El delito fiscal es el tipo penal de los ricos. Y no podía faltar en el juicio a los Pujol. La semana ha vivido un intenso duelo de peritos que ha provocado los mayores daños hasta ahora en las defensas. No porque la palabra y los cálculos de los funcionarios de la Agencia Tributaria supongan automáticamente una condena (el tribunal también ha escuchado argumentos de descargo de los expertos contratados por los abogados de los Pujol), sino porque se ha comprendido de qué se acusa a dos de los hijos del expresident. No es poca cosa.

La historia de los Pujol con Hacienda viene de lejos y durante décadas estuvo marcada por el ghosting. En su famosa carta de confesión, el expresident reconoció que su familia mantuvo oculta al fisco una fortuna familiar durante 30 años, incluidos los 23 de su mandato en la Generalitat. Según su versión, a la que solo sus acólitos dan credibilidad, era la herencia del abuelo Florenci.

Los hermanos regularizaron “deprisa y corriendo” los fondos en Andorra, tal y como declaró en el juicio el asesor fiscal de los Pujol, tras ver los saldos en la portada de El Mundo el 7 de julio de 2014 (brigada política del PP mediante). Oleguer, Pere, Marta y Mireia se pusieron, por fin, al día con Hacienda. Oriol ya había cedido el dinero años atrás a su hermano Jordi porque le incomodaba por su carrera política, según contó al juez instructor.

Habitualmente, los juicios por delitos fiscales terminan en conformidad, es decir, con un acuerdo entre la Fiscalía, Hacienda y las defensas. El poderoso acusado admite el fraude, evita así pasarse muchas horas en un sitio tan incómodo como un banquillo y se salva de la cárcel (un lugar donde abundan los pobres). A cambio, el Estado consigue un buen dinero gracias a las multas e indemnizaciones por los impuestos impagados.

La regularización de los fondos de parte de los hermanos Pujol, por la que pagaron sus correspondientes multas y recargos, implica que no estén acusados de delito fiscal. Tampoco el padre, pues su caso ha prescrito. ¿Por qué delitos se podía proceder contra ellos? Dos clásicos: asociación ilícita y blanqueo de capitales. Dos tipos penales con los que es más difícil llegar a un acuerdo que el fraude a Hacienda.

Aquí han empezado los problemas para la Fiscalía. El testigo clave de la acusación, el investigador jefe de la Policía encargado de sustentar la tesis acusatoria, no tuvo sus mejores días cuando le tocó declarar.

No todo hay que achacarlo a la torpeza policial: el silencio de clase empresarial ha permitido mantener el velo a muchas de las malas praxis del pujolismo. Y, aunque a veces se mezclen, una cosa es lo que se logra en un juicio y la otra el reproche ético al hombre que dio lecciones de moral desde el Palau de la Generalitat. El caso a los Pujol ha desnudado comportamientos familiares difícilmente compatibles, terminen siendo delito o no, con la rehabilitación política que pretende el expresident y que le brindan algunos de sus rivales.

El policía apenas mencionó al expresident y a los hermanos que no son Jordi Pujol Ferrusola, cuyos desmanes empresariales solo posibles por su apellido (cobró 14 millones de euros en ocho años, la mayoría procedentes de contratistas de la Generalitat) han monopolizado la vista.

El juicio a los Pujol es más bien el juicio a Jordi Júnior. Más allá del hecho conocido de tener un dinero oculto en Andorra, no se ha visto prueba (ni de cargo, ni de descargo) sobre el padre y la mayoría de hermanos.

En suma, más que solidificar los indicios del caso (como sí pueden hacer los policías en sus declaraciones), el investigador de los Pujol corroboró el carácter vaporoso de la acusación de asociación ilícita contra la familia.

Por el contrario, los peritos de la Agencia Tributaria que sustentan la acusación por delito fiscal contra Josep y Jordi sí aportaron una explicación clara sobre el fraude fiscal: ambos hermanos ocultaron parte de sus rentas al fisco y obtuvieron con ello ganancias no justificadas.

Los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de Hacienda, en funciones de auxilio judicial, defendieron con argumentos y datos su tesis, aunque con algunos reproches innecesarios al abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, a quien uno de los peritos afeó que le estaba sometiendo “a un examen”. El magistrado que preside el tribunal, José Ricardo de Prada, tuvo que volver a tirar de paciencia y talante y pedir tranquilidad a todo el mundo.

En el caso de Jordi, el engaño consistió, según los peritos, en que tributó a través de sus empresas y no por IRPF. Un clásico en las causas por delito fiscal. Más espectacular es el origen del fraude fiscal atribuido a Josep: mover 900.000 euros en metálico entre dos bancos andorranos, en una bolsa con 10.700 billetes de 50, 100, 200 y 500 euros que pesaba 10 kilos, y volver a ingresarlos en la cuenta inicial, para un préstamo que Hacienda cree simulado. Ocurrió todo el 9 de diciembre de 2009 en una plaza del principado.

Además de sus propios peritos, que negaron el fraude, las defensas presentaron al tribunal una batería de argumentos de descargo (la inspección de la Delegación de Hacienda en Catalunya favorable a sus tesis o la “expresa reserva” de las autoridades andorranas a que la información bancaria del país enviada a España se usara en investigaciones por este tipo penal). Sea cual sea la decisión del tribunal sobre el delito fiscal, al menos se entendió.

“He recibido a Jordi Pujol. Fue una forma de diferenciar su etapa como president de las cuestiones que puedan rodear a su familia y eventualmente a él mismo. El señor Jordi Pujol, durante 23 años, tuvo el apoyo mayoritario de la ciudadanía de Catalunya y el país avanzó. Y lo digo yo, que formo parte del partido que lo combatió”.

Así se pronunció hace un mes el president de la Generalitat, Salvador Illa, en RTVE. Más allá de la importancia que Illa da a la institucionalidad, sus palabras suponían un nuevo paso relevante en la rehabilitación política que, partidarios y rivales, han procurado al fundador de Convergència. Y lo hacía a las puertas del juicio en la Audiencia Nacional contra la familia por el origen de su fortuna que arranca este lunes.

¿Es posible diferenciar al Pujol president del Pujol defraudador (confeso y prescrito) cuando en su etapa al frente la Generalitat mantuvo dinero oculto a Hacienda?

La pregunta sobrevuela la política catalana de los últimos años y, a día de hoy, se está resolviendo más de forma afirmativa que negativa, como muestran las palabras de Illa. Tras el ostracismo que siguió a la confesión en 2014, Pujol ha vuelto a recibir aplausos en público y a ser un poco protagonista. También lo será del gran acto judicial en la Audiencia Nacional, pero estará ausente.

Salvo giro de última hora, este mismo lunes el tribunal confirmará el criterio de los médicos forenses y dejará a Pujol, de 95 años, fuera del juicio al presentar un deterioro cognitivo que le impide defenderse de forma adecuada. Antes de archivar el caso contra él, el tribunal quiere examinar al expresident, que comparecerá por videoconferencia desde Barcelona tras ser dado de alta de una neumonía.

Será un juicio a los Pujol sin Pujol. La razón se encuentra en la tardanza de la Audiencia Nacional en señalar fecha para celebrar el juicio. La causa estaba casi lista para la vista en octubre de 2021, cuando las defensas replicaron los escritos de acusación en los que la Fiscalía llega a pedir 29 años de cárcel para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

Desde entonces, un expurgo de datos personales que se ha alargado más de lo normal provocó que la causa no se elevara a la sala de enjuiciamiento hasta octubre de 2023. Expurgada la causa, han transcurrido más de dos años para poder celebrar el juicio, que se alargará hasta el próximo mes de mayo. El paso del tiempo no solo tiene efectos jurídicos. En esta larga espera Pujol ha sufrido un ictus y ha visto deteriorada su salud hasta el punto de ser inviable su presencia en el juicio.

La exculpación de Pujol por su avanzada edad conllevará que quede liberado de toda responsabilidad penal por el caso. Pero no evitará que la vista sea algo parecido a una revisión de la trastienda del pujolismo: durante meses, la Audiencia Nacional escuchará a dos centenares de testigos para conocer qué recuerdan (si es que recuerdan algo) sobre la gestión de los fondos en Andorra, y las obras públicas concedidas por la Generalitat a empresas tras la intermediación, comisión mediante, de Jordi Pujol Ferrusola.

La hipótesis acusatoria de la Fiscalía (los Pujol se sirvieron de su poder en la Generalitat para tejer una red de influencia) es difícil de probar por el largo tiempo transcurrido. Las defensas, además de negar que haya consecuencias penales en los negocios investigados, jugarán además la carta de la prescripción de los delitos. Y también alegarán las maniobras de la brigada política del PP contra la banca andorrana para obtener los datos bancarios de la familia que precedieron a la confesión de Pujol.

De la confesión a la rehabilitación

Pujol concibió su carta de 2014 como una forma de perdón o expiación ante la sociedad, pero no funcionó. Todo el mundo, incluso otros patas negras de Convergència, renegó de él. Artur Mas, su sucesor, anunció que le retiraba los honores. Del cráter Pujol emanaba un humo oscuro del que Convergència se quería desvincular. Por si no fuera suficiente, el caso Palau convirtió en hechos probados judicialmente el mayor secreto a voces de Catalunya, desveló que no era el 3 sino el 4% y fue la puntilla al partido fundado por una generación de jóvenes catalanistas y antifranquistas como el expresident.

Las turbulencias en forma de registros y la información sobre las cuentas de los Pujol que remitió a Andorra contribuyeron a mantener al expresident en un segundo plano, alejado de la vida pública. Durante los años de ostracismo, Pujol seguía recibiendo a gente en su despacho del centro de Barcelona. Pero siempre de forma discreta.

