Durante décadas, Bernie Ecclestone dirigió la Fórmula 1 casi en solitario. Tampoco es que tuviera muchas opciones. En el barrio londinense de Kensington donde la empresa tenía su sede solo trabajaban unas pocas personas. La cúspide del automovilismo deportivo funcionaba a base de negociaciones cara a cara y apretones de manos.

Aparentemente, ese enfoque del apretón de manos ha terminado por ser la perdición de Ecclestone, que este jueves se declaró culpable de fraude fiscal en los juzgados de Southwark (Londres). En julio de 2015 Ecclestone mintió a los funcionarios del HM Revenue and Customs [la autoridad fiscal británica, HMRC por sus siglas en inglés] con los que había concertado una reunión para tratar de poner fin a una investigación sobre sus finanzas. En lugar de solucionar sus problemas, lo que entonces dijo a los funcionarios le ha valido una condena de 17 meses de prisión, en suspenso a cambio de dos años de libertad condicional.

Ecclestone también tendrá que pagar 652,6 millones de libras al HMRC [unos 755,3 millones de euros], además de 74.000 libras en concepto de costas procesales [unos 85.500 euros], tras admitir que omitió la declaración ante la autoridad fiscal británica de activos por un total de 400 millones de libras [unos 463 millones de euros].

“Me declaro culpable” dijo ante el juez Ecclestone, vestido con un traje gris de tres piezas y a pocos días de celebrar, a finales de este mes, su 93 cumpleaños.

Estamos ante la caída en desgracia del hombre que desde finales de los setenta y hasta enero de 2017 dominó el mundo de las carreras y consiguió contratos preferenciales por el trato de favor que le otorgaban líderes mundiales como el británico Tony Blair o el ruso Vladímir Putin. Una posición que le convirtió en una de las personas más destacadas del automovilismo mundial. En esos años, Ecclestone transformó la Fórmula 1 en un cotizado activo para los medios de todo el mundo a la vez que mantenía un férreo control sobre los aspectos comerciales y deportivos del negocio.

El ascenso de Ecclestone comenzó en la década de los setenta cuando era propietario de la escudería Brabham y se dio cuenta de que el espíritu amateur del deporte estaba frenando sus posibilidades comerciales. Fue entonces cuando reunió a las escuderías rivales para convencerlas de agruparse para vender los derechos de retransmisión del deporte. Por primera vez, empezó a entrar mucho dinero de la televisión.

Treinta años más tarde, en 2005, cedió gradualmente el control financiero del negocio con la venta de una participación a la empresa estadounidense de capital riesgo CVC. El dinero seguía entrando a raudales y CVC dejaba a su aire a Ecclestone, que parecía disfrutar de los negocios tanto como del deporte. Hasta que en 2017 Liberty Media compró a CVC el negocio de la Fórmula 1 y Ecclestone, cuyo modo personal de hacer negocios no parecía encajar con las ideas modernas de la gestión de empresas, fue destituido poco después.

Liberty se ha propuesto desde entonces recuperar al público más joven, una estrategia que Ecclestone desechó en 2014 porque los jóvenes “no pueden permitirse” un Rolex. El enfoque de Liberty es claramente otro. En la creencia de que una mayor exposición traería a más espectadores se ha volcado a las redes sociales y ha producido Drive to Survive, un exitoso documental de Netflix que ha servido para lograr un aumento gigantesco en la popularidad de la Fórmula 1 dentro de Estados Unidos, una hazaña que Ecclestone nunca consiguió.

No es la primera vez que Ecclestone tiene problemas legales. Sin admitir su culpabilidad, en 2014 aceptó pagar 60 millones de libras en Alemania [unos 69,5 millones de euros] para poner fin a un juicio por soborno. En 2022 tuvo que pagar una fianza después de que la policía brasileña lo detuviera por tratar de subir a un avión privado con una pistola. En Valencia, sus relaciones con el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, fueron motivo de investigación por parte de las autoridades españolas. Camps prometió que la celebración de carreras de F1 en esa comunidad serían “a coste cero”, pero la Administración valenciana acabó pagando 308 millones de euros. La causa fue finalmente archivada.

