La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez Medel, emitió un auto el miércoles en el que decretaba el previsible archivo de la investigación sobre cómo obtuvo la exministra de Sanidad Carmen Montón su Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Rey Juan Carlos. Es la misma decisión que tomó en octubre con los másteres de Pablo Casado y Cristina Cifuentes (esta última será procesada, pero por la falsificación del acta). ¿Por qué la jueza archiva el caso máster al completo? El Tribunal Supremo dijo que el aforado Casado no iba a ser investigado, al no hallar indicios de delito, aunque sí “indicios de trato de favor”. Esto provocó que la magistrada diera carpetazo al caso completo, con todos los beneficiados y los posibles benefactores, a excepción de la fabricación del papel: si Casado no era investigado, tampoco lo podían ser otros alumnos, incluida la compañera del presidente del PP que confesó en sede judicial que le regalaron el máster.

Carmen Montón está en la misma situación procesal que Casado, sin responsabilidad penal y sin proceso judicial en marcha, lo que no obsta para que sus másteres estuvieran plagados de anomalías e irregularidades. Según ha defendido Montón tras conocerse el archivo de su caso, la justicia ha determinado “que no había cometido ninguna irregularidad ni ningún delito” y “que no encuentra trato de favor”, lo que no es del todo cierto: la justicia no ve indicios de que haya cometido ningún delito (como Casado), pero no se ha pronunciado sobre la parte académica ni sobre si hubo trato de favor.

Dimisión política

La exministra dimitió el 11 de septiembre, antes de que se admitiera a trámite la denuncia anónima sobre su máster. Es decir, dimitió por motivos políticos, no judiciales, ya que en ese momento la magistrada no había abierto el caso (lo hizo el 21 de septiembre). Como la propia Montón ha destacado, con su dimisión perdió el aforamiento, aunque en ese momento no sabía que podía acabar encausada, cosa que finalmente no ha sucedido. Dejó el cargo de ministra de Sanidad un día después de que eldiario.es publicara en qué condiciones había obtenido el posgrado y La Sexta adelantara que el único trabajo que conservaba era un plagio.

Para empezar, aprobó con nota la mitad de las asignaturas de su máster (12 más un Trabajo Fin de Máster) sin asistir a esas clases y sin tratar con los profesores. Como ella misma admitió a tres periodistas de eldiario.es en su despacho, acudió a clase y pisó el campus por primera vez en enero (en ese momento no supo decir en qué campus había estudiado y dio varias veces nombres erróneos), cuando las clases se habían iniciado en septiembre. Sin embargo, en su rueda de prensa posterior cambió la versión y dijo que no había asistido porque se daba la posibilidad de hacerlo a distancia aunque el máster era presencial.

Entonces, Montón era diputada y portavoz socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso, además de vocal en algunas otras comisiones y su motivación, según explicó en su momento era “ampliar” su formación, aunque a los periodistas de eldiario.es les dijo días antes que su idea era obtener el máster para sacarse un doctorado, lo que abre la puerta a ser profesor universitario.

Montón no tenía ningún correo con profesores ni rastro que probara la entrega de trabajos de las asignaturas. Dijo que los daba en mano, mientras sus compañeras contactadas que quisieron hablar con eldiario.es (y que prefieren mantener el anonimato) dicen que se entregaban por mail o a través de una plataforma online, como constataron también los profesores. La exministra sí pudo acreditar correos con Laura Nuño, directora del máster, número dos de Enrique Álvarez Conde y directora del Trabajo Fin de Máster (TFM) de la ministra. Son sobre el proceso de matriculación y fechas de entrega. De las otras 12 asignaturas no guarda nada de ningún tipo.

Plagio en el único trabajo que conserva

El único trabajo que pudo acreditar Carmen Montón fue precisamente el TFM que le dirigió Nuño. Aunque permitió acercarse a él y hojearlo durante la crisis, impidió que se fotocopiara o que se revisara con tiempo. Un día después de las declaraciones públicas de la ministra en las que defendía su honestidad, la Sexta reveló que era un plagio de varias autoras. Los sistemas antiplagio revelaron copia y pega sin citar en más de la mitad del trabajo, de unas 50 páginas. Esta semana, Montón ha justificado en la Cadena Ser que “no sabía hacer bien algo que era importante”, pero que lo hizo “sin voluntad de usurpar” ni de “lucrarse de la propiedad intelectual de nadie”.

Cambios en las actas fuera de tiempo

Además, en su máster, cursado en el Instituto de Derecho Público como Casado y Cifuentes, hay manipulaciones de notas en sus actas, sin que se sepa por qué. En julio de 2011, con el curso acabado, el expediente de Carmen Montón tenía una de sus asignaturas calificada con un “no presentado”. El 25 de noviembre de 2011, con las actas cerradas y con el siguiente año académico en marcha, alguien entró en el sistema informático de la URJC y cambió ese “no presentado” por un “aprobado”. En ese momento, la universidad confirmó que investigaba no solo este, sino varios cambios de calificaciones en el expediente de la ministra que se produjeron fuera de tiempo. Esto podría explicar otro misterio de su expediente. Pese a que su curso fue el 2010-2011, su título oficial tiene fecha de junio de 2012, un curso académico después. El resto de sus compañeras tienen un título de 2011, como corresponde por ley. La ministra no supo explicar por qué y lo achacó a un error de la universidad, que guardó silencio al respecto.

Otra duda en su posgrado es la convalidación que tiene la exministra sin haberla solicitado. Una de las profesoras del máster, Sonia Núñez Puente, que en ese curso impartió las clases de ‘Feminismo y construcción de la identidad de género’, confirmó que su asignatura la convalidó: “A Carmen no la recuerdo en clase porque convalidó y yo tampoco sabía que estaba entre las alumnas. Cuando salió publicado en los medios lo del máster revisé mis actas y comprobé que aparece convalidada”, dijo en septiembre a eldiario.es. Sin embargo, la ministra de Sanidad afirma tajantemente que no solicitó ninguna convalidación y que cursó esa asignatura, aunque la docente dice lo contrario.

La Universidad Rey Juan Carlos inició, sin hacerlo público, una investigación académica del expediente de Carmen Montón en el mes de junio. Cuando eldiario.es publicó la noticia de las irregularidades, el 10 de septiembre, la URJC confirmó que ya lo estaba investigando, pero no dio más detalles alegando que seguía trabajando en ello. Ahora, tras solicitar eldiario.es el resultado de esa investigación académica, fuentes de la institución señalan que esos documentos se remitieron a la jueza Rodríguez Medel. Esas mismas fuentes informan de que este expediente de investigación no se va a hacer público y zanjan sobre su contenido que, como la Fiscalía, la universidad no ha visto nada “constitutivo de delito”, sin especificar qué vio el servicio de inspección.

La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha decidido archivar las actuaciones llevadas a cabo tras una denuncia anónima contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación a su título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha atendido al criterio de la Fiscalía, que se pronunció en contra de abrir una investigación contra Montón, y ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones “al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna”.

La jueza, que ya archivó el grueso del caso Máster que se inició con Cristina Cifuentes, abrió diligencias por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación - los mismos por los que pidió al Supremo que investigara al presidente del PP, Pablo Casado - tras una denuncia anónima que llegó al juzgado.

Rodríguez-Medel solicitó a la universidad que le remitiera toda una serie de documentación en relación al máster de la exministra como la identidad del director del título de posgrado y también del responsable del Instituto de Derecho Público en el curso 2010-2011, cargo que ostentaba el principal imputado del caso máster, Enrique Álvarez Conde.

Solicitó a su vez el listado de asignaturas del posgrado, de los profesores que las impartían en ese curso y de los alumnos que cursaron el máster, así como toda la documentación que tuviera la URJC sobre el citado título académico en ese año académico.

El ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, aboga por que la futura ley de Universidades contemple un “órgano” que sea capaz de detectar irregularidades en los estudios académicos para evitar escándalos como los de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.

Ese mecanismo sería “externo o al menos parcialmente externo”, según la apuesta que el ministro ha defendido en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. El sistema tendría que desarrollarse a través de la Ley de Universidades que ha prometido y cuyo proceso todavía no se ha puesto en marcha.

“Es muy difícil de perfilar”, ha reconocido el ministro, que se ha referido, por un lado, a la autonomía universitaria y, por otro, a las competencias que están en manos de las Comunidades Autónomas. Pero ha defendido que exista una “mayor corresponsabilidad” entre la universidad y la sociedad a través de un “órgano que sea capaz de determinar cualquier tipo de irregularidad”.

No obstante, Duque ha pedido que no se generalicen los casos que ha revelado eldiario.es con el grueso de la actividad de la universidad para la que ha reclamado “el prestigio que merece”. “La mayor parte del sistema no está sujeto a ningún problema”, ha señalado el ministro, que lo ha calificado de “injusto”.

Preguntado sobre la sociedad patrimonial a través de la que posee sus viviendas, Duque ha asegurado que “no ha obtenido ningún ahorro fiscal neto, sino más bien lo contrario” y ha prometido que difundirá ante los medios el informe que han elaborado fiscalistas que contrató tras las informaciones de Okdiario.

Duque, dispuesto a seguir la próxima legislatura

“Respecto a mi sociedad familiar, todo está ahora en manos de asesores especializados que hemos contratado para su revisión –ha respondido–. En breve tendrán los medios de comunicación el informe completo y ya les adelanto que no hemos obtenido de esto ahorro fiscal neto, sino más bien todo lo contrario”.

Sobre su futura continuidad en el Gobierno, Duque ha comenzado su respuesta con una ironía que ha provocado risas y aplausos de los asistentes: “Ya aprendiendo a hablar como los políticos, ya se verá, yo estoy a disposición...”. Pero después ha dado por hecho que tiene fuerzas para seguir al frente del ministerio en la próxima legislatura: “Hay mucho que hacer para reformar el sistema de ciencia, universidades y tecnología (...). Estoy dispuesto a esforzarme y liderar esto todo el tiempo que quiera el presidente”. “Si vuelve a ganar y me vuelve a llamar seguiré encabezando esto”, ha sentenciado el ministro, que considera que en su departamento debe haber “estabilidad”.

“Estoy decepcionado y triste”. Así resume un compañero de promoción de Pablo Casado sus sentimientos tras conocer conocer que la jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha archivado la mayor parte de la investigación sobre los indicios que apuntan a que en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Rey Juan Carlos se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos VIP por su relación con Enrique Álvarez Conde, catedrático al que esta magistrada llegó a señalar como “urdidor” de este presunto entramado.

Este alumno, que como algunos de sus compañeros trabaja en un organismo público, defiende su esfuerzo y el de sus compañeros para cursar el Máster Oficial en Derecho Autonómico. “El resultado de todo este caso es que tenemos un título que no sirve para nada y que cuando lo enseñas la gente se ríe. Yo en mi currículum he decidido ocultar que lo tengo”, añade. En esa misma promoción también obtuvo el posgrado María Dolores Cancio. Ella explicó ante la jueza cómo funcionaba el sistema de prebendas. Cancio reconoció que lo consiguió sin hacer nada: no fue a clase y no presentó ningún trabajo. Siguiendo así las órdenes de Álvarez Conde.

