Una promotora amenaza con echar de su casa a María, Antonio y decenas de personas en Mallorca: “Somos honrados”

Deja de llover en son Bordoy poco antes de que caiga la noche. Desde que se hizo de día han caído unos cuantos litros. Con intensidad: goterones helados que han convertido en barro las tierras de esta finca agrícola situada a las puertas de Palma. Un grupo de hombres se refugia bajo un voladizo de chapa. Chaquetas de chándal, capuchas caladas, zapatillas de deporte y pantalones gruesos repletos de manchas. Alguno fuma, alguno hace scroll.

No son payeses, sino chatarreros: las furgonetas –blancas, enormes, nuevas: todas matriculadas de la J en adelante– que hay aparcadas allí cerca son para cargar los materiales que recogen y transportan hasta los centros de reciclaje. Del peso de la ferralla depende el sueldo de su recolector. Y, a la vez, estos hombres son los habitantes del poblado que se va configurando a sus espaldas. Como si fuera un tetris: protuberancias de pladur y otros materiales fáciles de ensamblar que fueron creciendo junto a los muros de una antigua masía (possessió en Mallorca) –el Catastro sostiene que la casona se construyó finales del siglo XIX– que, en algún momento, quedó huérfana de mayorales.

–Salí de aquí a las seis y media de la mañana. Son casi las seis de la tarde y acabo de volver. Todavía no me he duchado. Luego lees los comentarios de los periódicos y ves que hay gente que dice que no doblamos el lomo. ¡Venirse un día a trabajar conmigo y os vais a enterar!

Dice uno de los hombres, uno de los más jóvenes –Paco, veinticuatro años y dos hijos–, y sus palabras todavía resuenan cuando un compadre –Jonathan, veintitrés años, una hija– le responde y en la voz se percibe más amargura que ironía:

–Eso lo escribe la gente aburrida, que está en casa sin saber qué hacer…

Los comentarios tienen trasfondo. Desde hace tres meses, Paco, Jonathan y otras doscientas personas –muchas, cercanas: son sus abuelos, sus padres, sus tíos– han aparecido en la prensa local. En más de una ocasión: corren riesgo de desahucio. En las parcelas en las que viven –y, como también le ocurre a sus hijos, y a los hijos de sus primos, donde ellos, a diferencia de las generaciones anteriores, también nacieron– se han trazado unos planos urbanísticos. Es un lugar goloso para levantar un barrio de nueva planta: la bisagra entre el aeropuerto de Mallorca, el centro de una ciudad que se acerca al medio millón de almas y el club deportivo de es Portitxol. El Ajuntament de Palma y la promotora Pryconsa poseen la mayoría de los terrenos. El pasado octubre demandaron a quienes consideran que los están okupando. La Policía Local repartió actas judiciales puerta por puerta. Nadie se ha marchado. 

Antes de tomar la salida que conduce a los caminos de son Bordoy una valla gigante con el sello de la empresa inmobiliaria anuncia a los conductores: “Tenemos tu casa. Próxima construcción de 750 viviendas”. Del total –y aunque se trate de unos terrenos recalificados gracias a una ley balear de 2008, durante la segunda presidencia del socialista Francesc Antich que se aprobó para anticiparse a la especulación que ahora sufren los baleares– sólo 150 serán de alquiler social. El 20%. Otras 250 tendrán un precio limitado –por determinar– y el resto –350– alimentarán una oferta fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos: el metro cuadrado flota en Palma –algo– por encima de los 5.000 euros. El doble que la media española.

Una valla gigante con el sello de la empresa inmobiliaria anuncia a los conductores: 'Tenemos tu casa. Próxima construcción de 750 viviendas'. Del total sólo 150 serán de alquiler social, otras 250 tendrán un precio limitado –por determinar– y el resto –350– a precio libre y prohibitivo para la mayoría de bolsillos

Campos de golf y VPO

“Es un tema judicializado, no haremos declaraciones”, afirman fuentes de Pryconsa. Especializada en la construcción y comercialización de obra nueva, estas siglas forman parte del paisaje inmobiliario español desde los tiempos del desarrollismo franquista. Creada en 1965, ahora es un holding. Disponen de otras sociedades como Prygesa –que gestiona cooperativas de vivienda– o Saint Croix –especializada en la adquisición de edificios para sacar rentabilidad alquilando sus pisos y apartamentos–, han alumbrado hoteles y campos de golf en entornos naturales –Isla Canela, provincia de Huelva– y presumen de haber entregado 75.000 pares de llaves a lo largo de su historia. Muchas eran viviendas de protección oficial. 