Errores y mentiras

Según la Fiscalía de la Corona Británica, la investigación del HMRC fue abierta en 2012. El HMRC había dado a Ecclestone la oportunidad de enmendar cualquier error que hubiera en su declaración de impuestos, pagando lo adeudado más una multa, sin necesidad de incurrir en un proceso penal. Pero en esa reunión de julio de 2015 con funcionarios de la autoridad fiscal Ecclestone cometió un delito al decir que no era fideicomitente ni beneficiario de ningún fideicomiso en otra jurisdicción.

“La información que las autoridades en Singapur proporcionaron al HMRC demostró que Ecclestone había mentido”, dijo la Fiscalía de la Corona. En un primer momento, en agosto Ecclestone se declaró inocente. Terminó por rendirse después de “largas negociaciones”.

Aunque Ecclestone ha asistido a alguna que otra carrera de Fórmula 1 tras ser destituido, su notoriedad pública ha ido disminuyendo, más allá de sus cada vez más extrañas declaraciones con críticas a la Fórmula 1 y afirmaciones como la del año pasado, cuando dijo que “recibiría una bala” en defensa de Putin después de que el presidente ruso ordenara la invasión a gran escala contra Ucrania.

En las audiencias del juicio, los abogados argumentaron que la edad de Ecclestone le estaba pasando factura y podía no sobrevivir al impacto de la encarcelación. Señalando la “indudable gravedad de su delito”, el juez Bryan dijo que había tenido en cuenta el bajo riesgo de reincidencia y factores como la edad de Ecclestone, su estado de salud y el posible impacto que una pena de prisión podría tener en su hijo pequeño.

Este jueves Ecclestone tuvo que enfrentarse de nuevo a los medios de comunicación que lo esperaban a la salida del tribunal, cuando entraba en la parte de atrás de un Range Rover blanco. El tono de voz con que respondió al pedido de un comentario sobre su sentencia fue demasiado bajo como para que nadie lo escuchara.

Lo cierto es que incluso con su reputación manchada, el padre de la Fórmula 1 sigue en libertad. Tras la audiencia, un periodista del periódico The Sunday Times lo vio en un puesto del mercado londinense de Borough. Estaba comprando donuts.

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, negoció directamente con el magnate de la Fórmula 1 beneficios para la empresa privada que organizó el Gran Premio de Europa en València entre los años 2008 y 2012. En concreto y según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía nacional al que ha tenido acceso eldiario.es el expresidente consiguíó mejoras en los patrocinios que obtuvo Valmor, sociedad constituida por Bancaja, el expiloto Jorge Martínez Aspar y Fernando Roig, presidente del Villarreal CF.

La organización de este Gran Premio acabó con un agujero en las arcas pública valencianas de más de 90 millones de euros y con la compra de Valmor por parte de la Generalitat, máxima que investiga el juzgado de Instrucción número 2 de València. Hoy viernes se ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la causa en la que se investiga, entre otros, al expresidente de la Generalitat, Francsico Camps.

La persona clave en este proceso fue Belén Reyero, asesora adscrita al gabinete del presidente Camps entre 2004 y 2013, quien estuvo en todas la reuniones con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone y coordinaba las relaciones entre las instituciones implicadas. Los correos electrónicos intervenidos sobre sus negociaciones con Ecclestone respecto al contrato del promotor y a los derechos comerciales de la prueba revelan la que la intervención de Francisco Camps fue clave.

Así, según la UDEF, en correo electrónico fecha 14 de marzo de 2008 remitido por Belén Reyero a la representante de las empresas All Sport, relativo a la negociación del cambio de las condiciones del contrato comercial principal, le hace mención al contenido de la propuesta del promotor -Valmor-: “Las expectativas del promotor durante nuestras negociaciones fueron que el título de patrocinio valía casi cinco millones ya que suponía que incluía los mismos derechos para Telefónica que en el caso del contenido del contrato para Montmeló. Esto es lo que entendió el presidente y el promotor así que nosotros estaremos dispuestos a revender este derecho por no menos de tres millones de euros”.