El procesamiento en 2020, sumado a los años en los que la causa ha estado paralizada, comportó un cambio de estrategia. Pujol dio un paso al frente y en 2021 publicó su testamento político en forma de libro. En la obra reconoció su preocupación por las repercusiones de su “fallo” en su legado político y que “los valores y las actitudes para la generación de un proyecto colectivo” queden “heridas”. El expresident estaba inquieto por cómo pasaría a la historia.

En el contexto político de superación del colapso generado por el procés, empezaron a surgir las voces que reivindicaban el pujolismo y su habilidad para combinar el punto justo de confrontación retórica con el Estado y alcanzar grandes acuerdos con el Gobierno, y ser influyente en la vida política española, como lo fue el expresident.

A la mejora de imagen de la familia también ayudaron los indicios más que evidentes de que hubo presiones de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy a la banca andorrana para obtener sus datos bancarios. La Justicia nunca ha querido investigar esas maniobras ni tampoco colaborar con la magistrada andorrana que sí quería indagar en ellas.

Su edad avanzada, la inactividad de la causa judicial y el fracaso del proceso soberanista resultaron una mezcla de elementos propicia para el retorno de Pujol. Lo hizo en actos de significación política con aroma convergente, un partido que ya no existía. En 2023 avaló con su presencia la candidatura de Xavier Trias, alcaldable de Junts en Barcelona que había sido conseller de varios de sus gobiernos y uno de sus representantes en el Congreso.

Después vino el acto del 90º aniversario del Parlament, y le siguieron otros eventos, como homenajes a catalanistas destacados con motivo de su fallecimiento, como el exdiputado de CiU Joan Descals o el expresidente del Parlament Joan Rigol.

También tuvo espacio para lanzar arengas propias del tiempo en que lo era todo, como ocurrió en 2024 en la conmemoración del 50 aniversario de la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el 17 de noviembre de 1974 en Montserrat (Barcelona). En un auditorio lleno de antiguas figuras de la política catalana, como Artur Mas o Núria de Gispert, que reivindicaron a Pujol como “padre de la nación catalana moderna”, el expresident recordó a los suyos que Catalunya “no será independiente”.

Aunque en público quisiera mostrarse como el Pujol que fue, a medida que pasaban los años le costaba cada vez más seguir una conversación. Ganas no le faltaban de ir a la Audiencia Nacional, según explicó su hijo Oriol, pero su deterioro cognitivo lo ha hecho inviable. El juicio al pujolismo se celebrará sin Jordi Pujol.

Llegó a acaparar portadas y llenar telediarios, pero su final parecía que no iba a llegar nunca. El juicio a la familia Pujol Ferrusola empieza este lunes en la Audiencia Nacional. Ha pasado tanto tiempo desde que se abriera la causa que, salvo sorpresa de última hora, su principal protagonista, Jordi Pujol Soley, president de la Generalitat durante 23 años, quedará fuera del juicio por su deteriorado estado de salud.

Solventada la última vista de la Gürtel, el caso Pujol es el más añejo de los juicios pendientes de la corrupción de la pasada década en España. Mientras el país aún tiritaba tras la mayor crisis económica de la historia y se preparaba para el verano, una carta del expresident provocó un terremoto. Así empezó todo.

25/07/2014. La carta que sacudió España

Tras reuniones con sus hijos (y con varios abogados cuyas recomendaciones desoyó), Pujol confesó. La versión de la familia en el juicio que empieza el lunes es la misma que el expresident mantuvo en su misiva. La fortuna (que el expresident no cuantificaba en la carta) era fruto de una “deixa” (legado, en su traducción más aproximada al castellano) del abuelo Florenci.

“Mi padre Florenci Pujol i Brugat dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero –diferente al comprometido en su testamento–, rendimiento de una actividad económica de la que ya se ha escrito y comentado, y que no se encontraba regularizado en el momento de su muerte en septiembre de 1980, se destinara a mis siete hijos y a mi esposa”. Así empezaba la carta, de 575 palabras, con la que Pujol hundió su reputación (aunque más de una década después ha conseguido que partidarios y detractores incluso lo reivindiquen como político).

El expresident reconoció que mientras sus hijos no alcanzaron la mayoría de edad fue el “responsable legal” de no haber regularizado los fondos en el extranjero, cuya gestión confió a una “persona de máxima confianza”. La admisión del “error original” vino acompañada de una petición de “perdón” y “expiación” a la sociedad catalana. Con su misiva, Pujol también brindó a la Justicia una palanca legal para investigarlo después de dos años de maniobras de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del PP y de una denuncia de Victoria Álvarez, la examante de su hijo Jordi Pujol Ferrusola.

26/09/2014. La bronca de los Pujol al Parlament

Fueron los tiempos de ostracismo de Pujol. Incluso entre sus pares de Convergència, se convirtió en una figura repudiada. La sociedad catalana quería más respuestas del exmandatario (que siempre fue algo más que un president) que una escueta carta de perdón. El Parlament celebró, primero, una sesión extraordinaria de la comisión de asuntos institucionales y, después, una comisión de investigación sobre la corrupción y Pujol fue de sus primeros comparecientes.

La sesión es de las que todavía se recuerdan. Lejos del tono expiatorio de su carta, Pujol fue más Pujol que nunca. Abroncó a los diputados por sus preguntas y dejó una advertencia (o amenaza): “Si se toca la rama de un árbol caerán todas”. Sí aportó un dato nuevo: la herencia del abuelo Florenci ascendía a 140 millones de pesetas.

El resto de miembros de la familia que pasaron por la comisión de investigación no ayudaron a mejorar la imagen de los Pujol: con un tono bronco y despectivo hacia los representantes de los catalanes, el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, alardeó de su riqueza, mientras que Marta Ferrusola lo desmintió y aseguró que su familia “no en té ni cinc” (no tiene ni un duro).

27/01/2015. El president ante la jueza

Los jueces empezaron a indagar. No era la primera vez que Pujol estaba en el punto de mira de la Justicia. Tres décadas antes, el president ya declaró por el desfalco de Banca Catalana. Pero las presiones políticas y los jueces impidieron que la querella de los fiscales Mena y Villarejo siguiera adelante.

La fecha ya forma parte de los libros de historia: el 27 de enero de 2015, Pujol declaró ante una jueza de Barcelona imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. La tesis fue la misma que en la misiva: el expresident insistió en que se había desentendido de los fondos ocultos del abuelo en el extranjero. Su gestión había sido encomendada a gestores que ya habían fallecido.

2015-2017. Registros legales y el intento de adulterar el caso

La jueza de Barcelona se encontró en un callejón sin salida por la falta de respuesta de las autoridades andorranas, que, sin embargo, sí colaboraron con el magistrado de la Audiencia Nacional que investigaba las comisiones millonarias cobradas por el primogénito. Así que todo el caso viajó a Madrid, donde se conformó la macrocausa que se juzgará ahora.

Fueron los años de los registros en los domicilios de los Pujol, de decenas de interrogatorios a empresarios y de comisiones rogatorias al extranjero que ayudaron a perfilar la cuantiosa fortuna de la familia. De especial interés resulta la información brindada por Andorra: en el año 2000, en una cuenta titularidad del expresident, se ingresaron en efectivo 307 millones de pesetas que no se declararon. Hacienda calculó que el fraude fiscal del expresident ascendía a 885.651 euros, pero ya estaba prescrito.

En paralelo a la información obtenida con arreglo a la ley, la brigada política del PP también quiso adulterar el caso Pujol. En abril de 2016, en el juzgado de la Audiencia de Nacional tuvo entrada un informe basado en un 'pen-drive' cuyo origen malicioso hizo saltar las alarmas al juez, que rápidamente lo expulsó del caso para evitar que lo contaminara. El exjefe policial Eugenio Pino terminó condenado en firme, en lo que a día de hoy sigue siendo la única condena por la Operación Catalunya.

16/07/2020. Fin de la instrucción

Tras una investigación tortuosa, en la que se plantearon hasta tres responsables del manejo de los fondos ocultos de la familia (el propio Pujol, su mujer y, finalmente, el primogénito), el juez procesó a la familia por organización criminal, blanqueo de capitales y otros delitos. A la espera de lo que diga la sentencia, ni el juez instructor ni la Fiscalía se creen la teoría del legado y vinculan la fortuna familiar a la corrupción orquestada por la familia aprovechando la presidencia de la Generalitat de su padre.

Según expuso el magistrado José de la Mata, la familia Pujol Ferrusola aprovechó su “posición privilegiada” en la vida política, social y económica catalana durante décadas “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Parte de esas actividades, subraya el juez, coincidieron en el tiempo con la presidencia de la Generalitat que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

La procedencia del patrimonio familiar, señaló el juez, proviene de distintas fuentes, en algunos casos desconocidas y otras fruto de la corrupción. Esta misma tesis mantiene la Fiscalía, que reclama hasta 29 de cárcel para el primogénito por asociación ilícita, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Para el resto de hermanos las penas solicitadas son de 14 años para Josep Pujol Ferrusola y ocho años para Oriol, Oleguer, Marta, Mireia y Pere Pujol Ferrusola.

Cuatro años de parálisis judicial

Además de las fechas concretas, resulta remarcable el periodo de inactividad de la causa Pujol en la Audiencia Nacional. Tras presentar su escrito de conclusiones la Fiscalía y la Abogacía del Estado en mayo de 2021, le siguieron los escritos de las defensas reclamando la absolución en octubre del mismo año, un plazo habitual.

