Ángel Simón asume la presidencia de Indra en un momento de transición delicada, marcado por la salida de Ángel Escribano y por la necesidad de estabilizar una compañía sometida a insostenibles tensiones internas y a una fuerte exposición política. El de Simón era uno de los nombres que sonaban con más fuerza en los mentideros financieros del poder. Próximo al socialismo –ha sido propuesto por el Gobierno a través de la La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el principal accionista con el 28% del capital–, su elección apunta a un perfil con capacidad ejecutiva y experiencia en grandes estructuras corporativas, pero también introduce un elemento de incertidumbre sobre el estilo de liderazgo que imprimirá en una empresa donde el equilibrio entre lo industrial y lo institucional es especialmente frágil.

Con una trayectoria consolidada en la gestión de grandes grupos, como CriteriaCaixa y Veolia (antes en Grupo Agbar y en Suez), Simón no responde al arquetipo del directivo de bajo perfil. Su paso más reciente por CriteriaCaixa, el brazo inversor de Fundación La Caixa, terminó de forma abrupta tras un conflicto con Isidro Fainé que evidenció diferencias tanto estratégicas como de gobernanza. Ese episodio, aunque no define por completo su carrera, sí ofrece una pista sobre su manera de entender el poder empresarial: mayor autonomía en la toma de decisiones y una clara vocación de imprimir dirección propia a las organizaciones que lidera.

Este enfoque puede ser tanto una fortaleza como un riesgo en Indra, tal y como hemos visto con Escribano. La compañía necesita liderazgo para ordenar su estrategia en sectores clave como defensa, tecnología y digitalización, en un contexto europeo de rearme industrial y creciente competencia. Pero al mismo tiempo, su estructura accionarial —con presencia del Estado y otros actores relevantes— exige una gestión especialmente cuidadosa de los equilibrios internos. La capacidad de Simón para moverse en ese terreno será determinante.

También lo será la relación con el –por el momento– consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, también con un marcado estilo de liderazgo. El mandato de De los Mozos, que llegó a Indra en 2023 tras una trayectoria de cuatro décadas en Renault,  vence este mes de junio, cuando se celebre la próxima junta de accionistas, aún sin fecha. Algunas fuentes apuntan que había trasladado al consejo su voluntad de no continuar por la tensión con Escribano.

Pero ahora la fotografía es otra. Y sus condiciones salariales también. En el último consejo de administración ordinario, celebrado el 25 de marzo, Indra elevó un 55% el sueldo de De los Mozos, hasta los 4,9 millones de euros, con el objetivo de asegurar su continuidad hasta 2029. Resuelto el lío en la presidencia, el foco apunta ahora a la posición de CEO. Por el desgaste del actual y porque a Simón le gusta rodearse de directivos de su máxima confianza, como hizo en Criteria. Que el nuevo presidente no tenga funciones ejecutivas –a diferencia de su predecesor– facilitará la cohabitación.

Otra incógnita, mucho más relevante, es ver si, ya sin Ángel Escribano en la cúspide de la compañía, Indra recupera el proyecto de adquirir –y por cuánto, ¿formará parte del pacto entre Escribano y Moncloa para que haya acabado dimitiendo?– su empresa familiar, EM&E, que es lo que ha generado el conflicto de interés que ha desencadenado la convulsa crisis de gobernanza en la compañía semipública.

En términos económicos y de proyecto industrial, el reto de Simón es claro: acelerar la estrategia llevada a cabo hasta la fecha para convertirse en el “campeón nacional” de defensa en España y recuperar credibilidad ante los inversores. El ejecutivo catalán (Manresa, 1957) llega con el mandato implícito de convertir esa expectativa en resultados medibles, algo que no siempre ha sido sencillo en etapas anteriores.

El nombramiento de Simón abre una etapa en la que se espera menos ruido y más dirección, pero no necesariamente menos tensión. El mercado le concederá un margen inicial, aunque condicionado por su historial reciente y por la complejidad del entorno en el que aterriza. En Indra, como en CriteriaCaixa, la cuestión no será solo qué decisiones toma, sino cómo y con quién las toma.

CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación “la Caixa”, obtuvo un beneficio neto de 2.325 millones de euros en 2025, cifra que multiplica por más de dos sus ganancias de 2024 (+120%), ha informado este martes la compañía, que ha nombrado además a su hasta ahora director general, José María Méndez, como nuevo consejero delegado.

El holding ha atribuido el incremento de su beneficio neto a extraordinarios como la auto-OPA de Naturgy (306 millones de euros), la venta de Saba y su posterior integración en Interparking (270 millones de euros) y las desinversiones en renta variable cotizada (559 millones de euros).

El primer accionista de Naturgy ha señalado que las ventas de renta variable cotizada se han llevado a cabo de acuerdo con la adaptación del Plan Estratégico 2030, “adecuando dicha exposición a la visión de largo plazo de la compañía y asegurando que el valor de la cartera de liquidez sea de al menos el 10% del total de los activos”.

El objetivo de esta cartera, ha explicado el holding, es el de dotar de liquidez a la compañía obteniendo rentabilidades ajustadas a mercado.

El resultado recurrente de Criteria mejoró un 7% en 2025, hasta los 1.616 millones de euros, con una “sólida” generación de caja operativa impulsada por los dividendos recibidos de sus participadas en este periodo (1.883 millones de euros), así como la monetización de los programas de recompra de acciones llevados a cabo por CaixaBank (296 millones) y la OPA parcial ejecutada por Naturgy (705 millones).

Del total de dividendos recibidos por CriteriaCaixa destacan los de CaixaBank (1.006 millones de euros), Naturgy (434 millones), Telefónica (170 millones), ACS (51 millones), The Bank of East Asia (46 millones), Colonial (33 millones) y Grupo Financiero Inbursa (27 millones), que se suman a los 116 millones de euros del resto de la cartera.

Renovación del Consejo

Además de aprobar las cuentas del ejercicio 2025, el consejo de administración de CriteriaCaixa ha nombrado al hasta ahora director general de la sociedad, José María Méndez, como consejero delegado (CEO).

El presidente de la Fundación “la Caixa” y de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha destacado que el nombramiento de Méndez tiene por objetivo “seguir impulsando al holding en el ecosistema inversor europeo”.

Asimismo, el Patronato de la Fundación “la Caixa”, accionista único de CriteriaCaixa, ha acordado el nombramiento de Nuria Chinchilla, Julia Salaverría y Xavier Brossa como nuevos consejeros independientes de Criteria en sustitución de José Antonio Asiáin Ayala, Marcos Contreras Manrique y Jean Louis Chaussade, quienes han cumplido 12 años en el cargo, perdiendo, por tanto, su condición de independientes.

Con estos nombramientos, el consejo de administración de CriteriaCaixa, integrado por 15 miembros, alcanza el 40% de consejeras en el máximo órgano de gobierno del holding, cumpliendo así con los estándares del Código de Buen Gobierno de sociedades cotizadas, a pesar de que Criteria no cotiza.

Javier Yanguas (Donostia, 1963) cuidó de sus padres mientras estaban criando a sus propios hijos. Años antes, había convivido con sus cuatro abuelos, “en una casa rural, sin baño en el caserío”, matiza. Conoce de primera mano los achaques de la edad, qué significa envejecer y perder facultades, tanto las físicas como las mentales. Asimismo, ha convivido con la soledad, el miedo a la muerte, y el desconcierto de no reconocerse en esa persona ajada. Pero también ha conocido el acompañamiento y el cariño recíproco.

“Por eso me dedico a lo que me dedico”, dice este psicólogo, reconocido experto en envejecimiento, y director científico del programa 'Gent Gran' de la Fundació 'la Caixa'. Yanguas cree en las sociedades cuidadoras, basadas en el principio de reciprocidad y el compromiso social. Asegura que es la única manera de subsistir a un futuro en el que las siguientes generaciones van a tener vejeces más largas habiendo tenido menos hijos para repartir los cuidados.

Preparándome esta entrevista no he podido dejar de pensar en el libro Las intermitencias de la muerte de Saramago, que habla de un país en el que, de repente, un 1 de enero, la gente deja de morir. Al principio, viene la alegría, pero después llegan los problemas. Desde que las religiones dejan de tener sentido hasta las dificultades económicas. Para usted ¿la inmortalidad es deseable?

Creo que la finitud nos hace plantearnos cuestiones relevantes. Sin la muerte, hay cosas que no tendrían sentido. Tú me hablas de Saramago y yo te voy a hablar del mito griego de Titón, el amante de Eos. Ella era inmortal y él no, así que le pidió a Zeus que le hiciera inmortal. El problema es que no dejó de envejecer. Y Eos volvió ante Zeus para pedirle que dejara morir a su amante. La moraleja es que lo que queremos no es vivir eternamente, sino el don de la eterna juventud.

En un siglo, la esperanza de vida en España se ha alargado 20 años. Esto ha dado lugar a la aparición o a la proliferación de enfermedades que antes no eran tan frecuentes, como el Alzheimer. ¿Estamos preparados para alargar tanto la vida?

Es difícil. Ayer estaba con una mujer de 99 años, catedrática de la UNED, que estaba perfecta hasta hace dos años, cuando se rompió el fémur. Antes era autónoma y tenía una vida muy activa, pero ahora necesita ayuda para todo, tiene que ir con tacataca y se está dando cuenta de lo que significa ser mayor y estar limitada.

Pero ese no es el único ni el mayor problema de tener vidas largas. El verdadero problema es que, a mucha gente, se le agota el proyecto vital. Piensa que, si vives muchos años, empiezas a perder a gente. Se muere tu pareja, te quedas sin amigos y tus hermanos y primos empiezan a fallecer también. Todos queremos vivir muchos años, pero eso tiene un precio y no nos paramos a pensar en las consecuencias.

¿Cuál puede ser el propósito de la vida, llegados a este punto?

Depende de cada quien. Creo que es muy importante saber adaptarse. Entender que hay cosas que antes nos hacían felices que ya no podrán ser. Eso e intentar contar con el apoyo de gente, de la familia que quede, para que ayuden con las cosas que, inevitablemente, vamos a dejar de poder hacer.

Lo que queremos no es vivir eternamente, sino el don de la eterna juventud

Los cuidados, a menudo, son muy demandantes y no todas las familias pueden hacerse cargo de ellos. Además, el tiempo de espera medio para acceder a una residencia en Catalunya es de cinco años. ¿Se puede tener una buena vejez siendo pobre?

No es lo mismo la vejez teniendo dinero que sin tenerlo, pero el estado de salud o la vida social son igual de determinantes. Creo que puedes envejecer con salud y dinero, y acabar con una vida limitada. La vida es lo que haces con lo que tienes, a lo que aspiras. Y todo viene marcado por si te aferras o no a la nostalgia, si te comprometes con tus relaciones, proyectos y con el bien común.

Vuelvo a los cuidados. La cadena de transmisión que dice que los hijos deben cuidar de sus padres está muy asumida. ¿Usted cree que decidir no cuidar de un padre o un abuelo puede ser legítimo?

Bueno, es que yo, que he sido cuidado por mis padres, siempre he tenido ese deseo de reciprocidad. Veo así la vida y creo que sin los demás no somos nada. Claro que el cuidado cuesta, que es complicado y que implica renuncias, pero también es el deseo de intentar que los otros se sientan mejor, de remediar problemas y expandir la vida. No sólo es llevar a alguien al baño, ducharle y darle de comer.

Joan Tronto dice que cuidar es reparar, hacer la vida mejor. Y por eso soy partidario de una sociedad cuidadora. No quiero una sociedad formada por individuos independientes que van a su aire. Claro que las relaciones humanas son complejas y no hay hijo que no decepcione, pareja que no aburra ni padre que no lastime alguna vez. Pero eso no es motivo para crear un mundo de personas solitarias.

Tenemos que reparar las relaciones intergeneracionales y una solución sería instaurar una mili de cuidados

Para llegar a esa parte más bucólica de los cuidados es indispensable cubrir lo urgente, que es llevar a alguien al baño, ducharle y darle de comer. Muchas familias, con trabajos precarios y problemas habitacionales, igual no tienen capacidad para ir más allá de lo imprescindible. ¿Qué le reclamaría usted al Estado para garantizar que los cuidados sean dignos para ambas partes?

En las sociedades mediterráneas, las personas cuidamos de nuestros hijos y de nuestros mayores según un principio de reciprocidad. A mí me gusta ese tipo de sociedad, pero es verdad que el momento actual es complicado. Los baby-boomers hemos tenido menos hijos y, además, las mujeres de mi generación son las más formadas de la historia y económicamente independientes, cosa que es importante porque los cuidados siempre han recaído mayoritariamente sobre ellas.