Otro correo del 27 de marzo de 2008 apunta que “pese a tratarse de un contrato tipo, tras negociación del presidente, que APM aceptase firmar un documento de modificación de su contrato (”side letter“), que regulaba varios aspectos a favor del promotor. (*) Negociación del presidente aceptada por Eccelstone: que el promotor valenciano pudiese vender directamente el ”title sponsor“ y el ”naming Right“”. Y añade: “Ecclestone en la reunión celebrada en Londres el 4 de abril de 2008 aceptó que el promotor vendiese el Title sponsor a Telefónca con el mismo contenido que telefónica tiene en Montmeló (comentó literalmente que de ahí podríamos sacar más de cinco millones de euros)”.

Pero no solo la UDEF considera que Camps intervino a favor de la empresa privada Valmor. La Fiscalía Anticorrupción asegura que existen numerosos correos electrónicos -de los 105.000 inervenidos- que acreditan la intervención “personal” del expresidente en la negociación directa de condiciones económicas a favor de Valmor.

El cércol del cas Ritaleaks s’estreny al voltant l’exalcaldessa de València i senadora, Rita Barberá. La Fiscalia Anticorrupció de València ha enviat al Tribunal Suprem la investigació de les despeses de luxe en àpats i viatges que va fer l’exdirigent del PP –sotjada per més casos de corrupció– entre els anys 2011 i 2014. Amb això, serà l’Alt Tribunal qui determine si hi ha delicte o no en els fets que va denunciar Compromís quan estaven en l’oposició.

Segons ha informat la coalició, el Ministeri Públic ha donat l’última espenta al cas, ha conclòs les seues diligències i ha traslladat la causa al Tribunal Suprem, per l’aforament de Barberá com a senadora autonòmica. El trasllat del cas es produeix després que la policia nacional elaborara un informe on es posava la mirada sobre 124 de les 466 factures que va aportar Compromís davant de la justícia, arran d’haver rebut el gener un informe complet de totes les despeses de l’Alcaldia per part de la secretaria general de l’Ajuntament.

En total, s’investiguen despeses per 278.000 euros que la, llavors, màxima mandatària de la ciutat va gastar en suites de luxe d’hotels de 5 estreles a 650€ la nit amb totes les despeses incloses; en lloguers de cotxe amb xòfer a Londres per a reunir-se amb el magnat de la F1, Bernie Ecclestone, per prop de 5.000€; en àpats en restaurants a raó de més de mil euros en alguns casos; en regals de Nadal per 6.000 euros, o a enviar taronges a dirigents del PP com Mariano Rajoy amb un cost de més de 25.000 euros. Segons Compromís, aquestes despeses que van anar a càrrec de l’erari públic no es corresponien amb l’activitat institucional de Barberá.

En la denúncia presentada pels valencianistes també hi havia factures de bitllets a Florència, Brussel·les, Madrid o Santiago de Compostel·la. En aquest últim cas, es tracta d’un passatge de 931,22 euros per a assistir al funeral de Manuel Fraga. Autoritzades les despeses per la seua cap de gabinet i germana, Asunción Barberá, implicada també l’Operació Taula, en l’escrit també es denunciava l’augment el 2012 de la partida per a despeses de representació una vegada s’havia esgotat la quantitat prevista.

La investigació apuntava, a més, a un possible fraccionament de contractes en el servei de viatges i allotjaments prestat per l’empresa Europa Travel des del 2009. Tal com recull la denúncia i afirmen fonts municipals, el servei el duia a terme sense cap concurs ni procediment negociat i sense publicitat. Compromís va insinuar un presumpte finançament irregular del PP de València pel fet de gastar diners de l’Ajuntament per a actes del partit.

El ex President de la Generalitat Valenciana Francisco Camps firmó la prórroga de la celebración de la Fórmula 1 en València el 19 de julio de 2011, el día antes de dimitir de su cargo, cuando estaba imputado por el conocido como 'caso de los trajes' de Gürtel. Esta prórroga fue ordenada por el propio gabinete de Camps pese a que había advertencias de presuntas irregulares administrativas, según explican los periódicos Levante-EMV y El Mundo, pero pese a ello se produjo la firma de ampliación del Gran Premio de Fórmula 1, cuyo coste se ha llegado a calcular en 300 millones de euros.