Más dificultades hay en explicar el lapso de cuatro años que han pasado desde que todo estaba preparado para el juicio a su efectiva celebración. Es cierto que hubo que expurgar parte de los documentos del caso por la información personal que contenían y que se tardó más de lo previsto, pero finalmente el juez instructor elevó el 31 de octubre de 2023 el caso a la Sala de lo Penal, la encargada de fijar la fecha del juicio. Por el camino la fiscal anticorrupción que capitaneó el caso y lo tenía todo en la cabeza, Belén Suárez, ascendió al Supremo en 2024. Y una de las acusadas, la mujer del expresident, Marta Ferrusola, ha fallecido.

En círculos judiciales barceloneses se han sucedido las hipótesis sobre el retraso: desde que la Audiencia Nacional perdió interés en el caso una vez completada la instrucción hasta que el tribunal esperaba a si el expresident (que ha cumplido 95 años) moría antes de fijar la fecha del juicio.

24/11/2025. El juicio

En plena turbulencia judicial por la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, en la sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid), los siete hijos de Pujol y una decena de empresarios se sentarán en el banquillo. Las sesiones durarán hasta el jueves, para proseguir el 9 de diciembre y ya luego, a partir de 2026, dos semanas al mes hasta mayo.

Ante el tribunal desfilarán más de 200 testigos, en lo que supondrá una revisión a la cara oscura del pujolismo y al gran secreto a voces durante años en Catalunya: los negocios que su familia, en especial su hijo mayor, hizo mientras ocupaba el cargo. ¿Legado o corrupción? La pregunta sobre el origen de la fortuna de los Pujol es posible no sea respondida del todo en el juicio.

El expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha aportado tres informes médicos y ha solicitado a la Audiencia Nacional que avalúe su estado de salud para determinar si puede someterse al juicio sobre el origen de su fortuna que tiene previsto su inicio el próximo 24 de noviembre en la sede del tribunal especial en San Fernando de Henares (Madrid).

Tal y como ha avanzado El País y ha confirmado elDiario.es, la defensa del expresident, que ejerce el penalista Cristóbal Martell, ha aportado los informes médicos para que el tribunal decida si ve apto a Pujol para afrontar el proceso. No se trata de pedir directamente que quede exento del juicio por su edad o condición cognitiva, sino que sea el tribunal el que valore su capacidad para ser juzgado y defenderse con todas las garantías.

Lo que sí ha solicitado la defensa es que el expresident no tenga que acudir presencialmente al juicio en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), sino que pueda seguirlo de forma telemática desde Barcelona.

En declaraciones a SER Catalunya, el doctor del expresident, Jaume Padrós, ha considerado “más que razonable” la petición de la defensa, sin añadir más comentarios dado el secreto profesional que le impide revelar el estado de salud de un paciente.

El expresident, de 95 años, sufrió un ictus en 2022. En los últimos actos públicos a los que asistido, como la conmemoración de la Diada de Catalunya el pasado 11 de septiembre, lo ha hecho ayudado de un caminador para andar. No esconde el deterioro que, como es habitual en las personas de avanzada edad, sufre su salud.

La Audiencia Nacional juzgará a Pujol y a sus siete hijos del 24 de noviembre de 2025 y el mes de mayo del año que viene por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias. Por el contrario, la Abogacía del Estado no acusa al expresident, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

La tarde del 25 de julio de 2014, muchos españoles leyeron una noticia que les dejó en shock. Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya y fundador de Convergència i Unió (CiU), hegemónico en el Govern durante 23 años, emitió un comunicado con una confesión inaudita: el reconocimiento de que durante décadas su familia había ocultado dinero en el extranjero.

La confesión de Pujol llegó después de que, durante días, informaciones publicadas por El Mundo apuntaran a un cuantioso patrimonio de la familia en paraísos fiscales. La versión de Pujol es que el dinero oculto procedía de una herencia del abuelo Florenci, en ningún caso de la corrupción política.

Nadie creyó su comunicado –especialmente la idea de que el grueso del capital evadido lo constituyera una deixa del abuelo–, y su reputación se desmoronó. Caía así un padre de la patria: la catalana, pero también la española, pues el partido de Pujol había sido decisivo para estabilizar la democracia en los primeros 80 y, además, había puesto con sus votos tanto a Felipe González (1993) como a José María Aznar (1996). Así lo narra también la cinta Parenostre, con guion del productor televisivo Toni Soler –que ya había guionizado hace más de una década la revuelta de 1934 en Barcelona– y bajo la dirección de Manuel Huerga, que se estrena en cines este lunes 14 de abril.

La película aborda los hechos de la tarde previa, el 24 de julio, en la que los Pujol, reunidos en casa del patriarca, reciben por parte de los periodistas de El Mundo la noticia de que al día siguiente se publicará un reportaje sobre su patrimonio oculto. Es a partir de este punto que Parenostre desarrolla su trama, con Josep Maria Pou en el papel de Jordi Pujol y Carme Sansa en el de Marta Ferrusola.

El filme se centra en la reacción de los integrantes de la familia ante el anuncio, que cae como una bomba: en menos de 24 horas toda España sabrá quién era en realidad el líder catalán y un velo caerá de los ojos de todos aquellos catalanes –muchos– que hasta entonces habían visto en Pujol una figura paternalista y protectora, totalmente confiable.

Algunos flashbacks nos retrotraen al pasado de Pujol padre, militante antifranquista, pero también creador de la Banca Catalana, un proyecto de oscura trayectoria que terminó en quiebra y con grandes cantidades de dinero en paradero desconocido. ¿Acaso en Andorra?

Esa sospecha sobrevuela Parenostre, como tantas otras que señalan a los hijos y sus negocios, las comisiones que cobraban de los empresarios, supuestamente en nombre del expresident, o la madre, Marta Ferrusola, que según documentos del sumario del caso era conocida en los medios financieros andorranos como “la madre superiora”.

No obstante, la cinta de Huerga y Soler no concreta hechos, sino más bien pretende crear un fresco de aquella tarde, tensa y dramática, fabulando con las personalidades de Pujol, Ferrusola y sus tres hijos Oleguer, Oriol y Jordi, que se culpan entre sí de los errores y excesos cometidos en lo que un día Pasqual Maragall definiera respecto a sus actividades como “un lucro incesante”.

La caída de un mito

En esta tormenta emocional en la que se mezclan el miedo, la culpa y la sensación de haberse pasado de la raya, es el expresident quien pone el seny y asume que no podrá negar la información del mundo, al menos en su totalidad. Es por ello que Pujol, no sin antes hablar con el rey emérito Juan Carlos I para amenazarle con revelar trapos sucios que le atañen, y viendo que el exmonarca no responde a las presiones, decide escribir su comunicado.

A partir de la publicación del mismo, Parenostre, nos muestra la reacción en cadena que se produjo en los medios tanto catalanes como españoles ante la confesión: no hay piedad para Jordi Pujol y los suyos. Los mitos como él caen desde todo lo alto y el ruido que se produce cuando impactan con el suelo se oye en todos los confines.

Un momento destacado de la cinta, que explica el juicio mediático, reproduce a un Pujol reflexionando con qué calle de Barcelona le hubieran otorgado a su muerte de no haber acontecido lo que se conoció popularmente como el “caso Pujol”. Comenta el expresident que Tarradellas tiene una avenida –y ahora un aeropuerto–; Francesc Macià una plaza y Companys un paseo. Por contra, se lamenta, el Ayuntamiento de Premià de Dalt, su población de veraneo, quiere retirar a estatua que le dedicó en el pasado. “Como si fuera Sadam Husein”, suelta con amargura el Pujol que interpreta Josep Maria Pou.

Los autores de Parenostre apuntan a lo largo de todo su metraje que detrás de la causa mediática y judicial contra la familia Pujol no hay una mano inocente, sino una guerra sucia del Estado, que se revuelve ante el avance del Procés que culminaría en 2017 con el referéndum del primero de octubre. Aparece, así, en una escena el inefable comisario Villarejo, que mantiene una tensa conversación con Oriol Pujol en la que le deja claro que esta vez van a por ellos en serio y no van a poder evitar la caída. Como finalmente ocurrió.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa por blanqueo a Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, al concluir, nueve años después de su detención por este caso, que no hay base “siquiera para apreciar indicios de delito alguno”.

En un auto de una sola página, el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda el archivo de la pieza separada que abrió a Oleguer Pujol Ferrusola por supuesto blanqueo a través de operaciones en la sociedad Dragó SL, porque “no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno”, informa EFE.

Según el juez, pese a las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción, “no hay base siquiera para apreciar indicio de delito alguno, y los que se suministraron fueron meras sospechas, no aptas para seguir un procedimiento penal”.

En el marco del 'caso Pujol', la Policía Nacional detuvo en octubre de 2014 a Oleguer Pujol y registró su casa para averiguar si blanqueó dinero procedente del extranjero mediante varias operaciones inmobiliarias.

Entre estas operaciones se encontraban la compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander con un valor de 2.117 millones, la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades ligadas al miembro de los Pujol Step Negocios y Ursus Alfa, la compra de un hotel en Canarias y varias operaciones realizadas entre la empresa Longshore y Prisa División Inmobiliaria.

La Policía Nacional también registró ese día la sede en Madrid de Dragó, la empresa que según los investigadores sirvió para llevar a cabo muchas de las operaciones que creían que sirvieron para blanquear millones de euros.

Según los datos facilitados por el propio Oleguer Pujol, en el año 2013 Drago gestionaba 2.730 millones de euros y 1.600 inmuebles en toda España.

