“Al ilustre infante Jaime, nuestro hijo primogénito legítimo y natural, nombramos y queremos que sea nuestro heredero universal”. Con estas palabras —Inclitum infantem Jacobum, filium nostrum primogenitum legitimum et naturalem instituimus [...] nostrum universalem heredem, en el latín del documento— el monarca Jaume III dejó escrito en su testamento quién debía sucederle al frente del reino de Mallorca. Era el 7 de agosto de 1349. Apenas dos meses y medio después, el monarca moría en la batalla de Llucmajor y aquel heredero, un niño de once años que había resultado gravemente herido en el mismo enfrentamiento, comenzaba una vida marcada por el cautiverio, la huida, la guerra y una obsesión que nunca llegaría a cumplir: recuperar el reino perdido por su padre. Seis siglos más tarde, el enigma sobre el lugar de su entierro podría resolverse.

Según la investigación dirigida por un equipo de profesionales de la isla, Jaume IV podría encontrarse enterrado en el subsuelo de un solar de Soria en el que antiguamente se levantaban un convento franciscano y la capilla de la Concepción. Tras 25 años de estudios preliminares, allí comenzará el próximo 15 de septiembre una campaña arqueológica que se prolongará hasta el 30 de septiembre. El equipo estará formado por tres arqueólogos y un técnico auxiliar. Al frente de la coordinación histórica se encuentra Gabriel Ensenyat, mientras que la dirección arqueológica recae en Helena Inglada. El objetivo parece sencillo de formular y considerablemente más difícil de ejecutar: encontrar una tumba desaparecida dentro de una capilla desaparecida perteneciente, a su vez, a un convento desaparecido.

El objetivo parece sencillo de formular y considerablemente más difícil de ejecutar: encontrar una tumba desaparecida dentro de una capilla desaparecida perteneciente, a su vez, a un convento desaparecido

La campaña arqueológica de Soria podría reabrir el último capítulo del reino de Mallorca, cuya historia suele darse por terminada el 25 de octubre de 1349, cuando Jaume III murió derrotado en Llucmajor en su intento de recuperar la corona frente a Pere IV de Aragón, el Ceremonioso, consolidando la reincorporación de los territorios mallorquines a la Corona de Aragón. Pero aquel monarca era además el tío de Jaume IV, hermano de su madre, Constanza de Aragón, y el hombre que acabaría privando a su sobrino de sus derechos dinásticos. La derrota y muerte de Jaume III acabaron con la corona independiente de Mallorca, pero no con la reivindicación de sus derechos por parte de su hijo, nacido en Perpiñán en 1338 y designado heredero universal por su padre antes de emprender aquella expedición.

“Hasta aquí es la historia que nos han contado”, sostiene el informe elaborado por el equipo investigador. Sin embargo, prosigue: “falta un capítulo”. Para sus responsables, resulta imposible cerrar definitivamente la historia del reino sin estudiar la trayectoria del hijo de Jaume III: sus años de prisión, las relaciones que mantuvo con el papado y la monarquía francesa, su matrimonio con Juana I de Nápoles, los intentos militares para recuperar sus antiguos territorios y las incógnitas que todavía rodean su muerte y enterramiento. “Históricamente, Jaume IV quedó en la sombra de Jaume III y siempre ha sido una figura de nuestra historia bastante desconocida. Poder recuperarlo ahora supondría constatar con los hechos la hipótesis de una larga investigación que nos ha llevado hasta los archivos de diferentes partes del mundo”, explica a elDiario.es el historiador Gabriel Ensenyat.

Históricamente, Jaume IV quedó en la sombra de Jaume III y siempre ha sido una figura de nuestra historia bastante desconocida. Poder recuperarlo ahora supondría constatar con los hechos la hipótesis de una larga investigación que nos ha llevado hasta los archivos de diferentes partes del mundo

Gabriel Ensenyat — Historiador

La investigación sobre el príncipe mallorquín que nunca llegó a reinar ha sido un largo viaje entre documentos repartidos por diferentes partes del mundo. Según Ensenyat, el equipo ha revisado “documentación del Arxiu del Regne de Mallorca y del Arxiu de la Corona d'Aragó, pero también materiales conservados en Francia, Nápoles, Montferrato, el Vaticano, Inglaterra, Navarra, Simancas, Valladolid, Valencia y Soria”. De hecho, buena parte de esa documentación ni siquiera estaba a disposición inmediata de los investigadores. “Había que localizarla físicamente, solicitar reproducciones, traducir textos redactados en latín o en otras lenguas y reconstruir a partir de documentos dispersos una historia que había quedado fragmentada durante siglos”, detalla el historiador.

Tras la muerte de su padre, Jaume IV pasó años cautivo en Mallorca, Xàtiva y Barcelona, donde, según la documentación estudiada por los investigadores, llegó a dormir en una jaula de hierro. En 1362 consiguió escapar y, bajo protección papal, comenzó a reunir apoyos para recuperar la corona. Un año después se casó con Juana I de Nápoles y se convirtió en rey consorte, pero su matrimonio y sus alianzas no lograron hacer realidad sus planes.

En 1374 protagonizó su último intento de recuperar los territorios de su padre. Al frente de unos 6.000 hombres avanzó desde Narbona por los antiguos dominios de la corona mallorquina y llegó hasta las inmediaciones de Barcelona, pero la falta de fuerzas, el hambre y la peste obligaron a sus tropas a retirarse. Gravemente enfermo, Jaume acabó en Soria, donde el 16 de febrero de 1375 dictó testamento y ordenó ser enterrado en la iglesia de San Francisco.

Tras la muerte de su padre, Jaume IV pasó años cautivo. Consiguió escapar y, bajo protección papal, comenzó a reunir apoyos para recuperar la corona

El testamento constituye una de las principales pistas documentales, pero no la única ni, según la investigación de Ensenyat, la más concluyente. La referencia decisiva es una crónica castellana, la de Pedro López de Ayala, que relata la muerte de Jaume IV y afirma expresamente que fue enterrado en el monasterio de San Francisco de Soria. El cronista cuenta además que el infante Juan, futuro Juan I de Castilla, “fizolo enterrar muy honradamente” en aquel monasterio. A esta fuente se suman otras crónicas, entre ellas la de Jean Froissart, que también recoge los últimos episodios de la vida del monarca mallorquín.

El testamento, por su parte, confirma que Jaume IV quería ser enterrado en San Francisco, aunque no permite demostrar por sí solo que el sepelio se produjera allí. La investigación histórica ha seguido estas referencias hasta el antiguo convento franciscano y será ahora la arqueología la que tenga que determinar si la historia escrita coincide con lo que permanece bajo tierra.

La ‘sorpresa’ mallorquina en Soria

Tras superar la fase de documentación, los investigadores llegaron por primera vez a Soria, donde, explica Helena Inglada, nadie esperaba que pudiera estar enterrado un heredero de la dinastía mallorquina. “Cuando nosotros llegamos, fue aquello de: ”¿Ah, sí? Hay un rey mallorquín enterrado aquí?’“, recuerda entre risas. La documentación histórica situaba el enterramiento de Jaume IV en la iglesia de San Francisco, en el espacio de la antigua capilla de la Concepción, aunque buena parte del convento había desaparecido con el paso de los siglos. La investigación arqueológica comenzó en 2008, con una primera intervención impulsada por la Universitat de les Illes Balears y apoyada por instituciones de Mallorca y Castilla y León. Antes de excavar, el equipo realizó un estudio con georradar que señaló dos grandes anomalías próximas al altar de la antigua iglesia.

Cuando nosotros llegamos, fue aquello de: '¿Ah, sí? Hay un rey mallorquín enterrado aquí?', recuerda entre risas la investigadora mallorquina Helena Inglada sobre su recibimiento en Soria

Una de ellas fue excavada en 2008 con un objetivo todavía preliminar: comprobar si el subsuelo conservaba potencial arqueológico. “Nosotros íbamos a comprobar si el espacio del subsuelo estaba todavía en condiciones de ser valorado”, explica Inglada. La excavación confirmó que sí. “Los arqueólogos encontraron restos humanos desarticulados, probablemente procedentes de enterramientos de la etapa en que el convento funcionó como hospital, y bajo ellos localizaron muros de piedra, grandes sillares y elementos constructivos compatibles con una estructura monumental vinculada a la antigua iglesia, algunos con restos de pintura”, recuerda Inglada. La intervención no llegó hasta el final de la estratigrafía ni permitió acceder al supuesto espacio funerario, pero demostró que el subsuelo no había sido completamente destruido.

La campaña quedó así inconclusa, pero abrió la puerta a nuevas investigaciones. El equipo salió de Soria con la certeza de que aún quedaban estructuras por estudiar y con la intención de regresar, aunque la crisis económica, los cambios personales, las dificultades de financiación y posteriormente la pandemia provocada por la COVID-19 retrasaron el proyecto. “Todo tiene que cuadrar mucho y nunca es fácil”, resume la arqueóloga. En este sentido, la nueva campaña lleva unos dos años de preparación y ha requerido coordinar permisos, financiación, disponibilidad del equipo y medios técnicos.

La arqueología frente a 50.000 escenarios

La nueva intervención, financiada con cerca de 23.000 euros por el Govern de les Illes Balears y el Consell de Mallorca, actuará sobre unos 115 metros cuadrados y ampliará la excavación hacia el ábside hasta el muro de cierre de la antigua capilla. Los investigadores manejan varios escenarios, ya que el georradar no permite confirmar la existencia de una tumba medieval ni atribuirla a Jaume IV. “Puede tratarse de una cavidad, una fosa, una estructura constructiva o incluso de una alteración producida siglos después. El antiguo convento sufrió además numerosas transformaciones y episodios de destrucción, y la iglesia medieval fue reformada y ampliada con el paso del tiempo. Tenemos 50.000 escenarios posibles”, explica Inglada. El objetivo es comprobar hasta dónde puede llegar la investigación, desde localizar la antigua capilla de la Concepción y su posible espacio funerario hasta constatar que este haya desaparecido.

Puede tratarse de una cavidad, una fosa, una estructura constructiva o incluso de una alteración producida siglos después. El antiguo convento sufrió además numerosas transformaciones y episodios de destrucción, y la iglesia medieval fue reformada y ampliada con el paso del tiempo. Tenemos 50.000 escenarios posibles

Helena Inglada — Arqueóloga

La estructura del lugar obliga además a actuar con cautela: un espacio colapsado que necesitara apuntalamiento requeriría nuevos medios y especialistas y podría quedar para una segunda fase. Tampoco puede darse por hecho que la tumba, si existe, permanezca intacta. “No sabemos qué encontraremos, ni en qué condiciones”, advierte Inglada. El escenario más complicado sería hallar los restos trasladados y sin contexto arqueológico, “en una caja de zapatos”, como resume gráficamente. El hallazgo seguiría siendo relevante, pero identificar a Jaume IV sería entonces mucho más difícil.

¿Cómo saber si realmente es Jaume IV?

Encontrar huesos medievales en el lugar correcto no bastaría para identificar a Jaume IV. El escenario ideal sería localizar una tumba con una inscripción u otro elemento inequívoco que vincule el enterramiento con el infante, aunque incluso en ese caso habría que comprobar su contenido. Inglada recuerda que las sepulturas pueden haber sido abiertas, reutilizadas o alteradas. “Podríamos levantar la lápida y que dentro no hubiese nada”, explica. También podrían aparecer restos mezclados, varios individuos o materiales que no correspondieran al enterramiento original.

Si aparecieran restos susceptibles de ser atribuidos a Jaume IV, sería necesario, según Inglada, “recurrir a antropólogos físicos y paleoantropólogos y plantear pruebas como la datación por análisis genético”. La comparación de ADN con restos atribuidos a Jaume II y Jaume III, abuelo y padre del infante, podría aportar una evidencia de parentesco especialmente sólida, aunque tendría que realizarse bajo condiciones estrictas para evitar contaminaciones. “Nosotros no somos especialistas” en este tipo de análisis, explica Inglada, por lo que cualquier hallazgo obligaría a diseñar un protocolo específico, incorporar especialistas y establecer un nuevo presupuesto antes de determinar qué pruebas realizar.

Para Gabriel Ensenyat, la excavación representa la “culminación” de una investigación que ha avanzado durante años entre los archivos y el terreno. El punto de partida es el conjunto de referencias documentales que permiten reconstruir la trayectoria de Jaume IV y situar su muerte y enterramiento en Soria, entre ellas la crónica de Pedro López de Ayala, que señala expresamente el monasterio de San Francisco. El testamento de Jaume IV, redactado en Soria el 16 de febrero de 1375, aporta además una referencia directa sobre su voluntad de ser enterrado allí.

A partir de estas fuentes y de otras referencias localizadas en distintos archivos, los investigadores han reconstruido la trayectoria del infante y han podido situar el antiguo convento y la capilla de la Concepción. Durante los últimos 25 años, el equipo ha reunido documentación sobre su cautiverio, sus alianzas, su matrimonio con Juana de Nápoles, sus campañas militares y su muerte, con el objetivo de revisar también algunas hipótesis sobre su biografía.

La excavación será así la comprobación material de una hipótesis construida durante décadas. Inglada recuerda que la parte arqueológica puede parecer la más llamativa, pero que sin el trabajo documental previo el equipo ni siquiera sabría dónde buscar. “El rollo Jones mola”, bromea la arqueóloga, aunque la verdadera base del proyecto está en quienes llevan años “a pico y pala” vaciando archivos y conectando fragmentos de una historia dispersa.

La pregunta ahora es qué ocurrirá si finalmente aparecen los restos. Desde el punto de vista de Inglada, “por justicia histórica”, el monarca debería regresar a Mallorca, ya que esa fue “su gran obsesión” toda la vida: volver y recuperar su trono usurpado. Pero la propia arqueóloga matiza que la decisión sobre el destino de unos posibles restos no corresponde al equipo científico, sino a las instituciones, que tendrían que estudiar antes su conservación e identidad y después negociar su traslado y destino entre las administraciones responsables de Soria y Mallorca. “Eso es una decisión que se tendrá que tomar a nivel institucional y que además se tendrá que pactar, decidir y negociar a nivel institucional”, señala Inglada.

'El rollo Jones mola', bromea la arqueóloga Helena Inglada, aunque la verdadera base del proyecto está en quienes llevan años 'a pico y pala' vaciando archivos y conectando fragmentos de una historia dispersa

Durante la rueda de prensa celebrada el pasado viernes, el director general de Cultura del Govern de les Illes Balears, Llorenç Perelló, remarcó que “la historia todavía tiene preguntas pendientes, y la investigación es la mejor herramienta para responderlas”, y defendió proyectos que “desde el rigor científico, contribuyen a ampliar el conocimiento sobre episodios y figuras capitales de nuestro pasado, como es el caso de Jaime IV”. Por su parte, la vicepresidenta primera y consejera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, destacó que “este proyecto es toda una oportunidad para continuar recuperando y reivindicando la historia del Reino de Mallorca desde el rigor científico”.

El Consell y el Govern han respaldado una iniciativa retomada hace unos dos años, después de que la intervención de 2008 demostrara que el subsuelo conservaba estructuras medievales. La nueva campaña comenzará pronto y los arqueólogos buscarán la antigua iglesia y capilla para comprobar si todavía existe una tumba. El equipo sabe dónde empezar, pero no qué encontrará cuando el subsuelo deje de ser una hipótesis del georradar y se convierta en una excavación. Si aparecen los restos, podría salir a la luz el último vestigio material de una dinastía que perdió su reino en el siglo XIV y de un hombre que pasó buena parte de su vida intentando recuperarlo. Jaume IV nunca pudo regresar a Mallorca como rey; más de seis siglos después, puede que todavía tenga una última oportunidad de volver a la isla.

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 20 anys i n'investiga un altre de 22 per presumptament agredir un jove que va intervenir per defensar una dona a qui un dels sospitosos estava increpant i havia arribat a colpejar al rostre. La víctima va acabar amb una fractura de crani després de rebre diversos cops de puny i un cop al front amb una ampolla de vidre.

Els fets van succeir el passat mes d'agost a les immediacions d'un establiment nocturn de Cala d'Or (Mallorca). Segons ha informat aquest dimarts la Guàrdia Civil, el jove agredit es trobava a la zona quan es va adonar que un dels homes estava increpant una dona, a qui havia arribat a colpejar a la cara.

El jove, de 22 anys, va intervenir per mediar en la situació. Va ser llavors quan el presumpte agressor va començar a colpejar-lo amb diversos cops de puny a la cara. Poc després, hi va intervenir un segon individu, que portava una ampolla de vidre i li va propinar un cop al front. L'impacte li va provocar una fractura de crani.

L'agressió, però, no va acabar aquí. Malgrat que la víctima havia caigut a terra i es trobava sagnant abundantment, els dos agressors van continuar colpejant-la. Els atacants van cessar l'agressió i van fugir corrents del lloc quan es van adonar de l'arribada dels agents de l'Institut Armat i dels serveis sanitaris.

Després dels fets, agents de la Guàrdia Civil de Santanyí van iniciar una investigació per intentar identificar els responsables. Els investigadors van realitzar diverses gestions fins a aconseguir localitzar els dos homes presumptament implicats en l'agressió.

Finalment, els agents van procedir a detenir l'home de 20 anys com a presumpte autor d'un delicte de lesions greus, mentre que el jove de 22 anys va quedar en qualitat d'investigat per un presumpte delicte de lesions lleus.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 20 años e investiga a otro de 22 por presuntamente agredir a un joven que intervino para defender a una mujer a la que uno de los sospechosos estaba increpando y había llegado a golpear en el rostro. La víctima acabó con una fractura de cráneo tras recibir varios puñetazos y un golpe en la frente con una botella de cristal.

Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto en en las inmediaciones de un establecimiento nocturno de Cala d'Or (Mallorca). Según ha informado este martes la Guardia Civil, el joven agredido se encontraba en la zona cuando se percató de que uno de los hombres estaba increpando a la mujer, a la que llegó a golpear en la cara.

El joven, de 22 años, intervino para mediar en la situación. Fue entonces cuando el presunto agresor comenzó a golpearlo con varios puñetazos en la cara. Poco después intervino un segundo individuo, que portaba una botella de cristal y le propinó un golpe en la frente. El impacto le provocó una fractura de cráneo.

La agresión, sin embargo, no terminó ahí: pese a que la víctima había caído al suelo y se encontraba sangrando abundantemente, los dos agresores continuaron golpeándola. Los atacantes cesaron la agresión y huyeron del lugar a la carrera cuando se percataron de la llegada de los agentes del Instituto Armado y de los servicios sanitarios.

Tras los hechos, agentes de la Guardia Civil de Santanyí iniciaron una investigación para tratar de identificar a los responsables. Los investigadores realizaron diversas gestiones hasta conseguir localizar a los dos hombres presuntamente implicados en la agresión.

Finalmente, los agentes procedieron a detener al hombre de 20 años como presunto autor de un delito de lesiones graves, mientras que el joven de 22 años quedó en calidad de investigado por un presunto delito de lesiones leves.

El Govern espanyol ha retirat la seva oposició a la tramitació de la llei balear de cogestió aeroportuària, la qual cosa permetrà que la iniciativa aprovada pel Parlament autonòmic pugui continuar el seu recorregut al Congrés dels Diputats. La decisió suposa fer marxa enrere en el veto plantejat la setmana passada per l'Executiu central, que havia al·legat un possible impacte sobre els ingressos d'Aena i, per extensió, sobre els comptes públics.