Los principales accionistas de Pryconsa son los hermanos José Luis y Marco Colomer Barrigón, que se reparten la mayoría de la tarta junto a otros familiares, y aparecen año tras año en la lista de los españoles más ricos: 1.600 de patrimonio neto se les calcula en la de 2025. Son los herederos del fundador: José Luis Colomer Hernández, un promotor al que el juez Santiago Torres imputó por presunta estafa urbanística en el marco de la Operación Guateque. Esta trama había agilizado –presuntamente– licencias a cambio de sobornos. El escenario, la Comunidad de Madrid. La detención del padre sucedió en 2008, con la presidenta Esperanza Aguirre mandando en la Puerta del Sol y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón en el Palacio de Comunicaciones, junto a la Cibeles. Una década más tarde, los treinta acusados fueron absueltos por el Tribunal Supremo al considerarse “ilícitas” las grabaciones que habían originado las pesquisas.

Los principales accionistas de la promotora, Pryconsa, son los hermanos José Luis y Marco Colomer Barrigón, que aparecen año tras año en la lista de los españoles más ricos

Tras la pandemia, Pryconsa saltó el charco. Palma –como antes ocurrió con Guadalajara (la extrema periferia de los madrileños por el costado este) o con los alrededores de Sevilla capital– es un valor al alza en el sector inmobiliario. Prueba de ello son los 469.000 euros –precio de salida, unidades a partir de 69 metros cuadrados– por los que se están vendiendo los pisos que la promotora está levantando en son Güells, el otro desarrollo urbanístico en el que la promotora se ha embarcado y que levantó las alarmas de las asociaciones de los barrios vecinos por la altura –hasta once plantas– de algunos de los inmuebles. Son Güells no está demasiado lejos de son Bordoy –también en el contorno de la capital balear–, pero meter la maquinaria fue más fácil: nadie se opuso.

–Mi familia –tengo once nietos y seis bisnietos–, concretamente, lleva veintiocho años viviendo aquí. Y no vinimos por gusto. Antes estábamos en unos terrenos de el Molinar, cerquina de la playa, pero vino la señora Angelinas [miembro del Secretariado Gitano] y nos pidió, por orden del señor Juan Fajeda [político popular, alcalde de Palma entre 1991 y 2003, al que se vinculó con uno de los cabecillas de son Banya] que nos viniéramos a estas fincas, que nos firmarían una cesión de uso. Así fue y, desde entonces, aquí estamos, con más gente. Sin dejar de trabajar y viviendo muy en paz. 

Ángel Paredes no ha perdido su acento extremeño pese a que lleve en Mallorca más de la mitad de su vida. Desde Aldea Moret –las calles más meridionales de la ciudad de Cáceres, una antigua barriada minera de casas bajas donde la cultura calé siempre ha tenido mucha fuerza– vino a la isla y, antes de ser chabolista en el Molinar –otra zona de marcado carácter romaní hasta que el turismo fue orillando a lo gitano–, habitó “unos apartamentos que había dentro de la nave” donde trabajaba fabricando materiales de construcción, un oficio que, combinado con la chatarra, desarrolló durante mucho tiempo: “No veas lo embalados que currábamos en los noventa. De mi fábrica salieron muchos de los bloques con los que se hizo [el estadio de fútbol de Son Moix]. Por eso, nos da mucha rabia que ahora nos quieran echar de nuestras casas. Estas paredes [señala un salón, en el centro una lumbre, alrededor otras mujeres y hombres, y varios niños correteando, todos con sangre gitana en las venas] las hemos levantado con nuestro esfuerzo. Y con permiso del alcalde en su momento”.

