El PP en Fuerteventura ha pedido este lunes a su expresidenta Águeda Montelongo que devuelva sus actas de diputada y consejera del Cabildo tras haber abandonado la formación política con la que concurrió a las elecciones de 2015.

La formación política en la isla ha manifestado en un comunicado que respeta la “decisión personal” que ha tomado Montelongo de abandonar las filas populares, pero ha apostillado que no comparte “las razones políticas esgrimidas” que la han llevado a tomarla.

Montelongo ha acusado al presidente del PP en Canarias, Asier Antona, de haberla sometido a una “una persecución política” y le ha hecho responsable de “la debacle” que augura que van a sufrir los populares en las próximas elecciones.

A su juicio, tras haber sido elegido presidente regional del PP, Antona “no ha sabido encajar” que ella no le apoyó y ha mantenido “una constante persecución y falta de comunicación, con traiciones dirigidas”.

Además de estimar coherente con su marcha que la diputada regional y consejera del Cabildo de Fuerteventura “entregue sus actas al partido en el que ha militado y desempeñado puestos de relevancia, tanto orgánica como institucional, durante 24 años”, los populares majoreros han recalcado que en esta formación “se es libre para afiliarse pero también para dejar de militar en sus filas”.

La diputada del PP por Fuerteventura Águeda Montelongo ha anunciado este lunes que abandona el partido, ha acusado a su presidente en Canarias, Asier Antona, de haberla sometido a “una persecución política” y le ha hecho responsable de “la debacle” que augura que van a sufrir en las elecciones.

Montelongo ha asegurado a Efe que esa situación se ha mantenido desde hace dos años, cuando Antona fue elegido presidente regional del PP, pues “no ha sabido encajar” que ella no le apoyó y ha mantenido “una constante persecución, falta de comunicación, con traiciones dirigidas”.

Según ha dicho, siempre confió en que al final habría diálogo y entendimiento. “Pero se ha creado un muro infranqueable en lo personal y en lo político y, después de intentarlo todo, he decidido pedir mi baja del PP”, ha añadido.

A juicio de Montelongo, en las próximas elecciones el PP sufrirá “una debacle electoral, porque no hay liderazgo en Canarias para afrontar unas elecciones en condiciones y todo el mundo parece que mira para otro lado”.

Cree que el PP se ha convertido en “un partido preocupado por la inmediatez, por la ocurrencia y por la foto”, en el que se está perdiendo gente y potencial intelectual.

“No quiero participar en esto, estoy viendo que el PP se desmorona y nadie hace nada”, ha dicho Montelongo, quien ha asegurado que no se integrará en otra formación política.

Lo razonable es aprender de los errores de nuestros colegas de profesión y no empeñarse en tropezar con la misma piedra hasta cogerle cariño. Sin embargo, parece que hay políticos a los que les cuesta aprender la lección. Es el caso de Águeda Montelongo, que le ha cogido cariño a la piedra. Esta semana han pillado a la consejera del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Fuerteventura marcándose un Celia Villalobos. 

“Como solo voy a votar, pues aprovecho”, así explicaba Montelongo cómo aprovecha los plenos del Cabildo para estudiar los apuntes sobre Salud y actividad física, con el fin de prepararse unas oposiciones para profesores de Educación Física de Enseñanza Secundaria.

Montelongo aprovecha porque lo que se debate en los plenos no es tan interesante como para acaparar sus cinco sentidos. A ver si al no prestar atención en los plenos le va a pasar como a los políticos de los partidos contrarios, esos que votan en contra de lo establecido por su partido.

El caso de Montelongo se parece bastante al de Nuria Herrera, la diputada de Coalición Canaria que fue pillada mientras hacía la tarea de inglés de sus hijos en un pleno del Parlamento de Canarias en el año 2013. Ahora que han pasado cinco años, podemos afirmar que el lío que provocó cuando la pillaron con los Workbooks abiertos de par en par no fue suficiente. Son muchos los políticos canarios que aprovechan el tiempo mientras el interlocutor del equipo contrario hace una intervención.

Marruecos

Esta semana también nos enteramos de que la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, se habría cogido una semana de vacaciones en 2016 en la que los vuelos habrían sido pagados con dinero público. Aunque la responsable habría hecho el viaje con motivo de la Cumbre del Clima en Marrakech, se habría quedado una semana más. Un escándalo de tal magnitud que ha provocado que desde Podemos se comiencen a pedir explicaciones y una comparecencia de la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto. La honestidad entre los políticos canarios está bajo mínimos.

Podemos Fuerteventura ha exigido este miércoles la dimisión de la consejera popular en el Cabildo de Fuerteventura Águeda Montelongo por estudiar oposiciones durante un pleno de la Corporación, como desveló Canarias Ahora.

Para el portavoz de la formación morada en el Cabildo, Andrés Briansó, “es intolerable que un cargo público dedique su tiempo de trabajo político a asuntos personales en medio de un debate donde se discuten las necesidades, carencias y opciones de mejora de Fuerteventura”.

Así mismo, Briansó argumentó que “es una auténtica vergüenza para la institución, una falta de respeto al resto de consejeras y consejeros y un insulto al pueblo majorero que paga a esta consejera por una labor que no hace”.

Podemos Canarias considera este hecho un ejemplo “bochornoso” de desprecio a la institución y a los majoreros, “al más puro estilo del escándalo del Candy Crush, marca Partido Popular”; por lo que piden a su formación que esta consejera sea apartada de su cargo, “como le hubiese pasado en circunstancias similares a cualquier persona que dedicase sus horas de trabajo a temas ajenos al mismo”.

El motivo esgrimido por Montelongo para estudiar durante el pleno es que “como en el Cabildo no me dejan intervenir y solo voy a votar, pues aprovecho”, tal como declaró a Canarias Ahora.

“Tema 52: Salud y actividad física. Contraindicaciones de la actividad física en la salud y calidad de vida”. A este apasionante capítulo de las oposiciones para profesores de Educación Física de Enseñanza Secundaria dedicó la mañana de este viernes la diputada regional del Partido Popular Águeda Montelongo. Pero no en un pleno del Parlamento de Canarias, de la que es integrante desde 2007, sino en la sesión mensual del Cabildo de Fuerteventura, donde también ejerce en nombre de su partido.

“Es que como en el Cabildo no me dejan intervenir y solo voy a votar, pues aprovecho”, explicó a este periódico. “Yo soy funcionaria interina de Educación, y siempre que se convocan oposiciones me tengo que presentar para no perder mi plaza”, concretó sin perder el buen humor.

Como consejera del grupo popular en el Cabildo de Fuerteventura, Águeda Montelongo percibe 200 euros por su asistencia a cada pleno de la Corporación, donde comparte representación del PP con Claudio Gutiérrez, que actúa como portavoz del partido una vez Montelongo fue desposeída de todo poder orgánico tras la renovación que sufrió la cúpula. Ella no es de la cuerda de Asier Antona, el presidente del PP canario que sustituyó en 2016 a José Manuel Soria cuando este sucumbió víctima de los papeles de Panamá y sus cuatro delirantes ruedas de prensa.

Por eso tiene que asegurarse un futuro fuera de la política como Licenciada en Ciencias de la Actividad Física, que lo es por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, título complementado con un máster en Dirección y Gestión Deportiva por la Universidad de Málaga, según su ficha en el Parlamento.

No corren ahora tiempos esperanzadores para alguien que se convirtió en uno de los valores más prometedores de los conservadores en las Islas. De concejala de Puerto del Rosario, la capital majorera (1995), saltó directamente a las Cortes Generales en 1999, donde estuvo de diputada hasta 2003, año en el que José Manuel Soria la designó consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias. Su gestión en este campo se vio marcada por la falta de sensibilidad que le achacó con dureza la oposición por su actuación al morir en las costas de Fuerteventura quince inmigrantes tras embarrancar su patera. Ella jugaba al golf muy cerca y no se interesó por lo ocurrido hasta que contestó a las preguntas parlamentarias, eso sí, culpando al Gobierno de Zapatero de la demora de los servicios de rescate en llegar a la zona del siniestro.

Desde 2007 es diputada regional, cargo que ha compatibilizado en varias legislaturas con el de portavoz del PP en el Cabildo de su isla, Fuerteventura, donde protagonizó uno de los escándalos más sonados de la historia reciente de la política isleña, el llamado caso Patronato.

Montelongo era la consejera de Turismo del Cabildo y vicepresidenta del Patronato de Turismo en un pacto con Coalición Canaria. A través del presupuesto de ese organismo se pagaron en varias ocasiones viajes y cuchipandas a altos cargos nacionales y regionales del PP haciéndolos pasar en las memorias y en las facturas como reputados periodistas o rutilantes actrices de culebrones latinoamericanos. Fue el caso, por ejemplo, del actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, soltero, que dejó de ser médico y cirujano al estallar el síndrome de los títulos inventados y los másteres regalados a altos cargos del PP.

Águeda Montelongo, para quien la fiscalía pedía cinco años de prisión, fue absuelta no sin polémica porque el tribunal que la juzgó, del que formaba parte el magistrado Salvador Alba (para quien la Fiscalía pide ahora 15 años de prisión), consideró que era normal que firmara sin darse cuenta la autorización para el pago de esas facturas, dado el volumen de documentos que pasaban por su portafirmas cada día.

No conforme con esa absolución, Montelongo reclamó al Cabildo de Fuerteventura que se hiciera cargo de los 15.640 euros de la factura de su abogado, nada menos que el exfiscal general del Estado con el PSOE, Eligio Hernández. La Corporación se negó entonces, pero el mes pasado un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria resolvió que la consejera tenía derecho a percibir los emolumentos de su abogado y así ha sido.

