¡Buenos días!
¿Cómo estás? Espero que hayas pasado unas buenas fiestas y que hayas empezado con buen pie el 2026. Yo he celebrado la Navidad con la familia en mi tierra. Cuesta no referirse a los incesantes atropellos de Donald Trump, lo dejo para unos párrafos más adelante. El arranque del año invita al balance del anterior y a nuevos propósitos. España encara este ejercicio como terminó 2025: presumiendo de un cuadro macroeconómico ciertamente envidiable y liderando el crecimiento entre las grandes economías europeas por tercer año consecutivo. Todo eso está muy bien y es lógico que cualquier Gobierno lo destaque. Pero convendría que ese optimismo estadístico atraviese el umbral de los hogares y se note en el bolsillo de los consumidores. El PIB no se come, recordaba recientemente Iñigo Sáenz de Ugarte.
Entre el triunfalismo del Gobierno y la España catastrófica que dibujan Feijóo y Abascal existe una densa escala de grises. Y en esos grises anida una realidad muy tangible: a muchos no les alcanza para la vida cotidiana. Esa falta de acceso a lo básico, de asequibilidad o affordability, en términos anglosajones, impulsó precisamente la victoria de Trump en 2024, y se está consolidando como uno de los principales combustibles del auge de la extrema derecha en todo el mundo. También en Europa, también en España. Cuando el ciudadano siente que el sistema fracasa en lo cotidiano —especialmente en vivienda y en productos y en servicios básicos—, el malestar se convierte en el espacio ideal para que los discursos nacionalistas se cuelen ante problemas estructurales de mercado que los gobiernos no consiguen, o no se atreven, a enderezar.
La vivienda es quizás el fracaso más palmario de la gestión pública, del que no se salva ninguna capa de la administración: el Gobierno central (legislando y financiando), las comunidades autónomas (ejecutando) y los ayuntamientos (gestionando licencias y el urbanismo), aunque las autonomías tienen las competencias principales en la materia. No lo olvidemos ante el carrusel electoral que se avecina, con comicios en Aragón, Castilla y León y Andalucía.
En los análisis de la crisis de la vivienda, se ha escrito mucho —y especialmente en estos días de balance— de la escalada de los precios desorbitados de los pisos, tanto en la compraventa como en los alquileres. Y es así. Pero para completar la ecuación hay que hablar también de la capacidad para adquirir una vivienda; esto es, de los salarios. Que los precios de los productos y de los servicios suban no tiene que ser necesariamente un drama si lleva parejo un aumento del poder adquisitivo. El problema es que los ingresos no acompañan y que seguimos arrastrando unos salarios de birria que no permiten absorber el coste de la vida.
La radiografía salarial en España es preocupante. El salario mínimo interprofesional (SMI) ha dejado de ser referencia del trabajo no cualificado o sin experiencia para convertirse sueldo más común del país. Así lo señala la comisión asesora para el análisis del SMI en su último informe, de diciembre: el incremento del 60,9% del SMI en siete años ha concentrado a millones de asalariados “en una estrecha banda salarial en torno al salario mínimo (...) con el peligro potencial de que personas trabajadoras experimentadas o con una cualificación media queden dentro de dicha banda”. Estamos hablando de 1.184 euros en 2025 al mes, una cifra más que insuficiente para sostener un proyecto de vida en buena parte del país. Este miércoles, el Ministerio de Trabajo ha propuesto subirlo a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, y que se mantenga sin tributar en el IRPF.
El Banco de España confía en un acelerón salarial en los próximos dos años que permita recuperar poder adquisitivo. Los sindicatos quieren abordar el estancamiento salarial crónico en la mesa de negociación del Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), que se abre este enero. La pelota está en el tejado de la patronal y de unas empresas que, tras años de beneficios récord, deben entender que la paz social y la salud de la economía dependen de que el trabajo vuelva a ser un mecanismo de prosperidad y no solo de supervivencia. Si la mejora no acaba reflejándose en las nóminas, el descontento seguirá creciendo. Y ya sabemos quién suele capitalizarlo.
17%
Es el porcentaje de reservas petroleras mundiales que acumula Venezuela. Eso convierte al país caribeño en el mayor poseedor de crudo del mundo y en una potencia petrolera, por delante incluso de Arabia Saudí. Según la OPEP, en 2024 las reservas probadas de Venezuela se estimaron en 303,22 miles de millones de barriles. El problema es que su producción actual es solo una fracción de esa magnitud, debido a décadas de mala gestión, falta de inversión, corrupción y sanciones.
