Durante casi dos décadas, Silicon Valley operó bajo la premisa de que la tecnología avanza más rápido que la ley y, por tanto, las reglas del mercado tradicional no podían aplicarse a la economía de plataformas. El mantra de “muévete rápido y rompe cosas” de Mark Zuckerberg se convirtió en la declaración de intenciones no solo para Facebook, sino para toda la naciente industria digital.

Una de las regulaciones que se rompieron, al menos tal y como la prensa las entendía hasta entonces, fueron los derechos de autor. Los medios tradicionales, cuyo negocio dependía del soporte físico, vieron cómo sus informaciones eran replicadas en redes y agregadores a cambio de unos ingresos publicitarios residuales. Su respuesta fue utilizar el copyright para reclamar dinero a esas plataformas. La estrategia fracasó a escala global.

En España, la industria de las cabeceras impresas contó con la complicidad institucional. En 2014, lograron que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyera en la ley de propiedad intelectual una nueva tasa para cobrar cada vez que uno de sus artículos fuera referenciado en las plataformas. Se llamó canon AEDE, por la Asociación de Editores de Diarios Españoles, la patronal que agrupa a los grandes grupos editoriales españoles tradicionales como el grupo Prisa (El País, La SER), Unidad Editorial (El Mundo, Expansión, Marca) o Vocento (ABC, las principales cabeceras regionales).

AEDE esperaba recaudar hasta 80 millones al año con el canon, pero, en la práctica, generó menos de medio millón en los siete años en los que estuvo activo. El motivo fue que Google, que se suponía que iba a ser el principal pagador de la tasa a través de Google News, consideró la legislación obsoleta y retiró el servicio de España. Su desaparición supuso un golpe para todos los medios españoles, también para los nativos digitales que se posicionaron contra el canon, al perder el acceso al principal quiosco virtual del momento.

Esta semana ha habido un nuevo capítulo en esta saga. AEDE, renombrada a AMI (Asociación de Medios de Información), ha conseguido una victoria en los tribunales que tendrá eco en toda Europa. Y no ha sido a través de la propiedad intelectual, sino de otra regulación redactada, esta vez sí, con el mundo digital y la economía de plataformas en mente: la protección de datos.

Un dopaje desleal

Facebook se movió rápido y rompió cosas. Meta, su sucesora, está viendo cómo los reguladores rompen su modelo de negocio. Una fecha clave en ese proceso es diciembre de 2022. Entonces, el Comité Europeo de Protección de Datos estipuló que la extracción de datos personales para segmentar la publicidad que hacía la corporación de Mark Zuckerberg era ilegal según las normas europeas. Y lo había sido desde 2018, cuando entraron en vigor dichas normas.

En enero de 2023, Meta recibió una multa de 390 millones de euros de la agencia de protección de datos irlandesa por este motivo. La multinacional cambió sus términos legales y durante años todo quedó en una de tantas sanciones que reciben los de Zuckerberg de este organismo, criticado por su permisividad con los gigantes tecnológicos a que se establecen en su territorio y codirigido por una exdirectiva de Facebook. Sin embargo, la multa ha terminado abriendo la puerta a un movimiento mucho más trascendental.

Con la resolución del Comité Europeo en la mano, AMI se presentó en un tribunal de lo Mercantil de Madrid. Alegó que si Meta había estado mejorando la personalización de sus anuncios con datos obtenidos de manera ilícita, entonces había tenido una ventaja competitiva injusta con los medios de comunicación que también compiten en el mercado publicitario. Siguiendo sus propias cuentas, pidió una indemnización de 551 millones de euros por el dinero que sus cabeceras habían dejado de ganar por culpa de las prácticas de Meta.

Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española

Sentencia AMI vs Meta

Este jueves, el juez le ha dado la razón. El tribunal ha condenado a Meta por competencia desleal y le ha ordenado pagar a los medios reclamantes 479 millones de euros más otros 60 en intereses. “Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española”, refleja la sentencia.

Esos datos supusieron un dopaje que no tuvieron sus competidores. “La ventaja competitiva consiste en que Meta, a través de sus servicios Instagram y Facebook, cuenta con una gran cantidad de datos de cada uno de sus usuarios activos, incomparablemente superior a la cantidad de datos con la que cuenta la prensa digital. Esto le permite hacer una publicidad personalizada mucho más directa y eficaz que la que puede hacer la prensa digital”, desglosa el juez.