Ahora aprovecha cualquier momento para prepararse sus oposiciones a profesora de secundaria. Las horas que dedica a ello también se las pagan los ciudadanos.

Enrique Hernández Bento, mano derecha del exministro José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Ejecutivo de Rajoy como subsecretario de Estado, y exdelegado del Gobierno en Canarias, será el próximo candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, según ha podido saber Canarias Ahora de fuentes del partido de Albert Rivera en Madrid.

Hernández Bento, que tras la dimisión de José Manuel Soria por sus empresas en el paraíso fiscal de Jersey compitió sin éxito por la presidencia del PP de Canarias con el actual líder, Asier Antona, también terminó rompiendo relaciones con el que fuera su padrino político en Madrid y en Canarias. Y se dio de baja en el PP.

Ahora, Hernández Bento lidera una operación de escindidos del PP que, en contacto directo con la Secretaría de Organización de Ciudadanos, prepara un gran desembarco de populares relevantes que han roto vínculos con el partido. Y todo ante el estupor de cargos y militantes naranjas en las Islas que ven cómo se les desplaza por lo que la dirección nacional considera falta de tirón electoral y acción política. Sin que haya habido explicaciones internas.

Hernández Bento no llega solo a Ciudadanos desde esos rescoldos del PP. Lo hará, entre otros, con José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en el anterior mandato en las filas del PP, y su hijo Lucas Bravo, el consejero de Deportes que contrataba a su novia y que dos años después de dejar el cargo de gobierno se convirtió en su actual socio para eventos deportivos. Justo cuando consideró que vencían los dos años de incompatibilidad por cargo público.

Los Bravo tienen el cometido de rentabilizar el indudable tirón electoral del padre en las listas del Cabildo de Gran Canaria, que liderará para Ciudadanos José Miguel Bravo de Laguna en 2019. En 2015, Bravo padre rompió con el PP siendo aún presidente del Cabildo y se presentó en 2015 en solitario como Unidos por Gran Canaria (UxGC), obteniendo dos actas. De esa escisión, el PP vio cómo Nueva Canarias le superaba en votos y le arrebataba la presidencia de la corporación.

El acuerdo ya cerrado y pendiente de hacerse público a la vuelta del verano podría retrasarse por la polémica de las contrataciones de Lucas Bravo a su amiga íntima Noelia Pérez, de la que ahora es socia, pero el tirón electoral de José Miguel Bravo, que también ha estado en contacto con Coalición Canaria (CC) para alianzas antes de las elecciones de 2019, prevalece en Ciudadanos para que la operación liderada por Hernández Bento llegue a buen puerto en otoño, según fuentes cercanas al jefe nacional naranja en la negociación, Fran Hervías, secretario de Organización.

En todo este mercado de fichajes político del verano, los Bravo de Laguna sí que han trasladado a sus interlocutores de Ciudadanos el interés de Coalición Canaria por hacerse con sus servicios, y electores. Tanto, que sobre la mesa Coalición llegó a ofrecer la presidencia de la Autoridad Portuaria de la provincia de Las Palmas a José Miguel Bravo como una opción que se diluyó en cuanto el PP inició contactos para el pacto regional con CC, negociaciones que no han fructificado.

De ahí que vuelva a ser Ciudadanos el destino de los Bravo. Hasta el punto que desde los negociadores del desembarco se haya vetado la entrada en la operación de otros socios locales de José Miguel Bravo de Laguna, como el grupo de la ciudad de Telde liderado por el exteniente de alcalde Guillermo Reyes, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), y su aliada en el municipio de Mogán, la alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca), prácticamente ya en las filas electorales de CC. Y ambos con pasados bajo lupa judicial. Los Bravo no han puesto objeción a ese doble veto.

En la misma jugada de refuerzos de carteles electorales también se ha embarcado la que fuera presidenta del PP en la isla de Fuerteventura, Águeda Montelongo, enfrentada, como Hernández Bento y José Miguel y Lucas Bravo, al actual líder de los populares en Canarias y sustituto de José Manuel Soria, Asier Antona.

La líder conservadora majorera, exculpada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el caso Patronato (suplantación de nombres para que altos cargos del PP se alojaran en hoteles de Fuerteventura a costa del erario público), tendrá que elegir entre encabezar la lista naranja al Parlamento de Canarias por la isla de Fuerteventura o ser la candidata a presidenta del Cabildo de esa isla.

Las normas internas de Ciudadanos imposibilitan que una misma persona ostente dos cargos públicos o se presente en más de una lista, del mismo modo que si el partido tiene menos de 400 afiliados en algún territorio de los que denomina delegaciones, como es el caso de Canarias, las designaciones de candidatos no tienen la obligación de pasar por el filtro de asambleas y primarias.

Así es lo que las fuentes consultadas consideran el relanzamiento de Ciudadanos en Canarias, donde la representación pública se reduce a varios ayuntamientos y en especial al de Las Palmas de Gran Canaria, con su portavoz Beatriz Correas como la principal perjudicada de este movimiento de fichas. Este periódico no ha podido contactar a lo largo de este martes con la portavoz municipal naranja.

Ciudadanos sí que tuvo cierto tirón nacional con la obtención de dos actas de diputados, uno por cada provincia, Melissa Rodríguez por Santa Cruz de Tenerife, con visible presencia mediática, y Saúl Ramírez por Las Palmas.

El actual sistema electoral perjudicó notablemente a Ciudadanos en las elecciones autonómicas regionales. La formación sobrepasó los 54.000 votos y no obtuvo ni una sola acta en la Cámara autonómica.

A Águeda Montelongo, la presidenta del PP de Fuerteventura, se lo advirtieron desde el primer momento: no presumas mucho de esta sentencia porque está cogida con alfileres. El TSJ de Canarias la absolvía por sorpresa el pasado mes de diciembre de 2015, en plena campaña electoral, de los delitos por los que se sentaba en el banquillo: prevaricación, falsedad documental y malversación. Montelongo había ordenado pagar con dinero del Patronato de Turismo de Fuerteventura diversos agasajos (hoteles y coches de alquiler, básicamente) a varios altos cargos de su partido de visita a la isla. Era una condena de libro, pero milagrosamente tanto ella como los otros dos acusados resultaron absueltos.

Pasado un tiempo que ella debió creer prudencial, Águeda Montelongo se olvidó de los sabios consejos y, probablemente empujada por su imprudente abogado, Eligio Hernández, desempolvó la sentencia y la presentó ante el Cabildo de Fuerteventura para que le fuera abonada la minuta de su letrado, nada menos que 15.000 euros. Fue una mala idea porque esa exigencia dineraria ha provocado el efecto que trataron de evitar sus buenos asesores: que recordemos esa sentencia y algunos de sus aspectos más llamativos.

1) ¿Quiénes formaron el tribunal que absolvió a Águeda Montelongo? Fueron tres magistrados. Lo presidió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a quien acompañaron el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo alto órgano y el polémico magistrado Salvador Alba Mesa, investigado ahora por corrupción judicial, miembro de la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la salsa de todos los platos, el juez que últimamente aparece en todos los casos de corrupción de resonancia mediática.

2) ¿Pero quién llevó el peso del juicio? Salvador Alba Mesa fue el magistrado que se remangó durante el juicio del caso Patronato, especialmente para acorralar al principal testigo de cargo que tenía Águeda Montelongo: Santiago Santana, trabajador del Patronato de Turismo colocado allí por el Partido Popular. A Santana el PP trató de endosarle en la fase de instrucción toda la responsabilidad de lo ocurrido con las cuchipandas a dirigentes del partido (lo ratificaron en el juicio dos testigos más), pero sólo confesó que la orden provino directamente de Águeda Montelongo cuando fue interrogado ante el tribunal. Fue precisamente esa contradicción entre lo que dijo en la fase de instrucción y lo que dijo en la vista oral lo que valió al tribunal para dudar de su testimonio, y en gran medida absolver a la presidenta del PP canario y diputada regional.

3) ¿Qué hace en el TSJC el magistrado Alba? Salvador Alba Mesa se presentó voluntario a formar tribunal para este juicio, como hace habitualmente para sustituir a jueces en todas las jurisdicciones de la provincia de Las Palmas. A pesar de estar siendo investigado por corrupción judicial por haber participado supuestamente en una conspiración contra la magistrada Victoria Rosell, ex diputada de Podemos, sigue actuando con absoluta normalidad. Este mismo martes se conoció la sentencia del caso Calero, en cuyo tribunal también se sentó Alba. Igualmente ha sido designado como ponente para presidir el primer juicio de relieve del caso Unión, la investigación por corrupción más grave jamás detectada en la isla de Lanzarote.

4) ¿Qué dicen los “hechos probados” de la sentencia? “Es posible (y probable) que esta orden, indicación o sugerencia [de Águeda Montelongo conduciendo a que se pagaran con fondos públicos los gastos de sus invitados], aconteciera tal y como sostiene la acusación pública, pero este grado de probabilidad deviene insuficiente para concluir a la Sala a la convicción necesaria para fundamentar una condena penal”. Es decir, se da por sentado que la orden, indicación o sugerencia (escójase el verbo que más apetezca) provino de la señora Montelongo, pero como ocurriera con el también diputado del PP Jorge Rodríguez, igualmente absuelto por el TSJC, el árbitro pitó “peligro”. Ya se sabe: para que se pueda condenar a un dirigente de ese partido la cosa tiene que estar mucho más clara. Es decir, el cuchillo chorreando sangre en sus manos y la víctima convenientemente decapitada en el momento de irrumpir en el escenario del crimen la autoridad competente.