El archivo de esta pieza separada llega mientras Oleguer Pujol, el resto de sus hermanos y su padre siguen a la espera de que la Audiencia Nacional fije la fecha del juicio contra ellos en la macrocausa sobre el origen de la herencia oculta a Hacienda del expresident.

Tras el encarcelamiento en prisión preventiva de Jordi Pujol Ferrusola, el mayor de los hermanos de la familia, el resto de hijos del matrimonio Pujol han comenzado a dar entrevistas a diferentes medios. Este martes ha sido el hermano menor, Oleguer, quien ha atendido a Jordi Basté en los micrófonos de Rac1, desde los que ha defendido la honorabilidad de su familia y, en concreto, la de su padre.

Según ha asegurado Oleguer, contra su familia hay una persecución política. Para ilustrarlo no ha tenido reparos en comparar a su padre con una de las grandes figuras de la disidencia internacional: el Dalái Lama. “Lo que tienen contra mi padre es comparable a lo que tiene China contra el Dalái Lama”, ha asegurado el hermano menor, después de asegurar que quieren “desterrar” a su padre. Según ha opinado, hay “un ataque orquestado desde Madrid” para “acabar con el nombre y el legado” de Jordi Pujol.

Respecto a las últimas pesquisas que han salido a la luz en el caso que investiga la fortuna de la familia en Andorra, Oleguer se ha sumado a la tesis defendida por los abogados de la familia para asegurar que la supuesta nota del puño y letra de su madre con el sobrenombre de “la madre superiora” es falsa. Según ha defendido, se trataría de “un montaje de los Cierco” [los banqueros andorranos de la entidad donde la familia tenía el dinero], ya que su madre no recuerda la nota.

Sí ha admitido que el concepto de “madre superiora” era manejado por la familia. Como también que los hermanos tuvieron cuentas en el extranjero. Ahora bien, si esta ocurrió fue, según la versión de Oleguer, por el famoso legado de su abuelo Florenci. A su entender, no hay dinero que venga por la vía de la corrupción, ni del padre por su actividad política ni de su hermano Júnior por las influencias que pudiera manejar. “Pongo la mano en el fuego por toda mi familia”, ha zanjado.

En la conspiración descrita por Oleguer hay un lugar destacado para el encarcelamiento preventivo de su hermano Jordi Júnior. “Mi hermano está en la cárcel porque les convenía contraprogramar el caso de corrupción de la Comunidad de Madrid”, ha asegurado.

La idea de la familia Pujol, esgrimida este martes por el hermano menor, es que todas las diferentes causas contra ellos abiertas en los diferentes juzgados tienen un mismo origen: el deseo de los aparatos del Estado de acabar el nombre de Pujol.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado libre este jueves al hijo pequeño del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, Oleguer Pujol, tras tomarle declaración acusado de blanquear millonarias comisiones.  Así, quedará en libertad pero deberá entregar el pasaporte y se le imponen comparecencias quincenales ante el juez han informado fuentes jurídicas.

El magistrado no ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha reclamado este jueves su ingreso en prisión para evitar la continuación del delito y atajar las “maniobras de opacidad” detectadas. Esta ha sido la conclusión del fiscal tras escuchar a Oleguer Pujol durante cuatro horas. obtenidas en la operación de compra-venta de 1.152 sucursales del Banco Santander en 2007.

Según los fiscales del caso, su ingreso el cárcel es el único modo de evitar que continúe con el blanqueo en la actualidad, lo que justificaría la aplicación de la medida cautelar por reiteración delictiva. En concreto, el fiscal José Grinda ha reseñado que las millonarias cantidades obtenidas en la operación de las oficinas bancarias fueron depositadas por Oleguer en una cuenta de Miami, después de que bancos españoles como La Caixa rechazaran ingresarlas. La Abogacía del Estado y Podemos -personado en la causa como acusación popular- no se han adherido a la petición del Ministerio Público.

Anticorrupción: la prisión estaría justificada

Fuentes del Ministerio Público han señalado que la medida de prisión -sería el primer miembro del clan Pujol en ingresar en un centro penitenciario mientras se investiga el patrimonio de la familia- estaría justificada por la continuación del delito, por las “maniobras de opacidad” detectadas. Según los fiscales del caso el blanqueo se seguiría produciendo en la actualidad, lo que justificaría la aplicación de la medida cautelar por reiteración delictiva.

En el auto en el que le citaba a declarar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 afirmaba que el hijo menor del matrimonio Jordi Pujol y Marta Ferrusola firmó en noviembre de 2007 un contrato de compra de las sucursales del Banco de Santander por un total de 2.012.889.663,99 euros más 317 millones de euros de IVA actuando en representación de la sociedad limitada Samos Servicios y Gestiones.

En la operación también participaron los hijos del financiero Javier de la Rosa, Javier y Gabriela, y J.M.V.B. y su hijo J.M.V.C, que declararon este miércoles como investigados por delitos de blanqueo ante el juez.

Oleguer Pujol, fill petit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, ha negat aquest dimecres haver estat administrador o beneficiari últim de cap societat a Panamà, i ha precisat que ni ell ni cap membre de la seva família han tingut relació amb el despatx d'advocats Mossack Fonseca.

En un comunicat enviat a l'agència Efe, Oleguer ha volgut sortir al pas dels papers de Panamà, que revelen que el benjamí dels Pujol presumptament va cobrar comissions i en va pactar el pagament a la família De la Rosa per la compra de 1.152 oficines del Banc Santander per 2.700 milions d'euros, a través de societats opaques vinculades a Mossack Fonseca.

Per aquesta i altres operacions immobiliàries, el jutjat número 1 de l'Audiència Nacional investiga Oleguer Pujol pels delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals. En el seu comunicat, Oleguer subratlla que “mai” ha constituït una societat a Panamà ni ha estat “administrador, apoderat o beneficiari últim de cap”, i que la seva única inversió al país va consistir en un projecte immobiliari que va impulsar el 2006 amb un grup d'amics, per valor de 150.000 euros, i que va fracassar.

“No he tingut mai cap relació amb les empreses Barcem Limited, KriegeHonr Capital Limited o Davenport Trading Groupo Limited”, les societats referides en els papers de Panamà que van canalitzar presumptament els pagaments de comissions, segons la informació publicada per El Confidencial en una investigació conjunta amb La Sexta liderada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ) i el Süddeutsche Zeitung.

De fet, el més jove dels Pujol assegura que ha tingut constància de l'existència d'aquestes societats arran de la publicació d'aquest article sobre les filtracions dels “papers de Panamà”.

De la mateixa manera, i en la línia de defensa que ha mantingut des de l'inici del cas, Oleguer Pujol sosté que mai hi va haver “cap irregularitat” en el pagament de comissions per la compra de les oficines del Banc Santander, i que tots els moviments de fons vinculats a l'operació “responen a serveis reals d'intermediació”.

Segons la seva versió, les esmentades comissions “van ser pagades pel grup comprador, sota la seva total supervisió, i estaven dins de la pràctica habitual de mercat”. “Tots els meus ingressos i participacions societàries estan regularitzats i declarats davant l'Administració Tributària”, afegeix el comunicat d'Oleguer Pujol.

Crivillé sí que reconeix la societat panamenya

Al contrari que Pujol, l'excampió del món de motociclisme Àlex Crivillé ha admès que és “totalment cert” que va crear una empresa 'offshore' a Panamà per cobrar els seus drets d'imatge, tot i que ha assegurat que tot el que ha fet és legal.

En declaracions a RAC-1, Crivillé ha explicat que per gestionar els seus drets d'imatge va crear una societat a Suïssa anomenada Racinvest radicada a Holanda, que després es va convertir en l'empresa Pro Best Invest a les Illes Verges. Així mateix, ha explicat que desconeixia l'existència d'Mossack Fonseca i ha precisat que “eren gestions que feia el banc”.

El primer cognom destacat de la política catalana que apareix als papers de Panamà és el del fill petit de Jordi Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola. El benjamí hauria utilitzat societats opaques per pactar el pagament de 13 milions d'euros en comissions per la compra de 1.152 oficines del Banco Santander a 2007, operació es va tancar per 2.040 milions. Els fills de Javier de la Rosa, empresari amb estreta relació amb el pujolisme i condemnat per corrupció pel cas KIO, també s'haurien beneficiat per les comissions cobrades per Pujol Ferrusola.

Segons ha publicat aquest dimarts El Confidencial en una investigació conjunta amb La Sexta liderada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ) i Süddeutsche Zeitung, Pujol Ferrusola va donar el vistiplau amb la seva signatura al pagament de 6,8 milions d'euros a una empresa opaca en qualitat de comissions per l'operació de compra de les oficines. A més, la societat opaca li hauria reemborsat després almenys 5 milions més d'euros a través d'una altra firma offshore.

De la documentació panamenya també es desprèn la participació en l'operació de dos fills de l'industrial català condemnat per corrupció Javier de la Rosa, que s'haurien repartit les comissions amb Pujol. Així, darrere de Barcem Limited, que apareixia com a destinatària de part de les comissions, apareixerien Javier i Gabriela De la Rosa Misol. La firma va ser constituïda a les Illes Verges pel despatx panameny Mossack Fonseca a petició del bufet de Barcelona Petrus.

La Fiscalia Anticorrupció i la UDEF de la Policia porten mesos investigant l'operació amb el Santander de Pujol, que està imputat per blanqueig de capitals i frau fiscal. El passat mes de desembre van registrar a l'Haia l'empresa ITPS Group que va crear les societats pantalla ARD-Choille BV i Marway BV per Oleguer Pujol amb l'objecte que el fill de l'expresident de la Generalitat ocultés 6,2 milions d'euros obtinguts de presumptes comissions en operacions immobiliàries.

