El Consejo de Administración de Puy du Fou España ha acordado someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas, que se celebrará el 24 de junio, el nombramiento del exministro Íñigo Méndez de Vigo como vicepresidente de la compañía en España.

Méndez de Vigo sustituirá a Jesús Sainz que, tras diez años en la compañía, asumirá el cargo de vicepresidente honorífico, en reconocimiento a su trayectoria y contribución. Este nombramiento responde a la voluntad de Puy du Fou España de reforzar su órgano de gobierno con perfiles de amplia experiencia institucional y visión estratégica, en un contexto de crecimiento y consolidación, tras alcanzar cifras récord de 1,72 millones de visitantes y más de 70 millones de euros de facturación en 2025, según ha informado la compañía.

Es el segundo gran cambio en la empresa en los últimos meses tras la salida del CEO Erwan de la Villéon que mantiene un pleito en los tribunales con la multinacional francesa.

“Consolidar” a Puy du Fou España

De Íñigo Méndez de Vigo, Puy du Fou destaca su “dilatada trayectoria en el ámbito público, nacional e internacional” como ministro de Educación, Cultura y Deporte (2015-2018) y, de forma simultánea, portavoz del Gobierno (2016-2018). Previamente fue eurodiputado (1992-2011) y secretario de Estado para la Unión Europea (2011-2015), así como diputado en el Congreso (2016-2019).

O su “sólida carrera académica” como profesor de Derecho Constitucional y Derecho Comunitario y ha sido titular de la cátedra Jean Monnet de instituciones europeas.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales en 1981 y ha sido distinguido con grandes cruces de las órdenes de Carlos III y del Mérito Civil, la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional y la Legión de Honor de la República Francesa.

En palabras de Olivier Strebelle, CEO de Puy du Fou, “es un honor proponer la incorporación de Íñigo Méndez de Vigo como vicepresidente de Puy du Fou España”. “Su trayectoria institucional y su profundo conocimiento del ámbito cultural nos permitirá avanzar en la consolidación de Puy du Fou como uno de los grandes motores del turismo cultural y de ocio en España”, ha añadido.

De forma reciente, la empresa francesa ha recibido el visto bueno del Gobierno de Emiliano García-Page para seguir adelante en su plan de abrir tres hoteles y ampliar instalaciones en el parque, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Toledo.

Además, Strebelle ha agradecido a Jesús Sainz “todos estos años de gran dedicación, que han sido esenciales en el desarrollo del proyecto en España, y celebrar su continuidad como vicepresidente honorífico, cargo en el que seguro nos seguirá ayudando en nuestro crecimiento”.

El diputado nacional del Partido Popular de Palencia, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado este lunes que deja la política, después de “treinta años plenos”, y regresará al Cuerpo de Letrados de las Cortes de Castilla y León, donde ingresó en el año 1981.

Méndez de Vigo anunció la semana pasada su decisión al presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, pero no lo ha anunciado hasta este lunes de forma pública, para poder comparecer en rueda de prensa en la sede provincial del Partido Popular en Palencia, desde donde se presentó como cabeza de lista.

Méndez de Vigo, que fue ministro de Educación y Cultura y portavoz del Gobierno durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España, deja la actividad, una vez que ha finalizado la presente legislatura, con la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril.

En la rueda de prensa ha asegurado que “en la vida hay que saber ser y estar, pero también hay que saber irse”, después de treinta años de militancia en el PP, justo en el momento en el que el partido celebró su congreso de refundación, de la mano de Manuel Fraga y Marcelino Orejas.

El exministro ha recordado que, desde entonces, ha podido desarrollar bajo las siglas del PP su pensamiento “europeísta y de centro reformista”, con dos décadas de trayectoria en la política europea, contexto en el que fue ponente de los tratados de consolidación de la Unión Europea, después de Maastrictch.

Han sido “años intensos”, aunque se ha mostrado agradecido al Partido Popular. “Es el único partido en el que he militado y militaré”, ha señalado Médez de Vigo que, sin embargo, ha afirmado que ha sido un tiempo en el que se lo ha pasado “francamente bien”. Continuará con la actividad política hasta el 1 de mayo, fecha en la que está prevista la disolución de la Diputación Permanente de las Cortes Generales.

En el proceso de primarias para la elección del presidente nacional del Partido Popular, el exministro dio su apoyo a la vallisoletana Soraya Sánez de Santamaría, en el proceso en el que finalmente fue elegido Pablo Casado, natural de Palencia, pero en su caso diputado nacional por Ávila.  

Precisamente hoy, Soraya Sáez de Santamaría anunciaba este lunes que se pasa al sector privado y pasará a formar parte del bufete de abogados Cuatrecasas.

En su cuenta de Twitter, el Partido Popular de Palencia agradecía a Íñigo Méndez de Vigo “los 30 años que le ha dedicado al servicio público” y le ha deseado suerte para “esta nueva etapa alejada de los focos”.

Desde su propia cuenta en la misma red social, Médez de Vigo ha devuelto ese agradecimiento a los palentinos por su “ayuda y cariño” y ha afirmado que siempre tendrán en él un “palentino de adopción”:

“Es uno de los grandes acontecimientos en los que va a involucrarse el Ministerio de Cultura en los próximos dos años”. Con estas palabras se refirió este martes el ministro de Cultura José Guirao al Bicentenario del Museo del Prado que comenzará su celebración el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, este fasto se costeará casi en su totalidad con los fondos que ya tiene la pinacoteca y no con una inyección directa por parte del Ministerio. Así estaba reflejado en los Presupuestos Generales del Estado que elaboró el último Gobierno del PP para 2018 y así lo quiso recalcar el propio Guirao: “El Gobierno cuenta con unos presupuestos para el museo que no aprobó y esto es lo que hay. Son los recursos con los que nos hemos encontrado, aunque el presupuesto general del museo también se nutre con los fondos del Estado”.

El coste de las más de cien actividades que están previstas para la celebración es de en torno a doce millones y medio de euros, como destacó ayer el director del museo, Miguel Falomir. Hasta la fecha la aportación es de un 80% del dinero que ya posee la pinacoteca y un 20% aportada por entidades privadas y colaboradores. Durante los últimos meses, tanto Falomir como el presidente del patronato del museo, Pedro Pérez-Llorca, se han fajado por conseguir que hubiera más aportaciones. Y en ello continúan, puesto que pretenden que el dinero privado llegue hasta el 40%. Sin embargo, no habrá nada más desde Cultura.

Tampoco hay dinero para la reforma del Salón de Reinos

Los principales responsables del museo se han quejado en numerosas ocasiones de la poca implicación que hubo por parte de los ministros anteriores del PP para con la propia pinacoteca. De hecho, tampoco cuentan con fondos públicos para la ampliación del Salón de Reinos más allá del millón de euros que fue lo que presupuestó la cartera que entonces llevaba Íñigo Méndez de Vigo, pese a que el coste de este proyecto se efectuó sobre los cuarenta millones de euros. Por este motivo, explicaron ayer, ni siquiera hay todavía una fecha para que comience esta obra.

