se despuebla. Al menos, de los vecinos con los que Barceló recuerda haberse criado:

–Soy el raro porque he decidido (y he podido) quedarme, pero lo normal durante los últimos años es hacer lo de mis padres. Estoy en su casa porque ellos se han ido a Vilafranca de Bonany, de donde es mi padre; están más a gusto fuera de la ciudad. Esta barriada ha acogido a todos los migrantes que llegaban a Palma: mallorquines de ocho apellidos, peninsulares (payos y gitanos), ahora latinoamericanos o asiáticos… Esa mezcla es nuestra identidad, pero creo que será muy difícil mantenerla. En su generación era muy común que se crearan familias donde uno de los dos era de La Soledat y el otro, de la Part Forana. En los últimos años, muchas de esas parejas se han jubilado y, si no tienen familiares interesados en venir aquí, venden. Los precios son tentadores. He preferido alquilar la planta alta de mi casa a unos amigos que acababan de ser padres –y no encontraban vivienda– a un precio razonable. Me interesa estar rodeado de gente que haga barrio.

El turisme ven paisatges, cultura i formes de vida que no li pertanyen. Per a Jarkko Saarinen, catedràtic de Geografia Humana a la Universitat d'Oulu (Finlàndia), aquesta paradoxa és al centre de molts dels conflictes que travessen avui les destinacions turístiques: una activitat econòmica que depèn dels recursos naturals, culturals i socials d'un territori, però els beneficis de la qual no sempre arriben a les comunitats que la sostenen. Especialista en turisme sostenible, canvi climàtic i relacions entre visitants i població local, Saarinen ha estudiat aquestes dinàmiques en escenaris tan diferents com la Lapònia finlandesa i el sud d'Àfrica, i ha col·laborat amb responsables polítics en qüestions com l'adaptació climàtica, l'estacionalitat i l'evolució de les destinacions turístiques.

Les seves investigacions conviden a mirar més enllà de les xifres de visitants i dels ingressos que genera el sector per preguntar-se qui guanya amb el turisme, qui n'assumeix els costos i quina capacitat tenen els residents per decidir sobre la transformació del seu entorn. Una qüestió especialment rellevant a les principals destinacions turístiques espanyoles, com les Balears, on l'aposta per atreure visitants de més poder adquisitiu conviu amb una dificultat creixent per accedir a l'habitatge i amb el debat sobre els límits de l'activitat turística. Aquest cap de setmana, Saarinen participa a l'Observatori COSTA, a Mallorca, per abordar els futurs del turisme de masses i reflexionar sobre els models de governança que poden fer compatible l'activitat turística amb les necessitats de les comunitats locals.

Estam assistint a una nova fase en què les destinacions concebudes per al turisme de masses es converteixen en espais reservats a aquells que tenen més poder adquisitiu?

La gran història d'èxit del turisme és que va començar sent una activitat exclusiva, amb l'anomenat Grand Tour, quan els aristòcrates britànics viatjaven a Itàlia i Espanya. Després van arribar les guerres napoleòniques i la màquina de vapor, que va abaratir els desplaçaments i va permetre democratitzar els viatges. A les dècades de 1960, 1970 i, especialment, 1980, la gent va començar a viatjar de manera generalitzada. A Finlàndia, anar a Mallorca o Tenerife era una cosa extraordinària; avui viatja gent corrent i les vacances s'han normalitzat. Però ens estem encaminant en una altra direcció.

Crec que el canvi climàtic serà un factor clau. Les transformacions geopolítiques i l'encariment dels vols també hi influiran. Viatjar no havia estat mai tan barat en termes històrics, però alguns desplaçaments ja costen molt més que fa una dècada i els salaris no han augmentat al mateix ritme. Això limitarà els viatges de les classes mitjana i mitjana-baixa.

Viatjar no havia estat mai tan barat en termes històrics, però alguns desplaçaments ja costen molt més que fa una dècada i els salaris no han augmentat al mateix ritme. Això limitarà els viatges de les classes mitjana i mitjana-baixa

Podria arribar un moment en què la gent corrent no es pogués anar de vacances?

És un procés gradual. Els viatges de curta distància continuaran sent possibles, però els de llarga distància plantejaran més problemes, especialment per a les destinacions del Sud Global. Espanya continuarà sent accessible, encara que potser no tant com ara. Moltes destinacions espanyoles depenen també dels propietaris de segones residències. Podran continuar invertint en un habitatge a Espanya els qui viatgen des del Regne Unit o Alemanya si no es poden permetre desplaçar-s'hi amb tanta freqüència? Això pot modificar l'estructura turística en un futur relativament pròxim. D'aquí a una dècada, les coses podrien ser força diferents.

En les seves investigacions planteja la importància d'una governança turística orientada a la sostenibilitat. En què consisteix?

El turisme és un negoci estrany: ens ven una cosa que no posseeix. Comercialitza la cultura local, la gastronomia, els paisatges, la forma de vida i els espais protegits, però no n'és propietari. Per això insistim en la sostenibilitat: el turisme ha de retornar alguna cosa a les comunitats. Els visitants hauran de contribuir cada vegada més a les destinacions de què gaudeixen. Les polítiques públiques són fonamentals perquè estableixen el marc en què es desenvolupa l'activitat i determinen com se'n distribueixen els beneficis.

He estudiat aquestes qüestions tant a la Lapònia finlandesa com a Botswana. Allà volien desenvolupar el turisme per diversificar una economia dependent dels diamants. Van observar la massificació dels safaris a Kenya i van optar per un model de baix volum: menys visitants que paguessin més. És una estratègia que recorda el pas del turisme de masses al turisme de qualitat que es planteja a Mallorca.

Però hi ha un problema: per oferir un producte turístic d'alta qualitat, sovint és necessari importar capital, coneixements i personal. Això genera fugues econòmiques, perquè els diners acaben tornant al lloc d'on prové la inversió. A Botswana, aquestes fugues superen el 70%. El producte pot ser excel·lent, però l'economia local amb prou feines se'n beneficia. El mateix principi es pot aplicar a Europa. Per això, la qüestió no és únicament quin tipus de turisme volem, sinó qui n'obté els beneficis.

Però hi ha un problema: per oferir un producte turístic d'alta qualitat, sovint és necessari importar capital, coneixements i personal. Això genera fugues econòmiques. A Botswana, aquestes fugues superen el 70%. El producte pot ser excel·lent, però l'economia local amb prou feines se'n beneficia

Creu que les protestes als carrers de diferents ciutats europees tenen a veure amb aquesta problemàtica, amb l'accés a l'habitatge i l'encariment de la vida? A Espanya, el cas de Maricarmen, una dona gran desnonada de casa seva per un fons d'inversió, es va convertir en un símbol d'aquesta situació.

Conec força bé el cas de Maricarmen. Ens trobem davant d'un procés de gentrificació. El cost de la vida augmenta i les classes mitjana i mitjana-baixa es veuen obligades a desplaçar-se a zones més allunyades, on també han d'assumir més despeses de transport. El turisme no és l'única causa d'aquests problemes, ni culparia els turistes com a tals. Però a les ciutats afectades pel sobreturisme, la pressió sobre l'habitatge agreuja la situació.

Tradicionalment distingíem entre els espais destinats als visitants i aquells on els residents desenvolupaven la seva vida quotidiana. L'autor Dean MacCannell va plantejar als anys setanta una distinció entre l'escenari turístic i el rerefons de la vida local. Mentre tots dos espais romanien separats, els habitants podien continuar amb les seves activitats. L'economia de plataformes ha canviat aquesta situació: ha portat els turistes a zones residencials i ha generat problemes de soroll, encariment de l'habitatge i desplaçament dels veïns. Quan aquestes pressions coincideixen amb una crisi general d'accés a l'habitatge, s'acumulen i es retroalimenten. No atribuiria les protestes exclusivament al turisme, però sí que crec que aquest agreuja els problemes existents.

Les Balears estan apostant per la cultura com a eina turística. Ho va dir, fa pocs mesos, la Comissió Europea en un informe per al procés de selecció de la Capital Europea de la Cultura 2031. Des de fa alguns anys, les institucions promouen fires d'art, grans exposicions i esdeveniments culturals com a part d'una estratègia per atreure un turisme de més qualitat. Pot la cultura transformar el model turístic o corre el risc de convertir-se en una altra eina d'exclusivitat?

Aquest perill existeix, especialment quan la cultura s'utilitza per atreure més visitants i fer créixer el turisme. L'objectiu original del desenvolupament sostenible no era mantenir el turisme i aconseguir que creixés indefinidament, sinó preservar les comunitats locals, el medi ambient, el seu benestar i la seva cultura. Tanmateix, el concepte de sostenibilitat turística ha estat segrestat, en certa manera. Ara sembla que l'objectiu és mantenir el turisme i continuar fent-lo créixer. La cultura s'ha convertit en una eina al servei del turisme, quan hauria de passar el contrari: el turisme hauria d'estar al servei de la cultura i de la comunitat local, i no a l'inrevés.

A Oulu, on visc, som Capital Europea de la Cultura el 2026. S'ha apostat per iniciatives que sorgeixen des de baix, amb milers d'esdeveniments de menor escala, en lloc de concentrar els recursos en grans infraestructures o esdeveniments elitistes. Un estudi realitzat a Austràlia va concloure que nombroses iniciatives culturals petites poden beneficiar més l'economia local que uns quants grans esdeveniments. Les primeres generen un flux constant de persones i afavoreixen les relacions entre visitants i residents. Els macroesdeveniments, en canvi, atreuen públic de fora i requereixen infraestructures el futur de les quals s'ha de resoldre un cop acabats.

Les Balears van batre el rècord de 19 milions de turistes el 2025, mentre els preus de l'habitatge continuen augmentant. Es pot considerar exitós un model que incrementa els visitants i els ingressos mentre una part de la població té cada vegada més dificultats per accedir a un habitatge?

Pot ser un bon negoci durant un temps. Però els inversors que venen de fora poden invertir, obtenir beneficis i marxar després a un altre lloc. En els estudis turístics parlem del cicle d'evolució de les destinacions: primer creixen, després arriben la consolidació i l'estancament. A partir d'aquí, es poden renovar i iniciar una altra etapa de creixement o entrar en declivi.

Els inversors que venen de fora poden invertir, obtenir beneficis i marxar després a un altre lloc. En els estudis turístics parlem del cicle d'evolució de les destinacions: primer creixen, després arriben la consolidació i l'estancament

Torremolinos n'és un exemple. Després de patir un deteriorament relacionat, entre altres coses, amb l'excés de desenvolupament urbanístic, va necessitar millorar les condicions sanitàries i mediambientals i els seus sistemes de sanejament per recuperar el seu atractiu. Mallorca hauria d'adoptar una perspectiva més proactiva i preguntar-se quina direcció vol seguir. També hauria de plantejar-se si un model de governança que permet el sobreturisme beneficia realment la destinació. Res no pot créixer per sempre: tard o d'hora, el creixement troba els seus límits.

Si pogués recomanar una sola mesura al Govern per reduir els efectes negatius del sobreturisme, quina seria?

En molt pocs llocs el sobreturisme es deu principalment a l'allotjament reglat, és a dir, als hotels. El problema rau en els lloguers de curta durada, que són sobretot un negoci immobiliari. Formen part de l'urbanisme, del desenvolupament urbà i de la governança de les ciutats. Per això, s'haurien d'establir límits. La capacitat d'allotjament sense regular ha generat problemes a Barcelona, Amsterdam, Londres i París. En ciutats com Amsterdam i París, les regulacions han contribuït a reduir-los, encara que no els hagin resolt del tot. També cal regular estrictament els creuers, establint quants vaixells poden arribar al mateix temps.

Una regulació ferma i sostinguda a llarg termini pot beneficiar la destinació, les comunitats i també les empreses, en contribuir a un turisme més sostenible. Hi ha una última qüestió fonamental: el turisme depèn no només de l'atractiu de la natura i la cultura, sinó també de l'acceptació social; és a dir, del fet que la població local consideri legítima l'activitat turística i hi estigui d'acord. Si els residents es mostren hostils, això acaba repercutint en l'experiència dels visitants. Aquests es preguntaran si són benvinguts i, si senten que no ho són, poden marxar a un altre lloc. Per això, la comunitat local és un actor fonamental i s'ha de prendre seriosament. Encara que el turisme sigui un negoci privat, ven una cosa que no li pertany: una cosa que pertany a la comunitat. Per aquesta raó, li ha de retornar alguna cosa a canvi.

El turismo vende paisajes, cultura y formas de vida que no le pertenecen. Para Jarkko Saarinen, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Oulu (Finlandia), esta paradoja está en el centro de muchos de los conflictos que atraviesan hoy los destinos turísticos: una actividad económica que depende de los recursos naturales, culturales y sociales de un territorio, pero cuyos beneficios no siempre llegan a las comunidades que lo sostienen. Especialista en turismo sostenible, cambio climático y relaciones entre visitantes y población local, Saarinen ha estudiado estas dinámicas en escenarios tan distintos como la Laponia finlandesa y el sur de África, y ha colaborado con responsables políticos en cuestiones como la adaptación climática, la estacionalidad y la evolución de los destinos turísticos.

Sus investigaciones invitan a mirar más allá de las cifras de visitantes y los ingresos que genera el sector para preguntarse quién gana con el turismo, quién asume sus costes y qué capacidad tienen los residentes para decidir sobre la transformación de su entorno. Una cuestión especialmente relevante en los mayores destinos turísticos españoles, como Balears, donde la apuesta por atraer visitantes de mayor poder adquisitivo convive con una creciente dificultad para acceder a la vivienda y con el debate sobre los límites de la actividad turística. Este fin de semana, Saarinen participa en el Observatori COSTA, en Mallorca, para abordar los futuros del turismo de masas y reflexionar sobre los modelos de gobernanza que pueden hacer compatible la actividad turística con las necesidades de las comunidades locales.

¿Estamos asistiendo a una nueva fase en la que los destinos concebidos para el turismo de masas se convierten en espacios reservados a quienes tienen mayor poder adquisitivo?

La gran historia de éxito del turismo es que comenzó siendo una actividad exclusiva, con el llamado Grand Tour, cuando los aristócratas británicos viajaban a Italia y España. Después llegaron las guerras napoleónicas y la máquina de vapor, que abarató los desplazamientos y permitió democratizar los viajes. En las décadas de 1960, 1970 y, especialmente, 1980, la gente empezó a viajar de forma generalizada. En Finlandia, ir a Mallorca o Tenerife era algo extraordinario; hoy viaja gente corriente y las vacaciones se han normalizado. Pero nos estamos encaminando en otra dirección. 

Creo que el cambio climático será un factor clave. Las transformaciones geopolíticas y el encarecimiento de los vuelos también influirán. Viajar nunca había sido tan barato en términos históricos, pero algunos desplazamientos ya cuestan mucho más que hace una década y los salarios no han aumentado al mismo ritmo. Eso limitará los viajes de las clases media y media-baja.

Viajar nunca había sido tan barato en términos históricos, pero algunos desplazamientos ya cuestan mucho más que hace una década y los salarios no han aumentado al mismo ritmo. Eso limitará los viajes de las clases media y media-baja

¿Podría llegar un momento en que la gente corriente no pueda irse de vacaciones?

Es un proceso gradual. Los viajes de corta distancia seguirán siendo posibles, pero los de larga distancia plantearán más problemas, especialmente para los destinos del Sur Global. España seguirá siendo accesible, aunque quizá no tanto como ahora. Muchos destinos españoles dependen también de los propietarios de segundas residencias. ¿Podrán seguir invirtiendo en una vivienda en España quienes viajan desde Reino Unido o Alemania si no pueden permitirse desplazarse hasta allí con tanta frecuencia? Esto puede modificar la estructura turística en un futuro relativamente próximo. Dentro de una década, las cosas podrían ser bastante diferentes.

En sus investigaciones plantea la importancia de una gobernanza turística orientada a la sostenibilidad. ¿En qué consiste?

El turismo es un negocio extraño: nos vende algo que no posee. Comercializa la cultura local, la gastronomía, los paisajes, la forma de vida y los espacios protegidos, pero no es propietario de ellos. Por eso insistimos en la sostenibilidad: el turismo debe devolver algo a las comunidades. Los visitantes tendrán que contribuir cada vez más a los destinos que disfrutan. Las políticas públicas son fundamentales porque establecen el marco en el que se desarrolla la actividad y determinan cómo se distribuyen sus beneficios.

He estudiado estas cuestiones tanto en la Laponia finlandesa como en Botsuana. Allí querían desarrollar el turismo para diversificar una economía dependiente de los diamantes. Observaron la masificación de los safaris en Kenia y optaron por un modelo de bajo volumen: menos visitantes que pagaran más. Es una estrategia que recuerda al paso del turismo de masas al turismo de calidad que se plantea en Mallorca. 

Pero hay un problema: para ofrecer un producto turístico de alta calidad, a menudo es necesario importar capital, conocimientos y personal. Esto genera fugas económicas, porque el dinero termina regresando al lugar del que procede la inversión. En Botsuana, esas fugas superan el 70%. El producto puede ser excelente, pero la economía local apenas se beneficia. El mismo principio puede aplicarse a Europa. Por eso, la cuestión no es únicamente qué tipo de turismo queremos, sino quién obtiene sus beneficios.

Pero hay un problema: para ofrecer un producto turístico de alta calidad, a menudo es necesario importar capital, conocimientos y personal. Esto genera fugas económicas. En Botsuana, esas fugas superan el 70%. El producto puede ser excelente, pero la economía local apenas se beneficia

¿Cree que las protestas en las calles de distintas ciudades europeas tienen que ver con esta problemática, con el acceso a la vivienda y el encarecimiento de la vida? En España, el caso de Maricarmen, una mujer mayor desahuciada de su casa por un fondo de inversión, se convirtió en un símbolo de esta situación.