Esta información es la que se ha desprendido de la declaración de la que fue la intérprete entre Camps y el propio Bernie Ecclestone, el magnate de la Fórmula 1, la también directiva de Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Belén Reyero, durante su comparecencia ante la jueza y el fiscal que investigan el caso. Reyero añadía que la regulariazción de las posibles trabas legales se solventarían en el futuro con la acción de Camps desde el Consell, pero el President dimitió al día siguiente y no pudo llevar a cabo estas correcciones.

La declaración de la testigo se produce dentro de las pesquisas sobre la presunta ilegalidad de la compra por parte de la Generalitat de la empresa Valmor, explotadora de los derechos de la Fórmula 1 y que estaba en bancarrota. Así el contrato firmado el 19 de julio de 2011 probaría que no era necesario que el gobierno tuviera que recurrir a la compra de Valmor y asumir su deuda de más de 32 millones para de euros para poder continuar el compromiso de organizar las carreras y no tener que pagar una multa de 72 millones de dólares. Según este contrato la compra de Valmor no habría sido necesaria porque  fijaba a la Generalitat como “nuevo garante” en sustitución de Bancaja, que era la entidad bancaria garante en el primer contrato, por lo que el gobierno valenciano se convertía en parte del contrato de los derechos del circuito.

Pese a que la 'operación Taula' acecha la silla en el Senado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), la investigación por los gastos de lujo de alcaldía cargados al erario público -bautizados en su conjunto como 'Ritaleaks'- sigue deparando nuevos problemas para la actual senadora. El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), que denunció en su día el caso ante la Fiscalía, ha revelado que el Ayuntamiento ha entregado más facturas dudosas al fiscal que investiga el escándalo.

Considerados por Ribó como “un dispendio” y “un derroche que pudiera suponer un uso fraudulento del dinero público”, la Secretaría General del Ayuntamiento de Valencia entregó a petición del Ministerio Público un informe donde se recogen la totalidad de las facturas y partidas presupuestarias de alcaldía comprendidas entre los años 2009 y 2015. En el documento de 305 páginas, se incluyen los gastos de viajes, regalos, comidas y alojamientos cargados a las arcas públicas. Con esa nueva entrega se aumentan las 466 facturas que había aportado Compromís a la justicia y la cantidad “derrochada” pasa de 278.000 euros a cerca de 300.000.

Fuentes de alcaldía, sin embargo, destacan que esta nueva entrega no es importante. De hecho, el grueso de los gastos más significativos ya fueron desvelados por la coalición cuando presentó la denuncia. No obstante, ese trabajo de búsqueda que hizo la formación valencianista durante años no permitió tener todos los importes. Y es a raíz de su llegada al poder municipal cuando han podido completar el listado de gastos.

La Fiscalía tras examinar la información pidió, según fuentes municipales, el 21 de diciembre de 2015 al Ayuntamiento todas las facturas y estas fueron entregadas el 28 de enero de este año al Ministerio Público. De ahí, que Ribó revelara poco después que los tribunales investigaban a Barberá por 'Ritaleaks'. Hasta el momento, eran 124 de las 466 facturas entregadas las que estaban en el foco de los tribunales.

Con motivo de la información de El Mundo de que el fiscal preparaba la imputación de Barberá por este caso, Ribó ha respondido que, en el caso de que se abra una investigación judicial, el Ayuntamiento se personará para que “se devuelva el dinero que ha malgastado sea quien sea, entre ellos la anterior alcaldesa, quien lo haya hecho”. Y ha expresado que si la actual senadora resultara imputada constituiría “la primera vez que se rompa el multiblindaje que tiene Barberá a nivel judicial”. El alcalde, además, ha afirmado que Barberá “debe dejar el acta de la Cámara Alta”.

“Son dispendios que en muchos casos no están justificados por el hecho de ser alcalde, sino que son viajes particulares que no constan en la agenda oficial”, ha criticado. Ribó se ha referido al viaje para acudir al entierro de Manuel Fraga Iribarne, que junto a los realizados para ver a Fabra en una conferencia; o los destinados a ir a Florencia o Londres, en este caso para tener una reunión con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone forman parte de los remitidos a Fiscalía. También ha citado los efectuados para asistir a reuniones del PP o los gastos en naranjas y botellas de ron.

