“Un referente de coraje, compromiso y amor por Galiza”; “no dejaba a nadie indiferente”; “una figura política crucial”; “nuestro comandante sin ejército...”. La muerte de Xosé Manuel Beiras a los 90 años ha sacudido la política gallega –y no sólo la gallega– y ha provocado una cascada de reacciones. El que fue, sin duda, el político más importante del nacionalismo gallego desde Castelao, será velado desde mañana viernes a las 12 del mediodía en una sala habilitada para ello en el Museo do Pobo Galego. Allí se celebrará a las cuatro de la tarde un acto público de homenaje abierto a la ciudadanía.

Una de las primeras reacciones públicas ha sido la de Ana Pontón. La portavoz nacional del BNG, fuerza de la que Beiras fue cofundador y a la que volvió a acercarse tras una sonora ruptura en 2012, escribió en la red social X: “Beiras deja una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas, entre las que me incluyo. Fue para mí un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia. Tiene un lugar para sempre en el corazón y en la historia del Pueblo gallego”. La líder de la oposición se despide enviando un gran abrazo a sus hijos Ricardo y Daniel, “y a toda la familia”.

Casi una hora después, llegaban las condolencias del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Xosé Manuel Beiras marcó las últimas décadas de la vida política de Galicia e intentó aportar lo mejor de sí mismo, sin dejar a nadie indiferente”. Tras enviar todo su afecto a la familia, señala que “el nacionalismo gallego pierde, sin duda, un referente”.

El último presidente socialista del gobierno autonómico, Emilio Pérez Touriño –alumno de Beiras en la Facultade de Económicas de Santiago: “me puso matrícula”– consideraba “difícil encontrar a alquien que tuviese a Galicia más dentro de sí mismo”. En declaraciones a la TVG lo definió como una figura “transversal, compleja y poliédrica” antes de destacar su “liderazgo intelectual” y su papel como “referente máximo del nacionalismo en los últimos 50 años”.

Minutos antes llegaba la larga despedida del líder del PSdeG. José Ramón Gómez Besteiro definía a Beiras como “una de las grandes figuras de la política gallega, con una profunda huella en la historia de nuestro país” para concluir: “Un intelectual comprometido, con una voz propia, crítica y siempre inconformista”. El secretario general de los socialistas gallegos recordaba cómo compartieron “reflexiones desde trayectorias y posiciones diferentes” pero siempre los unió “una visión socialista del mundo y la convicción de que no hay progreso para Galicia sin justicia social”. “Me quedo con la suerte de haberte conocido, Xosé Manuel”, concluye.

Entre los más madrugadores estuvo también Pablo Iglesias. El fundador de Podemos descubrió a Beiras en la campaña de las autonómicas de 2012, donde fue asesor de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE). Aquella coalición estaba formada por Anova –el partido creado por el histórico nacionalista tras abandonar el Bloque–, la Esquerda Unida de Yolanda Díaz y otras fuerzas menores. Después, los morados se integrarían con todos ellos en En Marea y las distintas candidaturas municipalistas. Para Iglesias, Beiras fue “una figura política crucial en la historia de la izquierda y del nacionalismo de Galicia”.

“Como su querido A. Camus, hizo de la vida ”un acto de rebeldía“. La vicepresidenta Yolanda Díaz –de quien se distanció tras sentirse ”traicionado“– también recordó a Beiras en la red Bluesky. ”Es la lucidez intelectual y el compromiso con todas las causas emancipadoras“. ”Transformó nuestras vidas haciendo brotar la mejor Galicia y la mejor humanidad“, concluía antes de enviar ”todo el cariño para su familia“.

El coordinador de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi, también se despidió de Beiras, “un referente histórico ineludible del nacionalismo galego de izquerda y un intelectual comprometido con su pueblo”. “Ha sido un honor conocerte”, aseguró y, tras recordar su último encuentro, hace unos años, se despidió con una frase en galego y euskera: “un abrazo fraterno y solidario en este momento de dolor al pueblo gallego y a sus seres queridos”.

Una de las despedidas más sentidas, sin duda, fue la de Martiño Noriega, su médico, amigo y portavoz nacional de Anova –donde Beiras siguió militando hasta el final–. “Por los caminos de nuestra historia marcha despacio nuestro Comandante sin ejército para una revolución”. Esas fueron las palabras con las que cerró el réquiem que escribió para elDiario.es.

No era, ni mucho menos, la primera vez que el tema de la vivienda asomaba en el control parlamentario al presidente de la Xunta. La oposición ya le había preguntado en otras ocasiones, numerosas. Pero este miércoles, el debate adoptó nuevos significados: multitudinarias manifestaciones en defensa del derecho a una vivienda digna recorrieron Galicia -y el resto del Estado- en las últimas semanas y la izquierda social y política ha recuperado cierta iniciativa. El 29 de noviembre habrá elecciones generales. Partido Socialista y BNG, cuyos portavoces hicieron sonar las llaves en la Cámara al modo de las protestas callejeras, volvieron a arremeter contra la inacción de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Alfonso Rueda, que detenta las principales competencias en la materia, solo supo responder con el habitual argumentario contra Pedro Sánchez y una reiteración de promesas: habrá 10.000 pisos de propiedad pública en 2030.

Pero los números con los que se intentó defender Rueda presentaban algunos problemas. Los gabinetes de Núñez Feijóo, de los que él mismo formó parte como conselleiro o vicepresidente, redujeron a prácticamente cero la construcción de vivienda pública, apenas acabaron la que había proyectado el bipartito y abortaron varios planes en marcha. La oposición le recordó que en el registro de demandantes de vivienda pública, oficial, hay a 7 de octubre 36.500 personas apuntadas. La réplica del presidente gallego fue que la semana pasada entregaron 24 en Lamas de Abade, un barrio del sur de Santiago de Compostela. “Diecisiete años gobernando y su balance en Santiago, una de las ciudades con el mercado más tensionado, son 24 viviendas”, le espetó la líder nacionalista, Ana Pontón.

Pero Rueda venía apenas con el manual. “Bienvenidos al problema de la vivienda, lo descubrieron hace 14 días”, osó afirmar, y lo argumentó diciendo que antes de 2022, Bloque y socialistas habían preguntado cuatro veces al entonces presidente, Feijóo, sobre el asunto. Lo cierto es que las iniciativas parlamentarias de la oposición -de la que en esos años también formaron parte Alternativa Galega de Esquerda o En Marea- en la materia fueron abundantes. Y ha intensificado la presión durante los mandatos de Rueda. “Llevan 17 años gobernando con todas las competencias, presupuestos y suelo, y han dicho no a la vivienda”, resumió José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del PSdeG, “el parque público ha decrecido, han recibido más de 500 millones de transferencias del Gobierno central y han entregado apenas un centenar de viviendas”.

Ni siquiera todas las promesas del presidente le sirvieron para parapetarse. Pontón rescató una, de 2023, que la prensa afín a la derecha celebró en su día como cierta y que está lejos de materializarse. “Prometieron 1.800 pisos de alquiler social en 2026 y han entregado 98”, recordó la nacionalista. Silencio de Rueda al respecto, que insistió en centrarse otras promesas, las de Sánchez: “183.000 viviendas prometió, cero en Galicia”. “¿Usted sabe que tiene transferidas las competencias en vivienda?”, intentó Pontón, infructuosamente, obtener alguna respuesta concreta a sus preguntas, “porque ha venido aquí a hacer de miniFeijóo”. Lo certificó el presidente al abalanzarse contra uno de sus objetivos preferidos: las declaraciones de zonas tensionadas.

Según la tesis de los populares gallegos, las zonas tensionadas han reducido la oferta de vivienda en alquiler. Solo dos ayuntamientos la han solicitado en Galicia, A Coruña y Santiago de Compostela. Pero, adujo Pontón, la oferta de alquiler ha bajado en las siete ciudades gallegas. “Lo avisamos”, se ufanó Rueda y le dio igual que Pontón le mencionara el propósito real de esa figura impulsada por el Ejecutivo central: frenar la escalada de los precios. Sobre la necesidad de prohibir los desahucios a personas vulnerables, el presidente gallego no se extendió, más allá de la crítica genérica del PP ya conocida a los decretos rechazados por las derechas en el Congreso y a señalar el Bono Alugueiro Social de la Xunta. No resistió la tentación de cerrar el debate, cuando ni nacionalistas ni PSdeG pueden ya intervenir, con una promesa: el Gobierno gallego destinará siete millones de euros a ayudas a los municipios para que construyan vivienda pública, un máximo de 80.000 euros por piso.

Alfonso Rueda acusó de dogmática a la portavoz del BNG, Ana Pontón, al tiempo que defendía el dogma del no intervencionismo en el mercado de la vivienda a propósito de la declaración de zonas tensionadas. Esta fue solo una de las paradojas que arrojó la sesión de control parlamentario al presidente de la Xunta. La otra, quizás la de mayor envergadura, es el silencio de Rueda sobre sus 13 años en primera línea de los gabinetes autonómicos de Feijóo cuando el debate gira alrededor de la vivienda pública. Para el ahora jefe del Ejecutivo gallego, la política de vivienda empieza en 2024, año de su primera victoria electoral, y son sobre todo promesas aun lejos de materializarse. “Usted no quiere zonas tensionadas por ideología”, le replicó Pontón, “no defiende el derecho a la vivienda sino la especulación”.

La líder nacionalista había empezado por recordar ese período del que Rueda prefiere no hablar. Las cifras de construcción y ampliación del parque público de vivienda durante los años Feijóo y con él como conselleiro o vicepresidente: una vivienda en 2018, ninguna en 2019, 11 en 2020, ninguna en 2021, tres en 2023. Fue entonces que Rueda, presidente interino tras la marcha a Madrid de su superior, admitió que la Xunta no había promovido vivienda pública “porque no había detectado el problema”. “Qué perspicacia, vaya gurú”, ironizó Pontón, “¿cuál fue su solución? Anuncios. Decir que iban a ofertar más vivienda y abaratarla”. No pasó y los alquileres han subido.