Així ho ha donat a conèixer el diputat de Més per Mallorca al Congrés, Vicenç Vidal, que ha celebrat la decisió i ha defensat que el que estava en joc no era encara l'aprovació de la llei, sinó una qüestió prèvia: que Balears pugui debatre a la Cambra Baixa sobre el model de gestió dels seus aeroports. “Hem aconseguit que es retiri el veto a una llei que és fonamental per al nostre futur i perquè les institucions de Balears puguin tenir veu sobre els seus aeroports”, ha emfatitzat Vidal, que ha insistit que la iniciativa haurà de superar ara la resta de tràmits parlamentaris.

Per la seva banda, l'assessor de Més al Congrés, Antoni Trobat, ha assenyalat, en declaracions a aquest mitjà, que la iniciativa es tramitarà “gràcies a la pressió” exercida pel seu partit i, especialment, per Vidal. Així mateix, ha destacat que la proposta compta amb el suport del ministre de Cultura, Ernest Urtasun.

Fonts socialistes assenyalen, mentrestant, que ha estat la presidenta del Congrés i secretària general del PSOE a Balears, Francina Armengol, qui ha fet possible finalment que la Cambra Baixa tramiti la proposta.

La cogestió aeroportuària és una reivindicació històrica a les Illes, que cerca que la comunitat autònoma pugui participar en la presa de decisions sobre unes infraestructures estratègiques per a un territori dependent del turisme i fortament condicionat per la insularitat. La reclamació s'ha intensificat els darrers anys en paral·lel al creixent debat sobre la saturació turística i la necessitat de limitar l'arribada de passatgers a les Illes.

La retirada del veto arriba després de diversos dies de pressió política de Més per Mallorca i a les portes que la Mesa del Congrés abordés el futur de la iniciativa. El partit havia reclamat al Govern que retirés la seva oposició i havia posat especialment el focus en els grups amb representació a la Mesa perquè permetessin que la proposició pogués ser debatuda.

La formació havia qüestionat des del principi els arguments econòmics utilitzats pel Govern per impedir-ne la tramitació. En l'escrit remès al Congrés, l'Executiu sostenia que l'aplicació de la norma podia afectar les tarifes aeroportuàries i el creixement del trànsit aeri i provocar una reducció dels ingressos d'Aena. Segons els seus càlculs, mantenir el 2026 el volum de passatgers del 2025, en lloc d'arribar als 49 milions previstos, suposaria 32,5 milions d'euros menys d'ingressos. També calculava una minva de 32,9 milions si es mantinguessin les tarifes mitjanes del 2025.

Vidal havia rebutjat aquests arguments i havia acusat Hisenda i Aena d'“inventar-se un perjudici econòmic per justificar una decisió política”. El diputat havia subratllat, a més, que permetre a les institucions de les Illes participar en les decisions aeroportuàries no significa necessàriament que s'hagin de reduir els vols.

La proposta que ha arribat al Congrés pretén precisament reforçar aquesta participació. El text aprovat planteja ampliar les funcions del Comitè de Coordinació Aeroportuària de les Balears i convertir-lo en un instrument de cogestió en el qual, a més de representants de l'Estat i d'Aena, tinguin presència la comunitat autònoma, els quatre consells insulars, els municipis afectats, les cambres de comerç, les organitzacions econòmiques i els sindicats.

Entre les funcions previstes figura la participació en la definició de l'estratègia aeroportuària i la possibilitat d'informar sobre documents i plans de planificació aeroportuària, tenint en compte la capacitat de càrrega de les diferents illes. La iniciativa també preveu crear una comissió de coordinació específica per a l'aeroport de Menorca.

La reivindicació ha cobrat especial força els darrers anys al caliu del debat sobre la saturació turística i el creixement continuat del nombre de passatgers. L'aeroport s'ha convertit així en una de les principals peces del debat sobre els límits al creixement turístic, especialment a Mallorca i Eivissa.

El Gobierno ha retirado su oposición a la tramitación de la ley balear de cogestión aeroportuaria, lo que permitirá que la iniciativa aprobada por el Parlament autonómico pueda continuar su recorrido en el Congreso de los Diputados. La decisión supone dar marcha atrás al veto planteado la semana pasada por el Ejecutivo central, que había alegado un posible impacto sobre los ingresos de Aena y, por extensión, sobre las cuentas públicas.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, quien ha celebrado la decisión y ha defendido que lo que estaba en juego no era todavía la aprobación de la ley, sino algo previo: que Balears pueda debatir en la Cámara Baja sobre el modelo de gestión de sus aeropuertos. “Hemos conseguido que se retire el veto a una ley que es fundamental para nuestro futuro y para que las instituciones de Balears puedan tener voz sobre sus aeropuertos”, ha enfatizado Vidal, que ha insistido en que la iniciativa debe ahora superar el resto de trámites parlamentarios.

Por su parte, el asesor de Més en el Congreso, Antoni Trobat, ha señalado, en declaraciones a este medio, que la iniciativa se tramitará “gracias a la presión” ejercida por su partido y, especialmente, por Vidal. Asimismo, ha destacado que la propuesta cuenta con el apoyo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Fuentes socialistas señalan, mientras tanto, que ha sido la presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE en Balears, Francina Armengol, quien ha hecho efectivo que la Cámara Baja tramite finalmente la propuesta. La retirada del veto se ha producido antes de la reunión de la Mesa del Congreso, que tenía previsto esta tarde abordar este aspecto. Finalmente, este punto ha decaído del orden del día al retirar el Ejecutivo su oposición.

La cogestión aeroportuaria es una demanda histórica en las islas que busca que la comunidad autónoma pueda participar en la toma de decisiones sobre unas infraestructuras que resultan estratégicas para un territorio dependiente del turismo y ampliamente condicionado por la insularidad. La reclamación se ha intensificado en los últimos años en paralelo al creciente debate sobre la saturación turística y la necesidad de limitar la llegada de pasajeros a las islas.

La retirada del veto llega después de varios días de presión política de Més per Mallorca y en vísperas de que la Mesa del Congreso abordara el futuro de la iniciativa. El partido había reclamado al Gobierno que retirara su oposición y había situado especialmente el foco sobre los grupos con representación en la Mesa para que permitieran que la proposición pudiera ser debatida.

La formación había cuestionado desde el principio los argumentos económicos utilizados por el Gobierno para impedir la tramitación. En el escrito remitido al Congreso, el Ejecutivo sostenía que la aplicación de la norma podía afectar a las tarifas aeroportuarias y al crecimiento del tráfico aéreo y provocar una reducción de los ingresos de Aena. Según sus cálculos, mantener en 2026 el volumen de pasajeros de 2025, en lugar de alcanzar los 49 millones previstos, supondría 32,5 millones de euros menos de ingresos. También calculaba una merma de 32,9 millones si se mantuvieran las tarifas medias de 2025.

Vidal había rechazado estos argumentos y acusado a Hacienda y a Aena de “inventarse un perjuicio económico para justificar una decisión política”. El diputado había subrayado además que permitir a las instituciones de las Islas participar en las decisiones aeroportuarias no significa necesariamente que vayan a reducirse los vuelos.

La propuesta que ha llegado al Congreso pretende precisamente reforzar esa participación. El texto aprobado plantea ampliar las funciones del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares y convertirlo en un instrumento de cogestión en el que, además de representantes del Estado y de Aena, tengan presencia la comunidad autónoma, los cuatro consells insulars, los municipios afectados, las cámaras de comercio, las organizaciones económicas y los sindicatos.

Entre las funciones previstas figura la participación en la definición de la estrategia aeroportuaria y la posibilidad de informar sobre documentos y planes de planificación aeroportuaria, teniendo en cuenta la capacidad de carga de las diferentes islas. La iniciativa también prevé crear una comisión de coordinación específica para el aeropuerto de Menorca.

La reivindicación ha cobrado especial fuerza en los últimos años al calor del debate sobre la saturación turística y el crecimiento continuado del número de pasajeros. El aeropuerto se ha convertido así en una de las principales piezas del debate sobre los límites al crecimiento turístico, especialmente en Mallorca y Eivissa.

“Si fessin una llar, un parc... Que la gent gran hi pugui venir, que hi posin pedals per fer exercici, bancs per prendre la fresca...”. Als seus 82 anys, Joana fa massa temps que espera el mateix que una bona part dels veïns de Son Sardina: un lloc públic on seure, reunir-se i fer vida de poble. En aquesta antiga barriada de Palma hi ha una plaça que fa anys que està dibuixada sobre el paper, però que mai no ha arribat a existir sobre el terreny. Allà, entre el nucli tradicional de cases i el creixement residencial dels darrers anys, l'Ajuntament va prometre un gran espai públic, un casal de barri i una biblioteca. Enguany, quan semblava que Cort estava finalment a punt de comprar-lo, el solar ja havia canviat de mans.

Can Pasquet, un solar de gairebé 2.000 metres quadrats situat al cor de Son Sardina, és per als veïns molt més que un terreny buit. És l'espai que fa anys que reclamen per trobar-se, organitzar activitats i disposar d'uns equipaments públics que ara estan dispersos o funcionen en locals que ni tan sols són municipals.

El 13 d'agost de 2025, el batle de Palma, Jaime Martínez (PP), va acudir a Son Sardina i va anunciar que Cort havia iniciat el procés per adquirir Can Pasquet. La intenció era construir-hi una plaça, un casal de barri i estudiar la possibilitat d'incorporar-hi un aparcament. L'anunci va generar una expectativa evident entre els veïns. La promesa, a més, no era nova: Can Pasquet feia anys que apareixia en els plans i les reivindicacions del barri, però la compra mai no havia arribat a formalitzar-se.

La inversió privada s'avança

Tanmateix, quan el passat 19 de febrer Cort va aprovar una modificació de despeses que reservava 237.976 euros per adquirir el solar, la finca va passar, tot just vuit dies després, a mans d'una promotora immobiliària constituïda tres anys abans, Polnavalón S.L., tal com figura en la documentació registral consultada per aquest diari. elDiario.es s'ha posat en contacte amb el seu administrador per conèixer els detalls de l'operació i el destí que preveu donar al solar, però aquest ha declinat fer declaracions.

Davant la reixa de Can Pasquet, Joana explica el problema des d'un punt de vista molt més senzill que qualsevol expedient urbanístic: l'actual casal de barri està situat en una primera planta i cal pujar-hi per les escales. “Com podem pujar si molts ja passam dels 80 anys?”, es demana. A l'altre costat de la tanca hi ha el solar que els veïns fa anys que reclamen com a futura plaça pública i on el batle va prometre, fa un any, construir un nou casal de barri i una biblioteca. A Son Sardina, lamenta Joana, “no hi ha res”. Hi ha un petit parc infantil a l'entrada del poble, però resulta insuficient. I el casal tampoc no dona resposta a les necessitats de la gent gran.

La seva preocupació no és només disposar d'un espai nou. Malgrat les incomoditats de l'actual casal, tem perdre'l com va succeir amb el local de majors del barri de Son Cladera, desallotjat a principis de juliol mentre desenes de persones participaven en un taller de memòria. El futur del centre comunitari i de la biblioteca està condicionat pel fet que tots dos equipaments funcionen actualment en un immoble adquirit el 2019 per una societat vinculada a un gran fons d'inversió internacional amb seu als Estats Units. L'Ajuntament reconeix que tots dos serveis s'ofereixen en locals arrendats i planteja traslladar-los a Can Pasquet si aconsegueix fer-se amb el solar. L'Associació de Veïnats també ha advertit del mal estat del casal actual, amb goteres, humitats i un terra de formigó.

Aquest diumenge, mentre queia la tarda sobre Son Sardina, Joana i altres veïns es concentraven davant el solar, convocats per l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, per exigir que l'Ajuntament lluiti per la parcel·la i la posi a disposició del barri.

Un barri de 3.000 veïns sense espais públics

La importància de Can Pasquet s'entén millor en recórrer Son Sardina. El nucli conserva encara un marcat caràcter de poble malgrat formar part del municipi de Palma. El seu origen es remunta a l'època islàmica, vinculat a les antigues xarxes d'aigua i als molins de la zona, i entre els segles XVII i XIX es va consolidar com un petit nucli d'agricultors, jornalers i artesans. L'agricultura va ser durant segles la principal activitat fins que el creixement residencial va anar transformant progressivament el territori.

Aquest caràcter de poble continua sent una de les seves principals senyes d'identitat. Son Sardina està físicament separat del centre de Palma -gairebé cinc quilòmetres separen tots dos nuclis- i conserva una trama urbana de cases baixes, camins estrets i antigues possessions, envoltada per noves zones residencials i grans àrees de serveis com Son Castelló, Son Reus o la Universitat. Amb més de 3.000 habitants, manté també una intensa activitat associativa i festiva. Però aquesta vida comunitària topa amb una mancança: més enllà del col·legi i el centre de salut, el nucli no disposa d'una xarxa suficient d'espais públics municipals on desenvolupar-la.

Un deute pendent des dels anys vuitanta

Ho il·lustra a elDiario.es Antoni Marimón, veí del nucli i catedràtic d'Història Contemporània. Marimón resumeix el problema en una “falta crònica d'equipaments públics” malgrat la forta identitat comunitària de Son Sardina. L'absència d'espais de titularitat municipal dificulta que les associacions disposin de llocs on reunir-se, que la gent gran compti amb instal·lacions accessibles i que infants i joves tenguin zones de trobada.

L'historiador situa l'origen del problema urbanístic de Can Pasquet a començament dels anys vuitanta. Segons explica, el planejament d'aquella època ja preveia que els terrenys acabassin destinats a equipaments públics. El sistema previst era complex: la propietat havia de cedir el terreny a l'Ajuntament a canvi que s'hi permetés determinada edificació. Però el mecanisme mai no va arribar a executar-se. “Esperes i esperes i no s'arriba a complir”, resumeix Marimón.

El resultat ha estat una llarga successió de propietaris i oportunitats frustrades. Marimón assegura que el solar ha passat per “cinc o sis mans” des d'aleshores i que fins i tot altres governs municipals van intentar abordar-ne l'adquisició. El problema, explica, és que el sistema urbanístic previst inicialment no va arribar a funcionar. Ara, per primera vegada en anys, l'Ajuntament havia donat la impressió que l'operació estava encarrilada. El PP, de fet, va arribar a incloure en el seu darrer programa electoral la construcció de la plaça de Can Pasquet: “Invertirem a Son Sardina i farem realitat les peticions dels veïns”, exposava la formació.

En Genís, membre de l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, introdueix una altra dimensió en la reivindicació: la dels joves que ja no poden quedar-se a viure al poble. Ell mateix n'ha hagut de marxar. En conversa amb aquest diari, explica que del grup d'una trentena de joves que participa habitualment en les festes de Son Sardina, amb prou feines en queden uns pocs que hi visquin. Molts han acabat traslladant-se a Palma o a altres municipis perquè consideren pràcticament impossible accedir a un habitatge al nucli si no disposen de terres, d'una casa familiar o d'una herència. “Si no tens preparat un milió per gastar, no et pots quedar”, afirma. Genís vincula aquesta expulsió progressiva de la població jove amb l'encariment de l'habitatge, l'especulació immobiliària i la turistificació de l'illa.

Per a ell, la reivindicació de Can Pasquet forma part d'alguna cosa més àmplia: quin tipus de poble vol continuar sent Son Sardina i si podrà conservar una vida comunitària pròpia mentre augmenta la pressió immobiliària.

L'agost de 2025, l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga ja alertava de la situació del terreny i del risc que acabàs en mans privades. L'entitat recordava que el Ple de Palma havia aprovat el maig de 2024, amb el suport del PP, instar l'equip de govern a adquirir els terrenys per construir-hi una plaça pública, després que les associacions del barri reclamassin també un casal. Malgrat el compromís municipal i les més de 1.000 signatures recollides en només quatre mesos, denunciava que l'Ajuntament no havia informat de cap avanç i mantenia un “silenci” que deixava en l'aire el futur del solar.

La preocupació va créixer quan a la parcel·la va aparèixer un cartell de Solvia anunciant-ne la venda. L'Assemblea advertia, a més, que el solar, tot i estar reservat en el Pla General per a espais lliures i equipaments, podia quedar exposat a promocions privades arran de la nova legislació urbanística aprovada aleshores pel Parlament. Reclamava així que Cort materialitzàs el compromís anunciat i impedís que Can Pasquet acabàs venut al millor postor, frustrant l'oportunitat de dotar Son Sardina d'una plaça i un casal públics.

Els anuncis de venda localitzats per aquest diari permeten posar xifres al valor que tenia aleshores el terreny al mercat. La parcel·la, anunciada amb una superfície de 1.751 metres quadrats, va arribar a oferir-se per 180.700 euros, a raó de 103 euros per metre quadrat. Un altre portal immobiliari situava el preu de venda en 210.000 euros. Són, en tot cas, preus d'oferta i no permeten determinar l'import pel qual es va tancar finalment la compravenda.

L'interès del solar no resideix únicament en la seva ubicació, sinó també en la seva situació urbanística. Com recorda Marimón, Can Pasquet arrossega des dels anys vuitanta una ordenació que mai no va arribar a executar-se i que ha anat canviant amb les successives revisions del planejament. L'aprovació del Pla General de 2023 i la posterior caiguda del Pla d'Ordenació Detallada han deixat l'àmbit en una situació d'incertesa sobre el seu futur urbanístic. Aquest escenari incorpora, a més, una variable econòmica rellevant: una eventual modificació del planejament que milloràs les condicions urbanístiques de la parcel·la i n'augmentàs l'aprofitament podria incrementar-ne de manera significativa el valor. No hi ha constància, però, que el nou propietari hagi iniciat cap tràmit en aquest sentit ni que aquesta possibilitat estigués darrere de l'adquisició.

L'Ajuntament assegura que lluitarà pel solar

Enmig d'aquesta incertesa, l'Ajuntament assegura que no ha renunciat al projecte. elDiario.es s'ha posat en contacte amb el Consistori, que remet a un comunicat recent en el qual, subratlla, des que l'alcalde va anunciar el seu compromís d'adquirir la parcel·la, l'Administració va iniciar les gestions pertinents amb l'entitat bancària llavors propietària de la mateixa.

El consistori explica que, des de llavors, treballa per trobar una solució i que actualment negocia amb el propietari per assolir un acord de compravenda. Si no fos possible, l'Ajuntament afirma que iniciarà el corresponent procediment d'expropiació. La intenció municipal és mantenir el projecte previst: un nou casal de barri i una biblioteca, una plaça pública i, com a possibilitat addicional, un aparcament que contribueixi a alleujar el dèficit d'estacionament de la zona. Cort assenyala, a més, que el disseny dels futurs equipaments es farà amb la participació de les associacions veïnals i les entitats del barri.

L'Ajuntament està negociant amb el propietari per arribar a un acord de compravenda. Si no fos possible, iniciarà l'expropiació

L'oposició també ha carregat contra la gestió de l'Ajuntament. El secretari general de l'Agrupació Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha reclamat explicacions i responsabilitats polítiques a l'equip de govern per la venda de Can Pasquet a una immobiliària i ha qüestionat que Cort no aconseguís tancar la compra del solar que havia anunciat. Per la seva banda, Més per Palma ha resumit la seva crítica en una frase: “Martínez ho va prometre. El PP ho ha deixat perdre”. El regidor Miquel Àngel Contreras sosté que el batle va generar “una expectativa davant tot Son Sardina” en anunciar una plaça, un casal de barri i un aparcament i considera que ara ha d'explicar per què el consistori no va arribar a adquirir el terreny.