Una cuenta por omisión

La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo. Meta ha anunciado que lo hará, en sus dos vertientes fundamentales. “No estamos de acuerdo con la sentencia del tribunal y la recurriremos. Se trata de una demanda infundada que carece de pruebas del supuesto perjuicio y que ignora deliberadamente cómo funciona el sector de la publicidad online”, adelantó en un comunicado enviado a este medio.

La multinacional cita las dos vertientes fundamentales de la resolución. Una es la cuantía de la indemnización, en la que el juez ha asumido plenamente lo exigido por AMI debido a que el gigante de las redes renunció a presentar pruebas de que esos cálculos eran exagerados. “La representación procesal de Meta debía extinguir, impedir o enervar esta pretensión y para ello tenía plena facilidad probatoria, pues tiene muy fácil el acceso a las cuentas de Meta en España en el periodo relevante. Sin embargo, no lo ha hecho”, le afea el juez.

AMI interpreta la negativa de Meta como una asunción de que la cuantía solicitada debería haber sido incluso mayor. No obstante, la opacidad de la multinacional hace que este sea uno de los elementos más susceptibles de ser alterados por las instancias superiores de justicia. Fuentes judiciales consultadas avisan que, incluso aunque la condena se ratifique, pasarán varios años antes de que el dinero llegue a los medios.

Rivales directos

Con todo, es el fondo de la sentencia el que reordena el tablero digital. Al condenar a Meta por competencia desleal, el tribunal asume que medios de comunicación y plataformas digitales compiten por el mismo mercado publicitario. Que son competencia directa, pero que Meta jugaba con las cartas marcadas.

Se trata de algo que los editores de los medios de comunicación llevaban años reclamando, al denunciar que habían quedado a merced de gigantes estadounidenses como la propia Meta o Google como meros proveedores de contenidos. Gigantes que pueden cerrarles la llave del tráfico y, por tanto, de los ingresos, con tan solo pulsar un botón, a pesar de que compiten en el mismo mercado.

Meta rechaza de plano esta posibilidad. Asegura que la idea de que existe una “unidad de mercado” en la publicidad online no refleja la realidad del sector y que no es posible asumir que cualquier aumento de sus ingresos se produzca a costa de reducir los de los medios de comunicación. En una explicación que pide que no sea citada textualmente, dice que esa visión no tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión que ha realizado a lo largo de los años en herramientas y tecnología para mejorar la eficacia de su servicio publicitario.

Esa defensa, sin embargo, choca con la nueva doctrina que se está abriendo paso en Europa. Bruselas acaba de abrir una investigación contra Google precisamente por abusar de su posición para asfixiar los ingresos de la prensa, penalizando en el buscador a aquellos medios que incluyen contenidos de socios comerciales. “Puede afectar a la libertad de los editores para llevar a cabo negocios legítimos”, advierte la Comisión Europea.

El nuevo marco entre medios y gigantes

Aún está por ver el recorrido que esta sentencia tendrá en España, puesto que podría hacerse más grande. Fuentes de CLABE (Club Abierto de Editores), la patronal que integran buena parte la mayoría de medios nativos digitales españoles —como elDiario.es— avanzan que están estudiando diversas posibilidades, como personarse en las próximas instancias judiciales.

Todo el proceso se encuadra en un movimiento más grande, pero no solo por la citada investigación de la UE. La pasada primavera, un grupo de 67 grupos mediáticos franceses demandó a Meta inspirándose por la acción de AMI. Ahora, su victoria podría hacer que demandas como estas se repliquen contra los gigantes tecnológicos por todo el continente.

Las reacciones a esta impugnación general del statu quo entre los medios y las plataformas podrían ser imprevistas. En 2014, Google News se retiró de España para no pagar el canon AEDE. Meta hace tiempo que cortó relaciones con los medios, pero en otros países ha llegado a bloquear todos los enlaces de noticias en protesta por regulaciones que no la satisfacían, como Canadá o Australia. Actualmente, la corporación tampoco permite la publicidad política en la UE, negándose a aceptar las nuevas normas que la regulan.

Las grandes tecnológicas cuentan con otro último recurso. Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con tomar represalias contra los países que intenten “sacar dinero” a sus corporaciones mediante impuestos digitales o multas antimonopolio. Si el conflicto escala, la batalla por la supervivencia de los medios dejará de ser solo una disputa mercantil para convertirse en una pieza más en el tablero de la guerra comercial.