El presidente gallego sí decidió esta vez centrarse en la pregunta del BNG, no sin añadir su argumentario habitual -“de patacón”, lo calificó Pontón- sobre la nacionalista. “Maneja datos a boleo y completamente manipulados”, dijo, aunque no se atrevió a concretar en qué exactamente. Lo que sí hizo fue reiterar sus promesas, que son una enmienda implícita a los 14 o 15 años anteriores de sus gobiernos, en la materia. Aseguró que hay 4.000 viviendas públicas en construcción, lo que, si se cumple, doblará el parque público -de 4.000 a 8.000- y en 2030, añadió, serán 10.000. El número al que rueda no hizo referencia, nunca lo hace, es al de personas anotadas en el registro oficial de demandantes de vivienda pública: más de 30.000 a 23 de septiembre de 2026.

Rueda también fue crítico con la declaración de zonas tensionadas. Esta medida solo la han adoptado hasta ahora A Coruña y Santiago de Compostela, gobernadas por socialistas y por BNG y Compostela Aberta, respectivamente. Los precios de los alquileres han bajado. El presidente gallego dice, sin embargo, que la oferta se ha reducido. Ana Pontón le recordó que esto también ha sucedido en ciudades y pueblos que no son zona tensionada. “Declare zonas tensionadas en los ayuntamientos en donde los alquileres están descontrolados”, conminó al presidente, “compre toda la vivienda protegida que sale a la venta e inicie la compra masiva de pisos para el parque público de alquiler”. Esa es la receta del BNG que, en su turno de cierre, Rueda tildó de dogmática.

Besteiro: “Tendremos que preguntar a Feijóo”

El presidente de la Xunta había respondido antes al portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Responder es un decir: ante las preguntas del socialista sobre el coste de la vida, la disponibilidad de servicios públicos y la igualdad en Galicia, Rueda se descolgó con una primera intervención dedicada prácticamente íntegra a criticar las políticas de Pedro Sánchez. Hasta llegar al partido de Besteiro: “Son ustedes muletas del nacionalismo y el nacionalismo es egoísta por sistema. Mira por lo suyo y los demás, nada”. Esta declaración la hizo solo minuto y medio después de volver a plegarse a la estrategia de Feijóo de sabotear la acogida de niños migrantes en el sistema público de protección.

“Estos es una sesión de control a la oposición, pero en Madrid”, se revolvió, flemático, Besteiro, “vamos a tener que trasladar estas preguntas a Núñez Feijóo. Mejor le preguntamos a él”. En asuntos centrales de la política gallega y en los que el PP autonómico solía matizar sus posiciones respecto del central, los de Rueda se han adherido a las consignas de Génova. Así lo interpretó Besteiro: “No se habla de financiación. No se reciben menores. No se acepta la condonación de la deuda”. El presidente aseguró, ya en el cierre del debate, que su gabinete había alegado contra el nuevo sistema de financiación sin obtener acuse de recibo. Fue además despectivo con las negociaciones bilaterales entre Gobierno central y otras autonomías -“charlas de salón, capillitas”, dijo, “para darles lo de siempre a los de siempre y nada a Galicia”- y volvió a cargar contra Sánchez: “Creen los sanchistas que todos son como Sánchez, garantía de la mayor desigualdad”.

“A usted se le llena la boca hablando de absentismo laboral y empezó faltando a su puesto de trabajo”, le espetó la líder del BNG, Ana Pontón, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la primera sesión de control del nuevo curso político en el Parlamento de Galicia. Se refería, por un lado, a la campaña emprendida por la Xunta para limitar las bajas de los trabajadores y, por otro, a la decisión del jefe del Gobierno gallego de ausentarse del Consello el pasado lunes para estar en Madrid en un acto informativo de Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, junto a la plana mayor del PP. Tampoco pasó por alto la agenda de Rueda el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro: “Abandonó el Gobierno de Galicia y se fue al aquelarre de Feijóo en Madrid”.

Tanto Pontón como Besteiro afearon también el uso de lo ocurrido en Ceuta, con la entrada masiva de unas 80.000 personas hace más de un mes, de las que miles continúan en la ciudad autónoma, para “generar más odio”. “Pida más recursos al Gobierno, pero no haga lo de las últimas semanas ni use a menores para generar odio”, le recriminó el representante socialista a Rueda, mientras que la líder del BNG tachó de “impresentable” que haga “política barata” con “niños que están en una situación inhumana”. La reacción del presidente gallego fue acusar a los líderes de la oposición en Galicia de falta de empatía y de incapacidad para ponerse en el lugar de los afectados, en alusión a los ceutíes, “los compatriotas”. “¿En qué momento perdieron ustedes la humanidad?”, les dijo. “Me critican por apoyar a un presidente de una comunidad autónoma [en realidad, Ceuta es una ciudad autónoma] como me gustaría que me apoyasen a mí”, añadió.

Rueda centró las preocupaciones en los “ceutíes en Galicia y gallegos en Ceuta que lo están pasando muy mal”. Y volvió a criticar al Gobierno por querer que las comunidades autónomas acojan a una parte de los migrantes, lo que ha equiparado con “repartir culpas”. Los gallegos, con su historia de pueblo de emigrantes, deben ser solidarios, pero “de forma seria, como hay que hacer las cosas”, agregó y afirmó que este problema “lo tiene que solucionar quien lo provocó con su indolencia”. La solidaridad, replicó Besteiro, se mostró hace unos años con las personas que huyeron de la guerra en Ucrania, pero “con los africanos, desprecio y desidia”.

“Los gallegos no le pagan para ser el palmero de Feijóo, sino para solucionar sus problemas”, insistió Pontón sobre la ausencia de Rueda en el Consello. Y pasó a enumerar algunas de las dificultades: un encarecimiento del 35% en la alimentación, del 24% en la vivienda y del 23% en los transportes en los últimos años. “No es un lujo, es lo básico”, señaló. En el momento del inicio del curso escolar, la líder del BNG propuso dos medidas relacionadas, que son recuperar la gratuidad de los libros de texto que el PP se ha negado reiteradamente a implantar y ampliar las plazas de los comedores escolares. También le reclamó a la Xunta que ejecute todos los programas de vivienda, que limite los precios de los alquileres y las viviendas de uso turístico.

El curso político está recién estrenado, pero los argumentos utilizados en el debate son ya familiares. Rueda le replicó a Pontón con desdén: “No se me enfade tanto, que estamos al principio del periodo de sesiones”. La acusó de utilizar de forma recurrente su primer turno de palabra “para hacerse la víctima” y el segundo, para “lanzar una serie de titulares de los que no se va a acordar cuando acabe la jornada”. “Si quiere que la tomen en serio, hable en serio”, le dijo, después de volver a poner en duda las cifras citadas por la líder de la oposición, que respondió afeándole su actitud: “Le vengo a hablar de los problemas de este país y su respuesta es Bildu. Hablo de la gratuidad de los libros texto y me sale con no sé qué de Sánchez. Hablo del problema de la vivienda y viene aquí con ataques personales e intentos de descalificación”.

Besteiro, por su parte, le afeó a Rueda que derive responsabilidades hacia los ayuntamientos con los problemas de los incendios y de la sequía y la falta de respuestas de la Xunta ante emergencias como la de la vivienda -“ya no es un derecho, es un lujo”- o la de la sanidad -“los anuncios no sanan”-. También censuró el enredo del PP para rechazar ahora una transferencia de la AP-9 que lleva años reclamando. “Deje de buscar culpables y céntrese en las soluciones. Para hablar de los problemas tenemos a los tertulianos, pero Galicia le paga para solucionarlos”, le dijo. También cargó contra la postura del PP sobre la ley de nietos y la decisión del Supremo de prohibir cautelarmente que los descendientes de españoles residentes en el extranjero y que han sido nacionalizados gracias a esta norma voten: “El PP tan emocionado cuando va a Argentina y ahora les decimos que son nacionales a medias, porque votar es el principal derecho de un nacional”. El socialista señaló que esta cuestión está siendo otra muestra de la convergencia entre las argumentaciones del PP y las de Vox en varios temas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pliega a la táctica de Génova 13 en al menos cuatro asuntos cruciales en el debate político gallego: se opone a la quita de la deuda pública, no negociará bilateralmente una nueva financiación, ha votado en contra de la demanda histórica de traspaso de la autopista atlántica y del uso del gallego en las instituciones estatales. Estas posiciones le sirvieron a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para calificar a Rueda del “presidente del no a Galicia”. “Ustedes sí que son los del no a todo”, intentó revolverse el jefe del Ejecutivo con uno de sus tópicos habituales sobre el nacionalismo, pero lo cierto es que el Partido Popular de Galicia y, con él, el Gobierno autonómico ha hecho suya la desaforada guerra sin cuartel de Feijóo contra Pedro Sánchez en estos temas. La sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia lo dejó claro.

“Le recuerdo un eslogan del PP, 'Galicia primeiro'”, había comenzado Pontón su intervención, “en realidad es 'el PP primero, Galicia después o Galicia nunca”. El Gobierno gallego, añadió, renuncia a 4.000 millones de euros en la quita de la deuda y no quiere negociar con el Estado “una financiación justa”. También “ha dicho no al gallego”: Alfonso Rueda llevó a su grupo parlamentario a votar en contra de su uso en el Congreso y en el Senado. Finalmente se refirió a la transferencia de la AP-9, cuya concesión a Audasa prorrogó Aznar hasta 2048 en una operación que Europa ha declarado ilegal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, resumió la nacionalista.

El presidente de la Cámara había acumulado las preguntas de la oposición. José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, había acusado a Rueda de “no gobernar pensando en Galicia, sino en lo que le dictan en Madrid”. Y mencionó la existencia de “un nuevo susurrador en el oído de Rueda”, la extrema derecha: “Votan de la mano de Vox para evitar la transferencia”. Besteiro sintetizó su discurso con una definición de lo que entiende por autogobierna y que, a su juicio, Rueda no ejerce: “Es asumir competencias, no inventar problemas, y aprovechar cada euro para mejorar las condiciones de los nuestros”. Pontón había sido más contundente: “¿Cómo alguien incompetente va a querer competencias?”.