Otro de los alumnos “ordinarios” –así los definió la magistrada Rodríguez-Medel– también considera que este título podría empañar su perfil profesional. “Entiendo que mi currículum puede quedar manchado, aunque no sería lo correcto. Si eres una persona desconocida entiendo que no nos debería afectar”, añade.

El aforamiento de Pablo Casado dio un vuelco a esta investigación. La jueza de instrucción había imputado a Cancio y a otras dos compañeras, que tenían un expediente académico calcado al del líder del Partido Popular. Y había concluido que al político conservador le regalaron el máster “a modo de prebenda” por su “relevancia política”. Sin embargo, debido a su condición de diputado, el tribunal que tenía que decidir sobre el futuro judicial de Casado era el Supremo. El pasado viernes rechazó investigarle aunque vio indicios de “trato de favor”.

Cuestionan el aforamiento de Casado

Estos dos compañeros de promoción del líder del PP lamentan que desde el inicio de este procedimiento a Casado no se le hayan aplicado los mismos criterios que al resto de compañeras que sí estuvieron investigadas. “Creo que hay que cambiar la influencia de carácter político en la justicia”, apunta uno de ellos. “No puede ser que desde el punto de vista judicial determinadas personas tengan un trato especial”, replica el que reconoce que esta decisión le entristeció.

“Entiendo la decisión de la jueza. Si el Supremo dice que no hay caso, no puede haber diferencia de trato para unos y otros. Entenderlo, lo entiendo. Otra cosa es que esté de acuerdo. No sé si es delito o no, pero esa persona [Casado] obtuvo un título que los demás tuvimos que trabajar y él no”, añade este último.

Estos alumnos también apuntan a la universidad, consideran que la Rey Juan Carlos no ha defendido a los titulados “ordinarios”, aquellos que consiguieron el posgrado yendo a clase cuatro tardes por semana, realizando exámenes y trabajos “No he oído a la universidad en ese sentido, no les he escuchado defender a los que lo obtuvimos de forma lícita. Creo que tendrían que haberlo recalcado más”, incide el segundo.

“Tenían que haber planteado que el máster tenía prestigio, que se han cometido irregularidades pero no en la mayoría de los casos. Que la mayor parte de los alumnos hemos hecho lo correcto”, reseña un tercero, que fue compañero de Cristina Cifuentes en el curso 2011/12. Estos estudiantes creen que la gestión de los casos por parte de la URJC no les ha beneficiado. Aún así, este alumno, que obtuvo el doctorado tras terminar el posgrado, asegura que mantendrá en su currículum este título. “No tengo nada de lo que avergonzarme”, concluye.

“No tengo nada de lo que avergonzarme”

Otro de los compañeros de este alumno, el exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Pedro Calvo, no ha querido atender a esta redacción para aclarar si va a tomar alguna decisión tras enterarse en su declaración judicial que le habían evaluado alguna asignatura, a pesar de que él mismo reconoció ante la magistrada que no hizo nada.

“Me matriculé en el máster, pero no fui nunca a clase ni cursé asignatura, no hice ni el huevo”, subrayó. Su nombre figuraba en las actas de convalidaciones de tres asignaturas, en las que también aparecía el nombre de Cifuentes, y que tenían varias firmas falsificadas. “No tengo el título ni nunca lo he usado. Nunca solicité las convalidaciones, hoy he visto mis calificaciones, he visto que obtuve varios sobresalientes”, añadió a los medios tras su declaración.

Después de que el Supremo haya archivado las acusaciones de cohecho y prevaricación administrativa, la magistrada solo está investigando un presunto delito de falsificación documental en el acta de trabajo final de máster que aportó la expresidenta madrileña en su coartada para defender que cursó el posgrado.

Por estos hechos, los únicos investigados son la propia Cifuentes, Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, cuya firma aparece en el acta falsificada, y la asesora de la expresidenta María Teresa Feito, quien presionó presuntamente a las docentes para conseguir una coartada.

Tras la decisión judicial, el compañero de Casado que trabaja para la administración pública considera que la universidad debe de actuar y si finalmente determina que varios alumnos obtuvieron el título sin hacer nada, retirárselo. “Cuando uno recibe un trato de favor, se tendría que revertir la titulación y luego compensar a los que lo obtuvieron de manera lícita”, apunta.

Las compañeras de Montón

Por ahora, este archivo no ha afectado a los estudios de Carmen Montón. La magistrada Rodríguez-Medel solicitó la semana pasada a la URJC documentación sobre su expediente académico, aunque la argumentación expuesta este lunes para archivar el caso máster dificulta el futuro de una investigación centrada específicamente en el posgrado de la exministra de Sanidad.

“No resulta posible circunscribir la decisión del Alto Tribunal al aforado, ni apartarse esta instructora de su superior criterio en lo que es responsabilidad de esta magistrada-juez, a saber, los no aforados, cuando la argumentación le resulta de plena aplicación”, recogió la magistrada en el auto.

Dos de las compañeras de la exministra se pronuncian en la misma línea manifestada por estudiantes del curso de Casado. “El cachondeo está servido y el daño está hecho”, reseña una de ellas. “No tengo palabras, con lo que nos cuesta estudiar y con el dinero que invertí de mis padres”, responde otra. “Si trato a una víctima de violencia de género necesito esa formación así que no hubiera aceptado el regalo”, finaliza esta última.

Una persona no autorizada entró en el sistema de notas de la universidad pública Rey Juan Carlos y cambió dos “no presentado” por dos “notable” a la ilustre alumna Cristina Cifuentes. Durante ese mismo curso académico, alguien le cambió a la exministra Carmen Montón un “no presentado” por un “aprobado” pese a que las actas estaban cerradas. Dos años antes, Pablo Casado se sacó el título sin conocer a sus profesores, sin ir a clase en un posgrado presencial y sin hacer exámenes. Ese mismo curso, su compañera y alumna María Dolores Cancio obtuvo el máster sin hacer nada porque así se lo indicó el propio director del máster, tal y como ella misma confesó ante una jueza.

Todos estos hechos confirmados, y otros más, quedarán sin investigar judicialmente, ya que la magistrada de instrucción Carmen Rodríguez Medel ha archivado el caso Máster que afectaba a Casado, Cifuentes y, previsiblemente, lo hará con el caso Montón una vez reciba la documentación solicitada a la universidad. A menos que la Fiscalía o las acusaciones recurran la decisión o lo reabra la Audiencia Provincial, el peor caso de corrupción universitaria conocido en España no tendrá ninguna consecuencia judicial para los profesores implicados, el director del máster ni los alumnos que se beneficiaron. El Supremo había rechazado días antes investigar a Casado aunque vio “indicios de trato de favor” y, según el criterio de la jueza de instrucción, eso impide seguir investigando a otros alumnos. También archiva la parte que afectaba a los profesores o el director.

Ahora solo sigue su camino la investigación relativa a quién ordenó la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster que la expresidenta de la Comunidad de Madrid mostró en redes sociales. Quién la hizo o la instigó. En esa pieza quedan como imputados Cifuentes, su exasesora Teresa Feito, el director del máster y las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos. También continúa la investigación por posible malversación en el Instituto de Derecho Público (IDP) en el juzgado 30 de instrucción de Madrid. Y en el 29, la causa contra un profesor universitario y dos periodistas de eldiario.es por “revelación de secretos”. A esas tres piezas concretas se reduce el caso de un presunto sistema corrupto que regalaba títulos a alumnos “escogidos”, como relató la jueza Medel en su escrito razonado al Supremo, al menos desde 2008.

Aunque el sistema arbitrario de dación de posgrados no se investigará (salvo reapertura), durante el trabajo de instrucción de Medel se han ido confirmando con testimonios y documentos los mecanismos para, bajo el paraguas de una institución pública, beneficiar a unos alumnos sobre otros.

Queda acreditado que el instituto (creado hace 13 años y hoy cerrado por indicios de malversación y corrupción académica) hizo y deshizo sin control, impartiendo titulaciones oficiales y propias y eligiendo alumnos VIP para “regalarles el título a modo de prebenda o dádiva”, según Medel, pese a que no siguieron el recorrido de mérito académico necesario para conseguirlo que sí hicieron otros estudiantes en esos mismos cursos.

Tal y como explicaron ante la jueza algunos de esos alumnos “ordinarios”, los que sí iban a clase y se examinaban, a ellos nunca les ofrecieron convalidaciones, conservaban correos con entrega y corrección de trabajos y nunca supieron que se podía no asistir a clase o cambiar exámenes por trabajos académicos. Gracias a la instrucción se conoció la historia de uno de los compañeros de Casado, que trabajaba por la mañana y comía un bocadillo en el tren para llegar puntual porque para él el posgrado sí era presencial: “Todo mi tiempo disponible lo dediqué al máster”, contaba a eldiario.es.

Los otros alumnos, los “escogidos”, tenían un recorrido distinto que, aunque previsiblemente quedará impune, era un modus operandi repetido en el IDP. Enrique Álvarez Conde, el “urdidor” según el escrito de Medel, organizaba en su instituto opaco con CIF propio y autonomía total los posgrados que consideraba. No solo de derecho, también los había de sexualidad, policiales o de terapia de pareja. Los recursos para gestionar matrículas y otros gastos corrían de parte de la Universidad Rey Juan Carlos de la que dependía, y él ingresaba las matrículas, organizaba los cursos y conseguía los alumnos.

Cuantos más alumnos, más dinero, de hecho el Instituto engordaba la lista de estudiantes para aumentar su beneficio. Ante la jueza declararon alumnos que ni siquiera sabían que habían aprobado, que en algún momento se matricularon y que desistieron. Sin embargo, en el IDP se encontraron documentos que los reflejaban como alumnos activos, incluso como si hubieran presentado TFM que ni siquiera ellos mismos reconocen. Algunos compañeros de Cifuentes, como el exconcejal Pedro Calvo, mostraron su sorpresa tras ver sus notas aprobadas: “no hice ni el huevo”, confesó este político del PP a la salida del juzgado. Pese a eso, en su expediente constan materias aprobadas que, si nadie lo remedia, seguirán aprobadas.

Los profesores de estos másteres de Álvarez Conde cobraban en torno a 100 euros la hora y dirigir los Trabajos Fin de Máster reportaba unos 200 euros al docente. Los profesores los elegía Enrique Álvarez Conde y entre ellos casi siempre estaban las tres profesoras que firmaban el acta del trabajo de Cifuentes. También repetía como profesor Pablo Chico de la Cámara y se contrataba a la pareja de Álvarez Conde, Rosario Tur, profesora en la Universidad de Elche y secretaria del tribunal también de la dudosa tesis de Francisco Camps.