Por otro lado, aunque el nivel económico en la vejez ha aumentado gracias a las pensiones —sin obviar que sigue habiendo pobreza-, los jóvenes están viviendo una situación muy injusta porque crecen con las expectativas muy topadas. Eso hace que las relaciones intergeneracionales estén muy tocadas. Todos hemos leído libros sobre eso, como La vida cañón [de Analía Plaza]. Creo que tenemos que reparar esas relaciones y una solución, aunque nadie me hará caso, sería instaurar una mili de cuidados.

¿Una mili de cuidados?

Que los jóvenes tengan la experiencia de cuidado, de la fragilidad. Partiendo de ahí, la vida se ve distinta. Cuando te das cuenta de que vivimos en una paradoja de la vulnerabilidad en la que necesitamos de los demás, todo cambia.

Esa mili de los cuidados tiene mucho que ver con la clase. Porque quienes vienen de familias trabajadoras, esas experiencias ya las tienen. Quien más quien menos ha cuidado de sus hermanos o ha vivido con sus abuelos.

Yo crecí con mis cuatro abuelos en una casa rural, sin baño en el caserío, imagínate. Y creo que, por eso, me dedico a lo que me dedico.

¿Y no cree que estas experiencias pueden ser contraproducentes? Los cuidados, en algunas ocasiones, pueden ser traumáticos.

Por lo general, según diversas investigaciones que hemos hecho, las mujeres de baby-boom no quieren que sus hijos las cuiden. No creo que sea porque los cuidados en sí generen trauma, sino porque el cuidador tiende a sentirse muy solo. Por eso, respondiendo a tu pregunta inicial, creo que la sociedad debe ocuparse de facilitar los cuidados y cuidar de sus ciudadanos.

Nuestro modelo del bienestar está pensado para vejeces más cortas y así no llegaremos a todo el mundo

Pues volviendo a la pregunta inicial, viendo que vamos hacia un gran envejecimiento de la población ¿no le exigiría nada al Estado para que garantice que los cuidadores no se sientan solos ni sobrepasados?

Lo primero que pediría es una conversación valiente. Tendremos sociedades muy envejecidas, con vejeces muy largas que vienen sin manual de instrucciones. Nuestro modelo del bienestar está pensado para vejeces más cortas y así no llegaremos a todo el mundo.

Los que vamos a ser mayores dentro de 15 años ya estamos aquí y, excepto que pase algo que nos haga desaparecer, ya podemos calcular cuál será el gasto en pensiones y se puede saber que no tendremos recursos para garantizar un sistema de cuidados suficiente. Vamos a tener problemas pero, como dice Theodor Khalifatides, el ser humano tiene la capacidad de no hablar de las cosas importantes.

Cuando hablamos de los cambios demográficos, solemos olvidar el descenso de la natalidad. Eso significa que muchas de las personas que llegarán a viejas en los próximos años no habrán tenido descendencia. Si yo no tengo hijos, ¿quién me cuida?

Esa es otra de las cosas importantes, porque nunca antes había pasado. Todas las generaciones han tenido un grupo de personas sin hijos, como la tieta de Serrat, que se quedó soltera. Pero es que ahora estamos ante una generación que ha decidido voluntariamente no criar. Y eso es un problema, porque nuestros servicios sociales y sanitarios están diseñados pensando en la familia que hay detrás del usuario.

Y el problema no es solo la falta de hijos, sino que el número de personas a cargo se multiplica. Cada vez hay más divorcios, lo que supone que un hijo de padres separados que posteriormente han conseguido otras parejas podría tener que cuidar de cuatro personas mayores.

Entonces, ¿qué hacemos?

Buena pregunta. Hay una postura naíf que dice que nos cuidaremos entre nosotros, que ya veremos. Pero eso es difícil. Claro que irás a ver a tu tía o a la pareja de tu padre al hospital, pero ¿quién la cuidará de verdad? Es algo que no queremos plantearnos, aunque tenemos que hacerlo. Simone de Beauvoir decía que nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos y eso es un error. Lo dejamos todo para cuando es demasiado tarde. Fíjate, el otro día estaba con un grupo de personas de 70 años y ni siquiera ellos querían hablar de cómo planteaban sus propios cuidados. Si a esa edad todavía no has reflexionado sobre que la vida es finita, algo va mal.

Estoy dispuesto a aceptar una carga impositiva alta porque no se puede tener los servicios suecos con los impuestos de aquí

Eso podría estar cambiando. Según datos de la Generalitat, el último año hubo un 60% más de registros del Testamento Vital y dos de cada tres corresponden a personas de menos de 60 años.

Eso es una gran noticia, aunque el Testamento Vital no te obliga a decidir cómo van a ser los cuidados, sino hasta dónde quieres que lleguen. Si pasamos la responsabilidad de nuestros cuidados, deberíamos poderle allanar el camino a ese alguien. No sólo en lo relativo a la toma de decisiones, también en lo económico. Que cuidarte no les cueste dinero.

Me gustan los modelos del norte de Europa, con estados del bienestar amplios que protegen y compensan las desigualdades. Y estoy dispuesto a aceptar una carga impositiva alta porque no se puede tener los servicios suecos con los impuestos de aquí.

Además de la crisis de los cuidados, otro mal que achaca la vejez es la soledad no deseada, que va en aumento. ¿Cómo podemos evitarlo?

Es difícil, porque caminamos hacia sociedades más solitarias. Están cambiando los usos del tiempo y cada vez tenemos menos disponibilidad. Preferimos llamar a nuestra abuela que ir a verla. Cuando quedamos con amigos, es para ponernos al día porque hace mucho que no les vemos. Eso no es compartir la vida.

Estoy totalmente en contra de los postulados actuales que han puesto tan de moda la paradoja de la felicidad. La felicidad no es alcanzable siempre, sino que te la trabajas, son momentos. Y otra cosa esencial de entender es que hay cosas más importantes que la felicidad propia e individual. Cuando cuidé de mi madre no era porque me apeteciera o me hiciera feliz, sino porque era lo que tenía que hacer. Renunciar a tu tiempo no es agradable, pero hay cosas que valen más que tu bienestar. Cuando trivializamos el sufrimiento ajeno y banalizamos la felicidad propia, nacen sociedades solitarias.

Pero la soledad no siempre se cura con compañía.

No, por supuesto. La exclusión se puede dar estando rodeado de gente. Muchas veces es algo que va por dentro, que tiene que ver con cuestiones más existenciales. Y volvemos al sentido de la vida en la vejez. El sentimiento de que ya no tienes nada que aportar, que no hay propósito, aparece mucho en el momento de la jubilación. Y eso la compañía no lo arregla necesariamente.

Lo que hagamos con nuestros amigos en la edad adulta puede predecir, hasta cierto punto, la soledad en la vejez

¿Cómo hemos llegado a sociedades tan basadas en la productividad y en la centralidad del trabajo que nos de vértigo jubilarnos?

Piensa que nuestra identidad va cosida a nuestra profesión. A mucha gente, ese cambio le pilla por sorpresa. Y mira que se puede predecir el día de la jubilación. Por eso, yo defiendo que tenemos una responsabilidad a la hora de gestionar nuestras relaciones. Lo que hagamos con nuestros amigos en la edad adulta puede predecir, hasta cierto punto, la soledad en la vejez.

Pero estamos perdiendo el compromiso social. Si es de noche, justo llegas de trabajar y te llama ese amigo que se acaba de divorciar, claro que no te apetece cogerle el teléfono. Sabes que vas a estar una hora con él y sus dramas. Pero oye, ¿a qué te debes? Necesitamos generar comunidad. A veces hablo con gente del baby-boom y veo que muchos aspiran a vidas pequeñas.

¿A qué se refiere?

A que no tienen responsabilidad para con el bien común. Tú quieres vivir tranquilo, vale. Pero ¿qué pasa con los menores migrantes que vienen solos? ¿Con el cambio climático o la vivienda? ¿Con lo de Gaza, Ucrania o Irán? Tú estás en el mundo y tienes que entender que, si el mundo no está bien, tampoco lo vas a estar tú.

Está planteando situaciones muy abrumadoras. Quizás, el aislamiento es un mecanismo de protección.

Claro, hay una parte de eso y una parte de individualismo. No vas a hacer nada para acabar con el drama en Gaza, pero sí puedes cogerle el teléfono a ese amigo y estar para lo que haga falta. Esa es una militancia fantástica: decirle que se venga a cenar a casa. Dormirás dos horas menos de las que te gustaría, pero lloraréis juntos y estrecharéis lazos.

Creo en la militancia de los cuidados. Y así encaro mi futuro, porque no creo que la jubilación tenga que ser la tierra prometida del descanso. Tenemos que dejar un legado para una sociedad mejor, y ese legado, para mi generación, es el compromiso. Hubo otros que vivieron una guerra, que pasaron hambre y miseria. Nuestra vejez va a ser buena, pero a cambio hay que comprometernos. Te jubilas de la actividad laboral, no de los retos de la vida.

Siguen los movimientos en el capital de Naturgy. CriteriaCaixa, el holding que gestiona toda la cartera industrial de Fundación La Caixa, ha adquirido un 2,5% adicional del capital de Naturgy por un importe de 611 millones de euros, aprovechando la colocación acelerada que GIP-BlackRock ha realizado en el mercado de capitales.

CriteriaCaixa refuerza así su posición en el accionariado de la compañía energética, alcanzando una participación del 28,5%, según ha indicado la entidad que preside Isidro Fainé en un comunicado.

El fondo australiano IFM sigue como segundo accionista de la energética, con un 15,5%.

Global Infrastructure Partners (GIP), fondo controlado por BlackRock, ha salido este martes del accionariado de Naturgy al deshacerse de del 11,4% del capital que aún controlaba por un total de 2.790,9 millones.

Esa reestructuración obligará a la compañía que lidera Francisco Reynés a reordenar su consejo de administración, que cuenta con tres miembros del fondo --Lucy Chadwick, Rajaram Rao y Martin Catchpole--, que ya se había comprometido a renunciar a un representante como consecuencia de la venta del 7,1% de Naturgy realizada el pasado diciembre.

Actualmente, el consejo de la energética consta de 16 miembros, aunque solo se han cubierto 15 asientos, porque Criteria renunció a disponer de un consejero más.

El pasado 18 de febrero, Naturgy dio a conocer que su consejo había propuesto alargar el mandato de Francisco Reynés como presidente ejecutivo de la multinacional hasta el año 2030 y que llevaría a cabo una reordenación en su consejo para dar un representante más a IFM en detrimento de GIP, que reduciría su peso de tres a dos representantes.

Ese ajuste supuso un guiño hacia IFM, que ha tenido varios encontronazos con Criteria por el control de la energética desde que aterrizó en el capital de Naturgy, con una opa parcial no solicitada.

Hasta ahora, el consejo de Naturgy se repartía de la siguiente forma:

El presidente de la compañía, Francisco Reynés, formaba parte del consejo en calidad de ejecutivo; Criteria tenía tres representantes, otros tres CVC y los March; tres también GIP; había tres independientes y dos representantes de IFM.

Se da la circunstancia de que Reynés es la mano derecha de Fainé en La Caixa, al ser vicepresidente primero de la entidad. Fue nombrado en mayo de 2025, tras la salida de Ángel Simón.

Veolia obtuvo el pasado año 1.217 millones de euros de beneficio, lo que supone un incremento del 10,9% respecto a 2024, anunció este jueves la multinacional francesa de servicios medioambientales, que destacó que sus resultados fueron superiores a sus objetivos.

El resultado bruto operativo (ebitda) ascendió a 7.050 millones de euros, lo que significa un incremento del 6,3% en términos equivalentes, cuando la meta era una subida de entre el 5% y el 6%, y eso “pese a un entorno complejo”, destacó en un comunicado la consejera delegada, Estelle Brachlianoff.

La multinacional francesa forma parte de la cartera de CriteriaCaixa, el holding empresarial de la Fundación La Caixa, que justo hace un año anunció su entrada con la compra del 5% del capital y un representante en el consejo de administración.

La facturación del conjunto de la compañía progresó un 1,4% en cifras equivalentes, a 44.396 millones de euros. El endeudamiento neto era de 19.657 millones de euros al finalizar 2025, frente a los 17.819 millones un año antes.

Brachlianoff explicó en una conferencia telefónica con la prensa que sus negocios fuera de Europa crecieron dos veces más rápido que en el viejo continente, que pesa en torno al 60 % de su actividad, informa la agencia EFE.

Dentro de Europa, el mercado doméstico francés (que supone en torno al 20% de la facturación) se mantuvo estancado para Veolia porque, según la consejera delegada, la empresa no quiso responder a todos los contratos y en algunos contratos de agua la indexación presentó una evolución negativa.