“La idea era que el Bicentenario lo pagara el Museo por dos razones: una era el buen momento financiero que pasa el Museo; la otra eran las conversaciones que tuvimos con la Administración anterior en las que pedíamos que hicieran un esfuerzo con el Salón de Reinos y nosotros pagaríamos el Bicentenario”, explicó Pérez-Llorca insistiendo en que sí hay dinero para el Bicentenario pero no para el Salón de Reinos. “Pero a la Administración actual no se la puede culpar de anteriores conversaciones. El ministro está prestando una enorme atención al museo y al Salón de Reinos, y esperamos tener buenas noticias pronto”, añadió.

“No ha empezado con mal pie”

A las vicisitudes económicas se han unido en los últimos meses otras de índole arquitectónica como los andamios que se han tenido que colocar en la fachada principal debido al mal estado de las cornisas de granito. Falomir insistió en que el Bicentenario “no ha empezado con mal pie” aunque le hubiera gustado que no estuvieran los andamios, “pero hay que recordar que el edificio tiene más de 200 años”. Guirao también señaló que “se ha colocado cuando lo han dicho los técnicos. Tiene que ver con la seguridad de los viandantes”.

Con todo, las autoridades quisieron destacar este martes que el programa de la celebración de los 200 años es “ambicioso y omnicomprensivo”, como manifestó Pérez-Llorca. Además, “hay un esfuerzo por que llegue al mayor número de gente posible”, ratificó Guirao. Durante este tiempo, que durará quince meses, el Museo tampoco prestará sus lienzos a otras pinacotecas, al menos aquellos que estén expuestos. También se aprovechará para presentar el nuevo programa de micromecenagzo: cualquier ciudadano podrá aportar dinero -a partir de cinco euros- para la adquisición de cuadro. El primero, ya previsto, será Retrato de niña con paloma (1620-1622), del pintor francés Simon Vouet.

Más de cien actividades

En total, habrá más de cien actividades con varios puntos fuertes como el día de la inauguración, el 19 de noviembre, con la muestra Museo del Prado 1819-2019 sobre aquellos hitos históricos que han marcado a la pinacoteca, y que contará con la presencia de los Reyes. Como también se celebran los 150 años desde que se nacionalizó esta colección real habrá otra exposición centrada en el cuadro Los fusilamientos de Torrijos, de Antonio Gisbert, que fue encargado por Práxedes Mateo Sagasta cuando fue presidente del Gobierno y que recuerda al político liberal José María Torrijos.

Otras grandes muestras serán la que acerque a pintores holandeses como Rembrandt y Vermeer -se ha hecho en colaboración con el Rijsmuseum de Amsterdam-, la dedicada a los dibujos de Goya, otra a Fra Angelico y los inicios del Renacimiento y, finalmente, la que versará sobre la obra de dos pintores, Safonisba Anguissola y Lavinia Fontana. “Queremos cumplir con nuestro compromiso de dar visibilidad a mujeres artistas”, señaló Falomir.

Guiño a Catalunya y la evacuación de lienzos durante la Guerra Civil

Durante este Bicentenario, el Prado también estará presente en todas las comunidades autónomas con el fin de “visualizar el compromiso nacional”, incidió el responsable del museo. Un guiño a Catalunya es la exposición de La Virgen de la rosa, de Rafael, en el Museo Dalí, de Figueras, la gran exposición sobre Velázquez y el Siglo de Oro que habrá en el Caixaforum de Barcelona a partir del 16 de noviembre (con patrocinio de la Obra Social La Caixa), y la muestra sobre Bartolomé Bermejo elaborada entre el Museo del Prado y el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) que se expondrá también en este museo desde el 14 de febrero de 2019.

Otro hito que se conmemorará será el 80 aniversario de la evacuación de los lienzos durante la Guerra Civil. Se recordará cómo fueron puestos a salvo, pero también cómo el régimen franquista utilizó varios de ellos como propaganda para una exposición que realizó con estos cuadros en el Musée d’Art e d’Histoire de Ginebra entre junio y septiembre de 1939.

En este Bicentenario no faltará la presencia de otras disciplinas artísticas. Habrá una obra sobre los cuadros más importantes en el Teatro de la Comedia a cargo de actrices como Nuria Espert y Concha Velasco, además de otro espectáculo de la Compañía Nacional de Danza y conciertos de la Orquesta Sinfónica.

Que a Soraya Sáenz de Santamaría le gusta la fiesta es algo que ya habíamos podido comprobar. La candidata a la presidencia del PP lo había demostrado en 2016, atreviéndose a hacer de DJ en el fin de campaña de su partido, e incluso un año antes, cuando nos impresionó con su coreografía en El Hormiguero. Ahora, Sáenz de Santamaría nos deja otra escena festiva y en esta ocasión con el ex ministro Íñigo Méndez de Vigo, para sorpresa de todos.

La escena ha tenido lugar en un karaoke, en Melilla, tras un acto de campaña de Sáenz de Santamaría, que compite contra otros cinco candidatos por la presidencia del PP. En el vídeo, se puede ver a Méndez de Vigo cantando y liderando los pasos de baile del tema Azzuro, de Adriano Celentano.

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El ministro de Educación ha iniciado su comparecencia este martes en la Comisión de Educación del Congreso de los diputados lamentando el fracaso de las negociaciones en el Pacto de Estado de Educación y sin asumir ningún tipo de responsabilidad por el resultado fallido de esas conversaciones. “No es un cometido del Gobierno, sino de todos los grupos políticos”. Así se ha desprendido de las críticas por su papel y el del Ejecutivo en estas negociaciones, reseñando que ha hecho “todo lo posible para llevarlo a cabo”.

A pesar de que PSOE y Unidos Podemos abandonaron estas negociaciones porque al empezar las reuniones el Partido Popular no se comprometió a recuperar la financiación del 5% del PIB, Méndez de Vigo ha asegurado que esto “ha sido una excusa [de los socialistas] para dar la espantada del pacto” y que tenía sentido llegar a ese acuerdo al final.

Sobre esta postura, desde Esquerra Republicana, Joan Olòriz ha incidido en la necesidad de cerrar un compromiso previo de financiación como “un principio de confianza”. “Cuando nos dice que la financiación tenía que estar al final, a nadie se le escapa que las leyes de Educación han carecido de inversión”, ha reseñado.

A pesar del resultado final, Méndez de Vigo ha incidido en que tiene esperanzas en que esas negociaciones se vuelvan a retomar para dar un “buen servicio a nuestro país”. Además, ha vuelto a insistir en la argumentación defendida por su grupo político centrada en desvincular el PIB de la financiación. El ministro ha asegurado que tanto en 2006 como en 2015 la inversión en enseñanza representaba el 4% del PIB, sin embargo entre esos años había una diferencia de “3.000 millones de euros”. “Fijarlo al PIB no refleja la realidad. Si el PIB disminuye, habría que disminuir el gasto de educación”, ha apuntado.