Una vez organizado el curso y conseguidos los alumnos ordinarios (algunos con subvención pública), era también Álvarez Conde quien decidía qué estudiantes iban a acceder al carril rápido: “Solo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con él”, dice la jueza. Por ejemplo, Cristina Cifuentes y Carmen Montón pudieron empezar en el máster con el curso a medias y pudieron no asistir a clase. Ambas tienen misteriosas convalidaciones que no pidieron y que podrían haber servido como sistema para camuflar aprobados sin mérito académico. Ambas tienen en sus expedientes manipulaciones de nota fuera de plazo. Ese fue presuntamente uno de los sistemas para aprobar a los alumnos elegidos: cambio directo de notas con las actas ya cerradas. Algunos profesores lo denunciaron ante la jueza y señalaron que no reconocen esas notas puestas en sus documentos de calificación.

Pablo Casado, que no tiene manipulación de expediente, sí tiene 18 de 22 asignaturas convalidadas porque había estudiado previamente una carrera, como todos sus compañeros de clase “corrientes” que, sin embargo, declararon no haber podido acceder a ninguna convalidación ya que nadie les informó de esa posibilidad. Con estas convalidaciones masivas, los VIP del año Casado se quitaban buena parte de las materias a estudiar. Es el caso del presidente del PP y de otras tres alumnas que fueron imputadas y que ya no lo están. Una de ellas, María Dolores Cancio, becaria del IDP en el momento en el que cursó el máster, confesó ante la jueza que su entonces jefe, Álvarez Conde, la instó a matricularse pero le dio instrucciones para que no hiciera absolutamente nada. Esta alumna también está desimputada pese a la confesión. Otra era hija de una amiga de Conde y, la tercera, un cargo de la Generalitat Valenciana con Francisco Camps.

El sistema de Álvarez Conde tenía otras maneras facilitar los títulos a sus alumnos elegidos según se desprende de los escritos de la jueza. Por ejemplo, sustituir los exámenes por trabajos, que se destruyen en la universidad normalmente a los cinco años, así que no queda rastro de prueba y la jueza ha tenido que contar con la buena voluntad o no de los alumnos para aportarlos. Cifuentes había perdido su TFM en una mudanza, Carmen Montón no tenía guardados ni los trabajos ni los correos hablando de los trabajos (en su año académico, ninguna alumna hizo exámenes, pero muchas sí conservan los trabajos en sus correos), Pablo Casado enseñó la tapa de sus cuatro tareas académicas y ya ha declarado que no las va a aportar a la opinión pública. Todos hicieron lo que se les pidió, según sus propias explicaciones. De las tres compañeras del presidente del PP, dos dicen que hicieron esos trabajos, que no los conservan y que los entregaron en mano y por eso no tienen rastro electrónico de ellos. Cancio sin embargo confesó que esos trabajos no existen simplemente porque Álvarez Conde le dijo que no hacía falta siquiera hacerlos.

El Instituto, una empresa opaca cuyo director tenía además una empresa privada que la URJC nunca investigó, iba impulsando así los expedientes de sus alumnos favoritos, a quienes los alumnos regulares nunca vieron por clase e incluso otros se enteraron de que eran compañeros de curso por la prensa. Además de los más conocidos, Medel ha investigado a otros estudiantes, como Álvaro Morente, del que también constaban cambios sospechosos de nota y aparecía en la lista de 10 alumnos convalidados con firmas falsas. Ahora ya no hay ningún alumno ni profesor imputado. Ni siquiera Álvarez Conde lo está por construir este sistema de dos velocidades, según acredita Medel.

Una vez aprobados los másteres, de 60 créditos ECTS que equivalen a 1.500 horas de estudio y trabajo académicos, llegaba el momento de la recogida de los títulos, que también tiene anomalías en el caso de algunos alumnos ilustres. Casado ni siquiera lo recogió porque, según él, no lo iba a utilizar. El que recogió Carmen Montón tenía una fecha anómala, el año 2012, cuando ella supuestamente había acabado en 2011, algo que ni la ministra pudo explicar. Cristina Cifuentes intentó que el suyo lo recogiera la misma funcionaria que le cambió las notas, Amalia Calonge, aunque finalmente tuvo que ir en persona porque no había hecho el preceptivo poder notarial. Según el relato de la expresidenta, es al ir a recoger el título en 2014 cuando se dan cuenta de que hay un “error en la transcripción de las notas”, la primera explicación de la URJC, una coartada que quedó desacreditada cuando la profesora Alicia López de los Mozos confesó que todo había sido un montaje y que no había habido ningún tribunal de Trabajo Fin de Máster ni ningún error por tanto.

Aunque el sistema para dar títulos a personas escogidas mientras otras estudiaban ha sido confesado y relatado, y las irregularidades han sido avaladas con documentos y la propia intranet de la URJC, a no ser que se reabra el caso por petición de Fiscalía o las acusaciones particulares, el caso Máster y los posibles delitos que en él concurrieron quedarán impunes tras el cierre de la causa y la desimputación de 19 personas, incluyendo el “urdidor”, profesores y los políticos, amigos y conocidos que se vieron beneficiados por este sistema de favor en esta universidad pública española.

Un rector (Pedro González Trevijano) que se quiso perpetuar en el cargo más allá de lo que permite la ley. Otro dirigente (su sucesor y delfín, Fernando Suárez) que plagió a voluntad, daba clases en un campus ilegal y cobraba complementos por ello. Un tercero (el actual, Javier Ramos) al que se le acumulan los escándalos mientras espera a lo que se publica en los medios. Son solo tres ejemplos entre muchos.

Que la imagen, y con ella el prestigio, de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) está baja es algo en lo que casi todos están de acuerdo. Algunos quijotes, unos pocos activistas, trabajan dentro de sus posibilidades para restaurar el buen nombre del centro denunciando situaciones de abuso para que se conozca lo que ocurre en el centro como primer paso hacia una limpia de imagen que no acaba de llegar.

Su problema es que la regeneración de la URJC solo puede llegar desde la propia URJC. Bien a través del equipo directivo –que o no está haciendo nada o no lo está comunicando– bien a través de una moción de censura al rector. De momento no hay señales que permitan vislumbrar que ninguna de las dos vías esté en marcha.

“La ley orgánica de universidades da autonomía a los centros como reacción a la época franquista”, explica Helena Ancos, doctora en Derecho y miembro del sindicato SAP-UCM. “Las universidades tienen, salvo la dotación de sus presupuestos, autonomía para autogestionarse. Pero los controles económicos no funcionan, y si unimos que los departamentos funcionan por incentivos distintos sin posibilidad alguna de contrapeso entre unos y otros se acaban produciendo estas malas praxis que estamos viendo”, elabora.

Las comunidades autónomas –las entidades que ponen la mayoría de los fondos de los centros– apenas tienen capacidad de maniobra, más allá de participar en los Consejos Sociales de las universidades, los organismos encargados de aprobar las cuentas, pero que tienen poco poder real.

Mirar hacia otro lado

Cuando se pregunta a alguna Consejería de Educación por tal o cual actuación de una universidad, la respuesta es siempre la misma: “Autonomía universitaria”. Si se eleva la petición al Ministerio de Educación, miran hacia abajo: “Las competencias son de las comunidades”. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) no tiene ninguna capacidad legal de actuar en una de sus asociadas, más allá de amenazar a su rector con excluirle del club. Tampoco ha demostrado mucha contundencia cuando ha tenido la oportunidad en casos como el de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes.

Así, con un rectorado encerrado en sí mismo, que solo responde a los escándalos cuando ya han pasado y para anunciar comisiones de investigación (los plagios de Suárez, reiterados y confirmados, nunca tuvieron consecuencias), las herramientas son pocas.

“Las posibilidades de regeneración son mínimas”, explica un extrabajador del centro experto en Derecho. “Existen, pero tendrían que venir de la misma gente que está en los puestos directivos, es absurdo. Aún así, si quisieran intervenir, lo primero es hacer una investigación. Después se trasladaría esa investigación a una autoridad: o al rector o a un juez si hay indicios de delito”, sostiene. En la URJC son expertos en anunciar comisiones de investigación (hubo una para los plagios de Suárez, otra para los másteres de Cifuentes, Casado y Montón) de las que de momento poco se ha sabido. De hecho, en el caso del máster de la ministra de Sanidad, la URJC admitió que estaba investigando el caso, pero no informó de ello hasta que el escándalo fue desvelado por eldiario.es.

A nivel interno, una universidad tiene potestad para sancionar a sus trabajadores, sean funcionarios o no. Puede suspender de empleo y sueldo durante un periodo de tiempo en función de la gravedad de sus faltas e incluso expulsarle definitivamente, según confirman varios expertos.

La única alternativa desde fuera es entrar en el campo judicial, con todo lo que ello conlleva en dilación en el tiempo de la resolución, etc. Cuando se inicia un procedimiento judicial contra un trabajador, el expediente administrativo que pueda tener abierto la universidad queda en suspenso hasta que se cierre la vía judicial, que puede contemplar hasta la inhabilitación para cargo público.

La moción de censura

La única herramienta real disponible dentro de un campus, pero ajena al rectorado para cambiar al equipo directivo, si es que existiera tal voluntad, es la moción de censura en el Claustro. Para ello hace falta que dos tercios de los claustrales (entre ellos hay profesores, personal de administración y alumnos) apoyen la iniciativa. La URJC renovó recientemente los 300 miembros del suyo y antes del verano hubo rumores de moción de censura, cuando el caso Cifuentes estaba en pleno apogeo.

Pero el verano parece haber enfriado los ánimos. Un portavoz de Res Pública, la asociación de estudiantes que más se movió por la moción y que pensaba que contaba con los apoyos al menos para plantearla, explica que los profesores más críticos están desaparecidos. “Había un grupo de profesores que se tendrían que haber estado moviendo, pero por ahora les hemos perdido la pista”, cuenta. Los estudiantes están esperando a que haya un consejo de Gobierno para intentar concretar con cuántos apoyos contarían.

En la sesión constitutiva del Claustro, el pasado mes de julio, los estudiantes hablaron de “regeneración”. Algunos profesores también pidieron al rector que tomara medidas para recuperar el buen nombre del centro. Ramos aseguró que quitarle a él sería “volver al pasado” y defendió que está trabajando por la regeneración.

“Estamos haciendo cambios valientes (...)”, afirmó. “Hablamos de regeneración, de poner esos procedimientos que nos faltan y reglamentos que no tenemos. El Consejo de Gobierno ha ido aprobando cambios para quitar el arbitrio, el sesgo personal a las cosas que se hacen en esta universidad”, afirmó.

“Medieval y arcaico”

Ancos cree que el problema está en los propios sistemas de gobernanza de las universidades. “Es arcaico y medieval y prima la opacidad. Las redes clientelares son muy grandes y hacen muy difícil luchar contra ello”, afirma a partir de sus 20 años de experiencia en la universidad.

El exempleado de la URJC lleva esta afirmación a su centro. “No hay que olvidar por qué se montan estos chiringuitos”, comienza en alusión al Instituto de Derecho Público (IDP), foco de los escándalos de los máster que se están conociendo estos meses. “Beneficiaban a las dos partes, a los políticos, pero también a la URJC. Había un intercambio de favores”, cuenta. Unos sacaban los títulos sin esfuerzo, los otros obtenían dinero de matrículas y un supuesto prestigio.