La dirección de la empresa propondrá a la junta que se celebrará el próximo 23 de abril el reparto de un dividendo de 1,5 euros por acción a cuenta del ejercicio de 2025 que se pagará en efectivo y en paralelo procedió a compras de acciones propias por unos 400 millones de euros para el plan dirigido a los empleados.

La consejera delegada, que calificó 2025 de “un año excepcional”, con resultados récord y algunos indicadores que han superado los objetivos, hizo notar que la propuesta de dividendo significa un aumento del 20% en dos años. También destacó que la cotización en bolsa de Veolia está en máximos desde 2008.

Buena inversión para La Caixa

Brachlianoff se mostró convencida de que La Caixa tiene razones para estar satisfecha de la entrada en el capital de la empresa francesa, a la vista de sus resultados y de la subida que ha tenido en bolsa, a su máximo histórico desde 2008.

La CEO señaló que tanto La Caixa como el banco estatal francés de inversiones BPI, que fueron los accionistas de largo plazo que entraron en su capital en 2025, lo hicieron porque apoyan su modelo de negocio y su plan estratégico Green Up.

Preguntada sobre si la llegada de esos accionistas de referencia ha alterado su línea de acción, insistió en que no se ha “modificado la estrategia” e hizo hincapié en que, “como accionista”, La Caixa estará contenta“, refiriéndose a la subida de su cotización en bolsa.

Desde que a comienzos de marzo se anunció la compra por La Caixa de un paquete del 5% del capital de la multinacional francesa, sus acciones han subido más del 20%. La progresión ha sido superior al 60% en los últimos cinco años.

Futuro “optimista” para España

En España, la empresa cerró el año con una facturación de 2.845 millones de euros, un 7% más, que alcanzan los 3.000 millones si se suman otras unidades de negocio internacionales que operan en España, y un resultado bruto de explotación de 326 millones, un 16% más. El director de Veolia España, Daniel Tugues, ha asegurado que los resultados de 2025 permiten a la empresa “ver el futuro con optimismo” en España, en un encuentro con la prensa posterior a la presentación de resultados este jueves, según Europa Press.

Tugues ha explicado que 2025 fue “un año de cambio de ciclo para Veolia a nivel mundial, pero muy singularmente en España”, tras encadenar las crisis provocadas por el Covid, la guerra de Ucrania, la inflación y la sequía. “Económicamente paramos el golpe y, con el plan de recuperación, salimos de la crisis. Salimos con una posición reforzada”, ha añadido el directivo.

Ha asegurado que la empresa ve un “futuro fuerte” en España, con una demanda al alza de los servicios que ofrece, y ha recordado que puede crecer con los concursos para gestionar el agua en ocho municipios del área metropolitana de Barcelona y para gestionar la planta de revalorización de residuos de Las Lomas (Madrid).

Preguntado por la sequía, Tugues ha reclamado que las administraciones públicas catalanas ejecuten las inversiones en infraestructuras para poder separar el suministro de agua del clima y ha dicho que ven “con temor” algunos anuncios que dicen que, con las reservas actuales, quizás se pueda ralentizar el ritmo inversor.

Ha asegurado que las inversiones que dependen exclusivamente de Veolia “están en ejecución a toda máquina” y que se podrán inaugurar durante este año. Ha pedido que las administraciones también aceleren el ritmo para poder tener las infraestructuras construidas antes de la siguiente sequía que ha previsto que habrá.

Tugues ha detallado que se realizaron cinco adquisiciones por valor de unos 45 millones de euros, en 2025. En concreto, Veolia compró la empresa de electrificación Villa Flores Martín; la compañía de aerotermia Girolan, y la rama de biomasa de Ecowarm, que permite completar la expansión geográfica en este segmento. Además, en el segmento de 'water solutions', Veolia completó la adquisición de Tecnoambiente y Fugaqua.

La crisis financiera internacional desatada en 2007 se llevó por delante al sector inmobiliario español, endeudado más allá de lo razonable, y provocó enormes pérdidas por impagos al sector financiero. Esta crisis impactó especialmente en las cajas de ahorros, unas entidades singulares con órganos de gobierno controlados por las administraciones públicas, por los partidos políticos, lo que provocó que algunas se comportaran como extensiones de sus gobiernos regionales. En 2007 había en España 47 cajas de ahorros; que tras un proceso de fusiones y venta, previo saneamiento con mucho dinero público, han quedado en seis entidades: CaixaBank, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y las minúsculas Caixa Pollença y Caja de Ontinyent, que son las dos únicas que mantienen su estructura original.

El Gobierno de Mariano Rajoy, el BCE y la UE decidieron llevar a cabo una profunda reestructuración del sector, que se produjo en varios años, con el fin de permitir que estas entidades pudieran acceder al capital privado, se desligaran del control político y se separara su obra social de la actividad financiera. La norma definitiva se aprobó en 2013 y obligó a que las cajas de ahorros se transformaran en fundaciones, que son las encargadas de la obra social y las tenedoras de las acciones del banco al que traspasaron la actividad financiera, con la excepción de Pollença y Ontinyent, dada su escasa relevancia. Desde entonces, la Fundación la Caixa y CaixaBank operan por separado; al igual que la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco y Kutxabank y las tres fundaciones que son propietarias.

Con esta medida, reguladores y supervisores buscaban alejar definitivamente a estas entidades, cuya presencia en el mercado es muy importante, del control político y homologar su gobierno corporativo con los bancos. Ha pasado más de una década y parecía claro que las entidades que surgieron de las cajas de ahorros supervivientes quedaban fuera del capricho político, pero los últimos movimientos hacen temer que vuelvan a convertirse en instrumento partidista.

La operación montada alrededor de Talgo es muy ilustrativa. El Gobierno vasco considera esta compañía estratégica para Euskadi y de inmediato formó un consorcio para comprar el 29,7% del capital del fabricante de trenes, con una inversión de 157 millones de euros. Ese consorcio está liderado por José Antonio Jainaga, propietario de Sidenor, como socio industrial, y acompañado por Finkatuz (fondo de capital del Gobierno Vasco) la Fundación Bancaria BBK y la Fundación Bancaria Vital. Los tres primeros han adquirido el 8,5% de Talgo y Vital un 4,25%. Nada más ejecutar la operación, anunciaron el traslado de la sede social y fiscal desde Madrid a Vitoria, concretamente a la Casa del Cordón (C/ Cuchillería, 24), un espacio cultural de la Fundación Vital que constituye también su sede. Talgo cuenta con unos 700 empleados en el País Vasco, la mayoría en la fábrica de Rivabellosa (Alava).

Pocos días después, los mismos actores protagonizan otra operación similar. Finkatuz, Indar Kartera (Kutxabank), la Fundación BBK y Teknei cierran la compran la división tecnológica de Ayesa, que anteriormente se llamaba Ibermática y estuvo controlada por las cajas vascas, por 480 millones. De nuevo, la operación supone el traslado de la sede social al País Vasco, esta vez desde Sevilla.

La coincidencia de actores no es casual, de hecho, el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, los llama sin recato “cuadrilla”. Hay un patrón de comportamiento, que implica que van de la mano el banco público, el Instituto Vasco de Finanzas, propietario de Finkatuz, y el teóricamente banco privado, Kutxabank, cuyos propietarios son las tres fundaciones que en el pasado eran las tres cajas de ahorros provinciales: Fundación BBK (53%), Fundación Kutxa (32%) y Fundación Vital (11%). Las tres están presididas por hombres del PNV. Unai Rementería, que ha sido alcalde de Mundaka, diputado general de Vizcaya y diputado autonómico, preside la BBK; Rafael Amasorrain, que fue alcalde de Bergara por el PNV, preside la Kutxa, y Jon Urresti, sociólogo militante del PNV, está al frente de la Vital.

A la potencia de los 300 millones de que dispone Finkatuz se suman los 500 millones de Indar Kartera, fondo creado por Kutxabank en marzo pasado y que acaba de entrar en la tecnológica Ayesa y en los supermercados Uvesco. Cuando lanzaron Indar, Kutxabank dijo que quiere “reforzar su posición como entidad dinamizadora del tejido económico e industrial y generadora de empleo, impulsando y financiando iniciativas empresariales estratégicas”.

Esta comunión de intereses entre el Gobierno vasco, las fundaciones de las antiguas cajas y Kutxabank se puede interpretar como compromiso con el territorio o como una prueba de que la vieja politización de las cajas de ahorros está volviendo. Se da la circunstancia de que las tres fundaciones vascas están legalmente bajo el protectorado del Gobierno vasco, a diferencia de la Fundación La Caixa, Unicaja e Ibercaja, que dependen del Ministerio de Economía. Esto se debe a que Kutxabank tiene menos del 40% de su actividad fuera de su comunidad de origen, del País Vasco.

Al tiempo, el patronato de la Fundación La Caixa decidió, el pasado 12 de enero, prorrogar el mandado de Isidro Fainé como presidente por cuatro años más. Esa misma mañana, el Financial Times publicaba un duro artículo sobre el alma mater de La Caixa. Este nombramiento necesita el visto bueno del protectorado (el Ministerio de Economía) a quien se menciona diecisiete veces en los estatutos de esta fundación. Fainé, que en julio cumplirá 84 años, ha logrado su continuidad. Eso sí, previamente, en 2024, invirtió más de mil millones en Telefónica para duplicar su participación y alcanzar el 10%, que unido al 10% de la SEPI, permiten el control de la compañía. Esas acciones fueron determinantes para relevar a José María Álvarez Pallete por Marc Murtra al frente de la operadora. Fainé se esmera con razón en preservar la independencia política de la Fundación La Caixa, otra cuestión es a cambio de qué. Los políticos son insaciables.

¡Buenos días!

Deseo que estés bien. Cada vez que un gobierno socialista accede, a regañadientes, empujado por Catalunya –es así–, a reformar el sistema de financiación autonómica aparecen los discursos apocalípticos sobre la España que se rompe, la desigualdad entre españoles y la falta de solidaridad. Y ya vemos que eso no ocurre. Qué pereza. Una mayor transparencia por parte de Hacienda sobre cuántos recursos por habitante le quedan a cada comunidad con la nueva propuesta aliviaría el debate. En todo caso, España lleva muchos años fracturada, tantos como Euskadi y Navarra gozan de sus respectivos concierto y convenio. Pocos se atreven a mencionar la bicha. Que sí, que es legal, que está en la Constitución, que son derechos históricos…De acuerdo, pero el cupo privilegia a estos dos territorios frente al resto, que es la cuestión, por mucho que la ley lo ampare. Tampoco las mujeres pudieron votar en España hasta 1933, durante la Segunda Repúbica. Antes de la Constitución de 1931 el sistema electoral español las excluía. ¿Era legal? Sí. ¿Injusto? Por supuesto.

Lo que sí está rompiendo España, y a ritmos vertiginosos, es la crisis de la vivienda, como apuntaba en el anterior boletín. No soy un experto en el tema y –no te voy a engañar– a veces tengo la sensación de que este asunto me sobrepasa, con el aluvión de datos y de diagnósticos y propuestas de parte. Imagino que a ti te pasará algo parecido. Nuestros gobernantes y políticos tampoco ayudan mucho: basta que uno lance una iniciativa (más o menos pensada) para que el otro la rechace y diga lo contrario. 

Está claro que hay un desequilibrio entre la oferta (escasa) y la demanda (creciente y heterogénea), que se agrava por los plazos (el tiempo que pasa entre que se concede una licencia hasta que te dan las llaves del piso). Pero el problema va más allá: intervienen múltiples factores que hacen que no pueda analizarse como un mercado en el que la “mano invisible” de Adam Smith nos lleva a la asignación eficiente de recursos y al bienestar social colectivo. La vivienda es un bien muy particular: de primera necesidad, sin competencia perfecta, que actúa con asimetría de la información y de acceso a los recursos entre los distintos agentes que intervienen. Está claro que el mercado no funciona, por lo que la administración pública debe intervenir.

¿Cómo? Ahí está el meollo del asunto. ¿Liberalizando más suelo? ¿Construyendo más? ¿Topando los alquileres? ¿Con premios fiscales para los caseros para que no suban más los precios a los inquilinos? ¿A qué caseros? ¿De verdad los jubilados y boomers son parte del problema? Todo ello sin mencionar el uso de pisos como apartamentos turísticos. En fin, que no es fácil. Pese a la aprobación de la Ley de la Vivienda, en 2023, que fija los rangos máximos de los alquileres en zonas declaradas tensionadas por las comunidades autónomas, los precios del mercado siguen ahogando a la población. Ojalá que no sea tu caso.