Conozco bastante bien el caso de Maricarmen. Estamos ante un proceso de gentrificación. El coste de la vida aumenta y las clases media y media-baja se ven obligadas a desplazarse a zonas más alejadas, donde también deben asumir mayores gastos de transporte. El turismo no es la única causa de estos problemas, ni culparía a los turistas como tales. Pero en las ciudades afectadas por el sobreturismo, la presión sobre la vivienda agrava la situación.

Tradicionalmente, distinguíamos entre los espacios destinados a los visitantes y aquellos donde los residentes desarrollaban su vida cotidiana. El autor Dean MacCannell planteó en los años setenta una distinción entre el escenario turístico y el trasfondo de la vida local. Mientras ambos espacios permanecían separados, los habitantes podían continuar con sus actividades. La economía de plataformas ha cambiado esta situación: ha llevado a los turistas a zonas residenciales y ha generado problemas de ruido, encarecimiento de la vivienda y desplazamiento de los vecinos. Cuando estas presiones coinciden con una crisis general de acceso a la vivienda, se acumulan y se retroalimentan. No atribuiría las protestas exclusivamente al turismo, pero sí creo que este agrava los problemas existentes.

Balears está apostando por la cultura como una herramienta turística. Lo dijo, hace pocos meses, la Comisión Europea en un informe para el proceso de selección de la Capital Europea de la Cultura 2031. Desde hace algunos años, las instituciones promueven ferias de arte, grandes exposiciones y acontecimientos culturales como parte de una estrategia para atraer un turismo de mayor calidad. ¿Puede la cultura transformar el modelo turístico o corre el riesgo de convertirse en otra herramienta de exclusividad? 

Ese peligro existe, especialmente cuando la cultura se utiliza para atraer más visitantes y hacer crecer el turismo. El objetivo original del desarrollo sostenible no era mantener el turismo y conseguir que creciera indefinidamente, sino preservar las comunidades locales, el medioambiente, su bienestar y su cultura. Sin embargo, el concepto de sostenibilidad turística ha sido secuestrado, en cierto modo. Ahora parece que el objetivo es mantener el turismo y seguir haciéndolo crecer. La cultura se ha convertido en una herramienta al servicio del turismo, cuando debería ocurrir lo contrario: el turismo tendría que estar al servicio de la cultura y de la comunidad local y no al revés.

En Oulu, donde vivo, somos Capital Europea de la Cultura en 2026. Se ha apostado por iniciativas que surgen desde abajo, con miles de acontecimientos de menor escala, en lugar de concentrar los recursos en grandes infraestructuras o eventos elitistas. Un estudio realizado en Australia concluyó que numerosas iniciativas culturales pequeñas pueden beneficiar más a la economía local que unos pocos grandes acontecimientos. Las primeras generan un flujo constante de personas y favorecen las relaciones entre visitantes y residentes. Los macroeventos, en cambio, atraen público de fuera y requieren infraestructuras cuyo futuro hay que resolver una vez terminados.

Balears batió el récord de 19 millones de turistas en 2025, mientras los precios de la vivienda siguen aumentando. ¿Puede considerarse exitoso un modelo que incrementa los visitantes y los ingresos mientras parte de la población tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda?

Puede ser un buen negocio durante un tiempo. Pero los inversores que vienen de fuera pueden invertir, obtener beneficios y marcharse después a otro lugar. En los estudios turísticos hablamos del ciclo de evolución de los destinos: primero crecen, después llegan la consolidación y el estancamiento. A partir de ahí, pueden renovarse e iniciar otra etapa de crecimiento o entrar en declive.

Los inversores que vienen de fuera pueden invertir, obtener beneficios y marcharse después a otro lugar. En los estudios turísticos hablamos del ciclo de evolución de los destinos: primero crecen, después llegan la consolidación y el estancamiento

Torremolinos es un ejemplo. Tras sufrir un deterioro relacionado, entre otras cosas, con el exceso de desarrollo urbanístico, necesitó mejorar las condiciones sanitarias y medioambientales y sus sistemas de saneamiento para recuperar su atractivo. Mallorca debería adoptar una perspectiva más proactiva y preguntarse qué dirección quiere seguir. También debería plantearse si un modelo de gobernanza que permite el sobreturismo beneficia realmente al destino. Nada puede crecer para siempre: tarde o temprano, el crecimiento encuentra sus límites.

Si pudiera recomendar una sola medida al Govern para reducir los efectos negativos del sobreturismo, ¿cuál sería?

En muy pocos lugares el sobreturismo se debe principalmente al alojamiento reglado, es decir, a los hoteles. El problema está en los alquileres de corta duración, que son ante todo un negocio inmobiliario. Forman parte del urbanismo, del desarrollo urbano y de la gobernanza de las ciudades. Por eso, deberían establecerse límites. La capacidad de alojamiento sin regular ha generado problemas en Barcelona, Ámsterdam, Londres y París. En ciudades como Ámsterdam y París, las regulaciones han contribuido a reducirlos, aunque no los hayan resuelto por completo. También hace falta regular estrictamente los cruceros, estableciendo cuántos barcos pueden llegar al mismo tiempo.

Una regulación firme y sostenida a largo plazo puede beneficiar al destino, a las comunidades y también a las empresas, al contribuir a un turismo más sostenible. Hay una última cuestión fundamental: el turismo depende no solo del atractivo de la naturaleza y la cultura, sino también de la aceptación social; es decir, de que la población local considere legítima la actividad turística y esté de acuerdo con ella. Si los residentes se muestran hostiles, eso acaba repercutiendo en la experiencia de los visitantes. Estos se preguntarán si son bienvenidos y, si sienten que no lo son, pueden marcharse a otro lugar. Por eso, la comunidad local es un actor fundamental y debe ser tomada en serio. Aunque el turismo sea un negocio privado, vende algo que no le pertenece: algo que pertenece a la comunidad. Por esa razón, debe devolverle algo a cambio.

El Govern balear de Marga Prohens (PP) estudia recórrer davant els tribunals el repartiment de 180 milions d'euros en subvencions estatals destinades a les comunitats autònomes que han declarat zones de mercat residencial tensionat, tot i que fa tot just dues setmanes el PP i Vox van rebutjar al Parlament una proposta per habilitar els ajuntaments a sol·licitar aquesta mateixa declaració, que permetria activar mesures per contenir les pujades dels lloguers. L'Executiu considera que excloure territoris com les Balears d'aquestes ajudes suposa una «discriminació» i vulnera el principi d'igualtat territorial.

El portaveu del Govern, Antoni Costa, ha explicat aquest divendres, després de la reunió del Consell de Govern, que l'Advocacia de la Comunitat Autònoma està analitzant la possibilitat de presentar un recurs contra el decret que regula aquestes ajudes. Segons ha assenyalat, la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat va presentar al·legacions durant la tramitació de la norma, però el Govern espanyol les va «ignorar». Costa sosté que els fons públics destinats a habitatge s'haurien de distribuir en funció de les necessitats de cada territori, i no segons si els seus governs han optat per declarar zones tensionades.

El també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha defensat que el repartiment hauria de tenir en compte indicadors com l'evolució dels preus del lloguer i de compravenda, l'esforç econòmic que fan les llars per pagar un habitatge, l'escassetat d'oferta residencial i la pressió demogràfica. Al seu parer, el decret no respon a aquests criteris objectius i adopta decisions «discrecionals».

En concret, els 180 milions d'euros aprovats pel Govern central es distribueixen entre les cinc comunitats autònomes que han declarat zones de mercat residencial tensionat: Catalunya, el País Basc, Navarra, Astúries i Galícia. Les ajudes, repartides en funció de la població afectada, es podran destinar a construir, rehabilitar o adquirir habitatges per al lloguer social o assequible, urbanitzar sòl residencial, promoure habitatge protegit i oferir garanties davant possibles impagaments. Catalunya rebrà més de 119 milions d'euros; el País Basc, 31 milions; Navarra, 13,3 milions; Galícia, 10,2 milions, i Astúries, 5,9 milions.

PP i Vox tornen a tancar la porta a les zones tensionades

El passat 6 d'octubre, el PP i Vox van tombar una proposició de llei del PSIB-PSOE que pretenia permetre als municipis de les Balears sol·licitar la declaració de zones tensionades. La iniciativa va ser rebutjada per 33 vots en contra i 24 a favor. El text preveia que els ajuntaments o l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) poguessin iniciar el procediment quan es complissin els requisits de la llei estatal, i establia que els consells insulars prestassin suport tècnic als municipis per elaborar la documentació necessària.

La proposta socialista pretenia incorporar a la legislació autonòmica un procediment per activar a les illes una figura prevista en la Llei estatal d'habitatge de 2023. La seva aplicació permet adoptar mesures específiques de contenció de les rendes en àrees on hi hagi un risc especial d'oferta insuficient i dificultats per accedir a un habitatge assequible.

L'estratègia de l'Executiu de Prohens aposta, en canvi, per incrementar l'oferta, liberalitzar sòl, impulsar projectes residencials estratègics i promoure habitatges a preu limitat, a més d'oferir incentius fiscals als propietaris. El Govern sosté que limitar els lloguers pot provocar la retirada d'habitatges del mercat i acabar encarint els pisos disponibles.

El Govern balear de Marga Prohens (PP) estudia recurrir ante los tribunales el reparto de 180 millones de euros en subvenciones estatales destinadas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, a pesar de que hace apenas dos semanas PP y Vox rechazaron en el Parlament una propuesta para habilitar a los ayuntamientos a solicitar esa misma declaración, que permitiría activar medidas para contener las subidas de los alquileres. El Ejecutivo considera que excluir de estas ayudas a territorios como Balears supone una “discriminación” y rompe el principio de igualdad territorial.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado este viernes, tras la reunión del Consell de Govern, que la Abogacía de la Comunidad Autónoma está analizando la posibilidad de presentar un recurso contra el decreto que regula estas ayudas. Según ha señalado, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad presentó alegaciones durante la tramitación de la norma, pero éstas fueron “ignoradas” por el Gobierno de España. Costa sostiene que los fondos públicos destinados a vivienda deberían distribuirse en función de las necesidades de cada territorio y no de si sus gobiernos han optado por declarar zonas tensionadas.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha defendido, en esta línea, que el reparto debería atender a indicadores como la evolución de los precios del alquiler y de compraventa, el esfuerzo económico que realizan los hogares para pagar una vivienda, la escasez de oferta residencial y la presión demográfica. A su juicio, el decreto no responde a estos criterios objetivos y adopta decisiones “discrecionales”.

En concreto, los 180 millones aprobados por el Gobierno central se distribuyen entre las cinco comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado: Catalunya, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia. Las ayudas, repartidas en función de la población afectada, podrán destinarse a construir, rehabilitar o adquirir viviendas para alquiler social o asequible, urbanizar suelo residencial, promover vivienda protegida y ofrecer garantías frente a posibles impagos. Catalunya recibirá más de 119 millones de euros; el País Vasco, 31 millones; Navarra, 13,3 millones; Galicia, 10,2 millones, y Asturias, 5,9 millones.

PP y Vox vuelven a cerrar la puerta a las zonas tensionadas

El pasado 6 de octubre, PP y Vox tumbaron una proposición de ley del PSIB-PSOE que buscaba permitir a los municipios de Balears solicitar la declaración de zonas tensionadas. La iniciativa fue rechazada por 33 votos frente a los 24 de los grupos de la oposición. El texto contemplaba que los ayuntamientos o el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) pudieran iniciar el procedimiento cuando se cumplieran los requisitos de la ley estatal, y establecía que los consells insulares prestaran apoyo técnico a los municipios para elaborar la documentación necesaria.

La propuesta socialista buscaba incorporar a la legislación autonómica un procedimiento para activar en las islas una figura prevista en la Ley estatal de Vivienda de 2023. Su aplicación permite adoptar medidas específicas de contención de rentas en áreas donde exista un riesgo especial de oferta insuficiente y dificultades para acceder a una vivienda asequible.

La estrategia del Ejecutivo de Prohens apuesta, por el contrario, a incrementar la oferta, liberalizar suelo, impulsar proyectos residenciales estratégicos y promover viviendas a precio limitado, además de ofrecer incentivos fiscales a los propietarios. El Govern sostiene que limitar los alquileres puede provocar la retirada de viviendas del mercado y acabar encareciendo los pisos disponibles.

El límit de despesa per al 2027 augmenta en 598 milions respecte dels pressupostos vigents i supera en més de 1.200 milions el de la passada legislatura | L'Executiu de Prohens confia en Vox per aprovar els comptes i descarta negociar qüestions alienes a la matèria pressupostària

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres un sostre de despesa de 7.160,88 milions d'euros per al 2027, un 9,1% més que el previst en els pressupostos autonòmics vigents. L'increment ascendeix a 598 milions d'euros i supera en més de 1.200 milions el límit de despesa de la passada legislatura. L'Executiu de Marga Prohens torna així a fixar, segons ha destacat el portaveu del Govern, Antoni Costa, el sostre de despesa més alt de la història de les Balears.

L'acord és el pas previ a l'elaboració i la negociació dels comptes autonòmics del pròxim exercici. Costa, que també és conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, ha defensat que el Govern fa quatre anys que presenta pressupostos amb dèficit zero i ha assenyalat que l'escenari previst per al 2027 manté l'equilibri pressupostari, amb un dèficit de referència del 0% del producte interior brut (PIB).

L'avantprojecte dels pressupostos del 2027 ja està redactat i inclou les mesures fiscals anunciades per Prohens durant el Debat de Política General. Segons Costa, aquestes iniciatives tindran un impacte estimat de 55 milions d'euros. El document incorpora també el segon paquet de 125 milions d'euros per compensar l'encariment dels hidrocarburs a les petites empreses i als treballadors autònoms, una altra de les mesures anunciades per la presidenta.

Pel que fa al transport públic gratuït, els comptes preveuen una aportació estatal de 63 milions d'euros per finançar aquesta mesura, a més de la contribució que la Comunitat Autònoma hi fa des del primer any d'aplicació.

Vox, el soci més probable per aprovar els comptes

El Govern iniciarà la setmana vinent una ronda de reunions amb els grups parlamentaris per negociar tant el sostre de despesa com els pressupostos. Costa ha reiterat la voluntat de l'Executiu d'aprovar els comptes del 2027, però ha limitat el marge de negociació a les qüestions estrictament pressupostàries.

“Si amb el que hi ha inclòs [als pressupostos] hi ha voluntat de negociació, ens podrem entendre. Si es barregen altres qüestions, no hi ha res a negociar”, ha advertit el conseller. Amb aquestes paraules, ha tancat la porta a incorporar a la negociació altres assumptes polítics, en una posició similar a la que va mantenir el Govern durant la negociació dels comptes del 2025, que finalment no van prosperar.

Costa ha assenyalat Vox com el soci amb més possibilitats de facilitar l'aprovació dels pressupostos. Ha recordat que la formació ha donat suport a dos pressupostos de l'Executiu autonòmic i ha considerat que, per aquest precedent, és “bastant més probable” que els comptes tirin endavant amb el seu suport que no amb el dels altres grups.

“Vox va dir que no veia amb mals ulls les mesures fiscals. A partir d'aquí, veurem”, ha afegit. La negociació queda així oberta, tot i que el Govern parteix de la disposició expressada per la formació de Santiago Abascal a estudiar les rebaixes tributàries.

Més ingressos per impostos

El sostre de despesa es basa en una previsió d'ingressos no financers de 6.707,47 milions d'euros per al 2027. La xifra representa un augment del 16,2% respecte dels ingressos previstos inicialment per al 2025. Els 453,4 milions restants fins a completar el sostre de despesa corresponen als ajustos de comptabilitat nacional.

Les previsions de recaptació per impostos directes i indirectes —els capítols u i dos del pressupost— passen de 5.938,57 milions d'euros el 2025 a 6.666,85 milions el 2027. Són 728,28 milions més, un increment que Costa ha atribuït a l'evolució dels indicadors d'activitat econòmica.

El Govern calcula que ingressarà 2.844,04 milions d'euros per l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), un 11% més que el 2025. Pel que fa a l'impost sobre el valor afegit (IVA), la previsió ascendeix a 1.950,16 milions, un 18,63% més que dos anys abans.

Entre els tributs cedits, l'Executiu preveu recaptar 950,64 milions d'euros per l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), un 12,35% més. Els ingressos previstos per l'impost sobre successions i donacions arriben als 84,05 milions d'euros, un 28,48% més.

Els comptes preveuen, a més, una recaptació de 149,41 milions d'euros per l'impost sobre les estades turístiques, calculada a partir d'unes perspectives d'activitat turística similars a les del 2026.

Menys aportació neta al sistema de finançament

Costa també ha informat que l'aportació neta de les Balears al sistema de finançament autonòmic disminueix en 80,04 milions d'euros. El càlcul té en compte els fons que afecten l'arxipèlag: el Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals, el Fons de Suficiència Global i el Fons de Convergència. En conjunt, la Comunitat Autònoma manté una aportació neta de signe negatiu de 545,97 milions d'euros.

D'altra banda, les transferències corrents i de capital previstes a favor de la Comunitat Autònoma, excloses les procedents del sistema de finançament autonòmic, augmenten un 25,8% respecte del 2025, fins als 470,78 milions d'euros.

D'aquesta quantitat, 286,89 milions corresponen a ingressos procedents de conferències sectorials i altres aportacions de l'Estat; 152,27 milions, al Factor d'Insularitat, i 31,62 milions, a aportacions de la Unió Europea.