Aunque Venezuela fue a finales de los noventa uno de los mayores productores del mundo, con capacidades que superaron los 3 millones de barriles diarios, la producción real cayó a mínimos históricos durante la década siguiente. En 2025, según datos de la OPEP, la producción petrolera de Venezuela se mantuvo alrededor o ligeramente por encima del millón de barriles por día en varios meses, muy por debajo de sus capacidades. China ha sido su principal cliente durante años, y Rusia es un socio petrolero crucial.
Trump no ha escondido que su auténtico interés por Venezuela es el oro negro. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país”, informó desde Mar-a-Lago al explicar los detalles del operativo militar que concluyó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, con un valor aproximado de 2.800 millones de dólares a precios actuales de mercado. No era la droga.
Baja Stephen Miller, asesor del presidente de Estados Unidos. Muy influyente e intocable para Donald Trump, ha afirmado esta semana en una entrevista a la CNN que EEUU podría “apoderarse” de Groenlandia por la fuerza, si hace falta. La cadena preguntó a Miller si, para ello, descartaría una intervención militar y Miller respondió: “EEUU debería tener Groenlandia. Somos una superpotencia. Y nos comportaremos como tal”, afirmó en la entrevista.
“¿Con qué derecho Dinamarca ejerce control sobre Groenlandia?”, preguntó Miller, quien ha desempeñado un papel clave en la captura de Maduro. Y continuó explicando que en la actualidad “se puede hablar sobre sutilezas internacionales y todo lo demás”, pero vivimos en “un mundo que se rige por la fuerza y por el poder”. “Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, sentenció.
El asesor de confianza del presidente Trump, para quien ha escrito discursos, está dirigiendo su mirada de extrema derecha hacia el exterior, afirmando que el mundo debe ser gobernado por la “fuerza”, resalta The New York Times en este perfil. Miller, de 40 años, creció en la acaudalada Santa Mónica (California), y asistió a una escuela secundaria de tendencia demócrata, como sus padres. Allí, en una ocasión, fue abucheado y expulsado del escenario durante un discurso de campaña para el consejo estudiantil, en el que un punto central de su plataforma era investigar a los conserjes escolares por no recoger la basura adecuadamente. Sus antiguos compañeros de clase recordaron que parecía disfrutar de la atención.
Miller se convirtió en un conservador después de leer Guns, Crime and Freedom, un libro de Wayne LaPierre, director general de la Asociación Nacional del Rifle, según aparece en su perfil de Wikipedia. Una cita de su anuario de 2003 se atribuye al presidente Theodore Roosevelt: «No puede haber americanismo al 50% en este país. Aquí solo hay espacio para el 100% de americanismo, solo para los estadounidenses y nada más». El senador Jim Banks, republicano por Indiana, califica a Miller como “el hombre más inteligente que he conocido en Washington”.
Hacer ‘Bizums’ por toda Europa, cada vez más cerca. Avanza la creación de una plataforma europea de transferencias y pagos instantáneos, en la que estará la española Bizum, y se espera que en el primer trimestre de 2026 estén cerrados los acuerdos para que a finales de ese año o principios de 2027 los particulares puedan hacer sus primeras transacciones con el resto de países con su aplicación habitual.
El director de desarrollo de negocio de Bizum, Martín Azcue, ha explicado a EFE que durante 2025 han estado trabajando durante meses en el proyecto, que permitirá hacer transferencias o pagar entre las plataformas que están en la Alianza de Pagos Europea (EuroPA), como la española Bizum, la italiana Bancomat, la portuguesa MB WAY, la nórdica Vipps o la polaca Blik, y la de la Iniciativa de Pagos Europea (EPI), Wero.
La EPI cuenta con el apoyo de una treintena de entidades bancarias de Bélgica, Francia y Alemania, países donde está disponible Wero. En el caso de la alianza EuroPA, en la que está Bizum, ya se están moviendo unas 60.000 operaciones entre particulares entre los distintos países a los que pertenecen sus miembros, señala Azcue, que explica que, con la colaboración con EPI y Wero, llegarán a nuevos mercados, principalmente al alemán y al francés.
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¡Buena semana (a pesar de Trump)!
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