Son muchos los anuncios sobre vivienda sin que parezca haber detrás un análisis exhaustivo de la situación y de cómo va a contribuir a paliarla. Sobre todo en periodos electorales o preelectorales y por parte de todos los políticos. Todos. Así que toda la imaginación y la capacidad legislativa y de colaboración de las administraciones públicas (Gobierno, comunidades y ayuntamientos), con expertos y con un sector privado que mire más allá de la rentabilidad de su cartera inmobiliaria es poca.

El dato

8,9%

Es el porcentaje de jóvenes de menos de 41 años que son titulares de explotaciones agrarias, según el censo agrario de 2020 (últimos datos disponibles) que elabora cada década el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de la Unión Europea, la cifra es algo mejor, pero muy magra: se eleva hasta el 12%, según Eurostat. Pese al incremento general de ocupados, en el sector agrario el número de jóvenes ha descendido entre 2009 y 2021 el 11%. “El relevo generacional es clave, la prioridad número uno del Ministerio”, asegura el ministro, Luis Planas. El Gobierno pondrá suelo rústico estatal a disposición de jóvenes agricultores para facilitar el relevo generacional. Las explotaciones lideradas por jóvenes son más productivas y obtienen mayor renta. Según estudios del Ministerio, los jóvenes que se dedican al campo creen que la viabilidad de las explotaciones va ligada a la innovación y a las nuevas tecnologías.

El gráfico

La productividad es importantísima para la prosperidad y el bienestar de una sociedad. De forma sencilla se podría decir que es la cantidad de productos y servicios (output) que es capaz de generar una economía con unos recursos determinados (inputs): si con los mismos recursos se genera más producción, la productividad crece, esa economía es más eficiente. También lo es si esa economía dota de más recursos a su sistema de producción; es decir, si invierte más y la cantidad de productos crece más que proporcionalmente. La baja productividad de la economía ha sido uno de los retos históricos de la economía española. Pero esto podría estar cambiando. Según el último informe del Observatorio de la Productividad y la Competitividad Española (OPCE), que elabora la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la productividad española crece un 1,4% anual desde la pandemia, la tasa más elevada desde 1995, mientras se estanca en el 0% en la Eurozona. Esta positiva evolución está reforzando su contribución al PIB y se apoya en un cambio en el patrón de crecimiento más basado en la eficiencia productiva que en el pasado: la economía ya no crece únicamente por el aumento del empleo y el capital —maquinaria, equipos, activos inmobiliarios, infraestructuras— sino también por la mejora de la eficiencia con la que se utilizan ambos recursos productivos, lo que se conoce como productividad total de los factores (PTF). Un motivo más para que, como decía en el boletín de la semana pasada, la bonanza macroeconómica pueda trasladarse al bolsillo de los ciudadanos mejorando los salarios, por ejemplo.

No todo nos parece mal

Las empresas pegan el estirón. Junto a la calidad del capital humano (formación, educación, capacitación), el tamaño empresarial es otro de los factores que se apunta como determinante para la brecha de productividad. Lo que limita a muchas empresas no es la carencia de ideas y proyectos, sino su insuficiente dimensión. El adquirir tamaño abre la posibilidad de invertir en recursos humanos y capacidad productiva. Eso parece que también está cambiando. El tamaño medio de las empresas ha crecido un 19,3 % en los últimos siete años, pasando de los 10,3 trabajadores por compañía en 2018 a los 12,3 en 2025, según un estudio elaborado por CCOO y presentado esta semana. Este incremento responde al mayor número de empresas medianas y grandes, pero también al aumento del tamaño medio de las empresas por número de trabajadores, que ha crecido en todos los tramos, especialmente entre las que tienen 500 o más trabajadores.

CCOO atribuye esta mejora del tamaño empresarial a “las políticas económicas y laborales implementadas en estos últimos años, que han sostenido el tejido productivo y la capacidad de demanda de los trabajadores”, como la política de protección de rentas salariales durante la pandemia, el refuerzo del empleo estable gracias a la reforma laboral y el aumento del SMI. “La economía funciona mejor cuando se sostiene la demanda y se refuerza el empleo estable, no cuando se recortan derechos a los y las trabajadoras”, asegura el sindicato.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Cristina Álvarez, presidenta de El Corte Inglés. Este jueves toma oficialmente las riendas de la compañía. Economista y consejera desde hace una década, ha formado parte del núcleo que ha pilotado la estabilización del grupo tras sus años más convulsos. El relevo de su hermana Marta se presenta como una transición ordenada, casi natural, y se produce en un momento en el que la compañía ha dejado atrás la emergencia y entra en una fase distinta: la de demostrar que la recuperación no es coyuntural. 

Si su hermana fue la encargada de la “limpieza” —tras la abrupta marcha de Dimas Gimeno y poner orden en un balance que tiritaba—, Cristina asume ahora el papel de guardiana de las esencias en un momento de paz financiera, aunque bajo un esquema de gobernanza que levanta cejas entre los analistas: un gigante de más de 15.000 millones de facturación que pretende bailar sin un CEO al mando.

Cristina hereda una estructura de poder compartimentada, un triunvirato donde ella reina pero no ejecuta. Delega el día a día en Santiago Bau, al frente de la dirección general desde finales del pasado octubre, tras el cese de Gastón Bottazzini como consejero delegado, y en Rafael Díaz, secretario general con rango de director general (también nombrado en octubre). Es un experimento de gestión vertical donde la propiedad se resiste a soltar el volante, justo cuando la competencia (de Amazon a los nuevos hubs logísticos chinos como AliExpress o JD.com) exige respuestas rápidas y movimientos ágiles.

Los números acompañan, aunque con matices. En el último ejercicio, El Corte Inglés superó los 15.000 millones de euros de facturación (menos que en 2019), con un beneficio neto de 500 millones, encadenando varios años de mejora de resultados. La deuda financiera neta, que llegó a ser uno de los principales lastres del grupo, se ha reducido hasta situarse ligeramente por encima de los 1.700 millones, muy lejos de los niveles previos a la pandemia. Esta evolución ha dado oxígeno a la compañía, pero no la exime de tensiones en un sector con el consumo estabilizado tras la crisis inflacionista, donde cada vez compramos más online y con una plantilla de 80.000 personas que aún mira al pasado, mientras vender ya no es despachar, sino gestionar datos y servicios.

Nos gusta la competencia

Estos artículos de otros medios me han parecido interesantes.

Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas. Si tienes tus propuestas o ideas me puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. 

Un saludo

El Club de la Piruleta ha recibido el donativo de la iniciativa #MárcateUnTripleSolidario, que por segunda edición consecutiva ha conseguido destacarse como uno de los emblemas solidarios del Circuito 3x3 CaixaBank.

En la parada celebrada en la plaza de La Concepción de La Laguna, los participantes y visitantes lanzaron a canasta con el objetivo de lograr 1.000 triples solidarios, que se han traducido en una ayuda económica de la Fundación “la Caixa” para el primer club inclusivo de baloncesto de Canarias.

Cada Triple Solidario anotado por jugadores, visitantes, autoridades y embajadores, ha servido para apoyar el proyecto de esta asociación sin ánimo de lucro que participó en esta temporada del circuito y que utiliza el baloncesto como vía de inclusión y transformación social.

El Circuito 3x3 CaixaBank cerró la temporada 2025 con un nuevo éxito de participación, expandiendo el baloncesto urbano e inclusivo bajo su lema de Cancha para todxs. En su decimotercera temporada, el circuito organizado por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y CaixaBank, recorrió un total de nueve ciudades, en las que cumplió la misión de hacer del deporte un lugar inclusivo, cercano y abierto para todas las personas.

La Laguna acogió la octava parada de la edición actual, que contó con más de 200 participantes, repartidos en 52 equipos, y que congregó a 2.500 visitantes.

Además de estrenar imagen y nomenclatura en la temporada 2025, el Circuito también inauguró su nuevo lema de Cancha para todxs. Un paraguas bajo el que CaixaBank ha querido profundizar en la idea principal del circuito: Impulsar la práctica deportiva sin importar edad, género o condición física.

Cancha para todxs ha reflejado, parada a parada, cómo el deporte es capaz de difundir valores tan importantes como la igualdad, el respeto, la empatía o el trabajo en equipo. Y en el circuito ha quedado reflejado con las diferentes actividades propuestas más allá del baloncesto. Activaciones que han trascendido a la competición deportiva y han conseguido ampliar la oferta a público general, con nuevas iniciativas dirigidas a los más mayores, con entrenamientos específicos para fomentar el envejecimiento activo, juegos y actividades en las pistas para las familias, jóvenes y visitantes locales, Voluntarios FEB CaixaBank y empleados de la entidad que, parada a parada, han asistido a las diferentes ciudades para disfrutar de una fiesta global en torno al baloncesto y el deporte base.

El Consejo de Administración de CriteriaCaixa ha aprobado la adaptación de su plan estratégico entre 2025 y 2030 al de la Fundación La Caixa y prevé disponer de una capacidad de inversión de hasta 8.000 millones de euros y poner a disposición de la Fundación más de 4.000 millones hasta 2030, según ha informado este lunes en un comunicado.

“Con base en una previsión razonable de la rentabilidad de su cartera, CriteriaCaixa podrá disponer de una capacidad de inversión de hasta 8.000 millones de euros, y prevé poner a disposición de la Fundación ”la Caixa“ más de 4.000 millones de dividendo social para que ésta lo destine a programas sociales, de investigación y becas, y de cultura”, explica la nota.

“Criteria focalizará sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables. Asimismo, promoverá en sus participadas la creación de valor con una visión de largo plazo”.

Con el objetivo de preservar y hacer crecer el patrimonio de la Fundación, Criteria focalizará sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables. Asimismo, promoverá en sus empresas participadas la creación de valor con una visión de largo plazo.

En el marco de la presentación de la adaptación del plan estratégico a los empleados, el presidente de la Fundación “la Caixa” y de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha destacado que “esta hoja de ruta revisada mantiene el mismo norte que siempre hemos perseguido: dotar de dividendos y hacer crecer el patrimonio de la Fundación para de ese modo seguir reforzando las capacidades de la Obra Social que ha sido, es y será nuestra seña de identidad. Aplicando políticas de inversión responsables y sostenibles que maximicen el impacto social positivo.”

Por su parte, el director general de CriteriaCaixa, José María Méndez, ha destacado la gran responsabilidad del holding como gestor del patrimonio de la Fundación y la “importancia del rigor y la independencia en la toma de decisiones, así como la excelencia en los procesos de análisis de inversión, la eficacia en la gestión y la eficiencia en resultados. Nuestro objetivo es la creación de valor a largo plazo y el dividendo social que hace posible la acción transformadora de la Fundación”. En este sentido ha agradecido a “todo el equipo de CriteriaCaixa su compromiso con este propósito y los valores de la entidad que nos convierten en un actor único en el ecosistema inversor europeo”.

CriteriaCaixa también ha reorganizado la gestión de sus inversiones con base en cuatro grandes carteras. La primera, la Participación Fundacional, con la que CriteriaCaixa gestionará, mediante su presencia en los órganos de gobierno, su participación en CaixaBank, entidad financiera que comparte el mismo origen histórico que la Fundación “la Caixa” y que “da sentido a la naturaleza de esta como fundación bancaria”. “CriteriaCaixa mantendrá una participación mínima del 30% en CaixaBank”.

La adaptación del Plan Estratégico de Criteria llega tras el inesperado cese, en abril, de Ángel Simón como consejero delegado, y su sustitución por Francisco Reynés (a su vez presidente ejecutivo de Naturgy) y después de que el brazo inversor de Fundación la Caixa presentase en junio un nuevo plan con una inversión de 4.000 millones hasta 2030.

La segunda gran cartera será la de “inversiones relevantes”, formada por “compañías competitivas, preferentemente cotizadas, que desarrollen sus actividades primordialmente en sectores clave de la economía, con perspectivas de futuro y visión industrial, que persigan la generación de valor sostenible mediante una adecuada combinación entre retribución al accionista y crecimiento del negocio”.

En esta cartera se incluyen los paquetes de Criteria en Naturgy (23,96%) y Telefónica (9,99%), hasta ahora englobadas en lo que el holding denominaba “cartera estratégica”; y sus acciones en ACS (9,36%), Veolia (5%), Inbursa, el banco chino BEA, Colonial, Interparking y Aigües de Barcelona. En estas empresas “CriteriaCaixa aspira ser accionista de referencia y ejercer influencia a través de su participación en sus órganos de gobierno. CriteriaCaixa fomentará y apoyará una estrategia de generación de valor en estas compañías, con visión y compromiso a largo plazo. Asimismo, promoverá la cooperación entre la acción social de las propias compañías y la desarrollada por la Fundación ”la Caixa“.