Los gastos, además, fueron autorizados en parte por su antigua jefa de gabinete, Asunción Barberá. Hermana de la exalcaldesa se ha visto involucrada en el supuesto blanqueo de dinero procedente presuntamente de mordidas para financiar las campañas. Como ella, en ese caso hay otros familiares de Barberá salpicados.

No obstante, dentro de la investigación de 'Ritaleaks' no solo se rastrea los gastos de lujos. También está en el punto de mira un posible fraccionamiento de contratos –que certificó en un pre-informe la Sindicatura de Comptes hace unos meses- y la presunta financiación irregular del PP al usar dinero del gabinete de Alcaldía para actos del partido.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anunciado hoy que citará al magnate de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, y a otros 13 testigos una vez haya recibido diversa documentación que ha solicitado a la Generalitat en relación con la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción y que afecta al expresidente Francisco Camps.

Según ha informado el alto tribunal valenciano, se ha reclamado información tanto a la Generalitat como a la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos, a la Seguridad Social y a Bankia.

El TSJCV admitió el pasado mes de febrero la querella de la Fiscalía Especial Anticorrupción contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera Dolores Johnson y el empresario y expiloto Jorge Martínez “Aspar” por la gestión de la Fórmula 1 en Valencia.

El Ministerio Público sitúa a Camps como responsable, negociador y avalista del desvío de fondos públicos de forma continuada a la empresa Valmor, relacionada con la organización de la Fórmula 1 en Valencia, y le acusa de un delito continuado de malversación, prevaricación y delito societario, al igual que a Johnson y “Aspar”.

En una providencia, la magistrada instructora, María Pía Calderón, reclama a la Generalitat todos los contratos suscritos por la empresa pública Circuito del Motor con Valmor Sports entre 2007 y 2011, y todos los contratos de la mercantil pública SPTCV con Valmor y firmas de Ecclestone -tanto el texto original como su traducción, indicando si es o no a título informativo-.

También pide la totalidad de juntas de accionistas de Circuito del Motor y de SPTCV entre 2007 y 2011, y todos los informes de la Abogacía de la Generalitat y la Intervención con motivo de los contratos con Valmor por parte de estos dos entes públicos.

Se reclama de forma concreta a SPTCV todas las actas del consejo de administración entre 2009 y 2011 y el listado de miembros del consejo en este periodo.

A la Tesorería General de la Seguridad Social se le reclama el listado completo de empleados de Valmor desde su constitución hasta su absorción por Circuito del Motor.

A Bankia, la documentación completa referente al aval suscrito por Bancaja a favor de Valmor Sports, en relación con su contrato con empresas controladas por Ecclestone, así como toda la documentación relativa a su posterior sustitución por parte de la Generalitat en el contrato del 19 de julio de 2011.

Este contrato fue rubricado un día antes de que Camps presentase su dimisión por su procesamiento en una de las piezas del caso Gürtel, la conocida como “causa de los trajes”.

Al respecto, el fiscal -según hizo constar en su querella- defiende que días antes de su dimisión tras su procesamiento en Gürtel, Camps viajó de Bruselas a Londres de forma imprevista para negociar con Ecclestone que Valencia acogería el único gran premio de España de F-1 y que la Generalitat sustituiría a Bancaja como avalista de Valmor.

La instructora ordena asimismo que se libre comisión rogatoria para recibir la declaración como testigo de Ecclestone, bien de forma personal o mediante videoconferencia, y cita a declarar a otros trece testigos.

Entre ellos, el que fuese socio de Aspar en Valmor, empresario y presidente del Villarreal, Fernando Roig; el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, y el exjefe de gabinete de Camps y director general del Consorcio Valencia 2007, Pablo Landecho.

También figuran la ex directora general de Organización y Coordinación Henar Molinero y los ex secretarios autonómicos de Turismo y Proyectos Estratégicos y de Hacienda Luis Lobón y Eusebio Monzó, respectivamente.

Entre los citados como testigos está también el expiloto Adrián Campos junto a Miguel Morillo, Facundo García de la Cuadra, Natalia Meneu, Juan José García Gimeno y Belén Reyero.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) emitido este martes acercaba la vuelta del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, al banquillo de los acusados, en este caso por las negociaciones para la celebración de la Fórmula 1 en un circuito urbano en Valencia. No obstante del mismo modo que la imputación de Camps se acerca, cada vez estaría más lejos la del actual President, Alberto Fabra.