El manifest llegit durant la concentració reclama que l'Ajuntament adquireixi immediatament el solar i posi en marxa el projecte de plaça i casal de barri. L'Assemblea Popular reivindica, a més, que aquests espais siguin de titularitat pública i que el seu disseny tengui en compte els projectes elaborats pels mateixos veïns. El missatge de fons és que Can Pasquet no és vist com un equipament més, sinó com una peça necessària per mantenir la vida comunitària de Son Sardina. Les entitats recorden que la manca d'espais municipals dificulta fins i tot l'organització de les festes i d'altres activitats associatives.

Després de dècades d'espera i d'una promesa municipal que va acabar coincidint amb la venda del solar a un particular, la pregunta que queda entre els veïns és ara quan arribarà, finalment, la solució. Per a l'Assemblea Popular, la resposta no admet més demores: “No és una necessitat ni una promesa: és un dret”.

“Si hicieran un hogar, un parque... Que la gente mayor pueda venir, que pongan pedales para hacer ejercicio, bancos para tomar el fresco...”. A sus 82 años, Joana lleva demasiado tiempo esperando lo mismo que gran parte de los vecinos de Son Sardina: un lugar público donde sentarse, reunirse y hacer vida de pueblo. En esta antigua barriada de Palma hay una plaza que lleva años dibujada sobre el papel, pero que nunca ha llegado a existir sobre el terreno. Allí, entre el núcleo tradicional de casas y el crecimiento residencial de los últimos años, el Ayuntamiento prometió un gran espacio público, un casal de barrio y una biblioteca. Este año, cuando parecía que Cort -como se conoce popularmente al Consistorio- estaba finalmente a punto de comprarlo, el solar ya había cambiado de manos.

Can Pasquet, un solar de casi 2.000 metros cuadrados ubicado en el corazón de Son Sardina, es para los vecinos mucho más que un terreno vacío. Es el espacio que llevan años reclamando para encontrarse, organizar actividades y tener unos equipamientos públicos que ahora están dispersos o funcionan en locales que ni siquiera son municipales.

El 13 de agosto de 2025, el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), acudió a Son Sardina y anunció que Cort había iniciado el proceso para adquirir Can Pasquet. La intención era construir una plaza, un casal y estudiar la posibilidad de incorporar un aparcamiento. El anuncio generó una expectativa evidente entre los vecinos. La promesa, además, no era nueva: Can Pasquet llevaba años apareciendo en los planes y reivindicaciones del barrio, pero la compra nunca había llegado a formalizarse.

La inversión privada se adelanta

Sin embargo, cuando el pasado 19 de febrero Cort aprobó una modificación de gastos que reservaba 237.976 euros para adquirir el solar, la finca pasó, apenas ocho días después, a manos de una promotora inmobiliaria constituida tres años antes, Polnavalón S.L., tal como figura en la documentación registral consultada por este periódico. elDiario.es se ha puesto en contacto con su administrador para conocer los detalles de la operación y el destino que prevé dar al solar, pero éste ha declinado hacer declaraciones.

Frente a la verja de Can Pasquet, Joana habla del problema desde un punto de vista mucho más sencillo que cualquier expediente urbanístico: el actual casal de barri está en una primera planta y hay que subir por escaleras. “¿Cómo podemos subir si muchos ya pasamos de 80 años?”, se pregunta. Al otro lado de la valla está el solar que los vecinos llevan años reclamando como futura plaza pública. En Son Sardina, lamenta Joana, “no hay nada”. Tan solo un pequeño parque para los niños en la entrada del pueblo, pero resulta insuficiente. Y el casal actual tampoco resuelve las necesidades de los mayores.

Su preocupación no es únicamente disponer de un espacio nuevo. Pese a las incomodidades del actual casal, teme perderlo como sucedió con el local de mayores del barrio de Son Cladera, desalojado a principios de julio mientras decenas de personas participaban en un taller de memoria. El futuro del centro comunitario y de la biblioteca está condicionado por el hecho de que funcionan en un inmueble adquirido en 2019 por una sociedad vinculada a un gran fondo internacional estadounidense. El Ayuntamiento reconoce que ambos equipamientos están actualmente en locales arrendados y plantea trasladarlos a Can Pasquet si consigue hacerse con el solar. La Associació de Veïnats ya ha advertido además del mal estado del casal actual, con goteras, humedades y suelo de hormigón.

Este domingo, mientras la tarde caía sobre Son Sardina, Joana y otros vecinos se concentraban frente al terreno convocados por la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga para exigir que el Consistorio luche por la parcela y la ponga a disposición del barrio.

Un barrio de 3.000 vecinos sin espacios públicos

La importancia de Can Pasquet se entiende mejor al recorrer Son Sardina. El núcleo conserva todavía un marcado carácter de pueblo pese a formar parte del municipio de Palma. Su origen se remonta a la época islámica, relacionado con las antiguas redes de agua y molinos de la zona, y durante los siglos XVII y XIX se consolidó como un pequeño núcleo de agricultores, jornaleros y artesanos. La agricultura fue durante siglos la actividad dominante hasta que el crecimiento residencial fue transformando progresivamente el territorio.

Ese carácter de pueblo sigue siendo una de sus principales señas de identidad. Son Sardina está separado físicamente del centro de Palma -casi cinco kilómetros lo separan ambas zonas- y mantiene una estructura urbana de casas bajas, caminos estrechos y antiguas posesiones, rodeada por zonas residenciales y grandes áreas de servicios como Son Castelló, Son Reus o la Universitat. Son Sardina cuenta con más de 3.000 habitantes y mantiene una intensa actividad asociativa y festiva. Pero esa vida comunitaria se desarrolla, más allá del colegio y el centro de salud, sin una red suficiente de espacios públicos municipales.

Una deuda pendiente desde los años ochenta

Lo ilustra, en declaraciones a elDiario.es, Antoni Marimón, vecino del núcleo y catedrático de Historia Contemporánea. Marimón resume el problema en una “falta crónica de equipamientos públicos” a pesar de la fuerte identidad comunitaria del barrio. La ausencia de espacios que sean realmente de titularidad municipal impide que las asociaciones dispongan de lugares donde reunirse, los mayores, de instalaciones accesibles, y los niños y jóvenes, de zonas de encuentro.

El historiador sitúa el origen del problema urbanístico de Can Pasquet a comienzos de los años ochenta. Según explica, el planeamiento de aquella época ya contemplaba que el espacio terminara destinado a equipamientos. El sistema previsto era complejo: la propiedad debía ceder el terreno al Ayuntamiento a cambio de que se permitiera determinada edificación. El mecanismo nunca llegó a ejecutarse. “Esperas y esperas y no se llega a cumplir”, resume el historiador.

La consecuencia ha sido una larga sucesión de propietarios y oportunidades frustradas. Marimón asegura que el solar ha pasado por “cinco o seis manos” desde entonces y que incluso otros gobiernos municipales intentaron abordar su adquisición. El problema, añade, es que el sistema urbanístico previsto no llegó a funcionar. Ahora, por primera vez en años, el Ayuntamiento había dado la impresión de que la operación estaba encarrilada. El PP llegó a incluir en su último programa electoral la construcción de la plaza de Can Pasquet: “Invertiremos en Son Sardina y haremos realidad las peticiones de los vecinos”, prometía la formación.

Mientras tanto, Genís, miembro de la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, introduce otra dimensión: la de los jóvenes que ya no pueden quedarse en la zona. Él mismo ha tenido que marcharse. En conversación con este periódico, cuenta que entre el grupo de unos 30 jóvenes que participa en las fiestas son Sardina apenas quedan unos pocos viviendo allí; muchos se han trasladado a Palma o a otros municipios porque consideran imposible acceder a una vivienda en el núcleo sin disponer de tierras, una casa familiar o una herencia. “Si no tienes preparado un milloncito para gastar, no te puedes quedar”, explica. Vincula esa expulsión de población joven al encarecimiento de la vivienda, la especulación y la turistificación.

Para él, la reivindicación de Can Pasquet forma parte de algo más amplio: qué tipo de pueblo quiere seguir siendo Son Sardina y si podrá conservar una vida comunitaria propia mientras aumenta la presión inmobiliaria.

En agosto de 2025, la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga ya alertaba de la situación del solar de Can Pasquet y del riesgo de que acabara en manos privadas. Los vecinos recordaban que el pleno de Palma había aprobado en mayo de 2024, con el apoyo del PP, instar al equipo de gobierno a adquirir los terrenos para construir una plaza pública después de que las asociaciones del barrio reclamaran también un casal. La entidad denunciaba que, pese al compromiso municipal y a las más de 1.000 firmas recogidas en cuatro meses, el Ayuntamiento no había informado de ningún avance y persistía en un “silencio” que dejaba en el aire el futuro del solar.

La preocupación vecinal aumentó al aparecer en la parcela un cartel de Solvia que anunciaba su disponibilidad. La Assemblea advertía además de que el solar, pese a estar reservado en el Plan General para espacios libres y equipamientos, podía quedar expuesto a promociones privadas si Palma aplicaba la nueva legislación urbanística aprobada entonces por el Parlament. Los vecinos reclamaban así que Cort materializara su compromiso y evitara que Can Pasquet acabara vendido al mejor postor, frustrando la oportunidad de dotar a Son Sardina de una plaza y un casal públicos.

En anuncios localizados por este periódico, la parcela de 1.751 metros cuadrados llegó a ofrecerse por 180.700 euros, a razón de 103 euros por metro cuadrado, mientras que otro portal situaba el precio de venta en 210.000 euros. Apenas ocho días después de que el Ayuntamiento habilitase 237.976 euros para hacer frente a la adquisición, el solar acabó en manos privadas.

El interés del solar no reside únicamente en su ubicación, sino también en su situación urbanística. Como señala Miramón, Can Pasquet arrastra desde los años ochenta una ordenación que nunca llegó a ejecutarse y que ha ido cambiando con las sucesivas revisiones del planeamiento. La aprobación del Plan General de 2023 y la posterior caída del Plan de Ordenación Detallada han añadido incertidumbre sobre el futuro urbanístico del espacio. Esta circunstancia introduce una variable económica relevante: cualquier modificación futura que mejorase las condiciones urbanísticas de la parcela y aumentase su aprovechamiento podría incrementar de forma significativa su valor.

El Ayuntamiento asegura que peleará el solar

En medio de esta incertidumbre, el Ayuntamiento asegura que no ha renunciado al proyecto. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Consistorio, que remite a un comunicado reciente en el que, subraya, desde que el alcalde anunció su compromiso de adquirir la parcela, la Administración inició las gestiones pertinentes con la entidad bancaria entonces propietaria de la misma.

El Consistorio asegura que, desde entonces, trabaja para encontrar una solución y señala que actualmente está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, el Ayuntamiento asegura que iniciará el correspondiente procedimiento de expropiación. La intención municipal es mantener el proyecto: un nuevo casal de barri y una biblioteca, una plaza pública y, como posibilidad adicional, un aparcamiento que contribuya a aliviar el déficit de estacionamiento de la zona. Cort asegura, además, que el diseño de los futuros equipamientos contará con la participación de las asociaciones vecinales y entidades del barrio.

El Ayuntamiento está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, iniciará la expropiación

La oposición también ha cargado contra la gestión del Ayuntamiento. El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha reclamado explicaciones y responsabilidades políticas al equipo de gobierno por la venta de Can Pesquet a una inmobiliaria y ha cuestionado que Cort no lograra cerrar la compra del solar que había anunciado. Por su parte, Més per Palma ha resumido su crítica en una frase: “Martínez lo prometió. El PP lo ha dejado perder”. El regidor Miquel Àngel Contreras sostiene que el alcalde generó “una expectativa ante todo Son Sardina” al anunciar una plaza, un casal de barri y un aparcamiento y ahora debe explicar por qué el Consistorio no llegó a adquirir el terreno.

El manifiesto leído durante la concentración reclama que el Ayuntamiento adquiera inmediatamente el solar y comience el proyecto de plaza y casal. La Assemblea Popular reivindica además que estos espacios sean públicos y tengan en cuenta los proyectos elaborados por los propios vecinos. El mensaje de fondo es que Can Pasquet no se considera una infraestructura más. Las entidades recuerdan que la falta de espacios municipales dificulta incluso organizar las fiestas y las actividades asociativas. Los vecinos, después de décadas de espera y de una promesa que terminó coincidiendo con una venta privada, quieren saber cuándo. Porque, como resumía el manifiesto de la concentración, “no es una necesidad ni una promesa: es un derecho”.

Els treballs d'excavació i exhumació al cementiri municipal de Son Servera (Mallorca) han permès localitzar les restes d'almenys dos homes que haurien estat víctimes de les forces revoltades el 1936. Els investigadors apunten que aquestes dues persones van perdre la vida en algun dels enfrontaments registrats als voltants del municipi durant la Batalla de Mallorca, la gran ofensiva que, entre agost i setembre de 1936, va dur a terme la República amb l'objectiu de recuperar l'illa de mans dels colpistes. L'operació va acabar amb la retirada de les tropes republicanes després de diverses setmanes de combats.

Les bales i les insígnies militars han estat les principals pistes per reconstruir la seva història: juntament amb les restes òssies han aparegut munició d'arma llarga ja disparada, un projectil de set mil·límetres, dues insígnies del cos de Sanitat i altres restes de vestimenta militar, un conjunt que, segons fonts memorialistes consultades per elDiario.es, apuntarien que els dos homes van pertànyer a l'Exèrcit republicà. La Batalla de Mallorca va ser l'última operació amfíbia de la història d'Espanya i en ella van participar totes les armes de l'Exèrcit i les milícies antifeixistes. També va ser la primera que va comptar amb un batalló format íntegrament per dones.

La intervenció arqueològica s'emmarca en el V Pla de Fosses del Govern balear i dona continuïtat als treballs de localització realitzats entre mitjans d'abril i finals de maig. L'objectiu, tal com assenyala l'Executiu en un comunicat difós aquest dilluns, és recuperar i estudiar restes humanes que puguin correspondre a milicians morts durant els combats i avançar, quan sigui possible, en la seva identificació.

Les pistes han aparegut gairebé 90 anys després d'aquells enfrontaments i estan precisament on els investigadors esperaven trobar respostes: a la part més antiga del cementiri. Allà, sota les actuals zones enjardinades i part de les voreres, els arqueòlegs han anat separant enterraments ordinaris d'aquells que presenten senyals que podrien revelar una mort vinculada a la Guerra Civil.

La primera fase de la intervenció, desenvolupada entre mitjans d'abril i finals de maig, va treure a la llum un gran nombre d'enterraments de diferents èpoques. En una de les zones enjardinades situada al costat de l'entrada, per exemple, van aparèixer 40 sepultures individuals perfectament alineades, amb els cossos dipositats en caixes funeràries.

La majoria d'aquestes persones eren d'edat avançada i els enterraments corresponien principalment a dates posteriors a la Guerra Civil, a partir de la dècada de 1940. Per això, els investigadors van descartar que fossin víctimes de la Batalla de Mallorca.

El gir va arribar en estudiar els antics plànols del cementiri conservats a l'Arxiu Municipal de Son Servera. Els documents van permetre comprovar que la terrassa superior, la zona més antiga del recinte, havia estat utilitzada durant la primera meitat del segle XX per realitzar enterraments directament a terra.

L'excavació va permetre documentar almenys 65 inhumacions al sector est, 63 a l'oest i altres 13 a la zona enjardinada central. Entre elles van aparèixer enterraments que trencaven amb el patró habitual. Alguns cossos havien estat col·locats en posicions inusuals i d'altres mancaven de taüt o de qualsevol altre receptacle funerari. Són precisament aquestes anomalies les que han permès als arqueòlegs concentrar la investigació en determinades sepultures.

Una intervenció que obliga a aixecar part del cementiri

Els treballs s'han reprès aquesta setmana i es troben ara en una fase més delicada: l'excavació i exhumació de les restes que poden estar relacionades amb la Guerra Civil. El problema rau en el fet que algunes d'aquestes inhumacions es troben parcialment sota la vorera actual que envolta les zones enjardinades. Per accedir-hi, els arqueòlegs han de desmuntar part del paviment i continuar l'excavació sota la infraestructura construïda posteriorment.

L'objectiu no és únicament recuperar les restes. La investigació pretén estudiar els esquelets i els objectes associats a ells per obtenir tota la informació possible i, si les proves ho permeten, arribar a identificar les persones enterrades.

La intervenció compta amb la participació de l'equip d'Aranzadi i s'integra en el V Pla de Fosses del Govern. La directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, ha visitat aquest dilluns el cementiri juntament amb el tinent de batle de Son Servera, Jaume Servera, i el tècnic d'Aranzadi Cesc Busquets.

La investigació obre ara la possibilitat que les restes recuperades permetin reconstruir part de la història d'uns homes que van morir durant un dels episodis més importants de la Guerra Civil a Mallorca i que van ser enterrats sense que, fins ara, s'hagués pogut establir amb certesa la seva identitat. El propòsit últim de la intervenció és, subratlla el Govern, retornar-los un nom i, quan sigui possible, fer arribar les seves restes a les seves famílies, a més de garantir-los una sepultura digna.

En la Batalla de Mallorca va morir, a més, una de les primeres dones lluitant al front, Amalia Lobato Rosique, tal com documenten els historiadors Manuel Aguilera i Gonzalo Berger en un estudi sobre l'ofensiva republicana. Juntament amb ella, cinc milicianes del bàndol republicà van perdre la vida a mans dels feixistes en la Batalla de Mallorca. Són conegudes com 'les milicianes de Bayo': Teresa Bellera, María García, les germanes Daría i Mercè Buixadé i una cinquena el nom de la qual es desconeix, encara que va ser autora del Diari d’una miliciana, en el qual narrava aquells dies de caos i lluita. Va ser publicat al setmanari Arriba, però mai s'ha trobat el manuscrit original. El relat va servir de base per al documental Milicianas dirigit per Tània Balló i el manacorí Jaume Miró.

El mateix dia que va entrar en combat, el 20 d'agost, va rebre un tret de bala al ventre i va ser traslladada a l'hospital de sang de Ciutadella, on va morir tres dies després, convertint-se en la primera dona caiguda en defensa de la Segona República.

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha rebutjat reconèixer la incapacitat permanent absoluta a un treballador diagnosticat de fibromiàlgia i altres patologies en considerar que les seves limitacions no són permanents, sinó que es produeixen de forma fluctuant. La Sala social considera que, encara que el treballador pateix un quadre crònic, pot desenvolupar tasques administratives i de gestió fora dels períodes de major intensitat dels símptomes.

La resolució, que confirma la sentència dictada en primera instància pel Jutjat social número 1 de Ciutadella de Menorca, analitza el cas d'un empleat de 54 anys la professió habitual del qual és la de responsable d'una agència de viatges, un lloc que comprèn tasques administratives, de gestió i atenció al client. L'afectat reclamava que se li reconegués el grau d'incapacitat permanent absoluta, en considerar que les seves patologies li impedien desenvolupar qualsevol activitat laboral. De forma subsidiària, sol·licitava que se li atorgués la incapacitat permanent total.