Alfonso Rueda se defendió con una respuesta algo deslabazada. Se esforzó por presentar a los líderes de BNG y PSdeG como delegados de Pedro Sánchez y llegó a calificarlos, “sin el sentido peyorativo”, de tontos útiles. A lo concretó entró, pero únicamente para volver sobre argumentarios ya conocidos y emitidos en numerosas ocasiones. La financiación no se negocia bilateralmente, sino en una conferencia de presidentes. “Una posición de partida que nunca va a mejorar” si la discusión es bilateral. Lo que no ha hecho nunca su gabinete es hacer público el modelo que prefiere, si es que tiene alguno. Sí a la transferencia, “no a la estafa”, que él considera que es el acuerdo refrendado en el Congreso por todos los grupos excepto el PP y Vox. Según la derecha, abre la puerta a que la Xunta tenga que indemnizar a la concesionaria, lo que la izquierda niega. “Hay que tener dignidad y ustedes no la tienen”, apuntó.

Ya en el turno de cierre, el presidente de la Xunta quiso explicar su visión del autogobierno y, para ello, puso algunos ejemplos: la frustrada operación de su gabinete para instalar una macrocelulosa en A Ulloa o lo que denomina “resolver el absentismo”, en realidad reducir el derecho a baja laboral de los trabajadores. “Ustedes sí que son los del no a todo. Ya que traen recados, lleven otro de vuelta”, espetó a la oposición: “Que respeten a los gallegos”.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de consumar la “mayor traición a Galicia” de la historia reciente al votar en contra de la ley de transferencia de la titularidad y de la gestión de la AP-9 en el pleno del Congreso.

En concreto, el pleno de la Cámara baja ha aprobado este jueves la norma, que continuará su tramitación parlamentaria hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Solo PP y Vox han votado en contra. Si bien el origen de la ley surge en el Parlamento de Galicia, la polémica reside en que Xunta y el PP se quejan de que el texto pactado por PSOE, Sumar y BNG no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada de la Cámara autonómica, por lo que los populares trataron de revertir este asunto a través de enmiendas, que finalmente fueron rechazadas.

En un comunicado difundido a los medios y recogido por Europa Press, Besteiro ha sostenido que la misma formación que privatizó la autopista, que bloqueó durante años su traspaso cuando gobernaba en Madrid, ha quedado este jueves una vez más sola, junto a Vox, para darle la espalda a la ciudadanía gallega.

“Feijóo y Rueda pasarán a la historia por esta traición a Galicia. No hay mayor cinismo en la política gallega. El PP privatizó la AP-9 en el año 2003, prorrogó la concesión en el 200, bloqueó durante años su transferencia cuando tenía dos gallegos al frente del Gobierno y del Congreso --Rajoy y Ana Pastor-- y ahora, cuando casi todo el Parlamento acuerda avanzar, vota en contra”, ha censurado.

El jefe de filas del PSdeG, que ha recordado que Feijóo era conselleiro “cuando hicieron todo ese daño y no dijo ni mu”, ha asegurado que ahora hace los mismo desde Madrid y Rueda desde Galicia y los ha emplazado a dejar de poner trabas a la tramitación legislativa del traspaso.

Besteiro ha insistido en que se llega a un día histórico como el de hoy porque “hay un Gobierno socialista en España, que es el que está haciendo posible el traspaso de la AP-9 y dando pasos decididos hacia su gratuidad”.

“Fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien desbloqueó la ley e implantó bonificaciones de hasta el 75% en las tarifas de la AP-9”, ha recordado para asegurar que si hoy los gallegos siguen “pagando peajes abusivos es por culpa de las decisiones del PP”.

Besteiro ha destacado que cuando el PSOE llegó al gobierno, propuso soluciones, mientras que ha acusado a los populares de “ponerse siempre en los problemas, en la marrullería y en el barro, diciendo una cosa en Galicia y haciendo la contraria en Madrid”, ha criticado.

El secretario xeral ha felicitado a la diputada Patricia Otero y al conjunto de los grupos que hicieron posible este paso que ha calificado de “histórico”. “Hoy es un buen día para Galicia. Un día que el PP eligió no festejar porque lleva décadas formando parte del problema”, ha concluido.

Hasta en nueve ocasiones ha preguntado José Ramón Gomez Besteiro por las políticas de vivienda al presidente de la Xunta de Galicia. Lo recordó este miércoles durante la sesión de control en el Parlamento autonómico en la que también lamentó que no siempre contestaba el presidente de la Xunta, sino “un tertuliano chusqueiro [chistoso]”. “Pero las competencias son del Gobierno gallego”, añadió Besteiro en referencia al asunto del debate. Trataba de hacer que Alfonso Rueda explicase el proceder de su gabinete y no dedicase la mayor parte de su intervención a atacar al Ministerio de Vivienda. Lo consiguió solo a medias.

Besteiro había enmarcado, de entrada, el problema. Hay 34.000 ciudadanos gallegos apuntados en el registro de demandantes de vivienda pública, un 143% más que cuando, en 2022, rueda sustituyó a Feijóo al frente del Gobierno gallego. El precio del metro cuadrado ha subido un 13,3% en un año y de los 153 millones de euros destinados a vivienda en los presupuestos de 2025, 120 quedaron sin ejecutar, aseguró el socialista. Los sucesivos ejecutivos de Núñez Feijóo habían reducido la política de vivienda pública a prácticamente cero y solo en esta legislatura, el Partido Popular ha modificado el rumbo, por lo menos discursivamente. “Galicia es una de las comunidades del Estado con menos parque de vivienda pública”, resumió.

El presidente de la Xunta se defendió. “La vivienda es un tema central para nosotros y estamos haciendo un gran esfuerzo”, dijo. Repitió su promesa más recurrente al respecto, la construcción de 4.000 pisos públicos en cuatro años, 6.000 en 2030. Y, como es habitual, se cuidó mucho de justificar los años de inacción en la materia de gobiernos de los que él formó parte. so sí, los ataques y las críticas los reservó, también como es habitual, para Pedro Sánchez. “Viene usted aquí a tapar las vergüenzas en vivienda del Gobierno central”, afirmó, “si quieres anuncios, el Gobierno de España, si quieres que se hagan realidad, tu comunidad autónoma”. Aunque su intención era ironizar, en realidad describía el reparto competencial: la vivienda es responsabilidad de la autonomía gallega.

“La pregunta es qué hicieron durante estos 8 años”, insistió Gómez Besteiro. El período se refería al tiempo que Sánchez lleva en el gobierno y durante el que, recordó, ha destinado 548 millones de euros para que Galicia gastase en políticas de vivienda. “No merece la pena hablar de Pedro Sánchez y de vivienda pública”, intentó zanjar Rueda, antes de enumerar algunas medidas de su consellería: el desarrollo de suelo para 20.000 viviendas de protección pública -y construcción privada- o el aumento hasta los 45 años de la edad para optar a avales de la Xunta.

Pontón: “No ha aprendido nada de las olas de incendios”

Los incendios en Herbón (Padrón, A Coruña) y Boborás (Ourense) dieron pie a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG. La nacionalista afeó al presidente de la Xunta que nada sustancial haya cambiado en el dispositivo antiincendios tras las grandes olas de fuego en 2017, 2021 y 2025. Esta última, el pasado agosto, registró los mayores incendios de la historia de la comunidad. “No ha aprendido nada”, le recriminó Pontón, para quien entre las medidas imprescindibles a adoptar mencionó una moratoria indefinida de las plantaciones de eucalipto o la ordenación del monte en mosaico. Lo que recomiendan la mayoría de expertos. “Un rural vivo es la mejor garantía contra el fuego”, sintetizó.

La nacionalista también se refirió a algunas promesas incumplidas de Rueda. Fue tras los devastadores incendios en el oriente ourensano que el presidente anunció en la Cámara autonómica que su gobierno se encargaría de la limpieza de las franjas secundarias en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. “No lo hizo. Su palabra no vale nada”, dijo, “ni siquiera en las parroquias prioritarias. Solo en 70 de las 276”. Alfonso Rueda apenas entró en lo concreto, exigió a la líder de la oposición “un llamamiento a la prevención y una condena a los incendiarios, que los va a haber” e insinuó que Pontón busca el rédito político en las olas de incendios. Sí dijo que el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Gaicia (Pladiga) cuenta con más recursos que nunca y que el eucalipto no tiene la culpa. “En Ourense el año pasado no ardió una hectárea de eucalipto”, dijo. “Esto es tarea de todos, también de la oposición”, concluyó.

El estado social de la lengua gallega, que expertos e instituciones culturales califican de alarmante, ha centrado la sesión de control parlamentario a Alfonso Rueda tres días después del Día das Letras Galegas. Y esta vez no ha servido para que el presidente de la Xunta de Galicia realizase algún anuncio en la materia, estrategia habitual con otros temas. “Hace un año y medio que el Instituto Galego de Estatística publicó un informe dramático sobre la situación del gallego”, inquirió Ana Pontón, con un guiño al título del célebre ensayo del fallecido Xesús Alonso Montero, “y usted no ha movido ni un dedo, al contrario”. Rueda lo tomó por la vía electoral y le preguntó si es que pensaba que los votantes del Partido Popular “eran enemigos del idioma”. Pontón le respondió: “En este país nadie lo ha votado para que ataque a la lengua gallega”.

Los datos objetivos sobre uso y conocimiento de la lengua propia de Galicia -así la define el Estatuto de Autonomía- no dibujan un panorama favorable. Las tendencias, aceleradas desde la llegada de Feijóo al Gobierno gallego en 2009, las recordó en el Parlamento la líder del BNG: uno de cada dos jóvenes no usa nunca el gallego, solo el 7% lo hace siempre -en 2018 era el doble- y un tercio de los menores de entre 5 y 14 años no sabe hablarlo. También recordó la participación del actual presidente en manifestaciones contra el gallego convocadas por una asociación entonces llamada Galicia Bilingüe y ahora Hablemos español. “Vamos camino de un lingüicidio”, sintetizó. También propuso tres medidas: triplicar los fondos destinados a política lingüística, drásticamente recortados por los sucesivos gabinetes de Feijóo y Rueda; derogar el decreto que redujo la enseñanza del gallego por primera vez en democracia; y cumplir el Plan Xeral de Normalización Língüistica, aprobado por unanimidad en 2004 y unilateralmente dinamitado por el Partido Popular.