Críticas por el 3,8% de financiación

“Lo único tangible son los presupuestos de 2018, que destinarán el 3,8% PIB a Educación. Se utiliza ese medidor al enviarlo a Bruselas y se aleja del 5,3% de los países europeos”, ha incidido la socialista María Luz Martínez Seijo. Las peticiones de financiación han provocado un enfrentamiento entre Unidos Podemos y Méndez de Vigo. El ministro ha asegurado que los miembros de la confluencia liderada por Pablo Iglesias “creen que el dinero crece de los árboles” y que “solo piensan en dinero”. “Solo en la pasta”, ha respondido, “parece mentira que ustedes sean de izquierda”.

El ministro ha recordado que en el nuevo Real Decreto de becas, que se tendrá que aprobar antes de que comience el próximo curso, contemplará varias novedades: reducir a un 5 la nota de corte para tener una beca que cubra la matrícula en el primer curso universitario y crear una cantidad fija de hasta 200 euros para los alumnos y alumnas becados que tengan una nota media de 8,00 o superior.

Sobre estas ayudas, Méndez de Vigo ha alabado el modelo que creó su predecesor José Ignacio Wert. “Tenemos un sistema de becas sostenible, como no sucedía con el anterior”, ha apuntado. Obviando algunas de sus consecuencias, entre ellas, que en el curso 2013-2014, los becarios de las enseñanzas universitarias percibieron, de media, 1.869 euros, un 27% menos que dos años antes.

La responsable de asuntos educativos de Ciudadanos Marta Martín ha incidido en que este modelo de becas impide a los estudiantes realizar una “programación presupuestaria” al comenzar el curso. Además, se ha mostrado “contenta” de que se premie el esfuerzo de los alumnos, “con independencia de su nivel de renta” pero también ha reseñado la necesidad de que exista una “nivel de becas que promueva la equidad”.

“Las cuantías son bajas y condicionan la decisión de continuar estudios. Un alumno del nivel más bajo de renta obtiene 204 euros por mes”, ha reivindicado sobre este punto la socialista Martínez Seijo. Incidiendo así en la incapacidad de abordar el alojamiento y la manutención diaria con ese dinero de bolsillo. Para combatir esta situación aboga por “una política de becas más justa que no deje a nadie fuera del sistema educativo”.

El ministro niega que exista segregación

A petición de Unidos Podemos, el ministro se ha posicionado sobre informes como el elaborado por Save the Children que situó a España en la sexta posición en el ránking de los países europeos con mayor segregación. Ante esta cuestión, el portavoz del Gobierno ha asegurado que “nuestro sistema no segrega, el régimen de segregación es el del Apartheid de Sudáfrica” y ha descalificado los resultado de esta ONG respondiendo que hay otras que “se estudian el tema mejor”.

Joan Mena, uno de los portavoz de esta confluencia, ha incidido en los efectos que tiene la LOMCE tanto en la segregación por sexos, amparando la financiación pública de colegios de educación diferenciada, como en el peso de la Religión en la nota media. Pero ha incidido en la segregación social que ha desmentido el ministro. “¿Cómo vamos a combatir la segregación educativa si el ministro lo niega?”. Además, ha asegurado que las decisión del Gobierno de Mariano Rajoy “atentan contra la política social”.

La diputada socialista ha reconocido la necesidad de combatir estos desajustes. “En escuelas con alta concentración de niños pobres los resultados son peores que en aquellas con una composición más diversa. La pobreza triplica el riesgo de que un alumno saque peores notas”, ha señalado.

La incapacidad de los grupos de la oposición para derogar la LOMCE ha estado presente en algunas de las intervenciones, pero ninguno se ha atrevido a abordar esta falta de acuerdo de forma directa. El ministro ha aprovechado esta situación para reivindicar su normativa. “No creo que existe en la comunidad educativa la necesidad de derogar la Lomce”, ha concluido. Apuntando el “fracaso de movilización” promovida este mes por colectivos sociales.

El Gobierno mantiene la mano tendida al nuevo president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Todavía no hay fecha para una reunión con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pero su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que quieren “abrir una nueva etapa” siempre y cuando se constituya un Govern “legal y viable”.Por eso, ha sostenido, no cabe que Torra nombre consellers entre los diputados en prisión preventiva, como así parece que es su intención.

Méndez de Vigo no ha querido aventurar que Torra vaya efectivamente a designar como miembros del Govern a alguno de los políticos recluidos en prisión por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. “El Gobierno no se pronuncia sobre hipótesis”, ha sostenido a preguntas de los periodistas en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El portavoz ha asegurado que los diputados encarcelados solo podrían asumir un cargo en el Govern “si el juez les permite salir”. “Un consejero y un ministro no puede ejercer en prisión. Es de sentido común. Factualmente no es posible”, ha apuntado.

Méndez de Vigo ha advertido: “Actuaremos si se hace”. Pero renglón seguido ha regresado a la mano tendida. “El Gobierno quiere abrir una nueva etapa de diálogo, el problema es entre catalanes y no queremos elevar la tensión”, ha apuntado. Y ha zanjado: “Nos gustaría que imperase el sentido común”

Una ley para regular las tomas de posesión

El portavoz del Gobierno ha dicho desconocer por qué motivo ningún representante de primer nivel del Ejecutivo central acudió el jueves a la toma de posesión de Torra. Méndez de Vigo ha restado importancia al hecho y ha asegurado que no será óbice para que el nuevo president se reúna con Rajoy.

Todavía no hay fecha para esa cita, ha reconocido, aunque ha señalado que cuando haya un Govern completo se producirá. Siempre que ese sea “leal y viable”, lo que excluye la opción de consellers presos.

Méndez de Vigo ha anunciado precisamente que el Gobierno ha aceptado la petición del PSOE de legislar las tomas de posesión institucionales. “No existe una disposición normativa que recoja una única forma legal en la toma de posesiones para toda España”, ha reconocido. “La casuística es muy grande. Lo vamos a estudiar, pero sería una norma con rango de ley”, ha apuntado.

El portavoz del Gobierno no ha valorado la propuesta de Pedro Sánchez para modificar el Código Penal y “adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI”.

El Tribunal Constitucional ha admitido el recurso del Gobierno contra la contra la reforma de la ley de Presidencia aprobada por el Parlament. Por unanimidad, los magistrados han acordado suspender esa norma e impedir la elección a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, según confirman fuentes del tribunal.

El Tribunal recibió el recurso presentado por el Ejecutivo a mediodía y comenzaron a analizarlo a la 18.00 horas. En poco más de una hora y sin discrepancias entre sus integrantes, los magistrados han decidido admitir el recurso y tumbar la norma con la que los partidos independentistas querían investir a Puigdemont a distancia, y que le permitía presentar su programa de gobierno sin acudir al pleno.

En la nota informativa donde han recogido su decisión, los integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional han advertido a los miembros del Parlament de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. En particular, los magistrados han avisado de las “eventuales responsabilidades , incluida la penal” en las que podrían incurrir de no cumplir con el requerimiento, al tiempo que han recordado que cualquier tipo de acción que interfiriese con lo establecido por el Tribunal sería de una “nulidad radical”.

El ponente de la admisión ha sido el magistrado Antonio Narváez, que ha contado con un informe de los letrados a favor de la decisión de suspender la norma aprobada por el Parlament. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha celebrado a través de su Twitter la decisión del Constitucional.