El treballador pateix, segons els fets provats, fibromiàlgia, polimiàlgia, poliartràlgies, síndrome d'apnea-hipopnea del son (SAHS) lleu, una mononeuropatia axonal al nervi peroneal dret i un trastorn adaptatiu secundari a pluripatologia, a més d'alteracions a la columna vertebral. La sentència, no obstant això, recull que es tracta d'un quadre de caràcter crònic i d'evolució fluctuant, la qual cosa permetria al treballador realitzar labors administratives, de gestió, cobraments i d'altres de similars, encara que durant els períodes de reagudització pot veure's afectada la seva capacitat laboral i necessitar una baixa per incapacitat temporal.

La Sala considera que, encara que no es discuteix l'existència de les patologies, aquestes “no presenten un caràcter permanent, sinó fluctuant”, de manera que durant els moments de major intensitat el treballador pot acudir a períodes d'incapacitat temporal. Per al TSJ, aquest és “el factor determinant” que va portar el Jutjat a rebutjar la incapacitat permanent.

El treballador va al·legar dolor en els 18 punts

El treballador havia sol·licitat també modificar els fets provats de la sentència de primera instància. Entre altres qüestions, pretenia que s'incorporés al relat judicial que patia una fibromiàlgia amb 18 punts de dolor sobre 18 possibles, així com astènia, síndrome de fatiga crònica, dolors generalitzats, alteracions de memòria i concentració, ansietat, marejos, fatiga i debilitat muscular, entre altres símptomes. Per a això aportava diferents informes mèdics, entre ells documents de la Clínica Quirón i dels serveis de Reumatologia i Medicina Interna de l'Hospital General Mateu Orfila, a més d'un informe mèdic aportat amb la demanda.

En el seu recurs, assenyalava que pateix, entre altres, dolors generalitzats, episodis de tremolors, sudoració nocturna, entumiment generalitzat, mal de cap, marejos posturals, cansament des del matí, fatiga i debilitat muscular generalitzada, així com alteracions de memòria i concentració i episodis d'ansietat amb palpitacions. El curs de la malaltia, al·legava, ha repercutit molt desfavorablement sobre la seva vida laboral i relació.

El tribunal rebutja revisar la valoració de les proves mèdiques

El TSJIB, tanmateix, rebutja incorporar aquestes modificacions. La Sala considera que la petició suposava, en realitat, oferir una valoració alternativa de la prova mèdica, en recolzar-se en determinats informes però ometre'n d'altres que havien estat tinguts en compte per la jutgessa d'instància, especialment l'informe de la metgessa forense. El tribunal recorda a més que un recurs de suplicació no permet simplement tornar a valorar tota la prova com si es tractés d'una apel·lació ordinària. Per modificar els fets provats ha d'existir un error evident i acreditat documentalment, cosa que la Sala no aprecia en aquest cas.

En concret, la sentència de primera instància, que ara confirma el TSJ, havia atorgat especial rellevància a l'informe de la metgessa forense. Segons recull literalment la resolució, aquesta professional va coincidir amb el metge avaluador de l'INSS i va considerar que el quadre patològic no presentava suficient severitat per impedir l'exercici de la professió habitual. La sentència de Ciutadella assenyalava que la metgessa forense no apreciava limitacions per a la concentració i la memòria i considerava que el treballador podia realitzar les tasques pròpies de la seva professió habitual, llevat “en els períodes de reagudització amb afectació de la capacitat laboral que determinin situacions de baixa per incapacitat temporal”.

La jutgessa també va considerar que la durada dels períodes d'incapacitat temporal no permetia deduir per si sola ni la severitat de les patologies ni que els símptomes s'haguessin mantingut de forma contínua, ja que una baixa pot mantenir-se durant l'estudi, diagnòstic i tractament d'una malaltia.

El TSJ recorda que la Llei General de la Seguretat Social defineix la incapacitat permanent a partir de l'existència de reduccions anatòmiques o funcionals greus, objectivables i previsiblement definitives que redueixin o anul·lin la capacitat laboral. La norma estableix diferents graus d'incapacitat, entre ells la permanent total i l'absoluta. En aquest cas, els magistrats consideren que els fets provats no permeten concloure que existeixi una limitació permanent de la capacitat laboral en els termes necessaris per reconèixer la incapacitat absoluta en una sentència contra la qual cap recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

El TSJIB sí que va atorgar l'absoluta a una altra treballadora

El pronunciament del TSJIB contrasta amb una altra sentència dictada pel mateix tribunal tot just un mes abans. A l'abril de 2026, la Sala social va ratificar la incapacitat permanent absoluta d'una agent d'assegurances que patia fibromiàlgia severa, depressió i síndrome de cames inquietes. En aquest cas, el Jutjat social número 1 de Palma ja havia reconegut la incapacitat absoluta a l'octubre de 2024 i l'INSS va recórrer la decisió. El TSJIB va rebutjar el recurs i va confirmar el dret de la treballadora a percebre una pensió vitalícia equivalent al 100% de la seva base reguladora, fixada en 1.097,09 euros, amb les corresponents revaloritzacions.

La diferència entre ambdós casos es troba en les limitacions funcionals que els tribunals consideren acreditades, i no en el diagnòstic de fibromiàlgia per si sol. En la sentència d'abril, el TSJIB va considerar que el quadre de la treballadora feia impossible exercir qualsevol professió amb les exigències mínimes de “continuïtat, dedicació i eficàcia” que requereix una activitat laboral.

El tribunal va tenir a més en compte que un servei de prevenció l'havia declarat no apta per al seu lloc per no reunir les condicions psicofísiques i que posteriorment havia estat acomiadada per ineptitud sobrevinguda. La pròpia Sala va assenyalar que la incapacitat absoluta no pot descartar-se per la mera possibilitat de realitzar determinades tasques de forma esporàdica. La sentència no era ferma i podia ser recorreguda davant el Tribunal Suprem.

Manuel Vargas, president de l’Associació de Calesers de Palma, ha tornat a protagonitzar un nou enfrontament: “Hi haurà violència, home. Hi haurà violència, però violència”, amenaça uns turistes i activistes en un vídeo que ha tornat a incendiar les xarxes socials. En les imatges, Vargas, que en aquell moment es troba damunt d’una galera sense passatgers, discuteix amb diverses persones que estan enregistrant l’escena i les acusa d’haver-hi anat per “buscar problemes”.

“A què veniu? A buscar més problemes? Truco a més gent? Truco als meus amics?”, pregunta el president dels calessers, que arriba a demanar a un dels seus companys que “truqui als seus amics”. Poc després baixa de la galera i es dirigeix cap a les persones amb qui està discutint. “Voleu problemes?”, pregunta. “No”, respon una d’elles. El vídeo mostra com l’enfrontament continua pujant de to, amb acusacions mútues d’haver-se tocat. Vargas dona diversos copets al braç de la persona que està gravant i, posteriorment, colpeja el mòbil.

“Sabràs què som els gitanets, paio”, li etziba. L’altra persona insisteix que és al carrer i que té dret a gravar. “Jo veig que sí, que veniu aquí amb problemes, amb aquesta borratxa, alcohòlica, drogada”, diu Vargas. “Jo puc gravar si vull, eh. És el meu dret”, diu en castellà, per darrere, la persona que està gravant. “A tu què et passa?”, li diu Vargas, dirigint-se a ell. “Em tocaràs a mi?”, li pregunta. “Trucarem a les nostres famílies de Son Banya” i “que portin les dones”, diu aleshores Vargas, que també comença a gravar per “agafar la cara” dels activistes.

Sabràs què som els gitanets. Trucarem a les nostres famílies de Son Banya, comenta el calesser, fent referència als seus familiars, que suposadament viuen en un assentament de barraques

És el segon incident que protagonitza Manuel Vargas, que fa dues setmanes va insultar una turista alemanya –la va anomenar neonazi– i la va ruixar amb aigua després que aquesta li demanés si podia donar a beure a l’equí. Arran d’aquell episodi, l’Ajuntament de Palma va obrir un expedient informatiu per aclarir què havia passat i determinar si correspon adoptar alguna mesura. En aquest nou cas, l’Ajuntament assegura que encara no disposa d’informació sobre el que ha succeït.

Protesta animalista

El nou episodi torna a situar al centre de la polèmica la relació entre els conductors de les galeres i les organitzacions animalistes, en un context de pressió creixent sobre el servei per les condicions dels cavalls, especialment durant els mesos de calor.

Aquest dissabte, Progreso en Verde i Satya Animal es van concentrar davant la Catedral de Palma per reclamar la reconversió de les calesses de cavalls en vehicles elèctrics i exigir una “sanció exemplar” per a Manuel Vargas, inclosa la retirada de la seva llicència per l’incident amb la turista alemanya.

L’associació animalista Satya Animal creu que el nou enfrontament es va produir després de la concentració de dissabte, en què va participar la turista anglesa que protagonitza el vídeo amb Manuel Vargas. L’organització lamenta que es continuïn produint escenes d’intimidació, tot i que també demana que es redueixi el nivell de tensió i de conflicte amb els calesers.

elDiario.es ha intentat contactar amb la turista anglesa a través de les xarxes socials, sense èxit. Per la seva banda, Venancio Vargas, president de l’Associació de Calessers, considera que l’incident es va produir perquè hi ha grups que intenten boicotejar la feina dels calessers per evitar que tinguin clients i afirma que el vídeo és anterior a aquest dissabte. Aporta, a més, un altre vídeo d’aquest dissabte en què apareix una activista queixant-se que no posen aigua als cavalls i que són “uns maltractadors”.

“Això s’està tornant molt perillós”

Progreso en Verde i Satya Animal van anunciar que les protestes es prolongarien durant tot el mes de setembre amb l’objectiu de reclamar a l’Ajuntament de Palma que estableixi un calendari “clar” per posar fi a aquest servei. “Vergonya de ciutat, explotació animal” i “Palma no vol calesses de cavalls” són algunes de les consignes que han pogut sentir-se per part dels manifestants, que també duien cartells per reivindicar que els animals “no són un mitjà de transport ni una atracció turística”. Satya Animal va exigir, a més, garantir el futur dels cavalls.

“Això s’està tornant molt perillós”, lamenta Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde, preguntat per un enfrontament sobre el qual no té informació. Sobre l’anterior, va afirmar que temia que l’Ajuntament qualifiqués l’actitud de Vargas com una infracció lleu, cosa que suposaria una sanció d’entre 300 i 600 euros. A parer seu, el seu comportament va ser “molt greu” i fins i tot s’hauria d’estudiar la retirada definitiva de la llicència.

Kike Gimeno, portaveu de Satya Animal, va coincidir que la condició de Vargas com a president de l’Associació de Calessers agreujava el que havia passat. “Si una persona es mostra així de violenta amb altres persones que simplement li demanen educadament que doni aigua al seu cavall, com deu tractar els animals? No ens volem imaginar com tractarà els seus propis cavalls”, va sostenir.

L’episodi va servir així per tornar a posar en primer pla una qüestió que transcendeix l’enfrontament concret entre Vargas i els turistes: les condicions en què treballen els cavalls de les galeres de Palma. Les altes temperatures d’aquest estiu, les denúncies sobre l’estat d’alguns animals i l’aplicació de les restriccions durant els episodis de calor han alimentat una tensió que, segons els animalistes, es repeteix pràcticament cada dia.

Els equins, a més, passaran la seva revisió veterinària anual els dies 14, 15, 16 i 17 de setembre, quan la temporada turística ja arriba al final. L’any passat les inspeccions es van fer abans, de manera que aquest any els cavalls no han estat revisats pels veterinaris durant els mesos més durs de l’estiu.

Gimeno critica especialment que s’hagi eliminat la suspensió del servei amb alerta groga. “Han eliminat la suspensió del servei amb alerta groga, tenint en compte que ha estat un any terrible de calor en què hem viscut permanentment sota aquesta alerta i els animals han estat treballant sense que ningú es preocupés per ells ni apliqués les limitacions que tenien”, afirma.

Des de Progreso en Verde consideren que aquest context explica també l’augment dels enfrontaments entre ciutadans i calessers. Amengual assegura que cada vegada són més habituals les recriminacions de turistes i residents quan observen cavalls que, segons la seva valoració, presenten signes de cansament o treballen en condicions inadequades. “Sempre hi ha algú que els diu: escolta, això no pot ser, fa calor, el cavall no està bé”, explica.

El mateix dirigent animalista reconeix que una situació així, repetida durant tota la temporada, pot acabar generant tensió. “Arriba un moment que potser pots perdre els papers”, admet. Però insisteix que aquesta pressió no justifica les reaccions que s’han produït.

En paral·lel, el conflicte ha anat modificant la posició del mateix sector respecte del futur de les calesses. Durant anys, els calessers es van oposar a la substitució dels cavalls per vehicles elèctrics. Ara, però, el canvi de model sembla possible, encara que no es produeixi de cop.

Maig de 2027: primeres calesses elèctriques?

L’Ajuntament de Palma va fer al maig un primer pas administratiu per iniciar la substitució progressiva de les calesses actuals. La modificació del Pla Normatiu Municipal de 2026 permetrà reformar el reglament del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal amb conductor. El consistori va vincular aleshores la decisió a un acord assolit al març amb el sector i va assegurar que prop del 90% de les vint-i-vuit llicències vigents donaven suport a la transformació.

Els mateixos calessers admeten ara que el canvi és necessari. Venancio Vargas assegura que l’associació té “gairebé acabat” un prototip de vehicle elèctric i que està previst visitar-ne un a València el mes vinent o traslladar-lo a Mallorca perquè pugui ser vist. Les reunions amb l’Ajuntament, explica, han quedat temporalment ajornades arran de l’incident protagonitzat per Manuel Vargas amb la turista alemanya.

La principal dificultat, sosté el sector, és econòmica. Els titulars de les llicències afirmen que no poden afrontar de cop el cost de substituir els seus vehicles, per la qual cosa plantegen una transició progressiva. “Potser en canviarem deu o quinze el primer any i després s’aniran canviant gradualment”, assenyala Vargas. El ritme dependrà, afegeix, de les temporades i de la possibilitat d’obtenir ajudes públiques. “Si aconseguim que algú ens doni suport econòmic d’una manera o altra, el canvi es farà molt abans i molt més ràpid”, reconeix.

Els animalistes, però, volen que el procés vagi més enllà. Reclamen que la modificació normativa elimini definitivament la possibilitat d’utilitzar animals per al servei i que no es limiti a establir una substitució progressiva. “El compromís de l’Ajuntament hauria de fer un pas més. Ja que s’entra en el procés de canvi a elèctriques, s’hauria d’extingir definitivament la possibilitat que hi hagi calesses amb animals”, sosté Gimeno.

L’administració preveu que les primeres calesses elèctriques puguin circular per Palma el maig de 2027. Una data que els animalistes consideren massa llunyana i que Amengual veu, a més, amb escepticisme. El president de Progreso en Verde assenyala que l’arribada dels nous vehicles coincidiria amb les eleccions locals i autonòmiques i considera que el calendari pot estar condicionat per aquest escenari.

El model d’Alcúdia com a objectiu

Els animalistes posen com a referència el model d’Alcúdia, on les calesses elèctriques ja funcionen. També Sant Llorenç des Cardassar ha optat per vehicles d’aquest tipus per al servei a Sa Coma i s’Illot. A parer d’Amengual, Palma podria avançar amb més rapidesa si adapta la seva normativa prenent aquests models com a referència.

La transició, en qualsevol cas, no està tancada. El sector defensa que ha de ser progressiva i amb suport econòmic, mentre que les organitzacions animalistes reclamen que l’Ajuntament acceleri els tràmits i garanteixi que la substitució es faci tan aviat com sigui possible. Al mig queden unes llicències “vitalícies i hereditàries” que els calessers consideren el seu mitjà de vida i uns animals les males condicions dels quals han tornat a convertir-se en el principal argument de qui reclama el canvi.

La concentració d’aquest dissabte ha tornat a demostrar que el conflicte continua lluny de resoldre’s. Progreso en Verde i Satya Animal preparen noves mobilitzacions i denúncies. A l’octubre preveuen celebrar una altra manifestació, que esperen que sigui “molt important”. També mantenen oberta la via de la Fiscalia i la recollida de signatures. Mentrestant, l’Ajuntament haurà de resoldre l’expedient obert a Manuel Vargas i determinar què va passar en el primer enfrontament amb la turista alemanya. El nou vídeo afegeix ara un altre episodi a una relació cada vegada més tensa entre els qui volen acabar amb les galeres de cavalls i els qui han convertit aquesta indústria en el seu mitjà de vida.

Los trabajos de excavación y exhumación en el cementerio municipal de Son Servera (Mallorca) han permitido localizar los restos de al menos dos hombres que habrían sido víctimas de las fuerzas sublevadas en 1936. Los investigadores apuntan a que estas dos personas perdieron la vida en alguno de los enfrentamientos registrados en los alrededores del municipio durante la Batalla de Mallorca, la gran ofensiva que, entre agosto y septiembre de 1936, llevó a cabo la República con el objetivo de recuperar la isla de manos de los golpistas. La operación terminó con la retirada de las tropas republicanas tras varias semanas de combates.

Las balas y las insignias militares han sido las principales pistas para reconstruir su historia: junto a los restos óseos han aparecido munición de arma larga ya disparada, un proyectil de siete milímetros, dos insignias del cuerpo de Sanidad y otros restos de vestimenta militar, un conjunto que, según fuentes memorialistas consultadas por elDiario.es, apuntaría a que los dos hombres pertenecieron al Ejército republicano. La Batalla de Mallorca fue la última operación anfibia de la historia de España y en ella participaron todas las armas del Ejército y las milicias antifascistas. También fue la primera que contó con un batallón formado íntegramente por mujeres.

La intervención arqueológica se enmarca en el V Plan de Fosas del Govern balear y da continuidad a los trabajos de localización realizados entre mediados de abril y finales de mayo. El objetivo, tal como señala el Ejecutivo en un comunicado difundido este lunes, es recuperar y estudiar restos humanos que puedan corresponder a milicianos fallecidos durante los combates y avanzar, cuando sea posible, en su identificación.

Las pistas han aparecido casi 90 años después de aquellos enfrentamientos y están precisamente donde los investigadores esperaban encontrar respuestas: en la parte más antigua del cementerio. Allí, bajo las actuales zonas ajardinadas y parte de las aceras, los arqueólogos han ido separando enterramientos ordinarios de aquellos que presentan señales que podrían revelar una muerte vinculada a la Guerra Civil.

La primera fase de la intervención, desarrollada entre mediados de abril y finales de mayo, sacó a la luz un gran número de enterramientos de diferentes épocas. En una de las zonas ajardinadas situada junto a la entrada, por ejemplo, aparecieron 40 sepulturas individuales perfectamente alineadas, con los cuerpos depositados en cajas funerarias.

La mayoría de estas personas eran de edad avanzada y los enterramientos correspondían principalmente a fechas posteriores a la Guerra Civil, a partir de la década de 1940. Por ello, los investigadores descartaron que fueran víctimas de la Batalla de Mallorca.