5) Es que eran cinco años, tú. Efectivamente: la Fiscalía Anticorrupción pedía para la presidenta del PP de Fuerteventura una condena de cinco años y ocho meses de prisión, estimación seguramente resultante de la acumulación de esos tres delitos. Algo que debió parecer una exageración al tribunal, que optó por dar por buenos los hechos pero no lo suficiente. Volvamos al caso de Jorge Rodríguez: su absolución (por otro tribunal) se debió a que el tráfico de influencias que se dio por cometido no fue lo suficientemente grave, no sacudió de manera irreversible los cimientos del Estado democrático como para condenarlo. En el caso Montelongo, el ponente recuerda que a) las facturas no estaban giradas a nombre de los invitados del PP (naturalmente, porque se camuflaron con nombres de periodistas y actrices para justificar el cargo); b) la acusada firmaba muchas facturas como para poder percatarse de esas en concreto, y c) al fin y al cabo estamos ante “una magra cantidad” de 1.346 euros, que fue exactamente lo que se detectó.

El Cabildo no pagará a Eligio

Pues bien, con este pedazo de sentencia se presentó la señora Montelongo ante el Cabildo de Fuerteventura, donde ejerce como portavoz del PP (en la oposición), para reclamar que le pagaran los honorarios de su abogado, casualmente Eligio Hernández, el mismo que en estos momentos trabaja para José Manuel Soria -mira tú qué casualidades que tiene la vida- en connivencia con el magistrado Salvador Alba, anda, otra casualidad, que tiene como letrado defensor en su causa por corrupción judicial al otro abogado de Soria, Nicolás González-Cuéllar. Pero a lo que íbamos: los servicios jurídicos de la Corporación aceptaron inicialmente la petición de la reclamante Montelongo porque la norma admite el pago siempre que el funcionario o cargo público resulte absuelto. Pero tras leerse con detenimiento la sentencia y comprobar los hechos probados, que confirman que efectivamente la señora reclamante ordenó, sugirió o indicó que con fondos públicos se pagaran cuchipandas privadas, los letrados del Cabildo dieron marcha atrás y dejaron en manos del pleno de la Corporación tomar la decisión política. El pleno se reunió este lunes y acordó por mayoría aplastante rechazar la petición de Águeda Montelongo. Sólo hubo un voto a favor, el del único consejero del PP que se constituyó en el acto. Se abstuvieron Nueva Canarias y el partido del marqués de las Dunas. El grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y el PSOE, se opuso.

Una denuncia contra Marcial Morales (CC), actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, por presuntas irregularidades en la construcción de ocho rotondas durante su etapa como alcalde de Puerto del Rosario ha evidenciado las tensiones en el seno del PP majorero. Jessica de León, concejala de los populares en la capital majorera y ex portavoz del grupo municipal, ha reprochado a la presidenta insular del partido, Águeda Montelongo, y al actual portavoz en el Consistorio, Carlos Figueroa, que emitieran este miércoles una nota de prensa “sin su consentimiento” en la que la responsabilizaban de la presentación de la acción judicial contra Morales.

“La denuncia fue redactada y entregada en los juzgados por el señor Carlos Figueroa, con el consentimiento y amparo de Águeda Montelongo, puesto que esta es una acción del Grupo Popular como partido y no de una sola persona, como así parece reiterarse una y otra vez en la nota de prensa emitida por mis ”compañeros“, precisa de León en un comunicado.

La concejala del PP en Puerto del Rosario recuerda que ya declaró ante la Fiscalía el pasado 22 de enero que la denuncia había sido redactada por Figueroa y que ella sólo la firmó porque en ese momento (noviembre de 2015) era portavoz del grupo municipal popular en la capital majorera y, por lo tanto, representante jurídico del mismo, una condición que dejó de ostentar a finales de febrero de 2016. “Derivado de mi declaración, Carlos Figueroa fue llamado a declarar y, de hecho, declaró ante el Fiscal el martes 22 de enero de 2016”, añade.

De León afirma que ha solicitado en varias ocasiones al PP de Puerto del Rosario que comunique en los juzgados el cambio de portavocía y anuncia que, ante la falta de respuesta, informará a la Fiscalía de esta modificación “para que sea el autor de la denuncia, Carlos Figueroa, el que asuma lo que no es más que su responsabilidad: su denuncia”.

En la nota difundida por el PP de Fuerteventura este miércoles se informaba de la existencia de una resolución fechada el pasado 1 de septiembre por la que las diligencias abiertas a raíz de la denuncia han sido remitidas al Decanato de Puerto del Rosario para su posterior reparto al juzgado que por turno corresponda.

Según el PP de Fuerteventura, los hechos que se describen en la denuncia, de acreditarse en sede judicial, pueden ser constitutivos de un delito de falsedad documental imputable a Marcial Morales y a José Luis Espinel, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y otro de estafa atribuido exclusivamente al funcionario municipal.

Los consejeros de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura han criticado este miércoles que el grupo de gobierno de la corporación, formado por CC y PSOE, haya respaldado que la presidenta del PP en la isla, Águeda Montelongo, represente a la oposición en la Fundación Montaña de Tindaya.

La designación de Montelongo demuestra que los gobernantes de la isla no han querido tener en cuenta el parecer de los ciudadanos que, a diferencia de los partidos CC, PSOE y PP, rechazan el proyecto que ideó el escultor Eduardo Chillida para dicha montaña, según sostiene Podemos

“Han preferido al Partido Popular para un proyecto imposible y que genera una oposición social increíble” en vez de que represente a la oposición un consejero de Podemos, organización que aspiraba a formar parte de la referida fundación para que “también estuvieran representadas las miles de personas que no quieren abrir un agujero en Tindaya”, afirma su portavoz en la corporación, Andrés Briansó.

El cual acusa además a nacionalistas y socialistas de emplear fondos del Cabildo con el propósito de socavar el actual rechazo ciudadano al proyecto de Chillida, “al estar en marcha un convenio para que la televisión pública del archipiélago difunda el proyecto del artista fallecido”.

“Siguen alegando que el proyecto no nos va a costar dinero, pero con los impuestos de todos los canarios piensan hacer propaganda utilizando la Radio Televisión Canaria, publicidad que vamos a pagar todos”, sentencia al respecto el consejero de Podemos.

La diputada del Partido Popular, Águeda Montelongo, ha señalado tres días después de conocer la sentencia del TSJC que la absuelve del caso Patronato que este asunto ha hecho al PP “un partido más fuerte y cohesionado”.

También ha destacado el trabajo “impecable” de la justicia y ha pedido más recursos para que esta “no sea tan lenta” porque “la lentitud es la forma más injusta de condenar a una persona” en referencia a los cinco años que ha durado el proceso judicial del caso Patronato.

Montelongo ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación rodeada de representantes de su partido, entre ellos, el candidato al Senado, Claudio Gutiérrez, y la número cinco al Congreso por Las Palmas, Celia Alberto, para dar cuenta de la sentencia del TSJC que también absuelve a los dos ex trabajadores del Patronato de Turismo José Luis Cabrera y Santiago Santana.

La Fiscalía pedía para Montelongo cinco años y ocho meses de prisión por malversación, prevaricación y falsificación de documento público, al considerar que había amañado facturas del Patronato de Turismo cuando era consejera de Turismo del Cabildo majorero en 2010 para justificar gastos de altos cargos del PP haciéndolos pasar como viajes promocionales de prensa.

Finalmente, una sentencia del TSJC dada a conocer el pasado viernes señalaba que Montelongo y el gerente del Patronato de Turismo José Luis Cabrera firmaban cada año casi mil expedientes de gastos de promoción turística de la isla.

Para el presidente del TSJC, Antonio Doreste, lo hacían “rutinariamente” por lo que considera creíble que firmaran también los tres expedientes sin saber que se trataba de gastos del PP.

Montelongo ha agradecido, una vez más, el apoyo de familiares y amigos durante los cinco años y medio que ha durado todo el proceso, “pero sobre todo a los que aprovecharon la circunstancia para hacer rédito político sin importarles que detrás de la línea roja que atravesaron había una familia que sufría”, ha sentenciado.

La presidenta de los populares en Fuerteventura ha asegurado haber vivido “ataques desmedidos y juicios paralelos en los que nunca hubo cabida a la inocencia” con el objetivo de “desprestigiarme”.

También ha reconocido ante la prensa la dureza de acudir durante cuatro años a los plenos del Cabido cuando su presidente durante la pasada legislatura, el nacionalista Mario Cabrera,“fuera cual fuera el tema me condenaba y me lo tiraba en cara”.

Después de que una sentencia haya dictado su absolución, Montelongo ha solicitado una “profunda reflexión” sobre si es posible que “en un estado de derecho se condene a una persona de esta manera tan ruin y sucia como se ha hecho conmigo y con el PP”.

Asimismo, ha destacado el trabajo de su abogado y ex fiscal general del Estado, Eligio Hernández. “Fue él quien me dijo que no se podía permitir que se estuviera haciendo en Canarias un linchamiento tan injusto como el que me estaban haciendo”, ha reconocido la diputada.

Por último, ha agradecido el apoyo del pueblo majorero y ha asegurado que esas muestras de apoyo se plasmarán en los resultados electorales del próximo 20 de diciembre, “hay Águeda Montelongo y PP para muchos años”, ha añadido.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha absuelto a la presidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por los que la Fiscalía solicitaba para ella cinco años y ocho meses de prisión en el denominado caso Patronato, que investigaba el pago de estancias de hotel a diputados nacionales de su partido y el alquiler de un vehículo a Manuel Fernández, secretario general de los conservadores en Canarias en el momento de los hechos (2009-2010), con cargo a las arcas del Patronato de Turismo de la isla. 