El Gobierno ha acordado el recurso al Constitucional esta misma mañana, después del informe favorable a esa decisión que aprobó el Consejo de Estado. La reforma de la Ley del Gobierno catalana, aprobada el viernes pasado en el Parlament con los votos de JxCat, ERC y la CUP por el procedimiento de lectura única, habilita al Parlament a investir al presidente de la Generalitat por vía telemática.

Según Méndez de Vigo, “el Tribunal Constitucional se había manifestado en la misma línea el 27 de enero y admitió a trámite el recurso del Gobierno de abril en este sentido. El Gobierno dijo que iba a impedir todo fraude de ley y también ha recurrido que esta modificación se hubiera llevado a cabo como lectura única y que se vulnerara una materia reservada al Parlamento. El Gobierno ha impugnado también que se celebren sesiones a distancia”.

“Si el TC admite el recurso del Gobierno”, ha proseguido Méndez de Vigo, “quedará suspendida la aplicación de esta norma y sabrá que no puede convocar un pleno de investidura sin un candidato presente físicamente. El Gobierno quiere impedir cualquier vulneración o fraude de ley. El Gobierno ha restablecido el orden constitucional, estatutario, recuperar la convivencia, devolver la confianza a los catalanes y españoles, recuperar la neutralidad institucionalidad y frenar el deterioro económico y social”.

“Ningún candidato puede ser investido si no está presente en el Parlamento de Catalunya”. Así ha justificado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, la presentación de un nuevo recurso ante el Constitucional para impedir la investidura de Carles Puigdemont, prevista por el Parlament para los días 12 y 14 de mayo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había convocado para mañana una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar el recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la ley de Presidencia aprobada por el Parlament que avala la investidura a distancia de un president. El Gobierno ha acordado el recurso al TC después del informe favorable a esa decisión que aprobó el Consejo de Estado. La reforma de la Ley del Gobierno catalana, aprobada el viernes pasado en el Parlament con los votos de JxCat, ERC y la CUP por el procedimiento de lectura única, habilita al Parlament a investir al presidente de la Generalitat por vía telemática.

Según Méndez de Vigo, “el Tribunal Constitucional se había manifestado en la misma línea el 27 de enero y admitió a trámite el recurso del Gobierno de abril en este sentido. El Gobierno dijo que iba a impedir todo fraude de ley y también ha recurrido que esta modificación se hubiera llevado a cabo como lectura única y que se vulnerara una materia reservada al Parlamento. El Gobierno ha impugnado también que se celebren sesiones a distancia”.

“Si el TC admite el recurso del Gobierno”, ha proseguido Méndez de Vigo, “quedará suspendida la aplicación de esta norma y sabrá que no puede convocar un pleno de investidura sin un candidato presente físicamente. El Gobierno quiere impedir cualquier vulneración o fraude de ley. El Gobierno ha restablecido el orden constitucional, estatutario, recuperar la convivencia, devolver la confianza a los catalanes y españoles, recuperar la neutralidad institucionalidad y frenar el deterioro económico y social”.

El Constitucional acaba de recibir el recurso del Gobierno. El ponente es Antonio Narváez, quien tiene que elaborar una propuesta y esperar a la redacción de un breve informe de los letrados del tribunal. Han quedado en retomar el pleno a las 18.00 para abordar el asunto, cuya decisión está previsto que se conozca una hora después.

¿Qué alcance tiene el pulso de Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, ha mostrado su enfado por la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy con respecto a Catalunya? “El Gobierno afrontó el desafío secesionista con responsabilidad, quisimos contar con otros partidos políticos y lo hicimos. Desde aquel momento el Gobierno ha presentado 25 recursos y nadie puede tener dudas sobre el Gobierno. Creo que en estos momentos, en los temas de Estado, es responsable actuar con madurez, seriedad y responsabilidad”.

Rivera, entre otras cosas, se ha quejado de que el presidente no habla con él: “El Gobierno siempre ha buscado el consenso y una parte importante son los presupuestos generales del Estado, que han sido pactados con Ciudadanos. Siempre hay voluntad de dialogar con quien haga políticas de Estado. Son los españoles quienes tienen que juzgar los comportamientos de los líderes. Quien quiera trabajar con nosotros, bienvenido sea, quien no, que explique a los españoles”.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que su apoyo generalizado en el Congreso de los Diputados está en riesgo. “Ningún grupo de la Cámara le ha apoyado tanto como nosotros”, ha asegurado Rivera. Pero ha amenazado: “Solo le apoyaremos si vigilan de cerca a los separatistas. Si no, no podrán contar con nuestro apoyo”. En los pasillos del Congreso tras el enfrentamiento dialéctico, Rivera ha ido más allá: “Hasta aquí hemos llegado con esta displicencia”.

Rivera ha cuestionado a Rajoy en la sesión de control al Gobierno por la ausencia de recurso de su Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional tras la aprobación por parte del Parlament de Catalunya del voto delegado para Carles Puigdemont y Toni Comín. Un recurso que sí ha llegado al Alto Tribunal a través del grupo de Ciudadanos en el Parlament y que ha sido admitido a trámite aunque sin suspender el derecho de los diputados electos huidos.

“Nos han dado un golpe de Estado en Catalunya”, ha asegurado Rivera, quien ha recordado que Ciudadanos apoyó al PP “para el 155”, para la investidura de Rajoy “cuando nadie más lo hacía en esta Cámara” y para sacar “los Presupuestos Generales del Estado”, tanto los del año pasado como los que previsiblemente se aprobarán este mes de junio. Y ha concluido su enumeración: “Le hemos apoyado en todo, ningún grupo de la Cámara le ha apoyado tanto como nosotros”.

“¿Por qué no recurre el voto delegado de Comín y Puigdemont?”, ha preguntado Rivera. Y ha lanzado la advertencia, por partida doble. Primera: “Si no lo hace no podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Catalunya”. Segunda: “Solo le apoyaremos si vigilan de cerca a los separatistas. Si no, no podrán contar con nuestro apoyo”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado a Rivera de electoralista y de buscar el rédito propio atacando al Ejecutivo por la crisis catalana. Rajoy ha tildado de “escenificación” su intervención de este miércoles en el Congreso y le ha explicado que el Gobierno no tenía competencias para presentar el recurso demandado por Rivera, según los informes de los servicios jurídicos del Ejecutivo.

El enfrentamiento entre ambos llega 24 horas después del barómetro del CIS que sitúa a Ciudadanos como segunda fuerza política a 1,6 puntos del PP y por delante del PSOE.

“No arrojen sombras de dudas sobre el mundo universitario porque el prestigio es algo que cuesta ganarlo”. Son las palabras del ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, en respuesta al caso del máster de Cristina Cifuentes. Pero el responsable de Educación del Gobierno de Mariano Rajoy no se refería al hecho de que la presidenta madrileña aprobara un máster en una universidad pública de forma irregular, sino que afeaba al PSOE que echara en cara la posición del PP en este escándalo.