El Senado canadiense ha aprobado este jueves un proyecto de ley que obligará a plataformas como Facebook y Google a pagar a los medios de comunicación por incluir su contenido en sus servicios. Tras la aprobación en el Senado, la ley ha pasado el trámite parlamentario y entrará en vigor cuando reciba la sanción real y sea promulgada. Su ratificación ha provocado una reacción inmediata de ambas multinacionales, que no quieren asumirla.

Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) ha confirmado que impedirá que los usuarios compartan noticias en Canadá y no pagará a los medios. “Confirmamos que se pondrá fin a la disponibilidad de noticias en Facebook e Instagram para todos los usuarios de Canadá antes de que entre en vigor la Ley de Noticias online”, ha afirmado un portavoz de la compañía. Meta había anunciado este movimiento durante semanas, alegando que las noticias no tienen valor económico para la empresa y que sus usuarios no utilizan la plataforma para leer noticias.

Google, por su parte, ha dejado caer que tomará el mismo camino si la ley no se corrige de inmediato al considerarla “inviable”. “Estamos haciendo todo lo posible para evitar un resultado que nadie desea. En todo momento, hemos propuesto soluciones sensatas y pragmáticas que habrían mejorado el proyecto de ley y nos habrían despejado el camino para aumentar nuestras ya importantes inversiones en el ecosistema informativo canadiense”, ha manifestado un portavoz de Google en un comunicado enviado a elDiario.es.

“Hasta ahora, ninguna de nuestras preocupaciones ha sido atendida. El proyecto de Ley C-18 se ha convertido en Ley y sigue siendo inviable. Seguimos trabajando urgentemente con el Gobierno para encontrar una solución”, añaden las mismas fuentes.

Ambas multinacionales se han negado a pagar a las empresas de comunicación al alegar que la distribución de enlaces a sus noticias es “beneficioso” para los periódicos y medios de comunicación. Los expertos han advertido de que la desaparición de estas plataformas de información de medios de comunicación multiplicará el efecto de la desinformación en Facebook, Instagram y Google.

Según el periódico The Globe and Mail, el ministro de Patrimonio de Canadá, Pablo Rodríguez, tenía previsto mantener este jueves una reunión de emergencia con Google para intentar llegar a un acuerdo. El comentario enviado por Google a elDiario.es es posterior a la reunión, por lo que es de suponer que no se ha alcanzado dicho pacto. Pese a ello, Google no ha confirmado por el momento el bloqueo de las noticias en Canadá.

Acusación de chantaje

El pasado 2 de junio, Facebook e Instagram pusieron en marcha el bloqueo temporal del acceso a noticias en Canadá a parte de sus usuarios en represalia por el proyecto de ley. Entonces, el Gobierno canadiense acusó al gigante tecnológico estadounidense de intentar chantajear al país. El primer ministro, Justin Trudeau, calificó de “grave error” la decisión de Meta y añadió que la compañía estaba siendo “irresponsable”.

Por su parte, Rodríguez declaró que el bloqueo temporal de noticias de Meta era “una amenaza inaceptable”. “Cuando una gran compañía tecnológica, sin importar su tamaño, la cantidad de dinero y los poderosos abogados que tiene, viene y nos dice que si no hacemos ésto o aquello va echar el cierre, eso es una amenaza que es inaceptable”, afirmó el ministro en Twitter.

La inteligencia artificial está reflotando uno por uno los debates que puso sobre la mesa la llegada de Internet. Tras su prohibición en algunas escuelas por el miedo a que los alumnos la usen para hacer trampas y las primeras quejas de la industria musical por su capacidad de crear canciones sin su control, llega el momento de la prensa. La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal que reúne a las cabeceras impresas españolas, ha exhortado a Google y Microsoft a que se sienten a negociar cómo van a pagar por el uso que la IA hace de sus noticias.

“La IA augura nuevas oportunidades pero presenta el riesgo cierto de que usen contenidos sin reconocer y retribuir”, afirmó Irene Lanzaco, directora general de AMI (Asociación de Medios de Información), en unas declaraciones en un foro sectorial recogidas por el portal Red de Periodistas. “Por ello, hago un llamamiento a las grandes tecnológicas para que inicien conversaciones con AMI sobre los derechos explotación de noticias de medios de información”, añadía.