El alcance de las redes en la URJC se entiende mejor remontándose en la historia de la Universidad. En concreto al origen del campus de Vicálvaro, sede de la Facultad de Derecho y germen de casi todo lo que está ocurriendo en el centro. En el Centro de Estudios Universitarios Ramón Carande empezó todo.

Allí coincidieron, cuando el centro era independiente (antes de pasar a formar parte de la URJC) buena parte de los protagonistas de los escándalos de los máster de la universidad. Allí se tejieron las redes clientelares que denuncian los trabajadores y que llegan hasta nuestros días. Por el Carande pasaron (y se ayudaron unos a otros) el exrector Suárez, el también exrector Rogelio Pérez Bustamante, Teresa Feito, la mediadora de Cifuentes, el profesor del curso Pablo Chico de la Cámara y un largo etcétera.

El Congreso rechaza la comparecencia del actual los rectores de la Universidad Rey Juan Carlos para que expliquen las irregularidades en los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. La Mesa, que es el órgano que pilota la actividad de la Cámara, asume el criterio de los letrados de que el control se limita al Gobierno así como por la autonomía universitaria.

El rector. Javier Ramos, y su antecesor, Fernando Suárez, no tendrán, por tanto, que dar explicaciones en el Congreso, como había solicitado Unidos Podemos tras las revelaciones de eldiario.es sobre las irregularidades de esos cursos del Instituto de Derecho Público.

La portavoz temporal de IU Eva Martínez Sampere ha asegurado que Unidos Podemos volverá a intentar que los rectores comparezcan en el Congreso para dar explicaciones sobre esos casos. En la Mesa no ha habido votación, aunque el único grupo que se ha quejado ha sido el confederal, mientras que PP, PSOE y Ciudadanos han avalado los informes de los letrados.

“El control es al Gobierno”, reiteran desde la Cámara Baja. El rector Javier Ramos ya rechazó una invitación de Podemos en la Asamblea de Madrid para rendir cuentas sobre la situación de Cristina Cifuentes.

La Conferencia de Rectores también se ha mantenido al margen de la investigación a la Rey Juan Carlos amparándose en la autonomía universitaria.

El minsitro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, ha actuado este lunes como apagafuegos en el incendio  declarado por los casos de máster irregulares en la Rey Juan Carlos: “Es demasiado concreto como para que pensemos que en absoluto tiene la universidad que pensar que calidad es menor que antes”, ha dicho el ministro al entrar en la sesión del Consejo de Universidades.

Duque ha restado importancia al escándalo del Instituto de Derecho Público de la URJC donde se había montado un sistema de alumnos privilegiados que accedían a títulos con facilidades. Entre ellos, su excompañera de gabineta, Carmen Montón, la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes y el presidente del PP, Pablo Casado. Según el ministro, estos casos no deberían minar la imagen de la universidad: “La universidad española sigue siendo de mucha calidad. Es un caso muy mediático, pero en absoluto empaña la imagen de la universidad”.

Pedro Duque, que se veía esta jornada con los rectores universitario españoles, ha reiterado que “la URJC no se merece esto” y ha añadido que los alumnos tienen que estar tranquilos a pesar de lo visto en los últimos meses “que no se dejen llevar por este ruido, que pasará”. Además ha tenido palabras para el sector empresarial, las empresas que 

e de La URJC no merece eso. Me gustaría decirles a los alumnos que no se preocupen qu eno se dejen llevar por este ruido que pasará. Y a las empresa que “pensaban contratar a esa universidad, que no se dejen llevar que estamos hablando de un caso muy concreto”

En resumen, el ministro de Ciencia considera que toda la cuestión es de índole menor y que no había manera de detectarlo: “Al final todo esto se reduce a unos casos muy puntuales dentro de un instituto muy concreto y prácticamente a unos casos que algunos alumnos han tenido mejor tratamiento que otros. Eso dentro de unos completos no se hubiera podido detectar. Son cosas muy particulares que están en vías de resolución. 

En poco más de cinco minutos puede detectarse si un trabajo universitario ha sido plagiado. Recurriendo a una serie de programas informáticos que se encargan de cruzar los datos del texto con todas las bases de datos disponibles en la red, cualquier profesor puede descubrir los 'corta y pega' que hayan incluido sus alumnos.

Cuando en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) un profesor recibe una tesis doctoral puede comprobar si existen plagios recurriendo al programa que la universidad pone a disposición de todos los docentes: “En los casos de tesis doctorales, tienen que pasar por ese filtro, pero no ocurre lo mismo con otro tipo de trabajos”, aseguran a eldiario.es desde la universidad pública.

“En la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) todos los docentes tienen a su disposición un programa de detección del plagio que hace comparaciones exhaustivas del texto de la tesis con documentos disponibles en Internet y en las bases de publicaciones científicas”, asegura a eldiario.es por correo electrónico el vicerrector de Coordinación Académica de la universidad, Juan Antonio Huertas.

La Universidad Camilo José Cela (UCJC), que desde este miércoles está presente en todos los medios de comunicación por ser la universidad en la que se encuentra la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se utilizan estos sistemas antiplagio. De hecho, la UCJC y la UAM recurren al mismo servicio que la UCM: Turnitin, una empresa que trabaja con 60 universidades españolas y más de 15.000 clientes en todo el mundo.

“Lo único que tiene que hacer un profesor cuando quiere comprobar la originalidad de un trabajo es subirlo al sistema. En unos cinco minutos se presenta un reporte que se ha hecho de forma automática cruzando múltiples bases de datos”, explica a eldiario.es el gerente territorial de la empresa en España, Lluís Val.

Este sistema cuenta con un triple proceso de comprobación: cruza el trabajo con todo el contenido que puede consultarse de forma gratuita, lo compara con todas las publicaciones que funcionan por suscripción y lo comprueba recurriendo a la base de datos que forman todos los textos que alguna vez han sido analizados en Turnitin. “Ese último análisis es el más eficaz porque hemos conseguido crear una descomunal base de datos de trabajos y conformar un sistema de seguridad intrauniversitario”, asegura Val.

Una de las únicas limitaciones que tienen este tipo de programas es que no pueden trabajar con formatos multimedia, solo pueden analizar y rastrear archivos de texto. A pesar de ello, existen aplicaciones gratuitas que permiten cambiar el formato y los programas antiplagio suelen avisar de que el documento no está en el formato en el que debería.

Cuando los docentes tienen en sus manos el reporte de Turnitin, es el momento de analizar página a página los trabajos para remarcar los posibles plagios y poder argumentarlos con el alumno. Pero ¿cuándo se considera una violación de los derechos de autor? Val destaca que “hay muchos factores que influyen” y que depende del peso que el porcentaje detectado tiene en el conjunto global de la obra. Pero advierte: “Tratar de subjetivizar cualquier escenario de plagio a un criterio numérico es un error. Hay que mirar los datos, analizarlos, y estudiar el trabajo con mucha atención”.

Por tanto, para detectar un plagio no es suficiente con cotejar el trabajo con las diferentes bases de datos; también sería necesario una revisión de los resultados por parte de los docentes interesados. Un punto que destacan desde la UCM: “La valoración de si un texto es cita o es plagio debe tomarla cada profesor basándose en su experiencia profesional y en el trabajo que ha hecho con el alumno”.

Desde la UAM, además de recurrir a Turnitin, confían en la experiencia de sus profesores para detectar esos plagios. “La propia experiencia de los docentes es un buen mecanismo para detectar ideas o escritos que no son propios del autor de la tesis y que no están referenciados”, explica Huertas. Un procedimiento que no anularía la comprobación informática.

“Basta con utilizar un párrafo que no hayas citado correctamente para que podamos hablar de plagio”, asegura a eldiario.es Javier Mayoral, uno de los profesores de la Complutense de Madrid. Para el docente, este es un tema que se ha ido banalizando con el tiempo porque los alumnos “tienden a pensar que el copia y pega es algo normal por ser cada vez más sencillo”.

Mayoral lleva desde el año 2007 dirigiendo tesis doctorales. Desde entonces se ha encargado de siete de ellas y tiene tres en proceso de presentación. Aunque el profesor reconoce que en este tipo de trabajos es “menos frecuente” detectar plagios, sí destaca que los casos aumentan en los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y en los Trabajos de Fin de Máster (TFM). “Y aún es más frecuente en los trabajos que hacen en su día a día”, explica.

La dirección de la Universidad Rey Juan Carlos va a rebufo. A pesar de que en su seno creció durante años el chiringuito académico del Instituto de Derecho Público, hasta el momento esta institución pública hace movimientos para aclarar qué pasaba allí dentro según van estallándole escándalos como el de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o el más reciente de Carmen Montón. Informa cuando ya se ha publicado. eldiario.es preguntó por este último caso antes de su publicación, el viernes 7 de septiembre, y sobre si habían detectado irregularidades, pero la URJC no contestó. Sí informó una vez publicado el caso.

Desde que el rector Javier Ramos salió a defender el máster de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, la Rey Juan Carlos ha tenido que ir reaccionando a medida que afloraban las prácticas irregulares, los tratos de favor al alumnado con privilegios, el descontrol económico…

Ramos aceptó dar la cara públicamente por Cifuentes, junto a su tutor Enrique Álvarez Conde, cuando el 21 de marzo pasado eldiario.es reveló cómo la política obtuvo su posgrado con notas retocadas. La Universidad remitió ese día al equipo de la entonces presidenta documentos para apuntalar su coartada (como el acta de TFM falsificada). Solo un día después llegó una investigación interna, el día 22 de marzo.

Sin embargo, poco se supo de esto hasta que se conoció el 4 de abril, también mediante trabajo periodístico de El Confidencial, que se había fabricado un acta para Cifuentes. Entonces sí, la URJC admitió dos días después que una las profesoras implicada, Alicia López de los Mozos, había confesado el montaje ante la inspección.

Con esa bomba bajo los pies, la Universidad no recurrió a la transparencia pública. La argumentación ha sido habitualmente que con investigaciones internas en curso no pueden concretar nada. La Universidad dijo que remitió algunos detalles a la Fiscalía por si hubiera delito. Lo que sí ha dejado trascender es la apertura de expedientes a algunos funcionarios a los que ha considerado relacionados con el hecho de que se desvelasen las circunstancias anómalas del posgrado de Cristina Cifuentes. También destituyó como director del IDP a Enrique Álvarez Conde y expedientó a Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas a Cifuentes.

Pero, al conocerse poco después –el 10 abril– que el ahora presidente del PP Pablo Casado obtuvo un máster muy similar al de Cifuentes, en el mismo instituto, bajo el paraguas del mismo catedrático y sin aparecer por clase, la URJC deslizó que investigaba toda la actividad de ese organismo y, por lo tanto, también el posgrado de Casado. Esas pesquisas estaban ya en marcha. ¿Alguna conclusión que ofrecer a la comunidad educativa? Hasta el momento, no.