La UDEF creu que Oleguer, al qual consideren el cervell financer dels Pujol, és l'encarregat de gestionar la complicada estructura econòmica de la família. Els informes policials asseguren que l'empresa que dirigeix al costat del seu soci, Drago Capital, gestiona a la península Ibèrica els fons de Drago Real Estate Partner, una signatura radicada al paradís fiscal de l'illa Guernsey.

Segons el mateixos informes, ambdues estarien estretament relacionades amb Mare Nostrum Capital, també amb seu a l'illa de Guernsey. Un laberint financer que la policia econòmica apunta que podria utilitzar per ocultar i blanquejar diners procedents de l'evasió fiscal.

La documentació publicada aquest dimarts permet traçar una línia entre les societats panamenyes i holandeses utilitzades en el negoci de les oficines. Així, el vehicle que es va crear per canalitzar els fons que va captar Drago Capital per l'operació i mitjançant el qual es van pactar les condicions de les comissions seria Samos Serveis i Gestions SL.

Segons consta en els papers de Panamà, Samos va acordar abonar 6,8 milions a un suposat proveïdor, Sun Capital Partners Limited, pels seus serveis d'intermediació en la compravenda. Però Samos va condicionar el pagament a què Sun Capital transferís automàticament el total dels diners a la societat holandesa ARD-Choille BV, la firmadainstrumental controlada pel despatx de l'Haia ITPS que va ser registrada per la UDEF al desembre.

El primer apellido destacado de la política catalana que aparece en los papeles de Panamá es el del hijo menor de Jordi Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola. El benjamín habría utilizado sociedades opacas para pactar el pago de 13 millones de euros en comisiones por la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander en 2007, operación se cerró por 2.040 millones. Los hijos de Javier de la Rosa, empresario con estrecha relación con el pujolismo y condenado por corrupción por el caso KIO, también se habrían beneficiado por las comisiones cobradas por Pujol Ferrusola.

Según ha publicado este martes El Confidencial en una investigación conjunta con La Sexta liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Süddeutsche Zeitung, Pujol Ferrusola dio el visto bueno con su firma al pago de 6,8 millones de euros a una empresa opaca en calidad de comisiones por la operación de compra de las oficinas. Además, la sociedad opaca le habría reembolsado después al menos otros 5 millones de euros a través de otra firma offshore.

De la documentación panameña también se desprende la participación en la operación de dos hijos del industrial catalán condenado por corrupción Javier de la Rosa, que se habrían repartido las comisiones con Pujol. Así, detrás de Barcem Limited, que aparecía como destinataria de parte de las comisiones, aparecerían Javier y Gabriela De la Rosa Misol. La firma fue constituida en las Islas Vírgenes por el despacho panameño Mossack Fonseca a petición del bufete de Barcelona Petrus.

La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la Policía llevan meses investigando la operación de Pujol con el Banco Santander, que está imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. El pasado mes de diciembre, registraron en La Haya la empresa ITPS Group que creó las sociedades pantalla ARD-Choille BV y Marway BV para Oleguer Pujol con el objeto de que el hijo del expresident de la Generalitat ocultara 6,2 millones de euros obtenidos de presuntas comisiones en operaciones inmobiliarias.

La UDEF cree que Oleguer, al que consideran el cerebro financiero de los Pujol, es el encargado de manejar la complicada estructura económica de la familia. Los informes policiales aseguran que la empresa Drago Capital, que dirige junto a su socio, gestiona en la península Ibérica los fondos de Drago Real Estate Partner, una firma radicada en el paraíso fiscal de la isla Guernsey.

Según lo mismos informes, ambas estarían estrechamente relacionadas con Mare Nostrum Capital, también con sede en la isla de Guernsey. Un laberinto financiero que la policía económica apunta a que podría utilizar para ocultar y blanquear dinero procedente de la evasión fiscal.

La documentación publicada este martes permite trazar una línea entre las sociedades panameñas y holandesas utilizadas en el negocio de las oficinas. Así, el vehículo que se creó para canalizar los fondos que captó Drago Capital para la operación y a través del que se pactaron las condiciones de las comisiones sería Samos Servicios y Gestiones SL.

Según consta en los papeles de Panamá, Samos acordó abonar 6,8 millones a un supuesto proveedor, Sun Capital Partners Limited, por sus servicios de intermediación en la compraventa. Pero Samos condicionó el pago a que Sun Capital transfiriera automáticamente el total del dinero a la sociedad holandesa ARD-Choille BV, la firma instrumental controlada por el despacho de La Haya ITPS que fue registrada por la UDEF en diciembre.

Els policies de la UDEF i fiscals d'Anticorrupció que investiguen al clan Pujol s'han trobat en els últims dies amb un obstacle inesperat. Les seves indagacions van superar aquest dijous un punt d'inflexió amb l'escorcoll d'una empresa a l'Haia, clau en la troca societària que hauria utilitzat Oleguer per fer perdre el rastre dels diners de la corrupció. Els investigadors, però, han hagut de treballar a Holanda sense l'ajuda del màxim responsable del Ministeri de l'Interior espanyol en aquest país, la figura encarregada de mantenir un contacte permanent amb les Forces de Seguretat holandeses.

L'inspector en cap José Ángel Fuentes Gago va ser designat agregat d'Interior d'Espanya als Països Baixos el passat 15 de juny, però unes setmanes després ja estava de nou treballant en la destinació anterior, la Direcció Adjunta Operativa (DAO) de la Policia Nacional. Fonts del cas asseguren a eldiario.es que l'execució de la comissió rogatòria ha sortit endavant per la feina de la resta del personal de l'Ambaixada, però que les relacions amb la Policia holandesa han estat “més difícils” sense la figura de l'agregat d'Interior. Aquesta redacció ha intentat demanar la versió de la Direcció General de la Policia, però no ha obtingut resposta.

El retorn a Espanya l'inspector en cap José Ángel Fuentes Gago no ha suposat la seva renúncia a la destinació a l'Haia, una de les més desitjades en el si de la Policia Nacional per la seva alta remuneració, 10.000 euros bruts al mes. Aquests sous depenen de les actualitzacions que el Ministeri d'Hisenda fa anualment del Reial Decret 6/1995, basades en el nivell de vida del país.

Des del seu retorn, l'inspector en cap segueix cobrant els emoluments com a agregat d'Interior a l'Haia, als que suma ara les dietes per treballar en comissió de servei. Aquesta és la figura reservada per a destinar a policies de manera temporal en destinacions diferents a aquelles en les quals l'agent té la seva plaça, per raó de les necessitats operatives, i que pot obligar a treballar lluny del lloc de residència.

La recuperació immediata de Fuentes Gago per la Direcció Adjunta Operativa (DAO) de la Policia és decisió del seu titular, el comissari Eugenio Pino, número dos del cos i que ha fet Fuentes Gago un dels seus principals col·laboradors. Pino és el responsable de crear al si de la DAO, una mena de 'petit CNI', dedicat a tasques no assignades a la Policia i que ha dirigit o la major part dels seus esforços a maniobrar contra el sobiranisme català.

Per què va ser enviat l'inspector en cap a l'Haia si tan necessari era a Madrid? Fonts sindicals expliquen que per assegurar-se la plaça a Holanda era necessari entrar en una convocatòria abans que acabés la legislatura, ja que un eventual canvi de Govern arruïnaria les seves possibilitats. Els governs del Partit Popular i PSOE han vingut utilitzant les destinacions en ambaixades com a recompenses a policies afins pels alts sous que comporten. Passi el que passi en els comicis de diumenge que, Fuentes Gago té assegurats els propers anys en una destinació cotitzada.

La figura de Fuentes Gago va saltar als mitjans quan els seus superiors li van encarregar investigar al comissari José Manuel Villarejo. L'inspector en cap va rebre l'encàrrec tot i que treballa a la DAO al costat del investigat, que és superior seu. El Ministeri de l'Interior va decidir defensar des d'un principi a Villarejo, però es va veure obligat a ordenar diligències internes quan El País va revelar que amassa una fortuna de 16 milions d'euros i posseeix 12 societats.

Abans, el comissari Villarejo s'havia erigit en protagonista de la renúncia a la política del llavors president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González. Una trobada seva amb el polític va ser gravada i difosa a diversos mitjans de comunicació. Segons el comissari, González li va demanar que tapés la investigació sobre l'origen del seu àtic de luxe. Per al polític es va tractar d'un intent de xantatge per part del policia.

Fuentes Gago va tancar les dues investigacions sense trobar cap indici d'irregularitat en la conducta del comissari Villarejo, condecorat amb una medalla pensionada per la seva participació en les esmentades maniobres policials contra el procés independentista. Les seves activitats privades eren totalment compatibles amb el seu càrrec de càrrec de comissari de Policia destinat a la cúpula, va concloure l'inspector en cap. Per Fuentes Gago, tampoc hi havia res reprotxable al comissari en relació amb la difusió als mitjans de la gravació a Ignacio González.

Es dóna la circumstància que l'esposa de Fuentes Gago va ser destinada a l'Europol, com a oficial d'enllaç, quan el seu marit ja treballava a les ordres directes del número dos de la Policia. L'oficina d'Europol també està a l'Haia i el sou és gairebé el mateix que el del seu marit. Entre tots dos ingressen 240.000 euros bruts a l'any. Durant la seva etapa al costat del director adjunt, Fuentes Gago ha estat condecorat amb una medalla vermella al mèrit, que implica un suplement vitalici del 10%.