En el escrito de admisión a trámite de la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Camps se especificaba también un acotamiento temporal específico de la investigación que se va a desarrollar: desde abril de 2006, cuando empezaron las negociaciones de Camps con el magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, hasta el 19 de julio de 2011, última reunión de los mismos protagonistas donde se firmó un nuevo acuerdo en el que se garantizaba la continuidad del gran premio en Valencia hasta 2020, con una cláusua sancionadora de 71 millones de dólares que tendría que pagar la Generalitat como avalista si no cumplía el compromíso (reunión que se produjo 2 días antes de la dimisión de Camps).

Este acotamiento explícito de la investigación deja fuera así la compra de la empresa Valmor, empresa organizadora del gran premio en la ciudad, compra aprobada por el actual presidente, Alberto Fabra, en marzo de 2012, y que supuso la compra por un euros de una empresa ruinosa y un quebranto para las arcas públicas porque suponía condonar 14 millones de deuda que tenía Valmor con la Generalitat, y a su vez asumir una deuda de otros 31 millones que la empresa tenía con terceros.

De esta forma el TSJCV no atiende a la petición de la Fiscalía en la que acusaba a la exconsellera Lola Johnson de haber engañado al resto de miembros del Consell por no haber informado de la deuda que tenía Valmor y que la compra suponía este agujero que se aproximaba a los 50 millones de euros.

Contradicciones

En este último punto el fiscal señala que Johnson habría engañado al Consell de Fabra al ocultar la situación real de la empresa, no obstante el mismo Fabra negó esta situación y afirmó que la compra estaba avalada con informes. No obstante desde Esquerra Unida se asegura que el único informe que había en aquel momento era el de la Sociedad Proyéctos Temáticos y en el cual no se hacía ninguna referencia a los más de 30 millones de deuda que se iban a asumir de Valmor.

Finalmente el TSJCV también investigará el aval que gestionaron Camps y Johnson como garantía para la continuidad de la Fórmula 1, aval que hacía responsable a la Generalitat ante el incumplimiento del compromiso y que no fue cuestionado en ningún momento por el Consell de Fabra. De esta forma esto sirvió para justificar la compra afirmando que comprar Valmor era “lo malo” pero tener que pagar la indemnización a Ecclestone era “lo peor”.

El fiscal Anticorrupción de Valencia encargado del caso Valmor ha acelerado la traducción de la declaración que prestó el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, en instrucción, y la ha entregado este jueves a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras recurrir a los servicios de Fiscalía General del Estado, en lugar de los de la Generalitat Valenciana, según ha podido saber Europa Press.

El tribunal valenciano se reunió este martes para debatir sobre la querella de Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente de la Generalitat y diputado del PP en las Corts Francisco Camps por la compra de la empresa Valmor Sports en el marco de la Fórmula 1, pero aplazó adoptar una decisión sobre la competencia hasta tener una traducción de la declaración de Ecclestone, realizada en inglés.

Así, solicitaba al fiscal que interpuso la querella, Vicente Torres, que le remitiera una traducción de la declaración “a la mayor brevedad posible” para adoptar la decisión oportuna en torno a esta querella, que junto a Camps -aforado-, también se dirige contra la exconsellera, ex secretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presunta malversación, prevaricación y delito societario.

La declaración que prestó Bernie Ecclestone durante la instrucción consta de un total de siete páginas, y la petición del TSJCV de la traducción provocaba inicialmente un retraso en la deliberación sobre este asunto, puesto que se tenía que recurrir -según los cauces ordinarios- a los servicios de traducción de la Generalitat para obtener una copia de la traducción. Estos servicios podrían haber tardado una media de un mes o algo más en realizar la traducción, puesto que normalmente no existen prioridades y se van traduciendo los asuntos por orden de llegada. Sin embargo, el fiscal, ha optado por recurrir a los servicios de traducción de la Fiscalía General del Estado, con lo que ha obtenido rápidamente una copia y la ha entregado esta misma mañana en el TSJCV. Ahora el tribunal ya tiene la traducción para poder pronunciarse sobre la querella y la competencia.