De hecho, el impulso sobre las indagaciones del posible trato de favor hacia el político del PP ha llegado desde el juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Allí, la jueza Carmen Rodríguez Medel recibió la denuncia de Ángela Figueruela, una de las profesoras cuyas firmas fueron falsificadas, según ella misma reconoció, en las convalidaciones múltiples de Cifuentes y otros compañeros de promoción. Ahí, y así, se aceleraron las pesquisas sobre cómo funcionaba el instituto de investigación de la Rey Juan Carlos.

Y, aunque la Universidad admitió que revisaba la titulación –entre otras– de Pablo Casado a principios de abril de 2018, no fue hasta que Rodríguez Medel escuchó al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, en sede judicial que las indagaciones sobre Casado tomaron ritmo y empezaron a dibujar el escenario. Era el 15 de mayo, más de un mes después.

Desvincularse

La línea que ha decidido adoptar la dirección de la URJC es utilizar, al menos, parte de sus investigaciones para desligarse del ya famoso IDP como si fuera un cuerpo ajeno a la Universidad cuando nació con el beneplácito de los dirigentes universitarios. La institución sí publicitó que el rector, Javier Ramos, había “presentado una denuncia ante los juzgados por presunto delito de malversación de caudales públicos” por la gestión económica del mencionado instituto.

Las conclusiones de su informe interno, explicitaron el 24 de mayo, evidenciaban “graves irregularidades” después de que el 3 de abril eldiario.es mostrara que el IDP funcionaba como una empresa opaca, con CIF propio y sin rendir cuentas gracias a la permisividad prolongada durante lustros tanto de los rectores de la URJC (desde Pedro García Trevijano, pasando por su sucesor Fernando Suárez y, finalmente, Ramos) como de la Comunidad de Madrid.

También contaron que se habían detectado “transferencias bancarias a personas” con “parentesco” con Álvarez Conde, cosa sabida gracias a las revelaciones periodísticas desde mediados del mes anterior. Asimismo había quedado patente antes de esta declaración pública que el catedrático Álvarez Conde tenía una empresa dedicada a lo mismo que la institución pública que dirigía: organizar e impartir cursos.

La URJC, dirigida por Javier Ramos, informaba además de que el IDP avalaba todo tipo de seminarios o formaciones: “La mayoría de la docencia que se ofrece nada tiene que ver con su actividad investigadora”. De nuevo se movían a rebufo ya que bastaba con rastrear las docenas de cursos que iban desde detective privado, terapia sexual, gestión deportiva hasta el marketing político que llevaban el sello del instituto. Y así había sido publicado profusamente mucho antes. “El equipo de Gobierno sigue investigando con total transparencia”, argumentaba la URJC entonces.

Acción-reacción

Esta dinámica ha sido especialmente clara durante el caso del máster de la exministra de Sanidad Carmen Montón: la URJC ha ido ofreciendo datos a medida que se ha sentido obligada por las informaciones que contaban las irregularidades del posgrado de Montón.

El 10 de septiembre saltó la noticia: Carmen Montón tenía un máster plagado de sombras cursado en la URJC. En el Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde en 2011 cuando era una diputada relevante del Grupo Socialista. Ese mismo día, la Universidad contaba, por primera vez, que había abierto “una información reservada a principio de junio” sobre el posgrado en Estudio interdisciplinares de género, el de Montón. Es decir, al ver la información publicada salió a explicar que estaban indagando desde hacía meses. ¿Algo más concreto? En absoluto.

Sin embargo, al día siguiente, eldiario.es daba más detalles sobre las irregularidades: el expediente de la entonces ministra había sido retocado meses después del fin del curso, al menos, para una asignatura. Y, de nuevo, a la estela, la URJC volvía a sacar un comunicado en el que informaba de que habían detectado “cambios de notas” en el caso de Montón. Y que revisaba todo para “enmarcar en qué contexto” se habían dado estos retoques. Aunque no se han conocido detalles de ninguno de los expdientes abiertos, informan de que la investigación, llevada a cabo por la inspectora de la URJC Pilar Trinidad, sigue en marcha.

Lo más grave de lo sucedido con Montón ha sido para mí darme cuenta, en el momento de su dimisión, de que no tiene ninguna consciencia de la gravedad de los hechos que la han sacado de un Gobierno que no puede permitirse ni la más mínima falta de decencia por ética y por la decencia prometida, pero también por cálculo electoral. En las aguas en las que el PSOE deberá pescar en las elecciones, sólo el anzuelo de la limpieza y del compromiso con la integridad conseguirá aumentar el volumen de piezas. Esa limpieza, esa honestidad, esa honradez en las acciones que se debe exigir a todo servidor público se llama probidad. No queremos gobernantes cuya única altura sea la de no ser delincuentes. Hay algo más que exigir.

Es duro comprobar que jóvenes políticos, procedentes de las nuevas generaciones, no han logrado aprehender ni aprender en su paso por la Universidad qué sea la probidad intelectual. No hay saber más importante ni más decisivo para la formación del estudiante y futuro trabajador intelectual que la comprensión de este concepto. La probidad académica, la probidad intelectual, es aquel conjunto de principios y valores que forman en la integridad y honradez a la persona en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en su posterior desempeño. El plagio es el peor pecado contra esta integridad, el peor. Robar ideas es más ignominioso que hurtar dos cremas en un supermercado y quienes no hayan aprendido eso en su paso por las aulas son unos ignaros de la decencia intelectual. En la vida académica se aprende que estudiar, compartir conocimientos, citar y basar las propias ideas en las expresadas por otros es una riqueza del intelecto mientras que arrebatarles su propiedad intelectual para provecho propio es una de las peores formas de latrocinio.

La exministra Montón no ha tenido ni ha mostrado el más mínimo signo de sentirse reo de un oprobio que comparte con bastante probabilidad con otras personas públicas que no han mostrado el menor remordimiento en su saqueo de la credibilidad universitaria. Eso es muy duro. No hace ninguna falta acumular títulos vacíos para poder acceder a cargos políticos en una democracia. Ninguna. Hace falta querer servir e incluso saber hacer política, pero el saber no llega con los títulos de oferta. Todo lo que predico de Montón sirve para Casado y para Cifuentes y para todos aquellos que han hecho lo mismo y cuyos nombres aún no sabemos.

Tampoco alcanzo a entender cómo cuando recibió la llamada para formar parte del Gobierno no tuvo la prevención de explicar que también tenía un máster como el de Cifuentes, del mismo Instituto, con los mismos responsables y realizado con las mismas prebendas. Ni cómo pudo insistir en que, igualito que Casado, no hizo nada malo que sólo hizo lo que dijeron. “Hice lo que me dijeron”. No se me ocurre peor expresión en boca de un político o de un gestor de la cosa pública. Hice lo que me dijeron... ¿Sin comprobar nada, sin asegurarse de que era tratada como los demás y de que no había privilegios? Nadie que se maneje en la vida pública puede tener unas tragaderas tan anchas como esas. Hasta el menos avispado debe darse cuenta de que habrá muchos deseando hacerle favores y que no será por su cara bonita. La mínima diligencia impide aceptar lo que es inaceptable y cualquier cosa que se produzca con trato de favor debería ser rechazada. Eso implica no hacer nada en otras condiciones que el resto de ciudadanos y, por supuesto, no aceptar bienes ni servicios por debajo del coste del mercado aunque ese coste sea intelectual.

No sé si son conscientes tampoco del enorme daño que han hecho a multitud de personas que sí han invertido su tiempo, su esfuerzo y su dinero -hasta el que no tenían- para lograr obtener unos conocimientos que les sirvieran en su vida laboral o profesional. Un título no es sino el certificado oficial del esfuerzo hecho y del nivel de conocimiento alcanzado y su valor reside en su credibilidad. ¿Quién va a conseguir que no se vean como papel mojado los certificados expedidos por la Rey Juan Carlos? Si la autonomía universitaria y la proliferación de centros de estudios superiores tiene como consecuencia estas ignominias, entonces no hemos conseguido popularizar y democratizar el acceso al saber sino destruir las posibilidades del humilde de mejorar su posición y ascender socialmente. Flaco favor que no puede pesar sobre las espaldas de un socialista.

Y dado que desde un punto de vista de la decencia, que ha sido adoptado por el Ejecutivo socialista como lema, no quedaba otro remedio que actuar así, lo cierto es que este esfuerzo de coherencia y de cumplimiento no tendrá tampoco malas consecuencias. Es cierto que el presidente ha tenido que dejar caer a una persona que le ha sido fiel desde el principio, y la fidelidad como virtud tampoco abunda, pero también es cierto que la posición política en la que queda el jefe de la oposición, enfangado en los mismos lodos y con la acechanza de un procedimiento penal, es más que una herida abierta en su relato. Aquellas esperanzas en que el Congreso no concedería el suplicatorio -“el PSOE no lo votará, tiene una ministra en el mismo caso”- se han estrellado contra la coherencia aunque ésta se escriba con dolor.

La mayoría de los ciudadanos exigimos probidad, personal e intelectual, y la amenaza del oprobio sobre aquel que ose no practicarla puede ser un acicate incluso más fuerte que una Justicia lenta y sobada. Los mecanismos de control deben ser revisados y, sobre todos ellos, los periodistas, algunos, seguiremos ejerciendo la función que nos fue conferida: la de controlar al poder, no la de lamerlo.

La dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón por las irregularidades de su máster ha trasladado la presión al presidente del Partido Popular. Desde primera hora de este miércoles, los portavoces del PP han intentado remarcar las diferencias entre la ya exministra y Pablo Casado. El principal argumento que esgrimen los conservadores es que ambos casos “no son iguales” porque el presidente del PP no plagió sus trabajos.

“Lo que se está poniendo en cuestión sobre el máster del señor Casado no son sus trabajos ni si ha habido falsificaciones”, aseguró el vicesecretario del PP Javier Maroto en la Cadena Ser, donde volvió a defender que “Casado es una víctima” y que no tiene por qué enseñar sus trabajos, que aún oculta. Sin embargo, sí hay plagios en el currículum del presidente del PP.

Tal y como ya publicó en exclusiva eldiario.es a finales de julio, Pablo Casado plagió páginas enteras para un capítulo de un libro que publicó en 2012 el Ministerio de Exteriores. El hoy presidente del PP copió y pegó párrafos completos de la web del Congreso de los Diputados. El capítulo de Casado en ese libro se titula ‘La democracia parlamentaria“ y está prologado por el exministro José Manuel Soria, dimitido por ocultar sus empresas en paraísos fiscales. El libro está editado por Exteriores en la Colección de Escuela Diplomática, y se titula ‘Retos de nuestra acción exterior: diplomacia pública y marca España’.

El corta-pega de Casado es sistemático. Cuatro de las nueve páginas recogen párrafos completamente plagiados. Y en ningún momento se cita o se entrecomilla la procedencia original de los textos: varias páginas divulgativas dentro de la web del Congreso sobre la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, el Consejo de Europa o la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Párrafos completamente calcados se intercalan con otros que incluyen ligeras modificaciones, pero todos ellos siguen exactamente el mismo patrón y estructura que la web del Congreso de los Diputados. 