La sentencia del TSJC llega justo cuando se cumplen tres meses de la finalización del juicio y en plena campaña electoral, a apenas nueve días de que se celebren los comicios

También han sido absueltos los otros dos acusados en este caso: José Luis Cabrera Bonny, exgerente del Patronato, para quien el Ministerio Público pedía la misma pena que para Montelongo, y Santiago Santana, que trabajó como administrativo en el organismo y que se enfrentaba a un máximo de un año y nueve meses de cárcel como cooperador necesario del delito de malversación.

La Sala, presidida por Antonio Doreste y completada por Salvador Alba y César García Otero, da por probado el acto ilícito, el pago irregular de las facturas, pero no ve indicios suficientes para corroborar que fue Águeda Montelongo quien dio la orden de pagar el alojamiento y el vehículo a los cargos orgánicos del PP con fondos públicos camuflando sus identidades bajo nombres falsos. “Es posible (y probable) que esta orden, indicación o sugerencia aconteciera tal y como sostiene la acusación pública, pero este grado de probabilidad deviene insuficiente para concluir a la Sala a la convicción necesaria para fundamentar una condena penal”, sostienen los magistrados en una resolución de 15 páginas.

En el juicio celebrado a principios de septiembre, el acusado Santiago Santana, que era el encargado de hacer las reservas y organizar los viajes en el Patronato, confesó que la presidenta del PP de Fuerteventura (partido en el que también militaba en ese momento) le había ordenado pagar esas facturas con dinero público. La Sala resta credibilidad al testimonio de Santana por las contradicciones entre lo que afirmó en la fase de instrucción y lo que manifestó en la vista oral. En el juzgado de Puerto del Rosario, el administrativo reconoció que existía un enfrentamiento con Montelongo y no afirmó de forma tajante que la orden provino de la presidenta insular, como sí hizo ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC, desmontando con ello la teoría del error -achacable al propio Santana- esgrimida por la ahora diputada en el Parlamento de Canarias.

Para el TSJC, la declaración de este acusado es un elemento “crucial” en la causa penal, puesto que, invocando la obediencia a su superiora (Montelongo era presidenta del Patronato de Turismo), “desvía su responsabilidad hacia ella”. Sin embargo, los jueces entienden que el testimonio de Santana constituye la única prueba incriminatoria hacia la dirigente popular y que de él “no puede establecerse que Montelongo diera las órdenes”.

La Sala también exculpa a la diputada conservadora porque “la mera firma de documentos contables (Montelongo daba el visto bueno a las facturas, según los hechos probados) no puede conducir a la conclusión de su conocimiento y voluntad respecto al irregular pago”. Es decir, que su firma en estos documentos no implica que conociera los hechos, a pesar de estar vinculada al PP, el mismo partido en el que militaban quienes se beneficiaron de los pagos de esas estancias, y de tener constancia de las visitas (“Se puede decir incluso que fue la promotora”). Sin embargo, el “relevante hecho” de que las facturas no estaban giradas a nombre los políticos del PP (la Fiscalía sostiene que las identidades fueron camufladas), de la “rutinaria y masiva” firma de documentos que tenía que acometer (unos 1.000 al año) y “la magra cantidad” de los gastos (un total de 1.346 euros) llevan a los magistrados a concluir que no se le puede atribuir a Montelongo la comisión de los tres delitos.

Con respecto a Santana, el TSJC precisa que, en el supuesto de haberse dirigido la acusación pública exclusivamente contra él, “quedaría condenado por su mera acción material de contratar y tramitar el irregular pago”. Sin embargo, también en este caso la Sala carece del “grado de convicción suficiente” para determinar que cometió un delito al realizar esas reservas a cargos del PP. Además existe una “imposibilidad técnica de condena”, ya que estaría “condicionada a la de cualquiera de los acusados o a ambos”.

También exculpa al tercer procesado, José Luis Cabrera Bonny, gerente del Patronato en la época de los hechos denunciados, al entender que su actuación, la firma del informe y de los documentos de pago, fue una “mera formalidad”. Los magistrados remarcan que Cabrera Bonny no mantenía ningún vínculo con el PP, que sus ausencias eran frecuentes, llegando a pasar hasta cuatro meses al año fuera de Fuerteventura asistiendo a ferias y congresos, y que el volumen de documentación que firmaba era ingente, al igual que Montelongo.

Caso Patronato

El caso Patronato fue destapado por Canarias Ahora en febrero de 2011. Fue un excompañero de Montelongo, Guillermo Concepción, que fue vicepresidente del Cabildo en esa época, quien llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción. En la sentencia hecha pública este viernes, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC insinúa que Concepción actuó “por despecho” hacia la presidenta insular del partido debido a que había sido expulsado del partido. La principal acusada y la dirección regional del PP se enrocaron desde el primer momento en la denominada teoría del error, según la cual la exclusiva responsabilidad de lo sucedido recaía en Santiago Santana, que en su momento  la asumió en un comunicado en el que admitía haber cometido errores al confundir facturas del partido con las del Patronato. Sin embargo, tras prestar declaración en sede judicial en marzo, negó haber enviado el escrito y aseguró que siempre actuó acatando órdenes de los superiores.

Son tres los pagos irregulares del caso Patronato a altos cargos del PP. El senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y su mujer se alojaron en el Hotel Faro Jandía entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2010 para participar en un acto del partido. Los 560 euros de esta estancia se cargaron al Patronato y se cambió el nombre del político por una referencia genérica a un grupo de periodistas del turoperador Sunway.

El organismo insular también pagó a Manuel Fernández, en esas fechas secretario general de los populares canarios, un coche de alquiler entre los días 24 y 27 de enero de 2010 por 92,82 euros. En el concepto de gasto no figuraba su nombre, sino el de un periodista del touroperador Apollo CET de Copenhague.

El Patronato también abonó la estancia en el Hotel Sheraton Fuerteventura Beach del diputado del PP Ramón Moreno Bustos y de Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Los dirigentes populares permanecieron en la isla del 10 al 13 de abril de 2010 para participar en un acto del partido sobre pensiones. Sus identidades también fueron camufladas en las facturas (por un total de 699 euros) bajo los nombres de Michel Vieth, una actriz de telenovelas mexicana, y Britta Kuhlman, manager musical radicada en Hamburgo.

El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, ha solicitado este viernes en la segunda y ultima sesión del juicio por el caso Patronato una rebaja en la pena de prisión para uno de los acusados, Santiago Santana, que trabajó como auxiliar administrativo en el organismo de promoción turística del Cabildo de Fuerteventura entre 2008 y 2011. En la vista celebrada el jueves, Santana acusó a la presidenta del PP majorero, Águeda Montelongo, de ordenarle que hiciera unas reservas de hotel y alquiler de coches para destacados dirigentes del partido con cargo a las arcas de la institución insular.

De esta manera, de los cinco años y ocho meses de cárcel que pedía en su escrito de acusación, el Ministerio Público reduce la petición de pena a un año y nueve meses o un año y seis meses en función del Código Penal que se aplique, el vigente en 2010, fecha en la que se producen los hechos, o el actual, aprobado este mismo año.

El fiscal ha retirado los cargos de falsedad en documento público contra el extrabajador del Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, al que, no obstante, le sigue considerando cooperador necesario de la malversación, uno de los tres delitos por los que se encuentran procesados Montelongo y José Luis Cabrera Bonny, exgerente del organismo.

Las defensas han solicitado la absolución de los tres procesados,y la de Águeda Montelongo, ejercida por el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, ha reclamado que se estime como circunstancia atenuante la reparación del daño causado al entender que el PP subsanó de inmediato las facturas falseadas con el reintegro de las cantidades abonadas por el Patronato.

La Fiscalía mantiene para Montelongo y Cabrera Bonny la petición de cinco años y ocho meses de prisión por malversación, prevaricación y falsificación de documento público, acusados de haber amañado facturas para hacer pasar como viajes de promoción turística gastos de cargos públicos del Partido Popular.

La presidenta del PP de Fuerteventura y exconsejera de Turismo del Cabildo de esta isla, Águeda Montelongo, será juzgada los próximos días 10 y 11 de septiembre por el caso Patronato. Está acusada de presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público, por pagar estancias de hotel a dirigentes nacionales del PP a cargo del Patronato de Turismo. 

La Fiscalía Anticorrupción pide para Montelongo cinco años y ocho meses de prisión. Además, también solicita una multa de 22 meses con una cuota diaria de 90 euros, seis años de inhabilitación para todo empleo o cargo público en la Administración Autonómica, Local o del Estado y un abono de las costas de manera solidaria con los demás acusados. Estos son el entonces gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, José Luís Cabrera Bonny y Santiago Santana Herrera, la persona de confianza de Montelongo, quienes también se sentarán esos días en el banquillo.

Para ambos, el fiscal también solicita una pena de prisión de cinco años y ocho meses, seis años de inhabilitación, además de una multa de 22 meses con una cuota diaria de 50 euros, en el caso de Cabrera Bonny y de 22 meses con una cuota diaria de 20 euros para Santana Herrera.

En un principio, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias había fijado la celebración de la vista para los días 27 y 28 de julio, pero se aplazó debido a que dos testigos, “imprescindibles” para el Ministerio Fiscal, avisaron de que se encontrarían fuera del país y no podrían acudir al juicio.