AMI es el nuevo nombre de AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) que dio nombre al famoso canon AEDE impuesto por Mariano Rajoy en 2014. Fue un intento de hacer pagar una tasa a Google News por enlazar sus noticias, aunque los receptores no iban a ser los propios medios sino CEDRO, una SGAE de la prensa que luego repartiría los beneficios entre las cabeceras. El canon AEDE fracasó: Google se negó a aceptar este sistema de remuneración y cerró News en España. En 2022 el Congreso derribó el canon AEDE y permitió que Google negociara con cada medio sin la intermediación de Cedro, lo que provocó la vuelta de Google News ocho años después.

El de la propiedad intelectual es uno de las controversias que han abierto las inteligencias artificiales capaces de generar texto. Estos sistemas reproducen la escritura humana a partir de un análisis estadístico de qué palabra es más probable que venga a continuación, una capacidad adquirida a partir de absorber y analizar miles de millones de comentarios en redes sociales, blogs, páginas de la Wikipedia o libros disponibles online. También de artículos de medios de comunicación.

La nueva exigencia de AMI llega en un momento en el que Google y Microsoft ultiman el añadido de herramientas de IA generativa a sus buscadores, pero cuando aún no están plenamente operativas en España. La más adelantada es la compañía fundada por Bill Gates, que ha añadido un modelo mejorado de ChatGPT a su buscador Bing. No obstante, el sistema sufre habituales caídas de servicio y no ha conseguido impulsar el uso de Bing a nivel mundial: según Statista, su cuota de mercado en marzo fue del 8,2%, por el 8% que registró en marzo de 2022.

Bard, la respuesta de Google al movimiento de Microsoft, está en fase de pruebas cerrada a la que se accede por lista de espera. La herramienta no está disponible en español y la compañía no ha avanzado cuándo podría estarlo.

elDiario.es se ha puesto en contacto con ambas multinacionales para preguntar sobre el requerimiento de AMI. “Tenemos un largo historial de desarrollo de herramientas para ayudar a los editores de noticias a monetizar su contenido y fortalecer sus relaciones con su audiencia”, ha contestado una portavoz de Google, que adelanta que la compañía seguirá “priorizando las experiencias que envían tráfico valioso al ecosistema de noticias” a medida desarrolla nuevas herramientas de AI.

“Es muy pronto y seguimos trabajando con el ecosistema, incluidos los editores de noticias, para obtener su opinión”, concluye la portavoz de Google. Microsoft no ha contestado al requerimiento al cierre de esta información.

El posicionamiento de AMI no es compartido por otras asociaciones que representan a los medios de comunicación. El Club Abierto de Editores (CLABE), que agrupa a unas 1.000 cabeceras de 180 empresas editoras, la mayoría de ellas nativas digitales, comparte la posición de Google. “Nosotros no queremos entrar en esa batalla todavía. La cuestión de cómo se generan los contenidos de la inteligencia artificial es un debate de todos los ciudadanos y no sólo de los medios de comunicación”, explica a este medio Juan Zafra, director general de CLABE.

El entrenamiento de la IA, un melón por abrir

El uso de contenidos con derechos de autor por parte de las inteligencias artificiales no solo se da en el terreno escrito. Los primeros en abrir el debate fueron algunos ilustradores que vieron como los sistemas generativos podían crear imágenes nuevas basadas en su trabajo. El dilema funciona en los dos sentidos, ya que tampoco se ha definido quién ostenta el copyright (o la responsabilidad) de los contenidos generados con IA.

Los detalles de ese entrenamiento están en el centro de la mayoría de conversaciones. Por regla general, las desarrolladoras de esta tecnología no hacen público qué contenidos han proporcionado a sus inteligencias artificiales para que aprendan cómo se expresan los humanos. No obstante, se sabe que se trata de un entrenamiento a lo bruto, donde entran textos con insultos, racistas o machistas. Las empresas han instaurado filtros para impedir que la IA saque a la luz esa parte de su aprendizaje, pero esas medidas no siempre funcionan, con lo que estos sistemas pueden difundir odio y desinformación.

A todo esto hay que sumar la nueva ofensiva abierta por los reguladores de privacidad europeos. Estos han abierto una investigación a gran escala contra ChatGPT para saber si sus sistemas han utilizado datos personales de ciudadanos de la UE en su entrenamiento y si tenían permiso para ello. El regulador italiano decidió prohibir ChatGPT en el país mientras concluye esta investigación tras detectar indicios de que esta IA viola las leyes de privacidad.