“No arrojen sombras de dudas sobre el mundo universitario”, ha insistido Méndez de Vigo en la sesión de control al Gobierno en la que el PSOE le ha interrogado por sus declaraciones sobre el máster de Cifuentes, que el titular de Educación circunscribió a la “autonomía universitaria”. El Gobierno se desentendió así del escándalo de la presidenta madrileña.

Méndez de Vigo ha reiterado su afirmación y ha dejado en manos de la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos la resolución del conflicto. Ni una palabra ha dicho el máximo responsable de la educación española sobre el hecho de que su compañera de filas aprobara un título universitario de forma fraudulenta, tal y como confirmó el rector del centro público.

“No es la universidad la que ha creado un problema a la política; es la concepción de la política que tiene el PP la que le ha creado un problema a la universidad pública, a los profesores y a los estudiantes”, le ha reprochado al ministro la diputada socialista Meritxell Batet: “Tiene en sus manos defender la universidad pública española y sus alumnos, y desacreditar el uso de poder en pro de intereses particulares”.

“Ha hecho una intervención política para atacar a la presidenta madrileña”, ha contestado Méndez de Vigo, que ha reiterado que el escándalo del máster de la líder del PP en Madrid “es un tema universitario y lo que ha hecho el ministerio es dejarlo allí donde debe” que, a su juicio, es en la propia universidad.

El ministro ha aprovechado para sacar pecho de gestión. Ha repetido que las becas llegarán en los presupuestos a un “récord histórico” (aunque la cifra es engañosa) y ha presumido de una bajada de las tasas que se han disparado en los últimos años: “Si quiere ayudar a la universidad, al sistema educativo, apruebe unos Presupuestos Generales del Estado favorables para la gente y deje que la universidad resuelva sus problemas, que lo hace bien”, le ha dicho el portavoz del Gobierno al PSOE.

El Gobierno se desentiende del escándalo del máster universitario que, según informó el pasado 21 de marzo eldiario.es, logró Cristina Cifuentes después de que una funcionaria manipulara sus notas de forma irregular. El portavoz del Ejecutivo y ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha echado balones fuera y se ha escudado en las investigaciones abiertas por la propia Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Fiscalía de Madrid, así como en la autonomía universitaria y las competencias autonómicas en la materia para evitar responder a las muchas preguntas que se le han hecho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sobre una posible dimisión, ha asegurado que el caso “no tiene nada que ver con la política”.

“Se han dado explicaciones”, ha asegurado Méndez de Vigo a la primera pregunta. “Y se han abierto investigaciones”, ha añadido en referencia tanto a las pesquisas internas abiertas por la URJC como por la Fiscalía de Madrid. El portavoz también ha asegurado que la semana que viene la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) emitirá sus conclusiones sobre la investigación independiente “la semana que viene”, aunque ha añadido que esta información la sabe porque la ha “leído” en los medios de comunicación.

Méndez de Vigo, ministro de Cultura además de portavoz, ha salido al paso del sistema universitario español de forma genérica, ha limitado el escándalo a “una universidad”. Ante la insistencia de los periodistas, el portavoz se ha escudado en la “autonomía universitaria” y en las competencias autonómicas en materia universitaria para dar a entender que el Gobierno de la Nación no tiene nada que decir sobre el escándalo ni puede ofrecer ninguna información adicional.

El portavoz del Gobierno tampoco ha querido valorar de ninguna manera si Cristina Cifuentes debe dimitir, pese a que se lo han preguntado directamente: “No tiene nada que ver con la política”, se ha limitado a señalar.

El Gobierno ya había eludido anteriormente analizar el caso Cifuentes. Las nuevas revelaciones no han modificado para nada su posicionamiento. “No entramos a valorar esa situación”, argumentan fuentes gubernamentales: “Como dijo el ministro portavoz [el viernes 23 de marzo], ella y la Universidad han dado explicaciones”.

No hay registro de entrega de su trabajo de fin de máster; no hay trabajo fin de máster; el tribunal que supuestamente lo examinó era ilegal; las notas se modificaron dos años después de que acabara el máster para podérselo aprobar y justo antes de que Cifuentes pagara la solicitud del título; la universidad ha decidido abrir una investigación 24 horas después de dar una rueda de prensa en la que justificaba como “error de transcripción” los cambios de notas.

Muchos de estos extremos los ha confirmado este mismo viernes el rector de la URCJ en una comparecencia ante la prensa en la que ha asegurado que “no consta el acta” de defensa del trabajo de fin de máster (TFM) ni rastro de la existencia de dicho TFM.

El Gobierno, hace una semana y este mismo viernes, ha despachado el caso, que afecta a una de las dirigentes del PP más importantes, echando balones fuera. “Tanto la presidenta como la universidad han dado las explicaciones y como ministro de Educación respeto la ley de autonomía universitaria y creo en ella”, dijo la semana pasada. Palabras muy similares a las de hoy.

Puestos a elegir, es preferible el recogimiento espiritual, sentido, de gente que reza en Cracovia, que el espectáculo pagano e infernal de legionarios con brazos como muslos que elevan a Cristo entre gritos de muerte en gananciales.

Lo peor de la performance malagueña es ver al ministro de Educación y Cultura, y simpático portavoz semanal del Gobierno, dándolo todo al bramar: “somos novios de la muerte”, con corbata negra de luto, la gomina de costumbre y fraseo urgente. (Uno ve a Méndez de Vigo en las ruedas de prensa de los viernes y se lo imagina a horcajadas de un caballo pintón, con los cabellos aborregados, él, con gola, si me apuran, y leyendo las buenas nuevas en un pergamino que se va desenrollando, solemne).

El caso es que cuatro ministros, cuatro, se han desplegado por tierra mar, aire y redes, y con el himno de la Legión de carrerilla, han saludado a un nacionalcatolicismo sin complejos del que forman parte, y ellos lo saben.

Es estadísticamente probable que a muchos católicos les repugne este show testicular, en el que sólo falta Pemán para contarlo con su cursilería hagiográfica franquista, perdón por la redundancia.

Y luego esta lo de poner la bandera a media asta en los establecimientos militares (Cospedal), como si no supiéramos que Cristo se muere todo el rato, así sea en marzo o abril, año tras año, y luego resucita, claro, con una regularidad que exige fe. Fe que debe ser separada de las instituciones publicas, aconfesionales por definición.

Es posible que la presencia de cuatro ministros, cuatro, en Málaga, entre legionarios que gritan, se pueda analizar con patrones epistemológicos, pero de momento nos conformamos con el espectáculo nada edificante de que la ministra de Defensa, los ministros del Interior, de Justicia, de Educación y portavocía de un gobierno, democráticamente elegido, en un país que se declara aconfesional desde la Constitución, crean que es pertinente aparecer en aquel aquelarre pecador y fistro.

Un paisaje emocional y simbólico tan lejos de la aseada Cracovia y los fieles que acuden el domingo de resurrección con sus cestitas con dulces de pascua --imágenes de pan con forma de vaca, chocolates polimorfos, pastas variadas-- , bendecidos por el cura de guardia con una escoba empapada en agua bendita. También es cuestión de fe, pero con otra estética, oiga.