En su escrito de acusación el fiscal dio por probados todos los hechos denunciados por Canarias Ahora en el año 2011. Cabe recordar que el caso Patronato tuvo como origen la denuncia de Guillermo Concepción, que entonces era vicepresidente del Cabildo por las listas del PP, que gobernó con Coalición Canaria en Fuerteventura entre 2007 y 2011. Al cabo de dos años, esa denuncia fue remitida desde un juzgado de la isla al TSJC, por la condición de aforada de Montelongo, diputada regional en el Parlamento de Canarias. 

Los hechos que da por probados la Fiscalía indican que el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, entonces diputado por Valladolid y experto en temas de pensiones, Tomás Burgos Gallego, acudió en abril de 2010, junto al también diputado nacional por Zaragoza Ramón Moreno Bustos a un acto del PP en la Universidad Popular de Puerto del Rosario. Ambos se alojaron en el Hotel Sheraton, entre el viernes 9 y el lunes 12 de abril y se registraron con sus nombres en las habitaciones 462 y 463 del lujoso establecimiento de Caleta de Fuste, cercano al aeropuerto majorero.

Sin embargo, cuando el hotel remitió las facturas al Patronato de Turismo, sus nombres fueron suprimidos y el coste total de 693 euros se consignó a dos supuestas periodistas alemanas de la inexistente revista ZDF, cuyos nombres, Michel Viet y Britta Kuhlmann, corresponden a una actriz mexicana de culebrones famosa en la época por protagonizar un vídeo casero de contenido pornográfico, y a una supuesta productora musical de Hamburgo. Ambas venían, según el justificante del Patronato, a promocionar en su supuesta revista la isla.

Tomás Burgos Beteta, también por las mismas fechas, se hospedó junto a su esposa fallecida este mismo año y relacionada con el caso Gürtel en el hotel Faro de Jandía, en el sur de Fuerteventura. Se registrarpn con sus nombres, del 30 de marzo al 3 de abril. A la hora de cargar la factura, el establecimiento propiedad del dirigente del PP y amigo personal del ministro de Industria José Manuel Soria, Mario Romero Mur, la remitió también al Patronato, donde fueron borrados sus nombres por un genérico touroperador Sunway.

De nuevo, la promoción turística de la isla por medio de la invitación de periodistas europeos especializados figura como la justificación para cargar a las arcas públicas 560 euros de la estancia del portavoz adjunto del PP en el Senado y su esposa. Lo mismo ocurrió con el exsecretario general del PP canario Manuel Fernández, por el alquiler de un coche utilizado durante el fin de semana de noviembre de 2009 en el que se celebró el Congreso Insular del PP que convirtió en presidenta del partido en la isla a Águeda Montelongo.

A lo largo de la instrucción, ya concluida, la documental publicada en su día por este periódico con las facturas trucadas, así como testimonios de técnicos y empleados del Patronato de Turismo que han asegurado a la Sala que tanto el gerente Cabrera Bonny como la presidenta Águeda Montelongo eran quienes daban las instrucciones de pago y qué nombres debían figurar en las facturas y las correspondientes retenciones de crédito y los informes técnicos justificativos, han arrojado suficientes indicios como para continuar con la causa.

El juicio del caso Patronato, en el que se juzgará a la diputada del PP y exconsejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura Águeda Montelongo por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad, se celebrará los días 10 y 11 de septiembre.

Según han informado este martes fuentes del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), esos dos días son los elegidos para celebrar este juicio, en el que se juzgará, además, al exgerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura José Luis Cabrera y al extrabajador del ese organismo Santiago Santana.

En un principio, la Sala de lo Penal del TSJC había fijado la celebración de la vista para los días 27 y 28 de este mes, pero, fuentes de la defensa, han explicado que su aplazamiento se ha debido a que dos testigos, “imprescindibles” para el Ministerio Fiscal, avisaron de que se encontrarían fuera del país y no podrían acudir al juicio.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Montelongo supuestamente autorizó en el año 2010 que se abonaran diversas facturas con cargo a los fondos del Patronato de Turismo de Fuerteventura para pagar a cargos públicos del PP los gastos de hoteles de lujo y de alquiler de un vehículo en la isla.

Para ello, contó con la colaboración de los otros dos acusados, sostiene la acusación pública, que reclama para ella cinco años y ocho meses de prisión y, para sus colaboradores, penas de cinco años de cárcel.

Anticorrupción atribuye supuestos delitos de malversación y falsedad de documento público en concepto de autor a Cabrera y, a Santana, como cooperador necesario.

Además, para los tres imputados la Fiscalía reclama un periodo de seis años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público.

Según el fiscal, Montelongo, que era vicepresidenta del Patronato, actuó “dando apariencia” de que esos fondos se destinaban al pago de estancias de personas vinculadas a medios de comunicación de países extranjeros para promocionar el turismo en Fuerteventura.

Las trabajadoras del Patronato de Turismo de Fuerteventura que comparecieron como testigos del Caso Patronato ante la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini, y el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, han asegurado que recibían órdenes del entonces gerente, José Luis Cabrera, para la tramitación de la solicitud de retención de crédito y la redacción del informe técnico, que “él mismo nos dictaba”.

Según recoge el periódico La Provincia, la interventora del Cabildo de Fuerteventura, Dolores Miranda, la técnico del Patronato de Turismo, Flor Falcón, y las auxiliares administrativas Noelia Mederos y Angélica Montelongo, tuvieron que asistir este lunes a declarar sobre sus funciones. Falcón, Mederos y Montelongo citaron ante la magistrada Bellini que era Cabrera quien daba a conocer el nombre de las personas que viajaban a la Isla, el concepto del traslado y la justificación del gasto para la petición de la retención de crédito, que “luego firmaba el propio gerente y la consejera de Turismo, Águeda Montelongo”.

Además, añadieron, que el informe técnico también llevaba las rúbricas de las mismas personas. Por su parte, Dolores Miranda aseguró que se autorizaban los pagos siguiendo el procedimiento administrativo habitual “previa petición del Patronato de Turismo y avalado por el informe técnico del gerente”.

El caso de las facturas falsas en el Patronato de Turismo fue destapado en febrero de 2011 por Canarias Ahora y fue posteriormente denunciado por el exconsejero del PP en el Cabildo de Fuerteventura Guillermo Concepción, a quien le llegó por medio de “un amigo que trabaja en un hotel”. La investigación ha pasado de los juzgados de Puerto del Rosario al TSJC por el aforamiento de Montelongo.

Fueron tres los gastos concretos del partido cargados al Patronato de Turismo. Dos de ellos vinieron avalados por informes firmados el mismo día -16 de abril de 2010- por el entonces gerente del organismo, José Luis Cabrera Bonny (despedido tras conocerse los hechos) y Águeda Montelongo.

La primera factura sirvió para pagar el alojamiento del senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y su esposa en el Hotel Faro Jandía entre el martes 30 de marzo y el sábado 3 de abril de 2010. El coste de esta estancia ascendió a 560 euros y, pese a que en el documento original aparecía el nombre del senador, en el expediente de pago del Patronato se camufló con una referencia genérica a un grupo de periodistas del touroperador Sunway.  

La segunda implica al diputado canario Manuel Fernández, a quien el Patronato pagó un coche de alquiler entre los días 24 y 27 de enero de 2010 por 92,82 euros. En el concepto de gasto no figuraba el nombre del parlamentario, sino el de un periodista del touroperador Apollo CET de Copenhague. Fernández ha afirmado este miércoles que el partido ya ha devuelto el dinero.

El Patronato de Turismo de Fuerteventura también abonó el alojamiento en el Hotel Sheraton Fuerteventura Beach a dos diputados del PP, Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Los altos cargos populares habían acudido a la isla del 10 al 13 de abril de 2010 para participar en un acto del partido sobre pensiones. El hospedaje de ambos, un total de 693 euros, se cargó a las arcas públicas. Para ello, se trucaron las facturas con los nombres de supuestos periodistas de la inexistente revista alemana ZDF (es una televisión pública). Las identidades falsas que aparecían en las retenciones de pago eran las de Michel Vieth, una actriz de telenovelas mexicana, y Britta Kuhlman, manager musical radicada en Hamburgo.

Cuando se acude a la vía penal, es mejor apuntar en una dirección que dispersar el tiro hacia todo lo que se mueve.

Después de más de un año de agarradas, reconsideraciones y acusaciones cruzadas, la diputada Agueda Montelongo ha decidido llevar la polémica gestión de Willy García al frente de la tele pública durante estos últimos siete años a la Fiscalía Anticorrupción. La decisión se la anunció doña Agueda a don Willy en la última reunión de la comisión de control de la televisión pública canaria, celebrada en el Parlamento regional el pasado viernes. En ella, Willy García volvió a negarse a presentar la documentación que le ha sido exigida por el Parlamento sobre su chiripitiflaútica forma de contratar desde la tele, y él volvió a defender su gestión alegando los méritos de audiencia de sus concursos, su fútbol y sus programas de sucesos. Todo un clásico.

Al final, la señora Montelongo y el señor García se verán las caras en Anticorrupción, donde García debería dar cuenta de los contratos suscritos con la productora de Francisco Padrón, para realizar alrededor de 260 programas de entrevistas que no se ha podido demostrar se emitieran nunca, y también la sorprendente abundancia de contratos adjudicados a dedo a las productoras Doble Diez y Siete Mares, que en medios profesionales se consideran vinculadas al entorno personal y político del propio García. Eso, sin duda, habrá primero que probarlo, porque no es lo mismo señalar coincidencias que probar vinculaciones, pero es cierto y cuando menos chocante que esas dos productoras concentran una parte muy importante de la producción, que se multiplicó desde la llegada de García a la dirección. Podría decirse que son las dos productoras más activas en la tele del paulinato, sin faltar a la verdad.