El sostre de despesa aprovat aquest divendres marca el punt de partida de la negociació pressupostària. El Govern aspira a traslladar l'increment previst dels recursos als comptes del 2027, però necessitarà suports parlamentaris per aprovar-los. Per ara, Costa situa Vox com el soci més probable i manté que les converses s'han de limitar al contingut econòmic dels pressupostos.

El límite de gasto para 2027 aumenta en 598 millones respecto a los presupuestos vigentes y supera en más de 1.200 millones el de la pasada legislatura | El Ejecutivo de Prohens confía en Vox para aprobar las cuentas y descarta negociar cuestiones ajenas a la materia presupuestaria

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un techo de gasto de 7.160,88 millones de euros para 2027, un 9,1% más que el contemplado en los presupuestos autonómicos vigentes. El incremento asciende a 598 millones de euros y supera los 1.200 millones respecto al límite de gasto de la pasada legislatura. El Ejecutivo de Marga Prohens vuelve así a fijar, según ha destacado el portavoz del Govern, Antoni Costa, el techo de gasto más alto de la historia de Balears.

El acuerdo es el paso previo a la elaboración y negociación de las cuentas autonómicas del próximo ejercicio. Costa, que también es conseller de Economía, Hacienda e Innovación, ha defendido que el Govern lleva cuatro años presentando presupuestos con déficit cero y ha señalado que el escenario previsto para 2027 mantiene el equilibrio presupuestario, con un déficit de referencia del 0% del producto interior bruto (PIB).

El anteproyecto de los presupuestos de 2027 ya está redactado e incluye las medidas fiscales anunciadas por Prohens durante el Debate de Política General. Según Costa, estas iniciativas tendrán un impacto estimado de 55 millones de euros. El documento incorpora también el segundo paquete de 125 millones de euros para compensar el encarecimiento de los hidrocarburos a pequeñas empresas y trabajadores autónomos, otra de las medidas anunciadas por la presidenta.

En materia de transporte público, las cuentas prevén una aportación estatal de 63 millones de euros para financiar la gratuidad, además de la contribución que la Comunidad Autónoma viene realizando desde el primer año de aplicación de esta medida.

Vox, el socio más probable para aprobar las cuentas

El Govern iniciará la próxima semana una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para negociar tanto el techo de gasto como los presupuestos. Costa ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de aprobar las cuentas de 2027, aunque ha limitado el margen de negociación a las cuestiones estrictamente presupuestarias.

“Si con lo que hay incluido [en los presupuestos] hay voluntad de negociación, nos podremos entender. Si se mezclan otras cuestiones, no hay nada que negociar”, ha advertido el conseller. Con estas palabras, ha cerrado la puerta a incorporar a la negociación otros asuntos políticos, una posición similar a la que mantuvo el Govern durante la negociación de las cuentas de 2025, que finalmente no prosperaron.

Costa ha señalado a Vox como el socio con más posibilidades de facilitar la aprobación de los presupuestos. Ha recordado que la formación ha respaldado dos presupuestos del Ejecutivo autonómico y ha considerado que, por ese antecedente, es “bastante más probable” que las cuentas salgan adelante con su apoyo que con el de los demás grupos. “Vox dijo que no veía con malos ojos las medidas fiscales. A partir de A partir de aquí, veremos”, ha añadido. La negociación queda así abierta, aunque el Govern parte de la disposición expresada por la formación de Santiago Abascal a estudiar las rebajas tributarias.

Más ingresos por impuestos

El techo de gasto se apoya en una previsión de ingresos no financieros de 6.707,47 millones de euros para 2027. La cifra representa un aumento del 16,2% respecto a los ingresos previstos inicialmente para 2025. Los 453,4 millones restantes hasta completar el techo de gasto corresponden a los ajustes de contabilidad nacional.

Las previsiones de recaudación por impuestos directos e indirectos -los capítulos uno y dos del presupuesto- pasan de 5.938,57 millones de euros en 2025 a 6.666,85 millones en 2027. Son 728,28 millones más, un incremento que Costa ha atribuido a la evolución de los indicadores de actividad económica.

El Govern calcula que ingresará 2.844,04 millones de euros por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), un 11% más que en 2025. En el caso del impuesto sobre el valor añadido (IVA), la previsión asciende a 1.950,16 millones, un 18,63% más que dos años antes.

Entre los tributos cedidos, el Ejecutivo prevé recaudar 950,64 millones de euros por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), un 12,35% más. Los ingresos previstos por el impuesto sobre sucesiones y donaciones alcanzan los 84,05 millones de euros, un 28,48% más.

Las cuentas contemplan, además, una recaudación de 149,41 millones de euros por el impuesto sobre estancias turísticas, calculada a partir de unas perspectivas de actividad turística similares a las de 2026.

Menor aportación neta al sistema de financiación

Costa también ha informado de que la aportación neta de Balears al sistema de financiación autonómica disminuye en 80,04 millones de euros. El cálculo tiene en cuenta los fondos que afectan al archipiélago: el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global y el Fondo de Convergencia. En conjunto, la Comunidad Autónoma mantiene una aportación neta de signo negativo de 545,97 millones de euros.

Por otra parte, las transferencias corrientes y de capital previstas a favor de la Comunidad Autónoma, excluidas las procedentes del sistema de financiación autonómica, aumentan un 25,8% respecto a 2025, hasta los 470,78 millones de euros.

De esta cantidad, 286,89 millones corresponden a ingresos procedentes de conferencias sectoriales y otras aportaciones del Estado; 152,27 millones, al Factor de Insularidad, y 31,62 millones, a aportaciones de la Unión Europea.

El techo de gasto aprobado este viernes marca el punto de partida de la negociación presupuestaria. El Govern aspira a convertir el incremento previsto de recursos en las cuentas de 2027, pero necesitará apoyos parlamentarios para sacarlas adelante. Por ahora, Costa sitúa a Vox como el socio más probable y mantiene que las conversaciones deben limitarse al contenido económico de los presupuestos.

Les entitats animalistes Arde i Satya Animal han lliurat aquest divendres al Govern 50.000 signatures per reclamar que freni el projecte d'una nova macrogranja de 80.000 gallines a la finca de Son Brau, a Manacor, impulsat per Avícola Son Perot. El lliurament ha tingut lloc al Consolat de Mar, coincidint amb la celebració del Consell de Govern. Durant l'acte, les entitats també han anunciat una cadena humana aquest diumenge a la finca per reclamar que no s'autoritzi l'explotació.

La mobilització arriba després que totes dues organitzacions hagin presentat davant la Fiscalia dues denúncies relacionades amb altres dues explotacions avícoles de la mateixa empresa a Manacor. La documentació aportada, de la qual va informar en primícia elDiario.es, inclou imatges de l'interior de les instal·lacions en què s'observen gallines vives al costat de cadàvers en descomposició, ous amb àcars, acumulacions d'excrements i paneroles. Les imatges han revifat la controvèrsia sobre les condicions de les granges d'Avícola Son Perot i la conveniència d'autoritzar una nova explotació de més capacitat.

Les entitats animalistes consideren que els fets denunciats s'haurien de tenir en compte abans de donar llum verda al projecte de Son Brau. La portaveu d'Arde, Julia Elizalde, defensa que hi ha una relació directa entre les condicions documentades a les instal·lacions que ja funcionen i les de la futura explotació. “Als ulls de qualsevol, hi ha una relació absoluta”, sosté. “Si això ha passat en una granja de 40.000 gallines, què passarà en una de 80.000?”, es demana.

Simonet, tanmateix, va rebutjar dimarts que les denúncies hagin de condicionar la tramitació del nou projecte. “La inspecció que es va fer a la granja de Mirabó i el projecte de Son Brau són dues coses diferents”, va afirmar. El conseller va recordar que la iniciativa es troba en fase d'autorització ambiental integrada, un procediment en què es recullen informes dels ajuntaments i dels organismes competents en matèries com els recursos hídrics o la mobilitat.

“Administrativament, no podem entrar en una cosa d'aquestes; si féssim una suposició així, estaríem prevaricant”, va concloure el responsable d'Agricultura, que va defensar així la separació entre la investigació sobre les instal·lacions existents i l'expedient administratiu de la futura macrogranja.

El lliurament de les 50.000 signatures pretén traslladar aquesta controvèrsia al Govern i reclamar que les denúncies sobre les condicions de les explotacions actuals es tinguin en compte a l'hora de decidir si s'autoritza una instal·lació que duplicaria la capacitat de la granja de referència esmentada per les organitzacions. El projecte de Son Brau continua pendent de completar els tràmits ambientals.

Cadena humana contra la nova explotació

L'oposició al projecte tindrà una nova expressió aquest diumenge. La Plataforma No Macrogranges ha convocat una cadena humana a les 11.00 hores a la finca de Son Brau per reclamar que no s'autoritzi l'explotació de 80.000 gallines.

El portaveu de Satya Animal, Kike Gimeno, ha qualificat aquestes instal·lacions de “fatídiques” per als animals, els veïns i el medi ambient. Les organitzacions sostenen que concentrar tants animals en una mateixa nau planteja problemes de benestar animal i de gestió ambiental. També han recordat els informes desfavorables que, segons afirmen, han emès l'Ajuntament de Manacor i altres entitats, i han invocat el precedent del macroprojecte de Sineu, les anàlisis ecològiques del qual van advertir de riscos per als ecosistemes i la població.

Gimeno ha defensat que el lliurament de les signatures pretén traslladar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural el rebuig ciutadà i pressionar el Govern perquè es pronunciï sobre el projecte. El portaveu ha assegurat que l'empresa ja ha comprat els terrenys i està duent a terme els tràmits necessaris, tot i que ha admès que les entitats desconeixen en quin punt exacte es troba l'expedient. Al seu parer, la iniciativa continua avançant i la Conselleria no es planteja paralitzar-la.

La protesta arriba en plena controvèrsia per les condicions documentades en altres explotacions d'Avícola Son Perot i Avícola Ballester a Mallorca. Després de les denúncies presentades per Arde i Satya Animal davant la Fiscalia, la Conselleria va inspeccionar dimarts la granja de Mirabó, a Manacor. El conseller Joan Simonet va explicar que les dues naus, amb capacitat per a unes 40.000 aus, estaven buides des de la setmana anterior i que les gallines havien estat traslladades a un escorxador de Múrcia amb les autoritzacions pertinents.

A aquesta controvèrsia s'hi ha afegit la resposta de les empreses, que dijous van anunciar accions legals per presumptes difamacions i falsedats contra les entitats animalistes. Les companyies van avançar que presentarien una demanda de conciliació contra Gimeno per les seves declaracions sobre la possible presència de salmonel·losi en els ous de Son Perot i van advertir que podrien emprendre accions penals si no es retractava.

Las entidades animalistas Arde y Satya Animal han entregado este viernes al Govern 50.000 firmas para reclamar que frene el proyecto de una nueva macrogranja de 80.000 gallinas en la finca de Son Brau, en Manacor, impulsado por Avícola Son Perot. La entrega ha tenido lugar en el Consolat de Mar, coincidiendo con la celebración del Consell de Govern, donde han anunciado, además, la realización de una cadena humana este domingo en la finca para reclamar que no se autorice la explotación.

La movilización llega después de que ambas organizaciones hayan presentado ante la Fiscalía dos denuncias relacionadas con otras dos explotaciones avícolas de la misma empresa en Manacor. La documentación aportada, de la que informó en primicia elDiario.es, incluye imágenes del interior de las instalaciones en las que se observan gallinas vivas junto a cadáveres en descomposición, huevos con ácaros, acumulaciones de excrementos y cucarachas. Las imágenes han reavivado la controversia sobre las condiciones de las granjas de Avícola Son Perot y la conveniencia de autorizar una nueva explotación de mayor capacidad.

Las entidades animalistas consideran que los hechos denunciados deberían tenerse en cuenta antes de dar luz verde al proyecto de Son Brau. Su portavoz, Julia Elizalde, defiende que existe una relación directa entre las condiciones documentadas en las instalaciones que ya están en funcionamiento y la futura explotación. “A ojos de cualquiera existe una relación absoluta”, sostiene. “Si esto ha pasado en una granja de 40.000 gallinas, ¿qué pasará en una de 80.000?”, se pregunta.

Simonet, sin embargo, rechazó el pasado martes que las denuncias deban determinar la tramitación del nuevo proyecto. “La inspección que se hizo en la granja de Mirabó y el proyecto de Son Brau son dos cosas diferentes”, afirmó. El conseller recordó que la iniciativa se encuentra en fase de autorización ambiental integrada, un procedimiento en el que se recaban informes de los ayuntamientos y de organismos competentes en materias como recursos hídricos o movilidad.

“Administrativamente no podemos entrar en una cosa de estas; si hiciésemos una suposición así estaríamos prevaricando”, zanjó el responsable de Agricultura, que defendió así la separación entre la investigación de las instalaciones existentes y el expediente administrativo de la futura macrogranja.

La entrega de las 50.000 firmas pretende trasladar esa disputa al Govern y reclamar que las denuncias sobre las condiciones de las explotaciones actuales tengan consecuencias sobre la decisión de autorizar una instalación que duplicaría la capacidad de la granja de referencia citada por las organizaciones. El proyecto de Son Brau continúa pendiente de los trámites ambientales.

Cadena humana contra la nueva explotación

La oposición al proyecto tendrá una nueva expresión este domingo. La Plataforma No Macrogranjas ha convocado a las 11.00 horas una cadena humana en la finca de Son Brau para reclamar que no se autorice la explotación de 80.000 gallinas.

El portavoz de Satya Animal, Kike Gimeno, ha calificado estas instalaciones de “fatídicas” para los animales, los vecinos y el medioambiente. Las organizaciones sostienen que la concentración de tantos animales en una misma nave plantea problemas de bienestar animal y de gestión ambiental. También han recordado los informes desfavorables que, según afirman, han emitido el Ayuntamiento de Manacor y otras entidades, y han invocado el precedente del macroproyecto de Sineu, cuyos análisis ecológicos advirtieron de riesgos para los ecosistemas y la población.

Gimeno ha defendido que la entrega de las firmas busca trasladar a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural el rechazo ciudadano y presionar al Govern para que se pronuncie sobre el proyecto. El portavoz ha asegurado que la empresa ya ha comprado los terrenos y está realizando los trámites necesarios, aunque ha admitido que las entidades desconocen en qué punto exacto se encuentra el expediente. A su juicio, la iniciativa sigue avanzando y la Conselleria no se plantea paralizarla.

La protesta llega en plena controversia por las condiciones documentadas en otras explotaciones de Avícola Son Perot y Avícola Ballester en Mallorca. Tras las denuncias presentadas por Arde y Satya Animal ante la Fiscalía, la Conselleria inspeccionó el martes la granja de Mirabó, en Manacor. El conseller Joan Simonet explicó que sus dos naves, con capacidad para unas 40.000 aves, estaban vacías desde la semana anterior y que las gallinas habían sido trasladadas a un matadero de Murcia con las autorizaciones pertinentes.

A esta disputa se ha sumado la respuesta de las empresas, que este jueves anunciaron acciones legales por presunta difamación y falsedad contra las entidades animalistas. Las compañías avanzaron que presentarán una demanda de conciliación contra Gimeno por sus declaraciones sobre la posible presencia de salmonelosis en los huevos de Son Perot y advirtieron de que podrían emprender acciones penales si no se retractaba.

L’empresa mallorquina que gestiona les macrogranges de Mirabó, Es Caparó i Llucmajor –totes tres han estat en el punt de mira per presumptes irregularitats– ha anunciat “accions legals, penals i civils” per allò que considera “una campanya de difamació i falsedats” per part de les entitats animalistes que han denunciat les condicions en què viuen les gallines de les diferents explotacions. Aquest dilluns, elDiario.es ha publicat imatges de la granja de Mirabó, enregistrades el juliol de 2026 i facilitades per ARDE i Satya Animal, en què es veuen gallines amb ferides obertes, aus que es piquen entre elles fins a arribar als teixits interns i cadàvers en descomposició al costat d’animals vius. Aquest dijous s’han fet públiques imatges de la granja d’Es Caparó, també del juliol, que mostren gallines canibalitzades per altres, cadàvers desmembrats en diferents estats de descomposició i aus plomades i malaltes.

Avícola Ballester –que opera a través de les societats Avícola Son Perot S.A. i Avícola Ballester S.A.– ha anunciat aquest dijous una demanda de conciliació contra Kike Gimeno, portaveu de Satya Animal, per “desaconsellar el consum d’ous” procedents de les naus de Mirabó partint de la “falsa premissa”, segons Ballester, que hi hauria una “contaminació per salmonel·la”. En declaracions a elDiario.es, Gimeno explica que, quan s’ha referit als riscos, parla de “probabilitats basades en les imatges que tenim contrastades i verificades”, i que aquestes es fonamenten en un informe pericial veterinari signat per Alba Nieto. “Aquest informe també esmenta aquests possibles riscos”. “Aquestes afirmacions en cap cas són rotundes, no fem acusacions directes. Qui les ha de fer és, en tot cas, la Conselleria competent”, afirma.

Pel que fa a Mirabó, la Conselleria d’Agricultura va explicar a aquest diari que, actualment, l’explotació avícola no té “cap gallina a les instal·lacions”, després que l’empresa comuniqués aquesta decisió al Govern aquest mes d’octubre. També afirma que la macrogranja ha estat sotmesa a controls oficials des del 2021 sense que “s’hi hagin detectat deficiències”, llevat d’un brot de salmonel·la l’agost del 2025. A més, afegeix que no hi ha cap data prevista per a la “reintroducció de les gallines”. “Quan es reprengui l’activitat, la Conselleria durà a terme una nova inspecció per comprovar que es compleix la normativa”, va assegurar.