Por otro lado estará la cartera de “inversiones alternativas”, que incluirá “inversiones en activos inmobiliarios cuyo objetivo es la generación de rentas recurrentes y con aspiración a una potencial revalorización”; participaciones financieras en fondos de terceros, que invierten en compañías y proyectos no cotizados, “con vocación de crecimiento y con una previsión de liquidez más dilatada en el tiempo”; e inversión directa o a través de fondos de terceros, en empresas en fases incipientes de su actividad, y cuyo foco prioritario serán los sectores de la tecnología y biotecnología.

La inversión en fondos de terceros permitirá a CriteriaCaixa ampliar el número de compañías en las que impacta, diversificar el riesgo y mantener de forma indirecta una involucración activa en la gestión.

El objetivo es mantener una cartera de inversiones alternativas cuyo valor bruto no exceda del 10% del valor total bruto de los activos.

Y finalmente la “cartera de liquidez”, que tiene la finalidad de mantener fondos disponibles para atender las necesidades y compromisos contraídos a corto plazo, tanto por lo que se refiere a su operativa diaria como para las potenciales inversiones a acometer. “CriteriaCaixa, directamente y/o a través de terceros, invertirá esta cartera en productos financieros con un perfil de rentabilidad-riesgo conservador y de adecuada disponibilidad”. El objetivo es mantener una cartera de liquidez adecuada cuyo valor bruto se mantenga al menos en el 10% del valor bruto total de los activos.

A 30 de junio de 2025 el Valor total Bruto de los Activos de CriteriaCaixa había alcanzado los 37.252 millones de euros, en un primer semestre marcado por la evolución positiva del valor de las participadas y una sólida generación de caja impulsada por los dividendos recibidos de las mismas (1.074 millones de euros). Hasta junio, CriteriaCaixa había distribuido un dividendo social de 360 millones de euros a la Fundación, a los que hay que añadir los 125 millones de euros adicionales aprobados por el Patronato de la Fundación el pasado 9 de octubre.

En cuanto al perfil financiero, CriteriaCaixa mantendrá en general un perfil conservador, con niveles de deuda moderados –nivel de deuda neta a medio plazo como máximo en el 10% del valor total bruto de los activos–, y una adecuada diversificación de fuentes de financiación, incluyendo el acceso a los mercados institucionales de deuda. Otro de los objetivos del holding es mantener la calificación de Grado de Inversión (Investment Grade).

El Plan incorpora, además, una serie de proyectos transversales para favorecer la evolución corporativa del propio holding. Estos proyectos se desarrollarán en el ámbito de personas, la tecnología, la sostenibilidad y la comunicación, con el horizonte del año 2030.

El Ayuntamiento de Murcia y la Fundación “la Caixa” han reafirmado su alianza para combatir la pobreza infantil a través del programa CaixaProinfancia con la inauguración del Espacio Educativo Municipal del Centro García Alix. La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y el director de CaixaProinfancia en España y Portugal, Albert Rodríguez, junto al presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro- Oeste, David San Nicolás, han visitado las instalaciones, donde han hecho balance de la evolución del programa Caixa Proinfancia desde su puesta en marcha en 2007. También ha participado Carolina Olivares, presidenta de UNICEF en la Región de Murcia.

 Así, el programa ha acompañado en Murcia a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes y a cerca de 10.000 familias en situación de vulnerabilidad. Solo en 2024, se han atendido a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes y a cerca de 2.000 familias del municipio. 

Estos resultados son posibles gracias a la colaboración del área de Servicios Sociales de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud con la entidad, así como al trabajo en red con entidades sociales comprometidas con la igualdad de oportunidades en la infancia, informan desde el Consistorio.

“Desde el Ayuntamiento de Murcia estamos impulsando distintas acciones fundamentales para el avance en el compromiso del cumplimiento de los Derechos de la Infancia, con la renovación del reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia y lo que de ello se deriva, entre lo que figura el establecimiento de redes sólidas para la atención integral a niños, niñas y adolescentes en condiciones de igualdad y accesibilidad. Tenemos claro que la colaboración con Fundación ”la Caixa“ y el programa CaixaProinfancia es fundamental para seguir avanzando en esta dirección”, ha valorado la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

“Desde CaixaProinfancia nos esforzamos por garantizar que ningún niño o niña quede atrás. Queremos que todos puedan crecer, aprender y soñar con un futuro mejor, sin que su contexto social o económico sea una barrera para alcanzar sus metas. CaixaProinfancia es, en definitiva, nuestra apuesta por una sociedad más equitativa y solidaria”, ha afirmado el director del programa CaixaProinfancia de la Fundación “la Caixa”, Albert Rodríguez.

El programa CaixaProinfancia trabaja para romper la transmisión de la pobreza entre generaciones y promover la igualdad de oportunidades. Para ello, pone a disposición de las familias servicios y recursos centrados en el refuerzo educativo, el ocio y tiempo libre, el acompañamiento educativo familiar, la atención psicoterapéutica y la promoción de la salud.

La intervención se realiza a través de entidades sociales que trabajan en red y en coordinación con servicios sociales, centros educativos, centros de salud y otros agentes del territorio. Esta colaboración permite priorizar las ayudas, hacer seguimiento de cada caso y garantizar una atención integral.

Así, el nuevo espacio va a acoger el proyecto ‘Tienes Talento', una iniciativa que tiene como objetivo identificar y desarrollar las capacidades y talentos de niños y niñas de entre 6 y 12 años que viven en contextos de vulnerabilidad. Las actividades se realizan en tres espacios educativos municipales, como son Espinardo y Los Dolores, además del recién inaugurado en el Centro Municipal García Alix, en horario extraescolar.

Estos centros ofrecen un entorno lúdico y educativo que complementa la formación escolar y facilita la conciliación familiar, al tiempo que promueven valores como la creatividad, la cooperación y la autonomía personal.

“Queremos dar pleno cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de la Infancia y lo estamos demostrando con hechos concretos. Acabamos de aprobar el II Plan de Infancia y Adolescencia y estamos trabajando en la renovación del sello de Ciudad Amiga de la Infancia que UNICEF nos otorgó en 2016. Este reconocimiento no es un punto de llegada, sino un impulso para seguir construyendo un municipio donde todos los niños, niñas y adolescentes puedan crecer en equidad, con acceso a la educación, la salud y el bienestar que merecen”, ha subrayado Pilar Torres.

“Nuestra meta es clara: una Murcia más justa, más solidaria y más comprometida con su infancia. Porque invertir en los niños y las niñas es invertir en el futuro de nuestra ciudad”, ha apuntado.

Romper el círculo de la pobreza

En España, uno de cada tres niños y niñas vive en situación de pobreza, una realidad que impacta directamente en su desarrollo personal, educativo y social. Con el objetivo de romper la transmisión de la pobreza heredada, CaixaProinfancia “promueve un acompañamiento integral y personalizado, orientado a mejorar las competencias básicas, los hábitos de estudio y la autoestima de los participantes, favoreciendo así su empoderamiento y su inclusión social”, señalan desde la Fundación.

Con 18 años de experiencia en entornos vulnerables, además, “ofrece un apoyo integral y multidimensional con actividades que abarcan desde el refuerzo educativo hasta la atención psicosocial y el bienestar familiar”. Su modelo de intervención innovador, basado en el trabajo en red, se despliega por todo el territorio español, abarcando las 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, 148 municipios, 200 redes y más de 400 entidades sociales. Estas entidades colaboran directamente en la atención y seguimiento de las familias, priorizando las ayudas según sus necesidades. 

El programa se articula a través de redes territoriales de atención, promoviendo la colaboración entre entidades sociales, administraciones locales y otros agentes del territorio (escuelas, centros de salud y servicios sociales). Esta coordinación permite optimizar los recursos y garantizar que cada niño o niña reciba el apoyo necesario según su situación y necesidades. En Murcia, participan entidades como Cáritas, Fundación Secretariado Gitano, Cepaim, Copedeco, Columbares, Inter Futsal, Coordinadora de Barrios y Plena Inclusión.

 La educación como motor de cambio

Las condiciones del entorno, la salud o la organización familiar influyen directamente sobre los procesos de aprendizaje, de manera que aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en contextos vulnerables tienen mayores dificultades para alcanzar el éxito escolar.

Según el último Informe de Evaluación de CaixaProinfancia publicado, correspondiente al curso 2022-2023, los datos reflejan el impacto positivo del programa, “ya que cerca del 90% de los participantes logró promocionar de curso, y la tasa de graduación en la ESO alcanzó un destacado 82,4%, situándose un 31,2% por encima de la media nacional de estudiantes del mismo estrato socioeconómico”.

El programa se enfoca también en promover el desarrollo de sus competencias básicas, mejorar sus hábitos de estudio, la autonomía en el aprendizaje, el incremento de las expectativas de éxito y el impulso de los resultados académicos y el rendimiento escolar. Además, trabaja para mejorar la autoestima de los participantes, su empoderamiento y el fortalecimiento de los procesos de socialización e inclusión social.

 “Es por esto, que el Ayuntamiento de Murcia sigue apostando por continuar trabajando en estrecha colaboración con CaixaProinfancia con un gran aliado en la atención a la infancia y adolescencia del municipio”, ha concluido Pilar Torres.

Durante la época en la que más viviendas se construían en España, mucha gente tenía problemas para acceder a un techo bajo el que desarrollar su proyecto vital. Como ahora, durante la burbuja inmobiliaria había jóvenes que no conseguían crédito para comprar o tenían dificultades para acceder a un alquiler, familias vulnerables a las que les costaba llegar a fin de mes y mayores con dificultades para mantener un hogar. En 2007 y 2008, La Caixa inauguró en Vallecas sendas promociones en el marco de su programa social de vivienda asequible, bajo el sello de la 'Obra Social'. Decenas de vecinos de esos dos edificios de ladrillo visto temen ahora un futuro sin alternativa habitacional. La propiedad ha comenzado a enviar cartas en las que notifica a aquellos pendientes de renovación este año y durante los primeros meses del próximo que tendrán que abandonar esas viviendas.

David consiguió uno de estos alquileres en 2007 y fue de los primeros vecinos en acomodarse en el edificio. Cumplía con todos los requisitos: era menor de 35 años, no tenía otra vivienda en propiedad y no llegaba al límite de ingresos. Casi dos décadas después, se ha convertido en las orejas del lobo que empiezan a ver y atemoriza a muchos de sus vecinos. Tras tres renovaciones sin problemas, su contrato finalizó en 2022, en un caso que permanece judicializado desde entonces.

“Vivimos mi hijo y yo en esta casa. Sufro una cardiopatía y hace seis años me operaron de corazón, además padezco ansiedad y un principio de depresión, por lo que me enfrento a una situación complicada”, lamenta. David lleva desde que finalizó su contrato abonando mensualmente su renta, unos 450 euros, pero no ha abandonado la vivienda. Aunque en primera instancia la justicia le dio la razón, la Audiencia Provincial determinó que debía irse. Ahora está pendiente de los próximos pasos de la entidad, que ha solicitado al juzgado un impulso procesal para apurar el desahucio.

María, 45 años, relata una historia similar. Cumplía los requisitos y accedió a la vivienda en 2013. Un contrato de cinco años, que se renovó sin problemas con otro de siete y una renta que se ha ido ajustando según el IPC y que ronda los 450 euros. El contrato actual finaliza el 30 de abril de 2026, pero en agosto recibió una comunicación de InmoCaixa, el brazo inmobiliario de la Fundación La Caixa, comunicándole que, en esa fecha, “deberá hacer entrega de la vivienda”. “Cuando contactamos a través del Sindicato (de vivienda) no contestan o nos dicen que no son de su propiedad. Estamos abiertos a negociar, queremos que nos escuchen”, reclama esta vecina.

La de María no fue la única notificación. Según los datos de la PAH/Sindicato de Vivienda de Vallekas, más de 40 familias, cuyos contratos expiran en los próximos meses, han sido informadas de que no serían renovadas. Una comunicación que, según señalan, se produce “sin una explicación clara ni oferta alternativa o posibilidad de negociar”. Como la de Francisco Javier, que se mudó a ese piso para cuidar de su padre dependientes y se subrogó al contrato cuando fallecieron. Recibe una pensión a favor de familiar y, si tiene que dejar la casa cuando finaliza el contrato, en enero, no ve ninguna opción. “Tal y como están las cosas, te vas a buscar un alquiler y te encuentras 1000, 1200, 1500 euros por un piso. No puedo”, admite.