Se han ido felices los cuatro ministros, con la satisfacción del deber cumplido, me temo que dispuestos a reincidir, corrida de toros mediante.

Hay exministros, también del PP, que manifiestan su fe de forma discreta en procesiones como de Zamora y Valladolid, donde la gente que asiste, en su mayoría, se lo cree, donde no hay performance, sino virgen de los siete puñales y silencio, mucho silencio.

Los cuatro ministros se habrán dado palmetazos en la espalda después de la hazaña. No es de recibo lo que han hecho. Y ellos deberían saberlo. Aunque no se trate de elegir entre legionarios tatuados y Cracovia con mantelitos.

Este jueves Jordi Turull no logró los votos para ser president de la Generalitat de Catalunya. Y 12 horas después conocía su procesamiento por rebelión por parte del Tribunal Supremo, junto con Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, otros nueve líderes independentistas y Marta Rovira, quien no se ha presentado este viernes ante el tribunal y ha huido de España. El reloj se ha puesto en marcha en Catalunya, y quedan dos meses para que haya Gobierno y nuevas elecciones.

El Gobierno, a través de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha calificado de “arbitraria” la “maniobra” del presidente del Parlament, Roger Torrent, de convocar “un pleno justo antes de la toma de declaración del Supremo”. De acuerdo con Méndez de Vigo, esto supone “un nuevo fracaso que contrasta con la normalidad que se vive en Catalunya en los temas que afectan a las personas”.

“Hay mucha ideología que no lleva a nada”, ha sentenciado Méndez de Vigo, quien ha situado en el lado contrario a su Gobierno, que, por la vía del artículo 155, “apostó por un retorno a la normalidad constitucional”.

Sobre la marcha de Marta Rovira, Méndez de Vigo ha afirmado que “es para huir de sus responsabilidades”.

“Después de varios meses de las elecciones, el presidente del Parlament convoca un pleno para investir a una persona que no han investido. Es con un interés puramente ideológico que fracasa”, ha insistido Méndez de Vigo: “Lo de ayer fue un esperpento, un nuevo fracaso ante la posibilidad de tener un nuevo gobierno en Catalunya dentro del marco estaturario”.

Presumir de nombrar una mujer para un cargo relevante no le ha salido bien al portavoz del Gobierno. Íñigo Méndez de Vigo ha anunciado que Emma Navarro ocuparía la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en sustitución del nuevo ministro de Economía, Román Escolano. Un nombramiento que, según él, iba a permitir que una mujer ocupase por primera vez ese cargo. Un gesto que encajaba con el reconocimiento de Moncloa a las manifestaciones del 8 de marzo. Y que ha resultado ser un doble patinazo, ya que no era cierto: otras dos mujeres han desempeñado ese puesto antes.

Tras terminar la intervención del ministerio de Fomento en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha rectificado. Pero también le ha salido mal. El portavoz del Gobierno ha recordado que Magdalena Álvarez también fue vicepresidenta del BEI. Pero se ha olvidado de la otra mujer española que lo fue: Isabel Martín Castellá, que ocupó el cargo entre 2000 y 2006. Y para el que la designó, precisamente, el gobierno del PP de José María Aznar.

El ministro de Educación también ha presumido durante su intervención de todas las mujeres que ha nombrado el Gobierno del PP en estos años para cargos relevantes. Uno de los ejemplos que ha puesto es el de Loyola de Palacio, que fue vicepresidenta de la Comisión Europea. Además, ha mencionado que muchas otras han ocupado cargos de responsabilidad, para lo que ha recordado el tiempo que Carme Chacón fue ministra de Defensa. Todo dentro de una parte de un discurso elogioso sobre las movilizaciones feministas de este jueves, que fueron todo un éxito.

Es ahí donde el portavoz ha cometido el error de presentar como algo extraordinario la llegada de Emma Navarro al BEI. La actual secretaria general del Tesoro sustituirá a Román Escolano al menos hasta 2020, que era cuando acababa el mandato del ahora titular de Economía en la institución europea.

España comparte este cargo con Portugal de forma rotatoria. Pero el puesto ha estado en manos españolas desde 2010, cuando Magdalena Álvarez sustituyó al portugués Carlos da Silva Costa. Tras la dimisión de Álvarez, llegó Escolano en 2014.

El Gobierno no quiere dar su opinión sobre la huelga convocada el próximo 8 de marzo para denunciar la discriminación contra las mujeres. Las recientes declaraciones de Rajoy en una entrevista televisiva en la que recomendó a Ana Rosa Quintana que ese día haría más por las mujeres yendo a su puesto de trabajo, han encontrado en el ministro portavoz a un fiel seguidor.

“Yo vendré a trabajar”, ha asegurado Íñigo Méndez de Vigo tras aclarar que respecto al paro del 8M, “también tiene derecho a no ir quien no quiera”. “Lo mejor es seguir haciendo cosas, yo también trabajaré”, ha asegurado el portavoz del Gobierno.

El Consejo de Ministros analizó este martes un informe sobre la situación de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida. Moncloa considera un éxito que el porcentaje de consejeras del Ibex se haya incrementado del 10% al 22% o que la brecha salarial “es 1,4% menor que en la Unión Europea”.

Méndez de Vigo ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando en la materia no sin felicitarse porque “este año se han producido importantes avances para las mujeres”.

La cuantía de las becas universitarias que concede el Gobierno ha caído de media 332 euros, un 13,21%, desde que Mariano Rajoy accedió a la presidencia del Ejecutivo en 2011 (la mayor parte de las becas de ese curso corresponden al presupuesto de 2012, elaborado ya por el PP). También ha mermado la ayuda que reciben los estudiantes para pagar la matrícula: son 46 euros menos al año (un 5,4%), pese a que en este periodo el precio de las tasas ha llevado la senda contraria y ha subido un 20%.

Así lo admite el Ministerio de Educación en una respuesta por escrito en el Congreso al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. En los datos ofrecidos por el Gobierno se observa que las ayudas económicas han caído en alumnos de todas las comunidades autónomas mientras que las de las tasas sí han subido ligeramente en Madrid, País Vasco y La Rioja, aunque en ninguna región cubren el coste total de las matrículas.

En paralelo a este cambio en las condiciones económicas, auspiciado por la (polémica) reforma en el sistema de becas que realizó el Ministerio de Educación cuando José Ignacio Wert era el titular, también se ha registrado un aumento del número de becarios (un 10%, de 271.671 a 300.483) debido sobre todo a la crisis, que rebajó el nivel de renta de las familias y provocó que muchas de ellas pasaran a tener derecho a una ayuda.

Pero como hay más becarios y un poco menos de dinero a repartir, la cuantía media ha caído. La beca media en el curso 2011-12 (ayudas a la matrícula aparte) era de 2.497 euros por estudiante y año. En 2015-16 había bajado a 2.165 euros. Un total de 340 euros menos, pese a que el Gobierno presume cada año de que ha presupuestado para becas la partida más grande que nunca haya habido.