D’altra banda, l’empresa va respondre a aquest diari que es reservava “les accions civils i penals” que li poguessin correspondre “arran de la publicació d’imatges sense certificació de procedència, com també del contingut anunciat”. És a dir, el contingut del reportatge que es va traslladar a l’empresa abans de publicar-lo, amb l’objectiu de contrastar la informació i obtenir-ne la versió dels fets, una possibilitat que l’empresa va declinar. Les imatges, d’altra banda, estan geolocalitzades i es van enregistrar al costat de diaris locals del dia.

L’empresa acusa falsament elDiario.es de mentir

Avícola Son Perot ha explicat que, fa uns mesos, va interposar una demanda per vulneració de drets fonamentals contra Diario de Prensa Digital, SL, la societat editora d’elDiario.es, per “haver publicat fets rotundament falsos”, com ara la “sanció inventada de 200.100 euros a Avícola Son Perot”, que considera “objectivament falsa”. “Confiem que la Justícia, amb els seus terminis, corregirà aquesta greu desviació de la realitat que ens ha perjudicat”. Aquesta demanda, però, no ha arribat a Diario de Prensa Digital, SL.

Pel que fa a la informació esmentada, està contrastada i no només la va publicar elDiario.es, sinó també altres mitjans de comunicació de les Illes Balears. L’inici del procediment sancionador el va anunciar el conseller d’Agricultura, Joan Simonet, el 30 de maig de 2025, arran de les irregularitats detectades a la macrogranja de Llucmajor. Després de l’informe elaborat pels tècnics, es va concloure que s’havien comès set infraccions, totes qualificades de greus, que podien comportar una multa màxima de 60.000 euros cadascuna.

Aquest diari va publicar en exclusiva, el 19 de juny de 2025, que Avícola Son Perot S.A. s’enfrontava a una multa de 200.100 euros per set infraccions greus i una de lleu, després d’haver tingut accés a l’expedient sancionador. Aquesta sanció es podia reduir un 20%, és a dir, fins a uns 160.080 euros, si l’explotació feia el pagament voluntari abans que es dictés la resolució del procediment administratiu.

En l’àmbit judicial, el cas és investigat per l’Audiència Provincial, que revisarà l’arxivament decretat pel Jutjat d’Instrucció número 11 de Palma. El jutjat de primera instància va acordar el sobreseïment provisional en considerar que hi havia deficiències que constituïen infraccions administratives, ja sancionades, i no pas penals. La via administrativa –la multa de 200.100 euros– no es reprendrà fins que no es resolgui la via penal.

Una granja va tenir un brot de salmonel·la

Aquest dimarts, Simonet, conseller d’Agricultura, va insistir que les dues naus de Mirabó estaven buides, però que el seu departament iniciava una investigació per comprovar si les imatges de l’interior de la granja podien “constituir un motiu per obrir els expedients administratius corresponents”. Pel que fa als animals, el conseller d’Agricultura va explicar que, després d’obtenir les autoritzacions pertinents, l’empresa els va traslladar a un escorxador de Múrcia. Quant a la nau on es va detectar un brot de salmonel·la l’agost del 2025, la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural va adoptar mesures cautelars i sanitàries urgents, segons un expedient consultat per elDiario.es.

Quan es detecta un positiu per salmonel·la, hi ha dues opcions: eliminar la producció d’ous de gallina o demanar una autorització especial per produir ou líquid. “Aquesta autorització es va concedir: aquesta nau ha estat produint ou líquid pasteuritzat fins que ha acabat”, va afirmar Simonet. Pel que fa a l’altra nau, la resolució preveia el sacrifici de les aus. Després s’han de dur a terme diverses actuacions de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització per evitar problemes de salut pública.

Quant al pla de control de la salmonel·la, el conseller va explicar que, durant els dos darrers anys, la Conselleria ha fet 25 inspeccions en diferents granges de les Balears. “En aquest programa de seguiment s’han detectat cinc positius”, va afirmar, un dels quals es va detectar en una de les naus de Mirabó. En aquest sentit, va aclarir que, quan una nau dona positiu per salmonel·la, si rep l’autorització especial per produir ou líquid, passa a formar part del pla de control i ja no s’hi fan més inspeccions.

A partir d’aquest moment, el control i el seguiment corresponen a Salut Pública –que depèn de la Conselleria de Salut–, en el marc de les seves competències en matèria de seguretat alimentària. “En principi, nosaltres no en tenim constància”, va respondre Simonet quan li van demanar si s’havia detectat algun risc per a la salut pública. En qualsevol cas, va argumentar que, quan els ous es destinen a la producció d’ou líquid, se sotmeten a un procés tèrmic i està permès que els ous amb salmonel·la passin per aquest procés. “Si fossin ous frescos, no es podrien comercialitzar de cap manera”, va aclarir.

Després de les declaracions de Simonet, els animalistes van posar aquests fets en coneixement de la Conselleria de Salut, ja que, segons les entitats, podien comportar la retirada dels ous dels supermercats “per risc de salmonel·la”. També van sol·licitar “l’emissió d’una alerta sanitària” a les autoritats competents. Segons les organitzacions, el risc rau en el fet que els ous d’una de les naus es destinaven a la transformació en ou líquid, mentre que l’altra continuava subministrant ous als supermercats fins que totes dues van quedar buides. A més, es basen en un informe veterinari que alerta d’aquest risc “sanitari, zoonòtic i per a la salut pública”.

“És altament probable que la salmonel·la present en una de les naus s’hagi estès a l’altra”, va afirmar aquest dimecres Gimeno. En l’informe pericial remès a Salut Pública, signat per la veterinària Alba Nieto, s’assenyalava que la presència de cadàvers en descomposició en contacte directe amb animals vius “és una via eficaç de transmissió d’agents infecciosos”. Entre altres qüestions, també s’hi advertia que la infestació per artròpodes –insectes– agreuja el risc sanitari, perquè poden actuar com a “agents patògens aviaris amb capacitat de mantenir comunitats microbianes al seu tracte digestiu” durant cinc setmanes o més.

Després de les declaracions dels animalistes, Avícola Ballester assegura que ha presentat un escrit davant la Fiscalia per “esclarir l’origen de les informacions i defensar amb contundència la legalitat de l’activitat”. Segons la companyia, es tracta d’una campanya de “difusió d’informacions falses” i d’un “assetjament constant” orientat a perjudicar-ne la reputació, així com el model de producció local, tal com ja va explicar aquest diari.

Una demanda contra els animalistes

Així, s’ha anunciat una demanda de conciliació contra el portaveu de Satya Animal per aquesta “campanya de desinformació”, que, segons la versió de Ballester, tindria com a objectiu “perjudicar la imatge d’empreses consolidades”. L’objectiu de l’empresa avícola és que Gimeno es retracti d’haver arribat a “desaconsellar activament als consumidors la compra d’ous de Son Perot, amb l’excusa infundada d’una presumpta salmonel·losi”.

“Si realment els preocupa el perjudici al seu negoci, s’haurien de preocupar per les condicions de la granja, que considerem contrastades mitjançant les imatges i l’informe pericial”, respon Gimeno. El portaveu de Satya Animal lamenta que Ballester es presenti com a víctima d’una “suposada agressió” per part de les entitats animalistes, quan, a parer seu, “hi ha altres interessos afectats”. “Les víctimes, per a nosaltres, són els animals, els consumidors i el medi ambient, entre d’altres”.

En el comunicat remès a aquest diari, la companyia insisteix que va actuar “de manera immediata i rigorosa” quan es va detectar el brot, aplicant “els protocols sanitaris pertinents per erradicar-lo completament”. Segons Ballester, es tracta d’“un fet passat, ja resolt i controlat”. Pel que fa a les inspeccions que s’han dut a terme aquests dies a les tres explotacions del grup empresarial, l’empresa explica que la Conselleria n’ha qualificat els resultats de “satisfactoris” i que només hi ha hagut “esmenes puntuals”.

Sobre la granja de Mirabó, Julia Elizalde, portaveu d’ARDE, afirma a aquest diari que “ens crida l’atenció que l’any passat es detectés un brot de salmonel·la i que les gallines hi romanguessin sense que tinguem constància que s’hi hagin fet inspeccions de seguiment”. “Ens preocupa que la Conselleria d’Agricultura no faci un seguiment del brot quan, a la mateixa granja, hi ha una nau contaminada i una altra que no ho està”, afegeix.

Elizalde explica que l’informe pericial veterinari assenyala que la presència d’àcars hematòfags i altres artròpodes “pot actuar com a vector de transmissió de malalties com la salmonel·losi”. “També indica que aquests animals poden contribuir a transmetre la salmonel·la entre diversos lots successius de gallines”. “És un assumpte seriós i per això hem posat la informació en coneixement de la Direcció General de Salut Pública”, explica. La portaveu d’ARDE insisteix que la preocupació de les entitats rau en el fet que, durant aquests dies, no s’havia aclarit “si hi ha risc de transmissió entre les naus” i que els ous d’una d’elles –on no es va produir el brot– han continuat comercialitzant-se com a frescos.

Sanitat no identifica cap risc per a la salut pública

Les valoracions de les entitats animalistes es van fer abans que Salut Pública informés aquest diari –aquest dijous– que està “avaluant la informació disponible i l’informe pericial aportat per les entitats denunciants, que descriuen possibles deficiències higièniques i un possible risc de salmonel·la”. Abans de determinar possibles mesures, assenyalen fonts de la Conselleria, cal “contrastar els fets mitjançant controls oficials, una ratificació analítica i proves confirmades”. De moment, no s’han identificat riscos per a la salut pública. “Qualsevol mesura de protecció que sigui necessària s’adoptarà en funció dels resultats dels controls oficials i de l’avaluació tècnica del risc”, conclouen.

Pel que fa a la situació de la macrogranja d’Es Caparó, on la Conselleria no ha trobat irregularitats greus, Elizalde considera que el departament d’Agricultura “ha mantingut una actitud laxa en diversos aspectes relacionats amb Avícola Ballester”. “Creiem que podria estar relacionat amb el poder econòmic i la influència que té aquesta empresa a Mallorca”, afirma. Afegeix que, després de revisar diversos expedients, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia sol·licitava «esmenes» en lloc d’“aplicar mesures més contundents”.

“En el comunicat d’Avícola Ballester es reconeix que s’han sol·licitat esmenes per corregir determinades qüestions detectades durant les inspeccions. No coneixem tots els detalls d’aquestes troballes, però sí que tenim antecedents. Per exemple, en el cas del femer de Llucmajor, inicialment també es van demanar esmenes”, afirma la portaveu d’ARDE, que recorda que “en diverses ocasions hem vist expedients en què s’han imposat sancions econòmiques mínimes”. Per això, Elizalde considera que, tenint en compte els antecedents de l’empresa, “no sempre n’hi ha prou de demanar que es corregeixin les deficiències”.

Les entitats memorialistes de les Balears han abandonat en bloc les comissions tècniques del Govern de Marga Prohens (PP) després de denunciar que l'Executiu margina les associacions i els familiars de les víctimes del franquisme, ignora les seves propostes i pren decisions al marge del marc legal, és a dir, d'esquena als òrgans competents en matèria de memòria democràtica. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera i Memòries de Menorca han presentat aquest dijous la seva renúncia en considerar que aquests òrgans han quedat buidats de les seves funcions i que la presència de les tres organitzacions s'ha convertit en una presència merament testimonial i sense capacitat real per influir en les decisions que afecten les víctimes del cop militar de 1936, la guerra civil i la dictadura franquista.

Així ho han donat a conèixer en un comunicat conjunt, en el qual denuncien l'incompliment dels compromisos institucionals per part del Govern en relació amb l'organització de memorials i homenatges i alerten del desmantellament d'instruments essencials per garantir els seus drets.

La decisió es produeix després de mesos de controvèrsia per les polítiques memorialistes de l'Executiu de Prohens, que, de la mà de Vox, va derogar el passat mes de març la Llei de memòria democràtica de les Balears. El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs presentat pel Govern central contra la mesura i va suspendre cautelarment l'eliminació de la norma mentre es resol el procediment.

En un escrit presentat durant la reunió de la Comissió de la Llei de Fosses, Memòria de Mallorca relata els detalla els episodis que, assevera, il·lustren aquesta pèrdua de capacitat d'intervenció. L'associació precisa que la ruptura “no és fruit d'un desacord puntual”, sinó “de la constatació” que el funcionament d'aquest òrgan i la gestió de les polítiques de memòria democràtica del Govern “s'han allunyat de les finalitats per les quals van ser creats”.

L'entitat critica que les actuacions de l'Executiu es decideixen i, en ocasions, s'executen abans que les comissions puguin valorar-les. També denuncia que les seves propostes i preguntes són ignorades de forma reiterada, que no s'incorporen assumptes a l'ordre del dia i que les entitats no reben informació adequada sobre decisions que les afecten directament. “La participació no pot limitar-se a assistir a reunions i expressar opinions que després no tenen cap incidència real”, adverteix l'entitat en el document. La seva renúncia afecta tant la comissió vinculada a la llei per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme -més coneguda com a 'llei de fosses'- com a la de la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears.

L'associació també qüestiona el funcionament intern d'aquests òrgans. Assegura que el Govern no aplica un reglament aprovat per majoria absoluta perquè sosté que no s'ha localitzat l'acta de la seva aprovació, però tampoc ha procedit a aprovar-lo de nou pel procediment legalment exigit. Així mateix, denuncia que no s'incorporen a l'ordre del dia assumptes que les entitats sol·liciten tractar i que s'impulsen actuacions sense recaptar prèviament el parer de les comissions corresponents.

Un dels exemples que aporta és la informació sobre la derogació de la llei autonòmica. Memòria de Mallorca assegura que va haver de conèixer pels mitjans de comunicació tant la decisió de suprimir-la com la seva posterior suspensió cautelar malgrat formar part de les comissions i ser una de les organitzacions directament afectades. L'entitat també critica que el Govern hagi promogut actuacions relatives als bombardejos de l'aviació republicana sense consultar prèviament a la comissió de memòria democràtica malgrat el paper que la legislació atribueix a aquest òrgan.

El xoc pel Columbari de la Dignitat

Entre els incompliments que han contribuït a la ruptura, Memòria de Mallorca assenyala el cas del Columbari de la Dignitat, inaugurat el passat 28 de setembre al cementiri de Palma. L'associació afirma que va presentar una proposta per al text del memorial i va fixar dues condicions irrenunciables: que s'inclogués una referència expressa al cop d'Estat de 1936 i que la comissió assumís el text com a propi, de manera que així constés a la placa. Segons al·lega, el Govern els va assegurar verbalment que ambdues condicions s'havien incorporat. No obstant això, el memorial es va inaugurar i la placa es va descobrir sense respectar cap d'aquests dos requisits.

Per a l'entitat, la discrepància va més enllà d'una qüestió de redacció. La referència al cop d'Estat és, sosté, fonamental per contextualitzar la repressió franquista i reconèixer les seves víctimes. La participació de la comissió havia de garantir, a més, que el text fos resultat d'un procés col·lectiu i d'un acord institucional, i no d'una decisió unilateral. “No podem acceptar que se'ns asseguri que uns compromisos es compliran i que, finalment, s'incompleixin”, argüeix l'associació.

Un altre dels episodis que denuncia es remunta al passat 2 de setembre, quan va registrar una proposta per instal·lar memorials a les vies públiques de Palma. La iniciativa pretenia recordar les més de 2.000 víctimes de desaparició forçada a Mallorca i les més de 6.000 víctimes mortals dels bombardejos de l'aviació feixista procedent de l'illa contra altres territoris. Segons Memòria de Mallorca, la proposta ni tan sols es va incloure en l'ordre del dia de la reunió d'aquest dijous. L'entitat també assegura que s'elaboren plans de fosses sense la gestió ni la participació de les comissions corresponents.

El desmantellament dels instruments de memòria

La renúncia no respon únicament als problemes de funcionament de les comissions. Memòria de Mallorca la vincula també a la política general del Govern, que, segons denuncia, ha debilitat els instruments públics destinats a garantir els drets de les víctimes del franquisme i les seves famílies. L'associació assenyala expressament l'eliminació de la Direcció General de Memòria Democràtica i de l'oficina d'informació i atenció a les víctimes i els seus familiars. Considera que tots dos instruments van ser possibles després d'anys de reivindicació i que resulten essencials per mantenir una política pública de memòria continuada.

A això suma la derogació de la llei autonòmica, una decisió que les entitats consideren incompatible amb el reconeixement i la defensa dels drets de les víctimes. La suspensió cautelar acordada pel TC manté la norma vigent mentre s'estudia el recurs del Govern central, però no ha resolt l'enfrontament polític sobre el model de memòria democràtica que ha d'aplicar la comunitat.

La sortida de les tres organitzacions suposa un nou revés per als mecanismes de participació vinculats a aquestes polítiques. Les associacions, que treballen en la localització de desapareguts, la investigació i la reparació de les víctimes consideren que no poden continuar formant part d'uns òrgans en els quals, segons denuncien, no se'ls permet intervenir de manera efectiva.

Més de vint anys de treball per la memòria

D'altra banda, Memòria de Mallorca reivindica una trajectòria de més de dues dècades en la defensa dels drets a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. En el seu escrit recorda que ha participat en més de seixanta reunions relacionades amb les dues lleis autonòmiques i que ha aportat testimonis, documentació, contactes d'especialistes i familiars de víctimes. L'associació destaca la seva contribució a projectes d'investigació i exhumació com els de les fosses de Porreres i Son Coletes. També assenyala que va aconseguir incorporar per primera vegada vint estudis a l'últim Pla de Fosses i Memòria Democràtica des d'una perspectiva transversal.