Desde la Fundación La Caixa indican que “en el proceso de gestión de la cartera inmobiliaria, se pueden generar casos puntuales de desacuerdo con algunos vecinos de esas promociones”, que se intentan resolver “caso a caso”. “Si se detecta una situación de vulnerabilidad acreditada, InmoCaixa actúa de la mano de la Administración para dar tiempo y espacio a que se pueda encontrar una solución residencial a esas personas”, señala una portavoz, que reconoce que “si no hay vulnerabilidad, se intenta buscar una solución amistosa” pero “en caso de que no sea posible, después de un tiempo prudencial se impulsa el proceso legal/judicial”.

Las familias contactadas por elDiario.es afirman que no han recibido ninguna posibilidad de negociar con la compañía y que esta tampoco se ha interesado por su situación de vulnerabilidad o no, lo que ha provocado malestar e inquietud en buena parte del vecindario, que se ha unido para hacer frente a esta situación. El Sindicato de vivienda PAH de Vallekas ha emitido un manifiesto, firmado por 37 inquilinas, en el que denuncian unas prácticas que “ponen en riesgo a decenas de familias”. “Tenemos cuatro casas en las que se acaba el contrato el 31 de diciembre, pero la gente sabe que le va a llegar su momento, así que se están animando a organizarse”, señala un portavoz.

En un momento de emergencia habitacional, en el que un millón y medio de hogares destina más del 30% de sus ingresos —la barrera en la que organismos nacionales e internacionales empiezan a hablar de un gasto excesivo— a pagar el alquiler y la edad media de emancipación supera los 30 años, la Fundación La Caixa indica que ha “reorientado sus líneas de actuación estratégica, centrando los esfuerzos en programas sociales, como los dirigidos al fomento del empleo, la lucha contra la pobreza infantil, el acompañamiento de los mayores, la atención integral a personas con enfermedades avanzadas o el impulso de iniciativas dirigidas a personas vulnerables a través de sus programas de convocatoria y ayudas”.

La entidad prevé invertir 4.000 millones de euros en los cinco próximos años, según el plan estratégico presentado en junio por su presidente, Isidro Fainé, a los empleados. La nueva hoja de ruta prevé un aumento gradual del presupuesto anual hasta alcanzar los 800 millones de euros en 2030, frente a los 655 millones de este 2025, que es el mayor de su historia.

Esa desinversión en VPO ha llevado a la Fundación a deshacerse de muchos de sus inmuebles, a medida que van finiquitando los alquileres. La entidad no detalla cuantos tiene en vigor ahora mismo. En algunos casos, estas ventas van a empresas privadas y, en otros, pasan a manos de las administraciones, que tienen derecho de tanteo y retracto. Por ejemplo, a finales de 2024, la Generalitat de Catalunya adquirió más de 450 viviendas sociales de InmoCaixa, por un precio de más de 30 millones de euros.

Esta redacción ha podido reunir a una quincena de inquilinos de los bloques de Vallecas, con diferentes situaciones, pero todos preocupados por la deriva de la antigua obra social y un mercado inmobiliario salvaje. “Estás con la incertidumbre de que te tiene que ir y los alquileres están costosísimos”, dice Míriam, con contrato en vigor hasta agosto de 2026, pero angustiada por su futuro. O Silvia, de 52 años, que entró hace 11 tras acreditar haber sido víctima de violencia de género y que teme perder “un entorno de seguridad que no hay en otro sitio”.

Sara, 41 años, vive con su hijo y su padre en uno de estos pisos que, como todos, tiene una superficie de unos 47 metros cuadrados. Tuvo problemas para renovar en 2020, pero finalmente logró que le mantuviesen el alquiler, con una subida hasta los 520 euros. “A partir de ahí empezaron a hacer contratos distintos”, dice, en una táctica que es, sospechan, para separar a los vecinos. A ella le quedan todavía dos años de contrato, pero no es ajena a que “igual que les pasa a mis vecinos, me va a pasar a mí”.

También está apoyando a sus vecinos Juan, 38 años. En su caso, renovó in extremis hace dos años, así que, por el momento, tiene un lustro blindado por delante, pero explica que, con su sueldo, cercano al salario mínimo interprofesional, no podía afrontar un alquiler a precio de mercado. O Javier, 76 años, que renovó a finales del 2023, pero vive ya con la incertidumbre de una nueva mudanza o de perder a sus médicos, con los que ha establecido una relación de confianza, tras siete años de visitas con su mujer. O Teresa, con la vista puesta en 2027, cuando cumplirá siete años en este piso y a quien le dijeron, como al resto, que se podría quedar “lo que quisiera”.

“Estamos todos aquí porque sabemos que esto lo quieren quitar”, explican casi al unísono en torno a una mesa de madera en la zona común de la urbanización, donde mencionan los casos de Pinto y Vicálvaro, las otras dos promociones que la Obra Social levantó en Madrid. Paloma vivía en la promoción de Pinto, donde se mudó tras un sorteo en 2013. “Cuando nos cumplió, llegó la prórroga del Covid, aunque no nos la querían dar, así que lo tuvimos que pelear. Yo estuve un año y medio pagando sin contrato”, explica. Finalmente, la orden de desahucio llegó, aunque para entonces ella ya se había ido. Dejó, eso sí, una demanda colectiva a través de la Asociación de Vecinos Tomás Bretón por cláusulas abusivas y por la venta de las viviendas al fondo Farley YTG, saltándose el derecho de tanteo y retracto a precio de VPO. “Nos la tenían que vender a nosotros a precio de vivienda social, pero nos la querían vender como vivienda libre porque el suelo se liberó”, explica.

Y en Vicálvaro, los vecinos están empezando a organizarse. “La mayoría se encuentra con que sus contratos sociales se acaban a finales de 2025 o mediados del 26, sin ningún tipo de alternativa por parte de La Caixa, que tiene el objetivo de hacer más negocio con alquileres temporales o vendiéndoselo a empresas externas, en lugar de mantener a familias que están en una situación socioeconómica bastante vulnerable. Por eso les dieron esas viviendas”, indica una portavoz del Sindicato de Vivienda de Moratalaz.

Sin embargo, los vecinos de estas antiguas promociones de los programas de vivienda asequible y alquiler solidario mantienen que la estrategia de la compañía es liberar esos pisos para seguir aumentando sus ingresos. Por ejemplo, algunas de las viviendas de Pinto, que InmoCaixa liquidó, están a la venta en portales inmobiliarios por más de 350.000 euros. Y otros de los apartamentos que han quedado libres en Vallecas, y de los que se ha deshecho la Fundación, se anuncian como alquiler de temporada, de uno a once meses, por 1.000 y 1.100 euros.

Con todo, los vecinos exigen una negociación para poder seguir en las que han sido sus casas durante años, incluso décadas. Algunos mantienen la esperanza y amenazan con seguir el ejemplo de David y quedarse pase lo que pase. Él hace una reflexión: “Con su imagen filantrópica, crees que no pasará esto”.

“Madre mía”. Eso fue lo que pensó Rafael Chueca, subdirector de la Fundación 'la Caixa', cuando en 2007 pisó por primera vez las Reales Atarazanas de Sevilla. Se buscaba por entonces una ubicación para el CaixaForum, que al final acabó mudándose a Torre Sevilla por la complejidad de meterle mano a un espacio que ha estado años enredado en una madeja patrimonial y legal. Ahora, y tras más de tres décadas sin uso, el imponente conjunto medieval reabrirá en 2026 con una ambición no menor a su tamaño, ya que pretende situarse entre los espacios culturales de referencia en toda Europa.

Tras un largo periplo para encontrar una fórmula que permitiese conservar este patrimonio y darle un uso, en 2022 se iniciaron unas obras que han costado 20 millones de euros, de los que 13,5 los ha puesto la Fundación y el resto la Junta de Andalucía. Para darle relumbrón al final de los trabajos, el miércoles se llevaba allí su Juan Manuel Moreno su Consejo de Gobierno para así estrenarlas, pero ha sido este jueves cuando se han dado algunos detalles de lo que está por venir en lo que aspira a ser el gran centro cultural de las relaciones entre España y América.

Más allá del calibre de las aspiraciones, tampoco es que se haya despejado mucho sobre qué se podrá ver exactamente. Por lo pronto, y para celebrar la culminación de las obras, se anuncian unas jornadas de puertas abiertas con fechas todavía por concretar, pero para ver los contenidos habrá que esperar a 2026 a que la Fundación Cajasol (que ahora hereda el proyecto) culmine la musealización.

Lo más potente desde la Expo 92

El presidente de esta entidad, Antonio Pulido, lo tiene claro: “Va a ser uno de los espacios culturales más visitados de Europa”, además de servir de “impulso a las relaciones entre España y América”. De hecho, considera que desde la Exposición Universal de 1992 “no se había puesto en marcha una herramienta estratégica de la dimensión y el alcance de las Atarazanas”, que se levantaron en 1252 por orden de Alfonso X.

“Estamos aquí para diseñar el futuro”, ha llegado a afirmar Pulido, que ha garantizado un derroche de innovación y tecnología para diseñar contenidos inmersivos que permitan un recorrido con tres ejes: la ciudad de Sevilla, el propio edificio de las Atarazanas y la conexión con América. “Vamos a ser el gran centro neurálgico de las relaciones entre las dos orillas del Atlántico”, ha apostillado, “la gran referencia mundial de la conexión con América”.

El mayor edificio civil medieval de Sevilla se extiende por una planta de más de 8.000 metros cuadrados que sólo son un reflejo de lo que llegó a ser, porque únicamente se conservan siete de sus 17 naves. El complejo ha tenido una vida convulsa tras su nacimiento como astillero y arsenal, función que mantuvo durante poco más de un siglo porque pronto quedaron pequeñas las galeras reales que aquí se construían destinadas sobre todo a controlar el Mediterráneo y el Canal de la Mancha.

Una oferta de tres plantas

Después de eso fue primera sede de la Casa de la Contratación, almacén del comercio con las Indias, hospital de caridad y hasta patio de vecinos y prisión. El uso que mantuvo durante más tiempo fue el militar, como Maestranza de Artillería (se ubica junto a otras dos Maestranzas, la plaza de toros y el teatro) y al final como centro administrativo que funcionó como caja de reclutas. Uno de sus últimas funciones antes de la restauración fue como escenario, haciendo las veces de guarida para los dragones de la serie Juego de tronos.

El proyecto de restauración arquitectónica que diseñara Guillermo Vázquez Consuegra hace casi tres lustros, con el que ha aflorado un lienzo de la muralla islámica –el astillero estaba extramuros– con su barbacana, presenta tres niveles. El primero (la planta baja, con sus característicos arcos) será el escenario de eventos, recorridos por el monumento y espectáculos lumínicos. La entreplanta acogerá exposiciones temporales de temática global, y la primera planta será –en palabras de Antonio Pulido– “la más tecnológica” con experiencias inmersivas.

“Historia, patrimonio y tradición, pero también innovación, tecnología, investigación, arte y actividad económica”, ha desgranado en cuanto al proyecto museográfico. No hay más concreción por ahora, sólo que los restos arqueológicos serán visitables y que las zonas expositivas tendrán como eje principal la relación de Sevilla con el Guadalquivir y con el Nuevo Mundo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha estrenado este miércoles las Atarazanas de Sevilla, el mayor astillero medieval de España. Una joya patrimonial que se recupera tras una larga y compleja restauración no exenta de polémica. Y lo hará como un “gran espacio cultural” después de 32 años en los que “había caído en el abandono, e incluso en el olvido, y que fue una de las grandes reclamaciones de la ciudad”.

Así lo ha expresado el mandatario andaluz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este miércoles de forma excepcional se ha celebrado en este complejo, dejando el escenario habitual: el palacio de San Telmo, sede de la Junta. En cuanto a su inauguración y apertura de puertas al público aún no se ha dado a conocer la fecha.

Las obras de este Bien de Interés Cultural (BIC) se iniciaron en febrero de 2022 y han tenido un plazo de ejecución de 31 meses. “Uno de los compromisos electorales que habíamos adquirido ya en la pasada legislatura hemos conseguido hacerlo realidad. Son más de 20 millones de euros muy bien invertidos por parte de la Junta y la Fundación La Caixa”, ha remarcado Moreno.

El presidente andaluz ha señalado al respecto que este proyecto representa “una indiscutible ganancia para la vida cultural de Andalucía, para la economía local, para el turismo de calidad y para la identidad hispalense, que recobra una pieza clave de su pasado y de su papel en la historia”.

Centro cultural “de primer nivel”

Moreno ha insistido en la idea de que se trata de un proyecto de centro cultural “de primer nivel, para nosotros y también para nuestros descendientes”. “Sumamos un potente foco de conocimiento y disfrute del arte y del patrimonio a cada uno de nuestros visitantes, que expandirá el mapa monumental hispalense hacia el río, reforzando el barrio del Arenal como polo cultural”.