Alfonso Rueda no resistió la tentación de endilgar al BNG los problemas judiciales de José Luis Rodríguez Zapatero -lo había intenado antes con Besteiro, pese a que este no participaba en el debate, al ser la sesión en que lo hace el único diputado de Democracia Ourensana- con un comentario un tanto rutinario sobre la supuesta “bravura en Galicia” y “mansedumbre en Madrid” de los nacionalistas. Pero enseguida entró en materia. “¿Que no hacemos nada? Ya lo estamos haciendo, pero faltan ustedes”, afeó a los nacionalistas. Se refería a la revisión del mencionado plan de normalización de 2004 que la Consellería de Cultura, Lingua e Deportes puso en marcha poco después de la publicación de las cifras del IGE y cuya presentación comprometió para el pasado noviembre. De momento nada se sabe de él. “Primero dijeron no, después se salieron y ahora intentan reventarlo”, aseguró Rueda, sin entrar en detalle. Fue cuando acusó a Pontón y a su organización de “querer secuestrar el gallego”. “Pero Galicia no es nacionalista ni independentista”, afirmó, “sino orgullosamente libre y orgullosamente bilingüe”. El BNG, principal formación nacionalista, obtuvo el 31% de los votos en las últimas elecciones autonómicas, y ostenta alcaldías como las de Santiago de Compostela, Pontevedra o Carballo.

“Sin igualdad no hay libertad”

“Sin igualdad no hay libertad, y la libertad de vivir en gallego en Galicia es lo que usted está robando a las nuevas generaciones”, replicó la nacionalista, que antes había retado a Rueda a “hablar de corrupción” y que tanto le daba PP como PSOE. “El BNG en 40 años de historia, ni un solo condenado por corrupción”, adujo. El presidente de la Xunta cerró el debate con su argumentario clásico sobre el BNG: que si Pontón lleva “25 años” ahí sentada (son 22, en realidad), que si dice “non a todo”, que si ya basta de crispación, pese a que son algunos diputados y diputadas del PP las que más elevan la tensión y se prodigan en insultos a la oposición. “Intente sumarse a los trabajos para un documento para el Pacto pola Lingua”, añadió. Y cuando parecía que ese mensaje más o menos conciliador era el punto final de su intervención, se corrigió a sí mismo: “Dicen que el gallego está en peligro y los que está en peligro si no los paramos es la libertad”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha embarcado en la defensa a capa y espada de la moción de censura impulsada por su partido en Lugo con el apoyo de una edil tránsfuga. Para ello no ha dudado, durante la sesión de control parlamentario de este martes, en retorcer los hechos y en ignorar los resultados de las últimas elecciones municipales, cuando su partido, el PP, quedó a un escaño de la mayoría absoluta y del gobierno local. Ahora se ha servido de la exsocialista María Reigosa, que accedió al pleno tras la muerte de dos de sus compañeros de lista, para hacer alcaldesa a Elena Candia. La oposición, en concreto el PSOE, le recordó que los propios estatutos de la formación conservadora consideran “una infracción muy grave” utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”. Exactamente lo que sucederá el 7 de mayo en Lugo.

El reglamento interno del PP reserva además duras sanciones para aquellos que incumplan ese punto: suspensión de afiliación de cuatro a seis años, inhabilitación para cargos internos o de representación durante el mismo periodo o incluso expulsión. No parece que Alfonso Rueda esté pensando en aplicarlas, a juzgar por el olímpico silencio con el que recibió la pregunta al respecto de José Ramón Gómez Besteiro, líder socialista: “¿Va a abrir expediente por estas graves actuaciones en Lugo?”. Sobre la controvertida y escandalosa maniobra de Candia y los populares también opinó en su turno Ana Pontón. “Está claro que usted no le dan las cuentas y por eso esta moción de censura indecente”, arremetió, “es corrupción política. No sé si acabará en Soto del Real, pero desde el punto de vista político es impresentable”.

Rueda no dejó entrever ni el más mínimo atisbo de autocrítica o voluntad de entendimiento. Volvió a mencionar lo sucedido en Noia, donde una moción con un concejal elegido en las listas del PP dio el bastón de mando a un socialista -en este caso no medió el fallecimiento de otros ediles-, para criticar “esa moral progresista” y acusó a la izquierda de “intentar de todo” contra la operación. “Intentan meter miedo con amenazas”, aseguró sin especificar a qué se refería. Lo que sí hubo fueron manifestaciones ciudadanas y una protesta en el pleno municipal del pasado jueves. El presidente gallego alcanzó la cumbre de su propia lógica cuando afeó a Besteiro no haber dado “ni una sola razón por la que no deba haber un cambio de Gobierno en Lugo”. Los últimos resultados electorales, en los que PSdeG y BNG sumaron la mayoría de asientos en el pleno, no le parecieron razón suficiente. “¿Cómo vamos a esperar que cumpla usted la ley si no es capaz de cumplir los estatutos del PP?”, le había espetado el socialista. Los próximos comicios locales serán en mayo de 2027.

El Consello de Contas y el deterioro de la sanidad pública

Aunque Ana Pontó también criticó la moción del PP en Lugo, su pregunta de control era sobre la situación de deterioro de la sanidad pública gallega, una realidad denunciada por usuarios y trabajadores y que constatan numerosos indicadores. La nacionalista utilizó esta vez el último informe del Consello de Contas, órgano fiscalizador del Gobierno gallego, sobre la atención primaria. El documento constata la infrafinanciación de la misma -Galicia es, tras Madrid, la comunidad que menos invierte en medicina de familia-, lo que la coloca por debajo de la media estatal y -dijo Pontón- “en menos de la mitad de las recomendaciones de la OMS”. “No es casualidad, es deliberado tras 17 años de recortes del Partido Popular”, aseguró. Son además los que Alfonso Rueda lleva en la Xunta, como conselleiro, como vicepresidente y desde 2022 como presidente.

Este no se apartó del manual consuetudinario con el que ataca a Pontón: “Usted tergiversa los datos, yo no”, “brava aquí, mansa en Madrid”, “cuando sale fuera habla bien de Galicia”, “triste, visión catastrofista”, “lleva aquí 25 años [en verdad son 22]”, “no sé si es consciente de los disparates que dice”. La argumentación sobre la sanidad pública tampoco varió demasiado de la que ha venido utilizando en el Parlamento cada vez que la oposición saca el tema: espigó afirmaciones del mismo informe de Contas esgrimido por la líder del BNG para señalar que “hay avances” en primaria y explicó que el gasto presupuestario “en sanidad” es del 31,6%. En la cifra incluye los millonarios convenios con empresas privadas del ramo. Y que el grueso de la responsabilidad de lo que sucede es de “sus cómplices [del BNG], los de Soto del Real”. Las competencias en la materia están transferidas a la comunidad desde finales de los años 80.

Ana Pontón ofreció un alud de datos sobre la situación del trabajo en Galicia, Alfonso Rueda respondió con un revoltijo de ideología y apenas ninguna cifra. Este es el resumen posible del debate que, incitado por la pregunta de la líder del BNG al presidente de la Xunta de Galicia, trató en el Parlamento autonómico sobre el plan de Rueda para limitar el derecho a baja de los trabajadores gallegos. Pontón recordó las horas extra ni pagadas ni compensadas en la comunidad -122.000 cada semana, 160 millones de euros anuales- y la alta siniestralidad laboral -Galicia es la cuarta autonomía con más muertes entre 2014 y 2025- y lo acusó de “criminalizar” a los trabajadores. Rueda habló de Begoña Gómez, de que los trabajadores gallegos “pagan menos impuestos”, del ex conselleiro Alfonso Villares, de Yolanda Díaz y equiparó las bajas a “absentismo”. “Se pierden miles de horas de trabajo”, dijo, pero no las cifró.

“Menudo popurrí para no hablar de nada”, le recriminó la nacionalista, antes de insistir: “El fraude de las horas extra ¿no le merece ninguna reflexión? ¿Ni los accidentes mortales?”. No lo pareció, a juzgar por las respuestas del jefe del Ejecutivo, enrocado en su defensa de reforzar el papel de las mutuas privadas y no reconocer que el colapso de la atención primaria, denunciado por usuarios y empleados, está directamente relacionado con la duración de las bajas. “Ustedes son los del no a todo y también se oponen a esto”, defendió, desde el lugar común con el que se suele referir el Partido Popular el Bloque. “Esto” son, en la versión de Rueda, las “horas perdidas por el absentismo” que no concretó. En el fragor de su réplica incluso llegó a afirmar que “las bajas laborales son un problema” y que su gabinete “va a actuar” al respecto.

Los intentos de Pontón por contextualizar la cuestión -fue el anuncio más transcendente de los realizados por Rueda en el último debate sobre el estado de la autonomía, rechazado de plano por sindicatos y oposición- cayeron en saco roto. Además de las horas extra no remuneradas y de la siniestralidad laboral, recordó que Galicia es la segunda comunidad del Estado que registra menos bajas laborales, 24 por cada 1000 trabajadores frente a la media de 34. Y, en alusión a los dos motivos de incapacidad laboral que el presidente de la Xunta avanzó serán más vigilados -salud mental y problemas musculares y esqueléticos-, recordó que son 21 los psicólogos que atienden 400 centros de salud y que las listas de espera en traumatología se han disparado un 76% en los últimos años. Esa es la razón de que las bajas se alarguen, adujo. “En vez de reforzar la sanidad pública, le da más poder a las mutuas de la patronal para que decidan sobre quién puede o no trabajar”, le afeó. Rueda no entró a ninguna de estas observaciones y se limitó a proponer una disyuntiva entre “fraude” y “trabajadores honestos” que, una vez más, no acompañó de números.

“¿Le parece ético aprovechar la muerte de tres personas?”

El socialista José Ramón Gómez Besteiro iba a preguntar por la situación económica -Galicia crece pero menos que la media estatal, reduce desempleo pero menos que la media estatal- hasta que las maniobras del PP de Lugo y un ex concejala socialista ocuparon los focos al abrir la puerta a una moción de censura contra el PSOE en la ciudad. “¿Le parece ético aprovechar el fallecimiento de tres personas para acceder a la alcaldía?”, preguntó al presidente Rueda, también presidente de los populares gallegos. La edil escindida hace solo unos meses del grupo local socialista, María Reigosa, entró en la corporación al correr la lista tras la muerte de la anterior alcaldesa, Paula Alvarellos, y del concejal Pablo Permuy. Después también falleció otra compañera, Olga López Rocamonde.