Los policías de la UDEF y fiscales de Anticorrupción que investigan al clan Pujol se han encontrado en los últimos días con un obstáculo inesperado. Sus pesquisas superaron este viernes un punto de inflexión con el registro de una empresa en La Haya, clave en la madeja societaria que habría utilizado Oleguer para hacer perder el rastro del dinero de la corrupción. Los investigadores, sin embargo, han tenido que trabajar en Holanda sin la ayuda del máximo responsable del Ministerio del Interior español en ese país, la figura encargada de mantener un contacto permanente con las Fuerzas de Seguridad holandesas.

El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago fue designado agregado de Interior de España en Países Bajos el pasado 15 de junio, pero unas semanas después ya estaba de nuevo trabajando en su destino anterior, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional. Fuentes del caso aseguran a eldiario.es que la ejecución de la comisión rogatoria ha salido adelante por el trabajo del resto del personal de la Embajada, pero que las relaciones con la Policía holandesa han sido “más difíciles” sin la figura del agregado de Interior. Esta redacción ha intentado recabar la versión de la Dirección General de la Policía, pero no ha obtenido respuesta.

El regreso a España del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago no ha supuesto su renuncia al destino en La Haya, uno de los más deseados en el seno de la Policía Nacional por su alta remuneración, 10.000 euros brutos al mes. Esos sueldos dependen de las actualizaciones que el Ministerio de Hacienda hace anualmente del Real Decreto 6/1995, basadas en el nivel de vida del país.

Desde su regreso, el inspector jefe sigue cobrando los emolumentos como agregado de Interior en La Haya, a los que suma ahora las dietas por trabajar en comisión de servicio. Esta es la figura reservada para destinar a policías de forma temporal en destinos diferentes a aquellos en los que el agente tiene su plaza, en razón de las necesidades operativas, y que puede obligar a trabajar lejos del lugar de residencia.

La recuperación inmediata de Fuentes Gago para la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía es decisión de su titular, el comisario Eugenio Pino, número dos del Cuerpo y que ha hecho de Fuentes Gago uno de sus principales colaboradores. Pino es el responsable de crear en el seno de la DAO una suerte de ‘pequeño CNI’, dedicado a labores no asignadas a la Policía y que ha dirigido o la mayor parte de sus esfuerzos a maniobrar contra el soberanismo catalán.

¿Por qué fue enviado el inspector jefe a La Haya si tan necesario era en Madrid? Fuentes sindicales explican que para asegurarse la plaza en Holanda era necesario entrar en una convocatoria antes de que acabara la legislatura, ya que un eventual cambio de Gobierno arruinaría sus posibilidades. Los Gobiernos del Partido Popular y PSOE han venido utilizando los destinos en embajadas como recompensas a policías afines por los altos sueldos que conllevan. Pase lo que pase en los comicios del próximo domingo, Fuentes Gago tiene asegurados los próximos años en tan cotizado destino.

La figura de Fuentes Gago saltó a los medios cuando sus superiores le encargaron investigar al comisario José Manuel Villarejo. El inspector jefe recibió el encargo a pesar de que trabaja en la DAO junto al investigado, que es superior suyo. El Ministerio del Interior decidió defender desde un principio a Villarejo, pero se vio obligado a ordenar diligencias internas cuando El País desveló que amasa una fortuna de 16 millones de euros y posee 12 sociedades.

Antes, el comisario Villarejo se había erigido en protagonista de la renuncia a la política del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Una encuentro suyo con el político fue grabada y difundida a varios medios de comunicación. Según el comisario, González le pidió que tapara la investigación sobre el origen de su ático de lujo. Para el político se trató de un intento de chantaje por parte del policía.

Fuentes Gago cerró las dos investigaciones sin hallar indicio alguno de irregularidad en la conducta del comisario Villarejo, condecorado con una medalla pensionada por su participación en las citadas maniobras policiales contra el proceso independentista. Sus actividades privadas eran totalmente compatibles con su cargo de cargo de comisario de Policía destinado en la cúpula, concluyó el inspector jefe. Para Fuentes Gago, tampoco había nada reprochable al comisario en relación con la difusión a los medios de la grabación a Ignacio González.

Se da la circunstancia de que la esposa de Fuentes Gago fue destinada a Europol, como oficial de enlace, cuando su marido ya trabajaba a las órdenes directas del número dos de la Policía. La oficina de Europol también está en La Haya y el sueldo es casi el mismo que el de su marido. Entre ambos ingresan 240.000 euros brutos al año. Durante su etapa al lado del director adjunto, Fuentes Gago ha sido condecorado con una medalla roja al mérito, que implica un suplemento vitalicio del 10%.

La Fiscalia Anticorrupció i la UDEF de la Policia, en col·laboració amb les autoritats holandeses, registren aquest matí a l'Haia l'empresa ITPS Group que va crear les societats pantalla ARD-Cholled i Marway BV per Oleguer Pujol amb l'objecte que el fill de l'expresident de la Generalitat ocultés 6,2 milions d'euros obtinguts de presumptes comissions en operacions immobiliàries, han informat a eldiario.es fonts de la investigació.

La intervenció de la Fiscalia Anticorrupció és resultat d'una comissió rogatòria enviada a les autoritats holandeses per determinar “els beneficiaris i destí” dels citats 6,2 milions. L'operació s'emmarca en l'adquisició de 1.152 oficines del Banc Santander per 2.040 milions d'euros que investigar l'Audiència Nacional per blanqueig i delicte fiscal.

Un informe de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF), incorporat a la causa, descriu com la compra de les oficines es va materialitzar el 23 de novembre de 2007. Samos Servicios y Gestiones SLU va comprar les oficines i Marway BV ingressar els 6,2 milions. Tres ciutadans holandesos figuren com a administradors oficials d'aquesta entitat, que només ha donat feina a una persona entre 2008 i 2010. Als tres holandesos els va atorgar Oleguer Pujol un apoderament, però es desconeix qui són els socis de l'empresa.

A petició de l'ONIF, el jutge Santiago Pedraz va sol·licitar a Holanda tots els moviments d'un compte d'aquesta societat instrumental a l'ING Bank d'Amsterdam i qui són les persones autoritzades en la mateixa. També demana els moviments dels comptes bancaris oberts per Marway, BV “en qualsevol entitat de crèdit establerta a Holanda des de la seva obertura i que identifiqui les persones físiques i jurídiques que figuren com a titulars o autoritzats de les mateixes”.

Santiago Pedraz, que investiga els negocis irregulars d'Oleguer Pujol, atribueix a aquest i a tres dels seus germans -Jordi, Josep i Pere- delictes de tràfic d'influències i falsedat documental per uns pagaments sospitosos que els va fer l'empresari José Manuel Sola.

El jutge investiga set operacions immobiliàries milionàries realitzades per societats vinculades a Oleguer Pujol. Va obrir aquesta peça secreta a petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, que va trobar irregularitats en el pagament de 100.000 euros per part de Sola als quatre germans Pujol sense que hi hagi cap negoci que justifiqui aquests diners, per la qual cosa se sospita que els diners podria respondre a comissions.

El jutge Pedraz està intentant esbrinar d'on procedeixen els fons usats per Oleguer Pujol en diverses operacions immobiliàries, així com l'origen dels diners del seu soci Luis Iglesias -gendre d'Eduardo Zaplana-, encara que en el cas d'aquest últim els investigadors es decanten únicament per la possible comissió de delictes fiscals.

La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la Policía, en colaboración con las autoridades holandesas, registran esta mañana en La Haya la empresa ITPS Group que creó las sociedades pantalla ARD-Cholled y Marway BV para Oleguer Pujol con el objeto de que el hijo del expresident de la Generalitat ocultara 6,2 millones de euros obtenidos de presuntas comisiones en operaciones inmobiliarias, informaron a eldiario.es fuentes de la investigación.

La intervención de la Fiscalía Anticorrupción es resultado de una comisión rogatoria enviada a las autoridades holandesas para determinar “los beneficiarios y destino” de los citados 6,2 millones. La operación se enmarca en la adquisción de 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.040 millones de euros que investigar la Audiencia Nacional por blanqueo y delito fiscal.

Un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), incorporado a la causa, describe cómo la compra de las oficinas se materializó el 23 de noviembre de 2007. Samos Servicios y Gestiones SLU compró las oficinas y Marway BV ingresó los 6,2 millones. Tres ciudadanos holandeses figuran como administradores oficiales de esta entidad, que solo ha empleado a una persona entre 2008 y 2010. A los tres holandeses les otorgó Oleguer Pujol un apoderamiento, pero se desconoce quiénes son los socios de la empresa.

A petición de la ONIF, el juez Santiago Pedraz solicitó a Holanda todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y quiénes son las personas autorizadas en la misma. También pide los movimientos de las cuentas bancarias abiertas por Marway, BV “en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de las mismas”.

Santiago Pedraz, que investiga los negocios irregulares de Oleguer Pujol, atribuye a este y a tres de sus hermanos -Jordi, Josep y Pere- delitos de tráfico de influencias y falsedad documental por unos pagos sospechosos que les hizo el empresario José Manuel Sola.

El juez investiga siete operaciones inmobiliarias millonarias realizadas por sociedades vinculadas a Oleguer Pujol. Abrió esta pieza secreta a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que encontró irregularidades en el pago de 100.000 euros por parte de Sola a los cuatro hermanos Pujol sin que haya ningún negocio que justifique ese dinero, por lo que se sospecha que el dinero podría responder a comisiones.