Segregado por las comunidades autónomas donde estudian los becados, y dejando fuera al País Vasco (la única que tiene el sistema de becas transferido), los que más dinero recibían y reciben son Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, mientras que en el lado opuesto están Madrid, La Rioja y Cantabria (ver gráficos). Las diferencias (notables, en algunos casos) entre la cantidad de dinero que recibe  cada universitario según la comunidad donde estudia hay que buscarla en la renta media de cada familia, que determina a cuánto asciende la ayuda que recibe el estudiante. 

La caída en las ayudas directas que ofrece el Gobierno (las comunidades autónomas y las universidades también convocan becas por su cuenta, pero el grueso es estatal) y el endurecimiento en las políticas para acceder a ellas y mantenerlas ha tenido otra consecuencia directa, según sindicatos de profesores, de estudiantes y las propias familias: un descenso en el número de universitarios en los campus.

Por seguir con el periodo de referencia (del curso 2011-12 al 2014-15, el último del que hay datos consolidados), las universidades españolas han perdido 120.000 alumnos en este periodo. El Gobierno achaca esta caída en el número de estudiantes a efectos demográficos: ha caído la natalidad, hay menos estudiantes, argumenta.

Pero hay otra versión: la combinación de tasas más caras y becas más exiguas y difíciles de mantener ha expulsado a muchos jóvenes de los estudios superiores, aducen las organizaciones sociales.

La reforma de Wert

Todo el cambio en las becas tiene su origen en la reforma del sistema que hizo el Ministerio de Wert en 2013. El Gobierno popular justificó entonces que con el sistema que había se generaba cada año una deuda de la que nadie se hacía cargo porque la cantidad inicial presupuestada se quedaba invariablemente corta respecto a la ejecutada curso tras curso.

Y cambió el sistema. En vez de prever una cantidad y luego gastar lo que tocara, como se venía haciendo (y tenía razón el PP en que las cifras siempre divergían, los populares hablaban de una deuda creada de mil millones de euros que el PSOE siempre negó), estableció que se destinaría una cantidad en los Presupuestos Generales del Estado que no se sobrepasaría.

¿Cómo hacer esto, toda vez que las becas son un derecho y no se pueden conceder a discreción? Estableciendo una cantidad variable para cada estudiante, que se obtiene a través de una complicada fórmula matemática y que tiene en cuenta no solo el rendimiento personal de cada estudiante, sino el de sus pares también.

En paralelo, Wert endureció los requisitos académicos necesarios para obtener y mantener las becas. En vez del aprobado simple, para ahorrarse la matrícula el primer año los aspirantes a ayudas debían tener un 5,5 de nota media. Para pedir también la parte de alojamiento y manutención (la ayuda económica que llega al estudiante en sí), el expediente debe ser del 6,5. A partir de ahí, para mantener la matrícula gratuita en 2º curso es necesario aprobar el 65% de los créditos matriculados y para acceder al apoyo económico, el 85%.

Familias, sindicatos y estudiantes claman contra el cambio y sostienen que para un estudiante de familia con pocos recursos es injusto. “Muchos estudiantes tienen que dejar la carrera porque deben ponerse a trabajar [y no tienen tiempo para estudiar y pierden la beca] porque sus padres se han quedado en el paro”, explicaban desde la red Estudiantes en Movimiento.

Devuelve la beca

El efecto perverso de este endurecimiento de las medidas se conoció en junio del pasado año, cuando se hizo público que el Gobierno había pedido a 120.000 estudiantes en cuatro años que devolvieran la beca que les había sido concedida porque no han cumplido los requisitos exigidos. El mecanismo de devolución ya existía, admitió el PSOE, pero con la reforma los expedientes se han multiplicado por cuatro, según sus datos.

Lo último que se ha sabido de las becas es que el BOE publicó que se iban a endurecer los requisitos para acceder a la primera beca. Haría falta un 6,5 en vez del 5,5 actual. “Las becas seguirán como estaban”, afirmó el Gobierno, que achacó la publicación en el BOE a “un error”.

También afirman cada año que la partida presupuestada para ayudas es la más alta de la historia (y estrictamente lo es), aunque olvidan mencionar que en años anteriores a la reforma se gastaba más dinero que ahora, estuviera presupuestado o no. El año 2016 el Gobierno invirtió 1.476 millones de euros en becas. En 2011, el PSOE presupuestó 1.168, pero la partida final acabó yéndose por encima de los 1.500 millones de euros.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado este miércoles que en España “las pensiones se seguirán cobrando” y que plantear el debate sobre una subida ligada a la subida del IPC -el índice de precios al consumo- es “populismo puro y duro”.

“No creo que haya devaluación de las pensiones, lo que hemos hecho es garantizar el cobro de las mismas, que cada vez el más elevado y cada vez supone más dinero en los gastos públicos”, ha apuntado el también ministro de Educación, Cultura y Deporte en una entrevista en la Cadena COPE. Una entrevista en la que ha criticado la propuesta del PSOE de ligar la subida de las pensiones a la subida del IPC: “Lanzar este debate como se está lanzando es populismo puro y duro”.

Méndez de Vigo ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy no va a participar en “una puja populista” sobre la subida de las pensiones. “Nosotros no vamos a acudir a una puja populista de subirlas más, de hacer proclamaciones que al final no se traducen en nada porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Este Gobierno lo que hace, y lo hace bien, es dar trigo”, ha señalado.

Además de la propuesta de los socialistas, UGT ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Nacional la subida de las pensiones del 0,25% aprobada por el Gobierno . Una subida que ha indignado a los pensionistas que se han manifestado de forma multitudinaria en las principales ciudades de España al grito de “robo”, “ladrones”, “dimisión” y “Rajoy y Cospedal, a Soto del Real”.

El portavoz ha asegurado que al Gobierno no le parece “una buena idea” ligar la subida de las pensiones a la subida del IPC y ha destacado que las pensiones “son una prioridad para el Gobierno”.

“C's un día dice una cosa y otro día dice otra”

Méndez de Vigo ha asegurado que espera que la decisión de Ciudadanos de abandonar a los populares en la Mesa del Congreso y desbloquear los trámites que permitirían acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida popularmente como 'ley mordaza'- o con la prisión permanente revisable no desvíen a España de “la senda de la estabilidad, la senda del crecimiento y la senda de la creación de empleo”.

El portavoz ha hecho un llamamiento a la formación naranja para que sean “serios” y asuman “los compromisos” que adquirieron en el pacto de investidura. Si no lo cumplen, según Méndez de Vigo, tendrán que “explicárselo a la gente”.

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos permita que la oposición acabe con las leyes más polémicas del Gobierno, Méndez de Vigo ha apuntado que no sabe lo que harán porque “el partido C's un día dice una cosa y otro día dice otra, depende del día”. “El interés en cambiarlas ahora no viene a cuento”.

“Creo que la prisión permanente revisable tiene el aval de las instituciones europeas que existe en muchos países”, ha señalado el portavoz, que ha defendido que “mucha gente” está a favor de esta ley y que Ciudadanos deberá responder “ante la ciudadanía” de sus decisiones.