Besteiro arremetió contra Rueda con dureza. “¿Qué ética tiene un político que ve una persona de luto y piensa 'esta es mi oportunidad?”, dijo, antes de conminar al presidente gallego a que eligiese entre inmoralidad o decencia. Este se mantuvo imperturbable. La hoja de ruta en Lugo parece trazada y la derecha no se mueve de su argumentario. Según los conservadores, hay inestabilidad, aunque no la explican, y eso justifica apoyarse en una tránsfuga para obtener un bastón de mando que se les resiste desde hace 27 años. “Aprenda las reglas del juego democrático”, se ufanó Rueda, “el PP tiene todo el derecho a enderezar una ciudad que necesita enderezarse”. “Usted no tiene límites y cuando no se tienen límites para llegar al poder, tampoco se tienen cuando se gobierna”, se resignó el socialista.

“No es aceptable una presidencia sin rumbo. No es aceptable gobernar a la deriva ni limitarse a administrar la inercia”. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, insistió una y otra vez en esta idea durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía. En su réplica al discurso de Alfonso Rueda, Besteiro dibujó un gobierno gallego sin planificación ni proyecto propio, “entregado a controlar el relato”, a “silenciar a la oposición” –con los medios públicos como “principales censores”– y a beneficiar a “unos pocos, los de siempre”.

El portavoz socialista recordó que Rueda lleva cuatro años como presidente y 17 formando parte del ejecutivo autonómico para preguntarse “qué mejoró” y “qué problemas resolvió” en ese tiempo. “¿Qué encuentra un gallego cuando piensa en qué decisión de su gobierno le mejoró de verdad la vida? Lo que encuentra es preocupación, incertidumbre”. Y en el último año, desde el anterior debate, sólo “propaganda”.

Tema por tema, Besteiro dibujó esa inercia de la Xunta, que en primer lugar identificó con la postura “cobarde” del PP estatal ante la guerra de Irán. “No se puede ser ambiguo con la paz. No caben equilibirios cómodos. Sólo tres palabras: Non á guerra”. Un conflicto al que el Gobierno central y las comunidades autónomas han respondido con partidas amplias mientras Rueda sólo tenía “excusas”. Su plan de 157 millones es “tan triste” que incluye reformas de pantalanes o señalizaciones del Camino de Santiago.

Los socialistas propusieron en cambio un escudo social gallego y un Banco Público de Vivienda para hacer frente al principal problema de los ciudadanos, “claramente dominante sobre el resto”. Si hace un año eran 22.000 los gallegos que esperaban una vivienda pública, ese número creció en 10.000, “833 cada mes”. Mientras, la Xunta “deja más de cien millones de euros sin ejecutar” y lo fía todo a las 10.000 viviendas prometidas para 2030. “Pero estamos en 2026”.

El único ámbito en el que Besteiro admitió una posible planificación fue en el de la sanidad, donde preguntó si se planificó su “desmantelamiento”. Y si, por la mañana, Rueda habia anunciado un plan para mejorar la atención primaria, el socialista le recordó que, en ese campo, Galicia es “la segunda comunidad que menos invierte, sólo por detras del Madrid de la señora Ayuso”. Mientras, faltan facultativos –sobre todo pediatras–, sigue sin cumplirse la promesa de tener cita con el médico de familia en menos de cuatro días y la autonomia lidera la tasa de suicidios con un número “muy bajo” de especialistas en salud mental.

La carta única de Altri

Hace un año, Besteiro acusó a Rueda de formar parte de “la gran mentira que rodea a Altri”. Este miércoles, el líder socialista volvió a referirse al frustrado proyecto de macrocelulosa que la Xunta “vendió como modernidad verde” para acabar siendo “el símbolo de una política industrial opaca y sin respaldo social y técnico”. Como tampoco aquí habia plan “apostaron a una unica carta”, un “error” que fue “frenado” por “la sociedad gallega y un gobierno socialista”. Besteiro reclamó que le diese el carpetazo definitivo.

Como Galicia “le queda grande”, Rueda “no es capaz de entender ni siquiera a la Galicia urbana, la que tira de la economia y del progreso” y en la que “casualmente” no gobierna el PP. Entre las “agresiones” a las ciudades destaca la falta de coordinación entre los aeropuertos y los “globos sonda” que mandan sus portavoces, en alusión a la propuesta del Clúster de Turismo para “especializar” las tres terminales gallegas. Besteiro le preguntó, directamente, si creía que había que cerrar alguna.

Si así es como el socialista considera que actúa Rueda con las ciudades, al rural, “lo deja morir porque no cree en él”. Allí, los colegios se cierran, los médicos no se sustituyen y las líneas de transporte, desaparecen. Los incendios forestales –2025 fue el peor año de la serie histórica con una cifra que Besteiro elevó hasta las 178.000 hectáreas– son otra muestra de ese abandono. “No fue una fatalidad inevitable, fue la consecuencia de una cadena de decisiones políticas: menos prevención, menos ordenación, menos rural vivo”. Por eso, si Galicia vuelve a arder, “no será una sorpresa ni una fatalidad: será su responsabilidad”.

Besteiro cerró su discurso con una lista de catorce propuestas que contrapuso a los múltiples “bonos” del gobierno Rueda. Si el año pasado el Bono Peixe fue la principal medida del debate, en este traía bajo el brazo una ampliación del Bono Coidado. El socialista ironizó proponiéndole el Bono Presidente, con un funcionamiento “simple”: “Los ciudadanos pagamos los impuestos y el gobierno resuelve los problemas”.

Y casi como conclusión, el líder del PSdeG insistió en dar la vuelta a otro de los mantras del ejecutivo gallego: “No tiene modelo, lo que sí tiene es una marca, la marca Galicia Caridade... no confundir con Calidade”.

“Ourense en pequeñito”

El primer portavoz de la oposición en dar la réplica a Alfonso Rueda fue el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ironizó con el parecido “casi idéntico” al discurso que el presidente ofreció el año pasado. Una intervención marcada por el “autobombo” y “coherente con el sesgo de su Gobierno en priorizar el litoral sobre el interior”, algo que ejemplificó con la definición que el presidente dio de Galicia como “Balcón del Atlantico”. “Este Gobierno tiene una imagen de Galicia que no es la perfecta, distorsionada de tal manera que el litoral ocupa espacio y la provincia de Ourense la tiene en pequeñito”, aseguró tras señalar que “la única vez” que Rueda nombró a su provincia fue por “algo malo”: los incendios de agosto, para mencionar la última vez que se había encontrado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No le sirven ni los datos de la propia Xunta de Galicia, ni los recopilados por el CIS: la visión de Alfonso Rueda sobre la situación de la sanidad pública en Galicia, denunciada por usuarios y trabajadores, bordea el triunfalismo. “Es mucho mejor que cuando ustedes gobernaban” o “muy por encima de la media para bien” fueron algunas de las frases que utilizó para defender la gestión de su gabinete en la materia durante la sesión de control parlamentario de este miércoles. Esta semana, el barómetro del CIS concluía que la ciudadanía gallega es la más insatisfecha de todas las comunidades con la situación de la atención primaria. “El incremento de seguros privados en Galicia, ¿no le llama la atención?”, inquirió el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Rueda no se inmutó.

Besteiro había realizado, apoyado en cifras públicas, un sucinto repaso por el descontento de usuarios y pacientes. “En 2026 el 43% de los pacientes de primaria no reciben atención antes de cuatro días. Y para que no me diga que se debe a la huelga [convocada por el sindicato de médicos Omega], en 2022 era el 18% y en 2025, el 38%”, recordó el portavoz del Partido Socialista. “Los seguros privados han aumentado un 20% en los últimos años”, añadió, antes de hablar de un “desmantelamiento programado de la sanidad pública”. También se refirió a las 400.000 personas en listas de espera, 50.000 más que en la última oleada, y a los 98 días que tardan en pruebas diagnósticas y 73 en operaciones quirúrgicas.

Las manifestaciones multitudinarias contra la privatización y el deterioro del servicio se suceden desde hace años, ya con Núñez Feijóo en la presidencia. Y la oposición critica el estado de la cuestión con insistencia. Pero Rueda se desentiende. Este miércoles volvió a hacerlo. Espigó el mismo barómetro del CIS que ratificaba el malestar ciudadano y aseguró que la aprobación de la sanidad pública entre la población gallega es superior a la media. Y que sí, “hay problemas” y no lo va a negar, pero sus responsables están sobre todo en Madrid. “¿Para qué sirve un Ministerio de Sanidad?”, se preguntó. El grueso de las competencias sanitarias las maneja, sin embargo, la Xunta desde hace más de 30 años.

En su diatriba contra Besteiro y los socialistas también quiso colar alguna mentira -“ni siquiera menciona la huelga”, lo que sí hizo- y cerró con un anuncio: el Servizo Galego de Saúde (Sergas) implantará una nueva vacuna contra el meningococo B a los niños y niñas de 12 años. “Estamos a la cabeza no de España ni de Europa, del mundo, en vacunación infantil”, se ufanó.

“Ni está ni se le espera, llega siempre tarde”

También a Madrid se remitió el presidente gallego en respuesta a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG, sobre las medidas del Gobierno autonómico para mitigar las consecuencias de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. “Apoyan las medidas que presentan el PSOE y pagan los gallegos”, le dijo Rueda en un extraño giro argumental que lleva repitiendo dos días, y añadió una descalificación entre aplausos de diputados del PP: “Allí sí bwana al puto amo”. Antes había disparado otra ristra de lugares comunes en sus discursos contra los nacionalistas gallegos -la segunda fuerza de la Cámara: comparó las excarcelaciones de presos de ETA con los bombardeos ilegales en Oriente Medio, censuró “las dictaduras comunistas” en Cuba y Venezuela que, dijo, respalda el Bloque, y les afeó que “no condenen la invasión de Ucrania”.

A esto último respondió Pontón. “El BNG condena todas las guerras y las invasiones de la soberanía de los países, incluida la de Ucrania, señor bulopresidente”, dijo. Rueda no se dio por aludido y en su turno de réplica insistió en lo mismo. El caso es que la nacionalista se había interesado por las iniciativas de la Xunta relacionadas con el conflicto de Irán y sus efectos económicos. “Ni está ni se le espera. Llega siempre tarde y arrastrando los pies”, resumió su opinión sobre la acción del Gobierno gallego. Mencionó otros ejecutivos -el vasco, el murciano- que ya han avanzado algunas ideas al respecto y lanzó una propuesta: 700 millones de euros en ayudas directas, líneas de crédito y un escudo social gallego (bono de transporte universal a 30 euros, duplicar el complemento gallego de las pensiones o levantar peajes en autopistas).