El juez Pedraz está intentando averiguar de dónde proceden los fondos usados por Oleguer Pujol en varias operaciones inmobiliarias, así como el origen del dinero de su socio Luis Iglesias -yerno de Eduardo Zaplana-, aunque en el caso de este último los investigadores se decantan únicamente por la posible comisión de delitos fiscales.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar el próximo 15 de julio como imputado a Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, y un día antes a su exsocio Luis Iglesias en el marco de la causa en la que investiga el origen del patrimonio del primero, según han informaron fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 toma esta decisión en una providencia dictada este miércoles a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió su declaración como imputados por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, pidieron el martes que Pujol e Iglesias, que fueron socios en la empresa Drago Capital, declaran como imputados, al considerar que las operaciones financieras por las que son investigados podrían contener “elementos de defraudación tributaria” con “relevancia criminal”.

“Va a venir a verte el jefe. ¿Quién es el jefe?, pregunto yo. Marcelino, el comisario de Asuntos Internos. Viene el comisario de Asuntos Internos –yo estoy con dos agentes de la detención– y me dice: la que has liado. Me da la mano, me saluda cordialmente… ¡Y yo estaba ya detenido! No entendía la situación”. Así conocían el sábado por la noche 2,7 millones de espectadores, por boca del ‘pequeño Nicolás’, el nombre de pila del policía que dirige Asuntos Internos, la unidad a la que el Ministerio del Interior viene encargando algunos de los asuntos más sensibles para los intereses del Gobierno, a pesar de que estén fuera de las funciones atribuidas a sus integrantes.

Entre esos asuntos destaca por encima de todos Catalunya. Según se acercaba el 9 de noviembre, fecha elegida por la Generalitat para celebrar la consulta soberanista, arreciaron las informaciones sobre presuntos casos de corrupción vinculados a la familia Pujol o a otros políticos nacionalistas. La Audiencia Nacional investigaba hacía más de un año a Jordi Pujol Ferrusola cuando el padre confesó que la familia había ocultado al fisco un legado familiar durante tres décadas. El 28 de julio, 72 horas después del comunicado de Pujol i Soley, la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias contra Oleguer Pujol.

El 22 de mayo de 2014, la Policía entregó en la sede de la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre sospechosas actividades empresariales de Oleguer Pujol. En él se indicaba claramente su autoría: la Unidad de Asuntos Internos. El informe consistía en una relación de sociedades y las personas que estaban detrás de ellas, así como de operaciones inmobiliarias presuntamente irregulares. La autoría del informe suscitó dudas en el seno de Anticorrupción, pero los técnicos de la Agencia Tributaria adscritos a la Fiscalía especial confirmaron que las operaciones descritas podían ser constitutivas de delito.

Finalmente, el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, decidió seguir adelante a la vista de la posible relevancia de los datos aportados. Al fin y al cabo, la elección de Asuntos Internos para llevar las pesquisas hasta ese momento era una cuestión interna de la Policía, concluyeron en Anticorrupción. La Fiscalía especial abrió diligencias y puso la investigación en manos de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que trabajan en su sede.

Un portavoz de la Dirección General de la Policía aseguró este martes a eldiario.es que los datos sobre Oleguer Pujol llegaron a Asuntos Internos en el transcurso de otra investigación de la unidad que no precisó, pero de la que dijo que no está vinculada a este ni a otros miembros de la familia. Según esta versión, Asuntos Internos apenas profundizó en esa información y la remitió a la Fiscalía Anticorrupción y a la unidad competente para investigar delitos económicos, la UDEF. Anticorrupción, sin embargo, fue quien terminó compartiendo el contenido del informe de Asuntos Internos con la UDEF, y no al revés, según explicaron fuentes del caso.

En septiembre, Podemos, Guanyem Barcelona y otras organizaciones se querellaron en la Audiencia Nacional contra el clan Pujol, incluido Oleguer. Finalmente, el juez Santiago Pedraz asumió los hechos concernientes al menor de los hermanos Pujol, ya que Pujol Ferrusola es investigado por Pablo Ruz y el legado familiar es objeto de una causa en un juzgado de Barcelona. La investigación de la Fiscalía se sumó entonces a la causa abierta en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal.

A pesar del carácter preliminar de la investigación de Asuntos Internos que defiende la Dirección de la Policía, lo cierto es que la investigación a Oleguer Pujol sigue sustentándose hoy por hoy en los datos aportados por la unidad. Según Asuntos Internos, Oleguer blanqueó más de 4 millones de euros con la construcción de viviendas de protección oficial en unos terrenos de Melilla cedidos por el Ministerio de Defensa. La Policía describe sociedades, mecánica del blanqueo, detalla cantidades y llega a conclusiones.

Lo mismo ocurre con otras siete operaciones, entre ellas la adquisición de 1.152 oficinas del Banco de Santander por otra sociedad vinculada a Oleguer Pujol o las realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa División Inmobiliaria. El 24 de octubre pasado, el juez Pedraz ordenó una docena de registros basándose en esta información, incluido el domicilio del pequeño de los Pujol. Oleguer estuvo detenido policialmente durante los registros y después se negó a declarar en comisaría.

Solo investigaciones a funcionarios

La Unidad de Asuntos Internos investiga históricamente a otros policías sobre los que existen indicios de delito. Puede hacerlo al conocer los hechos y, una vez efectuadas las primeras comprobaciones, ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial. Por si quedara alguna duda, la Dirección General de la Policía dictó una orden interna el pasado año en la que se especifican los cometidos de los servicios centrales y periféricos del Cuerpo. Según la orden 28/2013, a Asuntos Internos “corresponde investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía [CNP] y de los funcionarios destinados en el centro directivo”.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias no es agente de policía, tampoco es funcionario público destinado a la Dirección General de Policía. Un juzgado de Madrid investiga al joven por estafa, falsificación documental y usurpación de funciones públicas. El caso está bajo secreto de sumario, pero de cuanta información ha trascendido hasta ahora no se deduce que haya algún miembro del CNP implicado en sus andanzas.

¿Por qué fue detenido entonces por la Unidad de Asuntos Internos? La explicación ofrecida el lunes por el ministro, Jorge Fernández Díaz, es que las “atribuciones” que se hacía el 'pequeño Nicolás' eran “manifiestamente falsas y tenían que ver con las altas instituciones del Estado y con la seguridad del Estado”. “Por eso se consideró que la Unidad de Asuntos Internos era la más idónea para practicar su detención”, remachó a preguntas de los periodistas.

En marzo de 2014, eldiario.es reveló que los agentes que investigan al Partido Popular en el marco de los casos Gürtel y Bárcenas habían sido presionados a través de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que los había interrogado en relación a la filtración de un informe incorporado a la causa. Después de que Ignacio Cosidó negara en tres ocasiones en el programa 'El Objetivo' de La Sexta una investigación a los policías que investigan la caja B del partido en el Gobierno, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció en el Congreso y admitió dichos interrogatorios.

El comisario “Marcelino” y Catalunya

El “Marcelino” al que se refirió el ‘pequeño Nicolás’ el pasado sábado en televisión es el comisario principal Marcelino Martín Blas-Aranda, jefe de la Unidad de Asuntos Internos desde que gobierna el Partido Popular. De 62 años, Martín Blas-Aranda es un policía de la máxima confianza del número dos de la Policía, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, el auténtico hombre fuerte del Cuerpo. En medios policiales se atribuye a Pino la responsabilidad de haber involucrado al Cuerpo en frenar la ofensiva independentista en Catalunya, algo que escapa de las funciones de una Fuerza de Seguridad del Estado.

El nombre de Martín Blas-Aranda no resulta nuevo para el nacionalismo catalán. El jefe de Asuntos Internos viajó a Barcelona el 29 de octubre de 2012 junto a otro comisario del Cuerpo, José Luis Olivera, para reunirse con los fiscales Anticorrupción de Catalunya. En la reunión intentaron convencer a los fiscales de que había que registrar la sede de CDC en el marco del caso Palau, que investiga la presunta financiación irregular de la formación, a pesar de que ninguno de los dos estaba relacionado con la investigación en razón de sus cargos. Los mandos policiales pretendían una actuación con inevitable repercusión mediática en plena campaña electoral catalana. Los fiscales consideraron que los nuevos indicios que les presentaban los policías eran endebles y declinaron su oferta. Los hechos motivaron una nota pública del Consejo Fiscal tachando de “irregular” la actuación de Martín Blas-Aranda y Olivera.

Interior se vio obligado a salir al paso y difundió que los comisarios habían viajado a Barcelona para presentar a los fiscales un nuevo grupo dentro de Asuntos Internos, dedicado a estudiar los casos que hubiera perdido la Policía por dejación de sus agentes. En una versión posterior, Interior admitió que los comisarios viajaron para intentar recuperar unas investigaciones perdidas supuestamente en detrimento de los Mossos. En realidad, el juez solo había encargado a la Policía autonómica unos registros concretos el verano anterior. Dos semanas después de la reunión con los fiscales, El Mundo publicó un supuesto informe de la UDEF con cuentas en Suiza de Artur Mas y Jordi Pujol padre. Interior abrió una investigación para determinar la autoría de dicho informe, pero la cerró sin éxito.

La Unidad de Asuntos de la Policía mantiene un importante secretismo en su actuación para que sus investigaciones no sean descubiertas por los agentes objeto de dichas pesquisas. Su sede está en un edificio del distrito madrileño de Chamberí, separada de otros grupos, sin que ningún elemento externo la identifique como una sede policial. Al menos hasta 2012 estaba integrada por 160 agentes divididos en dos brigadas, pero desde ese año la Dirección General de la Policía ni siquiera informa del número de efectivos que la integran. Los catálogos de puestos de trabajo entregados al Consejo de la Policía –el órgano que integran administración y sindicatos– obvian cualquier referencia a esa unidad desde entonces.