La explicación que aportó ante este plagio el Partido Popular es que Pablo Casado no necesitaba citar porque la web del Congreso no está firmada. “Se trata de información institucional y pública que en el propia web aparece sin autor”, sostuvieron a eldiario.es desde el entorno del presidente del PP. Sin embargo, esos textos sí tienen autores: funcionarios del Congreso de los Diputados que elaboran y actualizan los materiales de la web. Así lo confirmaron a eldiario.es fuentes de la Cámara que explican que estos textos se publican tras una revisión del letrado director de las Cortes. El contenido recogido en su web está protegido bajo una licencia de Creative Commons que implica que cualquier persona pueda utilizarlo con la condición de citar la fuente. Los textos se publicaron en esta web cinco años antes de que Casado publicase su artículo. 

El líder conservador está pendiente de una posible imputación por parte del Tribunal Supremo después de que una investigación judicial, iniciada a consecuencia del trabajo periodístico de eldiario.es, demostrara que había recibido un título de máster sin cumplir los requisitos pertinentes en el Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde en la URJC, el mismo centro donde obtuvieron sus títulos de máster fraudulentos la imputada Cristina Cifuentes y la dimitida Carmen Montón. Álvarez Conde sigue imputado por los delitos de falsedad documental y prevaricación. En las declaraciones ante el juez, varios de los investigados le han señalado como el responsable de esas prácticas.

Tal y como explicó en su escrito al Supremo la juez que investigó su máster, Casado, igual que Cifuentes y otros alumnos VIP, recibió un claro trato de favor respecto al resto de los compañeros de promoción. No fue a clase. No elaboró ningún trabajo de fin de máster. Convalidó la inmensa mayoría de las asignaturas a través de una vía que solo se ofreció a los alumnos “escogidos” por Álvarez Conde, como los llama la juez. Sacó el máster con sobresalientes solo con cuatro trabajos cuyo contenido no ha querido enseñar. Otra alumna, imputada por el mismo máster y con las mismas convalidaciones y sobresalientes sin ir a clase que Casado, ya ha confesado ante la juez que le regalaron el máster sin realmente cursarlo ni hacer ningún trabajo a cambio.

Pese a las irregularidades en su expediente y sus plagios previos, Pablo Casado sigue negándose a difundir sus trabajos en el máster de la URJC. Solo ha enseñado las carátulas de los mismos y no hay ninguna evidencia de que los realizara en el año en el que cursó ese título.

En un primer momento, en rueda de prensa, Casado aseguró que había recuperado esos trabajos porque los guardaba en un viejo ordenador portátil que conservaba pero, después de que la jueza que investiga el máster pidiese al Supremo que ordenase un peritaje informático de ese viejo portátil, desde el PP han afirmado que ven “difícil” que ese ordenador aparezca.

Decía Pablo Casado: “Viva el rey. Me parece bueno que nos vayamos acostumbrando (...), incorporándolo a la conversación de la calle o la universidad”. Yo no veo necesario que los universitarios lancen vivas al monarca. Más útil sería que los estudiantes vieran que aquí no hay vividores. Que no existe doble vara de medir entre los que sacrifican una parte de su vida para completar un currículum y los vivillos con expediente académico de pega.

El máster de Casado, el de Cifuentes, el de Carmen Montón… La carrera de Derecho del líder del PP, la tesis de Pedro Sánchez… El inicio de curso, tan sufrido para unas cuantas familias, coincide con la polémica sobre el currículum de algunos políticos. El debate no puede caer en el “y tú más”. Urge la máxima transparencia de todos y dejar de desprestigiar el esfuerzo que supone conseguir un título para la gran mayoría.

La educación pública lleva unos cuantos años sufriendo graves ataques como los recortes. Solo le faltaba el desprestigio provocado por las trifulcas de algunos dirigentes, convirtiendo la enseñanza en el pim pam pum de la política. Es urgente la transparencia, la asunción de responsabilidades y dejar de dar espectáculos bochornosos con la Educación de fondo. La melé de los expedientes académicos la están viendo los alumnos que pagan más tasas y los padres que hacen cuentas para pagárselas.

Recorte de becas, de maestros, aumento de estudiantes por aula, de asociados, del precio de las matrículas, menos presupuesto en la pública y más en la concertada y la privada… Son daños que la Educación ha ido sufriendo, que pagan alumnos expuestos después a un futuro laboral más incierto y más precario, para tener que pagar después el sueldo a dirigentes que deberían dar ejemplo.

La investigación periodística de eldiario.es ha vuelto a poner de manifiesto que el comportamiento de algunos cargos públicos dista mucho de estar a la altura. Lejos de ser transparentes, mantienen la mentira hasta el final. Nos tratan como si fuéramos bobos. Montón se fue insistiendo en que no hubo irregularidades, recibió el apoyo del presidente y Pablo Casado aprovecha para decir que él ya dio explicaciones. Cuando todos hemos visto sus facilidades con la carrera, las convalidaciones, el máster… No vemos, por el contrario, las pruebas concluyentes.

Al común de los mortales no le dan un título sin ir a clase, con notas manipuladas, convalidaciones masivas, no solicitadas, trabajos que no aparecen, plagiados o que no se pueden enseñar. Que lo sepan los políticos pillados. Al españolito corriente, si le trincan, le hacen pagarla a la primera de cambio. Ni está aforado, ni es inmune, ni puede parapetarse en un escaño o en un partido político, para que le defiendan queriendo convencernos de que dos y dos no son cuatro. El ciudadano de andar por casa, si le entregan titulaciones a pedir de boca, sabe que le está echando mucho morro.

Las revelaciones de eldiario.es han sido un ejemplo de periodismo de calidad y valiente. Y sin excesivos medios. Disponen de más los que tienen poder y cargos de relevancia. Precisamente por eso, también, deben ser ejemplares. La transparencia ha vuelto en los exámenes de septiembre y algunos siguen suspendiendo. Si, como dijo Casado, “cuando abrimos un colegio, estamos diciendo viva el rey”, cuando mantenemos una mentira algunos siguen queriendo vivir del cuento.

El PSOE pasa al ataque contra Pablo Casado tras la dimisión de Carmen Montón por las irregularidades de su máster. “Pido su dimisión como responsable político”, ha sentenciado la número dos del partido, Adriana Lastra. Los socialistas han dado un giro a su discurso tras la renuncia de la ministra de Sanidad, a la que señalan como muestra de “ejemplaridad”, a pesar de que inicialmente Pedro Sánchez apostaba por mantenerla en su cargo.

“La exigencia ética en democracia se ha ejemplificado con la dimisión de la ministra Carmen Montón”, ha expresado Lastra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso: “Lo que ha hecho la compañera Carmen Montón es indicarle el camino a Pablo Casado”.

Sánchez pretendía mantener a la ministra al frente de la cartera de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a pesar de las irregularidades de su máster. Buena parte de la dirección del PSOE y del propio Gobierno advirtieron al presidente de que era una decisión equivocada basándose precisamente en que perdían la “coherencia” frente a la situación del líder del PP, cuyo máster está bajo investigación judicial.

Tras la dimisión de Montón, Gobierno y PSOE aprovechan la coyuntura para desmarcarse del PP. Sánchez ha marcado el camino en la sesión de control: “Nosotros asumimos nuestra responsabilidad política. La señora Montón eligió el camino de la ejemplaridad y la asunción de responsabilidades políticas que a otros tanto les cuesta emprender”, ha expresado en una alusión velada a los conservadores.

Los socialistas no pidieron la dimisión del líder del PP a pesar de que la jueza que investiga las irregularidades de la Universidad Rey Juan Carlos a raíz del escándalo de Cristina Cifuentes, pero ahora pasan al ataque y trasladan la presión sobre Casado. Durante la polémica sobre Montón, uno de los argumentos que esgrimieron desde Moncloa para defenderla es que no era el mismo caso que el del líder del PP ya que estaba en los tribunales.

“Quien tiene un problema es Pablo Casado. Si no estuviera aforado, hoy estaría imputado”, ha asegurado Lastra, para quien la segunda dimisión del Gobierno en apenas 100 días de vida no es una debilidad sino “un síntoma de ejemplaridad”.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha pronunciado en esa misma línea en una interpelación parlamentaria sobre la intención del Gobierno respecto a la eliminación de los aforamientos: “Si ciñésemos los aforamientos y la inmunidad a determinados aspectos, al ejercicio de los cargos o de los hechos cometidos en el propio cargo, a lo mejor el señor Casado estaría imputado como el resto de sus compañeros de máster”, ha expresado.

Delgado se ha reafirmado en sus palabras después de una queja de la portavoz del PP, Dolors Montserrat, que ha reclamado la retirada de esa expresión del orden del día: “Si no tuviéramos las normas que tenemos en relación a las inmunidades en el sentido que las tenemos, el señor Pablo Casado estaría imputado”, ha insistido. El Ministerio de Justicia está estudiando ya una “racionalización” de los aforamientos de cargos públicos.

La tesis de Sánchez: “No tiene nada que ocultar”

El PSOE traslada así toda la presión sobre Casado tras el terremoto interno por las irregularidades de Montón. Sin embargo, Ciudadanos está intentando mantener el foco sobre la cúspide de los socialistas al alimentar las dudas sobre la tesis doctoral del presidente, a quien Albert Rivera ha reclamado que haga pública.

“La tesis está publicada conforme a la legislación y está colgada en Teseo”, ha contestado el presidente en referencia a la plataforma de Educación en la que se conservan las tesis doctorales. No obstante, en el caso de Sánchez solo figura un resumen y solo está disponible para consulta en la Universidad Camilo José Cela.

“El presidente no tiene nada que ocultar”, le ha defendido su número dos, que ha acusado a Ciudadanos de actuar como “muleta” del PP.

Un cordón sanitario para proteger a su líder. Nada más conocerse la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, el PP ha puesto en marcha una operación para desligar en todo lo posible este caso, que se ha llevado por delante a otra ministra de Sánchez en menos de 100 días, del que acorrala al presidente del partido, Pablo Casado. La principal baza de los conservadores es repetir que en el asunto de Casado no se ha acreditado “ni plagios, ni falsedad documental, ni manipulación de notas”, como ha defendido esta mañana en una entrevista en Cadena Ser el vicesecretario popular Javier Maroto.

“[En el caso de Montón] se descubrieron plagios y falsificaciones en sus notas. Esas son las dos cuestiones que llevaron al PSOE a cambiar de opinión y ninguna de esas dos cuestiones aparecen en el caso del señor Casado. Esto hace que la señora Montón mantenga una posición imposible de sostener y que afortunadamente no sucede con Pablo Casado”, ha abundado Maroto, que insiste en que “nadie ha puesto en duda los trabajos de Casado”, documentos que se ha negado a entregar a la prensa en reiteradas ocasiones y que no encuentra en su ordenador. El vicesecretario intenta reducir el asunto de Casado a “las convalidaciones” y “si se daban a él por ser una persona conocida o era un criterio habitual, como sostenemos en el PP”.