Sin embargo, si el objetivo de doña Agueda es demostrar que en la tele se han producido actuaciones penalmente punibles en la adjudicación y contratación, creo yo que sería mejor centrarse en los encargos a la productora de Padrón que al parecer no se emitieron nunca: cuando se acude a la vía penal, es mejor apuntar en una dirección que dispersar el tiro hacia todo lo que se mueve.

Es verdad que en el PP de Tenerife parece existir cierto temor a ocuparse de esos contratos, que implican a un famoso periodista tinerfeño, que además se encuentra hoy imputado en otras causas penales de extrema gravedad. La diputada Montelongo no ha contado con el apoyo de todo su partido en esta particular guerra que se trae con Willy García, pero aún así parece decidida a llegar hasta el final.

El secretario general de Radiotelevisión Canaria, Guillermo García, eludió este jueves responder en la comisión de control del ente del Parlamento de Canarias a las preguntas de la diputada del PP Águeda Montelongo al considerar que se trata de “debates estériles” con los que la parlamentaria busca “rédito político”, a la vez que desgastarle a él.

Montelongo había preguntado por la contratación de la productora Amanecer Latino para programas que en algunos casos fueron emitidos sólo por internet o por el segundo canal y que en otros no consta que fuera emitidos.

La diputada aludió a diez programas que costaron 2,3 millones de euros que solo se emitieron en el segundo canal y en canal de internet, y con un único pase.

También, según la diputada del PP, se contrataron por 328.000 euros una serie de programas denominado Glorias del deporte canario, a razón de 6.000 euros cada uno.

Esos programas, eran conversaciones en un plató, sin exteriores, y que en algún caso habrían sido emitidos anteriormente por otra cadena, Canal 7 del Atlántico, propiedad, como la productora, de Francisco Padrón.

En otro caso por el que preguntó Águeda Montelongo, se contrató por 90.000 euros a la misma productora el programa El mundo de Váquez Figueroa, del que no consta que fuera emitido.

“La cosa es más seria de lo que parece”, dijo Águeda Montelongo, quien acusó además a Guillermo García de retrasar al máximo la información por escrito que solicita sobre los contratos con productoras y de darla de forma incompleta.

El director general de RTVC eludió responder a las preguntas sobre estos contratos porque la preferencia por unas producciones u otras entra en el ámbito de los gustos y de la subjetividad, de manera que “el baremo” que hay que aplicar “son las audiencias”.

“No todos los programas son de mi agrado, porque no se trata de hacer la televisión que le gusta a una persona, sino una televisión para todos los públicos”, dijo García.

Subrayó que él huye de “los debates estériles” sobre “los gustos de cada uno” y que se plantean “para desgastar” a los responsables del ente y para “buscar rédito político”.

García citó a todos sus predecesores en el cargo al frente de RTVC, que contrataron a las mismas productoras, algo que él ha seguido haciendo con mucho menos presupuesto y ha incluido además a productoras más pequeñas contribuyendo a sostener la industria audiovisual.

En otra intervención, Águeda Montelongo criticó al director general por mantener como jefe de área de la jefatura de producción de programas de RTVC a Rubén Fontes, que a la vez ejerce como dirigente de Coalición Canaria.

Guillermo García defendió que Fontes es un extraordinario profesional y señaló que no se deben mezclar las afinidades políticas de cada cual con su profesionalidad.

Belinda Ramírez, del PSOE, coincidió en que no es razonable que un dirigente de CC sea el jefe de programas de RTVC y aseguró que mientras no se acabe con ese tipo de injerencias política no se podrá contar con un modelo neutral de televisión pública en Canarias.

No obstante, reprochó a la representante del PP que critique estas prácticas en las islas pero las mantenga en las televisiones públicas de las comunidades autónomas en las que gobierno y en Televisión Española.

Nuria Herrera, de CC y Guillermo García, también incidieron en las injerencias políticas del PP en las televisiones que controla.

Según defendió Nuria Herrera, “cada uno puede tener las convicciones políticas y que estime oportunas sin que eso suponga prejuzgar su profesionalidad”.

Cuentan casi todos los agentes en presencia, salvo los trincados con la mano dentro de la lata del gofio majorero, claro, que las facturas falsas de 2010 del Patronato de Turismo de Fuerteventura que este marzo de 2014 han acabado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia canario son solo la puntita del iceberg de lo que fue la gestión de la presidenta del PP insular, Águeda Montelongo, al frente de la consejería de Turismo del Cabildo entre 2007 y 2011.

No es para menos. El escándalo desvelado en febrero de 2011 por Canarias Ahora, que provocó el despido del gerente del Patronato, José Luis Cabrera Bonny, y del personal de confianza del PP en Turismo, así como la retirada de competencias a Montelongo por parte del presidente del Cabildo, Mario Cabrera (CC), apenas sobrepasa los 1.300 euros, cuando se barajan movimientos de esta índole, bajo la justificación de la promoción turística, de entre 100.000 y 300.000 euros. Pero son esos mil y pico euros del gofio de todos los majoreros, utilizados para hospedar a políticos del partido de visita en la isla para actos partidistas o de vacaciones, directamente. Todo un indicio de cómo el PP canario entendía durante su etapa de gobierno en Fuerteventura o la Comunidad qué se debía hacer con ciertas cuentas y partidas del erario público.

El caso Patronato, como se dió a conocer en 2011, ha languidecido durante tres largos años en un juzgado de la capital majorera, Puerto del Rosario. Instrucción 4 de ese partido judicial fue en donde recayó la denuncia presentada por el exvicepresidente del Cabildo y correligionario de filas de Águeda Montelongo en el PP, Guillermo Concepción, en mayo de aquel año. Y aunque la juez instructora Fustero Aznar tomara declaración, en calidad de testigos, a los coimputados y otros empleados de Turismo, no fue hasta el 16 de agosto de 2013 cuando terminó por apreciar indicios de delito de una aforada, la diputada regional por Fuerteventura Águeda Montelongo.

Prevaricación por dictar resoluciones a sabiendas de injustas, como los informes que habían de justificar esos pagos, por la promoción turística de la isla a través de periodistas o touroperadores; falsedad en documento público por simular con otros nombres a los de los beneficiados las solicitudes de retención de créditos para pagar las estancias de sus colegas de partido en hoteles de la isla; y por supuesto, malversación de caudales públicos, que aunque sean mil y pico euros, públicos son, figuran entre los delitos que investiga la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal canario por tres pagos concretos: un coche de alquiler para el secretario regional del partido en 2009, Manuel Fernández, unas vacaciones de Semana Santa del senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y su esposa, y el alojamiento de dos diputados, Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de Seguridad Social, tras acudir a la isla a un acto organizado por el partido, sobre el futuro de las pensiones, que nada tenía que ver con la promoción turística.

El recorrido judicial de la imputación a Águeda Montelongo, a su exgerente en el Patronato José Luis Cabrera Bonny y al ex cargo de confianza al que le han querido cargar el muerto, Santiago Santana Herrera, queda en manos del juez instructor Fernando de Lorenzo y del fiscal Luis Del Río, pero las reacciones iniciales del PP y su entorno, y hasta del propio abogado de Águeda Montelongo en un cruce de palabras informal con este periódico al descubrir la declaración de los dos coimputados el 20 de marzo en el TSJC, indican meridianamente que al partido de José Manuel Soria, aunque sea una nimiedad de dinero comparado con otros grandes pufos que se conocen en la marca España, le ha salido un furúnculo muy incómodo en forma de segunda diputada del PP que en esta legislatura pasa por el alto tribunal imputada, después de Jorge Rodríguez, ya acusado formalmente en el juicio del caso Grupo Europa. Y defendido por el mismo abogado, por cierto: José Anibal García Álvarez.

Y es que en poco más de una semana, la última de marzo de 2014, el PP ha pasado de negar cualquier tipo de imputación formal de la diputada regional, que ha llegado a explicar que la presencia de su abogado en la declaración de los coimputados Cabrera Bonny y Santana era porque estaba “personada”, a reclamar la lógica presunción de inocencia de Águeda Montelongo, rendida ante la evidencia de que su intención de ocultar que el caso había cogido cuerpo con el auto de la juez instructora de agosto de 2013 hasta llegar al TSJC no ha cuajado. Es más, ese mismo día de las declaraciones, el abogado de la diputada intentaba quitar hierro al asunto con el argumento de la minucia del dinero presuntamente malversado. “¡Pero si son quinientos y pico euros! Esto es una tontería, ya se lo he dicho a Luis!”, comentó a este diario, en referencia al fiscal Anticorrupción con el que también comparte, desde enero, sesiones del primer juicio por corrupción del PP en la era Soria.

Lo que el iceberg esconde

Pero volvamos a lo que cuentan casi todos los agentes en presencia: les trincaron solo tres facturas, porque debía haber muchas más de imposible justificación. Tanto, que durante esos mismos meses de 2010 se produjo otra reserva remitida al Patronato de Turismo, en el hotel Bahía Real de Corralejo, al norte de la isla. En un primer momento se hizo a nombre de la mujer del entonces jefe de gabinete de José Manuel Soria, todavía por esas fechas vicepresidente del Gobierno canario antes de la ruptura del pacto con Coalición Canaria en octubre de aquel año. Fue durante el fin de semana del 29 y 30 de mayo de 2010, Día de Canarias en el que se celebra el concurrido y festivo Baile de Taifas en Puerto del Rosario, la capital majorera, y al que acudió Soria ataviado con el traje típico canario.