Google lanza este jueves en España su nueva herramienta News Showcase, con la que quiere “impulsar el periodismo de calidad”. La multinacional ha llegado a acuerdos con 60 editores de medios de comunicación, que gestionan unas 140 publicaciones, para remunerarles a cambio de una licencia para mostrar sus contenidos en este nuevo espacio.

Showcase funciona a través de paneles y es complementaria a Discover y a Google News, que volvió a España el 22 de junio después de que el Congreso aprobara una renovación de la ley de derechos de autor. En el caso de la nueva herramienta, serán los propios medios de comunicación los que seleccionen qué noticias quieren mostrar en ella, lo que para la multinacional supone una garantía para esquivar el clickbait y los contenidos basura que se aprovechan del algoritmo para llegar a millones de personas.

“La industria editorial y Google tenemos el mismo objetivo: incrementar la calidad de las noticias que se ven en Internet y en concreto en Google”, han explicado los responsables de la compañía en una reunión con periodistas a la que ha asistido elDiario.es, que está entre los medios que forman parte del lanzamiento inicial.

“Queremos que haya ciudadanos más y mejor informados y que consuman más información en las páginas web de los editores. Entendemos que a través de esta colaboración, todos los editores participantes van a contribuir a la consecución de estos objetivos. No tenemos duda de la calidad de las noticias que aparecerán en los paneles de Showcase”, exponen desde Google.

Con este modelo, serán los medios los que decidan cuáles de sus noticias pueden atraer a nuevos lectores [puedes seguir a elDiario.es en Showcase aquí] y convertirlos en parte de su comunidad. Además, la remuneración de Google a los editores no irá ligada a los clicks que consigan en Showcase. “Tiene un planteamiento diferente al de otros productos de Google News, porque ofrece historias seleccionadas por los propios editores y tiene más en cuenta el modo en que estos desean presentarlas al público”, detalla la empresa.

La compañía destaca a su vez que con este enfoque basado en el “periodismo de calidad” incluye a los medios que hacen información local. Aunque son los propios responsables de los medios los que eligen qué contenidos mandan a Google News Showcase, serán los algoritmos de la multinacional los que seleccionen qué cabeceras muestran a cada usuario.

“Los contenidos que el usuario verá dependen de diversos factores: su localización, los intereses que ha comunicado (temas, fuentes de información), los medios a los que ha decidido seguir, etc.”

Además de las 140 cabeceras que forman parte del lanzamiento inicial, desde Google indican que están abiertos a incluir cualquier otro medio que desee incorporarse a la nueva herramienta. “Cualquier editor que tenga contenidos de calidad puede participar”.

“Una nueva etapa de colaboración”

Varios directivos de medios de comunicación han dado la bienvenida a la nueva herramienta de Google. “El lanzamiento de News Showcase en España abre una nueva etapa de colaboración entre Google y los medios”, afirma Rosalía Lloret, CEO de elDiario.es. “Confiamos en que el nuevo servicio permita a los ciudadanos distinguir mejor entre el periodismo de calidad y las noticias falsas, y traer nuevas audiencias al trabajo profesional y honesto de periodistas sobre el terreno desde todos los puntos de España, como es el caso de los de elDiario.es”, ha añadido.

“Para Prisa Media, Google News Showcase ayuda a dar visibilidad a los contenidos en línea producidos por medios de comunicación de calidad como el nuestro, siguiendo el camino de otros países en Europa que ya lo han hecho”, ha opinado Carlos Nuñez, presidente ejecutivo de la editora de El País. “El acceso a contenido informativo de calidad y veraz es de vital importancia para la cohesión e identidad de las comunidades locales”, coincide Pablo Muzás, director gerente de La Voz de Lanzarote.

Showcase es accesible desde las apps para móviles de Discover y de Google News, así como desde el portal web de este último servicio.

Google News vuelve a estar activo en España. Ocho años después de echar el cierre por la negativa de la multinacional a satisfacer los requerimientos que le imponía una renovación de la ley de propiedad intelectual del Gobierno de Mariano Rajoy, un nuevo cambio en las normas de copyright permite el relanzamiento del popular agregador de noticias.

El nuevo servicio incluye la recomendación de informaciones personalizada para cada usuario, pero también una sección de “noticias destacadas” con las historias más importantes del día. Esta “no está personalizada en función del lector o de su ubicación” sino destinada a “facilitar mantenerse al tanto” de la actualidad diaria.