El fiscal estima -tal y como plasma en su querella y en un informe posterior que remitió al tribunal valenciano- que existen “sólidos”, “claros” y “evidentes” indicios delictivos contra Camps.

Estos delitos contra el expresident derivarían del hecho de haber negociado “directamente” con Ecclestone los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; que fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; y quien ordenó a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa. El fiscal destaca que la iniciativa para celebrar el GP “parte de Camps”, según lo han declarado tanto el expiloto Adrián Campos como la jefa de Protocolo del Circuito del Motor, y además fue quien negoció todas las condiciones, “incluidas las económicas”.

“LA SUGIRIÓ CAMPS”

De hecho, apunta que así lo manifestó el propio Ecclestone, quien afirmó que la idea la “sugirió” Camps, con quien discutió utilizar un circuito urbano y q

La necesidad de que se traduzca la declaración del magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que se realizó en inglés, ha provocado que se aplace la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de si imputa nuevamente al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. La declaración de Ecclestone ha sido aportada por la Fiscalía Anticorrupción dentro de la querella presentada contra Camps por la causa de la organización de los grandes premios de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia.

El TSJCV se ha reunido este martes para deliberar si es el organismo competente para juzgar al exmandatario, junto con la exconsellera Lola Johnson, y el empresario y expiloto Jorge Martínez 'Aspar'. De este modo en su providencia señala que el ministerio fiscal de aportar esta traducción “en la mayor brevedad posible y a efectos de adoptar la decisión oportuna”, ya que el informe de anticorrupción se basa “en gran medida” en el testimonio aportado por Ecclestone.

En el escrito de la Fiscalía se concluye que en su declaración Bernie Ecclestone aseguraba que fue Francisco Camps “la persona que propuso un contrato de promoción de la carrera de Fórmula 1, cuando el único contrato que se firmó fue el de 1 de junio de 2007 entre Fórmula 1 y Valmor Sports S.L”.

La sala justifica argumenta su decisión en el formalismo requerido en el artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que exige que el testimonio se aporte traducido.

El Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en Valencia de 2008 a 2012 está bajo investigación de la Fiscalía y enterró 300 millones del erario público. Ahora, seis años después de la primera prueba, la Generalitat ha desvelado la magnitud del fiasco: el circuito urbano de Valencia apenas acogió un tercio de los 100.000 espectadores previstos por el impulsor de la prueba, el expresident Francisco Camps.

La portavoz de la Generalitat ha facilitado los datos en las Corts Valencianes. Según María José Catalá, en sus cinco años de vida, la prueba vendió una media de 36.000 entradas (78.000 en 2008; 30.000 en 2012) y recaudó en taquillas 53 millones de euros, menos de 11 por carrera. La Generalitat pagaba a Bernie Ecclestone, el patrón de la Fórmula 1, un cánon anual de 27 millones.

El día de la presentación del acuerdo con Ecclestone, Camps auguró 100.000 espectadores y un impacto económico de 70 millones millones de euros para la Comunitat Valenciana gracias a la llegada del circo de las cuatro ruedas. Ninguna de las previsiones se ha, ni de lejos, cumplido. La Generalitat, ya con Alberto Fabra en la presidencia, acordó la cancelación del contrato con Ecclestone.

Con la Generalitat camino de la quiebra, y constatado el fracaso de público, seguir con la prueba era económicamente inviable y políticamente mortal. De hecho, el gobierno valenciano rescató a la empresa privada a la que se cedió la organización del ya finiquitado Gran Premio de Europa, una operación “ilegal e inmoral” para la oposición.

La organización de la Fórmula 1 en Valencia sigue en el centro de la polémica. Ahora, Anticorrupción está investigando los gastos relacionados con la celebración del Gran Premio en la capital valenciana, y concretamente Fiscalía habría puesto el ojo en los viajes del exMolt Honorable Francisco Camps a Londres en 2006 y 2011 con motivo de las negociaciones con el magnate Bernie Ecclestone cargados a la Generalitat Valenciana, según informa el diario El Mundo.

Ante esta situación, el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Enric Morera, considera que esta investigación “demuestra que las cosas no se han hecho bien, que se ha derrochado mucho dinero público de una forma opaca y hay que delimitar las responsabilidades”.