–¿Pero ustedes tienen algún documento que acredite esa cesión de uso, Ángel?

–No, lo guardaron en el ayuntamiento. Era para ocho años, pero el tiempo pasó y no nos dijeron nada más. Lo que sí estamos es empadronados…

Al hilo y como un rayo, Paco y Jonathan –uno en papel; el otro, en digital– muestran dos certificados –con el escudo (murciélago, corona, dos fondos cuatribarrados, dos fondos acastillados) municipal y fecha reciente– “los papeles para poder viajar”, como los llaman ambos. “Sin esos documentos no podríamos tener a nuestros hijos en la escuela, que van caminando y en cinco minutos están allí, ni tampoco tendríamos médico de cabecera… ”, tercia Natalio, el segundo en veteranía después de Ángel. Él, también chatarrero, también extremeño –es de Badajoz–, tiene cuarenta y ocho y llegó a Palma con sólo dos años.

Paco y Jonathan no han conocido otro hogar. “¿Irnos a otro lado? Claro, pero que podamos pagarlo”, se pregunta el primero: “Si yo gano entre 1.500 y 1.700 euros al mes, que además de la chatarra, también conduzco un Uber de vez en cuando, y pago 500 de alquiler, vale. ¿Pero cómo voy a pagar 1.200, que es lo que te piden?” 

–¿De chico cómo era criarse aquí?

–¡Una bomba!– responde el segundo–. Lo vemos con nuestros hijos: salen de casa, se echan a correr, se juntan con sus primos, hacen casetas…

“Si nos echan de aquí”, continúa Natalio, “nos parten por la mitad. Hay cuarenta niños viviendo en estas casas, cuarenta. Porque, tal y como está todo… ¿dónde vas? Cuando mis padres se quedaron en la isla vivimos como por el centro de la ciudad. Entonces era más fácil lo de alquilar un piso. Luego nos fuimos yendo a las afueras, pero, mira, yo me acuerdo de chico de echar guerrillas con payos que luego han sido policías nacionales. Cuando nos cruzamos, nos hacemos asina, tocándonos el hombro, y nos decimos, ¿te acuerdas? Entonces éramos vecinos. Luego nos vinimos aquí porque se podía vivir bien. Las viviendas son dignas. Tenemos agua de pozo y electricidad de la red. Entramos y salimos en coche, cuando hace falta, o, si en vez de la compra sólo necesitas una barra de pan, a pata. ¿Se puede saber a quién molestamos?” Una parte de los vecinos de son Bordoy –varias decenas– han intentado –varias veces– hacer esa pregunta al alcalde de Palma durante esta semana, pero Jaime Martínez Llabrés no los ha recibido. 

El alcalde no recibe a los vecinos 

El tema se reavivó a mediados de enero cuando supieron que el pleno –mayoría simple del PP con apoyo externo, e imprescindible, de Vox– había dado luz verde a la construcción de un vial que hará más fácil entrar y salir con el coche de la futura urbanización. El lunes, exhibieron pancartas delante de Cort –el nombre de la sede histórica del Consistorio– ante la mirada de varios agentes de la Policía Nacional, dos turistas japonesas y un empleado –trajeado y encorbatado– de una tienda de relojes de lujo.

Para acabar la protesta, formaron una fila y, en un extremo, Àngela Pons, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca gritó. A viva voz y con un dedo sobre la garganta para calibrarla: “¡¿Señor Jaime Martínez y compañía: no les da vergüenza hacer cada día este tipo de política, vulnerar cada día los derechos humanos y de la ciudadanía!? ¡Sois el alcalde de Palma, no sois el alcalde el de las constructoras, los apis [siglas de agentes de la propiedad inmobiliaria] y las promotoras! Señor Jaime Martínez, dé la cara: ni siquiera una reunión, ni siquiera mirarnos a la cara, ni siquiera la preocupación de explicar a dónde irá esta gente! ¡Os importa muy poco la ciudadanía que sólo cobra mil o mil quinientos euros al mes!”.

