AVS Next es una empresa del sector aeroespacial que ha participado en la misión de la NASA a Marte. La Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas emplea un túnel de viento. Y Basquevolt es el gran proyecto vasco para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Los tres están instalados en el edificio E9 del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, más conocido como el Marie Curie. Nada tendrían de particular en un polígono vivo y con vis expansiva si no fuera por el hecho de que han conseguido dar vida, tras casi una década abandonado, al viejo pabellón del sueño roto de la Fórmula 1 vasca, Épsilon-Euskadi, que no solamente no corrió ni una sola carrera en esa categoría sino que se tragó del orden de 50 millones de euros públicos. Y no sólo eso: el Gobierno vasco sostiene en un informe enviado al Parlamento que ya no está perdiendo dinero con el mantenimiento de esa gran nave.

Según los datos facilitados a la Cámara a instancias del parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, de quien depende la sociedad pública que gestiona el parque, los tres inquilinos pagan entre 7 y 10 euros el metro cuadrado y han abonado ya 236.491 (sin IVA) en concepto de arrendamiento. AVS llegó en octubre de 2021, Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas en noviembre de ese año y Basquevolt en diciembre de 2022. Miñano “repercute” a las compañías 49.940,28 euros (sin IVA) por “gastos comunes” mientras que destina 36.004,92 euros (sin IVA) en “mantenimiento”, esto es, en climatización, protección antiincendios, seguridad o jardinería.

La joya de la corona del pabellón siempre fue el túnel del viento. Allí entrenaba Alberto Contador cuando era favorito para ganar las mejores carreras ciclistas o se presentó un nuevo balón para la Primera División de fútbol. Ahora vuelve a tener uso, aunque admite Tapia que se han destinado 695.999,97 euros (sin IVA) en “trabajos de puesta en marcha” realizados entre febrero y noviembre del pasado año. Se explica que el contrato de 2021 con la Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas “requería de los trabajos de acondicionamiento de la instalación”. Además, Miñano ha tenido que desembolsar 31.271 y 187.805,07 en otras inversiones en el Marie Curie antes de pasar a ser rentable por vez primera en 2023.

El proyecto Épsilon-Euskadi estaba capitaneado por el catalán Joan Villadelprat, exjefe de mecánicos de Ferrari. Era parte de un tridente impulsado políticamente por el PNV que incluía también un posible circuito de carreras en Araka en sustitución del actual cuartel del Ejército y un vehículo eléctrico llamado a revolucionar mundial y llamado Hiriko. Arakamendi nunca pasó de pegatina promocional e Hiriko, con muchas conexiones en cuanto a personal y flujos de dinero con Épsilon-Euskadi, naufragó también a pesar del apoyo público y ahora busca renacer con otro nombre en Navarra.

Villadelprat, que definió Épsilon Euskadi como un “proyecto nacional vasco”, se instaló en Vitoria tras pasar por Gipuzkoa y organizar también una carrera urbana en Bilbao. Pero el proyecto, con un 90% de financiación pública, entró en crisis. Tocó la puerta de los bancos, pero recibió un portazo. ¿Qué ocurrió? Que Miñano se convirtió en avalista. Por ello, cuando quebró la escudería, Miñano tuvo que poner 16,4 millones para recomprar unas instalaciones que ya eran suyas. En 2020 se estimaba que había que devolver 900.000 euros de principal más los intereses. En 2014, el primer año, eran de 400.000 euros. Entonces se dijo que se habían “renegociado” y bajaron 100.000 euros al año.

Entretanto, a la dirección del parque le resultaba imposible colocar una nave de 13.700 metros cuadrados útiles. Todavía hacia 2015 se insistía en la idea de volver a llamar a la puerta de escuderías de Fórmula 1, aunque la tecnología había quedado ya completamente obsoleta para la alta competición. En concreto, informes oficiales indicaban que se había sondeado al estadounidense Gene Haas y al serbio Zoran Stefanovic. En 2020, cuando se organizó una visita, todo seguía congelado en el tiempo tal y como lo dejó casi diez años antes el personal de Épsilon-Euskadi. Desde entonces, se ha intentado rentabilizar el lugar al menos con rodajes de anuncios y películas en un espacio que mantiene un cierto aire futurista. Sólo desde 2021 el Marie Curie ha vuelto a tener actividad.

El parque tecnológico de Álava, ubicado en Miñano, ha celebrado este viernes con la máxima solemnidad sus 30 años. Aglutina a 170 empresas, genera 3.500 puestos de trabajo y se promociona como “la mayor concentración de conocimiento y talento” de la provincia (935 millones de volumen de negocio, 90 millones anuales en I+D y 264 patentes registradas en el último año completo, 2021). Lo que surgió traccionado por Gamesa (actual Aernnova) constituye el 6% del PIB y el 7% de la recaudación de la Hacienda foral. Sus empresas son la “vanguardia” de Vitoria, de Álava y de Euskadi. El aniversario ha estado presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha concitado a una amplia representación de autoridades e invitados. Los discursos, sin embargo, han orillado los puntos oscuros de Miñano, que fue epicentro del mayor caso de corrupción conocido en Euskadi, el 'caso De Miguel', y que vio naufragar el sueño vasco de tener una escudería de Fórmula 1, el proyecto Épsilon Euskadi de Joan Villadelprat, pese a lo cual en el vídeo editado por el cumpleaños el túnel del viento ha sido presentado como uno de los emblemas de las instalaciones..

El 'caso De Miguel' surgió precisamente por la denuncia de la empresaria que lideraba la compra de terrenos para la ampliación de Miñano, Ainhoa Alberdi. Denunció que su empresa había recibido 'a dedo' el contrato y que fue así a cambio de una comisión que le quería cobrar el 'número dos' del PNV local, Alfredo de Miguel, que no tenía allí ningún cargo. En el sumario aparecieron otras operaciones irregulares en el parque tecnológico, como las vinculadas a la empresa Stoa. Los gestores de entonces, Alfonso Arriola como gerente y Julián Sánchez Alegría como presidente de la red de parques de Euskadi, eludieron la cárcel pero recibieron elevadas penas por prevaricación al haber dejado hacer a la trama de De Miguel. Arriola no estaba entre los tres exgerentes que han acompañado a la actual responsable, Miren Bilbao. El también exdirigente del PNV Koldo Ochandiano sí tuvo una pena de más de siete años de cárcel. Cuando estalló el caso era contable en el parque tecnológico y ahora continúa en esa plaza. Era socio de la empresa pantalla Kataia Consulting, que recaudaba las comisiones.

El acto ha contado con un aurresku y sesión de 'bertsolaritza' antes de la intervención de Urkullu y 'jazz' después de ella. “Desde hace tres décadas, este parque simboliza la capacidad de un país que apuesta por una política industrial activa”, ha enfatizado el lehendakari. Ha añadido que Miñano fue “pionero” en el “proceso de transición de una economía basada en la industria tradicional” a “una economía avanzada con base tecnológica”. Ha destacado que de la aeronáutica inicial saltó a las “biociencias, energía, medio ambiente o ciencias de la salud”. En todo caso, más que al pasado ha mirado al futuro: ha apuntado que se implantará la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos Basquevolt (“creará más de 800 puestos de trabajo”) y la inversión de Pepsico (“100 nuevos puestos”). Además, fuentes de Miñano recuerdan la presencia de AVS, la firma que participa en misiones en Marte, o que el viejo local de Villadelprat ya está al fin en uso tras años parado. Más allá del aniversario en sí, Urkullu ha querido hacer ver que pese al contexto de incertidumbre la economía vasca no está en crisis. “La economía vasca ha encadenado ocho trimestres de crecimiento y las previsiones para este año se mantienen por encima del 4%”, se ha felicitado. Y ha añadido que este viernes se ha conocido que “la tasa de paro ha bajado al 7,9% en el tercer trimestre”. Éste es el escenario previo a la presentación de los presupuestos de 2023, que tendrá lugar este martes.

El lehendakari se ha hecho acompañar de las consejeras Arantxa Tapia, titular de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y Beatriz Artolazabal, cuyas competencias nada tienen que ver con Miñano. No estaba el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, por motivos de agenda. Sí ha acudido el diputado general de Álava, Ramiro González, el presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegi, y representantes de PSE-EE, EH Bildu o PP. Urkullu, relajada y con las manos en los bolsillos, ha disfrutado visiblemente con la sesión musical, al igual que González.

El parque tecnológico de Miñano, ubicado a las afueras de Vitoria, ha renunciado a la reforma del edificio Marie Curie, más conocido por haber albergado las instalaciones de Épsilon Euskadi, el sueño roto de una escudería vasca de Fórmula 1 que quebró y ha dejado un gran pabellón abandonado durante prácticamente una década que arrastra 10 millones de gasto. Dos meses después de que la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, manifestara en el Parlamento que la “transformación en un edificio multiempresa” de la antigua Épsilon Euskadi podría facilitar la llegada de nuevos proyectos, la propia Tapia firma ahora una respuesta escrita enviada a la Cámara a instancias de la coalición PP+Cs en la que confirma que la partida de 300.000 euros prevista en los presupuestos de 2021 para la reforma “no se ha desarrollado”, que “no existen iniciativas ni planificación” para hacer obras y que en 2022 “no se prevé incluir otra partida” semejante.

Según las fuentes consultadas, Miñano sigue trabajando en dos proyectos interesados en una nave de 15.758 metros cuadrados dentro de una parcela de 32.823 metros cuadrados. Los nombres de las empresas se guardan bajo siete llaves con el ánimo de que cristalicen unas negociaciones que van “avanzando” lentamente, pero aparentemente ninguna de ellas requiere “inversiones” en el pabellón o que se compartimente para adquirir solamente una parte. Tapia, en cambio, no ofrece en el Parlamento más datos que el de que “no hay previsión” de hacer ya la reforma anunciada. “En este tiempo ha habido distintas ofertas comerciales sobre el edificio y es por ello por lo que no se ha realizado ninguna inversión de adaptación sobre él”, señala la consejera, de cuyo Departamento depende la red de parques tecnológicos de Euskadi.

En todo caso, es un giro de 180 grados en el mensaje lanzado hace dos meses en el Parlamento por la propia Tapia. “[Se trata] De la puesta en marcha del edificio Marie Curie para su transformación en un edificio multiempresa. Ello nos va a permitir que, en lugar de tener un edificio que puede acoger únicamente proyectos empresariales de una envergadura muy importante, se puedan ejecutar unas obras de acondicionamiento que nos permitan que ese edificio pueda ser multiuso, que puedan utilizarlo una o más empresas. Además, en caso de que sea una empresa, que pueda también adquirir en primer lugar un espacio algo menor y, en función de las necesidades de crecimiento, poder ir adquiriendo mayores espacios”, manifestó en respuesta a otra pregunta de PP+Cs, según consta en el diario de sesiones.

Las instalaciones vacías del proyecto han supuesto ya un coste de 9,9 millones de euros, mientras que los ingresos generados desde que quebró Épsilon Euskadi apenas han cubierto el 8,34%. Indica Tapia que “el coste anual de mantenimiento de la parcela correspondiente al importe del IBI, mantenimiento de jardinería y servicio de seguridad y vigilancia asciende a 26.516” euros. Menos conocido que el escándalo de la Fórmula 1 valenciana pero igual de oneroso para las arcas públicas, Épsilon Euskadi fue un proyecto que lideró el catalán Joan Villadelprat y que junto al desarrollo del también fallido coche eléctrico Hiriko y del circuito de carreras Arakamendi, que no se llegó a iniciar, recibieron el impulso político del PNV. Esto se tradujo en que en sucesivos acuerdos con el Gobierno central, entonces en manos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la empresa de Villadelprat recibió millonarias ayudas estatales.