El giro llegó al estudiar los antiguos planos del cementerio conservados en el Archivo Municipal de Son Servera. Los documentos permitieron comprobar que la terraza superior, la zona más antigua del recinto, había sido utilizada durante la primera mitad del siglo XX para realizar enterramientos directamente en tierra.

La excavación permitió documentar al menos 65 inhumaciones en el sector este, 63 en el oeste y otras 13 en la zona ajardinada central. Entre ellas aparecieron enterramientos que rompían con el patrón habitual. Algunos cuerpos habían sido colocados en posiciones inusuales y otros carecían de ataúd o de cualquier otro receptáculo funerario. Son precisamente estas anomalías las que han permitido a los arqueólogos concentrar la investigación en determinadas sepulturas.

Una intervención que obliga a levantar parte del cementerio

Los trabajos se han retomado esta semana y se encuentran ahora en una fase más delicada: la excavación y exhumación de los restos que pueden estar relacionados con la Guerra Civil. El problema radica en que algunas de estas inhumaciones se encuentran parcialmente bajo la acera actual que rodea las zonas ajardinadas. Para acceder a ellas, los arqueólogos tienen que desmontar parte del pavimento y continuar la excavación bajo la infraestructura construida posteriormente.

El objetivo no es únicamente recuperar los restos. La investigación pretende estudiar los esqueletos y los objetos asociados a ellos para obtener toda la información posible y, si las pruebas lo permiten, llegar a identificar a las personas enterradas.

La intervención cuenta con la participación del equipo de Aranzadi y se integra en el V Plan de Fosas del Govern balear. La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Xesca Ramis, ha visitado este lunes el cementerio junto al teniente de alcalde de Son Servera, Jaume Servera, y el técnico de Aranzadi Cesc Busquets.

La investigación abre ahora la posibilidad de que los restos recuperados permitan reconstruir parte de la historia de unos hombres que murieron durante uno de los episodios más importantes de la Guerra Civil en Mallorca y que fueron enterrados sin que, hasta ahora, se hubiera podido establecer con certeza su identidad. El propósito último de la intervención es, subraya el Govern, devolverles un nombre y, cuando sea posible, hacer llegar sus restos a sus familias, además de garantizarles una sepultura digna.

En la Batalla de Mallorca falleció, además, una de las primeras mujeres luchando en el frente, Amalia Lobato Rosique, tal como documentan los historiadores Manuel Aguilera y Gonzalo Berger en un estudio sobre la ofensiva republicana. Junto a ella, cinco milicianas del bando republicano perdieron la vida de manos de los fascistas en la Batalla de Mallorca. Son conocidas como 'las milicianas de Bayo': Teresa Bellera, María García, las hermanas Daría y Mercè Buixadé y una quinta cuyo nombre se desconoce, aunque fue autora del Diari d’una miliciana, en el que narraba aquellos días de caos y lucha. Fue publicado en el semanario Arriba, pero nunca se ha encontrado el manuscrito original. El relato sirvió de base para el documental Milicianas dirigido por Tània Balló y el manacorí Jaume Miró.

El mismo día que entró en combate, el 20 de agosto, recibió un disparo de bala en el vientre y fue trasladada al hospital de sangre de Ciutadella, donde murió tres días después, convirtiéndose en la primera mujer caída en defensa de la Segunda República.

Manuel Vargas, presidente de la Asociación de Caleseros de Palma, ha vuelto a protagonizar un nuevo enfrentamiento con una turista. “Vamos a tener violencia, hombre. Vais a tener violencia, pero violencia”, comenta a unos activistas en un vídeo que ha vuelto a incendiar las redes sociales. En las imágenes, Vargas, que en ese momento se encuentra subido a una galera sin pasajeros, discute con varias personas que están grabando la escena y les acusa de acudir para “buscar problemas”.

“¿A qué venís? ¿A más [buscar] problemas? ¿Llamo a más gente? ¿Llamo a mis amigos?”, pregunta el presidente de los caleseros, que llega a pedir a uno de sus compañeros que “llame a sus amigos”. Poco después se baja de la galera y se dirige hacia las personas con las que está discutiendo. “¿Queréis problemas?”, pregunta. “No”, responde uno de ellos. El vídeo muestra cómo el enfrentamiento continúa subiendo de tono, con acusaciones mutuas de haberse tocado. Vargas da varias palmadas en el brazo a la persona que está grabando y, posteriormente, golpea el móvil.

“Vas a saber lo que somos los gitanitos, tío”, le espeta. La otra persona insiste en que está en la calle y que tiene derecho a grabar. “Yo veo que sí, que venís aquí con problemas, con esta borracha, alcohólica, drogada”, dice Vargas. “Yo puedo grabar si quiero, eh. Es mi derecho”, dice en castellano, por detrás, la persona que está grabando. “¿A ti qué te pasa?”, le dice Vargas, dirigiéndose a él. “¿Me vas a tocar a mí?”, le pregunta. “Vamos a llamar a nuestras familias de Son Banya” y “que se traigan a las mujeres”, dice entonces Vargas, quien también empieza a grabar para “coger la cara” de los activistas.

Vas a saber lo que somos los gitanitos. Vamos a llamar a nuestras familias de Son Banya', comenta el calesero, haciendo referencia a sus familiares, que supuestamente viven en un poblado chabolista

Es el segundo incidente que protagoniza Manuel Vargas, que hace dos semanas insultó a una turista alemana –la llamó neonazi– y la roció de agua después de que ésta le pidiera si podía dar de beber al equino. A raíz de aquel episodio, el Ayuntamiento de Palma abrió un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido y determinar si corresponde adoptar alguna medida. En este nuevo caso, el Consistorio asegura que todavía no dispone de información sobre lo sucedido.

Protesta animalista

El nuevo episodio vuelve a situar en el centro de la polémica la relación entre los conductores de las galeras y las organizaciones animalistas, en un contexto de creciente presión sobre el servicio por las condiciones de los caballos, especialmente durante los meses de calor.

Este sábado, Progreso en Verde y Satya Animal se concentraron frente a la Catedral de Palma para reclamar la reconversión de las calesas de caballos en vehículos eléctricos y exigir una “sanción ejemplar” para Manuel Vargas, incluida la retirada de su licencia por el incidente con la turista alemana.

La asociación animalista Satya Animal cree que el nuevo enfrentamiento se produjo después de la concentración del sábado, en la que estuvo la turista inglesa que protagoniza el vídeo con Manuel Vargas. La organización lamenta que continúen produciéndose escenas de intimidación, aunque también piden reducir el nivel de tensión y conflicto con los caleseros.

elDiario.es ha intentado contactar con la turista inglesa a través de redes sociales, sin éxito. Por su parte, Venancio Vargas, presidente de la Asociación de Caleseros, considera que el incidente se produjo porque hay grupos que intentan boicotear el trabajo de los caleseros para evitar que tengan clientes y afirma que el vídeo es anterior a este sábado. Aporta, además, otro vídeo de este sábado en el que aparece una activista quejándose de que no les ponen agua a los caballos y que son “unos maltratadores”.

“Esto se está poniendo muy peligroso”

Progreso en Verde y Satya Animal anunciaron que las protestas se iban a prolongar durante todo el mes de septiembre con el fin de reclamar al Ayuntamiento de Palma que establezca un calendario “claro” para poner fin a este servicio. “Vergüenza de ciudad, explotación animal” y “Palma no quiere calesas de caballos” son algunas de las consignas que se han podido escuchar por parte de los manifestantes, que también llevaban carteles para reivindicar que los animales “no son un medio de transporte ni una atracción turística”. Satya Animal exigió, además, garantizar el futuro de los caballos.

“Esto se está poniendo muy peligroso”, lamenta Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde, preguntado por un enfrentamiento sobre el cual no tiene información. Sobre el anterior, afirmó que temía que el Ayuntamiento califique la actitud de Vargas como una infracción leve, lo que supondría una sanción de entre 300 y 600 euros. A su juicio, su comportamiento fue “muy grave” y debería estudiarse incluso la retirada definitiva de la licencia.

Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, coincidió en que la condición de Vargas como presidente de la Asociación de Caleseros agravaba lo ocurrido. “Si una persona se muestra así de violenta con otras personas que simplemente le piden de forma educada que dé agua a su caballo, ¿cómo debe tratar a los animales? No nos queremos imaginar cómo tratará a sus propios caballos”, sostuvo.

El episodio sirvió así para volver a colocar en primer plano una cuestión que trasciende el enfrentamiento concreto entre Vargas y los turistas: las condiciones en las que trabajan los caballos de las galeras de Palma. Las altas temperaturas de este verano, las denuncias sobre el estado de algunos animales y la aplicación de las restricciones durante los episodios de calor han alimentado una tensión que, según los animalistas, se repite prácticamente a diario.

Los equinos, además, pasarán su revisión veterinaria anual los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre, cuando la temporada turística está ya llegando a su final. El año pasado las inspecciones se realizaron antes, de manera que este año los caballos no han sido revisados por los veterinarios durante los meses más duros del verano.

Gimeno critica especialmente que se haya eliminado la suspensión del servicio con alerta amarilla. “Han quitado la suspensión del servicio con alerta amarilla, contando con que ha sido un año tremendo de calor donde hemos vivido de forma permanente bajo esa alerta y los animales han estado trabajando sin que nadie se preocupe por ellos ni aplique las limitaciones que tenían”, afirma.

Desde Progreso en Verde consideran que este contexto explica también el aumento de los enfrentamientos entre ciudadanos y caleseros. Amengual asegura que cada vez son más habituales las recriminaciones de turistas y residentes cuando observan caballos que, según su valoración, presentan signos de cansancio o trabajan en condiciones inadecuadas. “Siempre hay alguien que les dice: oye, esto no puede ser, hace calor, el caballo no está bien”, explica.

El propio dirigente animalista reconoce que una situación así, repetida durante toda la temporada, puede acabar generando tensión. “Llega un momento que quizá puedas perder los papeles”, admite. Pero insiste en que esa presión no justifica las reacciones que se han producido.

En paralelo, el conflicto ha ido modificando la posición del propio sector respecto al futuro de las calesas. Durante años, los caleseros se opusieron a la sustitución de los caballos por vehículos eléctricos. Ahora, sin embargo, el cambio de modelo parece posible, aunque no se vaya a producir de golpe.

Mayo de 2027: ¿primeras calesas eléctricas?

El Ayuntamiento de Palma dio en mayo un primer paso administrativo para iniciar la sustitución progresiva de las actuales calesas. La modificación del Plan Normativo Municipal de 2026 permitirá reformar el reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal con conductor. El Consistorio vinculó entonces la decisión a un acuerdo alcanzado en marzo con el sector y aseguró que cerca del 90% de las 28 licencias vigentes respaldaban la transformación.

Los propios caleseros admiten ahora que el cambio es necesario. Venancio Vargas asegura que la asociación tiene “casi terminado” un prototipo de vehículo eléctrico y que está previsto visitar uno en Valencia el próximo mes o trasladarlo a Mallorca para que pueda ser visto. Las reuniones con el Ayuntamiento, explica, han quedado temporalmente pospuestas a raíz del incidente protagonizado por Manuel Vargas con la turista alemana.

La principal dificultad, sostiene el sector, es económica. Los titulares de las licencias afirman que no pueden afrontar de golpe el coste de sustituir sus vehículos, por lo que plantean una transición progresiva. “A lo mejor cambiaremos 10 o 15 el primer año y después se irá cambiando paulatinamente”, señala Vargas. El ritmo dependerá, añade, de las temporadas y de la posibilidad de obtener ayudas públicas. “Si conseguimos que alguien nos apoye económicamente de una forma u otra, el cambio se hará mucho antes y mucho más rápido”, reconoce.

Los animalistas, sin embargo, quieren que el proceso vaya más allá. Reclaman que la modificación normativa elimine definitivamente la posibilidad de utilizar animales para el servicio y que no se limite a establecer una sustitución progresiva. “El compromiso del Ayuntamiento debería dar un paso más. Ya que se entra en el proceso de cambio a eléctricas, se debería extinguir definitivamente la posibilidad de que haya calesas con animales”, sostiene Gimeno.

La administración prevé que las primeras calesas eléctricas puedan circular por Palma en mayo de 2027. Una fecha que los animalistas consideran demasiado lejana y que Amengual ve además con escepticismo. El presidente de Progreso en Verde apunta que la llegada de los nuevos vehículos coincidiría con las elecciones locales y autonómicas y considera que el calendario puede estar condicionado por ese escenario.

El modelo de Alcúdia como objetivo

Los animalistas ponen como referencia el modelo de Alcúdia, donde las calesas eléctricas ya funcionan. También Sant Llorenç des Cardassar ha optado por vehículos de este tipo para el servicio en Sa Coma y S'Illot. A juicio de Amengual, Palma podría avanzar con mayor rapidez si adapta su normativa tomando esos modelos como referencia.

La transición, en cualquier caso, no está cerrada. El sector defiende que debe ser progresiva y con apoyo económico, mientras que las organizaciones animalistas reclaman que el Ayuntamiento acelere los trámites y garantice que la sustitución se haga cuanto antes. En medio quedan unas licencias “vitalicias y hereditarias” que los caleseros consideran su medio de vida y unos animales cuyas malas condiciones han vuelto a convertirse en el principal argumento de quienes reclaman el cambio.

La concentración de este sábado ha vuelto a demostrar que el conflicto sigue lejos de resolverse. Progreso en Verde y Satya Animal preparan nuevas movilizaciones y denuncias. En octubre prevén celebrar otra manifestación, que esperan que sea “muy importante”. También mantienen abierta la vía de la Fiscalía y la recogida de firmas. Mientras tanto, el Ayuntamiento deberá resolver el expediente abierto a Manuel Vargas y determinar qué ocurrió en el primer enfrentamiento con la turista alemana. El nuevo vídeo añade ahora otro episodio a una relación cada vez más tensa entre quienes quieren acabar con las galeras de caballos y quienes han convertido esta industria en su medio de vida.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha rechazado reconocer la incapacidad permanente absoluta a un trabajador diagnosticado de fibromialgia y otras patologías al considerar que sus limitaciones no son permanentes, sino que se producen de forma fluctuante. La Sala de lo Social considera que, aunque el trabajador sufre un cuadro crónico, puede desarrollar tareas administrativas y de gestión fuera de los periodos de mayor intensidad de los síntomas.

La resolución, que confirma la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciutadella de Menorca, analiza el caso de un empleado de 54 años cuya profesión habitual es la de responsable de una agencia de viajes, un puesto que comprende tareas administrativas, de gestión y atención al cliente. El afectado reclamaba que se le reconociera el grado de incapacidad permanente absoluta, al considerar que sus patologías le impedían desarrollar cualquier actividad laboral. De forma subsidiaria, solicitaba que se le otorgara la incapacidad permanente total.

El trabajador padece, según los hechos probados, fibromialgia, polimialgia, poliartralgias, síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) leve, una mononeuropatía axonal en el nervio peroneal derecho y un trastorno adaptativo secundario a pluripatología, además de alteraciones en la columna vertebral. La sentencia, sin embargo, recoge que se trata de un cuadro de carácter crónico y de evolución fluctuante, lo que permitiría al trabajador realizar labores administrativas, de gestión, cobros y otras similares, aunque durante los periodos de reagudización puede verse afectada su capacidad laboral y necesitar una baja por incapacidad temporal.

La Sala considera que, aunque no se discute la existencia de las patologías, estas “no presentan un carácter permanente, sino fluctuante”, de modo que durante los momentos de mayor intensidad el trabajador puede acudir a periodos de incapacidad temporal. Para el TSJ, este es “el factor determinante” que llevó al Juzgado a rechazar la incapacidad permanente.

El trabajador alegó dolor en los 18 puntos

El trabajador había solicitado también modificar los hechos probados de la sentencia de primera instancia. Entre otras cuestiones, pretendía que se incorporase al relato judicial que padecía una fibromialgia con 18 puntos de dolor sobre 18 posibles, así como astenia, síndrome de fatiga crónica, dolores generalizados, alteraciones de memoria y concentración, ansiedad, mareos, fatiga y debilidad muscular, entre otros síntomas. Para ello aportaba distintos informes médicos, entre ellos documentos de la Clínica Quirón y de los servicios de Reumatología y Medicina Interna del Hospital General Mateu Orfila, además de un informe médico aportado con la demanda.

En su recurso, señalaba que padece, entre otros, dolores generalizados, ardores en manos y pies, episodios de temblores, sudoración nocturna, entumecimiento generalizado, dolor de cabeza, mareos posturales, cansancio desde la mañana, fatiga y debilidad muscular generalizada, así como alteraciones de memoria y concentración y episodios de ansiedad con palpitaciones. El curso de la enfermedad, alegaba, ha repercutido muy desfavorablemente sobre su vida laboral y relación.

El tribunal rechaza revisar la valoración de las pruebas médicas

El TSJIB, sin embargo, rechaza incorporar esas modificaciones. La Sala considera que la petición suponía, en realidad, ofrecer una valoración alternativa de la prueba médica, al apoyarse en determinados informes pero omitir otros que habían sido tenidos en cuenta por la juzgadora de instancia, especialmente el informe de la médico forense. El tribunal recuerda además que un recurso de suplicación no permite simplemente volver a valorar toda la prueba como si se tratara de una apelación ordinaria. Para modificar los hechos probados debe existir un error evidente y acreditado documentalmente, algo que la Sala no aprecia en este caso.

En concreto, la sentencia de primera instancia, que ahora confirma el TSJ, había otorgado especial relevancia al informe de la médico forense. Según recoge literalmente la resolución, esta profesional coincidió con el médico evaluador del INSS y consideró que el cuadro patológico no presentaba suficiente severidad para impedir el desempeño de la profesión habitual. La sentencia de Ciutadella señalaba que la médico forense no apreciaba limitaciones para la concentración y la memoria y consideraba que el trabajador podía realizar las tareas propias de su profesión habitual, salvo “en los períodos de reagudización con afectación de la capacidad laboral que determinen situaciones de baja por incapacidad temporal”.

La jueza también consideró que la duración de los periodos de incapacidad temporal no permitía deducir por sí sola ni la severidad de las patologías ni que los síntomas se hubieran mantenido de forma continua, puesto que una baja puede mantenerse durante el estudio, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad.

El TSJ recuerda que la Ley General de la Seguridad Social define la incapacidad permanente a partir de la existencia de reducciones anatómicas o funcionales graves, objetivables y previsiblemente definitivas que reduzcan o anulen la capacidad laboral. La norma establece distintos grados de incapacidad, entre ellos la permanente total y la absoluta. En este caso, los magistrados consideran que los hechos probados no permiten concluir que exista una limitación permanente de la capacidad laboral en los términos necesarios para reconocer la incapacidad absoluta en una sentencia contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El TSJIB sí otorgó la absoluta a otra trabajadora

El pronunciamiento del TSJIB contrasta con otra sentencia dictada por el mismo tribunal apenas un mes antes. En abril de 2026, la Sala de lo Social ratificó la incapacidad permanente absoluta de una agente de seguros que padecía fibromialgia severa, depresión y síndrome de piernas inquietas. En ese caso, el Juzgado de lo Social número 1 de Palma ya había reconocido la incapacidad absoluta en octubre de 2024 y el INSS recurrió la decisión. El TSJIB rechazó el recurso y confirmó el derecho de la trabajadora a percibir una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora, fijada en 1.097,09 euros, con las correspondientes revalorizaciones.