La factura se tramitó en el Patronato, se le cambió el nombre de la esposa de Juan Santana por una tal Yolanda Zappaterra, Salvaterra o Salvatierra, ya que en los papeles que conserva todavía el Patronato aparecen esos tres apellidos, pero no llegó a ser abonada al hotel. Desde el Bahía Real, durante el trámite de producirse el pago, se dirigieron al Patronato para indicar que todo había sido un error, que esa reserva de la tal Yolanda de una supuesta revista especializada (el mismo motivo de justificación que los tres políticos de PP) correspondía a otro cliente y que no debía ser pagada por Turismo de Fuerteventura. Todo un misterio. A Soria se le vio esos días pasar por el hotel y tuvo que dormir al menos una noche en la isla majorera, la del 29, que es cuando se celebró el baile típico isleño.

Lo cierto es que nada más se supo de aquella reserva de hotel, pero tampoco de una multitud de proveedores presuntos del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Cesada Montelongo y roto el pacto CC-PP por el actual CC-PSOE que gobierna desde las elecciones de mayo de 2011, empezaron a aflorar facturas pendientes de pago y acreedores a la puerta del organismo autónomo desde entonces dirigido por el socialista Blas Acosta, reclamando el pago de los acuerdos, trabajos o contratos firmados en la etapa de Águeda Montelongo. Muchas de esas otras facturas se abonaron, mediante la correspondiente justificación comprobada, pero otras, no. El Patronato se cerró en banda ante la nula motivación de ciertos compromisos adquiridos durante el mandato del PP, y lo llamativo es que algunos acreedores desistieron de presentar reclamaciones formales.

Uno de ellos fue la compañía aérea Air Berlin. Durante la etapa de Águeda Montelongo, y a raíz de acuerdos hechos públicos en 2009 entre el Patronato y la aerolínea, esta desplegó una gama de conexiones con diversas ciudades alemanas directamente al aeropuerto de El Matorral, que cifraron ambas partes en 200.000 turistas más al año. Con el cambio de gobierno en 2011 hubo reclamación informal de cantidades por parte de Air Berlin, y ningún acuerdo con el equipo de gobierno CC-PSOE. Air Berlin desistió de formalizar esas cantidades a su juicio pendientes, pero también de operar desde Fuerteventura con la asiduidad del mandato anterior. En 2013, Blas Acosta cifró en un 29% la reducción de las plazas de esta compañía con la isla, una pérdida de 30.000 turistas. Cosas que dejan el rastro, todavía oculto, de la mayor parte de la gestión en el Patronato de Turismo de Fuerteventura...

Cometieron dos “errores”, y el mismo día

Todo se debe a un “error involuntario”. Esa ha sido desde 2011, cuando Canarias Ahora publicó una serie de facturas trucadas para camuflar gastos de políticos, la versión oficial del partido de José Manuel Soria en las Islas. “Todo se debe a un error”, dijo en abril de aquel año Montelongo a la vez que aseguraba haber ordenado el reintegro de los 560 euros del senador Burgos Beteta y su esposa en el hotel Faro de Jandía. Era el 26 de abril y aún no había sido desposeída por CC de su cargo en Turismo de Fuerteventura. Esa misma mañana, Canarias Ahora publicaba que no fue un “error”: cometieron dos “errores”, y el mismo día...

Y es que el 16 de abril de 2010, Cabrera Bonny, como gerente del Patronato firmaba dos informes con el visto bueno de Montelongo. Uno era el de la factura 2814/10 de Flimatur SL, la propietaria del hotel Faro de Jandía donde se hospedaron Burgos Beteta y esposa. En el documento original aparece su nombre y hasta la habitación que utilizó, la 517. Sin embargo, el expediente de pago sufrió un cambio sustancial, al desaparecer el nombre del ocupante y referirse genéricamente a un grupo de periodistas del touroperador Sunway. Pero ese mismo 16 de abril Cabrera Bonny y Montelongo hicieron algo muy parecido con la factura del alquiler del coche de Manuel Fernández, de los días 26 al 29 de noviembre de 2009. Emitida con la numeración Y-64713/0002 de Cicar SL en enero de 2010, ya no figuraba el nombre del político, sino el de un tal Pau Caballer Fortuny, del touroperador de Copenhague Apollo. Y hasta las fechas habían cambiado: se utilizó el coche del 24 al 27 de ese primer mes de 2010.

Los dos “errores” se cometieron el mismo día al elaborar el informe para justificar el gasto, pero es que la solicitud de retención de crédito, para ambos casos, se hizo un mismo día también, el 22 de marzo de 2010. Indicios evidentes que desmontan la teoría de que errar es de humanos. Y mucho menos, rectificar, de sabios: al saltar el escándalo, Montelongo aseguró que se había reintegrado las cantidades. La de Manuel Fernández, sí. En el Patronato, este 2014, todavía no se tiene constancia de que lo hiciera el senador Burgos Beteta o el PP de Fuerteventura en su nombre. Todavía no había saltado el tercer escándalo de los diputados con nombres de actriz de culebrones y manager musical...

Los imputados

Águeda Montelongo

. Presidenta del PP de Fuerteventura y secretaria segunda de la Mesa del Parlamento de Canarias. Es también consejera del Cabildo majorero, en la oposición, y entre 2007 y 2011 dirigió el Patronato de Turismo, área asignada al PP en el pacto con CC. El TSJC investiga si cometió delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, sin que se descarte falsedad en documento público por ser la máxima responsable y firmar con su visto bueno las facturas burdamente trucadas para esconder las identidades de los políticos beneficiados con estancias de hotel. Lo niega todo y atribuye el caso a un error y también a una conspiración del presidente del Cabildo, Mario Cabrera, con Canarias Ahora. Debe ser llamada a declarar en calidad de imputada y ya tiene abogado en la causa, el mismo que el de su compañero de escaño acusado en el juicio de Grupo Europa, Jorge Alberto Rodríguez.

José Luis Cabrera Bonny. Cuñado de Mari Carmen Hernández Bento, delegada del Gobierno de España en Canarias, pertenece al núcleo duro en las Islas del ministro y presidente del PP canario, José Manuel Soria. Fue gerente del Patronato hasta su despido fulminante en abril de 2011 por parte del presidente del Cabildo, cuando Canarias Ahora destapó el caso. Firmó las retenciones de crédito para las reservas de hotel e informes justificativos de los gastos, camuflados como promoción de la isla por medio de periodistas especializados y agentes de viaje. Ya ha declarado en el TSJC, como imputado por malversación y prevaricación, sin que se descarte ampliar a falsedad documental en la fase actual de instrucción. De lo poco que ha trascendido de su comparecencia se sabe que fue difusa y sin concreciones, en sintonía con la teoría del error.

Santiago Santana Herrera. Cargo de confianza del PP majorero en el Patronato, era auxiliar administrativo y estaba encargado de tramitar las reservas de hotel. Al destaparse el caso, el PP le cargó el muerto, por medio de un comunicado enviado desde un cuenta de correo, y también colgado en una página personal de facebook, en el que asumía el error. Santana, sin embargo, ha negado después, y ahora de nuevo taxativamente, que él enviara nada a los medios de comunicación, ni que el email ni la página sean suyas. “Me cargaron el muerto”, dijo a Canarias Ahora el jueves 20 de marzo en la balconada de la primera planta del Palacio de Justicia de la plaza de San Agustín, antes de entrar a declarar, donde dijo “recibir órdenes y ser un mandado”. Ya no tiene ni quiere tener nada que ver con el PP y ahora colabora con CC en el municipio de La Oliva. La teoría del error asumido no se sostiene, por su función auxiliar de encargar reservas, que luego eran fiscalizadas y justificadas por el gerente con el visto bueno de la vicepresidenta.

Los beneficiados

Los beneficiadosTomás Burgos Beteta

. Senador por Toledo y portavoz adjunto del PP en la Cámara Alta. Es un hombre del círculo de confianza de la secretaria general del partido y ahora presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Acudió a finales de noviembre de 2009 al Congreso insular de Fuerteventura que entronizaba a Montelongo como presidenta, tras cerrar una grave crisis con el histórico Domingo González Arroyo. De ese cónclave pepero habría surgido una invitación para pasar la Semana Santa siguiente en la isla. El senador y su esposa estuvieron alojados en el hotel Faro de Jandía, en régimen de media pensión, del 30 de marzo al 3 de abril, Domingo de Resurrección. El coste de la factura remitida por el hotel al Patronato fue de 560 euros, a 140 euros por noche. El hotel Faro de Jandía es propiedad de la familia de Mario Romero Mur, íntimo amigo de José Manuel Soria.

Tomás Burgos Gallego

. Actual secretario de Estado de Seguridad Social y diputado del PP por la provincia de Valladolid. Invitado en abril de 2010 a un acto del PP majorero sobre el futuro de las pensiones en España, se hospedó en el hotel Sheraton Fuerteventura Beach, de Costa de Antigua, tres noches, del 9 al 12 de abril. El acto del partido se celebró el 10 de abril, sábado, en la antigua Universidad Popular de Puerto del Rosario, a 14 kilómetros del establecimiento de lujo. El coste de la factura fue de 346,50 euros por ocupar la habitación #9001, aunque la factura fue remitida al Patronato conjuntamente con el gasto de su acompañante al acto, otro diputado experto en asuntos de pensiones por su participación activa en el denominado Pacto de Toledo.