Entre les seves propostes figuren l'elaboració d'un cens de víctimes, la incorporació de la perspectiva del dret internacional dels drets humans i l'estudi del trauma transgeneracional. L'entitat reivindica aquestes aportacions per subratllar que la seva participació en les comissions mai va ser testimonial i que ha contribuït activament a construir les polítiques autonòmiques de memòria. Per això, l'entitat considera que mantenir la seva presència sense capacitat de decisió podria acabar legitimant una forma d'actuar amb la qual discrepa profundament.

La renúncia, tanmateix, no suposa un tancament definitiu a la participació institucional. Memòria de Mallorca no descarta tornar si es produeix un canvi efectiu en el funcionament de les comissions, es respecten les normes vigents i es garanteix a les entitats memorialistes i a les víctimes una capacitat real d'intervenció. “El diàleg exigeix voluntat d'escoltar, la participació exigeix capacitat d'incidència i la confiança exigeix que els compromisos es compleixin”, resumeix l'associació, que assegura que continuarà treballant de forma independent i fiscalitzant l'actuació de les administracions públiques.

“Per respecte a les víctimes del franquisme, a les seves famílies i als més de vint anys de treball de Memòria de Mallorca, no podem continuar legitimant amb la nostra presència una situació que s'ha allunyat dels objectius i de l'esperit de les lleis autonòmiques de memòria democràtica”, conclou el document.

José Carmelo Cuartero està jubilat. Té 68 anys i és natural d'Osuna. Porta barret i bastó, camina amb dificultat, i encara que fa “tota la vida” que és a Menorca, té un deix inconfusiblement andalús en la seva forma de parlar. El passat 6 d'octubre va decidir posar-se en vaga de fam a les portes de l'Ajuntament de Sant Lluís després de ser expulsat de la casa que llogava en una finca rústica a la urbanització de S’Algar, al sud-est insular. “Vaig arribar a Menorca el 1976. Des dels 17 anys he treballat com a pescador en una barca d'arrossegament. Fa uns vint anys vaig patir una lesió medul·lar a la feina que em va deixar amb un 35% de discapacitat”, explica l'afectat, qui recorda que va arribar al terreny fa més de dues dècades després d'arribar a un acord amb l'anterior propietari. “El propietari va morir fa poc i el 2024 els seus hereus em van anunciar que vendrien la finca i que havia de marxar”, explica.

Carmelo va escriure la seva història en un cartró gran que l'acompanya en la seva protesta silenciosa. Assenyala que, després de la defunció de l'anterior propietari, els nous li van portar una acta per la qual havia d'abandonar el domicili al cap de quatre mesos, moment en el qual finalitzava el contracte de lloguer. Assegura que va acceptar signar-lo, però va advertir que, si arribat aquest moment no trobava un altre lloc on viure, romandria allí fins a tenir una alternativa.

“Com que no he trobat res que pugui pagar amb la meva escassa pensió, em vaig quedar. Els propietaris em van denunciar i, encara que vaig intentar acollir-me a la Llei d'Arrendament Rústic, al final no vaig poder fer res”, explica l'afectat, qui sosté que el jutjat que portava el seu cas havia de reconèixer que el seu contracte de lloguer es regia per la Llei 26/2005 d'Arrendament Rústic, en virtut de la qual s'estableix que “els propietaris d'immobles llogats sota aquesta modalitat han d'avisar amb un any d'antelació de la voluntat de posar fi al contracte; en cas contrari, aquest es renova automàticament per cinc anys”.

Com que no he trobat res que pugui pagar amb la meva escassa pensió, em vaig quedar

José Carmelo — Desnonat

Consultat sobre el cas, l'advocat d'ofici que assisteix legalment en José Carmelo ha declinat la proposta de fer declaracions sobre les reivindicacions del seu representat. La qüestió del preavís depèn, en qualsevol cas, del tipus de contracte que regia el lloguer. Si bé és cert que la Llei d'Arrendaments Rústics estableix un termini d'un any per comunicar la no renovació de determinats contractes subjectes a aquesta normativa, aquesta disposició no s'aplica automàticament a qualsevol habitatge situat en sòl rústic, per la qual cosa la seva aplicació al cas d'en Carmelo depèn de la naturalesa del contracte. Segons narra en el seu cartró i explica a qui vulgui escoltar-lo, l'acord amb l'anterior propietari era “de paraula, com es feien les coses abans”.

Pocs dies després del desallotjament, un dels hereus de la finca de S’Algar va denunciar José Carmelo davant la Guàrdia Civil per presumptes amenaces, insults i intimidació, que, assegura, es van produir quan Carmelo va acudir a l’immoble després del llançament mentre el nou propietari retirava estris. El denunciant sosté que Carmelo va ser degudament notificat de la no renovació del contracte i assegura que se li va oferir una compensació econòmica per evitar que el desnonament s’executés per la via judicial.

Malgrat que es tractava d’un habitatge molt humil, durant més de dues dècades Carmelo va convertir la finca en la seva llar. “Era amb prou feines poc més que una casa d’eines, però jo la vaig moblar, la vaig cuidar, la vaig pintar, li vaig posar electrodomèstics. Tenia el meu hort i fins i tot vaig portar oliveres d’Andalusia”, lamenta l’afectat, qui insisteix que la pèrdua més gran és la dels seus animals: un conill, dos gats, set galls i sis gallines, que en la seva majoria han quedat en mans de veïns fins que el seu amo trobi on viure.

Era amb prou feines poc més que una casa d’eines, però jo la vaig moblar, la vaig cuidar, la vaig pintar, li vaig posar electrodomèstics. Tenia el meu hort i fins i tot vaig portar oliveres d’Andalusia

José Carmelo — Desnonat

En Carmelo va passar tres dies vivint al seu vehicle sense poder netejar-se i mantenint la vaga de fam “Vaig estar allí plantat davant l'Ajuntament i davant l'Església exigint alguna solució”, assegura, i insisteix en la falta de disposició del Consistori, els funcionaris del qual li van oferir pagar-li un traster per guardar les seves coses durant dos mesos després del llançament, segons la seva versió. “Des dels serveis socials no em poden oferir res perquè diuen que tinc la possibilitat de viure amb els meus fills o amb la meva exdona a qui no veig fa dècades. No vull tornar a Andalusia. Ningú m'ha de dir a mi on he de viure”, afirma.

En Carmelo ha deixat els seus animals amb uns veïns mentre es resol la situació: un conill, dos gats, set galls i sis gallines

Consultat per aquest mitjà, l'Ajuntament de Sant Lluís ha declinat fer declaracions sobre el cas, al·legant que “existeixen qüestions que afecten informació privada protegida per la normativa de protecció de dades”.

Passades les primeres 72 hores de vaga, en Carmelo ha confirmat que finalment des del municipi li van aconseguir un allotjament provisional durant 15 dies. La solució temporal no resol, per ara, el seu problema d'accés a un habitatge estable i assequible, encara que reconeix que “quelcom és quelcom”. Mentre deambula per Sant Lluís, el poble que l'ha acollit durant vint anys, l'ancià andalús reflexiona sobre la crisi de l'habitatge. “Jo sé que això no em passa només a mi, tot això és una desraó. No ho entenc, però m'és igual. Ja em fa igual fins i tot morir-me”, es lamenta.

Des de la Plataforma per l'Habitatge de Menorca adverteixen que els casos d'en José Carmelo no són situacions aïllades, sinó una mostra de les dificultats que afronten els qui no poden assumir els preus del mercat immobiliari a Menorca. Seguint la reflexió d'en Carmelo, l'entitat alerta que la falta d'accés a un habitatge pot portar les persones “a la vora del suïcidi”, a causa de l'impacte que aquestes situacions tenen en la salut física i mental, amb conseqüències com ansietat, depressió, deficiències nutricionals i condicions de vida insalubres. Subratllen, a més, que el problema afecta perfils molt diversos i no únicament a persones grans o migrants.

L'acampada de Maó

Segons dades del partit judicial de Maó, abans de l'entrada en vigor el passat 1 d'octubre del decret llei d'habitatge que suspèn temporalment els desnonaments, hi havia 63 llançaments judicials previstos. Dos d'ells es van arribar a executar: el d'en Carmelo i el d'una família d'origen subsaharià que, igual que l'andalús, van iniciar una protesta davant l'Ajuntament, en aquest cas, el de Maó. “No ens movem d'aquí fins que ens donin solucions habitacionals. No poden fer-nos fora al carrer com a gossos”, va declarar la Thais, originària de Guinea Equatorial i mare d'un menor, després de ser desnonada d'un habitatge al Camí des Castell, al centre de la capital insular.

El desallotjament de la Thais i la seva família va posar de manifest les condicions de precarietat en les quals vivien entre 15 i 20 persones a l'immoble, que mancava d'aigua potable i presentava greus deficiències de salubritat. El procediment judicial s'havia iniciat el 2021, després que els nous propietaris emprenguessin accions per recuperar la finca. Després del llançament, la Thais i el seu marit d'origen senegalès van instal·lar la primera tenda d'una acampada que va arribar a sumar fins a vint veïns en emergència habitacional davant l'Ajuntament de Maó per reclamar solucions urgents a la crisi d'habitatge.

L'acampada finalment es va aixecar després d'una setmana d'activitats obertes, jornades de reflexió pública i taules rodones. “Aixequem l'acampada amb la intenció de concentrar esforços de cara a la vaga general per l'habitatge convocada per al pròxim11 de novembre”, van explicar els portaveus de la Plataforma Menorca per l'Habitatge, que van romandre acompanyant els afectats en successives trobades amb els serveis socials. Thais va confirmar que provisionalment s'allotja en dependències de Càritas de Maó, encara que es tracta d'un alberg transitori i insisteix que la falta d'alternativa habitacional l'obliga irremeiablement a “quedar-se al carrer”.

Finalment, el col·lectiu de militants pel dret a l'habitatge de l'illa atribueix part d'aquesta situació a la pressió de la demanda externa. “Des de fa anys Menorca rep una demanda d'habitatge per part de sectors la capacitat adquisitiva dels quals és molt superior a la de la població resident, la qual cosa dificulta tant el lloguer com la compra”, expliquen. Davant d'aquesta situació defensen la implementació de mesures com “l'expropiació i rehabilitació d'immobles buits per destinar-los posteriorment al lloguer social”. Segons el col·lectiu, existeixen fins a 156 apartaments abandonats en el municipi des Castell i més de 580 habitatges buits a Maó. “No volem més gent sense cases, ni cases sense gent”, conclouen.

José Carmelo Cuartero está jubilado. Tiene 68 años y es natural de Osuna. Lleva sombrero y bastón, camina con dificultad, y aunque lleva “toda la vida” en Menorca, tiene un deje inconfundiblemente andaluz en su forma de hablar. El pasado 6 de octubre decidió ponerse en huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento de Sant Lluís tras ser expulsado de la casa que alquilaba en una finca rústica en la urbanización de S’Algar, en el sureste insular. “Llegué a Menorca en 1976. Desde los 17 años he trabajado como pescador en una barca de arrastre. Hace unos veinte años sufrí una lesión medular en el trabajo que me dejó con un 35% de discapacidad”, explica el afectado, quien recuerda que llegó al terreno hace más de dos décadas tras llegar a un acuerdo con el anterior dueño. “El propietario falleció hace poco y en 2024 sus herederos me anunciaron que venderían la finca y que debía marcharme”, cuenta. 

Carmelo escribió su historia en un cartón grande que le acompaña en su protesta silenciosa. Señala que, tras el fallecimiento del anterior dueño, los nuevos propietarios le llevaron un acta por la cual debía abandonar el domicilio al cabo de cuatro meses, momento en el que finalizaba el contrato de alquiler. Asegura que aceptó firmarlo, pero advirtió de que, si llegado ese momento no encontraba otro lugar donde vivir, permanecería allí hasta tener una alternativa habitacional.

“Como no he encontrado nada que pueda pagar con mi escasa pensión, me quedé. Los propietarios me denunciaron y, aunque intenté acogerme a la Ley de Arrendamiento Rústico, al final no pude hacer nada”, explica el afectado, quien sostiene que el juzgado que llevaba su caso debía reconocer que su contrato de alquiler se regía por la Ley 26/2005 de Arrendamiento Rústico, en virtud de la cual se establece que “los propietarios de inmuebles alquilados bajo esa modalidad deben avisar con un año de antelación de la voluntad de poner fin al contrato; de lo contrario, este se renueva automáticamente por cinco años”.

Como no he encontrado nada que pueda pagar con mi escasa pensión, me quedé

José Carmelo — Desahuciado

Consultado sobre el caso, el abogado de oficio que asiste legalmente a José Carmelo ha declinado la propuesta de hacer declaraciones sobre las reivindicaciones de su representado. La cuestión del preaviso depende, en cualquier caso, del tipo de contrato que regía el alquiler. Si bien es cierto que la Ley de Arrendamientos Rústicos establece un plazo de un año para comunicar la no renovación de determinados contratos sujetos a esa normativa, esta disposición no se aplica automáticamente a cualquier vivienda situada en suelo rústico, por lo que su aplicación al caso de Carmelo depende de la naturaleza del contrato. Según narra en su cartón y explica a quien quiera escucharle, el acuerdo con el anterior dueño era “de palabra, como se hacían las cosas antes”. 

Pocos días después del desalojo, uno de los herederos de la finca de S’Algar denunció a José Carmelo ante la Guardia Civil por presuntas amenazas, insultos e intimidación, que, asegura, se produjeron cuando Carmelo acudió al inmueble tras el lanzamiento mientras el nuevo propietario retiraba enseres. El denunciante sostiene que Carmelo fue debidamente notificado de la no renovación del contrato y asegura que se le ofreció una compensación económica para evitar que el desahucio se ejecutara por la vía judicial. 

A pesar de que se trataba de una vivienda muy humilde, durante más de dos décadas Carmelo convirtió la finca en su hogar. “Era apenas poco más que una casa de aperos, pero yo la amoblé, la cuidé, la pinté, le puse electrodomésticos. Tenía mi huerto y hasta traje olivos de Andalucía”, lamenta el afectado, quien insiste en que la pérdida más grande es la de sus animales: un conejo, dos gatos, siete gallos y seis gallinas, que en su mayoría han quedado en manos de vecinos hasta que su amo encuentre dónde vivir. 

“Era apenas poco más que una casa de aperos, pero yo la amoblé, la cuidé, la pinté, le puse electrodomésticos. Tenía mi huerto y hasta traje olivos de Andalucía”

José Carmelo — Desahuciado

Carmelo pasó tres días viviendo en su vehículo sin poder asearse y manteniendo la huelga de hambre “Estuve ahí plantado frente al Ayuntamiento y frente a la Iglesia exigiendo alguna solución”, asegura, e insiste en la falta de disposición del Consistorio, cuyos funcionarios le ofrecieron pagarle un trastero para guardar sus cosas durante dos meses después del lanzamiento, según su versión. “Desde los servicios sociales no me pueden ofrecer nada porque dicen que tengo la posibilidad de vivir con mis hijos o con mi exmujer a quienes no veo hace décadas. No quiero volver a Andalucía. Nadie me tiene que decir a mí dónde tengo que vivir”, afirma. 

Carmelo ha dejado sus animales con unos vecinos mientras se resuelve la situación: un conejo, dos gatos, siete gallos y seis gallinas

Consultado por este medio, el Ayuntamiento de Sant Lluís ha declinado hacer declaraciones sobre el caso, alegando que “existen cuestiones que afectan a información privada protegida por la normativa de protección de datos”. 

Pasadas las primeras 72 horas de huelga, Carmelo ha confirmado que finalmente desde el municipio le consiguieron un alojamiento provisional durante 15 días. La solución temporal no resuelve, por ahora, su problema de acceso a una vivienda estable y asequible, aunque reconoce que “algo es algo”. Mientras deambula por Sant Lluís, el pueblo que le ha acogido durante veinte años, el anciano andaluz reflexiona sobre la crisis de vivienda. “Yo sé que esto no me pasa sólo a mí, todo esto es una sinrazón. No lo entiendo, pero me da igual. Ya me da igual hasta morirme”, se lamenta. 

Desde la Plataforma per l'Habitatge de Menorca advierten de que los casos de José Carmelo no son situaciones aisladas, sino una muestra de las dificultades que afrontan quienes no pueden asumir los precios del mercado inmobiliario en Menorca. Siguiendo la reflexión de Carmelo, la entidad alerta de que la falta de acceso a una vivienda puede llevar a las personas “al borde del suicidio”, debido al impacto que estas situaciones tienen en la salud física y mental, con consecuencias como ansiedad, depresión, deficiencias nutricionales y condiciones de vida insalubres. Subrayan, además, que el problema afecta a perfiles muy diversos y no únicamente a personas mayores o migrantes.

La acampada de Maó

Según datos del partido judicial de Maó, antes de la entrada en vigor el pasado 1 de octubre del decreto ley de vivienda que suspende temporalmente los desahucios, había 63 lanzamientos judiciales previstos. Dos de ellos se llegaron a ejecutar: el de Carmelo y el de una familia de origen subsahariano que, al igual que el andaluz, iniciaron una protesta frente al Ayuntamiento, en este caso, el de Maó. “No nos vamos de aquí hasta que nos den soluciones habitacionales. No pueden echarnos a la calle como perros”, declaró Thais, originaria de Guinea Ecuatorial y madre de un menor, tras ser desahuciada de una vivienda en Camí des Castell, en el centro de la capital insular. 