Compuesta por dos brigadas –el 'pequeño Nicolás' declaró al diario El Mundo erróneamente que había sido detenida por la 9ª–, la Dirección de la Policía informa de su trabajo de forma escueta en algunos casos de corrupción policial que trascienden a la opinión pública. El último de ellos, la detención de seis agentes en Cartagena acusados de la muerte a golpes de un hombre al que habían traslado previamente a una cala en un vehículo policial. Hace casi una década que el Ministerio del Interior no ofrece datos de los policías y guardias civiles detenidos anualmente por las respectivas unidades de Asuntos Internos.

1) La NSA está a punto de ir a juicio por su programa de vigilancia. ¿Qué puede pasar?a punto de ir a juicio por su programa de vigilancia

La realidad norteamericana pasa por ser enjuiciada en una realidad distinta. Desde el punto de vista del derecho español, es reiterada la jurisprudencia que legitima la interceptación de las comunicaciones únicamente en caso de que exista autorización judicial previa, lo que en este supuesto no habría acontecido. Veremos en qué queda todo esto, pero si no media la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves, la práctica realizada sería contraria a Derecho.

2) Oleguer Pujol y su socio tenían un botón de borrado remoto de archivos. ¿Es legal? ¿Qué pasa si se han perdido pruebas?un botón de borrado remoto de archivos

Una tecnología que permita la eliminación remota de archivos no puede ser considerada de por sí como ilícita. La tecnología como tal es neutral y sólo el uso ilícito de la misma podría ser considerado contrario a Derecho. Ése sería el caso de que, existiendo una orden judicial, alguien utilizase esa tecnología para eliminación de documentación o pruebas. Un imputado tiene derecho a no declarar contra sí mismo, pero no a obstruir la labor judicial.

3) ETA se pone a borrar su rastro de internet: ¿hasta ahí llega el derecho al olvido?a borrar su rastro de internet

El derecho al olvido plantea las incertidumbres de qué información personal ha de ser objeto de eliminación. Es decir, determinar, tomando como referencia las bases de lo definido por la reciente sentencia del TJUE, cuándo se dan los requisitos para que una información que contenga datos de carácter personal sea eliminada de los resultados de un buscador de internet. En el caso del sujeto que dio origen al derecho al olvido lo tenemos claro, porque el TJUE nos ha clarificado que no existían motivos que justifiquen la indexación de esa información en la actualidad. Sin embargo, en el caso de los terroristas que desean borrar su pasado de internet no parece que esos requisitos puedan concurrir, pareciendo más bien que se quiere hacer un uso del “derecho al olvido” para fines distintos a los que fue concebido.

4) iPhone VS iFone, guerra de marcasiPhone VS iFone

Aun con diferencias ortográficas, fonéticamente ambas marcas son coincidentes por lo que para determinar la primacía de una sobre la otra habrá que atender al concreto territorio en el que nos encontremos y a la prioridad temporal de los registros. Es decir, que si Apple no hubiese registrado la marca “iPhone” en el territorio de India con anterioridad a que la firma asiática hubiese solicitado en ese territorio la marca “iFon”, Apple no tendría derecho a explotar el producto en ese territorio bajo esa marca, salvo que llegase a un acuerdo con la otra parte o explotase el producto bajo otro nombre.

5) Marvel exige a Google que le diga quién ha filtrado el trailer de su peli. ¿Puede hacerlo la 'gran G'?exige a Google que le diga quién ha filtrado el trailer de su peli

No sobre la base de lo establecido por la legislación española. En nuestro país, el prestador de servicios de la sociedad de la información no estaría legitimado para facilitar información personal del afectado, salvo que una autoridad competente así lo exigiese. Y aun en el caso de que el asunto se judicializase, no parece que en España un juez fuese a exigir esa aportación de datos, al tratarse de un delito que naturaleza no grave. Lo que ocurre es que este caso concreto la solución al conflicto no buscará solución sobre la base de lo definido en nuestro ordenamiento, sino del de un tercer estado, diferente al nuestro y que puede por tal motivo alcanzar distintas soluciones.

6) ¿Podríamos mandar a los trols de internet a la cárcel?los trols de internet a la cárcel

Es España la legislación es clara en relación a quienes insultan, menosprecian o acosan a terceros. Tanto la Constitución como el Código Penal protegen la dignidad del individuo y castigan dichas conductas. La problemática que se plantea no viene determinada tanto por el hecho en sí, que tiene su correspondiente pena en nuestra legislación, sino por la dificultad de identificar a quien comete el ilícito amparado normalmente bajo el anonimato de internet.

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La imagen principal de este artículo es propiedad de frederic.jacobs

María Zaplana, hija del exministro del PP y expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, es una de las 26 personas que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga dentro de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre el dinero en paraísos fiscales de Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente catalán.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, a María Zaplana, mujer del socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias, se le atribuyen los delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública, los mismos que a su marido y al hijo de Jordi Pujol

La Fiscalía Anticorrupción presentó hace unos días una denuncia en el marco de la investigación que llevaba el juez Pedraz sobre siete operaciones inmobiliarias hechas por Oleguer Pujol con dinero cuyo origen se desconoce.

Esa querella, según las mismas fuentes, se dirige contra 26 personas y 40 empresas que participaron en las operaciones del hijo del expresidente catalán.

El juez ha levantado el secreto de sumario de la causa y ha aceptado la personación de Podemos, una de las organizaciones que presentó la querella contra los Pujol en base a la que Pedraz comenzó su investigación.

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a Oleguer Pujol y registró su casa de Barcelona y quince empresas vinculadas a él de Madrid, Valencia y Melilla.

La Fiscalía pone en cuestión la legalidad de siete operaciones inmobiliarias de miles de millones de euros realizadas por Oleguer Pujol con dinero de origen desconocido.

Algunas de ellas son la compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander con un valor de 2.117 millones, la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades ligadas al miembro de los Pujol Step Negocios y Ursus Alfa, la compra de un hotel en Canarias y varias operaciones realizadas entre la empresa Longshore y Prisa División Inmobiliaria.

También se indagan ampliaciones de capital entre sociedades (residentes fiscales en España y no residentes), inversiones que no parecen tener financiación suficiente e hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.

El hijo menor de los Pujol, Oleguer, ha quedado en libertad esta tarde después de negarse a declarar ante la Policía. Los agentes de la UDEF lo habían conducido hasta dependencias policiales después de registrar durante ocho horas su domicilio de Barcelona. Acompañado de su abogado –y el de toda la familia–, Cristóbal Martell, Oleguer Pujol aguarda ahora la citacion como imputado del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El menor de los Pujol es el objetivo principal de una causa que investiga un gran fraude fiscal y de blanqueo de capitales a través de paraísos fiscales. El hijo menor del expresident habría tejido una complicada madeja societaria que le permitía blanquear dinero de sociedades no residentes, ubicadas en Holanda y en paraísos fiscales como Luxemburgo, Antillas Holandesas o las Islas Vírgenes. La Policía sospecha que Oleguer Pujol ha podido llegar a blanquear “miles de millones” de euros con una mecánica que funcionaba al menos desde 2007.

En el centro de la trama se sitúa la sociedad Samos Servicios y Gestiones, pero la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF investigan al menos 16 sociedades de las que cuelgan otras varias decenas. El socio en Samos Servicios y Gestiones de Oleguer Pujol es Luis Iglesias Rodríguez, quien, como el hijo del expresident, fue detenido por la Policía durante las primeras horas de los registros de sus respectivos domicilios, en Barcelona y Madrid.

La Policía acudió a ellos con perros adiestrados en la detección de dinero en metálico, aunque la prioridad era la incautación de documentación que permita conocer el funcionamiento del complicado entramado de blanqueo. La operación fue autorizada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la querella presentada por Guanyem Barcelona, Podemos y el Partido X, entre otras organizaciones. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó gran parte de la querella por abordar hechos que ya son investigados en otros juzgados, pero reservó a Pedraz la trama en torno a Oleguer Pujol.

La Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias en julio a consecuencia de la información facilitada por la Policía. Junto a la UDEF y el juez Pedraz, trabajan los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. En total, el jueves han sido registradas las sedes de 16 mercantiles en Barcelona, Madrid, Valencia y Melilla.

La detención durante horas de Pujol y Iglesias tuvo por fin facilitar los registros practicados y evitar la eliminación de pruebas, pero no estaba prevista por Pedraz. Los agentes se han incautado de un gran volumen de información, en papel y soporte informático. Está previsto que el juez no cite a Oleguer Pujol hasta que la Policía no haya analizado esa información, lo que podría llevar semanas, incluso meses.

Oleguer Pujol es un multimillonario que a finales de 2012 admitió guardar 93 millones de euros en el extranjero. Las autoridades conocieron el dato cuando se acogió a la amnistía fiscal para regularizar tres millones de euros.

Las oficinas del Santander

El juez quiere aclarar el origen del dinero con el que la sociedad Samos Servicios y Gestiones compró 1.152 oficinas del Banco Santander y de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa. También son objeto de investigación operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria y entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y el edificio del Consejo General de la Abogacía, según fuentes jurídicas.

La investigación abarca, además, las ampliaciones de capital entre sociedades de inversiones que no parecen tener financiación suficiente, e hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía. El magistrado estudia si, mediante las suscripciones y aportaciones de capital y mediante los préstamos llevados a cabo entre residentes y no residentes, se han situado en España fondos procedentes del exterior, y viceversa.