La diferencia entre ambos casos se encuentra en las limitaciones funcionales que los tribunales consideran acreditadas, y no en el diagnóstico de fibromialgia por sí solo. En la sentencia de abril, el TSJIB consideró que el cuadro de la trabajadora hacía imposible desempeñar cualquier profesión con las exigencias mínimas de “continuidad, dedicación y eficacia” que requiere una actividad laboral.

El tribunal tuvo además en cuenta que un servicio de prevención la había declarado no apta para su puesto por no reunir las condiciones psicofísicas y que posteriormente había sido despedida por ineptitud sobrevenida. La propia Sala señaló que la incapacidad absoluta no puede descartarse por la mera posibilidad de realizar determinadas tareas de forma esporádica. La sentencia no era firme y podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El preu de l'habitatge ha pujat de mitjana un 13,7% en el segon trimestre de 2026 a les Balears, la vuitena pujada més elevada del país, segons l'Índex de Preus de l'Habitatge (IPH) publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons l'IPH, el preu de l'habitatge lliure va pujar a Espanya un 12,2% en el segon trimestre de l'any en relació amb el mateix període de 2025, la taxa més baixa des del primer trimestre de l'any passat, quan també va augmentar un 12,2%.

El 2025, a l'arxipèlag balear, la pujada del preu va ser del 13,4% en l'habitatge nou i de l'11,8% en els immobles de segona mà.

A tot l'Estat, amb la pujada del segon trimestre, el preu de l'habitatge lliure acumula 49 trimestres consecutius d'alces interanuals, és a dir, fa una mica més de 12 anys que puja de manera ininterrompuda.

Segons l'INE, el preu de l'habitatge nou va pujar un 7,4% interanual en el segon trimestre, 1,7 punts menys que en el trimestre anterior i la taxa més moderada des del primer trimestre de 2023, mentre que el preu de l'habitatge usat es va incrementar un 12,9%, sis dècimes menys que en el trimestre previ i el seu menor avanç en un any.

Totes les comunitats autònomes i les dues ciutats autònomes van presentar en el segon trimestre taxes interanuals positives en el preu de l'habitatge lliure i, a més, totes van ser de dos dígits excepte en el cas de Navarra, on l'augment va ser del 9,5%.

Les majors pujades de preus es van produir a la ciutat autònoma de Ceuta (+15,2%), Astúries (+15%), Castella i Lleó (+14,8%) i Aragó (+14,6%).

Per la seva banda, els increments més moderats en el preu de l'habitatge lliure es van registrar a Navarra (+9,5%), el País Basc (+10%), Catalunya (+10,1%) i les Canàries (+11%).

En taxa trimestral (segon trimestre sobre primer trimestre), el preu de l'habitatge lliure va pujar un 3,4%, una dècima menys que en el trimestre anterior.

El precio de la vivienda ha subido de media un 13,7% en el segundo trimestre de 2026 en Balears, la octava mayor subida del país, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el IPV, el precio de la vivienda libre subió en España un 12,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

En 2025, en el archipiélago balear la subida en el precio fue del 13,4% en vivienda nueva y del 11,8 en los inmuebles de segunda mano.

En todo el país, con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Las mayores subidas de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (+15,2%), Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%).

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Catalunya (+10,1%) y Canarias (+11%).

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre subió un 3,4%, una décima menos que en el trimestre previo.

La temporada alta a Eivissa deixa imatges com aquesta a la zona turística d’oci de Platja d’en Bossa: l’escuma que creen grups de motos d’aigua molt a prop de la costa, on els banyistes observen les altes velocitats que assoleixen en un litoral cada vegada més saturat. Entre les activitats nàutiques que es desenvolupen a la platja, envoltada d’hotels i negocis turístics, n’hi ha de legals i d’altres que no ho són, fet que ha desfermat la polèmica aquest estiu.

Els negocis dedicats al lloguer de motos d’aigua i altres activitats recreatives d’aquesta zona del terme municipal de Sant Josep, entregada al turisme —on es troben les famoses discoteques Ushuaïa i Hï—, han advertit de la creixent saturació i de la manca de control sobre aquests operadors, fet que els fa témer un increment de la falta de seguretat marítima. Els propietaris d’aquestes empreses s’han adreçat a l’administració local per denunciar l’intrusisme en el sector per part de companyies que, tot i ser legals, no disposen de llicència per llogar aquest tipus de vehicles aquàtics.

Una d’aquestes operadores és SUN Supermercado Náutico, que ofereix a peu de platja excursions amb paddle surf o banana boat —per a les quals sí que té permís—, però també motos que amarra a boies properes a la vorera. Quan els periodistes s’hi acosten, un treballador s’apropa amb pressa per advertir que no es poden fotografiar els clients que utilitzen les motos, que generen trànsit massa a prop de l’espai delimitat per al bany. “Hem expressat la nostra preocupació a diversos agents —de la Guàrdia Civil— per les motos d’aigua que operen dins els nostres circuits autoritzats i que es lloguen en llocs que consideram il·legals”, explica un dels propietaris d’aquests negocis a elDiario.es, que assegura que ells sí que estan sotmesos periòdicament a inspeccions.

A més d’adreçar-se a l’Ajuntament per informar de la situació, s’han posat en contacte amb la Patrulla Fiscal i de Fronteres (Pafif) de la Guàrdia Civil i amb la Policia Local de Sant Josep. Tot i que l’institut armat explica que de moment no hi ha registrada cap denúncia per aquestes activitats, sí que en té constància. Per la seva banda, la companyia acusada de les irregularitats, amb la qual aquest diari s’ha posat en contacte per correu electrònic, no ha respost en el moment de publicar aquest reportatge.

El propietari d’aquesta mateixa empresa va consultar a les forces de seguretat el passat 1 d’agost si s’hi estaven fent inspeccions. Però, a dia d’avui, els operadors ‘pirata’ continuen actuant a Platja d’en Bossa, lamenta el propietari, d’origen belga, que va adquirir la companyia d’activitats aquàtiques a un eivissenc la temporada passada, el 2025.

Falta d'inspeccions

Continua, per tant, la “preocupació” a la zona per l’intrusisme en el sector, així com pels accidents nàutics que pot comportar la falta de supervisió sobre el lloguer de les motos d’aigua il·legals i sense assegurança.

Per conduir aquests vehicles només cal el títol —la llicència de navegació bàsica per governar determinades embarcacions d’esbarjo—, sense que durant el curs per obtenir-lo s’ensenyi a manejar-los. “En pots dur una sense experiència”, explica un resident que fa un parell d’anys es va treure el permís i que sol llogar aquest tipus de vehicles per oci durant l’estiu. “El problema és que la gent no és conscient del perill que pot arribar a suposar”, afegeix.

Per conduir aquests vehicles només cal el títol —la llicència de navegació bàsica per governar determinades embarcacions d’esbarjo—, sense que durant el curs per obtenir-lo s’ensenyi a manejar-los

L’eivissenc explica que una familiar propera va patir, durant la dècada dels 2000, un accident amb una moto d’aigua que la va atropellar mentre es banyava al Caló des Moro (Sant Antoni). Va quedar inconscient a la mar i va patir ferides greus en un dels braços, per la qual cosa va haver de ser traslladada en ambulància a l’hospital i sotmesa a una operació.

El Reial decret 259/2002, de 8 de març, que regula les mesures de seguretat i el lloguer de motos nàutiques, estableix que les empreses que lloguen motos per hores o fraccions han de disposar dels permisos administratius corresponents i de l’autorització de funcionament de la Capitania Marítima. A més, la norma estableix requisits concrets per a les empreses: instal·lacions adequades, mitjans per traslladar els arrendataris, zones autoritzades per al fondeig o plataformes, entre d’altres. Per exemple, especifica que les motos de lloguer no poden estar varades o estacionades a la platja.

A Balears existeix, a més, la Llei 2/2015, de 27 de febrer, de règim sancionador en matèria d’activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives), que estableix el règim sancionador per als centres de lloguer de motos nàutiques. La norma considera infracció que els centres de lloguer d’aquests vehicles aquàtics desenvolupin la seva activitat sense haver presentat la declaració responsable, la comunicació prèvia o sense disposar de l’autorització corresponent, quan aquesta sigui necessària. També contempla com a infraccions operar sense l’assegurança de responsabilitat civil exigida, treballar sense el responsable tècnic o incomplint els requisits de titulació, o llogar motos per dies a persones que no tenguin la titulació necessària per governar-les.

Des de l’Ajuntament de Sant Josep aclareixen que la competència municipal en l’àmbit marítim és limitada —depèn de Costes— i asseguren que ja han traslladat a les administracions competents els suposats casos detectats perquè duguin a terme les actuacions que corresponguin.

Falta de control general al litoral

Al llarg del mes d’agost, les motos d’aigua han generat queixes i indignació general per la pressió que exerceixen, juntament amb iots i embarcacions d’esbarjo, sobre el litoral pitiús. Especialment en zones turístiques molt populars, com Benirràs o es Vedrà, a Eivissa, o Cala Saona, a Formentera. Això implica moltes vegades fondejos sobre praderies protegides de posidònia.

A més, no són poques les ocasions en què les motos d’aigua —amb llicència per exercir la seva activitat o sense— naveguen a altes velocitats, reptant els patrons d’altres embarcacions i sense respectar la distància de seguretat amb la resta de navegants, fet que de vegades posa en perill les persones que es troben a la mar i a prop de la costa.

Les motos d'aigua han generat queixes pel seu possible impacte sobre les praderies de posidònia i les seves altes velocitats

La manca de control sobre el medi marí ha permès en els darrers anys que tot tipus d’intrusisme s’apoderi del litoral pitiús, així com una activitat frenètica en general que contamina els ecosistemes marins, ja molt castigats a l’arxipèlag. Entre altres coses, ha proliferat la impunitat amb què ‘bars flotants’ il·legals operen en alta mar oferint mojitos i caipirinyes durant tot l’estiu a turistes i residents que naveguen per punts com Platja d’en Bossa —atractiva per la seva posta de sol—.

Un d’aquests venedors, que opera principalment a la popular cala de Sant Josep —el municipi amb més quilòmetres de costa de l’illa—, ha estat albirat durant els darrers dos anys per cambrers i personal dels quiosquets de la costa. També pel Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil, sense que hagin pogut fer res al respecte. Totes aquestes infraccions han fet que ciutadania i empreses de xàrter reclamin més vigilància i control, sobretot durant els mesos de més afluència de la temporada turística.

Neus Prats, portaveu del GEN-GOB Eivissa, assegura que, tot i que no saben específicament quines són aquestes empreses, des de l’entitat ecologista sí que han detectat organitzadors d’excursions en zones protegides de les illes on “costa creure” que s’hagi atorgat una autorització per a aquestes activitats. En concret, al voltant d’illots protegits com ses Margalides —als peus del mirador de sa Penya Esbarrada (Santa Agnès)—, els illots de ponent o el famós mirador d’es Vedrà. “No entenc les autoritzacions que impliquen motos d’aigua al voltant de llocs tan sensibles, tenint en compte també les conductes perilloses lligades a aquests artefactes. És la sensació de sempre: a Eivissa, zero respecte i impunitat total”, protesta l’ecologista.

La temporada alta en Eivissa deja imágenes como esta en la zona turística de ocio de Platja d’en Bossa: la espuma que crean grupos de motos de agua muy cerca de la costa, donde bañistas observan las altas velocidades que alcanzan en un litoral cada vez más saturado. Entre las actividades náuticas que se desarrollan en la playa, rodeada de hoteles y negocios turísticos, hay algunas legales y otras que no lo son, lo que ha desatado la polémica este verano.

Negocios dedicados al alquiler de motos de agua y otras actividades recreativas de esta área del término municipal de Sant Josep entregada al turismo —donde se encuentran las famosas discotecas Ushuaïa y Hï— han advertido de la creciente saturación y de la carencia de control sobre estos operadores, lo que les hace temer un incremento en la falta de seguridad marítima. Propietarios de estas empresas se han remitido a la administración local para denunciar el intrusismo en el sector por parte de compañías que, a pesar de ser legales, no cuentan con licencia para alquilar este tipo de vehículos acuáticos.

Una de estas operadoras es SUN Supermercado Náutico, que ofrece a pie de playa excursiones en paddle surf o el banana boat —para las que sí tiene permiso—, pero además motos que amarra en boyas cercanas a la orilla. Al aproximarse los periodistas, un trabajador se acerca con premura para advertir que no se puede fotografiar a los clientes que están utilizando las motocicletas, creando tráfico demasiado cerca del espacio delimitado para el baño. “Hemos expresado nuestra preocupación a varios agentes —de la Guardia Civil— sobre las motos acuáticas que operan dentro de nuestros circuitos autorizados y que se alquilan en lugares que consideramos ilegales”, explica uno de los propietarios de estos negocios a elDiario.es, quien asegura que ellos sí están sometidos periódicamente a inspecciones.

Además de dirigirse al Consistorio para informar de la situación, se han comunicado con la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep. Aunque el instituto armado explica que de momento no hay registrada ninguna denuncia por estas actividades, sí tienen constancia de las mismas. Por su parte, la compañía acusada de las irregularidades, con la que se ha puesto en contacto este diario vía correo electrónico, no ha respondido en el momento en que se publica este reportaje.

El dueño de esta misma empresa consultó a las fuerzas de seguridad el pasado 1 de agosto si se estaban realizando inspecciones al respecto. Pero, a día de hoy, los operadores ‘pirata’ siguen actuando en Platja d’en Bossa, lamenta el propietario, de origen belga, quien adquirió la compañía de actividades acuáticas a un ibicenco la pasada temporada de 2025.

Falta de inspecciones

Continúa, por lo tanto, la “preocupación” en la zona por el intrusismo en el sector, así como los accidentes náuticos que puede involucrar la falta de supervisión sobre el arrendamiento de las motos acuáticas ilegales y sin seguro.

Para manejar estos vehículos solo se necesita el título —la licencia de navegación básica para gobernar ciertas embarcaciones de recreo—, sin que se enseñe durante el curso para obtenerlo a manejarlas. “Puedes llevar una sin experiencia”, explica un residente que hace un par de años se sacó el permiso y suele alquilar este tipo de vehículos por ocio a lo largo del verano. “El problema es que la gente no es consciente de lo peligroso que puede llegar ser”, añade.

Para manejar estos vehículos solo se necesita el título -la licencia de navegación básica para gobernar ciertas embarcaciones de recreo-, sin que se enseñe durante el curso para obtenerlo a manejarlas

El ibicenco cuenta que una familiar cercana sufrió, en la década de los 2000, un accidente con una moto acuática que la arrolló mientras se estaba bañando en Caló des Moro (Sant Antoni). Se quedó inconsciente en el mar y sufrió graves heridas en uno de los brazos, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital y ser sometida a una operación.

El Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, que regula las medidas de seguridad y el alquiler de motos náuticas, establece que las empresas que alquilan motos por horas o fracciones deben disponer de los permisos administrativos correspondientes y de autorización de funcionamiento de la Capitanía Marítima. Además, la norma establece requisitos concretos para las empresas: instalaciones adecuadas, medios para trasladar a los arrendatarios, zonas autorizadas para fondeo o plataformas, entre otros. Por ejemplo, especifica que las motos de alquiler no pueden estar varadas o estacionadas en la playa.

En Balears existe además la Ley 2/2015, de 27 de febrero, de régimen sancionador en materia de actividades marítimas, náuticas y subacuáticas (deportivas y recreativas), que establece el régimen sancionador para los centros de arrendamiento de motos náuticas. La norma considera infracción que los centros de arrendamiento de estos vehículos acuáticos desarrollen su actividad sin haber presentado la declaración responsable, comunicación previa o sin disponer de la autorización correspondiente, cuando esta sea necesaria. También contempla como infracciones operar sin el seguro de responsabilidad civil exigido, trabajar sin el responsable técnico o incumpliendo los requisitos de titulación o alquilar motos por días a personas que no tengan la titulación necesaria para gobernarlas.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep aclaran que la competencia municipal en el ámbito marítimo es limitada —depende de Costas— y aseguran que ya han trasladado a las administraciones competentes los supuestos casos detectados para que lleven a cabo las actuaciones que correspondan.

Falta de control general en el litoral

A lo largo del mes de agosto, las motos de agua han generado quejas e indignación general por su presión, junto a yates y embarcaciones de recreo, sobre el litoral pitiuso. Especialmente en zonas turísticas muy popularizadas, como Benirràs o es Vedrà, en Eivissa, o Cala Saona, en Formentera. Esto involucra muchas veces fondeos sobre praderas protegidas de posidonia.

Además, no en pocas ocasiones las motos acuáticas —con licencia para ejercer su actividad y sin ella— navegan a altas velocidades, retando a patrones de otros barcos y sin respetar la distancia de seguridad con el resto de navegantes, poniendo a veces en peligro a las personas que se encuentran en el mar y cerca de la costa.

Las motos de agua han generado quejas por su posible impacto sobre las praderas de posidonia y sus altas velocidades

La falta de control sobre el medio marino ha permitido en los últimos años que todo tipo de intrusismo se apodere del litoral pitiuso, así como una ajetreada actividad en general que contamina los ecosistemas marinos, ya muy castigados en el archipiélago. Entre otras cosas, ha proliferado la impunidad con la que ‘bares flotantes’ ilegales operan en alta mar ofreciendo mojitos y caipirinhas durante todo el verano a turistas y residentes que navegan en puntos como Platja d’en Bossa, atractiva por su puesta de sol.

Uno de estos vendedores que opera principalmente en la popular cala de Sant Josep —el municipio con más kilómetros de costa de la isla— ha sido en el último par de años avistado por camareros y personal de los chiringuitos de la costa. También por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, sin que hayan podido hacer nada al respecto. Todas estas infracciones han conducido a que ciudadanía y empresas de chárter reclamen más vigilancia y control, sobre todo, durante los meses de mayor afluencia de la temporada turística.

Neus Prats, portavoz del GEN-GOB Eivissa, asegura que, a pesar de que no saben específicamente cuáles son estas empresas, desde la entidad ecologista sí han detectado organizadores de excursiones en zonas protegidas de las islas donde “cuesta creer” que se haya otorgado una autorización para estas actividades. En concreto, alrededor de islotes protegidos como ses Margalides —a los pies del mirador de sa Penya Esbarrada (Santa Agnès)—, los islotes de poniente o el famoso mirador de es Vedrà. “No entiendo las autorizaciones que involucran motos de agua alrededor de lugares tan sensibles, teniendo en cuenta también las conductas peligrosas ligadas a estos artefactos. Es la sensación de siempre: en Ibiza cero respeto e impunidad total”, protesta la ecologista.

Decenas de personas -unas 200, según los organizadores- se han concentrado este sábado en Palma para exigir exigir al Ayuntamiento que ponga fin al servicio de calesas de caballos. La protesta, convocada por Satya Animal y Progeso en Verde, ha reunido a decenas de personas frente a la Catedral para reclamar a Consistorio que establezca un calendario “claro” para poner fin a este servicio.

“Vergüenza de ciudad, explotación animal” y “Palma no quiere calesas de caballos” son algunas de las consignas que se han podido escuchar por parte de los manifestantes, que también llevaban carteles para reivindicar que los animales “no son un medio de transporte ni una atracción turística”.

