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Arranca el juicio de Hiriko con el Gobierno vasco como gran ausente

Fiscalía y Gobierno central secundan las conclusiones de la administración concursal, que insiste en que los promotores del coche eléctrico vasco agravaron la insolvencia del proyecto

La juez María Teresa Trinidad Santos rechaza las peticiones de las defensas de los acusados y les obliga a declarar el próximo 22 de septiembre

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El prototipo del Hiriko, en la puerta de Brandenburgo de Berlín

El prototipo del Hiriko, en la puerta de Brandenburgo de Berlín

El juicio mercantil del 'caso Hiriko', el primero de los dos procedimientos judiciales en los que se examina el fiasco que supuso el proyecto de coche eléctrico vasco impulsado políticamente por el PNV y que se tragó hasta 18,9 millones de euros en ayudas públicas del Estado y de las instituciones vascas, ha arrancado este viernes con una vista previa en la que Fiscalía y la Abogacía del Estado han ratificado su deseo de declarar "culpables" a los promotores del proyecto llamado a revolucionar la movilidad urbana y de que reintegren un mínimo de 15,7 millones de euros por haber agravado su insolvencia. El Gobierno vasco, sin embargo, ha sido el gran ausente. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ya había venido insistiendo en que Hiriko fue un fracaso industrial pero no a nivel de investigación y de desarrollo de patentes, por lo que entienden que se cumplieron los objetivos de las subvenciones entregadas por la Administración autonómica.

La vista previa ha servido también para que la juez, María Teresa Trinidad Santos, haya rechazado de plano las solicitudes de las defensas de los cuatro encausados, que planteaban que no declararan en este procedimiento mercantil ya que continúan imputados en la vía penal - la Fiscalía entiende que desviaron hasta 6,4 millones de las ayudas públicas para fines como el lucro particular-. Los letrados sostenían que un investigado tiene derecho a guardar silencio, a no declarar, y que, si lo hacen en el juicio mercantil, lo que digan puede ser utilizado en su contra de cara al siguiente juicio. La magistrada ha sido clara: "La relación de los hechos con los afectados es obvia. No puedo valorar de antemano que una declaración como la suya vaya a resultar totalmente inútil. Por lo tanto, tengo que admitir la declaración de estos señores. El problema de que se use o no en su contra en el procedimiento penal es algo que tendrá que cuidar el juez de lo penal".

Los cuatro encausados son Jesús Echave, conocido empresario vitoriano cercano al PNV, José Luis Bengoechea, Fernando Achaerandio y el que fuera director general de Hiriko, Iñigo Antia, exedil del PNV en Vitoria. Ninguno de ellos ha comparecido en la vista previa, aunque sí han sido citados formalmente para la siguiente sesión, prevista para el viernes 22 de septiembre. En ella participarán también los denominados "cómplices", entre ellos los gestores de DenokInn. Hubo un quinto promotor, Pepe Barreira, pero éste abandonó el proyecto en 2012 y la crisis financiera se inició en 2013.

El administrador concursal, Francisco Javier Escobosa, señaló en su informe de conclusiones que el cuarteto ha de ser responsabilizado de agravar la situación de insolvencia de Afypaida, el nombre de la entidad "sin ánimo de lucro" que era la matriz del consorcio Hiriko. En la vista, Escobosa ha reiterado que en abril de 2013 la empresa ya conocía su delicada situación económica. Ha explicado que sí hubo "negociaciones" durante un tiempo para tratar de salvar Hiriko que pudieron justificar un retraso "de unos meses" de la solicitud del concurso de acreedores, pero entiende que no que tardaran tanto como "quince meses". 

La administración concursal y, sobre todo, la doble acusación de Fiscalía y Gobierno central defienden que se retraso agravó la situación de la empresa y ha perjudicado la posibilidad de que los acreedores, principalmente las instituciones, puedan recuperar el dinero que invirtieron y perdieron. En el proceso, además, la juez también ha admitido que se analice la pertinencia de algunos gastos.

Básicamente, son dos las operaciones más llamativas. Por un lado, se analiza que Hiriko solicitara dinero público para alquiler como sede el edificio Alas de Vitoria, que ya era propiedad de Echave. El canon, además, fue superior a los precios de mercado. Otra empresas de Echave, Lanbide, se encargó también de reformar ese garaje con cargo a las subvenciones. Por otro, Echave incorporó a su colección por 600.000 euros un monoplaza de Epsilon Euskadi sin motor que teóricamente había sido subvencionado por el Ministerio de Ciencia para el desarrollo de tareas relacionadas con el desarrollo técnico del vehículo eléctrico. Ese prototipo LPM1 ha salido ahora a subasta por apenas 60.000 euros y la juez ha admitido que, a petición de la Fiscalía, el gerente de Epsilon Euskadi, Joan Villadelprat, comparezca como testigo para explicar esa operación.

Los acusados, por su parte, contraatacarán con un informe pericial del grupo Betean asesores. Esta firma está vinculada al exburukide del Euzkadi Buru Batzar Aitor Alzola. Sus conclusiones se expondrán el 17 de octubre, coincidiendo con el día en que resumirá sus actuaciones el administrador Escobosa.

Tras dos horas largas de sesión en la que la magistrada ha dejado claro que será inflexible -"no me tengan a un testigo una hora hablando de lo que ya viene en la prueba documental" o "mi concentración tiene un límite", ha dicho-, se ha acordado un calendario que llevará el juicio mercantil de Hiriko hasta el 27 de octubre con sesiones los viernes y algunos martes. Ese día, las partes tendrán 10 minutos para exponer sus conclusiones antes de que el caso quede visto para sentencia.

Una sesión inaudible

Los problemas con el sonido han lastrado todo el desarrollo de la primera vista de Hiriko, hasta el punto de que la representante de la Fiscalía ha pedido encarecidamente en varias ocasiones a los letrados de los acusados que hablaran más alto. La juez también ha hecho alusión a estos problemas y entre la numerosa prensa presente la sensación era la misma. Los micrófonos sólo grababan y no amplificaban y los esfuerzos de dos funcionarios por tenerlos siempre abiertos no han servido para mejorar la calidad del sonido.

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