Quebró el proyecto pero el problema es que sigue costando dinero. Sin contar el mantenimiento ordinario, el parque tecnológico de Álava, una sociedad pública, ha de abonar un crédito hasta 2032 con un tipo de interés del Euribor más el 0,97%. ¿Por qué? Cuando la escudería de Villadelprat ya estaba en crisis, tocó la puerta de los bancos, pero recibió un portazo. “Las entidades de crédito, ante la situación financiera que presentaba la mercantil, no asumieron el riesgo [...]. Épsilon, que era financiado al 90% por medio de fondos públicos, carecía de recursos propios para dar garantías adicionales a los bancos. Ante esa situación de incapacidad, se dirigió al parque tecnológico de Álava, el cual entró en la garantía”, concluyó la investigación judicial que se siguió por este asunto, aunque finalmente la Audiencia Provincial de Álava lo dio por archivado en 2019 por no ver indicios de delito aunque se asumiera que se puso en marcha “con pólvora de rey”.

Sí hubo una condena mercantil contra Villadelprat por haber propiciado la quiebra con su mala gestión. Ocurrió algo similar en el 'caso Hiriko', sin recorrido penal pero sí con sanciones parciales en lo mercantil. En este caso, la clave fue la adquisición con subvenciones del Gobierno central de un prototipo de Épsilon Euskadi para engrosar la colección particular de uno de los socios del proyecto del coche eléctrico, el empresario Jesús Echave. Aquel monoplaza costó 535.000 euros más IVA.

Tras la quiebra de Épsilon Euskadi, las entidades financieras se dirigieron al parque tecnológico para recuperar su dinero y ejecutaron el aval. Miñano tuvo que poner 16,49 millones para recomprar unas instalaciones que ya eran suyas. De 2012 a 2014 se devolvieron 650.778 euros del principal, de 2015 a 2019 hubo una amortización de 905.555,56 euros anuales y en 2020 ese coste financiero fue de 2,8 millones de euros. Queda pendiente de devolver aún el 52% del principal. En cuanto a los intereses, aunque los tipos han bajado notablemente, se han pagado ya 1,8 millones de euros. 2020 ha sido el ejercicio con menos carga financiera (70.971,75 euros) pero se ha llegado a abonar anualmente hasta 333.417,07 euros, como ocurrió en 2014. De cara a futuro, el Gobierno explica que se abonarán “pagos trimestrales de 183.531,75 euros”.

En abril, en respuesta a preguntas de EH Bildu, Tapia informó de que el valor de tasación de las instalaciones sigue siendo superior al coste total de la operación financiera, lo que cubriría las pérdidas generadas en estos años. Según un trabajo de Servatas en 2020 “y vigente a día de hoy”, el antiguo cuartel general de Villadelprat está valorado en 22,8 millones de euros, incluido el túnel del viento, su supuesta joya de la corona aunque ya totalmente obsoleta. Hasta que lleguen compradores o arrendatarios, Miñano ha buscado ingresos destinando el local a rodajes, principalmente, 826.359,81 euros en total. Según los diferentes documentos publicados estos años, ha habido 23 ó 32 ofertas por el Marie Curie. En su momento, incluso, se coqueteó con volver a probar suerte con otra escudería de Fórmula 1.

Hace unos días, coincidiendo con las noticias de que la Audiencia Provincial de Álava había tumbado las causas penales abiertas por los fracasados proyectos automovílísticos de Hiriko y Epsilon, impulsados políticamente por el PNV y que en conjunto se tragaron más de 60 millones de euros en ayudas públicas, la veintena de antiguos trabajadores del consorcio Hiriko, que desarrolló un vehículo eléctrico llamado a revolucionar la movilidad mundial pero que ni siquiera arrancó en su presentación, recibieron un correo electrónico inesperado. El administrador concursal de la matriz quebrada, la entidad sin ánimo de lucro llamada Afypaida, les informó de que, seis años después, se les empezaría a devolver el dinero que se les adeuda, aunque únicamente un 15%.

Fuentes de los trabajadores explican a este periódico que la administración concursal ha podido hacer frente a ese abono fruto de la recuperación de 535.000 euros tras el juicio mercantil que se celebró en 2017. Aquella fue una condena parcial. La Fiscalía y la Abogacía del Estado aspiraban a que los promotores, a cuyo frente estaban el empresario Jesús Echave y el exedil del PNV en Vitoria Iñigo Antia, devolvieron la totalidad del dinero perdido, una suma millonaria, pero la magistrada María Teresa Trinidad Santos únicamente vio como irregularidad flagrante que Hiriko se gastara esos 535.000 euros (más IVA), que procedían de una subvención pública, en la compra de un monoplaza (sin motor) de Epsilon, la igualmente fallida escudería vasca de Fórmula 1.

Los empresarios arguyeron que se trataba de un vehículo necesario para desarrollar el Hiriko. Sin embargo, ni la Fórmula 1 tiene nada que ver con la movilidad eléctrica a nivel de ingeniería ni el objetivo de la compra era ése. El monoplaza simplemente pasó a engrosar la colección particular de Echave, que tiene otros modelos clásicos y de competición. Existen fotografías de cómo fue expuesto y no llevado al taller.

La Audiencia de Álava, por el contrario, ha interpretado que estas anomalías no constituyen un delito y acordó que no se celebrara un juicio por la vía penal contra los empresarios. Ocurrió exactamente lo mismo en el caso de Epsilon, que todavía engulló más dinero público. El tribunal, compuesto por los mismos magistrados, apostilló que “la solución la ha ofrecido en ambos casos la jurisdicción mercantil”.

Los trabajadores de Hiriko -muchos de ellos procedían de Epsilon-Euskadi- lamentan que esa “solución” sólo cubra una pequeña parte de las deudas, que cada año crecen por los intereses de demora. Las fuentes consultadas ven con pesimismo la posibilidad de recuperar el otro 85% del principal -una cantidad de cinco cifras- y los intereses. El que se ha formalizado ahora es el primer ingreso que han tenido seis años después del ERE de extinción de Afypaida.

Además del 'caso Hiriko', el fracasado coche eléctrico vasco, la Audiencia Provincial de Álava ha acordado también que no haya juicio en la pieza penal que faltaba del 'caso Epsilon', según ha podido saber este periódico. En esta ocasión se investigaba el aval encubierto de 16 millones que el parque tecnológico de Miñano concedió a la automovilística de Joan Villadelprat, que impulsó el fallido sueño de crear una escudería vasca de Fórmula 1. Hiriko y Epsilon-Euskadi, impulsados por el PNV, se tragaron en conjunto más de 60 millones de euros en ayudas públicas.

La doble resolución de la Audiencia de Álava en torno a los casos de Hiriko y Epsilon-Euskadi llega mientras este órgano judicial redacta la sentencia del mayor caso de corrupción, el 'caso De Miguel', que sí llegó a juicio por el factor diferencial de que el juez instructor, Roberto Ramos, ordenó en 2010 el arresto de los principales acusados, entre ellos los dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Ello permitió disponer de una elevada cantidad de pruebas documentales e informáticas.

Además, dos de los tres miembros del tribunal del 'caso De Miguel', su presidente, Jaime Tapia, y Raúl Aztiria han participado en la resolución de archivo de ambos procedimientos, en los que no hay votos particulares ni voces discrepantes. No obstante, es la tercera magistrada de ese tribunal, Elena Cabero, la que se halla liberada desde hace meses para la redacción de este fallo judicial, para el que no hay fecha definida. 

Ambas resoluciones de la Audiencia de Álava echan por tierra las acusaciones de la Fiscalía de Álava y de la Abogacía del Estado -el grueso de las subvenciones eran estatales fruto de acuerdos políticos del PNV con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- y dan una simbólica victoria a los letrados de los investigados, Adolfo Saiz Coca en el 'caso Epsilon' y Gonzalo Susaeta y Javier Beramendi en Hiriko. Los tres fueron destacados participantes en el 'caso De Miguel' y pueden anotarse ya el tanto de una primera victoria frente al fiscal Josu Izaguirre.

Sánchez Alegría, imputado en el 'caso De Miguel', absuelto

En cuanto al 'caso Epsilon', el único imputado era Julián Sánchez Alegría, presidente de los parques tecnológicos de Euskadi hasta 2009. Él fue el firmante del acuerdo de cesión de rango hipotecario por el cual una sociedad pública como es el parque de Miñano asumiría las instalaciones de la empresa de Villadelprat si, como sucedió, entraba en quiebra. Según la Fiscalía, Sánchez Alegría cometió tres delitos (prevaricación, administración desleal y malversación) al excederse del objeto social del parque tecnológico y comprometer patrimonio público con la operación, que obligó a poner 16 millones de euros para recomprar a Kutxabank los pabellones de Epsilon cuando entró en concurso de acreedores. 

El tribunal desecha -como arguía su defensa- que el alto cargo se limitara a firmar documentos ya preparados por técnicos jurídicos y administrativos, pero sí entiende que el polígono de Miñano, dentro de sus funciones de “estimular y promover” la actividad económica, puede ejecutar “diferentes actos” y “es de pensar que éstos puedan suponer también algún riesgo económico”.

La Audiencia entiende también que la ejecución del aval por 16 millones puede resultar incluso ventajosa ya que “se ha acreditado que el citado edificio tiene un valor superior”. Habla de hasta 24 millones. Se da la circunstancia, sin embargo, de que esas instalaciones llevan años abandonadas y con una tecnología en riesgo de quedar obsoleta, como es el túnel del viento. En enero, este periódico pudo acceder a su interior.

Así las cosas, Sánchez Alegría no tendrá que exponerse a un juicio por Epsilon después de que fuera uno de los 26 acusados del 'caso De Miguel', que se originó precisamente con una contratación en Miñano por la cual, aparentemente, Alfredo de Miguel quiso cobrar una comisión de 100.000 euros a la adjudicataria, Ainhoa Alberdi. El proceso ha sido el siguiente: la juez de Vitoria Ana Jesús Zulueta (Instrucción 2, donde se investigará la OPE de Osakidetza) completó la investigación y vio indicios de delito, la Audiencia ordenó que motivara mejor sus acusaciones, la instructora lo hizo y, ante los recursos de la defensa de Sánchez Alegría, se aceptó un sobreseimiento “provisional” de la causa. Ante esta situación, la Fiscalía interpuso un recurso al que da carpetazo esta resolución del 15 de enero de 2009 de la que ha sido ponente el juez Tapia.

En el 'caso Epsilon' hubo otros dos procedimientos que sí llegaron a juicio. En la vía mercantil, Villadelprat fue condenado en 2013 a devolver 900.000 euros por haber agravado la insolvencia de la empresa con su gestión. Por esos mismos hechos, sin embargo, quedó absuelto en vía penal. En el 'caso Hiriko', la Audiencia ha estimado que los promotores del fallido vehículo eléctrico con label vasco, igualmente, ya han depurado sus responsabilidades con una condena parcial en vía mercantil. Precisamente, la condena se basa en que Hiriko adquirió a Epsilon por más de 500.000 euros un monoplaza de carreras que no tenía utilidad alguna para una investigación de movilidad eléctrica y que pasó directamente a engrosar la colección particular de coches del principal promotor, Jesús Echave.

Proyectos con “pólvora de rey” pero sin indicios de delito

La Audiencia, a pesar de cerrar ambos casos, sí que refiere que es censurable la “alegría” con la que se dilapidaron recursos públicos en ambos proyectos, que están interrelacionados: “El problema deriva del modelo de negocio y financiación: un/os particular/es ”vende/n“ una idea a las administraciones públicas, el Gobierno vasco apuesta por ella, pero lo hace principalmente con dinero que gestiona el Gobierno central y el siempre reducido presupuesto público para I+D (y más reducido en plena crisis económica) se gasta en una idea que no termina de materializarse, aunque se intenta, salvas con pólvora de rey”. Pero añaden los jueces que “no hay bastantes indicios de delito en ello y la solución la ha ofrecido en ambos casos la jurisdicción mercantil”.