El desalojo de Thais y su familia puso de manifiesto las condiciones de precariedad en las que vivían entre 15 y 20 personas en el inmueble, que carecía de agua potable y presentaba graves deficiencias de salubridad. El procedimiento judicial se había iniciado en 2021, después de que los nuevos propietarios emprendieran acciones para recuperar la finca. Tras el lanzamiento, Thais y su marido de origen senegalés instalaron la primera carpa de un acampe que llegó a sumar hasta veinte vecinos en emergencia habitacional frente al Ayuntamiento de Maó para reclamar soluciones urgentes a la crisis de vivienda. 

La acampada finalmente se levantó tras una semana de actividades abiertas, jornadas de reflexión pública y mesas redondas. “Levantamos el acampe con la intención de concentrar esfuerzos de cara a la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre”, Explicaron los voceros de la Plataforma Menorca per l’Habitatge, que permanecieron acompañando a los afectados en sucesivos encuentros con los servicios sociales. Thais confirmó que provisionalmente se aloja en dependencias de Cáritas de Maó, aunque se trata de un albergue transitorio e insiste en que la falta de alternativa habitacional la obliga irremediablemente a “quedarse en la calle”. 

Finalmente, el colectivo de militantes por el derecho a la vivienda de la isla atribuye parte de esta situación a la presión de la demanda externa. “Desde hace años Menorca recibe una demanda de vivienda por parte de sectores cuya capacidad adquisitiva es muy superior a la de la población residente, lo que dificulta tanto el alquiler como la compra”, explican. Frente a esta situación defienden la implementación de medidas como “la expropiación y rehabilitación de inmuebles vacíos para destinarlos posteriormente al alquiler social”. Según el colectivo, existen hasta 156 apartamentos abandonados en el municipio de Es Castell y más de 580 viviendas vacías en Maó. “No queremos más gente sin casas, ni casas sin gente”, concluyen. 

Las entidades memorialistas de Balears han abandonado en bloque las comisiones técnicas del Govern de Marga Prohens (PP) tras denunciar que el Ejecutivo margina a las asociaciones y a los familiares de las víctimas del franquismo, ignora sus propuestas y toma decisiones al margen del marco legal, es decir, de espaldas a los órganos competentes en materia de memoria democrática. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca han presentado este jueves su renuncia al considerar que estos órganos han quedado vaciadas de sus funciones y que la presencia de las tres organizaciones se ha convertido en una presencia meramente testimonial y sin capacidad real para influir en las decisiones que afectan a las víctimas del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista.

Así lo han dado a conocer en un comunicado conjunto, en el que denuncian el incumplimiento de los compromisos institucionales por parte del Govern en relación a la organización de memoriales y homenajes y alertan del desmantelamiento de instrumentos esenciales para garantizar sus derechos.

La decisión se produce tras meses de controversia por las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens, que, de la mano de Vox, derogó el pasado mes de marzo la Ley de memoria democrática de Balears. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la medida y suspendió cautelarmente la eliminación de la norma mientras se resuelve el procedimiento.

En un escrito presentado durante la reunión de la Comisión de la Ley de Fosas, Memòria de Mallorca relata los detalla los episodios que, asevera, ilustran esa pérdida de capacidad de intervención. La asociación precisa que la ruptura “no es fruto de un desacuerdo puntual”, sino “de la constatación” de que el funcionamiento de este órgano y la gestión de las políticas de memoria democrática del Govern “se han alejado de las finalidades por las cuales fueron creados”.

La entidad critica que las actuaciones del Ejecutivo se deciden y, en ocasiones, se ejecutan antes de que las comisiones puedan valorarlas. También denuncia que sus propuestas y preguntas son ignoradas de forma reiterada, que no se incorporan asuntos al orden del día y que las entidades no reciben información adecuada sobre decisiones que las afectan directamente. “La participación no puede limitarse a asistir a reuniones y expresar opiniones que después no tienen ninguna incidencia real”, advierte la entidad en el documento. Su renuncia afecta tanto a la comisión vinculada a la ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas' como a la de la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos de las Illes Balears.

La asociación también cuestiona el funcionamiento interno de estos órganos. Asegura que el Govern no aplica un reglamento aprobado por mayoría absoluta porque sostiene que no se ha localizado el acta de su aprobación, pero tampoco ha procedido a aprobarlo de nuevo por el procedimiento legalmente exigido. Asimismo, denuncia que no se incorporan al orden del día asuntos que las entidades solicitan tratar y que se impulsan actuaciones sin recabar previamente el parecer de las comisiones correspondientes.

Uno de los ejemplos que aporta es la información sobre la derogación de la ley autonómica. Memòria de Mallorca asegura que tuvo que conocer por los medios de comunicación tanto la decisión de suprimirla como su posterior suspensión cautelar pese a formar parte de las comisiones y ser una de las organizaciones directamente afectadas. La entidad también critica que el Govern haya promovido actuaciones relativas a los bombardeos de la aviación republicana sin consultar previamente a la comisión de memoria democrática pese al papel que la legislación atribuye a este órgano.

El choque por el Columbari de la Dignitat

Entre los incumplimientos que han contribuido a la ruptura, Memòria de Mallorca señala el caso del Columbari de la Dignitat, inaugurado el pasado 28 de septiembre en el cementerio de Palma. La asociación afirma que presentó una propuesta para el texto del memorial y fijó dos condiciones irrenunciables: que se incluyera una referencia expresa al golpe de Estado de 1936 y que la comisión asumiera el texto como propio, de modo que así constara en la placa. Según alega, el Govern les aseguró verbalmente que ambas condiciones se habían incorporado. Sin embargo, el memorial se inauguró y la placa se descubrió sin respetar ninguno de esos dos requisitos.

Para la entidad, la discrepancia va más allá de una cuestión de redacción. La referencia al golpe de Estado es, sostiene, fundamental para contextualizar la represión franquista y reconocer a sus víctimas. La participación de la comisión debía garantizar, además, que el texto fuese resultado de un proceso colectivo y de un acuerdo institucional, y no de una decisión unilateral. “No podemos aceptar que se nos asegure que unos compromisos se cumplirán y que, finalmente, se incumplan”, arguye la asociación.

Otro de los episodios que denuncia se remonta al pasado 2 de septiembre, cuando registró una propuesta para instalar memoriales en las vías públicas de Palma. La iniciativa pretendía recordar a las más de 2.000 víctimas de desaparición forzada en Mallorca y a las más de 6.000 víctimas mortales de los bombardeos de la aviación fascista procedente de la isla contra otros territorios. Según Memòria de Mallorca, la propuesta ni siquiera se incluyó en el orden del día de la reunión de este jueves. La entidad también asegura que se elaboran planes de fosas sin la gestión ni la participación de las comisiones correspondientes.

El desmantelamiento de los instrumentos de memoria

La renuncia no responde únicamente a los problemas de funcionamiento de las comisiones. Memòria de Mallorca la vincula también a la política general del Govern, que, según denuncia, ha debilitado los instrumentos públicos destinados a garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familias. La asociación señala expresamente la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de la oficina de información y atención a las víctimas y sus familiares. Considera que ambos instrumentos fueron posibles tras años de reivindicación y que resultan esenciales para mantener una política pública de memoria continuada.

A ello suma la derogación de la ley autonómica, una decisión que las entidades consideran incompatible con el reconocimiento y la defensa de los derechos de las víctimas. La suspensión cautelar acordada por el TC mantiene la norma vigente mientras se estudia el recurso del Gobierno central, pero no ha resuelto el enfrentamiento político sobre el modelo de memoria democrática que debe aplicar la comunidad.

La salida de las tres organizaciones supone un nuevo revés para los mecanismos de participación vinculados a estas políticas. Las asociaciones, que trabajan en la localización de desaparecidos, la investigación y la reparación de las víctimas consideran que no pueden seguir formando parte de unos órganos en los que, según denuncian, no se les permite intervenir de manera efectiva.

Más de veinte años de trabajo por la memoria

Por otro lado, Memòria de Mallorca reivindica una trayectoria de más de dos décadas en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En su escrito recuerda que ha participado en más de sesenta reuniones relacionadas con las dos leyes autonómicas y que ha aportado testimonios, documentación, contactos de especialistas y familiares de víctimas. La asociación destaca su contribución a proyectos de investigación y exhumación como los de las fosas de Porreres y Son Coletes. También señala que consiguió incorporar por primera vez veinte estudios al último Plan de Fosas y Memoria Democrática desde una perspectiva transversal.

Entre sus propuestas figuran la elaboración de un censo de víctimas, la incorporación de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el estudio del trauma transgeneracional. La entidad reivindica estas aportaciones para subrayar que su participación en las comisiones nunca fue testimonial y que ha contribuido activamente a construir las políticas autonómicas de memoria. Por ello, la entidad considera que mantener su presencia sin capacidad de decisión podría terminar legitimando una forma de actuar con la que discrepa profundamente.

La renuncia, sin embargo, no supone un cierre definitivo a la participación institucional. Memòria de Mallorca no descarta regresar si se produce un cambio efectivo en el funcionamiento de las comisiones, se respetan las normas vigentes y se garantiza a las entidades memorialistas y a las víctimas una capacidad real de intervención. “El diálogo exige voluntad de escuchar, la participación exige capacidad de incidencia y la confianza exige que los compromisos se cumplan”, resume la asociación, que asegura que continuará trabajando de forma independiente y fiscalizando la actuación de las administraciones públicas.

“Por respecto a las víctimas del franquismo, a sus familias y a los más de veinte años de trabajo de Memoria de Mallorca, no podemos continuar legitimando con nuestra presencia una situación que se ha alejado de los objetivos y del espíritu de las leyes autonómicas de memoria democrática”, concluye el documento.

La empresa mallorquina que gestiona las macrogranjas de Mirabó, Es Caparó y Llucmajor –todas ellas han estado en el punto de mira por presuntas irregularidades– ha anunciado “acciones legales, penales y civiles” por lo que consideran “una campaña de difamación y falsedades” por parte de las entidades animalistas denunciantes de la situación en la que viven las gallinas de las diferentes explotaciones. Este lunes, elDiario.es ha publicado imágenes de la granja de Mirabó, de julio de 2026 –facilitadas por ARDE y Satya Animal–, donde se ven gallinas con heridas abiertas, aves que se picotean hasta llegar a los tejidos internos y cadáveres en descomposición junto a animales vivos. Este jueves, se han revelado imágenes de la granja de Es Caparó, también de julio, que muestran gallinas canibalizadas por otras; cadáveres desmembrados y en diferentes estados de descomposición y aves desplumadas y enfermas.

Avícola Ballester (que opera bajo las sociedades Avícola Son Perot S.A. y Avícola Ballester S.A.) ha anunciado este jueves una demanda de conciliación contra Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, por “desaconsejar el consumo de huevos” de las naves de Mirabó bajo la “falsa premisa”, a juicio de Ballester, de una “contaminación por salmonela”. En declaraciones a elDiario.es, Gimeno explica que cuando se ha referido a los riesgos, habla de “probabilidades en base a las imágenes que tenemos contrastadas y verificadas”, y que se sustentan en un informe veterinario pericial, firmado por Alba Nieto. “Este informe también menciona estos posibles riesgos”. “Estas afirmaciones en ningún caso son rotundas, no hacemos acusaciones directas. Quien tiene que hacerlas es, en todo caso, la Conselleria competente”, afirma.

Respecto a Mirabó, la Conselleria de Agricultura explicó a este diario que, en estos momentos, la explotación avícola no tiene “ninguna gallina en sus instalaciones” después de que la empresa comunicara esta decisión al Govern en este mes de octubre. También afirma que la macrogranja ha sido sometida a controles oficiales desde 2021 sin que “se hayan detectado deficiencias”, excepto un brote de salmonela en agosto de 2025. Y añadía que no existe una fecha “para la reintroducción de las gallinas”. “Cuando se reanude la actividad, la Conselleria llevará a cabo una nueva inspección para comprobar el cumplimiento de la normativa”, aseguró.

Por otro lado, la empresa respondió a este diario que se reservaba “las acciones civiles y penales” que les pudieran corresponder “a raíz de la publicación de imágenes sin certificación de procedencia, así como del contenido anunciado”. Es decir, el contenido del reportaje que fue trasladado a la empresa antes de su publicación, con el objetivo de contrastar la información y obtener su versión de los hechos, un extremo al que la empresa no quiso acogerse. Las imágenes, por otro lado, están geolocalizadas, y fueron grabadas junto a diarios locales del día.

La empresa acusa falsamente a elDiario.es de mentir

Avícola Son Perot ha explicado que, hace unos meses, interpuso una demanda sobre derechos fundamentales contra Diario de Prensa Digital, SL, la sociedad que edita elDiario.es, por “haber publicado hechos rotundamente falsos”, como la “inventada sanción de 200.100 euros” a Avícola Son Perot, que es “objetivamente falsa”. “Confiamos en que la Justicia, con sus tiempos, corregirá esta grave desviación de la realidad que nos ha perjudicado”. Esta demanda, no obstante, no ha llegado a Diario de Prensa Digital, SL.

En cuanto a la información mencionada, está contrastada y no solo fue publicada por elDiario.es, sino también por otros medios de comunicación del ámbito balear. El inicio del procedimiento sancionador lo anunció el conseller de Agricultura, Joan Simonet, el 30 de mayo de 2025, tras las irregularidades detectadas en la macrogranja de Llucmajor. Tras el informe elaborado por los técnicos se concluyó que se habían producido siete infracciones, calificadas todas ellas como graves, y que podían comportar una multa máxima de 60.000 euros cada una.

Este diario publicó en exclusiva, el 19 de junio de 2025, que Avícola Son Perot S.A. se enfrentaba a una multa de 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, tras haber accedido al expediente sancionador. Esta sanción se podía reducir en un 20%, es decir, a unos 160.080 euros, si la explotación realiza el pago voluntario antes de que finalice la resolución del procedimiento administrativo.

En el plano judicial, el caso está siendo investigado por la Audiencia Provincial, que revisará el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma. El juzgado de primera instancia acordó el sobreseimiento provisional al apreciar que había deficiencias que corresponden a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. La vía administrativa -la multa de 200.100 euros- no se reabrirá hasta que se resuelva la vía penal.

Una granja tuvo un brote de salmonela

Este martes, Simonet, conseller de Agricultura, insistió en que las dos naves de Mirabó estaban vacías, pero que su departamento iniciaba una una investigación para comprobar si las imágenes del interior de la granja pudieran “constituir un motivo para que abramos los expedientes administrativos correspondientes”. En cuanto a los animales, después de que la empresa recibiera las autorizaciones pertinentes, trasladó las aves a un matadero de Murcia, según el titular de Agricultura. Respecto a la nave que registró un brote de salmonela en agosto de 2025, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural adoptó medidas cautelares y sanitarias urgentes, según un expediente consultado por elDiario.es.

Cuando se registra un positivo por salmonela hay dos opciones: eliminar la producción de huevos de gallina o pedir una autorización especial para la producción de huevo líquido. “Esta autorización se dio: esta nave ha estado produciendo huevina hasta que ha finalizado”, afirmó Simonet. En cuanto a la otra nave, la resolución contemplaba el sacrificio de las aves. Después se deben realizar una serie de medidas relacionadas con la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización para evitar problemas de salud pública.

En cuanto al plan de control de la salmonela, el conseller explicó que en los dos últimos años la Conselleria ha hecho 25 inspecciones en diferentes granjas de Balears. “En este programa de seguimiento se han detectado cinco positivos”, afirmó, de los cuales uno de ellos se detectó en una de las naves de Mirabó. En este sentido, aclaró que una vez una nave da positivo en salmonela, si recibe la autorización especial para producir huevo líquido, ya entra dentro del plan de control y no se realizan más inspecciones.

A partir de ese momento, el control y seguimiento corresponde a Salut Pública –que depende de la Conselleria de Salud–, en el marco de sus competencias en materia de seguridad alimentaria. “En principio, nosotros no tenemos constancia de ello”, respondió Simonet, sobre si habían detectado riesgo para la salud pública. En cualquier caso, argumentó que cuando los huevos entran dentro de la producción de huevo líquido, se someten a un proceso térmico, y está permitido que los huevos con salmonela pasen por ese proceso. “Si fueran huevos frescos, no se podrían comercializar de ninguna manera”, aclaró.

Tras las declaraciones de Simonet, los animalistas pusieron en conocimiento a la Conselleria de Salud estos hechos, lo que podía implicar, a juicio de las entidades, la retirada de los huevos de los supermercados “por riesgo de salmonela”. Asimismo, solicitaron “la emisión de una alerta sanitaria” a las autoridades competentes. A juicio de las organizaciones, el riesgo está en que los huevos de una de las naves se dedicaban a la transformación en huevo líquido, mientras que la otra nave continuaba suministrando a supermercados hasta el vaciado de ambas. Se basan, además, en un informe veterinario que alerta de dicho riesgo “sanitario, zoonótico y de salud pública”.

“Es altamente probable que la salmonela presente en una de las naves haya saltado a la otra”, afirmó este miércoles Gimeno. En el informe pericial remitido a Salut Pública, firmado por la veterinaria Alba Nieto, señalaban que la permanencia de cadáveres en descomposición en contacto directo con animales vivos “es una vía eficaz de transmisión de agentes infecciosos”. Entre otras cuestiones, también ponían en conocimiento que la infestación por artrópodos –insectos– agrava el riesgo sanitario, porque son “agentes patógenos aviares con capacidad de mantener comunidades microbianas en su tracto digestivo” durante cinco semanas o más.