La estrategia del PP pasa por presentar a su líder como una persona “inocente” sobre la que se terminará demostrando que ha sido una “víctima”. “Todas las acusaciones contra él se han ido desmoronando, mientras que con la ministra ha sido al revés. Las dudas han ido creciendo y hasta el propio presidente ha tenido que aceptar que no podía seguir ni un minuto más en el cargo”, remarcó unos minutos después de la dimisión el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Maroto ha ido un paso más este miércoles, anticipando que el Supremo pudiera investigar el caso. En ese escenario, ha dejado claro, seguirían defendiendo a su líder porque confían en que se demostrará que “es una víctima, como otros alumnos de una univerisdad que desea facturar mucho y tener muchos alumnos”.

Casado ignora el asunto en la sesión de control

Mientras sus compañeros de partido han salido a defenderle, Casado directamente ha obviado el asunto de la dimisión de Montón en la sesión de control. No ha hecho ninguna referencia al asunto que copaba las portadas de los medios y que se había producido tan solo doce horas antes de su 'cara a cara' con el presidente, que dio su apoyo a la ministra hasta el final.

Sí se ha pronunciado después de la sesión, preguntado por los periodistas, pero su estrategia es la misma: tratar de diferenciarse del caso de la exministra. “Escuché a la ministra decir que no todos los casos son iguales y, en efecto, en este caso hubo una supuesta falsedad de documento público y del propio registro de las notas que probablemente ha hecho que haya precipitado su dimisión”. Ha insistido el presidente de los conservadores que está “muy tranquilo” porque su máster en la URJC no tiene “nada que ver”.

El líder del PP ha evidenciado una hoja de ruta clara: evitar que se hable de los estudios de otros al menos hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Casado ha evitado pronunciarse también sobre el otro tema del día, que ha sacado a relucir Ciudadanos: la tesis de Sánchez. Su argumento es que mientras se habla de eso, se obvian otros temas relevantes que afectan al Ejecutivo.

“Ayer fue un día en lo personal complicado, difícil, porque he perdido a una amiga como ministra que estaba haciendo una extraordinaria labor”. Es la confesión que ha hecho Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno. Lo ha hecho después de que Albert Rivera modificara completamente el asunto de la pregunta que tenía prevista para echarle en cara que el Ejecutivo haya vetado una ley de Ciudadanos que pretendía, entre otras cosas, que se hagan públicos todos los trabajos de fin de máster y las tesis doctorales. Rivera presiona al presidente para que dé a conocer su tesis.

Sánchez, que pretendió aguantar a Carmen Montón hasta el final pese a las irregularidades de su máster, ha usado el discurso que una gran parte de su equipo le advertía iban a perder si la ministra de Sanidad se quedaba: “Asumimos nuestra responsabilidad”, le ha contestado el presidente.

Rivera ha optado por la estrategia de desgaste al presidente sembrando dudas sobre su tesis doctoral: “Hay dudas razonables sobre la publicación de sus tesis. Es de los pocos que hace una tesis y la oculta”. “Si estamos ante el caso Montón, Cifuentes, Casado, no podemos estar ante un caso presidente. Le invito a que haga pública su tesis doctoral”, le ha retado el líder de Ciudadanos tras echarle en cara que el Gobierno vetara la tramitación de su propuesta de ley universitaria para forzar la publicación de tesis doctorales y proyectos de fin de máster.

A pesar de la advertencia de Ana Pastor de que el presidente no tenía por qué responder acogiéndose al reglamento del Congreso dado que la pregunta no versaba sobre el tema previsto en el orden del día, Sánchez ha contestado a Rivera: “Tienen una suerte de incapacidad política y jurídico-técnica para presentar las leyes ante este Congreso”, la ha espetado el presidente. El criterio del Ejecutivo para vetar la ley de Ciudadanos es que conlleva un incremento presupuestario de cinco millones de euros para el ejercicio en curso y emplaza a la formación de Rivera a presentarla estableciendo que su entrada en vigor será efectiva en el año siguiente.

Sobre su tesis doctoral, Sánchez ha asegurado que está publicada en Teseo, la plataforma del Ministerio de Educación que aglutina esos textos universitarios. No obstante, esa web solo tiene registrado el resumen de 'Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012)', cuyo autor es Sánchez, y se remite a su depósito en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. La monografía no está disponible para préstamo en el centro privado sino que solo se puede consultar en persona.

Casado omite la dimisión de Montón

Sánchez también se ha enfrentado al presidente del PP, Pablo Casado. Ha sido un primer 'cara a cara' en el que se han reprochado mutuamente sus rectificaciones, pero en el que el líder conservador, con un máster bajo investigación judicial, ha obviado la más reciente del presidente: su apoyo a la ministra de Sanidad apenas cuatro horas antes de su renuncia.

“Solo acierta cuando rectifica”, le ha dicho Casado, tras referirse a la marcha atrás del Gobierno respecto a la defensa del juez del procés Pablo Llarena, en la posición respecto a la inmigración, o en la cancelación de la venta de armas a Arabia Saudí que ha puesto en riesgo un contrato multimillonario de Navantia.

“Si entramos en el territorio de los cambios, yo le he visto gritar que no hay papeles para todos y al día siguiente estrechar manos de los subsaharianos en el puerto de Algeciras, he visto al secretario general del PP, decir en un medio que él mismo estaría dispuesto quitar lazos amarillos en Catalunya y a usted en cambio reprocharle al señor Rivera habérsele adelantado”, ha comenzado Sánchez: “Siento que la llegada de un Gobierno progresista, socialista, de izquierdas haya supuesto un trauma para la derecha, pero se van a tener que acostumbrar a los cambios”, le ha contestado el presidente.

Casado había insistido previamente en que Sánchez llegó al Gobierno “sin ganar las elecciones” y con “el peor resultado del PSOE” apoyado por Unidos Podemos, los independentistas y “hasta los batasunos” y le ha reprochado que acerque a presos de ETA a cárceles de Euskadi o que los presos independentistas estén ahora en prisiones de Catalunya “por orden de Torra”. Casado, que ha echado en cara al presidente previsiones que ya eran conocidas con Mariano Rajoy en Moncloa, como la bajada de turistas, ha asegurado que la “hipoteca” la pagan los españoles. “La economía va bien y la política, mejor”, le ha contestado el presidente.

Cristina cursó el máster de estudios interdisciplinares de género con la exministra Carmen Montón, aunque no tenía constancia de ello hasta que eldiario.es publicó las irregularidades del posgrado de la política socialista. Tal como asegura la antigua titular de la cartera de Sanidad que hizo, esta mujer de 34 años compaginó las clases con su trabajo en una empresa en un municipio de Soria.

Sin embargo, Cristina reivindica que ella sí que tuvo que ir a clase, lo que suponía ir y volver a Madrid tres días cada dos semanas. Aprobó todas las asignaturas en primera convocatoria, a diferencia de Montón. Sin embargo, la nota no difiere mucho: ella tiene una nota media de 8,65 y la política, 8,43. En una entrevista con eldiario.es, que concedió antes de la dimisión de la extitular de Sanidad, asegura que lamenta las consecuencias que pueda tener sobre su currículum esta polémica.

¿Recuerda haber visto a Montón en clase?

No, no me suena. No recuerdo que hubiera nadie “especial” en la clase.

¿Cómo funcionaba el máster?

Asistíamos a clase. Cada módulo lo impartía un especialista en género o en una materia determinada. Me pareció algo muy interesante, gente que sabía mogollón de lo que hablaba, muy amena. Creo que el profesorado elegido tenía una reputación, cada uno en su campo le daba credenciales para ser un buen profesor.

¿Cómo recuerda la asistencia a clase?

Íbamos dos tardes, jueves y viernes, y luego el sábado íbamos por la mañana, creo que era cada quince días. Había que asistir a las sesiones, era intenso. Era un máster al que había que ir. Era presencial. Yo de hecho estaba trabajando y tenía que pedir permiso en el trabajo.

¿Qué horario tenía en su trabajo?

Trabajaba de 8 a 13h y de 15 a 18h pero no en Madrid, en una empresa en un municipio de Soria.

¿Cómo conseguía ir a clase?

Cuando tenía clase en el máster me tenía que trasladar a Madrid. Tenía que pasar ahí la noche. Lo que pasa es que mi hermano y mi marido estudiaban ahí y me quedaba en su piso.

¿Se quedaba los tres días en Madrid?

Tres o dos. Sí que recuerdo que alguna vez podías faltar a alguna clase. Tienes un porcentaje de faltas justificadas. 

¿Cómo recuerda la presencialidad? ¿en algún momento le plantearon que no era obligatorio ir a clase y que podía faltar a módulos completos?

No, la verdad es que recuerdo que nos dijeron que era presencial, que había que asistir pero es verdad que de alguna manera podían dar alguna flexibilidad. De alguna manera tenías que asistir, yo asistí.

¿Era posible una flexibilidad que permitiese no asistir a un cuatrimestre entero como sucedió con Montón?

No. Total, no. No, no, no. Lo que recuerdo por mi experiencia es que el límite estaba en el 80%. A lo mejor no iban a llevar a rajatabla ese porcentaje, que si el 80% suponen cinco clases y has faltado seis, no te iban a fastidiar el máster. Es una flexibilidad que todos entendemos, que nos podemos encontrar en un centro de trabajo. En ningún momento nos dijeron que esto podía ser un módulo a distancia. De hecho, yo tenía que gestionar en mi trabajo que me iba a Madrid cada quince días. Y si lo hubiese podido hacer a distancia, no me hubiese metido yo en esos jaleos

¿Qué suponía para usted tener que ir a Madrid a estudiar?

En mi trabajo, tenía que justificar que iba a un máster, y de alguna manera me estaban regalando horas, no recuerdo si me las descontaban de mi sueldo, de mis vacaciones o si las tenía que recuperar. Me dieron flexibilidad para poder ir a Vicálvaro.

Si hubiese tenido esa posibilidad de cursarlo a distancia, como planteó la exministra, ¿hubiese ido al campus todos los días que acudió?

No, habría ido menos. Los sábados sí que habría ido, pero evidentemente no habría pedido permiso en mi trabajo para estar haciendo un máster presencial.

¿Cómo se siente al enterarse que había alumnas a las que le permitían no cursar un cuatrimestre completo?

Te sientes discriminada o que te hacen de menos. No me parece justo que no se le de a todo el mundo la misma oportunidad. Creo que si hay una opción no presencial lo suyo es planteárselo a todo el mundo.

¿A usted en ningún momento se lo plantearon? ¿tenía constancia de esta modalidad?

No. Sí que había flexibilidad, pero no hasta el punto de no aparecer.

Teniendo en cuenta el funcionamiento de las clases, ¿era posible en su máster que sin asistir al primer cuatrimestre alguien haya sacado la misma nota que usted?

Si te mandan los materiales y te los trabajas, no lo sé. Puede ser. Las clases las veía como una experiencia de alguien que sabe más que tú, es enriquecedor. Aunque también creo que a distancia se pueden hacer trabajos muy buenos. No estoy de acuerdo en que si no existe esa modalidad se pueda hacer así, pero yo no he visto los trabajos que ha hecho esa señora.