Fuentes judiciales apuntan a la dificultad extrema de lograr condenas en la Audiencia de Álava en materias relativas a delitos económicos, ya de por sí complejos de probar. Destacan además que la figura empleada del “sobreseimiento provisional” frente al “sobreseimiento libre” impide a las acusaciones, Fiscalía y Abogacía del Estado, recurrir el cierre de estos casos ante el Tribunal Supremo, batalla que ya se había producido en ocasiones anteriores.

En la entrada del edificio E9 del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, sigue en pie la mayúscula ‘e’ roja, redondeada y minúscula que fue logotipo de Epsilon Euskadi, la fallida escudería vasca de Fórmula 1 que dirigió el catalán Joan Villadelprat. El proyecto, auspiciado hace una década por el PNV como parte de un sueño del motor que incluía un circuito de carreras que nunca existió (Arakamendi) y otro fiasco, el coche eléctrico ‘made in Basque Country’ Hiriko, se tragó unos 50 millones de euros en ayudas públicas y ha dejado como legado un pabellón de 13.700 metros cuadrados útiles y de titularidad pública ahora abandonado. En siete años nadie ha querido comprarlo mientras su tecnología se marchita y se deprecia. Mientras la Administración sigue pagando religiosamente el mantenimiento y las deudas, un gasto que supera cada año el millón de euros.

La directora de la red de parques tecnológicos de Euskadi, Itziar Epalza, y el gerente de Miñano, Patxi Márquez, han enseñado este viernes las viejas instalaciones de Epsilon Euskadi a una comisión de las Juntas Generales, el Parlamento foral de Álava. Había sido la procuradora del PP Marta Alaña la promotora de la iniciativa. También se ha permitido el acceso a unos pocos medios de comunicación interesados, incluida la visita a la que pretendía ser la joya de la corona de Epsilon Euskadi, un costosísimo –e infrautilizado- túnel del viento.

El tiempo congelado en 2011

El interior de la mole de diseño que acogió a Epsilon Euskadi no solamente está abandonado, sino que parece que fue desalojado de manera repentina cuando la empresa de Villadelprat quebró con estrépito y tras haber competido en solamente una carrera fuera de las series de Renault. Y no precisamente en el ‘gran circo’, sino en Le Mans. Los calendarios de las paredes siguen congelados en 2011, en un corcho cuelga el ‘planning’ de competiciones de la temporada 2010 y una sala continúa presidida por una maqueta a gran escala (1/2) de un monoplaza negro con su ‘e’ roja y cuyas piezas, incluidas las ruedas, están tiradas en las mesas.

En algunas estancias del inmenso pabellón hay cajones llenos de gorras ajadas del equipo Epsilon Euskadi que ni siquiera atraerían a coleccionistas y cuartillas tiradas con viejos bocetos. Nadie borró nunca las pizarras con fórmulas matemáticas e ideas. La dirección de Internet que se anuncia en las paredes es ahora un dominio a la venta. En el comedor, junto a una lata de galletitas danesas llena de bolsitas de infusiones probablemente caducadas, dos monedas españolas y una portuguesa de 5 céntimos de euro muestran signos evidentes de una pátina verdosa fruto de la humedad.

Los rigores del paso del tiempo no perdonan ni a la zona noble. En el despacho de Villadelprat, de grandes dimensiones y con una gran zona de sofás y sala de reuniones, las fotografías de los coches de Fórmula 1 que adornan el lugar empiezan a perder color por la luz del sol de unos despachos cuyas cortinas nadie corre ya. El empresario ha sido condenado ya por estos hechos en la vía mercantil, aunque absuelto en el caso paralelo, la creación de Epic Racing.

Aquí y allá aparecen pegatinas con el logotipo del Ministerio de Ciencia de Cristina Garmendia y que recuerdan que “la adquisición e instalación del equipamiento tecnológico” estaba pagada por el Gobierno central del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo socio presupuestario, el PNV, siempre se acordaba de proyectos como éste, como Hiriko o como la planta de purines de Carranza. En el caso de Epsilon Euskadi, los nacionalistas lograron unos 17 millones de euros en fondos estatales, 11,8 en 2007, 4,7 en 2008 y 0,35 en los siguientes ejercicios. Del presupuesto total, el 90% procedía de ayudas públicas y apenas el 10% era inversión privada. 

La factura para el dinero de todos se incrementó, además, por la ejecución de un aval que el parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública autonómica en la que también participan la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, autorizó en su día y que próximamente llevará al banquillo de los acusados al que fuera máximo representante de la red de parques hace una década, el nacionalista Julián Sánchez Alegría. Según constató la investigación de la juez de Vitoria Ana Jesús Zulueta, Sánchez Alegría desoyó un informe jurídico y autorizó un aval encubierto con patrimonio público a una empresa privada, por mucho que fuera considerada “estratégica” o, en palabras de Villadelprat, “un proyecto nacional vasco”.

Cuando Epsilon Euskadi ya estaba en crisis, tocó la puerta de los bancos, pero recibió un portazo. ¿Qué ocurrió? “Las entidades de crédito, ante la situación financiera que presentaba la mercantil, no asumieron el riesgo [...]. Epsilon, que era financiado al 90% por medio de fondos públicos, carecía de recursos propios para dar garantías adicionales a los bancos. Ante esa situación de incapacidad, se dirigió al parque tecnológico de Álava, el cual entró en la garantía”, concluyó la investigación judicial.

Un coste de un millón de euros cada año hasta 2032

¿La consecuencia? Quebró Epsilon Euskadi y las entidades financieras se dirigieron al parque tecnológico para recuperar su dinero. Miñano tuvo que poner 16,4 millones para recomprar unas instalaciones que ya eran suyas. Según han explicado Epalza y Márquez, ese dinero se paga a través de un crédito vivo hasta 2032. Cada año hay que devolver 900.000 euros de principal más los intereses. En 2014, el primer año, eran de 400.000 euros. Ahora “se han renegociado” y ‘solamente’ son 100.000 euros al año. La minuta total rondará los 19 millones de euros si se mantuvieran las condiciones actuales de financiación. Además, cada año hay que poner unos 22.000 euros en mantenimiento.

Los gestores de Miñano pretenden paliar con ingresos atípicos esos gastos objetivos que tienen hipotecada a la Administración hasta dentro de más de una década. Se intentó liquidar algo del mobiliario, pero apenas se lograron 70.000 euros. Ante la falta de compradores, lo más útil ha sido ofrecer el E9 y sus instalaciones futuristas como ‘set’ de rodaje. Hasta 15 producciones han grabado en Epsilon Euskadi, aunque sólo se han ingresado 92.000 euros en total.

Miñano no pierde la esperanza de vender el pabellón. Y de venderlo como un todo. Su “valor de tasación” es de 23 millones por lo que, en pura teoría, hasta se podría recuperar más dinero del que se puso para el aval. En pura teoría, porque desde 2014 la lista de interesados se ha ido alargando sin que ninguno pusiera la chequera sobre la mesa. Incluso se tocó la puerta de otros equipos de Fórmula 1 pero ellos ya tienen instalaciones propias y no necesitan reiniciar unas ya obsoletas para un sector pegado a la tecnología más puntera. El sector de la automoción y de la aeronáutica local ni contempla el uso de estas instalaciones. Oficialmente, aunque no hay detalles por la “confidencialidad” que requieren estos negocios, habría tres ofertas sobre la mesa ahora mismo.

El elemento “diferencial” del edificio E9 es su túnel del viento con suelo rodante y capacidad para testar con aires de hasta 300 kilómetros por hora propulsados por una turbina del tamaño de un avión comercial. El matiz es que, cuando se ideó, Villadelprat hablaba de que sólo había dos en Europa. Ahora son 30 y probablemente ninguno lleve tanto tiempo abandonado. “¿Obsoleto? No. ¿Que hay tecnología más moderna? Sí”, puntualiza Márquez sobre el estado actual de esta máquina. Un informe independiente calcula en 650.000 euros el coste de actualizar el ‘software’ para devolver a su uso la enorme instalación. Su turbina tiene el tamaño de un avión. El ‘hardware’, en cambio, estaría “funcional” con apenas un poco de engrasado y rodaje. La pintura nívea que rodea las instalaciones, sin embargo, empieza a mostrar evidentes desconchones.

Un ciclista retirado y trofeos abandonados

Quizás para convencer a los compradores, junto a la sala de mandos del túnel hay fotografías en tamaño DIN A4 de los logros de este túnel del viento. En ellas sonríe un ciclista retirado, Alberto Contador, cuando preparó en Vitoria el Tour de 2010 (y compró un chuletón en Irún que luego motivó un positivo por clembuterol). También aparece el balón oficial de la liga de fútbol que presentó en 2009 en Miñano otro notable del deporte español ya fuera de la competición, el guardameta Víctor Valdés.

Lo que sí resplandece es la enorme vitrina de trofeos semioculta en un pasillo oscuro que une la entrada con el espacio de trabajo principal. Les acompañan un par de botellas ‘magnum’ de champán. Son los restos de los podios en las World Series de Renault que ilusionaron a Villadelprat –ahora comentarista- con llevar su ‘e’ roja, redondeada y minúscula a las cotas más altas de la Fórmula 1. O cuando Iñaki Azkuna cortó Bilbao para que los monoplazas rugieran junto al Guggenheim. Pero ni en 2009 ni en 2010 Epsilon Euskadi logró la licencia para el ‘gran circo’. “El mundo se construye de sueños” -explicaban Epalza y Márquez- sobre el castillo en el aire que supuso este plan. Pero esta ensoñación acabó en pesadilla.

La primera sesión del juicio se celebró allá por el 15 de septiembre y este 4 de diciembre exactamente a las 12.51 horas la pieza mercantil del 'caso Hiriko' -aún está pendiente la causa penal- ha quedado vista para sentencia. En la jornada de conclusiones de este lunes ha quedado constatado que en estos casi tres meses ninguna de las partes ha modificado un ápice sus posiciones a pesar de los 26 testigos y media docena de peritos que han tomado la palabra. Mientras para las acusaciones el sueño del coche eléctrico 'made in Basque Country' y que se tragó 18,9 millones de euros en ayudas públicas sin que los vehículos llegaran a comercializarse es poco menos que “de los proyectos peor gestionados que han existido” y una máquina para “dilapidar dinero público”, las defensas de los promotores insisten en hablar de “revolución”, “éxito” e “innovación”, incluso de que el fracaso se precipitó cuando la Administración cerró el grifo de las subvenciones.

La pelota está ahora en el tejado de la magistrada María Teresa Trinidad Santos. Sobre la mesa tiene tres peticiones para declarar “culpables” a los promotores de Afypaida, la entidad sin “ánimo de lucro” que encabezó el engranaje societario detrás del proyecto Hiriko. Son Jesús Echave, empresario alavés cercano al PNV, el exconcejal en Vitoria de esta formación Iñigo Antia -el único que ha asistido a todas las sesiones- y los también empresarios José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio. Administración concursal, Fiscalía y Abogacía del Estado coinciden en que el cuarteto y algunos socios agravaron con su gestión la insolvencia de Afypaida y aceleraron la quiebra del proyecto. Difieren, sin embargo, a la hora de cuantificar el perjuicio económico que generaron a los acreedores y que deberían devolver en caso de condena: la administración reclama a los acusados 197.000 euros, el ministerio fiscal 15,7 millones y el Estado -quien puso el grueso del dinero de Hiriko- hasta 18,9 millones.

En la sesión de este lunes, trasladada a una sala de menores dimensiones por las obras que ya se llevan a cabo en los juzgados de Vitoria ante el inminente arranque del juicio del 'caso De Miguel', la magistrada ha controlado cronómetro en mano -hasta que se ha quedado sin batería en el teléfono móvil- las últimas intervenciones de las partes. Ha abierto fuego el administrador concursal, quien ha hecho énfasis en que en abril de 2013 Hiriko ya estaba en quiebra si bien los promotores no declararon el concurso de acreedores hasta 2015. “El retraso es causa de culpabilidad”, ha zanjado antes de recordar también la polémica compra por 600.000 euros de un prototipo de Epsilon-Euskadi para engrosar la colección de Echave.