El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a la construcción de un vial que hará más fácil entrar y salir con el coche de la futura urbanización

“Servicios Sociales ha ofrecido la cartera de servicios a las personas que residen en este espacio. Esta cartera incluye, en función de las circunstancias personales de cada una de estas personas, ayudas en materia de vivienda, higiene personal, alimentación y/o acceso a centros de acogida”, explican –por escrito– desde el equipo de prensa de Cort. Todos los afectados con los que ha podido hablar elDiario.es –una docena de personas– niegan haber recibido la visita de algún técnico municipal durante los últimos meses. 

Tres días después –el jueves– de la primera protesta, la activista tomó la palabra en el pleno de enero y pidió una vivienda alternativa para compensar el posible desahucio. Varios vecinos de son Bordoy la escoltaban. El alcalde Martínez –arquitecto de profesión– no miró a Àngela Pons a la cara durante su parlamento. A este experto político –fue director general y conseller de Turisme durante la legislatura de José Ramón Bauzá, 2011-2015– le esperaba una mañana más que incómoda: durante la sesión hablarían también los vecinos que trataron de evitar la tala antes de Navidad de unos árboles casi centenarios que estaban plantados en el casco medieval de la ciudad y no dejarían de sonar las bocinas de la protesta que, puertas afuera, llenaba de ruido la plaza: un centenar largo de policías locales pedían al equipo de gobierno que cumpla su promesa de “modernizar” el funcionamiento del cuerpo. Las banderas sindicales que agitaban los manifestantes se reflejaban en los cristales de un hotel de cinco estrellas con nombre de café italiano. El empleado trajeado y encorbatado volvía a contemplar la escena –mientras recibía unos paquetes de un repartidor subsahariano– desde el otro lado del escaparate de la tienda de relojes de lujo.

Aferrados a un abogado de oficio

Vuelve a llover en son Bordoy. María está sentada en el sofá de su salón, la tela de una mesa camilla sobre los muslos. A su lado, Antonio, su marido, la camisa un poco entreabierta. En una pantalla de gran tamaño, una telenovela y, al fondo de la estancia, tres neveras, dos fregaderos, un espacio enorme para cocinar. Hace frío fuera –no es calle, es campo abierto–, pero en la casa la temperatura es agradable. Hay un torbellino que corretea por el salón: hace la croqueta en el sofá, trepa por una silla, no se está quieta. “Esta niña ya está muy grande, pero no hay manera de quitarle el chupete”, dice María –con una mueca más cómplice que rigurosa– sobre su nieta. Entre los futuros desahuciados, ellos fueron los últimos en llegar. Este matrimonio construyó su casa de unos cien metros cuadrados –muy similar a las otras– en una possessió –que ya nadie cultiva, dicen sus habitantes, excepto “una señora que sigue sembrando un poco de alfalfa y cebada en un solar”– de miles de metros cuadrados hace apenas diez años. 

También son extremeños –de Cordobilla de Lácara, justo en el límite entre las dos provincias de la región– y conservan un acento lleno de haches aspiradas, consonantes finales que desaparecen, eles que se convierten en erres (dobrar por doblar) y viceversa (entral por entrar). Antonio y María tenían familia en Mallorca, por eso vinieron: “Aquí nos dijeron que iba a haber más trabajo y nos vinimos con nuestros hijos, y nos ha ido bien, ya somos abuelos. Nosotros, con cuatro maderas, estamos muy a gustino aquí. Nos ganamos la vida honradamente, estamos criando a nuestros niños. ¡Nosotros no les pedimos un piso ni ná! Un terreno solamente, para hacernos otra casa”, se embala María, que lleva la voz cantante.

Su marido pone encima de la mesa acristalada –debajo hay un dibujo donde se lee en mayúsculas infantiles: abuela, abuelo– unos folios grapados. Es un acta de desahucio. Está firmada a 31 de marzo de 2025. Ellos afirman haberla recibido en octubre, como el resto de los vecinos. La demanda va a nombre de Pryconsa. Según la PAH, la parcela donde viven Antonio y María es de titularidad municipal. La familia espera que “esta confusión” les dé, como mínimo, tiempo extra para que no los echen de la casa en la que viven. Se han puesto en manos –como el resto de sus vecinos– de un abogado de oficio.