El presidente de la Junta se ha referido a las vicisitudes por las que ha pasado el proyecto, “terriblemente complejo desde el punto de vista jurídico, económico y técnico”, algunos de esos escollos “parecían prácticamente imposibles de superar”. Asimismo, Moreno ha agradecido la labor de los arqueólogos, con un “excepcional y complejísimo trabajo”, y la “implicación” de Fundación La Caixa con el proyecto de Centro Cultural diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales que Sevilla recupera un espacio “clave” de su historia y su legado de siglos. “Las Reales Atarazanas han vuelto a abrir sus puertas tras tres años de obras y décadas de abandono para acoger el Consejo de Gobierno de la Junta, gran impulsor de su reapertura junto con la Fundación la Caixa”.

Punto final al proyecto planteado en 2022

Ahora, la Fundación Cajasol, que es concesionaria de este importante espacio, abordará el proyecto museográfico de esta nueva infraestructura para la ciudad, “que será compatible con sus valores culturales para desarrollar así una ambiciosa programación cultural en la que quedará patente la relación de las Atarazanas con el río y también con el nuevo mundo”.

“Podemos decir que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha vuelto a hacer algo que parece imposible: recuperar cosas que estaban olvidadas, abandonadas y donde ya la mayoría social de la ciudad la había dado por perdida”. En este sentido, se ha referido al estadio de la Cartuja, “que va a ser sede del Mundial de 2030 y ha albergado finales de la Copa del Rey, y al Hospital Militar, ”que estaba también desmantelado y desvalijado“.

Además, Moreno ha destacado la línea 3 del Metro, “que va a buen ritmo y que se está cumpliendo los plazos, a pesar de lo complejo que es este tipo de obras, especialmente en una ciudad con tanto patrimonio arqueológico”. “Seguiremos trabajando para que esta ciudad, la capital de Andalucía, brille con el esplendor que se merece”.

CriteriaCaixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de Fundación La Caixa, ganó 1.361 millones en el primer semestre del año, un 7% más que en el mismo período de 2024, ha informado la compañía en un comunicado.

Criteria recibió en los seis primeros meses 1.074 millones de sus participadas, principalmente de CaixaBank (637 millones de euros), Naturgy (155 millones), Telefónica (85 millones), Colonial (33 millones), Inbursa (27 millones), The Bank of East Asia (24 millones) y ACS (12 millones), que se suman a los 101 millones de euros del resto de la cartera.

En el caso de CaixaBank se suma la monetización que ha tenido que llevar a cabo Criteria para mantener su participación en el banco que dirige Gonzalo Gortázar como consecuencia de la política de recompra de acciones. Se trata de 184 millones de euros. Y, procedente de Naturgy, ha recibido 705 millones de euros en efectivo por la OPA (oferta pública de adquisición) parcial ejecutada por la propia compañía energética.

La generación de caja unida al aumento del valor en Bolsa de sus participadas (+5.535 millones de euros), ha elevado un 27,7% el valor neto de la cartera de activos que gestiona (restada ya la deuda que arrastran dichos activos), que superó los 32.000 millones de euros, durante los seis primeros meses del ejercicio.

La inversión en empresas que aporten dividendos es el gran objetivo de la nueva hoja de ruta que tiene que dibujar el consejero delegado de Criteria, Francisco Reynés, tras la vuelta de las vacaciones de verano. Es el carburante que necesita la fundación, que es la segunda mayor de Europa en volumen de recursos, para que pueda llevar a cabo su obra social, que este año dispone de un presupuesto récord de 655 millones de euros. De hecho, hasta junio Criteria le ha distribuido un dividendo de 360 millones. En los próximos cinco años, la fundación prevé invertir 4.000 millones de euros.

El desajuste entre algunas de las inversiones que ha llevado a cabo Criteria en los útlimos meses fueron el detonante del cese de Ángel Simón como consejero delegado del holding inversor solo 15 meses después de ser nombrado y su sustitución por Reynés. Algunas fueron anunciadas y al poco tiempo canceladas, como las del gigante de las masas congeladas para pan y bollería Europastry y la siderúrgica Celsa.

La inversión más relevante del primer semestre ha sido de 1.046 millones de euros en Veolia, alcanzando una participación del 5,01%, así como las inversiones en instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión), el valor de cuyos desembolsos a finales del primer semestre asciende a 152 millones. A 30 de junio existen compromisos de inversión en instituciones de inversión colectiva pendientes de desembolso por un importe de 609 millones de euros.

Sin salida a Bolsa y sin socio industrial, el gigante español de masas congeladas Europastry sigue creciendo. La multinacional propiedad de la familia Gallés ha cerrado el primer semestre del año con un aumento de las ventas del 12%, hasta los 800 millones de euros, y ha comprado el 60% de la tailandesa Art of Baking, especializada también en productos de panadería congelada, según ha informado la compañía en un comunicado de prensa.

Europastry canceló el año pasado su salida a Bolsa y, hace un mes, CriteriaCaixa, que había anunciado que adquiriría el 20% del capital por unos 300 millones de euros, también se echó atrás. Para la compañía, los resultados hasta junio reflejan la “solidez del negocio y la estrategia de expansión internacional de la compañía”.

La multinacional no ha comunicado el importe de la operación, pero asegura que refuerza la presencia de Europastry en el sureste asiático, un “mercado clave con alto potencial de crecimiento”. El 40 % restante del capital de Art of Baking se reparte entre Minor International (20%), grupo tailandés líder que gestiona más de 3.000 restaurantes en la región, así como 600 hoteles en Europa, y Srifa Bakery, familia fundadora de la compañía, que opera una red de más de 30 panaderías en el país.

Art of Baking se fundó en 2018, tiene 200 empleados e instalaciones en Bangkok, con una capacidad de producción anual de 15.000 toneladas de masa congelada: bollería dulce, bollería salada, pan plano tipo tortitas y bases de pizza, entre otros, que exporta también a Japón, Filipinas y Singapur.

A pesar de los dos traspiés corporativos, el presidente ejecutivo de la empresa, Jordi Gallés, considera que se están cumpliendo los objetivos de negocio marcados, según el comunicado. La compañía, que se encuentra en un momento clave para dar el siguiente paso en su desarrollo, no revela por ahora qué pasos va a dar como alternativa.

Europastry cerró 2024 con una facturación de 1.506 millones de euros, un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 237 millones de euros y una inversión récord de 124,4 millones de euros en I+D y tecnología.

Es un gigante mundial de la fabricación de masas congeladas que vende a cadenas de panaderías, restaurantes y supermercados. Más allá de marcas propias como Saint Honoré y Maestra (panes), Lykke y Saudade (bollería) o Chousa y La Masa Nostra (pizzas y empanadas), la empresa catalana genera la mayor parte de su negocio en producción para terceros. Aunque no desvela sus clientes, sí es conocido que fabrica para Starbucks, Pret a Manger, Manolo Bakes –conocida por sus mini cruasanes sin cuernos (Manolitos)– Granier, Dunkin Donuts, o Mercadona. Con sede en Barcelona, opera en 80 países y tiene 27 centros de producción, 15 de ellos en España. En 2023, empleaba a 3.760 personas en toda Europa y a otros 1.130 fuera de las fronteras comunitarias, según consta en la memoria anual de la compañía de 2023.

Celsa ha suspendido la búsqueda de un socio industrial español, tras la espantada de CriteriaCaixa hace menos de un mes para controlar el 20% de la siderúrgica a través de una ampliación de capital. “No hay alternativas industriales españolas que podamos tomar en consideración”, ha asegurado este lunes el presidente de Celsa, Rafael Villaseca, en rueda de prensa.

Una de las condiciones que el Gobierno impuso a la hora de dar luz verde a la toma de control de la empresa por parte de 5 fondos de inversión internacionales el año pasado fue que al menos el 20% de la empresa perteneciera a un inversor industrial español.

“Nadie puede comprometerse a que encontrará un comprador para algo”, ha dicho Villaseca, que ha asegurado que la empresa ha cumplido con su búsqueda y que ha informado “detalladamente” a Moncloa de todos los pasos dados. “No es sorprendente”, ha añadido, puesto que no hay muchos potenciales socios industriales en España y Celsa es, según sus palabras, la mayor empresa industrial de Catalunya tras Seat.

Villaseca ha lamentado la decisión de Criteria, el holding industrial de Fundación La Caixa, ya que “hubiera sido un socio magnífico”. Con todo, el grupo siderúrgico no descarta “retomar” el proceso de búsqueda en el futuro.

Mientras tanto, la compañía piensa en alternativas para reducir su elevado nivel de endeudamiento (casi 1.900 millones de euros a cierre de 2024), una de los talones de Aquiles del grupo y una de las obsesiones tanto de Villaseca como del consejero delegado, Jordi Cazorla. Una posibilidad es emitir bonos, aprovechando la coyuntura de tipos de interés bajos, en línea con lo que están haciendo varias empresas. “No renunciamos a una emisión de bonos, pero aún no sabemos el importe”, ha explicado Villaseca a preguntas de los periodistas.

El presidente de Celsa tampoco ha descartado seguir con la venta de activos en el extranjero, como la acería Celsa Huta Ostrowiec, en Polonia, que adquirió en 2003. “Es un activo excelente y, si bien no hay ninguna decisión tomada, no descartamos venderla”, ha asegurado el directivo.

Esta acería, que tiene más de 200 años de historia, aporta el 20% de la facturación del grupo y casi el 25% del beneficio bruto de explotación (Ebitda), según Cazorla. Las ventas de las filiales de Reino Unido y Noruega, llevadas a cabo el año pasado, aportaron a Celsa unos ingresos de 586 millones de euros, y se llevaron a cabo con un precio equivalente a 8 veces el Ebitda, han recordado ambos directivos.

Estos ingresos sirvieron para reducir parte del nivel de endeudamiento de Celsa en 1.793 millones de euros, lo que representa una disminución del 48%, hasta situar la deuda en 1.896 millones. Este fue uno de los grandes logros del nuevo equipo directivo de Celsa. El segundo --la otra gran obsesión de Villaseca-- es aumentar el beneficio bruto de explotación, que el año pasado alcanzó los 274 millones de euros. La empresa cerrar este 2025 alcanzando los 400 millones de euros.

Con todo, Celsa cerró 2024, su primer ejercicio completo en manos de los fondos que tomaron el control, con unas pérdidas netas de 281 millones de euros.

Villaseca ha pedido “prudencia” al interpretar las cifras de 2024, ya que ha destacado su complejidad contable y ha dicho que la única manera de entenderlos es leerse todos los detalles aplicados por el auditor.

Así, ha puesto como ejemplo el resultado neto de 459 millones de 2023, momento en el que ha dicho que “la empresa estaba quebrada”. Las previsiones de la empresa es dar beneficios en 2026.

Para la compañía, se trata de un momento con “indicadores positivos”, a pesar de que el consumo del acero en la Unión Europea (UE) sufrió una caída del 1,1%, mucho más moderada que las de 2023 (-9%) y 2022 (-8,3%), lo que se tradujo en una bajada de precios que impactó en el negocio.

Isidro Fainé quiere que las inversiones que lleva a cabo CriteriaCaixa, estén más en consonancia con los objetivos de Fundación La Caixa, que es su único accionista, y que haya más coordinación entre ambas entidades, incluso en su gobernanza. El objetivo es que la fundación, que es la segunda mayor de Europa en volumen de recursos, pueda llevar a cabo su obra social “mediante la gestión adecuada de su patrimonio”, es decir, gracias a los dividendos procedentes de la cartera industrial de Criteria.

La entidad que luce la estrella de Joan Miró en su identidad corporativa prevé invertir 4.000 millones de euros en los cinco próximos años, según el plan estratégico de Fundación que ha presentado este miércoles su presidente, Isidro Fainé, a los empleados. La nueva hoja de ruta prevé un aumento gradual del presupuesto anual hasta alcanzar los 800 millones de euros en 2030, frente a los 655 millones de este 2025, que es el mayor de su historia.

El desajuste entre algunas de las inversiones que ha llevado a cabo Criteria en los útlimos años fueron el detonante del cese de Ángel Simón como consejero delegado del holding inversor solo 15 meses después de ser nombrado y su sustitución por Francisco Reynés (que sigue presidiendo Naturgy), quien está revisando todas las operaciones que el grupo tiene en cartera. En breve adecuará un nuevo plan industrial alineado con el de la Fundación.

El nuevo plan aprobado por el patronato de la entidad dibuja, más allá de los ejes estratégicos sobre los que se centrará la obra social de la entidad, el marco de actuación que hará posible que la Fundación y Criteria “operen de manera más coherente y coordinada”, según ha comunicado la entidad.