Esta vez el presidente sí traía algo con lo que responder. Lo dejó para el final, tras una nueva andanada de descalificaciones. En el próximo Consello de la Xunta el 30 de marzo -un mes después de que Estados Unidos e Israel iniciasen la guerra- aprobará 150 millones de euros “para ayudar a los sectores más afectados”.

La Xunta de Galicia no consigue pasar la página de Altri. Pese a que hace ya 21 días que anunció el archivo definitivo del proyecto de macrocelulosa, muy contestado social y políticamente, el asunto revive una y otra vez en el Parlamento de Galicia. “¿Dónde están sus proyectos industriales estratégicos tras el fiasco de Altri?”, inquirió Ana Pontón al presidente Alfonso Rueda en la sesión de control parlamentario de este miércoles, “apostó todo a una carta contaminada y perdió ante la ciudadanía de este país”. Rueda, cuyo gabinete declaró efectivamente “estratégico” el plan de la pastera en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) pero fue incapaz de realizarlo, se revolvió e insistió en cargar las responsabilidades del fracaso a la oposición.

Pero la líder del BNG no quería hablar únicamente de Altri, sino de la política industrial del Gobierno gallego. Recordó dudosas promesas del Partido Popular a inicio de legislatura -3.000 millones de euros en inversiones industriales- y defendió una idea de Galicia que no sea “tierra de sacrificio para que Madrid tenga energía más barata y se forren las empresas amigas”. Remató su primera intervención con algunas de las propuestas de su organización en la materia: una empresa pública de electricidad, un fondo soberano de inversión en sectores estratégicos, vincular los parques eólicos a la creación de empleo industrial y aumentar el peso presupuestario del I+D+i. Rueda sí respondió a esto y aseguró que esas, las iniciativas planteadas por el BNG, son “la esencia de Recursos de Galicia”, la sociedad público privada creada por la Xunta hace dos años.

Fue apenas un momento. El resto de su discurso siguió las pautas de costumbre: los nacionalistas “no quieren molestar al puto amo”, en referencia a Pedro Sánchez, sus “plataformas politizadas” quieren impedir que se instale industria, “les encantaba Altri hasta que perdieron las elecciones”, “ustedes dicen a no a todo”. Pontón, que afeó al presidente de la Xunta sus continuadas faltas de respeto, lo acusó de incompetencia política. “De cada dos promesas en política industrial, incumple tres. ¿Dónde está la fábrica de hidrógeno en Meirama? ¿Qué fue de la factoría de neumáticos en As Pontes? ¿Y los 3.000 millones de euros?”, preguntó sobre dos anuncios repicados a bombo y platillo por el Gobierno gallego y luego descartados por sus promotores. También mencionó uno de los naufragios industriales clásicos de los gabinetes populares: los acuerdos de Feijóo con Pemex. “No tiene política industrial de futuro”, concluyó Pontón, “si no tiene ideas, copie las del BNG, le irá mejor a este país”.

Alfonso Rueda se escudó en algunas macrocifras -el índice de producción industrial crece un 6,5%, el empleo industrial está “en máximos”- y dijo que estas se alcanzaban “pese a su Galicia bucólica que en realidad está vacía y donde la gente tiene que emigrar”. Un minuto antes se había recreado en uno de los lugares comunes de su partido a respecto de los nacionalistas: “¿Hay algún proyecto industrial que le guste al Bloque?”. En realidad no esperaba ninguna respuesta.

Los socialistas insisten en la vivienda pública

Tampoco la parecía esperar José Ramón Gómez Besteiro, portavoz de los socialistas gallegos, que volvió a una de sus preguntas recurrentes -y uno de los grandes agujeros de los sucesivos ejecutivos del PP en Galicia- en la sesión de control: la política de vivienda pública. “Cuando inició su segundo mandato en 2024, había 15.000 gallegos y gallegas en el registro de demandantes de vivienda pública. Hoy hay casi 31.000”, explicó Besteiro, “durante 17 años ni planificaron, ni construyeron, ni rehabilitaron”. El socialista pidió además a la Xunta “políticas activas” para recuperar viviendas vacías y destinarlas al alquiler público. Las competencias en el sector son autonómicas.

La respuesta de Rueda fue previsible. Reiteró sus promesas -6.000 viviendas públicas construidas en seis años, dijo esta vez- y atacó al Gobierno central por lo que definió como inacción. “Qué bien estaría usted en el Ministerio de Vivienda, se trabaja poco”, intentó ironizar. De lo que el presidente gallego no suele defenderse es de la hoja en blanco en que convirtió la política de vivienda pública durante los años de Feijóo, con Rueda como número dos. “La Valedoría do Pobo ya avisó en 2014, después en 2028 y en 2020. Lo suyo fue inacción e irresponsabilidad”, consideró Besteiro. El presidente replicó de nuevo con las “3.000 viviendas en marcha, 4.000 este año”. En el registro de demandantes hay 31.000 personas, le había recordado de nuevo el socialista.

El fracaso del principal proyecto industrial del Gobierno de Alfonso Rueda es culpa de la oposición, dice Alfonso Rueda. Pese al entusiasmo burocrático y político con el que la Xunta defendió la idea de implantar una macrocelulosa en el corazón de Galicia, no fue capaz de llevarlo a término y la semana pasada anunció su archivo. De entrada responsabilizó al Ejecutivo de Sánchez por dejar la iniciativa de Altri fuera de la planificación eléctrica, pero en la sesión de control parlamentario de este miércoles ese argumentario quedó en segundo plano y BNG y Partido Socialista ocuparon el centro de su diana. Lo que Rueda no mencionó fue el formidable rechazo vecinal y ecologista, que organizó algunas de las manifestaciones más concurridas de los últimos años en la comunidad, ni las múltiples críticas de instancias científicas y expertas. El presidente gallego tampoco despejó otras incógnitas: se volvió a negar a desvelar el acuerdo secreto que firmó su gabinete con la empresa a través de la sociedad público privada Impulsa -hoy disuelta- y no aclaró si tiene un plan industrial más allá de Altri.

Fue Ana Pontón, la líder del BNG, quién se interesó por el ya célebre documento. “¿Qué esconde? ¿Qué dice ese papel para tener que ocultarlo a las gallegas y gallegos? Entréguelo ya a esta Cámara”, acabó su primera intervención. Antes había atribuido el final administrativo de la pastera “al pueblo gallego” y a las sostenidas movilizaciones coordinadas por la Plataforma Ulloa Viva. “El BNG acompañó”, dijo, “a la gente que defendió la dignidad y el sentido común. Es una victoria del pueblo gallego y su derrota personal”. Altri, a través de la compañía Greenfiber de la mano de un empresario coruñés, pretendía instalar en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) una factoría que produjese 400.000 toneladas anuales de celulosa solube y 200.000 de fibra textil vegetal lyocell. Para ello absorbería 46.000 metros cúbicos diarios de agua del río Ulla -a escasos kilómetros de su nacimiento-, de los que devolvería 30.000 “convenientemente tratados”. El número de empleos que crearía osciló de los 2.500 prometidos por Feijóo a los menos de 500 directos.

“Alguien tiene que asumir la responsabilidad de apostar toda una política industrial a una carta perdedora”, insistió Pontón, “usted solo ha ofrecido el franquismo industrial de una macrocelulosa”. Pero si algo no hizo Rueda en su réplica fue asumir responsabilidades. Sí repartirlas. “Está siendo una sesión divertida”, quiso ironizar, “tratan de ponerse una medallita para ver quién impide que se instale industria en Galicia”. “Pero hay un claro perdedor, Galicia y su futuro”, añadió, como si él no fuese presidente de la comunidad desde 2022 y miembro de la primera línea de sus gobiernos -conselleiro y vicepresidente- desde 2009. “¿Qué le va a decir a los jóvenes que quieren trabajar en Galicia?”, le espetó a la portavoz nacionalista, “¿cuál es su Arcadia feliz y el futuro de los jóvenes?”. Él mismo no ofreció ninguna pista, más allá de una apelación genérica a la industria que, en abstracto, comparten todos los grupos con escaños en O Hórreo. Sobre por qué un día aseguró que, de no haber dinero europeo para Altri, la Xunta buscaría otras vías de financiación y después cambió de parecer sin mayores explicaciones no se pronunció.

La portavoz del BNG no dejó escapar esos silencios de Rueda. “Poco menos que Lugo va a ser el Lejano Oeste sin Altri”, criticó los discursos del PP tras dar carpetazo al proyecto, “hambre y atraso. Las 4.000 familias trabajadoras de A Ulloa, las 19.000 que viven del mar, ¿eso es atraso? Como no consiguieron imponer la macrocelulosa, va a haber hambre y atraso y ninguna política industrial, es lo que está diciendo”. Pontón tampoco calló ante la acusación de que su formación, al igual que el Partido Socialista, habían apoyado la iniciativa de la pastera y más tarde pasado a la oposición. “Ustedes vendieron una biofábrica y en realidad era una macrocelulosa. Se cuidaron muy mucho de no publicar el proyecto antes de las elecciones”, dijo. Alfonso Rueda repitió su argumentario en el turno de cierra, se refirió a que el Gobierno de Sánchez dejó sin conexión eléctrica “gracias a usted o a Besteiro” a la provincia de Lugo y lo tildó de sectario. No asumió ninguna responsabilidad.

Besteiro a Rueda: “Desclasifique los papeles de Altri”

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también había hablado de la macrocelulosa en su debate con Rueda, aunque fuera de pasada. “Usted no desclasifica los papeles de Altri. Es especialista en protestar por aquello en lo que no tiene competencias pero no en lo que sí”, definió la estrategia argumental del Partido Popular. Pero su preguntaba trataba sobre las relaciones entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos y lo que Besteiro entiende como “agresiones continuas” de Rueda a los principios de autonomía local, suficiencia económica e igualdad de trato de los consistorios. “Usted violenta las arcas municipales y saquea los concellos”, aseguró, “al atribuirles competencias impropias. Lo vemos con el servicio de ayuda al hogar o con la doble imposición del canon del agua”.