“Mala gestión absoluta”

La fiscal Cristina Vicente ha hecho hincapié en la “mala gestión absoluta” del proyecto Hiriko y ha enumerado a velocidad de vértigo -para no agotar el tiempo máximo fijado por su señoría, algo que ha cumplido- todas las operaciones dudosas que, a su entender, dañaron la situación económica de Afypaida. Como ejemplo, Vicente ha recordado que Hiriko se instaló en el Edificio Alas, propiedad de Echave, y que se solicitaron subvenciones al Ministerio de Ciencia para cubrir el alquiler y las reformas del local. Otras empresas de Echave ocupan esa misma sede sin pagar nada, ha revelado. 

La Fiscalía ha señalado el papel determinante de DenokInn, entidad impulsada también por personas vinculadas al PNV, a la hora de poner en marcha Hiriko. Según Vicente, DenokInn conoció en el prestigioso MIT de Massachussets “una maqueta” de coche eléctrico urbano, pero ha insistido en que aquello era solamente “una ilusión”. “Ni siquiera era homologable”, ha reiterado para preguntar en voz alta: “¿Se puede financiar eso con fondos públicos? Sí, pero el problema es el uso de esos fondos públicos. [En Afypaida] Se iba improvisando sobre la marcha el modelo de negocio. Es uno de los proyectos peor gestionados que ha existido. Se dilapida dinero público de manera negligente por unos gestores que no han salvaguardado el buen interés del proyecto”.

Vicente ha realizado una estimación tan detallada que ha cifrado en unos 2 millones de euros las cuantías manifiestamente irregulares y que directamente contribuyeron a la insolvencia de Afypaida. Durante sus réplicas, los letrados de los acusados casi sin excepción han interpretado que la Fiscalía rebajaba de 15,7 a esos 2 millones el dinero que solicitaba reintegrar a los acusados e incluso han utilizado ese viraje que no ha sido tal para denunciar la inconsistencia de las acusaciones del ministerio público Vicente, que ha acudido a la sala con un libro sobre los escritos de acusación en la jurisdicción mercantil, ha llevado hasta el final su petición inicial.

El abogado del Estado, Roberto Hernández, que a su vez cubrió la baja de Macarena Olona, no ha asistido a la sesión y ha sido reemplazado por una compañera que ha leído su informe de conclusiones. En él, el Estado reclama la devolución de 18,9 millones, el total de fondos públicos manejados por Hiriko. “No estamos enjuiciando si el proyecto merecía la subvención, sino el modo en que ellos gestionaron el dinero”, interpreta la representación del Ministerio de Ciencia, principal benefactor de Hiriko fruto de las acuerdos del PNV con el entonces presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y que condujeron también a subvenciones para Epsilon-Euskadi o la planta de purines de Carranza, ambos también bajo la lupa de la Justicia.

Según la Abogacía del Estado, el Ministerio de Ciencia no es corresponsable de este fiasco. “Hiriko era un vehículo que sólo era una investigación llena de ilusiones, era irreal. Esto no es mala suerte, algo que sale mal. Es simplemente mala gestión de los administradores. Si el Estado hubiera sabido [la verdadera naturaleza del proyecto], no habría dado las subvenciones”, sostiene la representación del Gobierno central. El Gobierno vasco, que también puso fondos para el proyecto, ha sido el gran ausente en el proceso mercantil.

“Sólo un necio confunde valor y precio”

Para el letrado de Afypaida las acusaciones son poco menos que fabuladas, “opiniones”. Ha reiterado que existen pruebas de que la situación económica en 2013 y en 2015 era similar y que el retraso en la declaración del concurso de acreedores no agravó la insolvencia de la entidad. El letrado ha enfatizado que los pagos bajo sospecha son “intachables” y ha quitado valor al fiasco empresarial porque desde el punto de la investigación fue un proyecto muy avanzado: “Esto no era hacer un Seat Ibiza, era una cosa innovadora”.

Respecto al aparente sobrecoste en la compra del coche de Epsilon-Euskadi por 600.000 euros, ha desechado que sea adecuada la comparación con el prototipo gemelo, que se traspasó por 60.000, porque “como decía Antonio Machado, sólo un necio confunde valor y precio”. Se ha remitido a las palabras del que fuera gerente de Epsilon-Euskadi, Joan Villadelprat, quien declaró en el juicio que semejante monoplaza tenía un valor altísimo en el mundo del motor. En la misma línea, el abogado de los gestores de Afypaida ha apostillado que “el prototipo se adquirió a un precio bastante inferior del precio de tasación”.

Desde la defensa de DenokInn se ha puesto el acento en que Hiriko no era “irreal” y en que venía avalado por el MIT. “Los ingenieros del MIT no eran precisamente becarios, como se ha dicho”, ha remarcado para recordar a continuación el interés que mostraron en los coches eléctricos del Alas el Ejército de Estados Unidos o la Deutsche Bahn, aunque nada de eso cuajó. “Estamos hablando de un proyecto de referencia en Europa”, ha apuntado el letrado.

La titular del juzgado de lo mercantil de Vitoria, María Teresa Trinidad Santos, ha dado por “concluida la fase de práctica de pruebas” del 'caso Hiriko', en el cual se analiza si los promotores del coche eléctrico vasco precipitaron con su gestión la quiebra de la entidad sin ánimo de lucro Afypaida, que se nutrió de 18,9 millones en ayudas públicas para desarrollar el proyecto. La magistrada insiste en que se encuentra “suficientemente ilustrada” para rechazar una vez más el testimonio de quien fue responsable técnico de Hiriko, el expresidente de Mercedes-Benz en España Armando Gaspar, al que todos los acusados han señalado como presunto responsables de algunas de las operaciones más gravosas, como la compra por 600.000 euros con cargo a subvenciones de un coche de carreras sin motor de Epsilon que no sirvió para el desarrollo del vehículo eléctrico y que sólo ocupó un lugar en la colección de coches del empresario Jesús Echave.

“La juzgadora estima que se encuentra suficientemente ilustrada sobre los hechos que habiendo sido introducidos correctamente en el objeto del debate pueden ser relevantes para la calificación de Afypaida. Se han practicado 26 testificales, junto con interrogatorios y declaraciones de peritos y, no habiendo expresado quienes proponen la testifical del señor Armando de Sousa Gaspar hechos concretos sobre los que habría de declarar este señor y respecto de los que no hayan interrogado al menos a tres testigos, se va a obviar la testifical señalada”, explica su señoría en una providencia dictada este viernes.

De esta manera, la magistrada señala una última vista del proceso -que se inició en septiembre y que lleva acumulado importante retraso- para el 4 de diciembre, día en que las partes podrán “formular conclusiones” para determinar si Echave, el exconcejal del PNV Iñigo Antia y el resto de acusados son considerados “culpables” del concurso de acreedores de Afypaida y condenados a la devolución de una cantidad que, si se estima la petición más alta, podría permitir recuperar la totalidad del dinero público invertido. La sesión no se hará en la sala habitual, ya de obras para quedar acondicionada de cara al arranque del macrojuicio del 'caso De Miguel'.

Armando Gaspar reside fuera de España, en Alemania, y su testimonio presentó problemas desde el inicio por la necesidad de articular una videoconferencia mediante comisión rogatoria. A pesar de la sencillez tecnológica de la operación, la declaración se ha pospuesto en alguna ocasión y también se suspendió en otro momento por problemas de agenda del ingeniero automovilístico, que fichó por Hiriko en su segunda fase con el ánimo de enderezarlo y lograr la homologación que se veía imposible con su modelo inicial.

No ha sido el único caso que ha generado problemas. El que fuera impulsor de Epsilon Euskadi -otro proyecto regado con millones públicos y que luego naufragó-, el catalán Joan Villadelprat, ya vio retrasada su comparecencia varias semanas aparentemente por estar ilocalizable, aunque es un personaje público con presencia en medios de comunicación como comentarista de Fórmula 1. Finalmente, compareció como testigo ante la insistencia de las acusaciones, Fiscalía y Abogacía del Estado.

Con varias semanas de retraso por no haber sido capaz el juzgado de Vitoria de localizarlo, el conocido comentarista y experto automovilístico catalán Joan Villadelprat ha comparecido finalmente este martes y ante una gran expectación como testigo en el juicio mercantil por la quiebra del proyecto de coche eléctrico Hiriko, que se tragó unos 18,9 millones de euros en ayudas públicas como los 600.000 euros que costearon la compra de un prototipo de carreras sin motor de la escudería Epsilon Euskadi de Villadelprat, que también naufragó y que dejó a las arcas públicas otro agujero cercano a los 50 millones. Villadelprat, preguntado por el precio del monoplaza, tasado realmente en 60.000 euros y que los ingenieros del coche eléctrico nunca utilizaron para su trabajo, ha argumentado que esos 525.000 euros más IVA fueron “baratos” porque ese modelo tiene un alto valor “para coleccionistas” dado que “siempre va a ser el primer coche nacional que ha corrido en las 24 horas de Le Mans”.

Se da la circunstancia de que el gemelo de este prototipo fue vendido durante la liquidación de Epsilon por apenas 60.000 euros. Y que la reciente subasta judicial del modelo de la discordia dentro del concurso de acreedores de Afypaida, la sociedad “sin ánimo de lucro” que impulsó Hiriko, ha quedado desierta porque no hay compradores interesados en este coche de carreras a un precio de 60.000 euros. Sin embargo, Villadelprat ha insistido en que “en absoluto” es un precio “justo” esa cantidad y ha criticado que en la venta de los activos de Epsilon, el sueño vasco de tener una escudería de Fórmula 1, todo se tasase como si fuera “chatarra”.

“¿Precio? El que tú quieras. Depende del coleccionista que esté interesado y se enamore de este tipo de coche. Si fuera millonario, pagaría lo que fuera. Siempre va a ser el primer coche nacional que ha corrido en las 24 horas de Le Mans. Tiene un valor histórico”, ha repetido Villadelprat.

Precisamente el carácter de coleccionista de vehículos de uno de los promotores de Hiriko, el conocido empresario Jesús Echave, afín al PNV como el director general de Afypaida, Iñigo Antia, exconcejal en Vitoria por esta formación, ha motivado las sospechas de las acusaciones, que sostienen que el prototipo de Epsilon acabó en Hiriko -y pagado con dinero público- no precisamente por su utilidad. Durante el juicio, varios trabajadores han sostenido que el monoplaza nunca se llevó al taller y que se hallaba expuesto junto con otros coches clásicos de Echave en un edificio anexo.

Los acusados, sin embargo, han defendido que la utilidad del automóvil de carreras para el desarrollo de nuevas tecnologías del coche eléctrico, aunque Hiriko fue un utilitario urbano y no estuviera propulsado por un motor convencional de gasolina. En este sentido, Villadelprat ha explicado a preguntas de los abogados de los empresarios promotores, que se exponen en este juicio a la devolución a los acreedores de sumas importantes del dinero perdido, que el coche de Epsilon “no tiene nada que ver” con el 'city car' que era Hiriko pero que “sí” permitía sacar “ideas” para su desarrollo. “La tecnología que lleva a hacer un prototipo es muy específica. Las masas, los pesos, los materiales, ... Son conceptos que pueden servir claramente para un coche eléctrico o para uno de gasolina o diésel, para lo que quieras. Un prototipo no lleva absolutamente nada que no sea necesario. Se busca la optimización en todo y muchas cosas te pueden ayudar como ideas para desarrollar proyectos”, ha indicado.

Villadelprat también ha recordado que el proyecto Hiriko se empezó a desarrollar dentro de las instalaciones de Epsilon Euskadi en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. Los propios ingenieros de Villadelprat pasaron a Hiriko cuando quebró el proyecto de la Fórmula 1, ha recordado. “Era más que hacer un coche. Eran cuatro módulos y se ensamblaban. Era como un coche de Ikea, para hacerlo en casa. Estábamos ilusionados con esto”, ha señalado el catalán.