Tras las declaraciones de los animalistas, Avícola Ballester asegura que ha presentado un escrito ante Fiscalía para “esclarecer el origen de las informaciones y defender con contundencia la legalidad de la actividad”. A juicio de la compañía, se trata de una campaña de “difusión de informaciones falsas” y de un “constante acoso” orientado a dañar su reputación, así como al modelo de producción local, de lo que ya se hizo eco este diario.

Una demanda contra los animalistas

Así, se anuncia una demanda de conciliación contra el portavoz de Satya Animal por esta “campaña de desinformación”, que buscaría “perjudicar la imagen de los negocios consolidados”, según la versión de Ballester. El objetivo de la empresa avícola es que Gimeno se retracte por haber llegado a “desaconsejar activamente entre los consumidores la compra de huevos de Son Perot, bajo la excusa infundada de una presunta salmonelosis”.

“Si realmente les preocupa el daño a su negocio, deberían preocuparse por las condiciones de la granja, que consideramos contrastadas mediante las imágenes y el informe pericial”, responde Gimeno. El portavoz de Satya Animal lamenta que Ballester se presente como víctima de una “supuesta agresión” por parte de las entidades animalistas cuando a su juicio “hay otros intereses afectados”. “Las víctimas, para nosotros, son los animales, los consumidores y el medio ambiente, entre otros”.

En el comunicado, remitido a este diario, la compañía insiste en que actuó “de manera inmediata y rigurosa” cuando se detectó el brote, aplicando “los protocolos sanitarios pertinentes para erradicarla de forma absoluta”. Según Ballester, se trata de “un hecho pasado, ya resuelto y controlado”. En cuanto a las inspecciones que se han llevado a cabo estos días en las tres explotaciones del grupo empresarial, explican que la Conselleria calificó el resultado de “satisfactorias”, y que solo ha habido “subsanaciones puntuales”.

Sobre la granja de Mirabó, Julia Elizalde, portavoz de ARDE, afirma a este diario que “nos llama la atención que el año pasado se detectara un brote de salmonela y que las gallinas permanezcan allí sin que tengamos constancia de que se hayan realizado inspecciones de seguimiento”. “Nos preocupa que la Conselleria de Agricultura no haga un seguimiento del brote cuando en la misma granja hay una nave contaminada y otra que no lo está”, continúa.

Elizalde añade que el informe pericial veterinario explica que la presencia de ácaros hematófagos y otros artrópodos “puede actuar como vector de transmisión de enfermedades como la salmonelosis”. “También señala que estos animales pueden contribuir a transmitir la salmonela entre varios lotes sucesivos de gallinas”. “Es un asunto serio y por eso hemos puesto la información en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública”, explica. La portavoz de ARDE insiste en que la preocupación de las entidades está en que durante estos días no se había aclarado “si existe riesgo de transmisión entre las naves” y que los huevos de una de ellas –donde no se produjo el brote– se han continuado comercializando como frescos.

Sanidad no identifica riesgo para la salud pública

Las valoraciones de las entidades animalistas se hicieron antes de que Salut Pública informara a este diario –este jueves– que está “evaluando la información disponible y el informe pericial aportado por las entidades denunciantes, que describen posibles deficiencias higiénicas y un posible riesgo de salmonela”. Antes de determinar posibles medidas, señalan fuentes de la Conselleria, es necesario “contrastar los hechos mediante controles oficiales, ratificación analítica y evidencia confirmada”. Por el momento, no se han identificado riesgos para la salud pública. “Cualquier medida de protección que sea necesaria, se adoptará en función de los resultados de los controles oficiales y de la evaluación técnica del riesgo”, concluyen.

En cuanto a la situación de la macrogranja de Es Caparó, donde la Conselleria no ha encontrado irregularidades graves, Elizalde considera que el departamento de Agricultura “ha mantenido una actitud laxa en distintos aspectos relacionados con Avícola Ballester”. “Creemos que podría estar relacionado con el poder económico y la influencia que tiene esta empresa en Mallorca”, afirma y añade que, tras haber revisado diferentes expedientes, la Dirección General de Agricultura y Ganadería solicitaba “subsanaciones” en lugar de “aplicar medidas más contundentes”.

“En el comunicado de Avícola Ballester se reconoce que se han solicitado subsanaciones por determinadas cuestiones detectadas en las inspecciones. No conocemos todos los detalles de esos hallazgos, pero sí tenemos antecedentes. Por ejemplo, en el caso del estercolero de Llucmajor, inicialmente también se pidieron subsanaciones”, afirma la portavoz de ARDE, que recuerda que “en distintas ocasiones hemos visto expedientes en los que se han aplicado sanciones económicas mínimas”. Por ello, Elizalde cree que ante los antecedentes de la empresa “no siempre es suficiente pedir que se corrijan las deficiencias”.

Una funcionària de Presidència del Govern assegura que el gabinet de Marga Prohens va descartar recórrer a xofers d'altres conselleries per cobrir temporalment la plaça de conductor personal de la presidenta, una vacant que va acabar ocupant un familiar d'Alejandro Jurado, cap de Gabinet de la dirigent del PP i investigat per presumptes irregularitats en el procés de selecció. L'empleada va justificar que aquesta opció hauria deixat sense conductor els departaments d'origen.

La treballadora va declarar com a testimoni aquest dimecres davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma, en el marc de la causa que investiga el presumpte tracte de favor a un familiar de Jurado —el fill d'un cosí seu— per ocupar una plaça de conductor adscrita a Presidència. En la seva compareixença, recollida per Diario de Mallorca i confirmada per elDiario.es, la funcionària va explicar que una de les alternatives per cobrir la vacant era recórrer a una comissió de serveis per incorporar temporalment un xofer d'una altra conselleria. Tanmateix, va assenyalar que aquesta opció hauria pogut traslladar el problema a un altre departament, que es quedaria sense un dels seus conductors i hauria de buscar-ne un substitut.

A preguntes de la defensa, la testimoni també va declarar que la borsa de xofers interins consultada per cobrir la plaça estava obsoleta, ja que tenia uns deu anys d'antiguitat i no s'havia actualitzat. Per tant, la relació d'aspirants no constituïa, al seu parer, una via adequada per resoldre la necessitat de personal.

La funcionària també va manifestar que, en tractar-se d'un lloc de confiança —en aquest cas, de xofer i secretari personal—, la selecció es podia fer sense baremar els mèrits dels aspirants i sense haver de recórrer necessàriament a candidats de la borsa ni a una comissió de serveis.

Una plaça sota sospita

La causa judicial investiga Alejandro Jurado per la presumpta manipulació del procés de selecció per cobrir la plaça de xofer de Presidència. La querella la va presentar un conductor funcionari de carrera amb més de tres dècades de servei públic, que sosté que les regles de selecció es van modificar per afavorir un familiar del cap de Gabinet: el fill d'un cosí seu.

Segons la querella, uns 200 aspirants es van presentar inicialment al procés i el candidat finalment seleccionat no encapçalava la classificació per mèrits. L'escrit sosté que, posteriorment, es van introduir criteris discrecionals que van permetre escollir la persona considerada més adequada.

El maig passat, Jurado va negar les irregularitats davant la jutgessa i va defensar que el procediment s'havia desenvolupat amb legalitat i transparència. L'investigat va al·legar que la cobertura de la vacant responia a una necessitat temporal provocada per la baixa laboral d'un dels conductors oficials del Govern. També va defensar que la plaça s'havia de cobrir mitjançant lliure designació, atès que estava vinculada directament a Presidència, i va atribuir a un error la convocatòria inicial mitjançant un concurs amb baremació de mèrits. Segons la seva versió, aquest error es va corregir posteriorment per ajustar el procediment a la lliure designació.

La investigació judicial se centra precisament en aquest canvi de criteri. La querella sosté que, després d'una primera baremació en què el familiar de Jurado no hauria obtingut la millor puntuació, es van modificar les bases del procediment per permetre una selecció discrecional i afavorir-ne la contractació. El denunciant descriu la maniobra com una actuació “il·legal, injusta i arbitrària” i acusa l'entorn de Presidència d'alterar les regles a posteriori per garantir-ne el nomenament.

El cas va adquirir notorietat després que el xofer contractat estavellàs el cotxe oficial de Marga Prohens pocs mesos després d'incorporar-se al lloc. L'accident, que es va produir després que hagués deixat la presidenta a la terminal de l'aeroport de Palma, va deixar el vehicle sinistrat i va situar sota el focus públic la contractació impulsada des de l'entorn més pròxim a la presidenta.

La coordinadora de Podem a les Balears i regidora a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, encapçalarà la candidatura de la formació morada al Congrés dels Diputats per les Illes Balears en les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La dirigent, que ja va ocupar un escó a la cambra baixa, tornarà a concórrer a unes eleccions generals al capdavant d'una llista amb què Podem vol reforçar la seva presència a l'arxipèlag.

Secretària d'Habitatge de Podem, Muñoz ha situat l'accés a l'habitatge entre els seus principals àmbits d'actuació política i va participar en la Global Sumud Flotilla, la iniciativa internacional de suport a Gaza, segons ha destacat la formació en un comunicat. La seva designació per a les generals coincideix, a més, amb la seva voluntat de continuar en la política municipal: a principis de setembre va anunciar que es presentaria a les primàries de Podem per tornar a encapçalar la candidatura al consistori palmesà en les eleccions previstes per al maig de 2027.

La candidatura de Podem per Madrid estarà encapçalada per Irene Montero, exministra d'Igualtat i una de les principals figures estatals de la formació. El dirigent del partit Tito Morano ocuparà el segon lloc, mentre que entre els primers noms de la llista també hi figuren l'exassessora Dina Bousselham i l'exdiputat de l'Assemblea de Madrid Serigne Mbayé.

La candidatura incorpora també perfils vinculats als moviments socials i a la defensa dels drets civils. Entre aquests hi ha Boti García Rodrigo, activista pels drets LGTBI i exdirectora general de Diversitat Sexual i Drets LGTBI durant l'etapa de Montero al capdavant del Ministeri d'Igualtat, i Simón de la Riva, educador infantil i membre de la Plataforma Laboral d'Escoles Infantils (PLEI).

A Sevilla, l'activista trans Mar Cambrollé, membre de l'executiva estatal de Podem, encapçalarà la llista. A la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez, coordinadora autonòmica del partit, ocuparà el primer lloc de la candidatura de Compromís-Front Valencià per Alacant.

A Catalunya, Podem estarà representat per Alejandra Sandoval, regidora de l'Ajuntament de Sabadell, que concorrerà com a independent en el sisè lloc de la llista d'ERC per Barcelona, en virtut de l'acord entre totes dues formacions. A Astúries, el número u de la candidatura serà Manuel Pravia, portaveu i delegat del Sindicat d'Estibadors a Avilés.

La coordinadora de Podemos en Balears y regidora en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, encabezará la candidatura de la formación morada al Congreso de los Diputados por las islas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La dirigente, que ya ocupó un escaño en la Cámara Baja, volverá a concurrir a unas elecciones generales al frente de una lista con la que Podemos busca reforzar su presencia en el archipiélago.

Secretaria de Vivienda de Podemos, Muñoz ha situado el acceso a la vivienda entre sus principales ámbitos de actuación política y participó en la Global Sumud Flotilla, la iniciativa internacional de apoyo a Gaza, tal como ha destacado la formación en un comunicado. Su designación para las generales coincide, además, con sus planes de continuar en la política municipal: a principios de septiembre anunció que se presentaría a las primarias de Podemos para volver a encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Palma en las elecciones previstas para mayo de 2027.

Mientras tanto, la candidatura de Podemos por Madrid estará encabezada por Irene Montero, exministra de Igualdad y una de las principales figuras estatales de la formación. El dirigente del partido Tito Morano ocupará el segundo puesto, seguido entre los primeros nombres de la lista por la exasesora Dina Bousselham y el exdiputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbayé.

La candidatura incorpora también perfiles vinculados a los movimientos sociales y a la defensa de los derechos civiles. Entre ellos figuran Boti García Rodrigo, activista por los derechos LGTBI y exdirectora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI durante la etapa de Montero al frente del Ministerio de Igualdad, y Simón de la Riva, educador infantil e integrante de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

En Sevilla, la activista trans Mar Cambrollé, integrante de la ejecutiva estatal de Podemos, encabezará la lista. En la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, coordinadora autonómica del partido, ocupará el primer puesto de la candidatura de Compromís-Frente Valenciano por Alicante.

En Catalunya, Podemos concurrirá a través de Alejandra Sandoval, concejala del Ayuntamiento de Sabadell, que se presentará como independiente en el sexto puesto de la lista de ERC por Barcelona, en virtud del acuerdo entre ambas formaciones. En Asturias, el número uno será Manuel Pravia, portavoz y delegado del Sindicato de Estibadores en Avilés.

Treballar i no poder-se permetre un habitatge, tenir drets reconeguts que no sempre es poden exercir o comprovar com discursos que semblaven marginals guanyen espai en la conversa pública. Les amenaces a la democràcia no es manifesten únicament a les institucions ni es redueixen als grans debats parlamentaris: també es fan visibles en la vida quotidiana, en les condicions materials de la població i en la manera com una societat tracta els seus col·lectius més vulnerables.

Aquesta ha estat una de les idees que han travessat la trobada “Democràcia: drets i llibertats en perill”, organitzada per elDiario.es al cafè A Tres Bandas de Palma amb el suport de MarSenses Hotels & Homes. A través de dues taules rodones, “Espanya, país de llibertats i drets conquerits” i “Col·lectius en perill: una lluita constant”, representants dels àmbits sindical, universitari i empresarial, així com de la creació de continguts, han examinat què posa en risc les conquestes socials i quines eines hi ha per defensar-les. De l’habitatge a la diversitat sexual, el debat ha deixat un advertiment compartit: els drets no són irreversibles i el seu reconeixement legal no basta per garantir que es puguin exercir.

En l’obertura, la directora d’elDiario.es a les Balears, Angy Galvín, ha recordat que llibertats que avui es donen per fetes en la vida quotidiana –casar-se, divorciar-se o accedir als serveis públics– són el resultat de conquestes històriques. Segons ha defensat, la democràcia no es limita a votar cada quatre anys, sinó que exigeix una ciutadania activa i disposada a mobilitzar-se quan els seus drets estan amenaçats. “Això ens ensenya, al cap i a la fi, que el carrer també pot legislar”, ha afirmat, en referència a la capacitat de les protestes per influir en les institucions.

Una vida digna més enllà del salari

La primera taula ha debatut sobre una contradicció cada vegada més present en la vida de moltes persones: tenir una feina ja no garanteix poder viure de manera autònoma. La periodista i creadora de contingut Elena Reinés, el secretari general d’UGT a les Balears, Pedro Homar, i el professor de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Amir Al Hasani Maturano, moderats per Galvín, han abordat la crisi de l’habitatge com un problema que va més enllà del mercat immobiliari i posa a prova la capacitat dels drets socials per traduir-se en unes condicions de vida dignes.

Reinés ha aportat al debat la seva experiència en l’acampada pel dret a l’habitatge a la Puerta del Sol de Madrid, una mobilització que ha descrit com una expressió del malestar acumulat davant les dificultats per emancipar-se. “No és normal que hàgim normalitzat treballar i no poder viure”, ha denunciat. La comunicadora ha qüestionat que es consideri habitual que el lloguer absorbeixi una part desproporcionada del sou o que compartir pis continuï sent una obligació econòmica fins i tot quan les persones esperen poder viure de manera independent.

L’acampada també li ha servit per qüestionar la imatge d’una joventut desmobilitzada. Reinés ha destacat l’organització dels participants, les comissions de treball, les activitats culturals i les xarxes de solidaritat que permeten cobrir necessitats bàsiques. A més, ha denunciat la resposta policial a les protestes i ha reivindicat el dret a manifestar-se com a part de la salut democràtica. “Una democràcia també es mesura per com viuen les persones”, ha resumit.

Homar ha coincidit a situar l’habitatge al centre de l’emergència social. El responsable d’UGT ha reivindicat la negociació col·lectiva i la vaga com a instruments que han permès conquerir drets laborals i equilibrar la relació entre treballadors i empreses. Tanmateix, ha advertit que les millores salarials perden capacitat per garantir una vida digna quan el preu de l’habitatge es dispara i obliga treballadors de sectors com l’hostaleria a compartir pis i, fins i tot, habitació.

Per aquest motiu, ha reclamat treure l’habitatge de la lògica especulativa i apartar-lo dels interessos dels fons d’inversió. “Cal treure’l de la concepció de bé de consum”, ha defensat. La reflexió ha connectat el dret a l’habitatge amb la resta de conquestes socials: tenir una feina, un conveni o un salari no resol per si sol les dificultats per accedir a una vida autònoma si les condicions materials impedeixen exercir aquesta independència.

Els drets també depenen de les majories polítiques

La distància entre el reconeixement formal i l’exercici efectiu d’un dret ha dut la conversa al terreny jurídic. Al Hasani ha explicat que la Constitució i els tractats internacionals reconeixen drets fonamentals, però que el seu desplegament requereix, en molts casos, lleis específiques, polítiques públiques i majories parlamentàries capaces d’impulsar-les.

El professor ha recordat que determinades matèries vinculades als drets fonamentals es regulen mitjançant lleis orgàniques, que necessiten majoria absoluta al Congrés. També ha detallat el recorregut parlamentari que pot seguir una norma, des del debat de les esmenes fins al seu pas pel Congrés i el Senat. El procés posa en evidència que les reivindicacions ciutadanes no es converteixen automàticament en drets efectius: necessiten organització social, voluntat política i suport institucional.