Alfonso Rueda lo negó. No aportó datos demasiado concretos pero sí frases: “Galicia es una de las comunidades en donde los ayuntamientos más participan de los impuestos que recauda el Gobierno autonómico”. También citó las modificaciones en las aportaciones al servicio de ayuda en el hogar -“pasa del 9,7% al 18% entre 2021 y 2028”- o las obras financiadas por el citado canon hidráulico. “Hay colaboración, hay acuerdos, hay lealtad”, resumió. Y atacó a Sánchez a propósito de la política de vivienda pública: “De las miles que ha prometido, ninguna en Galicia”. Besteiro le había recordado que en solo 15 días, el registro de demandantes en la comunidad había crecido en 667 personas, hasta los 29.800. El Gobierno de Rueda se ha comprometido a construir 10.000 en 2030 después de 15 años de gobiernos de su partido, y de los que él formaba parte como número dos o tres, de absoluta inacción en la materia.

El socialista le respondió que “sus desgracias no llevan el apellido de Sánchez, llevan el apellido de Feijóo” y, en esa línea, que “los problemas de Feijóo no son los problemas de Galicia”. Rueda no se dio por aludido y se revolvió con un “el Gobierno central no tiene una sola política de vivienda”. No le concedió ese estatus ni siquiera a medidas como la declaración de zona tensionada de alquiler que su propio gabinete ha dificultado en ciudades como A Coruña o Santiago de Compostela.

El acceso al memorándum de entendimiento firmado entre la Xunta y Altri sobre el proyecto de macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo) ha sido denegado reiteradamente por el Gobierno gallego, tanto a los grupos que lo solicitaron en el Parlamento de Galicia como a través de la ley de transparencia con el argumento de que se trata de un documento confidencial. Pero, una vez que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reconocido públicamente que él sí conoce el contenido, el PSdeG le exige que comparezca ante la Cámara gallega para dar explicaciones por ello y para que aclare si está defendiendo algún interés impropio al no dar a conocer ese acuerdo.

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, compareció este martes para exigirle a Rueda que explique ante el Parlamento ese pacto declarado confidencial. Puso en foco en la contradicción entre esta afirmación del presidente gallego y la hecha por la Consellería de Economía, que alegó no conocer el contenido de ese acuerdo. Este departamento del Gobierno autonómico respondió a una petición realizada al amparo de la ley de transparencia por el diario Praza.gal que desconocía el contenido de ese acuerdo. Besteiro señaló que los gallegos se preguntan “qué intereses se están protegiendo con ese silencio”.

En su comparecencia, el líder de los socialistas gallegos también pidió a la Xunta que deniegue el proyecto basándose en un análisis de fondo del mismo, en lugar de archivarlo, porque interpreta que esta es una forma de “ganar tiempo” y dejar su viabilidad “latente”, con la posibilidad de reactivarlo. “Archivar no es resolver”, recalcó. Este lunes, en la misma comparecencia en la que admitió conocer el memorándum de entendimiento, Rueda manifestó que el proyecto, tal y como se presentó, no va a seguir adelante. Si la empresa encuentra otra manera de conectar la fábrica a la red eléctrica, tendría que volver a empezar la tramitación.

Besteiro cargó contra Rueda calificándolo de “opaco” por no dar información que sí conoce. “Es un presidente indigno y en el que no se puede confiar”, aseguró. Los socialistas reiteran su intención de pedir el acuerdo a través de la Justicia si no se hace público.

Los sucesivos gabinetes del Partido Popular en Galicia nunca acabaron de aclarar su hoja de ruta respecto a las energías renovables. Los bandazos legislativos se sucedieron durante los 17 años consecutivos que la derecha lleva gobernando la comunidad. Todavía se suceden, de hecho. Se lo recordó la oposición a Alfonso Rueda durante la sesión de control parlamentario de este miércoles, en el que los errores y cambios en la política eólica del Gobierno gallego protagonizaron la intervención de Ana Pontón, líder del BNG, y también se colaron en la de José Ramón Gómez Besteiro, secretario general de los socialistas gallegos. “Retire la silla que tienen las eléctricas en el Consello de la Xunta y gobierne para los gallegos”, le recomendó Pontón al presidente.

La argumentación de la nacionalista se remontó a 2009. “Anularon el concurso eólico [aprobado por el bipartito de PSdeG y BNG] con falsedades”, dijo. Tantas que el Tribunal Supremo declaró ilegal el proceso impulsado por Alberto Núñez Feijóo con el propio Rueda como conselleiro de Presidencia. “Vetan una tarifa eléctrica gallega que compense los costes ambientales y sociales de instalar los parques. Dijeron que no a una empresa pública. Y legislan al dictado de de las eléctricas”, añadió. Esta última afirmación la ilustró con un ejemplo, los 1,6 millones que se van a ahorrar en 2026 las empresas gestoras de ocho explotaciones de molinos de viento debido a una modificación del canon eólico relacionada con las repotenciaciones. En este punto la discusión se intensificó.

Alfonso Rueda replicó, en el medio de su habitual displicencia hacia Pontón -“usted ofrece datos a boleo, inexactitudes”- y su repertorio habitual contra el nacionalismo -“sus compañías son el Partido Comunista de Vietnam y Bildu”-, que esa modificación está suspendida y no entrará en vigor este año. A continuación, responsabilizó al recurso presentado contra la norma por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y la consiguiente resolución. “¿No lo sabía?”, remachó. Pontón se detuvo en la contradicción: Rueda presumió de la suspensión al tiempo que la achacaba a Sánchez. “No dice usted una verdad ni por equivocación”, le afeó la portavoz del Bloque, “pero lo cierto es que aprobaron una modificación del canon eólico que beneficia a las eléctricas. Y las repotenciaciones no están paralizadas, siguen, y con dinero público”.

El presidente de la Xunta de Galicia no dejó escapar la mención de Pontón al concurso del bipartito. Su crítica al mismo no entró en realidad al fondo del asunto, los reveses judiciales que le supuso a los gobierno del PP tal vez le aconsejaron prudencia en ese punto, sino a revivir las tensiones entre Partido Socialista y BNG de dos décadas. La nacionalista se limitó a recordar que fue el Tribunal Superior, y después el Supremo, “el que dejó en evidencia sus mentiras”. “El 14% de los beneficios iba para las arcas públicas”, explicó. Rueda no respondió a ese dato concreto.

Besteiro: “Galicia merece un gobierno que no la trolee”

Tampoco respondió a los datos concretos con los que José Ramón Gómez Besteiro construyó su pregunta al presidente de la Xunta. Que esta cambió hasta en 14 ocasiones la normativa eólica, por ejemplo. O que incluso en el caso de que el Gobierno gallego cumpla con su propia propaganda sobre la construcción de vivienda pública -Rueda promete 10.000 pisos para 2030- solo habrá atendido a la tercera parte de personas a día de hoy apuntadas en el registro de demandantes, prácticamente 30.000. “¿Cuántas viviendas públicas ha entregado desde 2022 [el año en que Rueda tomó posesión como presidente]?”, inquirió. Los gobiernos de Feijóo de los que Rueda formó parte como conselleiro y vicepresidente dejaron de construir vivienda pública e incluso liquidaron proyectos en marcha del bipartito. Hace dos años, el PP inició una tímida rectificación, pero la maquinaria tarda en arrancar.

La intervención de Besteiro fue panorámica, lo que molestó al presidente. “No recuerda ni lo que preguntó cuando registró hace dos semanas la cuestión”, se revolvió. Y ante la falta de asideros a los que agarrarse, Rueda recurrió al eje principal de su argumentario: el Gobierno de Pedro Sánchez. “Los servicios públicos que dependen de nosotros tienen un buen desempeño. Los que dependen de otros y afectan a los gallegos, no”, se atrevió a resumir. Para justificarlo, habló del tren y sus problemas. Mientras, las huelgas en los servicios de autobuses urbanos e interurbanos en la provincia de A Coruña en reclamación de mejoras laborales se suceden sin que la Xunta, que tiene las competencias en la materia, consiga reconducir la situación. “Lleva usted 17 años subido a un coche oficial, cuatro como presidente. Galicia merece un gobierno que no la trolee”, acabó el socialista.

Al Gobierno de Alfonso Rueda, y antes a los sucesivos gabinetes de Núñez Feijóo, se le atragantan las energías renovables. El Tribunal Constitucional tumbó este jueves la nueva normativa eólica incluida por el gabinete del PP en la Lei de Acompañamento dos Orzamentos 2025 y ha sumido el sector, en palabras de Ana Pontón, líder del BNG, en el “caos legislativo”. El secretario general de los socialistas gallegos coincide en el diagnóstico y acusa a Rueda de “legislar a las bravas” y “sin diálogo”.

La resolución del Constitucional se hizo pública después de que admitiese a trámite un recurso del Gobierno central contra la mencionada ley. Pontón, que aseguró que su formación defiende el autogobierno gallego, responsabilizó sin embargo a la Xunta del conflicto competencial. “El recurso se apoya en el mismo marco legal que defiende el PP”, dijo, pero, a su juicio, el problema es la mala gestión normativa del Ejecutivo de Rueda “que crea un auténtico caos legislativo que genera inseguridad jurídica en Galicia”. “En vez de poner la energía eólica al servicio de los gallegos y de las gallegas, lo que está haciendo es trabajar para el lobby eólico”, añadió.

También Besteiro, del PSdeG, criticó con dureza a la Xunta de Galicia que, aseguró, “hace las reglas a la fuerza” y pretende desarrollar “la energía eólica en Galicia a las bravas, sin diálogo y con ausencia de seguridad jurídica”. “Cuando no hay seguridad jurídica sobre lo que se hace, ahí tenemos las paralizaciones de tantas instalaciones eólicas”, añadió. Nada más retomar el poder en 2009 y de la mano de Feijóo, el Partido Popular suspendió el plan eólico que había diseñado el bipartito, lo que le valió numerosos reveses judiciales y una parálisis en el sector cuyas consecuencias todavía se arrastran.