Terminada su declaración, uno de los acusados, Antia, el único presente en casi todas las sesiones, le ha estrechado la mano efusivamente al testigo. La sesión, la octava ya del proceso mercantil, ha continuado con la intervención de un perito. Sólo está pendiente la videoconferencia con el exresponsable de Mercedes-Benz y luego hombre fuerte de Hiriko, Armando Gaspar, que reside en Alemania. Los acusados han culpado a Gaspar de muchos de los pagos que tanto la Fiscalía como la administración concursal y el abogado del Estado ven injustificados y su testimonio puede arrojar luz antes de que el caso quede visto para sentencia en su rama mercantil.

El administrador concursal de Afypaida, la entidad “sin ánimo de lucro” detrás del proyecto de coche eléctrico vasco, el Hiriko, que se tragó hasta 18,9 millones de euros en ayudas públicas, ha explicado este martes en el juicio que se sigue contra los promotores por haber agravado presuntamente la situación de insolvencia del proyecto que Hiriko era endeble desde sus orígenes. Mientras grandes empresas automovilísticas habían dedicado hasta 100 millones de euros y seis años de I+D para prototipos con menos avances tecnológicos que el que se ideó en Vitoria, Afypaida, con empresarios sin experiencia en el sector, empezó con apenas 5 millones de euros puestos por el Ministerio de Ciencia, a quien también ha señalado como corresponsable.

“Esto es un proyecto dado 'a dedo' y echa a andar con cinco millones. No es la manera perfecta de gestionar ni por quien financia ni por quien actúa”, ha señalado en su extensa comparecencia Francisco Javier Escobosa, quien se ha ratificado en su informe que señala la responsabilidad de Jesús Echave, empresario cercano al PNV, de José Luis Bengoechea, de Fernando Achaerandio y de Iñigo Antia, exconcejal nacionalista que ejerció como director general del proyecto. Les señala por haber retrasado de 2013 a 2015 la declaración de concurso, con el consiguiente perjuicio económico para los acreedores. “Aquí no va a cobrar ni el Estado”, ha llegado a ironizar en un momento de su intervención.

Escobosa ha recordado, además, que el proyecto original acordado con el prestigioso MIT de Boston fue desechado para terminar convirtiendo el Hiriko en “un coche más convencional”, aunque tampoco fructificó. “El proyecto varió a lo largo del tiempo porque se vio que no se llegaba. De manera apresurada se da un golpe de timón y se gira hacia un coche más convencional”, ha indicado. Ha añadido, por ejemplo, que los promotores nunca estuvieron “a punto” de lograr la homologación del automóvil -imprescindible para su comercialización- y que los supuestos acuerdos internacionales para distribuir Hirikos por todo el planeta eran simples “cartas de intención, no contratos”.

El administrador concursal, igualmente, ha enfatizado que cuando Hiriko entró en crisis en abril de 2013 sus promotores sí buscaron nuevos inversores (en el juicio se ha aludido a Sapa, uno de los proveedores, y a capital de Japón, Irán o Kazajstán) aunque en ningún caso se rascaron el bolsillo para salvar su proyecto. “No entro a valorar si podían o no podían, pero la junta intenta buscar una solución pero sin aportar dinero”, ha reseñado. Hiriko, como Epsilon, fue un proyecto sin apenas capital privado que fue regado con subvenciones, en este caso principalmente del Gobierno central fruto de los acuerdos presupuestarios del PNV con un José Luis Rodríguez Zapatero en minoría en el Congreso.

Respecto a los ejemplos concretos de mala gestión, Escobosa ha dado algo de tregua a los acusados -sólo Antia está acudiendo regularmente a las vistas de esta pieza mercantil de Hiriko- y ha matizado algunas tesis de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que exigen una condena millonaria en este proceso. El administrador, por ejemplo, no ha considerado gravoso que los talleres se ubicaran en unos locales propiedad de Echave, el edificio Alas, que se autoalquiló las instalaciones con cargo a las subvenciones estatales. Según Escobosa, el precio que se fijó era “de mercado”. Y ha dicho también que no se puede dar por “incumplido” el contrato por el cual Hiriko abonó a Maser una elevada cantidad para adquirir 80 roborruedas, una de las grandes innovaciones del primer modelo ideado con el MIT. “Hay acusaciones cruzadas de incumplimiento”, ha apuntado.

El inútil coche de carreras que costó 600.000 euros

Sin embargo, Escobosa sí ha sido muy tajante a la hora de criticar la operación por la cual Afypaida adquirió por unos 600.000 euros un coche de carreras sin motor de Epsilon tasado en apenas 60.000 euros. “El coche ni servía ni se utilizó para el proyecto”, ha repetido el administrador. Otro de los comparecientes, Daniel Alfonso, jefe de taller de Hiriko, ha dado más detalles: “El coche es un vehículo de carreras que se sacó de Epsilon. Estuve en la entrega del vehículo. Se llevó al Alas pero se depositó [no en la sede de Hiriko] sino en la exposición del concesionario [de Echave, ubicado allí mismo]. No se utilizó ni se hizo nada. Nada tiene que ver con un coche eléctrico”. Incluso Mikel Elosegui, del 'staff' económico de Afypaida y propuesto por la defensa de los acusados, ha señalado que “una partida de más de medio millón de euros” tenía que haber tenido “mayor seguimiento”. “Había que acreditar la utilidad de ese vehículo”, ha indicado.

El que fuera presidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi y, por lo tanto, del consejo de administración de Miñano (Álava) durante el final del mandato de Juan José Ibarretxe, Julián Sánchez Alegría, ha sido encausado formalmente por la presunta comisión de tres delitos, malversación, prevaricación y administración desleal, por haber beneficiado deliberadamente a la empresa Epsilon-Euskadi, punta de lanza del sueño del PNV de dotar a Euskadi de una escudería propia de Fórmula 1. Según la información judicial a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, la juez de instrucción de Vitoria Ana Jesús Zulueta ha dado por cerrada la investigación de la pieza principal de las tres que se abrieron por el fiasco de Epsilon-Euskadi, que en total se tragó 48 millones de euros en ayudas públicas, el doble que la Fórmula 1 de Valencia. La magistrada, en un auto en el que decreta la apertura de juicio oral, considera “indiciariamente acreditado” que fue irregular el aval encubierto que Sánchez Alegría autorizó para que el gerente del proyecto, Joan Villadelprat, obtuviera un crédito bancario y que ha tenido un coste de 16,4 millones a las arcas públicas después de la quiebra de la automovilística.

Epsilon-Euskadi formaba parte del tridente automovilístico que el PNV diseñó para Euskadi y, en concreto, para Álava. Se trataba, además de contar con el equipo de carreras de la mano de un catalán con experiencia en el mundo del motor como Villadelprat, de construir un circuito de carreras llamado Arakamendi y que iba a sustituir a los cuarteles del Ejército en las afueras de Vitoria (nunca se llegó a poner en marcha) y de revolucionar la movilidad urbana a nivel mundial con un coche eléctrico 'made in Basque Country' (el proyecto Hiriko, ahora en los tribunales por partida doble tras haberse tragado casi 19 millones de subvenciones públicas).

Epsilon-Euskadi aterrizó en 2008 en el parque tecnológico de Miñano. Fue un proyecto que al 90% ha sido financiado por las Administraciones, tanto vascas como estatales (el PNV procuró subvención para Epsilon, para Hiriko o para la planta de purines del Valle de Carranza a cambio de apoyar los presupuestos de un José Luis Rodríguez Zapatero en minoría). Cuando a finales de 2008 el Estado rechazó una nueva inyección de 20 millones solicitada por Villadelprat por su delicada situación económica, el parque tecnológico de Miñano (una sociedad pública dependiente del Departamento de Industria del Gobierno vasco) accedió a ejercer de avalista encubierto para que Epsilon-Euskadi obtuviera un crédito de las cajas Kutxa y Caja Vital (ahora fusionadas en Kutxabank con BBK y CajaSur) con el que financiar su emblemática sede en Álava. Con la quiebra del proyecto, la entidad financiera ejecutó el acuerdo y el Ejecutivo autonómico se vio obligado a comprar el edificio E-9 de Miñano por 16,4 millones de euros.

La juez Zulueta, tras la denuncia de la Fiscalía, da por “indiciariamente acreditado” que Sánchez Alegría excedió sus competencias para beneficiar a Epsilon-Euskadi, por lo que envía a juicio al ex alto cargo autonómico por la presunta comisión de tres delitos, malversación, prevaricación y administración desleal. “Las entidades de crédito, ante la situación financiera que presentaba la mercantil, no asumieron el riesgo [...]. Epsilon, que era financiado al 90% por medio de fondos públicos, carecía de recursos propios para dar garantías adicionales a los bancos. Ante esa situación de incapacidad, se dirigió al parque tecnológico de Álava, el cual entró en garantía”, se lee en el auto de la juez, fechado a 15 de septiembre.

La investigación ha constatado que Sánchez Alegría desoyó un correo electrónico del servicio jurídico de Miñano, el bufete Uria & Menéndez de Mario Fernández (que luego sería presidente de Kutxabank), que dejaba claro que el aval encubierto excedía el objeto social de la sociedad pública autonómica y que incluso podría tratarse de una “ayuda de Estado” a una empresa privada, algo prohibido en la Unión Europea.

Técnicamente, el aval consistía en que si Epsilon-Euskadi quebraba, quien tendría que asumir la deuda era la propia Administración, abonando por el edificio E-9 entre 14 y 22,5 millones. Finalmente, llegado ese momento (un juzgado mercantil condenó a Villadelprat por mala gestión, aunque quedó exonerado en la vía penal), el Gobierno de Patxi López cerró con Kutxabank la operación de recompra en 16,4 millones de euros más “intereses adicionales” por no poder satisfacerse la cantidad al contado. En total, el dinero público que se ha tragado Epsilon-Euskadi ronda los 48 millones de euros. Villadelprat, en reiteradas ocasiones, ha repetido que Epsilon-Euskadi no sólo era una proyecto “estratégico”, sino incluso un proyecto “nacional” para el PNV. La escudería, en todo caso, no alcanzó la Fórmula 1, como los Hirikos eléctricos nunca llegaron a circular.

Actualmente, la sede de Epsilon-Euskadi continúa sin uso en Miñano. En un primer momento, se especuló con la posibilidad de insistir con la Fórmula 1 y el Gobierno, ahora de nuevo del PNV, llegó a negociar con otros equipos una posible venta o alquiler de las instalaciones abandonadas. Su mayor activo es un túnel del viento en el que llegó a entrenar Alberto Contador, aunque ya hace varios años en un sector en el que la tecnología avanza a gran velocidad. Recientemente, también se ha utilizado como plató de rodaje para algunas películas.

La antigua sede de Epsilon-Euskadi está edificada sobre una parcela de 32.823 metros cuadrados y tiene 15.748 de uso industrial y comercial. “Destaca en su interior un conjunto de instalaciones y maquinaria específicas (túnel del viento, instalaciones de composites, hornos autoclaves y maquinas JOBS)”, se puede leer en informes internos sobre la instalación. Tasaciones realizadas hace varios años cifran en 22,5 millones el valor de las instalaciones, aunque el paso del tiempo podría devaluar algunos componentes tecnológicos en un sector en permanente actualización. Por ello, la actual consejera Arantxa Tapia defiende que el abono de 16 millones no ha supuesto un quebranto económico, ya que el E-9 es un activo.

“¿Cristina? ¿Fernando? ¿No están Cristina y Fernando?”, preguntaba en el pasillo de la sala de visitas de los juzgados de Vitoria la funcionaria del juzgado mercantil minutos antes de iniciarse, este miércoles, la cuarta sesión del juicio por la quiebra de la entidad “sin ánimo de lucro” Afypaida, la matriz del proyecto de coche eléctrico Hiriko impulsado por el PNV y que se ha tragado hasta 18,9 millones de euros en ayudas públicas. No tuvo éxito. Ni Cristina ni Fernando ni otros cuatro testigos que constaban en su lista comparecieron ayer porque se habían modificado las fechas. Es más, uno de los presentes ha sido quien ha explicado a la propia trabajadora el nuevo día fijado para algunos de sus excompañeros trabajadores de Hiriko y otro le ha recordado que él sí había viajado hasta Vitoria aunque no hubiera cantado su nombre. 

