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La Rey Juan Carlos lleva meses investigando los másteres de Casado, Montón y Cifuentes sin aportar resultados

La Universidad reacciona y ofrece alguna explicación según estallan las irregularidades de sus posgrados. Mientras, mantiene silencio

Admitió que analizaba el máster de Montón desde junio y que había detectado anomalías solo tras desvelarse los problemas del curso de la exministra, pero no cuando se les preguntó  

El impulso a la revisión del máster del presidente del PP, Pablo Casado, llegó desde un juzgado un mes después de que la URJC dijera que lo inspeccionaba

El primer expediente fue el de Cristina Cifuentes, que se abrió el 22 de marzo, un día después de que el rector avalara la coartada de la expresidenta

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El rector de la Universidad Rey Juan Carlos confirma el fraude en el máster de Cristina Cifuentes. EFE

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos al confirmar el fraude del máster de Cifuentes. EFE

La dirección de la Universidad Rey Juan Carlos va a rebufo. A pesar de que en su seno creció durante años el chiringuito académico del Instituto de Derecho Público, hasta el momento esta institución pública hace movimientos para aclarar qué pasaba allí dentro según van estallándole escándalos como el de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o el más reciente de Carmen Montón. Informa cuando ya se ha publicado. eldiario.es preguntó por este último caso antes de su publicación, el viernes 7 de septiembre, y sobre si habían detectado irregularidades, pero la URJC no contestó. Sí informó una vez publicado el caso. 

Desde que el rector Javier Ramos salió a defender el máster de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, la Rey Juan Carlos ha tenido que ir reaccionando a medida que afloraban las prácticas irregulares, los tratos de favor al alumnado con privilegios, el descontrol económico…

Ramos aceptó dar la cara públicamente por Cifuentes, junto a su tutor Enrique Álvarez Conde, cuando el 21 de marzo pasado eldiario.es reveló cómo la política obtuvo su posgrado con notas retocadas. La Universidad remitió ese día al equipo de la entonces presidenta documentos para apuntalar su coartada (como el acta de TFM falsificada). Solo un día después llegó una investigación interna, el día 22 de marzo.

Sin embargo, poco se supo de esto hasta que se conoció el 4 de abril, también mediante trabajo periodístico de El Confidencial, que se había fabricado un acta para Cifuentes. Entonces sí, la URJC admitió dos días después que una las profesoras implicada, Alicia López de los Mozos, había confesado el montaje ante la inspección.

Con esa bomba bajo los pies, la Universidad no recurrió a la transparencia pública. La argumentación ha sido habitualmente que con investigaciones internas en curso no pueden concretar nada. La Universidad dijo que remitió algunos detalles a la Fiscalía por si hubiera delito. Lo que sí ha dejado trascender es la apertura de expedientes a algunos funcionarios a los que ha considerado relacionados con el hecho de que se desvelasen las circunstancias anómalas del posgrado de Cristina Cifuentes. También destituyó como director del IDP a Enrique Álvarez Conde y expedientó a Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas a Cifuentes.

Pero, al conocerse poco después –el 10 abril– que el ahora presidente del PP Pablo Casado obtuvo un máster muy similar al de Cifuentes, en el mismo instituto, bajo el paraguas del mismo catedrático y sin aparecer por clase, la URJC deslizó que investigaba toda la actividad de ese organismo y, por lo tanto, también el posgrado de Casado. Esas pesquisas estaban ya en marcha. ¿Alguna conclusión que ofrecer a la comunidad educativa? Hasta el momento, no.

De hecho, el impulso sobre las indagaciones del posible trato de favor hacia el político del PP ha llegado desde el juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Allí, la jueza Carmen Rodríguez Medel recibió la denuncia de Ángela Figueruela, una de las profesoras cuyas firmas fueron falsificadas, según ella misma reconoció, en las convalidaciones múltiples de Cifuentes y otros compañeros de promoción. Ahí, y así, se aceleraron las pesquisas sobre cómo funcionaba el instituto de investigación de la Rey Juan Carlos.

Y, aunque la Universidad admitió que revisaba la titulación –entre otras– de Pablo Casado a principios de abril de 2018, no fue hasta que Rodríguez Medel escuchó al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, en sede judicial que las indagaciones sobre Casado tomaron ritmo y empezaron a dibujar el escenario. Era el 15 de mayo, más de un mes después.

Desvincularse

La línea que ha decidido adoptar la dirección de la URJC es utilizar, al menos, parte de sus investigaciones para desligarse del ya famoso IDP como si fuera un cuerpo ajeno a la Universidad cuando nació con el beneplácito de los dirigentes universitarios. La institución sí publicitó que el rector, Javier Ramos, había "presentado una denuncia ante los juzgados por presunto delito de malversación de caudales públicos" por la gestión económica del mencionado instituto.

Las conclusiones de su informe interno, explicitaron el 24 de mayo, evidenciaban "graves irregularidades" después de que el 3 de abril eldiario.es mostrara que el IDP funcionaba como una empresa opaca, con CIF propio y sin rendir cuentas gracias a la permisividad prolongada durante lustros tanto de los rectores de la URJC (desde Pedro García Trevijano, pasando por su sucesor Fernando Suárez y, finalmente, Ramos) como de la Comunidad de Madrid. 

También contaron que se habían detectado "transferencias bancarias a personas" con "parentesco" con Álvarez Conde, cosa sabida gracias a las revelaciones periodísticas desde mediados del mes anterior. Asimismo había quedado patente antes de esta declaración pública que el catedrático Álvarez Conde tenía una empresa dedicada a lo mismo que la institución pública que dirigía: organizar e impartir cursos.

La URJC, dirigida por Javier Ramos, informaba además de que el IDP avalaba todo tipo de seminarios o formaciones: "La mayoría de la docencia que se ofrece nada tiene que ver con su actividad investigadora". De nuevo se movían a rebufo ya que bastaba con rastrear las docenas de cursos que iban desde detective privado, terapia sexual, gestión deportiva hasta el marketing político que llevaban el sello del instituto. Y así había sido publicado profusamente mucho antes. "El equipo de Gobierno sigue investigando con total transparencia", argumentaba la URJC entonces. 

Acción-reacción

Esta dinámica ha sido especialmente clara durante el caso del máster de la exministra de Sanidad Carmen Montón: la URJC ha ido ofreciendo datos a medida que se ha sentido obligada por las informaciones que contaban las irregularidades del posgrado de Montón.

El 10 de septiembre saltó la noticia: Carmen Montón tenía un máster plagado de sombras cursado en la URJC. En el Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde en 2011 cuando era una diputada relevante del Grupo Socialista. Ese mismo día, la Universidad contaba, por primera vez, que había abierto "una información reservada a principio de junio" sobre el posgrado en Estudio interdisciplinares de género, el de Montón. Es decir, al ver la información publicada salió a explicar que estaban indagando desde hacía meses. ¿Algo más concreto? En absoluto. 

Sin embargo, al día siguiente, eldiario.es daba más detalles sobre las irregularidades: el expediente de la entonces ministra había sido retocado meses después del fin del curso, al menos, para una asignatura. Y, de nuevo, a la estela, la URJC  volvía a sacar un comunicado en el que informaba de que habían detectado "cambios de notas" en el caso de Montón. Y que revisaba todo para "enmarcar en qué contexto" se habían dado estos retoques. Aunque no se han conocido detalles de ninguno de los expdientes abiertos, informan de que la investigación, llevada a cabo por la inspectora de la URJC Pilar Trinidad, sigue en marcha.    

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