En un manifiesto, los animalistas han subrayado que la alternativa existe, en referencia a las calesas eléctricas. “No queremos promesas vacías ni excusas”, han reclamado, agregando que el Ayuntamiento “tiene que actuar ahora”.

Desde Satya Animal también han exigido que aparte de sustituir los vehículos se garantice el futuro de los caballos y se facilite su retirada definitiva. La entidad ha manifestado que, debido a su indignación y rechazo, cada sábado de septiembre se convocarán movilizaciones “hasta obtener una respuesta clara y compromisos” por parte de Cort.

Les calesses de cavalls de Palma tornen a estar al centre de la polèmica. L’enfrontament entre un cotxer i una turista alemanya, després que ella li demanés que donéd aigua a un dels seus cavalls, ha revifat un conflicte que fa anys que enfronta el sector amb les organitzacions animalistes. Hi ha diferents fronts oberts, des de l’estat i les condicions dels animals, especialment durant els mesos de calor, fins a la progressiva substitució de les galeres per vehicles elèctrics. Un debat que, mentre les administracions avancen lentament cap a un canvi de model, continua generant protestes, denúncies i enfrontaments als carrers de Palma.

Les entitats animalistes Progreso en Verde i Satya Animal han convocat una concentració aquest dissabte a les 11 del matí davant la Catedral de Palma per reclamar, de nou, que la indústria de les galeres de cavalls es reconverteixi i passi a ser de calesses elèctriques, seguint el model d’Alcúdia. Les protestes s’emmarquen en un context en què el president de l’Associació de Caleses va protagonitzar una polèmica amb una turista alemanya, a qui va insultar (la va anomenar “neonazi”), li va dir que mengés carn i li va tirar aigua al damunt, després que ella li preguntés, educadament, si podia donar a beure al cavall. Uns dies després, Manuel Vargas es va disculpar per l’incident i va afirmar estar penedit per la seva acció. “Demano perdó, em vaig equivocar, però és que em va dir que els gitanos érem uns maltractadors d’animals”, va assegurar a Última Hora.

La turista alemanya –la 'influencer' Xenia Denise– ha explicat a elDiario.es que “els insults només van venir de la seva part cap a mi”. “No li vaig dir res a aquell home, tret que, si us plau, donés aigua al cavall (després de preguntar-li si podia donar al cavall la meva pròpia aigua)”, ha aclarit. “Crec que també es pot veure pel meu llenguatge corporal que jo no tenia cap agressivitat i que no buscava discutir”.

No li vaig dir res a aquell home, només que, per favor, li donés aigua al cavall. Crec que també pel es veu pel meu llenguatge corporal que jo no mostrava cap agressivitat i que no volia discutir

Xenia Denise — Agredida per un conductor d'un cotxe de cavalls

L’Ajuntament de Palma ha obert un expedient informatiu per aclarir els fets i determinar-ne les circumstàncies, segons han informat a aquest diari. En aquest sentit, l’Ajuntament de Palma assenyala que “no tolerarà comportaments que puguin resultar incompatibles amb les obligacions i condicions que han de complir els titulars i conductors d’aquest servei i que, un cop aclarits els fets, s’adoptaran les mesures que corresponguin”.

“En Manuel va perdre 50 euros”

Venancio Vargas, portaveu de l’Associació de Calessers, explica a elDiario.es que l’incident protagonitzat per Manuel Vargas es va produir després que una família alemanya a qui estava a punt de portar en calessa fos increpada per un grup de turistes. Segons la seva versió, les dones van intentar convèncer la família que no hi pugés amb els seus fills i finalment van aconseguir que se n’anés. Manuel, sosté, va perdre així uns 50 euros.

“El seu grup va començar a ficar-se amb la família, dient-los que era una vergonya que hi pugessin amb els seus fills i intentant que no hi pugessin. Al final, la família se’n va anar i no hi va pujar, i Manuel va perdre 50 euros”, relata Vargas. A partir d’aquí, segons Vargas, va començar una discussió entre els implicats. El portaveu assegura que Manuel va treure el mòbil per gravar després de sentir un comentari que va considerar racista. “Tots els gitanos són iguals a tot el món”, afirma que li va dir. Vincula aquesta frase a una conversa sobre la presència de persones gitanes en el món dels cavalls de curses en països com Anglaterra o Alemanya. També sosté que, un cop iniciada la gravació, la turista va passar de l’alemany a l’anglès i que va fer veure que demanava al calesser que tirés aigua.

El portaveu de l’Associació de Calessers assegura que un grup de turistes va convèncer a una família perquè no es montés en el cotxe de cavalls i que l’home del vídeo va perdre 50 euros. També afirma que el conductor va rebre comentaris racistes: “Tots els gitanos són iguals en tot el món”. La jove nega aquest comentari

Vargas admet, tanmateix, que res d’això justifica la reacció de Manuel. “Jo crec, des del meu punt de vista, que aquesta noia ho tenia preparat, però no és justificable el que va fer. Sempre s’ha de ser professional, ets al teu lloc de feina i no pots perdre els papers d’aquesta manera”, afirma. El portaveu assegura que Manuel està “molt penedit” i que no vol que es torni a produir un episodi similar.

Pel que fa a les possibles conseqüències, Vargas diu desconèixer quines mesures pot adoptar l’Ajuntament i com es podria desenvolupar el procediment. “No sé exactament què farà l’Ajuntament. Crec que l’únic delicte és que l’anomena ‘neonazi’, i aquest comentari ve pel comentari racista”.

El portaveu dels calessers situa, a més, l’episodi en un context de conflictes recurrents amb alguns turistes alemanys. Assegura que uns dies abans una dona havia protagonitzat un incident i sosté que els conductors tenen més problemes amb visitants alemanys que amb els residents. “Els residents et respecten més, perquè al final el nostre negoci és legal, paguem impostos, ho tenim tot bé i estem aportant a la societat”, assegura. En canvi, considera que els alemanys “són els més radicals: venen, es fiquen amb el teu viatge, surten i t’insulten”.

La diferència entre tots dos incidents és que, en el cas de la 'influencer', segons Vargas, ella va romandre al lloc, mentre que l’altra se’n va anar. “Manuel es va sentir com: ‘Ara hauré de perdre jo els meus viatges; això és el que aquesta dona vol’. D’aquí ve la situació. Però, vaja, que una cosa no justifica res i se sent molt penedit pel que va fer”, conclou.

Vargas assegura que el conflicte no ha paralitzat, tanmateix, el procés de substitució de les calesses de cavalls per vehicles elèctrics. Segons la seva versió, l’associació té “gairebé acabat” un prototip que preveuen visitar a València el mes que ve o traslladar a Mallorca perquè pugui ser vist. Les reunions amb l’Ajuntament han quedat temporalment ajornades arran de l’incident, segons relata, a l’espera que la situació es calmi.

El portaveu sosté que la transició s’haurà de fer de manera progressiva perquè els titulars de les llicències no poden assumir de cop el cost de substituir els seus vehicles. “Potser en canviarem 10 o 15 el primer any i després s’aniran canviant gradualment”, planteja. El ritme, afegeix, dependrà de les temporades i que l’Ajuntament pugui aconseguir ajudes o subvencions. “Si aconseguim que algú ens doni suport econòmic d’una manera o altra, el canvi es farà molt abans i molt més ràpid”, reconeix.

A lo millor canviarem (a calesses elèctriques) deu o quinze el primer any, i després anirà canviant paulatinament. Si aconseguim que ens donin suport econòmic d’una manera o una altra, el canvi es farà molt més ràpid i molt abans

Venancio Vargas — Portaveu de l'Associació de Calessers

Els animalistes exigeixen retirar la seva llicència

Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde, considera que l’actuació de Manuel Vargas hauria de tenir conseqüències més enllà d’una possible sanció econòmica. Amengual tem que l’Ajuntament acabi tancant el conflicte valorant la infracció com a lleu. En aquest cas, assenyala, la sanció podria quedar en una multa d’entre 300 i 600 euros, i “aquí no ha passat res”. Tanmateix, a parer seu, el comportament del calesser és “molt greu” i fins i tot s’hauria d’estudiar la retirada definitiva de la llicència.

Kike Gimeno, portaveu de Satya Animal, manté una postura similar. “El fet que sigui el president de l’Associació de Calesers agreuja el que ha passat”, explica. I es pregunta que, si el president es permet fer això, què estarà passant cada dia als carrers amb els cavalls, com també amb altres calesers. Per a Gimeno, la reacció observada en les imatges planteja seriosos dubtes sobre la situació dels èquids i els seus nivells de benestar.

“Si una persona es mostra així de violenta amb altres persones que simplement li demanen educadament que doni aigua al seu cavall, com deu tractar els animals? No ens volem imaginar com tractarà els seus propis cavalls”, reflexiona. En opinió d’Amengual, les imatges tampoc no deixen marge per a la interpretació. De fet, el sorprèn especialment que Manuel Vargas actués d’aquesta manera mentre era gravat. “Si no hi hagués hagut telèfons gravant, què podria haver passat?”, planteja.

Si una persona se mostra així de violenta amb altres persones que simplement li demanen educadament que doni aigua al seu cavall, com tractarà als animals? No ens volem imaginar com tractarà als seus propis cavalls

Kike Gimeno — Portaveu de Satya Animal

El president de Progreso en Verde tampoc no comparteix l’explicació oferta pel calesser. Manuel Vargas sosté que la turista li havia dit que “els gitanos eren maltractadors d’animals”. La jove ha negat aquest extrem a aquest diari. Amengual assegura que aquest tipus d’acusacions ja les ha patit personalment. Recorda que va ser denunciat davant la Fiscalia per delictes d’odi, racisme i assetjament després de criticar l’estat dels cavalls i denunciar, entre altres qüestions, l’incompliment de les restriccions per altes temperatures. “Aquesta sempre és la seva basa”, opina.

El dirigent animalista insisteix que mai no ha fet referència a l’ètnia dels conductors. “M’és igual qui condueixi les calesses”, afirma. I considera que, fins i tot si s’haguessin produït els comentaris que denuncia Manuel Vargas, res no justificaria després tirar aigua a una persona, insultar-la o acostar-li la mà a la cara. L’episodi s’ha produït, a més, en un moment especialment delicat per a les galeres de Palma. Les temperatures i l’estat d’alguns animals han tornat a situar el servei turístic al centre de la polèmica, com ja va explicar aquest diari. Les denúncies se succeeixen i, segons Amengual, també les recriminacions de turistes i ciutadans als conductors.

Aquesta sempre serà la seva basa (acusar als animalistes de ser racistes). Me dona igual qui dugui les galeres

Guillermo Amengual — President de Progreso en Verde

A això s’hi afegeix que els èquids seran inspeccionats cinc mesos més tard que l’any passat, cosa que implica que no hauran passat aquesta revisió durant els pitjors mesos de l’estiu i enmig de les onades de calor. “Els cavalls encara no han passat les revisions veterinàries i estem acabant la temporada”, critica Gimeno. Enguany, les inspeccions estan previstes per als dies 14, 15, 16 i 17 de setembre. D’altra banda, el portaveu de Satya Animal lamenta els canvis en els protocols de protecció davant el clima extrem. “Han eliminat la suspensió del servei amb alerta groga, tenint en compte que ha estat un any terrible de calor en què hem viscut permanentment sota aquesta alerta i els animals han estat treballant sense que ningú es preocupi per ells ni apliqui les limitacions que tenien”, afirma.

Han tret la suspensió del servei amb alerta groga, contant amb que ha estat un any amb molta calor on hem viscut de forma permanent sota aquesta alerta i els animals han estat treballant sense que ningú es preocupi per ells ni apliqui les limitacions que tenien

Kike Gimeno — Portaveu de Satya Animal

Els conflictes, cada vegada més habituals

Els enfrontaments entre els conductors de les galeres i els ciutadans s’han convertit en una cosa habitual, segons Amengual. Les raons són diverses: les altes temperatures, perquè els cavalls coixegen o perquè se’ls marquen els ossos. “Sempre hi ha algú que els diu: escolta, això no pot ser, fa calor, el cavall no està bé”, explica. El president de Progreso en Verde reconeix que una situació així, repetida dia rere dia, pot acabar generant tensió entre els conductors.

“Arriba un moment que potser pots perdre els papers”, admet. Però insisteix que això no justifica determinades reaccions. A parer seu, aquesta pressió també és conseqüència del fet que la ciutadania ara està molt més pendent de l’estat dels animals. Segons Amengual, les protestes i les denúncies de les organitzacions animalistes han contribuït a sensibilitzar la població, que cada vegada qüestiona més que els cavalls continuïn treballant en aquestes condicions.

Les raons dels enfrentaments amb els conductors són variades: les altes temperatures, degut a que els cavalls estan coixos o perquè es marquen els ossos

L’exposició constant de l’estat dels animals ha canviat la percepció d’una part de la ciutadania. Per això, el partit animalista demana a aquells que detectin un cavall en males condicions que facin fotografies o vídeos i els hi facin arribar per presentar les denúncies corresponents. Tanmateix, els problemes succeeixen cada dia. Amengual creu que la situació també ha generat un desgast entre els mateixos calessers. I aquí és on, segons el seu relat, s’està produint un canvi de posició respecte de les calesses elèctriques.

El sector s'oposava a les calesses elèctriques

Durant anys, sosté, els calessers es van oposar frontalment a substituir els animals per vehicles elèctrics. “No volem saber res de les calesses elèctriques”, recorda que defensaven alguns dels conductors. Ara, diu, la situació és diferent. El canvi de model ja s’ha produït en altres llocs de l’illa, com a Alcúdia, municipi on funcionen amb calesses elèctriques. Segons Amengual, els propietaris de les llicències de la zona estan satisfets amb el nou servei. També esmenta el cas de Sant Llorenç des Cardassar, els vehicles del qual operen a sa Coma i s’Illot.

L’altre obstacle era econòmic. Antonio Deudero, regidor de l’Ajuntament de Palma, explicava que era inassumible per a l’Ajuntament indemnitzar amb 300.000 euros per llicència -n’hi ha 28- els calessers amb l’objectiu que abandonessin els cavalls. Era el preu que presumptament haurien sol·licitat. Tanmateix, Venancio Vargas, portaveu de l’Associació de Calessers de Palma, va negar aquestes paraules. “Pensem”, va dir Vargas a aquest diari, “que [aquesta quantitat de diners] la va demanar alguna de les llicències que no són a l’associació”. “Nosaltres, en cap moment, no hem demanat cap dobler. En altres llocs, com Màlaga, els del PP van dir d’acabar amb el servei de calesses perquè estaven canviant el centre i no entraven en la seva nova idea. Els han indemnitzat, per una concessió que els quedaven deu anys, amb 125.000 euros. Si realment volguessin llevar les calesses aquí a Palma… no ho haurien fet ja? La diferència és que les nostres llicències són vitalícies i hereditàries”.

És inassumible per l’Ajuntament de Palma indemnitzar amb 300.000 euros per llicència -n’hi ha vint-i-vuit- als calessers amb l’objectiu de que abandonin els cavalls. El portaveu de l’Associació de Calessers nega que hagin demanat aquest preu per les seves licències, que són vitalícies i hereditàries

“Sí que hem comunicat que fer una conversió de la llicència a taxi no ens semblaria malament, perquè és un lloc similar i sabem que no faltarà el pa a casa: ja hi ha calessers amb llicències de taxi. Hi ha moltes persones del nostre sector que no donarien la llicència per 300.000 euros perquè no es veuen treballant d’una altra cosa. En canvi, en el taxi, sí”, va concloure.

Canvi de posició dels calessers

La situació ha canviat després d’anys de protestes, denúncies i pressió ciutadana. “Van anar reculant, reculant, reculant”, explica Amengual, fins a arribar al punt actual: els calessers accepten avançar cap a les elèctriques. L’Ajuntament de Palma ja va confirmar el 27 de maig que havia fet un primer pas administratiu per fer-ho, després d’aprovar una modificació puntual del Pla Normatiu Municipal de 2026 per incorporar la reforma del reglament del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal amb conductor.

El consistori va assenyalar aleshores que la modificació permetria iniciar formalment el procediment per a la substitució progressiva de les actuals calesses per vehicles elèctrics. L’Ajuntament va vincular el canvi a un acord assolit al març amb el sector. Segons les seves dades, prop del 90% de les 28 llicències vigents donen suport a la transformació del model. Per a Amengual, el moviment suposa un canvi respecte de la posició mantinguda durant anys, però reclama que l’Ajuntament acceleri els tràmits. També critica que les organitzacions animalistes hagin quedat fora de les reunions mantingudes entre el consistori i els titulars de les llicències, malgrat que, assegura, en el seu moment es va acordar que hi poguessin participar.

L’Ajuntament de Palma assegura que prop del 90% de les vint-i-vuit llicències vigents respalda la transformació del model cap a les calesses elèctriques

El portaveu de Satya Animal també qualifica l’actitud institucional de “mode passiu” i acusa l’Ajuntament d’actuar com a “espectador veient què passa per no haver d’implicar-se ni comprometre doblers públics de les arques”. A parer de Gimeno, el procés actual és insuficient si no es garanteix la prohibició total de la tracció animal a l’ordenança. “El compromís de l’Ajuntament hauria de fer un pas més. Ja que s’entra en el procés de canvi a elèctriques, s’hauria d’extingir definitivament la possibilitat que hi hagi calesses amb animals”. “Si no s’elimina directament del reglament, s’obre la porta que en el futur algun calesser díscol mantingui el cavall o el torni a introduir”, conclou.

Les primeres calesses elèctriques, al maig?

L’Ajuntament de Palma valora que les primeres calesses elèctriques podrien arribar el maig de 2027. Una previsió que Amengual veu poc viable, perquè coincideix amb les eleccions locals i autonòmiques. “Si tu vols apuntar-te un punt a favor teu, doncs poses tres o quatre calesses elèctriques”, planteja. El portaveu dels animalistes creu que els darrers esdeveniments poden haver servit per accelerar un procés que, a parer seu, feia massa temps que estava aturat.

Amengual sosté que el canvi es pot fer d’una manera relativament senzilla prenent com a referència el model d’Alcúdia. Segons explica, n’hi hauria prou amb adaptar l’actual normativa de les calesses de Palma per eliminar les referències als cavalls i incorporar les condicions de les elèctriques. A partir d’aquí, l’Ajuntament hauria de dur la modificació al ple, obrir un període per presentar al·legacions i tornar-la a sotmetre a aprovació definitiva. “En tres mesos està fet”, assegura.

El pas següent seria l’adquisició dels nous vehicles. Segons Amengual, seran els mateixos calessers els qui n’hauran d’assumir el cost, ja que l’Ajuntament, segons la informació de què disposa, no té previst aportar finançament. Progreso en Verde reclama, precisament, que l’Ajuntament participi econòmicament en la transició.

La concentració d’aquest dissabte, convocada a les onze del matí davant la Catedral de Palma, servirà per mostrar el rebuig a l’actuació de Manuel Vargas i reclamar una “sanció exemplar”, inclosa la retirada definitiva de la seva llicència. L’objectiu general dels convocants, tanmateix, és tornar a posar damunt la taula l’estat dels cavalls i la continuïtat de les galeres.