Alfonso Rueda prefirió no hacerlo. Ante la situación de la atención primaria y las urgencias de la sanidad pública gallega, que usuarios y trabajadores no dudan en calificar de colapso y que el BNG le afeó en la sesión de control parlamentario, el presidente de la Xunta de Galicia optó por evasivas en forma de ataques. A Ana Pontón, líder nacionalista, al Gobierno de Pedro Sánchez y al bipartito que gobernó la comunidad hace 17 años. “Algarada y conflicto” es, una vez más, lo único que Rueda percibe en la oposición. “Lleva 32 años en coche oficial y 17 en la Xunta, pero no tiene respuesta para nada”, resumió Pontón la actitud del presidente gallego.

La portavoz del Bloque había realizado antes un breve repaso de los problemas que cercan la materia. Los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, dijo, han recortado 1.650 millones de euros en medicina de familia, hay unos 11.000 niños y niñas sin pediatra, los seguros privados han aumentado un 166% y la precariedad está a la orden del día: afecta a un 54% del personal de enfermería y a un 48% del de medicina. “Y ahora vendrá con su manual de escapista”, añadió Pontón, “y me acusará a mí o a los gallegos y gallegas que se manifiestan”. No anduvo muy desencaminada. “Usted siempre igual. Hay manifestación el domingo [la ha convocado la plataforma SOS Sanidade Pública] y pregunta el miércoles”, le respondió Rueda, “pero los médicos hacen una huelga contra el Gobierno central [en referencia a las protestas contra el estatuto marco convocadas por algunas organizaciones] y usted protesta contra la Xunta [que gestiona las competencias sanitarias en la comunidad]”.

El presidente de la Xunta tampoco evitó otro de sus lugares retóricos predilectos, el bipartito. Lo usa a menudo para atacar a la oposición, pese a los 17 años transcurridos desde que perdió las elecciones. “El bipartito privatizó cuatro veces más que nosotros”, aseguró sin explicar de dón procedía su cálculo ni en qué lo basaba, justo antes de afirmar que el BNG vendía su dignidad en la Deputación de Lugo. Era una referencia al acuerdo con el PSdeG para apoyar a la substituta de José Tomé, denunciado por acoso sexual en un canal interno de los socialistas. Pontón insistió en su segundo turno e ironizó con “la amnesia” de Rueda: “Se le olvida que es presidente de la Xunta”. Fue en el cierre cuando este deslizó algún dato referente a lo concreto del debate que había planteado la nacionalista, aunque la comparación con el bipartito casi dos décadas después lo convierta en anacrónico: “Dedicamos un 50% más a la sanidad que el bipartito”. Incluye, como recordó Pontón, los 341 millones derivados a la privada.

Sin modelo de financiación autonómica

El portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, se había interesado por qué modelo de financiación autonómica defiende Alfonso Rueda. Este no lo aclaró. Lo que sí hizo fue cargar contra la propuesta del Gobierno central y enumerar todos y cada uno de los puntos del habitual argumentario de Génova, de Ábalos a Óscar Puente y el independentismo catalán. “Usted no tiene el mínimo rigor”, le espetó, “y lo que es de todos se reparte entre todos”. “Una de sus características como presidente es la previsibilidad”, se resignó Besteiro, para quien el silencio del presidente de la Xunta sobre qué financiación autonómica es la más adecuada para Galicia solo puede obedecer a dos motivos: “O bien no tiene modelo, o bien lo tiene y no quiere enseñarlo”.

Rueda no se movió. Tampoco resistió la tentación de lanzarse de nuevo contra Pedro Sánchez y “su gobierno chantajeado y sin punch”.

La denuncia de dos exconcejalas contra la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage Tuñas, por acoso laboral no ha provocado movimientos de la dirección autonómica del partido por el momento. El portavoz de la Executiva del PSdeG, Julio Torrado, insistió en que no les constan esas denuncias más que por las informaciones de los medios de comunicación y que “es difícil” hacer una valoración sobre un caso que “formalmente” no conoce.

En una rueda de prensa Torrado ha considerado que el caso de A Coruña es distinto a los dos que en los últimos días han agitado la vida interna del PSdeG y que han dado paso a nuevos enfrentamientos dentro del partido. El primero fue la denuncia, en el canal interno, por acoso sexual contra el expresidente de la Deputación de Lugo, José Tomé, que terminó por dimitir de ese cargo y pedir la baja de militancia. Esta misma semana, la dirección intervino para reclamar al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel, que dejase sus responsabilidades tanto en el partido como en instituciones (es también diputado provincial) y anunciar que se abría el proceso para suspenderle la militancia. El motivo fue una denuncia por acoso laboral derivada de un caso previo de acoso sexual del que fue acusado un hombre que era entonces concejal de Barbadás. En un caso, el PSdeG argumenta que había constancia de la denuncia interna porque lo confirmó Ferraz y en el segundo, porque la víctima se dirigió a la dirección provincial.

Sin embargo, en cuanto a las acusaciones contra Inés Rey y José Manuel Lage, Torrado insiste en que no hay constancia formal en la dirección del PSdeG. Defendió que es necesario aplicar prudencia en este caso para “ser certeros, precisos y, con toda concreción, veraces”. También sostuvo que los responsables del partido deben cumplir estrictamente el procedimiento establecido para estos casos en el PSOE y alejar el foco de las víctimas. Torrado lanzó el mensaje de que no se debe “instrumentalizar” ni a las víctimas ni el procedimiento interno para denunciar casos de acoso.

La crisis interna abierta en el PSdeG sumó este jueves otro capítulo con las denuncias de dos antiguas concejalas socialistas en el Ayuntamiento, registradas en el canal interno. Son Eva Martínez Acón y Esther Fontán, que narraban episodios de “gritos, insultos, malos modos, trato vejatorio, menoscabo de la dignidad, mobbing...”. La alcaldesa reaccionó atribuyendo las acusaciones a un “ajuste de cuentas” por no haberlas incluido de nuevo en las listas.

Los socialistas gallegos suman acusaciones en el canal interno contra varios de sus cargos. Tras la primera de ellas, la denuncia por acoso sexual contra Tomé, Inés Rey fue una de las primeras firmantes de un manifiesto crítico con la dirección por la gestión del caso, en el que se daba apoyo a la secretaria de Igualdad del partido, Silvia Fraga -que dimitió- y se reclamaba contundencia.

La crisis destada en el PSOE gallego anota un nuevo episodio. Dos exconcejalas socialistas en el Ayuntamiento de A Coruña han denunciado a través del canal interno del partido a la alcaldesa, Inés Rey, y a su número dos, el edil de Hacienda, José Manuel Lage Tuñas, por acoso laboral, según adelantó el diario La Voz de Galicia. Las acusaciones hablan de “gritos, insultos, malos modos, trato vejatorio, menoscabo de la dignidad, mobbing...” por parte de ambos. La regidora es una de las primeras firmantes de un manifiesto crítico con la gestión por parte de la dirección actual del PSdeG, liderada por José Ramón Gómez Besteiro, de las acusaciones de acoso sexual contra el expresidente de la Deputación de Lugo, José Tomé. Fuentes de Ferraz señalan que no les consta que hayan entrado estas denuncias contra Rey.

Las denunciantes formaron parte del gobierno local en el mandato anterior, entre 2019 a 2023, y su salida estuvo precedida de desencuentros. Se trata de Eva Martínez Acón y de Esther Fontán. Una de ellas, según recoge La Voz de Galicia, asegura que relató la situación que estaba viviendo a la dirección del PSOE en Madrid en el año 2022, cuando remitió un escrito al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, pero sin que se tomasen medidas. El diario cita a una de las exedilas, Martínez Ocón, que asegura que analizó la posibilidad de presentar denuncia por acoso en su momento, pero lo descartó por las consecuencias negativas que preveía sobre su vida profesional y la situación de “ansiedad, angustia y malestar emocional” que le creaba.

La decisión de registrar ahora la denuncia sobre unos hechos que ocurrieron en 2020 la ha tomado, añade, al ver que están saliendo otros casos en el partido, que la han hecho ser consciente de la “gravedad” de una situación que ve extendida en el partido.

Inés Rey ha reaccionado con un comunicado en el que sostiene que la denuncia contra ella es “un ajuste de cuentas por no haber repetido [las exconcejalas] en las listas”. Asegura que lamenta “que un canal interno que surgió para defender a víctimas reales lo usen determinadas personas para fines que nada tienen que ver con esto” y considera que se está haciendo “un uso espurio” de esta herramienta. “No se puede confundir la discrepancia política con el acoso”, añade. 

“Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y de acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres”, indicó Rey.

El PSdeG afronta desde que se conoció la denuncia contra Tomé una crisis interna que amenaza con hacer implosionar la formación. A los manifiestos exigiendo a la actual dirección, capitaneada por José Ramón Gómez Besteiro, más contundencia, sucedió una denuncia de acoso, en este caso laboral, contra el alcalde de Barbadás (Ourense). De forma inmediata, Besteiro compareció ante los medios para exigirle que dejase todos sus cargos orgánicos e institucionales -él ha rechazado dejar su acta de concejal y también la de diputado provincial- y anunciar la baja de militancia.

En medio de las denuncias internas por acoso se ha desencadenado una batalla entre facciones dentro de la formación gallega. Uno de los perfiles más activos y que ha criticado la gestión que se está haciendo es el del exlíder del PSdeG Gonzalo Caballero. Horas antes de que trascendiesen las denuncias contra Inés Rey y José Manuel Lage publicaba en sus redes sociales un mensaje sobre la alcaldesa de A Coruña: “Impulsora entusiasta de Formoso y Besteiro, es parte del desastre histórico del PSdeG. ¿Se olvida de que su número dos 'bautizó' a Messi? Quien defiende el feminismo no puede apoyar el despido de una trabajadora embarazada del PSdeG ni atacar a concejalas del PSOE en A Coruña”.

Caballero hace alusión al respaldo de Rey al que fue su adversario en las primarias del PSdeG de octubre de 2021, que enfrentaron a Caballero y al presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso. Ganó este último, que asumió el liderazgo de los socialistas gallegos, pero no la candidatura a la Xunta en las elecciones de 2024. Ese puesto de cabeza de lista lo ocupó José Ramón Gómez Besteiro -que es ahora también el líder del PSdeG-, que volvió a la primera línea política tras varios años apartado. Figuraba como investigado por delitos urbanísticos en causas que quedaron archivadas. Su regreso fue aplaudido por Lage Tuñas, entonces secretario de Organización de los socialistas gallegos, que lo comparó con el futbolista Lionel Messi.