¿Cómo recuerda los trabajos? ¿extensos? ¿cortos?

Excepto el trabajo final, que fue más extenso, eran pequeñas prácticas. Recuerdo que había pequeños módulos, pero no recuerdo que fueran en cada módulo trabajos extensos.

¿De cuántas páginas estamos hablando?

Los que menos, cinco o siete páginas; y los que más, 20.

La exministra habló de trabajos de uno o dos folios....

No, no. De una o dos caras, no.

 ¿Cómo se entregaban esos trabajos?

Online. Creo que a través de correo electrónico.

¿Era posible entregar el TFM sin las asignaturas aprobadas?

No lo sé porque yo tenía todas las asignaturas aprobadas.

¿Sería posible haber aprobado el máster solo con un TFM?

Lo suyo es aprobar todos los módulos. Solo con un TFM no se puede aprobar un máster, primero tendrás que aprobar los módulos y luego presentar el trabajo.

¿En algún momento os plantearon la opción de convalidar alguna asignaturas?

No, yo a la vez estaba haciendo un título propio en género y políticas de igualdad entre hombres y mujeres de 600 horas y no se convalidó nada. Yo no tengo ningún tipo de convalidación.

¿Cree que se hubiese percatado de la presencia de la portavoz socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso en su clase?

Creo que sí hubiese llamado la atención, y si yo no me hubiese percatado algún compañero sí que lo hubiese comentado. Al final todos hablábamos de dónde veníamos y a dónde íbamos. No tengo relación, pero al final quien estaba haciendo el máster preguntaban por qué estás aquí o por qué estudias esto.

¿Considera que esta polémica le puede perjudicar?

Sí, claro que perjudica y si concedo esta entrevista es porque lo que más me interesa reivindicar es que a la gente que no se nos conoce se nos ha exigido presencia, realizar los trabajos, no se nos ha regalado nada y las notas que tenemos, a criterios del profesor, la tenemos porque nos las merecemos. Que a una persona se lo hayan regalado no quiere decir que nos lo hayan regalado a todos.

Lo que nos hace distintos a unos y otros no es solamente decir que “no todos somos iguales”, sino actuar de modo diferente. La ministra Carmen Montón, si quería ser diferente, podría haber denunciado las facilidades que le estaba ofreciendo una pequeña organización corrupta al amparo de una universidad pública, en lugar de aceptarlas. Eso es lo que haría alguien distinto que ni propone ni acepta que se le trate de manera excepcional.

Por ejemplo, en lugar de decir “hice lo que se me pidió” podría haber hecho lo que se esperaba: exigir la igualdad académica predicando con el ejemplo y no prestarse a ningún carril rápido. No hace falta ser un experto universitario para saber que empezar con el curso a medias y aprobar seis asignaturas con nota sin conocer a los profesores no es una vía normal. Tampoco es normal entregar un TFM de 50 páginas con 19 plagiadas y sacar sobresaliente.

No sé en qué universidades han estudiado algunos de nuestros políticos, pero en las públicas españolas por lo general hay un profesor por asignatura, con el que se trata, que pone un examen o trabajo al alumno, que lo entrega, y se lo devuelven con una nota. Es un mecanismo fácil y comúnmente compartido. Para una mujer como Montón, representante pública y licenciada en medicina, no debía ser tan difícil distinguir entre ir a clase y no ir, o entre presentarse a asignaturas o no, entre exponerse a ser calificada o no. Entre hacer lo que había que hacer o hacer lo que “se me pidió”.

Si hubiera ido más a clase (un par de veces, según una alumna, y tres veces según una profesora), se habría dado cuenta de que esa veintena de chicas que estaban en el aula hacían trabajos de hasta 17.000 palabras. Lo habría sabido y quizás así hubiera podido darse cuenta de que el suyo no era el sistema común. Hubiera visto que leían textos largos y hacían comentarios, hubiera podido comprobar cómo preparaban su trabajo de investigación. Pero no se dio cuenta o no se quiso dar o no lo pensó, solo hizo lo que se le pidió, sin darle más vueltas.

También hubiera sido distinta a “todos” si, cuando un medio puede acreditar todo esto, en lugar de huir hacia adelante en una comparecencia llena de falsedades, hubiera pensado, hubiera hecho autocrítica y hubiera pedido disculpas. Sería muy diferente si, en lugar de justificarse a sí misma, Montón hubiera sido capaz de pensar que quizás se equivocó, que quizás se aprovechó del sistema que la había elegido. Un sistema público que no es suyo, es de los ciudadanos, y que seguirá siendo nuestro mientras que los políticos se suceden.

Hubiera sido distinto también si hubiera admitido que no tiene ningún control sobre el caos de su expediente (convalidación no pedida, fecha del título errónea, nota manipulada). Algo que solo puede pasar si no has sido tú, sino otros, quienes lo han construido y gestionado. Muy distinto sería si hubiera podido contestar a algo, ministra, algún detalle al que aferrarse, más allá de unos correos sobre cómo es la matrícula. Matricularse y constar como alumna no es prueba de nada más allá de que te has pagado un máster. Del esfuerzo y el precioso camino de superación, compañeros, investigación y esfuerzo que llevan a completar 12 asignaturas y un TFM no se ha podido acreditar rastro. Así que para que nadie pueda decir que es usted igual que otros había que hacer un acto de fe y creer que toda esa documentación probatoria se ha perdido. Pero los párrafos plagiados del esfuerzo de otras mujeres no han podido caer solos en su trabajo, eso ya no hay cadena de mails que lo arregle. 

Todo sería distinto si la ministra Montón no hubiera confundido adrede papeles huecos con documentos relevantes (igual que Cifuentes) y no hubiera intentado confundir al público con declaraciones ofendidas (igual que Cifuentes), mintiendo sobre lo que le dijo a los periodistas (igual que Cifuentes) o achacando todas las irregularidades a la universidad pública (igual que Cifuentes). Quizás no sean todos iguales ministra, pero usted se ha parecido mucho a aquellos que critica y nada a aquellos a los que tenía que servir.

María Luisa Carcedo será la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil sustituye a Carmen Montón tras su dimisión por las irregularidades de su máster.

Pedro Sánchez ha reaccionado con rapidez para que no coleara la crisis abierta por la dimisión de Montón y ha tirado de un valor seguro dado que Carcedo ya tenía un puesto en el Gobierno, como alta comisionada, además de que formaba parte de la Ejecutiva del PSOE como responsable de Sanidad. La cartera de Bienestar Social la ocupó en el anterior mandato de Sánchez.

Nacida en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) en 1953 y licenciada en Medicina y Cirugía, Carcedo está muy vinculada políticamente al presidente del Gobierno, al que apoyó en las primarias del PSOE frnete a Susana Díaz. Ese apoyo le costó su relación con el presidente asturiano, Javier Fernández, a quien había estado muy unida, pero tomaron caminos diferentes en la batalla que partió en dos a la organización.

Carcedo fue la impulsora de una de las propuestas estrella del programa electoral del PSOE: el ingreso mínimo vital. Al frente del alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil aprobó el Programa VECA, con el que duplicó los fondos para comedores escolares y campamentos para los niños durante el verano.

El nombramiento se produce tras la renuncia de Montón, que se resistió a hacerlo inicialmente, ante las irregularidades de su máster. “Los españoles y españolas tienen un magnífico presidente y para que esta situación no influya le he comunicado su dimisión”, ha explicado Montón en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas. Sánchez le había trasladado su respaldo apenas cuatro horas antes.

La ya exministra ha insistido en su comparecencia en que no ha cometido ninguna irregularidad en el máster de estudios interdisplinares de género cursado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.

La dimisión de Montón se ha precipitado este martes después de que se conociera que copió al menos 19 páginas de su Trabajo de Fin de Máster de diferentes documentos publicados en Internet, tal y como ha adelantado la Sexta.

Con la ya exministra hemos hecho exactamente lo mismo que antes hicimos con Cristina Cifuentes y Pablo Casado. Lo mismo que volveremos a hacer la próxima vez

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La ya exministra de Sanidad Carmen Montón obtuvo un máster en la Universidad Rey Juan Carlos de forma completamente irregular. Sin ir apenas a clase, con notas manipuladas, con convalidaciones no solicitadas y con un trabajo plagiado: un copia y pega sin rubor, con el que obtuvo un sobresaliente que nunca se mereció.

La entonces diputada recibió en el chiringuito académico de Enrique Álvarez Conde y Laura Nuño un claro trato de favor, fuese solicitado o no. Un privilegio por ser vos quien sois: entonces diputada del partido en el Gobierno. Para otras alumnas anónimas, el máster ni se pareció.

En esta investigación de eldiario.es, nos hemos encontrado con el clásico patrón y el comportamiento habitual de los máster regalados en la URJC: cambio de notas fuera de plazo, convalidaciones fantasma, privilegios para los alumnos VIP... No todas estas irregularidades son achacables a Montón. Pero ella sí fue la beneficiada de todas ellas.

También las excusas eran las mismas. “Hice lo que me pidieron”. Igual que Cifuentes, igual que Casado. Para cualquier estudiante normal, habría sido evidente que lo que pedían a Montón a cambio de ese título oficial no era el mismo esfuerzo que paga un alumno convencional.

A Carmen Montón le regalaron un título sin merecerlo. Y esto es culpa de Laura Nuño y del resto de los responsables de este chirinquito de la URJC. Pero Montón pudo rechazar ese regalo y no lo hizo. Aceptó ese trato de favor.

Conocía desde hacía algún tiempo a Carmen Montón. Nos llevábamos todo lo bien que se puede llevar un periodista con un político en activo, una relación que nunca puede ser de amistad. Pudo haber sido una buena ministra de Sanidad. Fue ella quien revirtió la privatización de los hospitales valencianos, quien ahorró millones a esa administración autonómica con su apuesta por los genéricos. Era una de las mujeres más progresistas en el gobierno de Sánchez. Era la ministra a la que odiaba todo el sector de la sanidad privada y os confieso que me caía bien.

Confiaba en su palabra, hasta que hace justo una semana me mintió. Fue en su despacho, el pasado martes, en presencia de mis compañeras Raquel Ejerique y Laura Galaup. Primero nos contó que iba a todas las clases. Cuando le explicamos que solo una alumna de cinco la recordaba, y solo por un par de días, nos dijo que se incorporó en octubre. Cuando le contamos que tampoco la recordaban los profesores nos contó que empezó en diciembre.

Una hora después nos admitió que, hasta enero de 2011, por las clases de su máster no pasó.

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Con Carmen Montón hemos hecho exactamente lo mismo que antes hicimos con nuestras investigaciones sobre los máster de Cristina Cifuentes y Pablo Casado. Lo mismo que volveremos a hacer la próxima vez. Caiga quien caiga, gobierne quien gobierne, eldiario.es cumplirá con su obligación de fiscalizar los abusos del poder.

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