Amengual posa com a exemple un cavall l’estat del qual, assegura, fa temps que denuncien i que continua en les mateixes condicions. Parla fins i tot d’una “possible prevaricació administrativa” si les autoritats coneixen una situació irregular i no actuen. La pressió, sosté, continuarà per diverses vies: denúncies, Fiscalia, recollida de signatures i mobilitzacions. La concentració d’aquest dissabte en serà una. A l’octubre preparen una altra manifestació que esperen que sigui “molt important”. L’objectiu final no ha canviat. “Només queda aquest pas cap a les calesses elèctriques”, conclou.

Las calesas de caballos de Palma vuelven a estar en el centro de la polémica. El enfrentamiento entre un calesero y una turista alemana, después de que ella le pidiera que diera agua a uno de sus caballos, ha reavivado un conflicto que lleva años enfrentando al sector con las organizaciones animalistas. Hay varios frentes abiertos, que van desde el estado y las condiciones de los animales, especialmente durante los meses de calor, hasta la progresiva sustitución de las galeras por vehículos eléctricos. Un debate que, mientras las administraciones avanzan lentamente hacia un cambio de modelo, sigue generando protestas, denuncias y enfrentamientos en las calles de Palma.

Las entidades animalistas Progreso en Verde y Satya Animal han convocado una concentración este sábado a las 11 de la mañana frente a la Catedral de Palma para reclamar, de nuevo, que la industria de las galeras de caballos se reconvierta y pase a ser de calesas eléctricas, siguiendo el modelo de Alcúdia. Las protestas se enmarcan en un contexto en el que el presidente de la Asociación de Calesas protagonizó una polémica con una turista alemana, a la que insultó (la llamó “neonazi”), le dijo que comiera carne y le tiró agua encima, después de que ella le preguntara, educadamente, si podía darle de beber al caballo. Unos días después, Manuel Vargas se disculpó por el incidente y afirmó estar arrepentido por su acción. “Pido perdón, me equivoqué, pero es que me dijo que los gitanos éramos unos maltratadores de animales”, aseguró a Última Hora.

La turista alemana –la influencer Xenia Denise–, ha explicado a elDiario.es que “los insultos solo vinieron de su parte” hacia ella. “No le dije nada a ese hombre, salvo que, por favor, le diera agua al caballo (después de preguntarle si podía darle al caballo mi propia agua)”, ha aclarado. “Creo que también se puede ver por mi lenguaje corporal que yo no tenía ninguna agresividad y que no buscaba discutir”.

No le dije nada a ese hombre, salvo que, por favor, le diera agua al caballo. Creo que también se puede ver por mi lenguaje corporal que yo no tenía ninguna agresividad y que no buscaba discutir

Xenia Denise — Agredida por un conductor de un coche de caballos

El Ayuntamiento de Palma ha abierto un expediente informativo para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de los mismos, según han informado a este diario. En este sentido, el Ayuntamiento de Palma señala que “no tolerará comportamientos que puedan resultar incompatibles con las obligaciones y condiciones que deben cumplir los titulares y conductores de este servicio y que, una vez esclarecidos los hechos, se adoptarán las medidas que correspondan”.

“Manuel perdió 50 euros”

Venancio Vargas, portavoz de la Asociación de Caleseros, explica a elDiario.es que el incidente protagonizado por Manuel Vargas se produjo después de que una familia alemana a la que estaba a punto de llevar en calesa fuera increpada por un grupo de turistas. Según su versión, las mujeres trataron de convencer a la familia de que no montara con sus hijos y finalmente consiguieron que se marchara. Manuel, sostiene, perdió así unos 50 euros.

“Su grupo se empezó a meter con la familia, diciéndoles que era una vergüenza que fueran a montar con sus hijos y tratando de que no montaran. Al final, la familia se fue y no montó, y Manuel perdió 50 euros”, relata Vargas. A partir de ahí, según Vargas, comenzó una discusión entre los implicados. El portavoz asegura que Manuel sacó el móvil para grabar después de escuchar un comentario que consideró racista. “Todos los gitanos son iguales en todo el mundo”, afirma que le dijo. Vincula esa frase a una conversación sobre la presencia de personas gitanas en el mundo de los caballos de carreras en países como Inglaterra o Alemania. También sostiene que, una vez iniciada la grabación, la turista pasó del alemán al inglés y que hizo como si estuviera pidiendo al calesero que echara agua.

El portavoz de la Asociación de Caleseros asegura que un grupo de turistas convenció a una familia para que no se montara en el coche de caballos y que el hombre del vídeo perdió 50 euros. También afirma que el conductor recibió comentarios racistas: 'Todos los gitanos son iguales en todo el mundo'. La joven niega ese comentario

Vargas admite, no obstante, que nada de ello justifica la reacción de Manuel. “Yo creo, desde mi punto de vista, que esta chica lo tenía preparado, pero no es justificable lo que hizo. Siempre hay que ser profesional, estás en tu puesto de trabajo y no puedes perder los papeles de esa forma”, afirma. El portavoz asegura que Manuel está “muy arrepentido” y que no quiere que vuelva a producirse un episodio similar.

Respecto a las posibles consecuencias, Vargas dice desconocer qué medidas puede adoptar el Ayuntamiento y cómo podría desarrollarse el procedimiento: “No sé exactamente qué hará el Ayuntamiento. Creo que el único delito así que le llama 'neonazi' y ese comentario viene por el comentario racista”.

El portavoz de los caleseros sitúa además el episodio en un contexto de conflictos recurrentes con algunos turistas alemanes. Asegura que unos días antes una mujer había protagonizado un incidente unos días antes y sostiene que los conductores están sufriendo más problemas con visitantes alemanes que con los residentes. “Los residentes te respetan más, porque al final nuestro negocio es legal, pagamos impuestos, lo tenemos todo bien y estamos aportando a la sociedad”, asegura. En cambio, considera que los alemanes “son los más radicales: vienen, se meten con tu viaje, salen y te insultan”.

La diferencia entre ambos incidentes, es que en el caso de la influencer, según Vargas, permaneció en el lugar, mientras que la otra se marchó. “Manuel se sintió como: ‘Ahora voy a tener que perder yo mis viajes; eso es lo que esta mujer quiere’. De ahí viene la situación. Pero vamos, que uno no justifica nada y se siente muy arrepentido por lo que hizo”, concluye.

Vargas asegura que el conflicto no ha paralizado, sin embargo, el proceso de sustitución de las calesas de caballos por vehículos eléctricos. Según su versión, la asociación tiene “casi terminado” un prototipo que prevén visitar en Valencia el próximo mes o trasladar a Mallorca para que pueda ser visto. Las reuniones con el Ayuntamiento han quedado temporalmente pospuestas a raíz del incidente, según relata, a la espera de que se calme la situación.

El portavoz sostiene que la transición tendrá que hacerse de manera progresiva porque los titulares de las licencias no pueden asumir de golpe el coste de sustituir sus vehículos. “A lo mejor cambiaremos 10 o 15 el primer año y después se irá cambiando paulatinamente”, plantea. El ritmo, añade, dependerá de las temporadas y de que el Ayuntamiento pueda conseguir ayudas o subvenciones. “Si conseguimos que alguien nos apoye económicamente de una forma u otra, el cambio se hará mucho antes y mucho más rápido”, reconoce.

A lo mejor cambiaremos [a calesas eléctricas] 10 o 15 el primer año y después se irá cambiando paulatinamente. Si conseguimos que alguien nos apoye económicamente de una forma u otra, el cambio se hará mucho antes y mucho más rápido

Venancio Vargas — Portavoz de la Asociación de Caleseros

Los animalistas exigen retirar su licencia

Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde, considera que la actuación de Manuel Vargas debería tener consecuencias más allá de una posible sanción económica. Amengual teme que el Ayuntamiento termine zanjando el conflicto valorando la infracción como leve. En ese caso, apunta, la sanción podría quedarse en una multa de entre 300 y 600 euros, y “aquí no ha pasado nada”. Sin embargo, a su juicio, el comportamiento del calesero es “muy grave” y debería estudiarse incluso la retirada definitiva de la licencia.

Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, sostiene una postura similar. “El hecho de que sea el presidente de la Asociación de Caleseros agrava lo sucedido”, explica. Y se pregunta que si el presidente se permite hacer esto, qué estará pasando cada día en las calles con los caballos, así como con otros caleseros. Para Gimeno, la reacción observada en las imágenes plantea serias dudas sobre la situación de los equinos y sus niveles de bienestar.

“Si una persona se muestra así de violenta con otras personas que simplemente le piden de forma educada que dé agua a su caballo, ¿cómo debe tratar a los animales? No nos queremos imaginar cómo tratará a sus propios caballos”, reflexiona Gimeno. En opinión de Amengual, las imágenes tampoco dejan margen para la interpretación. De hecho, le sorprende especialmente que Manuel Vargas actuara de esa manera mientras estaba siendo grabado. “Si no hubiese habido teléfonos grabando, ¿qué podría haber pasado?”, plantea.

Si una persona se muestra así de violenta con otras personas que simplemente le piden de forma educada que dé agua a su caballo, ¿cómo debe tratar a los animales? No nos queremos imaginar cómo tratará a sus propios caballos

Kike Gimeno — Portavoz de Satya Animal

El presidente de Progreso en Verde tampoco comparte la explicación ofrecida por el calesero. Manuel Vargas sostiene que la turista le había dicho que “los gitanos eran maltratadores de animales”. La joven ha negado este extremo a este diario. Amengual asegura que ese tipo de acusaciones ya las ha sufrido personalmente. Recuerda que fue denunciado ante la Fiscalía por delitos de odio, racismo y acoso después de criticar el estado de los caballos y denunciar, entre otras cuestiones, el incumplimiento de las restricciones por altas temperaturas. “Esa siempre es su baza”, opina.

El dirigente animalista insiste en que nunca ha hecho referencia a la etnia de los conductores. “Me da igual quién lleve las calesas”, afirma. Y considera que, incluso si se hubieran producido los comentarios que denuncia Manuel Vargas, nada justificaría después arrojar agua a una persona, insultarla o acercarle la mano a la cara. El episodio se ha producido, además, en un momento especialmente delicado para las galeras de Palma. Las temperaturas y el estado de algunos animales han vuelto a colocar al servicio turístico en el centro de la polémica, como ya explicó este diario. Las denuncias se suceden y, según Amengual, también las recriminaciones de turistas y ciudadanos a los conductores.

Esa siempre es su baza [acusar a los animalistas de ser racistas]. Me da igual quién lleve las calesas

Guillermo Amengual — Presidente de Progreso en Verde

A ello se suma que los equinos serán inspeccionados cinco meses más tarde que el año pasado, lo que implica que no habrán pasado esta revisión durante los peores meses de verano y en medio de las olas de calor. “Los caballos no han pasado las revisiones veterinarias todavía y estamos acabando la temporada”, critica Gimeno. Este año, las inspecciones están previstas para los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre. Por otro lado, el portavoz de Satya Animal lamenta los cambios en los protocolos de protección por el clima extremo. “Han quitado la suspensión del servicio con alerta amarilla, contando con que ha sido un año tremendo de calor donde hemos vivido de forma permanente bajo esa alerta y los animales han estado trabajando sin que nadie se preocupe por ellos ni aplique las limitaciones que tenían”, afirma.

Han quitado la suspensión del servicio con alerta amarilla, contando con que ha sido un año tremendo de calor donde hemos vivido de forma permanente bajo esa alerta y los animales han estado trabajando sin que nadie se preocupe por ellos ni aplique las limitaciones que tenían

Kike Gimeno — Portavoz de Satya Animal

Los conflictos, cada vez más habituales

Los enfrentamientos entre los conductores de las galeras y los ciudadanos se han convertido en algo habitual, según Amengual. Las razones son variadas: las altas temperaturas, debido a que los caballos cojean o porque se les marcan los huesos. “Siempre hay alguien que les dice: oye, esto no puede ser, hace calor, el caballo no está bien”, explica. El presidente de Progreso en Verde reconoce que una situación así, repetida día tras día, puede acabar generando tensión entre los conductores.

“Llega un momento que quizá puedas perder los papeles”, admite. Pero insiste en que eso no justifica determinadas reacciones. A su juicio, esta presión es también consecuencia de que la ciudadanía está ahora mucho más pendiente del estado de los animales. Según Amengual, las protestas y las denuncias de las organizaciones animalistas han contribuido a sensibilizar a la población, que cada vez cuestiona más que los caballos sigan trabajando en estas condiciones.

Las razones de los enfrentamientos con los conductores son variadas: las altas temperaturas, debido a que los caballos cojean o porque se les marcan los huesos

La exposición constante del estado de los animales ha cambiado la percepción de parte de la ciudadanía. Por ello, el partido animalista pide a quienes detecten un caballo en malas condiciones que hagan fotografías o vídeos y se los hagan llegar para presentar las correspondientes denuncias. Sin embargo, los problemas suceden todos los días. Amengual cree que la situación también ha generado un desgaste entre los propios caleseros. Y ahí es donde, según su relato, se está produciendo un cambio de posición respecto a las calesas eléctricas.

El sector se oponía a las calesas eléctricas

Durante años, sostiene, los caleseros se opusieron frontalmente a sustituir los animales por vehículos eléctricos. “No queremos saber nada de las calesas eléctricas”, recuerda que defendían algunos de los conductores. Ahora, dice, la situación es diferente. El cambio de modelo ya se ha producido en otros lugares de la isla, como en Alcúdia, municipio donde funcionan con calesas eléctricas. Según Amengual, los dueños de las licencias de la zona están satisfechos con el nuevo servicio. También menciona el caso de Sant Llorenç des Cardassar, cuyos vehículos operan en Sa Coma y S'Illot.

El otro obstáculo era económico. Antonio Deudero, concejal del Ayuntamiento de Palma, explicaba que era inasumible para el Ayuntamiento indemnizar con 300.000 euros por licencia –hay 28– a los caleseros con el objetivo de que abandonen los caballos. El precio que presuntamente habrían solicitado. Sin embargo, Venancio Vargas, portavoz de la Asociación de Caleseros de Palma, negó estas palabras. “Pensamos”, dijo Vargas a este diario, “que [esa cantidad de dinero] la pidió alguna de las licencias que no están en la asociación”. “Nosotros, en ningún momento, hemos pedido dinero alguno. En otros sitios, como en Málaga, dijeron los del PP de acabar con el servicio de calesas porque estaban cambiando el centro y no entraban en su nueva idea. Les han indemnizado, por una concesión que les quedaban diez años, con 125.000 euros. Si realmente quisieran quitar las calesas aquí en Palma… ¿no lo hubieran hecho ya? La diferencia es que nuestras licencias son vitalicias y hereditarias”.

Es inasumible para el Ayuntamiento de Palma indemnizar con 300.000 euros por licencia –hay 28– a los caleseros con el objetivo de que abandonen los caballos. El portavoz de la Asociación de Caleseros niegan que hayan pedido ese precio por sus licencias, que son vitalicias y hereditarias

“Sí que hemos comunicado que hacer una conversión de la licencia a taxi, no nos parecería mal, pues es un puesto similar y sabemos que no faltará el pan en casa: ya hay caleseros con licencias de taxi. Hay muchas personas en nuestro sector que no darían la licencia por 300.000 euros porque no se ven trabajando de otra cosa. Sin embargo, en el taxi, sí”, concluyó.

Cambio de posición de los caleseros

La situación ha cambiado después de años de protestas, denuncias y presión ciudadana. “Fueron reculando, reculando, reculando”, explica Amengual, hasta llegar al punto actual: los caleseros aceptan avanzar hacia las eléctricas. El Ayuntamiento de Palma ya confirmó el 27 de mayo que había dado un primer paso administrativo para hacerlo, después de aprobar una modificación puntual del Plan Normativo Municipal de 2026 para incorporar la reforma del reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal con conductor.

El Consistorio señaló entonces que la modificación permitiría iniciar formalmente el procedimiento para la sustitución progresiva de las actuales calesas por vehículos eléctricos. El Ayuntamiento vinculó el cambio a un acuerdo alcanzado en marzo con el sector. Según sus datos, cerca del 90% de las 28 licencias vigentes respaldan la transformación del modelo. Para Amengual, el movimiento supone un cambio respecto a la posición mantenida durante años, pero reclama que el Ayuntamiento acelere los trámites. También critica que las organizaciones animalistas hayan quedado fuera de las reuniones mantenidas entre el Consistorio y los titulares de las licencias, pese a que, asegura, en su momento se acordó que pudieran participar.

El Ayuntamiento de Palma asegura que cerca del 90% de las 28 licencias vigentes respaldan la transformación del modelo hacia las calesas eléctricas

El portavoz de Satya Animal también califica la actitud institucional de “modo pasivo” y acusa al Ayuntamiento de actuar como “espectador viendo lo que pasa para no tener que implicarse ni comprometer dinero público de las arcas”. A juicio de Gimeno, el proceso actual es insuficiente si no se garantiza la prohibición total de la tracción animal en la ordenanza. “El compromiso del Ayuntamiento debería dar un paso más. Ya que se entra en el proceso de cambio a eléctricas, se debería extinguir definitivamente la posibilidad de que haya calesas con animales”. “Si no se elimina directamente del reglamento, se abre la puerta a que en el futuro algún calesero díscolo mantenga el caballo o lo vuelva a introducir”, concluye.

Las primeras calesas eléctricas, ¿en mayo?

El Ayuntamiento de Palma valora que las primeras calesas eléctricas podrían llegar en mayo de 2027. Una previsión que Amengual ve poco viable, debido a que coincide con las elecciones locales y autonómicas. “Si tú quieres marcarte un tanto a tu favor, pues colocas tres o cuatro calesas eléctricas”, plantea. El portavoz de los animalistas cree que los últimos acontecimientos pueden haber servido para acelerar un proceso que, a su juicio, llevaba demasiado tiempo parado.

Amengual sostiene que el cambio puede hacerse de forma relativamente sencilla tomando como referencia el modelo de Alcúdia. Según explica, bastaría con adaptar la actual normativa de las calesas de Palma para eliminar las referencias a los caballos e incorporar las condiciones de las eléctricas. A partir de ahí, el Ayuntamiento tendría que llevar la modificación al pleno, abrir un periodo para presentar alegaciones y volver a someterla a aprobación definitiva. “En tres meses está hecho”, asegura.

El siguiente paso sería la adquisición de los nuevos vehículos. Según Amengual, serán los propios caleseros quienes tendrán que asumir su coste, ya que el Ayuntamiento, según la información de la que dispone, no tiene previsto aportar financiación. Progreso en Verde reclama, precisamente, que el Ayuntamiento participe económicamente en la transición.

La concentración de este sábado, convocada a las once de la mañana frente a la Catedral de Palma, servirá para mostrar el rechazo a la actuación de Manuel Vargas y reclamar una “sanción ejemplar”, incluida la retirada definitiva de su licencia. El objetivo general de los convocantes, sin embargo, es volver a poner sobre la mesa el estado de los caballos y la continuidad de las galeras.

Amengual pone como ejemplo un caballo cuyo estado, asegura, llevan tiempo denunciando y que continúa en las mismas condiciones. Habla incluso de una “posible prevaricación administrativa” si las autoridades conocen una situación irregular y no actúan. La presión, sostiene, seguirá por varias vías: denuncias, Fiscalía, recogida de firmas y movilizaciones. La concentración de este sábado será una. En octubre preparan otra manifestación que esperan que sea “muy importante”. El objetivo final no ha cambiado. “Solo queda ese paso a las calesas eléctricas”, concluye.