El Gobierno no ve posible normalizar las relaciones con Catalunya si finalmente se elige como candidato a una persona con causas pendientes con la justicia. “Si lo que queremos es restablecer la normalidad, encauzar las relaciones políticas y abrir una etapa de diálogo lo mejor es hacerlo con personas que tengan plena libertad para hacerlo”, ha señalado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Moncloa insiste en que “proponer a alguien que no esté en condiciones no parece la mejor idea”. La advertencia del ejecutivo llega después de conocerse la posibilidad de que nombres como los de Jordi Sánchez o Turull podrían estar en la carrera de la presidencia, cuando Puigdemont decida ar un paso atrás.

Sobre el conflicto catalán, el Gobierno no ve como probable un desenlace en modo de elecciones: “Creo que no sería bueno”, ha asegurado Méndez de Vigo.

Una semana después de amenazar con cambios en el modelo educativo catalán impulsados desde Madrid, el Gobierno da ahora un paso atrás. Lo hace pocos días después de que el Constitucional anulase la parte de la LOMCE que permitía al Gobierno central participar de las decisiones sobre aquellas familias que solicitaban el castellano como lengua vehícular. La sentencia del alto tribunal ha supuesto un jarro de agua fría para la intervención del Estado en las cuestiones internas de la organización educativa catalana. Frente a las advertencias de la semana pasada, ahora el Gobierno asegura: “No tenemos la necesidad de tomar decisiones rápidamente”.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo ha asegurado este jueves que el gobierno no ha tenido nada que ver con la retirada de la obra dedicada a los “presos políticos” en ARCO.

“El Gobierno no ha tenido nada que ver, nosotros no censuramos a nadie”, ha aseverado en Los Desayunos de Televisión Española. “Estoy a favor de la libertad de expresión en el ámbito de la cultura y el arte creativo”, ha asegurado el ministro.

Sobre la retirada de la obra ha declarado que “si lo hicieron para evitar polémica, ha sido peor el remedio que la enfermedad” y que “el único límite que hay es el respeto a las leyes”.

Según el ministro, en lugar de hablarse de la feria de arte contemporáneo que inauguran hoy los Reyes o el acuerdo alcanzado ayer con Ella Fontanals de Cisneros para la cesión de su colección a España que “son las cosas importantes” mientras que este otro asunto “no debería serlo”.

El ministro ha defendido que hay que hacer “crítica política sin ofender” y ha señalado que no ofender y respetar “requiere algo más de talento”: “lo fácil es el chascarrillo”, ha indicado Méndez de Vigo, que ha sostenido que los políticos deben ser un ejemplo en este sentido.

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO) ha sido inaugurada con polémica tras la retirada de la obra de Santiago Sierra “dedicada a los presos políticos”. En su obra aparecían 24 fotografías con las caras pixeladas, entre las que se encontraban las de Oriol Junqueras y 'los Jordis'. Ya ha sido comprada por un particular por 80.000 euros.

Al Partido Popular le ha entrado la fiebre de los pactos de Estado. El partido que está bloqueando la actividad parlamentaria para que el Congreso no legisle, vetando todas las leyes de la oposición como la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma del sistema de pensiones, quiere aparentar voluntad de consenso y capacidad de acuerdo. Para ello, hace ahora un año, el PP apoyó la creación de una subcomisión para el Pacto de Estado de Educación. Ésta se aprobó en diciembre de 2016 y comenzó sus trabajos en febrero de 2017. Poco sabe la opinión pública, y especialmente la comunidad educativa, de lo que ha ocurrido a lo largo de todo este año en dicha subcomisión, aunque lo que en ella sucede es de interés primordial para todos. Veamos aquí algunas claves para entender lo que está pasando en el Congreso.

Una subcomisión no es un pacto. El trabajo parlamentario es deliberadamente opaco y un buen nombre puede esconder más bien poco. Así es en este caso. Una subcomisión no es un pacto de Estado, ya que las conclusiones en las que estamos trabajando ahora no son vinculantes para el Gobierno; únicamente son recomendaciones que éste puede seguir o no. Y ya sabemos lo que suele hacer el PP con las recomendaciones…

Aún así, el Partido Popular tiene capacidad de veto. El PP y el PSOE han acordado una fórmula de votación de las conclusiones que permite al Partido Popular bloquear casi cualquier conclusión de la subcomisión. Para aprobar una conclusión es necesario contar con una mayoría de 3/5. Como las reuniones de la subcomisión son dos veces a la semana, muchos partidos minoritarios tienen serias dificultades para asistir y es prácticamente imposible para Unidos Podemos lograr mayorías alternativas al PP. De esta forma, por ejemplo, ha sido imposible incorporar a las conclusiones que el sistema educativo público de nuestro país ha sufrido un brutal recorte de 9.000 millones de euros y que, actualmente, se encuentra en estado de infrafinanciación.

Si la situación es tan grave y la educación es un tema de gran interés para toda la ciudadanía, ¿por qué no te estás enterado de nada? Básicamente porque, a diferencia del resto de comisiones del Congreso, las subcomisiones son a puerta cerrada. Es decir, no se graban y tampoco se publican las actas de los debates. Desde Unidos Podemos hemos pedido a la Mesa del Congreso que la subcomisión se emita en directo o, en su defecto, que se publiquen las actas y las votaciones. El Partido Popular y el PSOE (con el apoyo de Cs) se han opuesto frontalmente afirmando que eso podría “influir” en las conclusiones a las que lleguemos.

Está previsto que la subcomisión del pacto de Estado de Educación finalice sus trabajos a mediados de mayo. Nuestra mayor preocupación es que el resto de partidos parece haber asumido con normalidad la LOMCE, la ley educativa más regresiva de la democracia que se aprobó con toda la oposición en contra y miles de personas protestando en la calle. La derogación de la 'Ley Wert' no puede ser el punto de llegada de las conclusiones de la subcomisión, sino el punto de partida. Del mismo modo que sin una recuperación efectiva de la financiación de la escuela pública de nuestro país, no hay pacto que valga. Alcanzar un 5,6% de inversión en educación en esta legislatura (y un 7% en 2024), así como recuperar al menos los 23.000 docentes que ha perdido la pública, no es algo que pueda negociarse, es un deber de los poderes públicos.

Mientras la subcomisión sigue funcionando, Méndez de Vigo gana tiempo y continúa aplicando la LOMCE, con los costes que eso tiene para los niños y niñas de hoy y para la ciudadanía de mañana. El Partido Popular utiliza la estrategia de los falsos pactos de Estado para ahogar la iniciativa legislativa del resto de partidos, pasar esta legislatura al 'tran tran' y poder seguir aplicando las leyes que aprobó con su mayoría absoluta.

Por eso es importante que seamos conscientes de que un mal pacto, un pacto que priorice la educación privada, perpetúe la LOMCE y no recupere la inversión en educación, es peor que la ausencia de pacto. Y el momento de que la comunidad educativa y la ciudadanía tomen cartas en el asunto es ahora. El mes que viene quizás sea tarde. Nosotras, mientras tanto, seguiremos defendiendo hasta el final a la pública, con orgullo, en la subcomisión.