L’habitatge és un dels exemples més clars d’aquesta bretxa. Al Hasani ha advertit que la Constitució no el reconeix com un dret fonamental, sinó com un principi rector de la política social i econòmica, una diferència que limita les possibilitats d’exigir-ne directament el compliment davant els tribunals. El professor ha considerat que hauria estat desitjable dotar-lo d’una protecció constitucional més gran.

El debat sobre l’habitatge i els drets socials ha connectat així amb una idea transversal a tota la jornada: el reconeixement formal d’un dret és important, però no basta si les condicions materials o les decisions polítiques n’impedeixen l’exercici.

Després de la primera taula rodona, la jornada ha posat a prova els coneixements del públic amb el trivial “Quant saps sobre la Constitució espanyola?”, presentat per Albert Xamena, divulgador científic i creador de contingut al compte Entre Fones i Neurones. Ha estat una proposta participativa per acostar la Carta Magna als assistents i posar a prova els seus coneixements sobre els drets i les llibertats que recull. El guanyador ha aconseguit dues nits d’hotel per a dues persones a la cadena hotelera MarSenses.

Drets que poden desaparèixer “d’un cop de ploma”

La segona taula rodona, “Col·lectius en perill: una lluita constant”, ha traslladat aquest advertiment al terreny dels drets LGTBI+ i dels discursos contraris a la diversitat. La presidenta de Ben Amics, Tatiana Casado, ha recordat el camí recorregut des de la persecució legal de les persones homosexuals fins al reconeixement del matrimoni igualitari i de les famílies diverses. També ha fet referència als avenços relacionats amb l’atenció sanitària i l’autonomia sobre el propi cos.

“Els drets que tant ens ha costat aconseguir poden desaparèixer d’un cop de ploma”, ha advertit. Casado ha expressat la seva preocupació davant la possibilitat que una part de la joventut percebi aquestes conquestes com a definitives i davant la confiança de les persones que creuen que determinades opcions polítiques no afectaran les seves pròpies famílies.

Aquesta sensació de seguretat, ha plantejat, pot impedir reconèixer que els drets assolits després de dècades de reivindicacions també poden patir retrocessos. L’advertiment ha situat la defensa de les minories al centre d’una discussió més àmplia sobre la qualitat democràtica. No es tracta únicament de conservar normes escrites, sinó d’impedir que la discriminació torni a guanyar terreny o que els avenços s’afebleixin mentre una part de la societat els considera intocables.

La visibilitat i la igualtat també han centrat la intervenció del director general de MarSenses Hotels & Homes, Rodrigo Fitaroni, que ha alertat que cada vegada més persones LGTBI+ tornen a ocultar la seva orientació sexual o identitat de gènere en l’entorn laboral. El directiu ha descrit una empresa de gairebé 500 treballadors com un reflex de les diferents sensibilitats que conviuen en la societat i ha qüestionat que l’existència de protocols i formacions sigui suficient per erradicar la discriminació. “Un curs d’una hora no canvia la mentalitat de ningú”, ha assenyalat.

A parer seu, les mesures contra la discriminació s’han de traduir en actuacions concretes i en un compromís efectiu de les empreses. Fitaroni ha explicat que MarSenses col·labora amb Ben Amics en iniciatives de sensibilització i en la incorporació de persones trans a través de la seva borsa de treball, a més d’haver incorporat educadors socials a la plantilla. També ha defensat la necessitat de recórrer a professionals especialitzats per avançar cap a entorns laborals inclusius.

Fitaroni ha traslladat el debat a l’àmbit laboral i ha alertat que cada vegada més persones LGTBI+ tornen a ocultar la seva orientació sexual o identitat de gènere a la feina. En descriure una empresa de gairebé 500 treballadors com un reflex de la societat, ha qüestionat que els protocols i les formacions siguin suficients si no hi ha una voluntat real d’aplicar-los.

La polarització no es combat renunciant al diàleg

La defensa dels drets també ha centrat la conversa sobre l’educació, les xarxes socials i la convivència. El professor Pau Torres ha reivindicat la transmissió dels valors democràtics a través de l’educació i ha recordat l’experiència de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. A parer seu, que un dret figuri a la Constitució no significa que la societat se’n pugui oblidar: cal explicar-lo, reivindicar-lo i formar noves generacions capaces de comprendre’n la importància.

“Hem d’aprendre a suportar qui no ens cau bé, escoltar-lo i debatre”, ha afirmat. Torres ha advertit que la confrontació política esdevé especialment perillosa quan els dirigents presenten l’adversari com algú disposat a destruir la manera de viure dels seus votants. Aquesta dinàmica alimenta la sensació d’amenaça i afebleix els vincles necessaris per sostenir una societat plural. El diàleg, ha defensat, no implica acceptar els discursos d’odi ni renunciar als drets fonamentals, sinó aprendre a gestionar les diferències sense deshumanitzar l’altre.

Constança Ramis, graduada en Economia i Relacions Internacionals i creadora de contingut, ha coincidit en la necessitat de recuperar la capacitat de debatre amb persones que mantenen posicions diferents des del respecte als drets humans. També ha alertat del paper de les xarxes socials en la difusió de notícies falses i missatges extremistes: desmuntar una falsedat requereix més temps i esforç que difondre-la, cosa que permet que els continguts enganyosos assoleixin una gran difusió, mentre que les explicacions contrastades tenen més dificultats per fer-se un lloc.

El debat també ha qüestionat que la joventut estigui inevitablement escorada cap a la dreta. Casado ha recordat el creixement de les manifestacions de l’Orgull a Palma i ha destacat el potencial de la universitat per formar persones amb esperit crític. Reinés, per la seva banda, ha relacionat una part del malestar juvenil amb la precarietat i les dificultats per accedir a l’habitatge, i ha retret als sectors progressistes que durant anys hagin desatès les xarxes socials, un espai en què els discursos d’extrema dreta han guanyat presència.

El Brasil i la normalització dels discursos d'odi

L’experiència del Brasil ha servit a Fitaroni per il·lustrar els riscos de l’expansió de l’extrema dreta. El directiu ha advertit de l’evolució dels discursos dirigits obertament contra les minories i de la facilitat amb què es poden integrar en la conversa pública fins que deixen de percebre’s com una amenaça.

Durant la seva intervenció, ha qüestionat la normalització de missatges polítics que semblen inofensius quan es presenten com a bromes. Ha criticat la frivolitat amb què, a parer seu, s’assumeixen algunes declaracions de Vox i ha advertit del risc d’acostumar-se a expressions que haurien de provocar rebuig. La repetició d’aquests missatges, ha plantejat, pot desplaçar els límits del que és socialment acceptable i fer que sigui més difícil combatre’ls quan ja han arrelat.

La desinformació, els algorismes i l’apel·lació a les emocions han aparegut com a factors que agreugen aquesta dinàmica. Davant d’aquests factors, els participants han reivindicat la responsabilitat dels partits, les empreses, les institucions educatives i les plataformes digitals, així com també la necessitat d’oferir referents capaços de connectar amb les noves generacions sense recórrer a l’insult ni a la simplificació.

La taula també ha abordat les desigualtats històriques entre el castellà i el català. Torres ha qüestionat que la Constitució estableixi l’obligació de conèixer el castellà sense fixar una exigència equivalent per a les altres llengües oficials als seus territoris. El professor ha relacionat aquesta diferència amb una situació de diglòssia que ha associat tradicionalment el castellà als àmbits formals i de prestigi, mentre que el català quedava relegat als espais quotidians. També ha defensat que el coneixement del català hauria de ser obligatori en territoris com les Balears.

La jornada ha conclòs amb una reivindicació compartida: els drets no es mantenen únicament perquè estiguin escrits en una llei, sinó perquè la societat els coneix, els exerceix i està disposada a defensar-los. La mobilització ciutadana, l’acció sindical, l’educació i el pensament crític han aparegut com a eines fonamentals per impedir que les llibertats s’erosionin de manera gradual i sense una resposta col·lectiva.

La trobada, organitzada amb el suport de MarSenses Hotels & Homes, ha combinat el debat sobre els desafiaments democràtics amb un ambient distès i participatiu. Després de les taules rodones, els assistents han prolongat les converses durant un pica-pica mallorquí acompanyat de música en directe de Café a Tres Bandas.

Representants dels àmbits universitari, sindical i empresarial, així com de la creació de continguts, han reflexionat sobre els riscos que afronten la democràcia, els drets i les llibertats en la trobada “Democràcia, drets i llibertats en perill”, organitzada per elDiario.es al Café a Tres Bandas de Palma. La crisi de l’habitatge, la precarització laboral i la capacitat de la ciutadania per frenar els retrocessos democràtics han centrat la primera taula rodona de la trobada. Els participants han denunciat que s’hagi normalitzat “treballar i no poder viure”, han reclamat que l’habitatge quedi al marge de l’especulació i han explicat com les reivindicacions socials poden convertir-se en lleis i quines majories parlamentàries permeten modificar-les.

Abans de donar pas a les taules rodones, la directora d’elDiario.es a les Balears, Angy Galvín, ha reivindicat la llibertat d’expressió com un dels pilars de la democràcia i ha recordat que drets que avui formen part de la vida quotidiana, com casar-se, divorciar-se o accedir als serveis públics, són conquestes històriques que no sempre han existit. Així mateix, ha advertit que no són irreversibles i que no s’han de donar per garantits.

“Tenim drets, tenim llibertats, ens podem casar, divorciar, anar a una escola pública, utilitzar els serveis públics i sembla que, com que formen part de la nostra vida quotidiana, no els donam prou valor. Com la llei de la gravetat, sembla que sempre hagin estat aquí, però, en el moment actual, els hem de donar més rellevància que mai, perquè també els podem perdre”, ha assenyalat durant l’obertura de la trobada.

En la seva intervenció, Galvín ha subratllat que la democràcia no es limita a votar cada quatre anys, sinó que també implica defensar els drets, exercir les llibertats i assumir responsabilitats col·lectives. En aquest sentit, ha valorat el paper de les mobilitzacions socials i sindicals a l’hora d’impulsar canvis polítics i legislatius, i ha fet referència a les protestes sorgides arran de la mort i el desnonament de Maricarmen com a exemple de la capacitat de la ciutadania per influir en les institucions. “Això ens ensenya, al cap i a la fi, que el carrer també pot legislar”, ha afirmat, tot insistint que els avenços democràtics no provenen únicament de les institucions, sinó també de la pressió que exerceix la societat.

Després de la inauguració de la jornada, la periodista ha moderat la primera taula rodona, “Espanya, país de llibertats i drets conquerits”, en què han participat Amir Al Hasani Maturano, professor de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB); Elena Reinés, periodista, cocreadora de Woke Up News i creadora de contingut, i Pedro Homar, secretari general d’UGT a les Balears.

El poder de la protesta social

L’acampada pel dret a l’habitatge a la Puerta del Sol de Madrid ha centrat bona part de la taula rodona. Sobre aquesta qüestió, Reinés ha relatat la seva pròpia experiència en la mobilització, en què ha destacat la presència de joves i de persones amb sensibilitats polítiques diverses, i ha defensat que la protesta respon a un malestar social acumulat davant les dificultats per accedir a un habitatge digne. “No és normal que hàgim normalitzat treballar i no poder viure”, ha manifestat. Reinés ha criticat que s’hagi assumit com a habitual que el lloguer absorbeixi la meitat del sou o que les persones hagin de compartir pis per motius econòmics, fins i tot a edats en què esperaven poder viure de manera independent.

La comunicadora ha assenyalat que l’acampada també qüestiona la idea que la joventut estigui desmobilitzada i n’ha destacat la capacitat d’organització. A diferència del 15M, que va sorgir de manera espontània, ha explicat que la protesta actual compta amb persones vinculades a sindicats, partits i organitzacions juvenils. La periodista ha descrit una acampada autogestionada, amb comissions, activitats culturals i una xarxa de solidaritat que proporciona aliments, medicaments i material.

També ha denunciat la resposta policial a les mobilitzacions i ha defensat que els participants han intentat mantenir una actitud pacífica davant les provocacions. “Una democràcia també es mesura per com viuen les persones”, ha resumit, tot qüestionant la solidesa d’un sistema que, a parer seu, també s’ha d’avaluar per la seva resposta a la protesta social.

El paper històric dels sindicats

Per la seva banda, Homar ha reivindicat el paper històric dels sindicats en la conquesta de drets laborals i en la negociació col·lectiva. En aquest sentit, ha explicat que l’organització dels treballadors permet defensar interessos comuns davant les empreses i ha recordat que la vaga forma part de les eines legítimes de pressió quan no s’arriba a un acord. Com a exemple, ha fet referència a les negociacions del conveni d’hostaleria a les Balears i a la capacitat dels advertiments de vaga per afavorir millores laborals. Homar ha insistit que l’acció sindical no s’ha de limitar a les condicions de treball, sinó que també ha d’afrontar els problemes socials que afecten la vida quotidiana dels treballadors.

El responsable d’UGT ha situat l’accés a l’habitatge entre les principals emergències socials i ha defensat que els salaris i els convenis no basten per garantir una vida digna quan el cost de l’habitatge es dispara. En aquesta línia, ha descrit una situació en què treballadors de l’hostaleria es veuen obligats a compartir pis i, fins i tot, habitació, i ha reclamat que l’habitatge deixi de tractar-se com un bé de consum sotmès a l’especulació.

Pel que fa a la vaga general convocada per a l’11 de novembre, el sindicalista l’ha presentada com una protesta contra una situació que considera insostenible per a les economies familiars. “Cal treure l’habitatge dels fons d’inversió, de la concepció de bé de consum”, ha defensat, tot reclamant una intervenció en el mercat que permeti recuperar l’accés a l’habitatge.

El recorregut parlamentari dels drets

La taula també ha abordat com les reivindicacions socials poden transformar-se en normes jurídiques. A preguntes de Galvín, el professor Amir Al Hasani Maturano ha explicat que els drets fonamentals estan reconeguts en la Constitució i en tractats internacionals, tot i que el seu desplegament concret pot requerir lleis específiques. En el cas de les lleis orgàniques, que s’utilitzen per regular matèries vinculades als drets fonamentals –com l’avortament, l’eutanàsia i el divorci–, és necessària la majoria absoluta al Congrés. Al Hasani ha advertit que el reconeixement d’un dret no garanteix, per si mateix, que les demandes socials es materialitzin en polítiques públiques. També ha assenyalat que les reivindicacions ciutadanes i els compromisos inclosos en els programes polítics són alguns dels motors que poden impulsar canvis legislatius.

Tal com ha assenyalat durant la seva intervenció, convertir una reivindicació en llei és un procés llarg que pot durar entre set i nou mesos de mitjana, i fins i tot arribar a un any. La tramitació comença habitualment amb l’estudi del text en comissió, on es presenten i debaten esmenes, abans de passar al ple del Congrés. Després, la iniciativa arriba al Senat, que pot introduir-hi modificacions o vetar-la, fet que obliga a retornar-la al Congrés per resoldre les discrepàncies. Un cop completat el procediment, la norma se sanciona i es publica al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Pel que fa a l’habitatge, Al Hasani ha advertit que aquest ocupa una posició secundària en la Constitució espanyola, que no el reconeix com un dret fonamental, sinó com un principi rector de la política social i econòmica. El professor de Dret Constitucional ha explicat que aquesta formulació limita les possibilitats d’exigir-ne el compliment davant els tribunals i deixa en mans dels poders públics l’obligació de promoure polítiques per facilitar l’accés a un habitatge digne. A parer seu, hauria estat desitjable atorgar-li una protecció constitucional més gran.

Joventut i extrema dreta

El debat també ha abordat l’auge dels discursos d’extrema dreta entre una part de la joventut. En aquest sentit, Homar ha vinculat l’exhibició de símbols franquistes i l’auge dels missatges d’odi amb la polarització i la manca de reflexió alimentades pels algorismes de les xarxes socials. Elena Reinés, per la seva banda, ha rebutjat que es responsabilitzi únicament els joves i ha assenyalat el deute pendent amb la memòria històrica, també dins el sistema educatiu. “Jo no vaig estudiar res del franquisme a l’escola”, ha recordat, abans d’atribuir als adults la responsabilitat pels silencis sobre la dictadura.

Reinés també ha relacionat l’apropament d’alguns joves a la dreta amb la precarització laboral i les dificultats per accedir a un habitatge. En aquest sentit, ha advertit que molts s’han incorporat al mercat laboral amb salaris insuficients per fer front als lloguers i ha reivindicat la necessitat d’anar més enllà de les etiquetes ideològiques per entendre la seva situació. També ha retret a l’esquerra que durant anys hagi desatès les xarxes socials, malgrat el seu paper central com a canal d’informació per a les noves generacions, mentre els discursos d’ultradreta han guanyat presència a través de creadors de contingut i altres referents digitals.

Al Hasani ha coincidit que el fenomen no es pot atribuir exclusivament als joves. Ha assenyalat la influència de les grans plataformes tecnològiques, la circulació de desinformació i la dificultat per contrarestar missatges simplificats que apel·len a les emocions. També ha qüestionat que els partits tradicionals, tant liberals com socialdemòcrates, no hagin sabut adaptar-se als nous canals de comunicació ni hagin donat prou prioritat a les polítiques adreçades a la joventut. El repte, ha conclòs, no és tant identificar el problema com trobar respostes eficaces per defensar els valors democràtics.

Un cop acabada la taula rodona, el divulgador científic Albert Xamena, conegut a les xarxes socials com a Entre Fones i Neurones, ha fet de mestre de cerimònies d’un trivial sobre la Constitució, que ha comptat amb un premi sorpresa. A continuació, ha començat la segona taula de la jornada, “Col·lectius en perill: una lluita constant”, conduïda pel periodista i col·laborador d’elDiario.es Pablo Sierra del Sol.