Según Morera, Camps aseguró que “no nos costaría ni un euro la Fórmula 1 y estamos viendo que nos está costando muy cara, carísima”, y desde Compromís pretenden conocer “todos los números, todos los datos, en qué se han gastado el dinero público por parte de Francisco Camps y de Rita Barberà. Queremos transparencia, queremos rigor y que se sepa dónde va a parar el dinero público valenciano”.

Desde Compromís han recordado que el PP valenciano ha vetado en varias ocasiones en el parlamento valenciano la constitución de una comisión de investigación sobre la Fórmula 1. Según Morera, “si las investigaciones continúan y ven indicios de delito en las actuaciones de Camps, sin duda, los diputados que han vetado las comisiones de investigación serán cómplices del saqueo efectuado por la Fórmula 1 a las arcas públicas valencianas”.

El gobierno valenciano no tiene ningún documento firmado que garantice que está exento de tener que indemnizar a la F1 con los 54 millones estipulados en el contrato por no querer acoger más grandes premios en el circuito urbano de la ciudad de Valencia.

Así lo ha reconocido el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, quien ha asegurado que a juicio del Consell el hecho de que el calendario oficial de carreras no recoja la competición en la capital es suficiente para sentirse liberado del compromiso firmado por Francisco Camps.

La Generalitat asegura que así se había acordado con el magnate Bernie Ecclestone, pero este dejó ayer el consejo de administración de la F1 porque ha sido imputado por la justicia alemana por un presunto caso de soborno. Por ello los periodistas han preguntado este viernes si la rescisión basada en el pacto con Ecclestone, tiene un respaldo en papel que garantice que ya no hay compromiso, y el vicepresidente Císcar ha admitido que no lo tiene.

Pero José Císcar apuntaba que no lo tiene “todavía”, pero añadía que la Generalitat “no lo necesita” por entender que al no incluirse Valencia en el calendario es la organización de la Fórmula 1 la que ha roto el contrato por su incumplimiento. El último documento oficial marcaba en 54 millones la indemnización por no cumplir un contrato que comprometía a pagar un canon de 117 millones para poder alojar la carrera.

La Fórmula 1 ha supuesto un gran quebradero de cabeza para el gobierno de Alberto Fabra que todavía tiene que luchar para que no le cueste más dinero el ‘logro’ de Francisco Camps, y que ha supuesto enterrar 300 millones de dinero público desde el año 2008.

Este hito está siendo un caballo de batalla para la oposición que ha desvelado los contratos confidenciales firmados por Camps y que ha supuesto la amenaza de llevarlo a los tribunales por el PP; así como también ha denunciado que la empresa Valmor, que en teoría era la que pagaba la Fórmula 1, finalmente se tuvo que pagar con dinero de todos los valencianos.

El primer contrato firmado entre Bernie Ecclestone con la empresa Valmor (que finalmente ha sido comprada por la Generalitat dada su ruina) para ofrecer los cinco grandes premios de Fórmula 1 en Valencia ascendia a 26 millones de dólares por cada uno de los cinco años contemplados, la cual cosa, en equivalente al cambio actual, supone un montante de cerca de 117 millones de euros.

Así lo ha denunciado el grupo parlamentario de Esquerra Unida que, a través de su página web www.eldesconfidencial.com, ha publicado el primer contrato firmado en 2007, pocos días después de las elecciones autonómicas en las que el entonces candidato, Francisco Camps, organizó un acto de presentación del gran premio durante la campaña junto a Ecclestone y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá

El portavoz adjunto de EUPV en Las Corts, Ignacio Blanco, ha recordado que este contrato, el primero que se firmó para la celebración de la cursa, “es símbolo de una época, la del despilfarro, la de los grandes eventos y proyectos faraónicos que pagábamos todos, y también la de la opacidad por la cual se han distinguido los gobiernos del PP, especialmente bajo la batuta de Camps”.

Blanco ha criticado que “al final la broma nos ha salido por cerca de 300 millones de euros. Y esto que, según Camps, no iba a costarnos ni un euro”. Recuerda el diputado que Ecclestone y Valmor firmaron un contrato, que después se complementaría con otros de esta última empresa con la Generalitat, y que finalmente fue el Consell quien asumió el coste de la F1 y la deuda de Valmor.