Para ello, añade, “establece la orientación estratégica de Criteria respecto al enfoque de la gestión de sus inversiones y las bases para el refuezo de la gobernanza compartida” entre el patronato de la Fundación y el consejo de administración de Criteria“. Ambas entidades mantendrán la soberanía de sus respectivos órganos de gobierno, según fuentes conocedoras del plan.

La marcha atrás en la toma del 20% de la siderúrgica Celsa y la congelación de invertir en el gigante de masas para panadería y bollería Eurpoastry --en fase de estudio-- responden a este nuevo enfoque.

“Una entidad independiente”

Isidro Fainé, que preside tanto la Fundación como Criteria, ha destacado, según señala la entidad en un comunicado de prensa, que la Fundación “siempre ha sido una entidad independiente y se ha posicionado del mismo modo”. Las palabras de Fainé cobran especial relevancia, ante las comentarios en torno a las inclinaciones políticas de varios ejecutivos de ambas entidades y el acercamiento del PSOE por controlarlas.

Bajo el lema 'Creer para transformar', los tres ejes principales de actuación serán el social, que concentrará cerca del 60 % del presupuesto anual, la investigación y las becas, y la cultura. La entidad estudiará además nuevas líneas de actuación como la sostenibilidad ambiental, la salud mental y la longevidad.

En el ámbito social, el propósito de esta fundación es mejorar la calidad de vida de las personas, en especial las más vulnerables, con el foco puesto en la lucha contra la pobreza, la inserción sociolaboral de aquellos que están en riesgo de exclusión y el acompañamiento de las personas de más edad.

En el área de la investigación y las becas se plantea promover el talento y la innovación científica para dar respuesta a los retos de salud y bienestar, con objetivos concretos como la construcción del primer ecosistema europeo “filantrópico” de centros de investigación biomédica y biotecnológica, liderado por CaixaResearch Institute.

Este instituto será el primer gran centro de investigación transversal e interdisciplinar especializado en inmunología de las enfermedades en España, y centro de referencia mundial. A finales de 2025, está prevista la inauguración del primer bloque del nuevo edificio, en Barcelona.

Por su parte, la actuación en el ámbito de la cultura persigue construir una oferta “de excelencia” a escala nacional e internacional, a través de instrumentos como la red de CaixaForum, presente ya en 9 ciudades de España. El plan prevé la finalización de la construcción del CaixaForum de Málaga.

Si el cese de Ángel Simón como consejero delegado de Criteria, el brazo inversor de Fundación La Caixa, causó un asombro mayúsculo entre las élites políticas y económicas españolas por inesperado, la llegada de Francisco Reynés a la vicepresidencia ejecutiva del holding no está exenta de tensión. El nuevo hombre fuerte de Criteria está revisando todas las operaciones que el grupo tiene en cartera y que aún no están cerradas con el objetivo de redefinir el plan estratégico de la entidad, según fuentes del mercado. La norma que regirá a partir de ahora para dar por buena o no una inversión será la de los dividendos.

A ello responde, en gran medida, la decisión de dar marcha atrás a la compra del 20% del capital de Celsa, mediante una ampliación de capital por valor de unos 350 millones de euros, conocida este miércoles. La siderúrgica está en plena reestructuración, tanto industrial como de gobernanza.

Y lo mismo podría ocurrir con Europastry, una operación anunciada casi al mismo tiempo y prácticamente calcada a la anterior: la adquisición del 20% del gigante de panadería y bollería congelada, por alrededor de 300 millones de euros. Fue anunciada a finales de marzo, tras el enésimo gatillazo de la firma por salir a Bolsa, y se tenía que “formalizar en las próximas semanas”, pero tampoco estaba cerrada, como avanzó El Confidencial y han confirmado fuentes cercanas a la misma. Europastry declinó valorar dicha información y valorar posibles alternativas.

Cuando Criteria anunció la entrada en la empresa de masas congeladas, propiedad de la familia Gallés, explicó que se reforzaba el objetivo del holding que preside Isidro Fainé de invertir en empresas líderes en sectores “altamente atractivos, con capacidad de crecimiento y generación de valor”, en el marco de su plan estratégico 2030. De este modo, añadía el comunicado, Criteria fortalecerá su estrategia de diversificación, ganando exposición en el sector de la alimentación.

Todo ello es lo que el nuevo equipo de Reynés, comandado por los recién nombrados José María Méndez (director general de Criteria) y Adolfo Feijóo (director adjunto), está revisando a fondo. Fuentes financieras explican que “tiene todo el sentido, como consecuencia de un cambio de etapa”.

El plan estratégico 2030, que Ángel Simón presentó hace justo un año acompañado por Fainé, contemplaba alcanzar una cartera de 40.000 millones de euros dentro de cinco años, un 48% más que los 27.000 millones que gestionaba en junio de 2023, e invertir también en un centenar de pymes para impulsar su crecimiento y desarrollar su tecnología.

Desde el aterrizaje de Simón en la compañía, en enero de 2024, el presupuesto para inversiones había superado los 5.600 millones de euros, teniendo en cuenta las operaciones de Celsa y Europastry y la anunciada un mes antes: la toma del 5% de Veolia por alrededor de 1.000 millones de euros para mantener una participación financiera durante al menos dos años.

Criteria no reculará en las operaciones ya materializadas, explican fuentes financieras, pero se revisarán igualmente bajo el estricto criterio de la rentabilidad. Más allá de si la compañía tiene o no proyección internacional y de si su modelo de gestión empresarial está alineado con el de Criteria, como también se tiene en cuenta hoy, el gran mantra que guiará a partir de ahora la hoja de ruta de la entidad será el dividendo.

Criteria ya lo avanzó cuando justificó el descarte de Celsa, al dudar del “encaje de dicha operación” con la “capacidad en atender a una política de dividendos a largo plazo”.

La gasolina de la Fundación

CriteriaCaixa, que es la propietaria de la mayor cartera industrial de España, depende de Fundación La Caixa, pero ésta, que es la segunda mayor fundación de Europa en volumen de recursos tras la británica Wellcome Trust, depende de las inversiones de Criteria para llevar a cabo su obra social. Es su gasolina. Este año cuenta con el mayor presupuesto de su historia, 655 millones de euros.

El holding industrial acordó este martes distribuir un dividendo de 140 millones de euros a la fundación, que se suman a los 430 millones (+8%) que aportó con cargo a los resultados de 2024. El año pasado no le fue mal a Criteria: ganó 1.061 millones de euros, un 30% más que el ejercicio anterior, gracias a unos dividendos de sus participadas de 1.878 millones, un 69% más.

La cartera industrial de Criteria está compuesta, entre otras, por CaixaBank, donde es el principal accionista con el 31,17% del capital, Naturgy (con el 26,71% del capital), Telefónica (9,9%), ACS (9,36%), Bank of East Asia (19,33%), Colonial (17,32%), Veolia (5%) y Puig (3,05%), entre otras.

Francisco Reynés, que sigue presidiendo Naturgy, espera a actualizar la hoja de ruta de Criteria de acuerdo con el nuevo plan estratégico de la Fundación, que muy probablemente se conocerá la semana que viene.

CriteriaCaixa, brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha descartado definitivamente su entrada en Celsa como socio de referencia, después de haber anunciado en abril un principio de acuerdo para controlar el 20 % de la siderúrgica mediante una ampliación de capital.

El consejo de administración del holding presidido por Isidro Fainé, con Francisco Reynés como primer ejecutivo, ha decidido finalmente no ejecutar la operación. “Celsa respeta la decisión tomada por CriteriaCaixa y también manifesta su acuerdo en dar por finalizadas las negociaciones”, según afirman en ambas entidades en un comunicado conjunto.

La operación fue el detonante del cese de Ángel Simón como consejero delegado de Criteria. Fue comunicada por el holding inversor de La Caixa el 2 de abril, anunciando -como siempre- un principio de acuerdo para entrar en la siderurgia mediante una ampliación de capital. Pero dos semanas después enfrió dicha operación, algo poco habitual en la entidad, al matizar que se encontraba “en fase de estudio”. A finales de abril, el patronato de la Fundación la Caixa, presidido Fainé, destituía a Simón.

La proximidad de Raynés con el presidente de Celsa, Rafael Villaseca, que fue consejero delegado de Naturgy, hizo pensar que ambas partes podrían reconducir el proceso. Pero en las torres negras no se acababa de entender la operación, por más que contara con el apoyo del Gobierno, que acudió al rescate a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por varias razones: porque Celsa no encajaba con el perfil de empresa a invertir de acuerdo con plan estratégico Criteria, aun vigente, porque CaixaBank es una de las entidades a las que Celsa debe dinero y porque entrar en la siderúrgica supondría aliarse con los fondos acreedores, que se la ganaron a la familia Rubiralta Rubió en 2023 por la vía judicial, algo que conmocionó a las élites económicas y políticas de Catalunya.

De hecho, Criteria explica en el comunicado que, además de la coyuntura económica y de los mercados actual, “ha tenido también en cuenta el encaje de dicha operación en el plan estratégico de la Fundación la Caixa y especialmente en relación con la capacidad de sus participaciones en atender una política de dividendos sostenible a largo plazo”. Celsa no los asegura por ahora.

La Fundación presentará próximamente su nuevo plan estratégico 2025-2030. Una vez se establezca esa hoja de ruta, se espera que Raynés adapte el plan estratégico de Criteria al de La Caixa, que presentó hace un año Ángel Simón, acompañado de Fainé.

Celsa tiene ahora que decidir si reactiva el proceso para encontrar un nuevo socio. En noviembre empezó a buscar un accionista español con vocación industrial en cumplimiento del compromiso adquirido por los fondos propietarios con el Gobierno. El proceso, dirigido por Gran Thorthon y Citi, logró hasta cinco propuestas y, finalmente, Criteria resultó ganadora a principios de abril con una oferta de unos 350 millones de euros por delante de empresas como Sidenor o Cristian Lay.

La siderúrgica tiene previsto tomar una decisión en su próxima junta general de accionistas, que celebrará el 30 de junio. La compañía asegura en el comunicado que “cuenta con el apoyo de sus accionistas actuales para desarrollar su plan de negocio hasta 2028, que está consiguiendo importantes aumentos de ebitda [beneficio bruot de explotación], así como una significativa reducción de su endeudamiento”.

Antes, el 16 de junio, la compañía tiene cita ante el juez con el antiguo presidente, Francesc Rubiralta, ante la demanda presentada por la nueva propiedad de Celsa por una reclamación de 539 millones de euros en préstamos concedidos a las compañías patrimoniales de la familia Rubiralta, según la versión del nuevo consejo de administración de la siderúrgica.

Celsa está especializada en el reciclaje de chatarra férrica para producir acero en hornos de arco eléctrico. La compañía cuenta con 120 centros de trabajo, siete acererías y 48 plantas de reciclaje, repartidos en nueve países de Europa, y da trabajo a más de 70.000 profesionales en Europa, contando empleo directo, indirecto e inducido.

Siguen los cambios en CriteriaCaixa. Una semana y media despúes del fulminante cese de Ángel Simón y del nombramiento de Francisco Reynés, actual presidente ejecutivo de Naturgy, como el nuevo hombre fuerte, el holding ha reforzado el nucleo duro de su dirección con el nombramiento de un director general y de un director general adjunto. Ambos acompañarán a Reynés como vicepresidente ejecutivo del grupo.

El brazo inversor de la Fundación la Caixa ha informado este viernes de que la comisión ejecutiva del consejo de administración ha nombrado a José María Méndez nuevo director general de la compañía, mientras que Adolfo Feijóo será el nuevo director adjunto. Méndez, que hasta ahora era adjunto a Simón, se ocupará de la gestión operativa del holding y reportará a su comisión ejecutiva, integrada por el presidente del consejo, Isidro Fainé; su vicepresidente Francisco Reynés, José Antonio Asiáin y Marcos Contreras.

José María Méndez Álvarez-Cedrón (Lugo, 1966) es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración y funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, recientemente fue nombrado consejero dominical de CaixaBank, en representación de la Fundación La Caixa. Fue director general de la CECA y consejero delegado de CecaBank hasta el pasado mes de abril, y con anterioridad ocupó diversos cargos en la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera del Ministerio de Economía (1993-2003).

Por su parte, Adolfo Feijóo Rey (Barcelona, 1971) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona y máster en Derecho Bancario y Financiero por la Boston University School of Law, PIL por Harvard University y PDG por el IESE. Actualmente es director de asesoría jurídica y vicesecretario del patronato de la Fundación y del consejo de administración de CriteriaCaixa y con anterioridad, desarrolló su trayectoria profesional en Uría Menéndez y en Cuatrecasas Legal.