Con estos problemas, que se suman a la no localización de uno de los testigos clave, Joan Villadelprat, aunque es conocido comentarista de Fórmula 1 en medios de comunicación, y al retraso de un mes para montar una videoconferencia con Alemania para recoger el testimonio del que fuera responsable técnico de Mercedes-Benz en Vitoria y luego de Hiriko, Armando Gaspar, ha arrancado la vista, de apenas hora y media de duración en esta ocasión. En ella, el ingeniero de Afypaida Álvaro Lopategi ha ratificado ante la juez María Teresa Trinidad Santos que algunos de los gastos realizados por los promotores del proyecto -Jesús Echave e Iñigo Antia, entre otros- fueron superfluos a pesar de estar cubiertos por las subvenciones del Ministerio de Ciencia. 

Lopategi, preguntado por las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y administrador concursal buscan declarar “culpable” la quiebra de Afypaida para que Echave, Antia y los otros socios devuelvan de su bolsillo la deuda generada por Hiriko-, ha explicado por ejemplo que la adquisición por 600.000 euros de un monoplaza de carreras sin motor de Epsilon-Euskadi no tenía sentido para el desarrollo de un vehículo eléctrico. “Estuvo bastante tiempo expuesto. ¿Dónde? En el concesionario de coches. Estuvo en el concesionario”, ha explicado sobre el destino real de ese coche, tasado ahora en 60.000 euros menos y que engrosó la colección de Echave en su concesionario, ubicado en un lateral del edificio Alas, donde se ubicaban también las oficinas y talleres de Hiriko. 

Las defensas, en otras sesiones del juicio y también en la de este martes, han explicado que el coche de carreras tenía sentido para estudiar los problemas de las “masas en suspensión” del coche eléctrico, con un reparto de peso diferenciado a un coche habitual por llevar roborruedas (ruedas robotizadas). Echave, en su declaración, rechazó que el bólido sin motor formara parte de su colección porque “para nada” le gustaba.

Lopategi también ha explicado que la dirección de Afypaida, que en muchos casos no tenía experiencia en el mundo del motor y en el del diseño de automóviles, no tenía habitualmente en cuenta la opinión de los ingenieros. “Nosotros desde un principio vimos que [Hiriko] era muy complejo. Intentamos valorar las posibilidades reales pero vimos que no se nos escuchaba, la gente que estaba encima no escucharon las dificultades que vimos nosotros. Era muy complejo. Las decisiones se tomaban en un comité al cual no asistía personal técnico. Se nos encargaban tareas muy complejas”, ha enfatizado el extrabajador de Hiriko, que también lo fue de Epsilon y de otra automovilística británica aunque las defensas han tratado de establecer que él tampoco tenía experiencia en coches eléctricos y en roborruedas, la gran innovación del proyecto de Afypaida.

Un proyecto de alcance mundial

La sesión la ha abierto Gorka Espiau, de InnovaLab, la entidad encargada de la promoción internacional de Hiriko. Espiau, que fue asesor del lehendakari, Juan José Ibarretxe, y que ahora continúa vinculado a éste a través de su centro universitario ALC, ha indicado que se dedicó “full time” ('a tiempo completo', en inglés) a vender no sólo el coche Hiriko en el mundo, sino el nuevo concepto de movilidad urbana que pretendía implementar.

Espiau ha explicado las conversaciones con la empresa pública de ferrocarriles de Alemania, la Deutsche Bahn, para que ésta utilizara Hiriko como complemento a sus trenes para cubrir la “última milla” de los desplazamientos ciudadanos. Y también ha aludido a contactos con San Francisco, Barcelona o Hong-Kong, grandes ciudades que en teoría pensaron en los coches eléctricos para impulsar un nuevo modelo de transporte urbano.

Según el experto de InnovaLab, los avatares que sufrió el proyecto hicieron que la estrategia de comunicación se resintiera. Espiau ha indicado que Gaspar, a su llegada, “simplificó” el Hiriko -en realidad, las roborruedas pagadas no se entregaron y era difícilmente homologable- y además decidió que la fabricación de coches se centralizaría en Vitoria y no se derivaría a otros países conveniados, lo que dificultó la búsqueda de aliados. Finalmente, todas esas iniciativas quedaron en agua de borrajas porque el sueño de Hiriko se desmoronó como un castillo de naipes.

En el apartado de 'marketing' de Hiriko colaboró también Vilau Media, una entidad impulsada por el hoy presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en su etapa como director general de EiTB. Su administrador, Francisco Javier Calera, está imputado en la vía penal que se sigue por el caso Hiriko -la Fiscalía entiende que se desviaron, entre otras cosas para lucro de los promotores, hasta 6,4 millones de las ayudas públicas recibidas- al entender que los pagos que recibió Vilau Media, ya quebrada, fueron innecesarios ya que esos conceptos ya se habían contratado a InnovaLab. Calera también ha comparecido en la vista mercantil como testigo y ha reconocido que no cumplió con los objetivos de hallar “patrocinadores” para Hiriko. “No se consiguió el patrocinio aunque se hizo bastante trabajo. No había coches para poder llevar a Malmoe [Suecia] o a Berlín. No había coches”, ha remarcado Calera, quien ha indicado que mantuvo tres contratos con Afypaida.

La sesión la ha cerrado Juan Antonio Martín Prado, de DenokInn, quien ha destacado que el proyecto Hiriko era “potente” e innovador, una revolución en el sector. Ha dicho incluso que fue “proyecto del año” para el MIT de Boston, el instituto que a través de DenokInn, otra entidad sin ánimo de lucro vinculada a excargos del PNV, colaboró con Afypaida. Martín Prado ha destacado que media docena de ingenieros de Estados Unidos trabajaron en Vitoria para el desarrollo del coche eléctrico y ha dicho que no eran precisamente unos inexpertos. “Un doctor del MIT no es un licenciado cualquiera”, ha zanjado.

El pasado viernes, en la tercera sesión del juicio mercantil por la quiebra de la entidad “sin ánimo de lucro” Afypaida, la matriz del proyecto Hiriko que se tragó 18,9 millones de euros en ayudas públicas, tuvieron más protagonismo las ausencias que las presencias. La más significativa fue la del catalán Joan Villadelprat, quien había sido presentado como un testigo fundamental para explicar las relaciones entre los tres proyectos que conformaban el sueño automovilístico del PNV para Álava, el circuito Arakamendi, el equipo que aspiraba a la Fórmula 1 Epsilon-Euskadi que él dirigía y el propio coche eléctrico Hiriko. “No se le ha podido localizar”, titulaba 'El Correo'. “No hay constancia de que se le haya notificado su citación”, escribía 'Efe'.

La inclusión de Villadelprat en la lista de testigos del procedimiento mercantil de Hiriko se programó para el 29 septiembre en la vista previa del juicio, celebrada el 15 de septiembre. En dos semanas, el juzgado de Vitoria no ha logrado localizarlo en el domicilio que le constaba en los archivos, según explican fuentes judiciales.

Se da la circunstancia de que Villadelprat no es precisamente un desconocido. Desde hace años, el impulsor de Epsilon es comentarista de Fórmula 1 en medios de comunicación muy conocidos y es uno de los personajes del mundo del motor más activos en redes sociales. De hecho, este mismo fin de semana, cuando aparentemente se hallaba ilocalizable, participó en programas de radio de emisoras generalistas y ha difundido decenas de mensajes sobre el gran premio de Malasia en Twitter.

Eldiarionorte.es se ha puesto en contacto con Villadelprat por vía telefónica y el aludido se ha mostrado tremendamente sorprendido por esta circunstancia. “Yo no me escondo en ningún momento”, ha manifestado. Y añade: “Yo no tengo ni idea del juicio. No he recibido absolutamente ninguna citación”. De hecho, no es que eluda a la Justicia precisamente: Villadelprat ya ha pisado en dos ocasiones anteriores los juzgados de Vitoria, en el juicio mercantil de Epsilon -fue condenado a devolver 900.000 euros- y en la pieza penal por la creación de Epic Racing -de la que salió absuelto-.

Las tres acusaciones -administración concursal, Fiscalía y Abogacía del Estado- coinciden en insistir en la declaración de Villadelprat. Entienden que es un testigo clave para explicar algunas operaciones como la polémica compra por parte de Afypaida por 600.000 euros de un monoplaza de Epsilon tasado en 60.000 e insistirán ante la juez María Teresa Trinidad Santos en que se reitere la citación. “Ninguno renunciamos”, explican desde las acusaciones.

Otro testigo clave, el exdirector técnico de Hiriko y antes de Mercedes-Benz, Armando Gaspar, tampoco ha pasado por el juzgado aún a pesar de que los acusados, principalmente Iñigo Antia, le señalaron como responsable de algunos movimientos económicos en Afypaida, incluida la adquisición del coche de los 600.000 euros. Gaspar reside actualmente en Alemania y el juzgado ha programado una videoconferencia para llevar a cabo el interrogatorio. La burocracia internacional para sustanciar una operación que cualquier ciudadano resuelve en segundos con un teléfono o un ordenador no permitirá resolver la videoconferencia en menos de un mes, según explicó la propia juez en la segunda sesión del juicio.

Este martes se reanuda el juicio mercantil de Hiriko con la cuarta jornada de trabajo, en la que se ha previsto la comparecencia de varios testigos. Esta semana habrá sesión doble, ya que también hay convocada vista para el viernes. Antes de que el caso quede visto para sentencia, han de comparecer también los peritos, tanto los de las acusaciones como los de las defensas.

Durante casi cinco horas, los cuatros promotores del coche eléctrico con label vasco, el Hiriko, han declarado este viernes en la segunda sesión del juicio mercantil que se sigue tras la quiebra de Afypaida, la entidad “sin ánimo de lucro” que escondía tras de sí un complejo conglomerado de sociedades “de capital”, en palabras de la Fiscalía. Especialmente los testimonios del empresario Jesús Echave, presidente de Afypaida, y del exconcejal del PNV, Iñigo Antia, director gerente, han dejado al descubierto que Hiriko contaba con padrinos en los “estamentos políticos”, lo que explicaría la lluvia de millones en forma de subvenciones públicas que recibió y que se fueron por el sumidero con este sonoro fiasco.

El objetivo de este proceso mercantil que arrancó la pasada semana y que está impulsado por la Fiscalía, por la Abogacía del Estado y por la administración concursal, es determinar si Echave, Antia y sus socios Fernando Achaerandio y José Luis Bengoechea son “culpables” por haber precipitado la quiebra de Afypaida con su gestión. Las acusaciones, con distinta intensidad, solicitan que se les condene a devolver el dinero que se tragó la iniciativa empresarial, hasta 18,9 millones de euros en la estimación más alta, la de la Abogacía del Estado, que representa al Ministerio de Ciencia, principal mecenas de Hiriko. En paralelo, continúa abierta una investigación penal contra estas mismas personas, ya que el ministerio fiscal entiende que desviaron una parte sustancial de las subvenciones, hasta 6,4 millones, para beneficio propio.

El primero en abrir la sesión ha sido el empresario Jesús Echave, titular de “30 ó 40 empresas” y muy conocido en Vitoria. Cercano al PNV y representante de ese partido en el consejo de Kutxabank en 2011, ha conocido que no tenía “ninguna” experiencia en la fabricación de coches, aunque ha explicado que el motor es su pasión y que sabe de automóviles “más que nadie en la provincia” de Álava. 