Ramón Moreno Bustos

. Diputado del PP por la provincia de Zaragoza, fue el otro invitado al acto partidista sobre pensiones, al que acudió el propio José Manuel Soria aquel sábado de abril de 2010. Ocupó la habitación #463 del Sheraton majorero, al igual que Burgos Gallego, con alojamiento y desayuno a razón de 110 euros diarios durante tres noches. La factura del Sheraton asciende por ello a 693 euros, por las dos estancias a 660 euros más el 5% de IGIC que regía en la época como impuesto indirecto canario. En el expediente de Moreno Bustos que después sería trucado por supuestos periodistas de la inexistente revista alemana ZDF se incluye también el 11 de abril una comida de 62 euros y bebidas de 13,40 euros el mismo día, en La Veranda Almuerzo, un total de 79,17 euros pagados al día siguiente con una tarjeta Visa aparentemente propia.

Manuel Fernández

. Vicepresidente segundo del Parlamento canario y secretario regional del PP hasta 2012. Estuvo imputado en su día, junto a José Manuel Soria, en el caso salmón por los viajes del presidente del PP con el empresario Bjorn Lyng a Noruega y Austria. En 2009 acudió al Congreso insular del PP majorero y dispuso de un coche de alquiler, entre el 26 y el 29 de noviembre de aquel fin de semana congresual, que el PP cargó al Patronato. La factura fue de 92,82 euros y es la única que desde el Cabildo de Fuerteventura se tiene en la actualidad constancia de que haya sido devuelta por parte de la empresa contratante, Cicar, ni siquiera por el propio PP. Como el resto de pagos partidistas, fue trucado, también en el mes de abril de 2010, coincidiendo con las otras facturas aunque habían pasado ya meses.

Las identidades falsas

Michel Viet y Britta Kuhlmann. Actriz de telenovelas mexicana y manager musical radicada en Hamburgo. Son los nombres con los que se camuflaron los gastos de Burgos Gallego y de Moreno Bustos, justificados como visita de periodistas de la inexistente revista alemana ZDF -es una cadena pública de televisión- para la promoción de la isla mediante la modalidad de Press-trip y Fam-trip [de familiarización]. La primera de ellas, Michel Viet, protagonizó por aquellas fechas un sonoro escándalo en México, al distribuirse por la Red un vídeo porno de tipo casero en el que tomaba parte. De Britta Kuhlmann solo se conoce el perfil en facebook de una manager musical teutona que nada tiene que ver con la promoción de la isla.

Touroperador Sunway. La estancia doble del senador Burgos Beteta y su esposa en el Faro de Jandía tuvo que ser tapada sin nombres concretos de expertos especializados en turismo, pero sí se justificó a través de este touroperador para “promocionar la isla y sus excelencias mediante las excursiones organizadas para estos grupos de periodistas que luego serán los que promocionarán la isla a través de sus reportajes. Con ello está previsto incrementar la llegada de turistas en 2010”, reza la solicitud de retención de crédito de Cabrera Bonny y Montelongo, de 22 de marzo de 2010, con antelación a las vacaciones de Semana Santa.

Touroperador Apollo. Con el mismo argumento que el touroperador Sunmway se tapó en 2010 el alquiler del coche de Manuel Fernández en 2009. Esta vez la retención de crédito de la misma fecha 22 de marzo señalaba el alquiler de coche de un periodista especializado en golf del touroperador Apollo OET Copenhague por su visita a la isla del 24 al 27 de enero de 2010, cuando el alquiler se realizó del 26 al 29 de noviembre a nombre del político.

El denunciante

Guillermo Concepción

. Vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura en 2011 por las filas del PP, mantuvo un abierto enfrentamiento con la presidenta de su partido y desde octubre de 2010 denunciaba públicamente los tejemanejes de su jefa de filas en el Patronato, con un sinfín de facturas de dudosa procedencia. En mayo de 2011 presentó denuncia en el juzgado de guardia de la capital, Puerto del Rosario, aportando la documentación. Desde entonces solo fue llamado a declarar una vez, en Instrucción 4, para ratificarse en su denuncia en la que apunta falsedad en documento público. Sostiene que hubo mucho más en el periodo de gestión de Montelongo en Turismo. En teoría debería ratificarse, otra vez, ante el TSJC.

[Este es un contenido Premium de CANARIAS AHORA SEMANAL. Hazte Lector Premium para leerlos todos y apoyar a sus periodistas]

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomas Burgos Gallego, y el portavoz adjunto del PP en el Senado, Tomás Burgos Beteta, figuran entre los beneficiarios de estancias gratuitas en Fuerteventura a cargo del Patronato de Turismo, dependiente del Cabildo Insular de la isla. Una juez de Puerto del Rosario, su capital, remitió en agosto pasado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un auto motivado por apreciar indicios racionales de delito en el comportamiento de la presidenta insular del PP, Águeda Montelongo, secretaria segunda del Parlamento de Canarias, y vicepresidenta del Patronato de Turismo cuando ocurrieron los hechos.

La semana pasada prestaron declaración dos de los imputados, el ex gerente y un asesor de la diputada Águeda Montelongo en el Patronato de Turismo de Fuerteventura, que declararon no recordar quién dio órdenes para que se pagaran con cargo a las cuentas públicas las vacaciones de altos cargos del PP que acudían a la isla durante 2010 con la excusa de participar en actos orgánicos del partido.

Para simular los gastos de hoteles (los billetes aéreos de los diputados y senadores corren por cuenta del erario público) los expedientes fueron manipulados para aparentar que los ilustres invitados lo fueron para la promoción turística de la isla: alguien en el Patronato de Turismo manipulaba las memorias y las facturas para hacer constar que los que disfrutaron de estas atenciones eran periodistas extranjeros especializados en viajes o celebridades de fama internacional que elegían Fuertevenrura para sus vacaciones.

Así, el actual secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, por entonces diputado nacional por Valladolid, aparecía simulado bajo el nombre de Michel Viet, a la que se pretendió hacer pasar como periodista alemana cuando en realidad es una conocida actriz mexicana de culebrones cuya presencia en Internet es destacada por protagonizar conocidas telenovelas y un sonoro escándalo, al otro lado del Atlántico, al filtrarse en la Red un vídeo casero pornográfico junto a su pareja. Por lo que parece, Viet era muy conocida por alguien en el Patronato de Turismo majorero que tiró de su nombre para el chanchullo.

En una orden de compra incorporada a la causa puede comprobarse con qué excusas se dirige el Patronato de Turismo al hotel Sheraton en abril de 2010 para ordenar la reserva para la estancia del secretario de Estado y de otro invitado más: “Alojamiento grupo de periodistas alemanes de la revista ZDF (Berlín) en el hotel Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort con motivo de su visita a la isla del 09 al 12 de abril de 2010 como promoción de la isla y sus excelencias mediante las excursiones organizadas para estos grupos de periodistas que luego serán los que promocionarán la isla a través de sus resportajes, con ello está previsto incrementar la llega de turistas en 2010”. Al pie del texto aparecen los nombres de los presuntos periodistas: Britta Kuhlmann y Michel Viet.

¿Quién era ese otro invitado? Pues otro privilegiado VIP del Patronato de Turismo, el diputado nacional por Zaragoza Ramón Moreno Bustos, que en las facturas aparece escondido bajo el nombre de Britta Kuhlmann, que no es periodista especializada como se pretendió fingir en los informes internos, sino una productora musical e ingeniera de sonido con estudio en Hamburgo.

A ambos parlamentarios conservadores se les presentó como periodistas de la inexistente revista ZDF, que en realidad es una cadena de televisión.

No hubo el mismo disimulo para pagarle al portavoz adjunto del PP en el Senado sus vacaciones en un hotel de lujo de la isla, ni al secretario general del PP canario un coche de alquiler que necesitó para sus desplazamientos en un viaje de un solo día. Tomás Burgos Beteta y Manuel Fernández, respectivamente, aparecen en los papeles del Patronato con sus nombres pero vinculados a publicaciones periodísticas especializadas.

Los hechos ocurrieron a lo largo del pasado mandato, cuando al frente del Cabildo majorero se erigía un pacto entre el PP y Coalición Canaria, y a pesar de haberse denunciado en 2011, todavía colea su instrucción. Al descubrirse el caso, el presidente de la Corporación, Mario Cabrera (CC), destituyó a la consejera de Turismo y vicepresidenta del Patronato. Inicialmente, el PP atribuyó todo a “un error” y aseguró que el dinero ya se había repuesto a las arcas públicas.

Un vicepresidente del Cabildo, antiguo militante del PP, denunció los hechos ante el juzgado de guardia de Puerto del Rosario. Tras dos años de diligencias, el pasado agosto la juez María Francisca Fustero Aznar remitió al TSJC un auto motivado indicando que apreciaba indicios racionales de la comisión de los delitos de malversación y prevaricación por parte de la diputada Águeda Montelongo. Siete meses después de ese auto, la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal canario inició los interrogatorios la semana pasada.

Águeda Montelongo, sin embargo, niega estar imputada. Asegura que sólo está “personada” en la causa a través de su abogado, José Anibal García Álvarez, famoso por ser experto en casos de corrupción tras haber sido el defensor de Juan Antonio Roca en el caso Malaya. Estos días lleva la defensa del también diputado del PP Jorge Rodríguez, en el banquillo de los acusados en el juicio que se sigue por el llamado caso Grupo Europa, de presunta corrupción en la ciudad de Telde.

Cuando se le interroga por la causa, la parlamentaria dice que todo es un montaje del presidente del Cabildo y del periódico Canarias Ahora.