Echave ha explicado que Hiriko era sólo una pata de un tridente que aspiraba a convertir Álava en un polo del mundo del motor que tuviera una escudería de Fórmula 1 (Epsilon Euskadi, que se tragó casi 50 millones en subvenciones), un circuito en terrenos del Ejército (Arakamendi) y el coche eléctrico robotizado sin par en el mundo (Hiriko). Se da la circunstancia de que Vitoria ya es un polo en el mundo de la automoción como sede desde hace décadas de dos empresas de referencia como son Mercedes-Benz y Michelin.

El empresario, al que se le ha visto menos nervioso que a los otros acusados, ha indicado que “el País Vasco era el sitio idóneo” para acoger un circuito de Fórmula 1 en España porque “el de Cataluña se podía cerrar por la cercanía a viviendas” y en Madrid no hay. “Hice una visita a Cataluña con un político para ver las posibilidades y fuimos preguntando zonas donde se podía hacer. Ahí empezó nuestra actividad en el mundo del motor”, ha dicho Echave sin que nadie le haya repreguntado quién fue su enlace político en esos primeros pasos. Luego llegarían los contactos con Joan Villadelprat en torno a Epsilon y, finalmente, los primeros pasos de Hiriko. Echave también ha dicho que fue “en el Ayuntamiento” donde le “dirigieron” a Antia para que lo fichara porque “había sido concejal de Deportes” por el PNV. Tampoco nadie le ha pedido más detalles sobre ese segundo político que le invitó a contactar con el que luego sería capataz del proyecto, primero de la sociedad que impulsó Arakamendi (Circuito del Norte) y luego de Afypaida (Hiriko).

En fin, Echave ha concluido que el asunto echó a andar porque tenía padrinos: “Lo movimos en diferentes estamentos políticos y vimos factible el asunto”. El empresario ha explicado que fue Antia el encargado de procurar financiación a Hiriko. Él y el resto de los promotores no han negado que eligieron la forma de entidad “sin ánimo de lucro” para tener más fácil acceso a las líneas de crédito del Ministerio de Ciencia, que puso más del 90% de los fondos que manejó Hiriko. La crisis, han repetido los cuatro, impidió que las aportaciones privadas fueran más altas a pesar de que han defendido su plan como “innovador” o “ilusionante” -“lo vimos muy claro”, en palabras de Echave-.

“Fue financiado casi íntegramente por el Ministerio. Ellos estaban financiando mi sueldo”, ha ironizado en la sesión Antia, quien también ha aludido al “feeling” con su partido y que a otros socios eran más cercanos a otras formaciones. El Gobierno de España incorporó partidas específicas para el impulso del vehículo eléctrico fruto de las negociaciones del PNV con el entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en minoría en el Congreso de los Diputados. En aquella legislatura (2008-2011), los nacionalistas también impulsaron Epsilon desde Madrid, así como la planta de purines del Valle de Carranza. 

Y si la política impulsó el proyecto Hiriko, sus promotores entienden que fue la política quien lo tumbó. Antia ha apuntado que cuando Afipayda ya estaba en crisis, con la actividad paralizada desde 2013, estaban abierta “negociaciones” con inversores extranjeros para reflotar el sueño del coche eléctrico. “Pero se rompieron porque una comisión de investigación parlamentaria había hecho imposible continuar”, ha explicado el exconcejal, que ha estado acompañado por su hermana, Nerea Antia, también dirigente del PNV. Antia ha hecho esta reflexión tras una pregunta de su abogado y recuerda a las que hizo en su día la representante 'jeltzale' en aquella comisión impulsada por EH Bildu, PP y UPyD. “El problema es que, en vez de estar orgullosos, nos lo estamos cargando. Se está atacando a esas empresas y a centros tecnológicos y esto es verdaderamente triste”, dijo Miren Josune Gorospe a estos partidos, que reclamaban la recuperación del dinero público perdido. El Gobierno vasco, del PNV y del PSE-EE, no participa en el proceso como sí hace el Estado.

Antia ha dicho también que se no se les puede acusar de dilapidar dinero público porque, según ha indicado, cada paso que daban lo coordinaban con el Ministerio de Ciencia. Además, ha asegurado que en 2014 tenían concedidas nuevas ayudas públicas de Europa y del Ayuntamiento de Vitoria y que renunciaron a ellas porque ya eran conscientes de que los nuevos inversores extranjeros (fuesen franceses, iraníes o kazajos) nunca llegarían.

Fue a primeros de 2015 cuando Afypaida solicitó el concurso de acreedores. El administrador, Francisco Javier Escobosa, ha insistido en todos los interrogatorios en que ya en 2013 la empresa estaba incursa en causa de liquidación y señala a los promotores de agravar el pasivo por no iniciar el procedimiento de quiebra hasta casi dos años más tarde. Los cuatro acusados han coincidido, casi con las mismas palabras, en explicar que 2014 fue un año de negociaciones. Han negado que la presentación del concurso tuviera que ver con que en febrero de 2015 la Fiscalía abriera la investigación penal al presentar una querella contra ellos. 

A vueltas con el monoplaza de 600.000 euros

Durante la vista, las acusaciones se han centrado en algunas operaciones que puedan probar que los empresarios agravaron la situación de la compañía. La más llamativa es que se adquiriera por 600.000 euros un monoplaza de competición Epsilon Euskadi (no tenía motor) tasado en 60.000 euros y que las acusaciones entienden que no sólo no se empleó para trabajar en el proyecto Hiriko (de coches urbanos) sino que engrosó la colección particular de Echave. 

El aludido ha dicho que “para nada” le gustaba ese modelo y que si se incorporó a Afypaida fue porque era útil para los trabajos de ingeniería. Antia ha sido más claro y ha señalado que se empleaba en el tallar para hacer pruebas de “masas en suspensión”. Todos los acusados han coincidido en señalar a Armando Gaspar, ex de Mercedes-Benz, prestigioso experto y fichado en 2012 para impulsar Hiriko, como el que promovió esa adquisición. Pero las acusaciones han recordado que el monoplaza llegó en 2011, por lo que los encausados han matizado que lo que Gaspar planteó fue ejercitar a los 12 meses la opción de compra definitiva.

Gaspar, ahora residente en Alemania, comparecerá en el juicio y será uno de los testigos fundamentales, aunque su testimonio podría dilatarse un mes por los problemas burocráticos que supone organizar una declaración por videoconferencia desde el extranjero. No obstante, en la investigación penal este profesional declaró que el coche de carreras de Epsilon era inútil para Hiriko, lo mismo que han sostenido otros ingenieros contratados por Afypaida.

Las acusaciones también han incidido durante la sesión en que Hiriko nunca tuvo la homologación de la agencia estatal INTA para ser comercializado. De hecho, Afypaida nunca pudo haber vendido coches por ser una entidad sin ánimo de lucro. Por ello se había creado, con los mismos socios, Hiriko Cars, que sí recibió el sello de “fabricante” por parte del Gobierno central. Respecto a la homologación, Antia ha reiterado que sus interlocutores en el Ministerio le habían garantizado que llegaría y ha subrayado que en la actualidad se da luz verde a coches eléctricos similares, por lo que no se les puede achacar ninguna negligencia.

Sin embargo, el juicio también ha puesto de manifiesto que del primer modelo de Hiriko, con tecnología del prestigioso MIT de Massachussets y con la colaboración de DenokInn, se pasó con el paso de los años y con la llegada de los primeros sinsabores a una propuesta más modesta. Hiriko pretendía rodar con siete patentes, siete novedades técnicas, algo que nunca ningún coche en el mundo ha tenido a la vez. Una de ellas, la roborrueda, fue un sonoro fracaso, ya que se contrataron 80 (y se pagaron todas) pero los proveedores sólo entregaron cuatro.

Uno de los acusados, José Luis Bengoechea, ha asegurado que él vio “andando seis Hirikos y todos llevaban ruedas”, pero luego ha matizado que los otros prototipos montados no llevaban esas ruedas robotizadas. Según Antia, lo que sí se recibieron fueron todas las piezas para montar 80 ruedas, aunque no las primeras que se diseñaron. Así las cosas, de los 20 vehículos prometidos sólo se completó un Hiriko según el modelo del MIT. Se presentó en Bruselas, en un acto con el presidente de la comisión europea, José Manuel Durão Barroso, pero ni siquiera llegó a arrancar porque la electrónica no admitía temperaturas tan bajas como las que vivía entonces la capital belga.

El juicio mercantil del 'caso Hiriko', el primero de los dos procedimientos judiciales en los que se examina el fiasco que supuso el proyecto de coche eléctrico vasco impulsado políticamente por el PNV y que se tragó hasta 18,9 millones de euros en ayudas públicas del Estado y de las instituciones vascas, ha arrancado este viernes con una vista previa en la que Fiscalía y la Abogacía del Estado han ratificado su deseo de declarar “culpables” a los promotores del proyecto llamado a revolucionar la movilidad urbana y de que reintegren un mínimo de 15,7 millones de euros por haber agravado su insolvencia. El Gobierno vasco, sin embargo, ha sido el gran ausente. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ya había venido insistiendo en que Hiriko fue un fracaso industrial pero no a nivel de investigación y de desarrollo de patentes, por lo que entienden que se cumplieron los objetivos de las subvenciones entregadas por la Administración autonómica.

La vista previa ha servido también para que la juez, María Teresa Trinidad Santos, haya rechazado de plano las solicitudes de las defensas de los cuatro encausados, que planteaban que no declararan en este procedimiento mercantil ya que continúan imputados en la vía penal -la Fiscalía entiende que desviaron hasta 6,4 millones de las ayudas públicas para fines como el lucro particular-. Los letrados sostenían que un investigado tiene derecho a guardar silencio, a no declarar, y que, si lo hacen en el juicio mercantil, lo que digan puede ser utilizado en su contra de cara al siguiente juicio. La magistrada ha sido clara: “La relación de los hechos con los afectados es obvia. No puedo valorar de antemano que una declaración como la suya vaya a resultar totalmente inútil. Por lo tanto, tengo que admitir la declaración de estos señores. El problema de que se use o no en su contra en el procedimiento penal es algo que tendrá que cuidar el juez de lo penal”.

Los cuatro encausados son Jesús Echave, conocido empresario vitoriano cercano al PNV, José Luis Bengoechea, Fernando Achaerandio y el que fuera director general de Hiriko, Iñigo Antia, exedil del PNV en Vitoria. Ninguno de ellos ha comparecido en la vista previa, aunque sí han sido citados formalmente para la siguiente sesión, prevista para el viernes 22 de septiembre. En ella participarán también los denominados “cómplices”, entre ellos los gestores de DenokInn. Hubo un quinto promotor, Pepe Barreira, pero éste abandonó el proyecto en 2012 y la crisis financiera se inició en 2013.

El administrador concursal, Francisco Javier Escobosa, señaló en su informe de conclusiones que el cuarteto ha de ser responsabilizado de agravar la situación de insolvencia de Afypaida, el nombre de la entidad “sin ánimo de lucro” que era la matriz del consorcio Hiriko. En la vista, Escobosa ha reiterado que en abril de 2013 la empresa ya conocía su delicada situación económica. Ha explicado que sí hubo “negociaciones” durante un tiempo para tratar de salvar Hiriko que pudieron justificar un retraso “de unos meses” de la solicitud del concurso de acreedores, pero entiende que no que tardaran tanto como “quince meses”. 

La administración concursal y, sobre todo, la doble acusación de Fiscalía y Gobierno central defienden que se retraso agravó la situación de la empresa y ha perjudicado la posibilidad de que los acreedores, principalmente las instituciones, puedan recuperar el dinero que invirtieron y perdieron. En el proceso, además, la juez también ha admitido que se analice la pertinencia de algunos gastos.

Básicamente, son dos las operaciones más llamativas. Por un lado, se analiza que Hiriko solicitara dinero público para alquiler como sede el edificio Alas de Vitoria, que ya era propiedad de Echave. El canon, además, fue superior a los precios de mercado. Otra empresas de Echave, Lanbide, se encargó también de reformar ese garaje con cargo a las subvenciones. Por otro, Echave incorporó a su colección por 600.000 euros un monoplaza de Epsilon Euskadi sin motor que teóricamente había sido subvencionado por el Ministerio de Ciencia para el desarrollo de tareas relacionadas con el desarrollo técnico del vehículo eléctrico. Ese prototipo LPM1 ha salido ahora a subasta por apenas 60.000 euros y la juez ha admitido que, a petición de la Fiscalía, el gerente de Epsilon Euskadi, Joan Villadelprat, comparezca como testigo para explicar esa operación.

Los acusados, por su parte, contraatacarán con un informe pericial del grupo Betean asesores. Esta firma está vinculada al exburukide del Euzkadi Buru Batzar Aitor Alzola. Sus conclusiones se expondrán el 17 de octubre, coincidiendo con el día en que resumirá sus actuaciones el administrador Escobosa.

Tras dos horas largas de sesión en la que la magistrada ha dejado claro que será inflexible -“no me tengan a un testigo una hora hablando de lo que ya viene en la prueba documental” o “mi concentración tiene un límite”, ha dicho-, se ha acordado un calendario que llevará el juicio mercantil de Hiriko hasta el 27 de octubre con sesiones los viernes y algunos martes. Ese día, las partes tendrán 10 minutos para exponer sus conclusiones antes de que el caso quede visto para sentencia.

El conocido como 'caso Epsilon' entra y sale de los juzgados. Ahora, los exresponsables de este fallido proyecto automovilístico concebido durante la etapa del Gobierno del lehendakari Juan José Ibarretxe y del PNV, se enfrentan a la prisión. En concreto, la Fiscalía de Álava pide para Joan Villadelprat (el líder del proyecto que debía desembocar en la Fórmula 1 con un coche propio y ahora comentarista televisivo) a ocho años de cárcel y una multa de 914.000 euros por los delitos de apropiación indebida e insolvencia punible. La misma pena es solicitada para Mark Phillip Payne, que en ese momento ejercía como director financiero de Epsilon. Según la Fiscalía, Villadelprat y Payne crearon la sociedad Epic Racing para poder transferirle los activos más valiosos de Epsilon, cuando la situación de esta era insostenible financieramente y estaba acosada por las deudas y las reclamaciones. Así, trataron de esconder a los acreedores esos activos, según el escrito fiscal.

Villadelprat ya fue condenado en 2013 a tres años de inhabilitación para administrar bienes ajenos o representar a cualquier persona y a una multa de 899.263 euros por la quiebra fraudulenta de Epsilon.

El conocido como 'caso Epsilon' es el sueño frustrado del Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe y del PNV de que Euskadi contara con un equipo en la Fórmula 1. En ese juicio, tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado y la Administración concursal coincidieron en enjuiciar la historia de Epsilon como una “utopía empresarial” soportada en ayudas públicas. Incluso el Parlamento llegó a constituir una comisión para investigar el fiasco.

En el año 2007 Epsilon Euskadi S.L. se embarcó en un “ambicioso” proyecto que consistía en construir un nuevo centro de investigación de alto rendimiento para el desarrollo de componentes avanzados de automoción, que además integraría las áreas de competición y formación. En abril de 2007, Epsilon firmó un convenio con el Parque Tecnológico de Álava y obtuvo un total de 16 millones de euros del Ministerio de Ciencia. En 2008, compró un solar al Parque Tecnológico alavés por 2,6 millones de euros para edificar el nuevo edificio de investigación.

Pero ya en 2009, al reducirse la financiación de la Administración central, Epsilon pidió dos préstamos a Kutxa y Caja Vital de ocho millones de euros cada uno. A pesar de ser consciente de la reducción del negocio y de que las pérdidas se elevaban a 1,3 millones, Villadelprat asumió nuevas deudas: un préstamo al Ministerio de Industria de más de 350.000 euros, otros dos a BBK y La Caixa por 300.000 euros cada uno y una subvención del Gobierno Vasco por 642.000 euros.

El juzgado aseguró que Villadelprat hizo esto “sin la previsión de poder hacer frente a los vencimientos” de los pagos pendientes y “con la sola esperanza de captar un inversor privado que salvara el proyecto”. A ello se sumó la venta de Epsilon a la rama de competición. Con una situación insostenible, el 4 de julio de 2011 Epsilon solicitó la declaración de concurso, con un pasivo de 37,8 millones de euros.

La Audiencia Provincial de Álava ha desestimado el recurso del promotor de 'Epsilon', Joan Villadelprat, contra el auto para la apertura de juicio oral en su contra por delitos de insolvencia punible, apropiación indebida y delitos societarios.

La decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava confirma así el auto dictado el 1 de diciembre de 2014 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria contra el promotor 'Epsilon' y contra Phillip Mark Payne, otro de los responsables de este fallido proyecto automovilístico, que recibió casi 50 millones en ayudas públicas.

Villadelprat ya fue condenado por la Sección Civil de la Audiencia Provincial -que confirmó una sentencia previa del Juzgado de lo Mercantil-, que le inhabilitó durante tres años para administrar bienes ajenos y le reclamó el pago de casi 900.000 euros por la forma en la que actuó en el concurso de acreedores de la empresa.

En esta ocasión, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava rechaza los recursos presentados por Villadelprat y Payne contra el referido auto del Juzgado de Instrucción número 1, que instaba a la acusación a solicitar la apertura de juicio oral, “formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa”.

Decisión “razonable”

La Audiencia estima que “del resultado de las diligencias de investigación practicadas, comprobamos externamente que el juicio de probabilidad que hace el juzgado es lógico y razonable”.

Además, afirma que el juzgado “ha podido racionalmente establecer a nivel indiciario, como suficientemente justificado a los meros efectos de preparación para la apertura del juicio oral, que los hechos cuya perpetración aparece suficientemente justificada son constitutivos de los tres delitos imputados a los apelantes”.

El fallido proyecto automovilístico 'Epsilon' no sólo ha sido investigado en vía judicial, sino que ha sido objeto de análisis en una comisión específica del Parlamento vasco.

Dicha comisión elaboró un informe que, apoyado por todos los partidos menos el PNV, atribuyó “responsabilidades políticas” a cargos del PNV que en el momento de los hechos (2007) ocupaban cargos en el Gobierno vasco y las diputaciones forales.

El auto considera al administrador único de Epsilon Euskadi "culpable de haber agravado la situación de insolvencia al asumir nuevas deudas" sin expectativa de poder atenderlas.

Además considera que Villadelprat provocó una "salida fraudulenta de activos de la mercantil" al vender la rama dedicada a la competición automovilística a Epic Racing por 200.000 euros.

El Juzgado número 1 de lo Mercantil de Vitoria ha condenado a Joan Villadelprat al pago de cerca de 900.000 euros y a tres años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona, al considerarle responsable de la quiebra de la empresa automovilística Epsilon Euskadi en 2011.

El auto de la juez Mª Teresa Trinidad Santos dictamina que la culpabilidad del que fuera administrador único de la fallida compañía se basa “en el hecho de haber agravado la situación de insolvencia al asumir en 2010 nuevas deudas sin expectativa cierta alguna de poder atenderlas”. Además considera que Villadelprat propició también “la salida fraudulenta de activos de la mercantil, cuando sabía ya que la declaración de concurso era inevitable” y considera esta conducta “especialmente grave” ya que causó a la sociedad e indirectamente a los acreedores un “daño inestimable”. En este sentido la sentencia también tiene en cuenta que Villadelprat se deshizo de la rama, la automovilística, que era “el motor de la empresa”, y que en el último ejercició le había reportado más del 97% de sus ingresos, dejando así a Epsilon “sin el mayor de sus atractivos”.

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, se solicita que la condena alcance a la cuantía de 899.263,89 euros, cantidad que se corresponde con la diferencia entre el valor contable de la rama de la actividad segregada (1.099.263,89 euros) y vendida a Epic Racing, cuyo administrador único era el anterior responsable financiero de Epsilon Euskadi, y que fue adquirida por 200.000 euros.

El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado consideran que el empresario catalán es el máximo responsable del fiasco de la sociedad, que ha dejado 16 millones de deuda a las instituciones vascas.

La defensa achaca a la crisis y la llegada del PSE al Gobierno vasco la desaparición de la empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Miñano.

El ‘caso Epsilon’ ha quedado visto para sentencia después de la vista celebrada en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria. La acusación representada por el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la Administración concursal, consideran que el empresario y administrador único, Joan Villadelprat, es el máximo responsable de llevar a la sociedad a la quiebra con una gestión que han calificado de “temeraria”.

En la sesión, que ha durado cerca de seis horas, la acusación ha definido la actuación de Villadelprat como una “clara huida hacia adelante” que derivó en un endeudamiento de la sociedad que le llevó a la desaparición. Asimismo, la parte demandante, afirma que las decisiones tomadas desde abril de 2010 se hicieron con “pleno conocimiento” del demandado de que no podía devolver las ayudas públicas y préstamos concedidos, que ascendían a cerca de 50 millones de euros, cuando el capital social de la empresa era tan solo de 90.000 euros.

Las subvenciones provenían del entonces Ministerio de Ciencia, que aportó 16,3 millones de euros en ayudas públicas, y del Gobierno vasco, entonces en manos de Juan José Ibarretxe, así como créditos contraídos con la Caja Vital y Kutxa y que ha tenido que asumir el propio Ejecutivo, en calidad de avalista. El Ejecutivo autónomo avaló el proyecto en contra del criterio técnico de los abogados del Parque Tecnológico de Álava (en aquel entonces era el despacho del actual presidente de Kutxabank, Mario Fernández).

Tanto el abogado de la Administración concursal como la representante de la Abogacía del Estado, han mantenido que la solicitud de preconcurso en 2011 fue “tardía”, lo que supuso un retraso en la actuación de los acreedores y el consiguiente perjuicio económico. En este sentido han censurado la venta de la rama de competición automovilística a Epic Racing, propiedad del antiguo director financiero de Epsilon, que suponía “más del 80% de los ingresos vía esponsorización”. Esa venta se realizó días antes de la declaración del preconcurso, lo que generó una desvalorización de la sociedad mercantil cifrada en más de 800.000 euros. La venta de esta parte de la empresa se está investigando por la vía penal en otro juzgado de Vitoria, por un delito de alzamiento de bienes.

“La tormenta perfecta”

Durante su declaración, Joan Villadelprat ha defendido su actuación al frente de la compañía y ha achacado la quiebra de la misma a la crisis económica que provocó la falta de inversión en proyectos de investigación. “Nos ha caído la tormenta perfecta”, ha dicho Villadelprat apuntando también al cambio del Gobierno de Ibarretxe por el de Patxi López, que derivó en una disminución de las ayudas. “Se pasó de considerarlo un proyecto de país” por parte del Ejecutivo nacionalista, ha dicho Villadelprat, a decir que “todo lo hecho por el Gobierno anterior era desastroso”, en referencia a la etapa socialista. En este sentido, el abogado de Villadelprat ha afirmado que “es una pena que por una lucha exclusivamente política se ha impedido que se desarrolle el proyecto de Epsilon Euskadi”.

La falta de financiación por parte del Ministerio que entonces dirigía Cristina Garmendia, es otra de las razones a las que aduce el empresario para la debacle de su proyecto: “el primer año pedimos 13 millones y nos dieron 11, el segundo pedimos 25 y nos dieron 4, y el tercero pedimos 15 y tan solo nos dieron 15.000 euros”, ha esgrimido. Ante esa situación Villadelprat ha asegurado que buscaron inversores en países como China, Catar y Emiratos Árabes, incluso ha afirmado que tenía un “inversor americano que nos falló en 2011”, con lo que conscientes de que no podían hacer frente a las amortizaciones de los créditos solicitaron ese mismo año el preconcurso de acreedores.

En relación a la cesión de trabajadores a Epic Racing, ha dicho que era lo “moralmente” justo y que “nos vino de maravilla” porque, si hubieran seguido en Epsilon, no habría fondos para pagar las indemnizaciones de despido.