El nuevo Google News también permite seguir determinados “temas”, “fuentes” o “ubicaciones” para crear una portada de noticias en función de los intereses marcados. Provendrán de medios de comunicación de todos los tamaños, tanto de ámbito nacional como local, explica la compañía. Los enlaces llevan directamente a la página oficial de cada medio.

La identificación clara de la fuente de cada noticia es una de las herramientas más útiles para combatir la desinformación, recuerda Google. La estrategia se apoya en otra de las novedades: la presencia de desmentidos de bulos y otros contenidos verificados por agencias especializadas.

La multinacional ha adelantado que en los próximos días lanzará una aplicación específica de Google News para dispositivos Android e iOS. El conjunto permitirá al usuario aumentar la cobertura sobre temas específicos con enlaces a cuentas de Twitter directamente implicadas en la información o noticias centradas en las cifras y gráficos.

“Estamos ayudando a los lectores a descubrir más fácilmente el panorama general de lo que está sucediendo a su alrededor. Eso incluye encontrar más historias locales, entender los temas de las noticias de última hora del día a nivel nacional y mundial y ver qué historias han sido verificadas por organizaciones independientes”, explica Fuencisla Clemares, vicepresidenta de Google para España y Portugal.

Cambio legal

“Tras un paréntesis de casi ocho años, Google News vuelve a España. Esto es gracias a una ley de derechos de autor actualizada que permite a los medios de comunicación españoles, grandes y pequeños, tomar sus propias decisiones sobre cómo se puede descubrir y monetizar su contenido”, ha destacado Clemares.

La actualización de las normas de copyright ha llegado a través de la trasposición de una directiva europea, aprobada por el Congreso el pasado diciembre. El aspecto clave ha sido la posibilidad de que los medios de comunicación negocien de forma independiente con Google cómo se les remunera por el uso de sus noticias en el agregador. El cambio de la ley de copyright de 2014 promovido por el exministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert obligaba a los medios a cobrar una tasa a Google News, aunque no quisieran hacerlo.

La tasa se conoció como canon AEDE y los medios tampoco podían decidir su importe. Al contrario, esta lo establecía una asociación llamada Cedro, que actuaba como una SGAE de la prensa. La multinacional estadounidense argumentó que Google News no tenía ingresos propios puesto que es un servicio que no incluía publicidad, por lo que se negó a sufragar el unilateral canon AEDE y pidió negociar por separado con cada medio.

La negativa del Gobierno provocó que la multinacional decidiera cerrar Google News en España. Su desaparición supuso una caída media del 10% de las visitas de los medios de comunicación, según los datos de la compañía. Este descenso fue más pronunciado en las redacciones más pequeñas.

“Hacer que sea más fácil para los lectores encontrar las noticias que buscan no solo beneficia a los lectores, sino que también ayuda a los editores. Google News dirige a los lectores a los sitios web de los editores cuando hacen clic en los enlaces, lo que ayuda a dirigir el tráfico a su contenido, donde pueden mostrar anuncios e incentivar a los lectores a suscribirse”, ha recordado Clemares.

En este sentido, la multinacional ha adelantado que trabaja para traer a España “a la mayor brevedad” otro servicio de agregación de noticias, Google News Showcase. Este está centrado en los contenidos bajo suscripción y pretende ofrecer una mayor profundización en la información a sus usuarios. A su vez, también quiere ofrecer facilidades a los medios para que los nuevos lectores se suscriban y apoyen su periodismo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con una amplísima mayoría la convalidación de un Real Decreto ómnibus del Gobierno que adapta a la legislación española ocho directivas europeas, entre ellas la de copyright de 2019, un mandato en el que el Ejecutivo iba a contrarreloj tras la finalización del plazo legal el pasado 7 de junio. El decreto elimina la obligación de que los medios de comunicación negocien de forma colectiva con las plataformas digitales que utilizan sus contenidos, permitiendo hacerlo directamente y de manera individual, una condición exigida por el gigante tecnológico Google para volver a habilitar su plataforma de noticias Google News.

La convalidación ha salido adelante en el Parlamento –con 256 votos a favor, 20 en contra y 64 abstenciones– con el apoyo de los partidos del Gobierno, el PP y Ciudadanos, y con la abstención de Vox y PNV, aunque se tramitará como proyecto de ley, una exigencia planteada durante el Pleno de este jueves por PNV y EH Bildu, así como por parte de formaciones en la oposición, como el PP y Ciudadanos. Todos los grupos han coincidido, en todo caso, en criticar al Gobierno por no haber iniciado una negociación sobre la trasposición de directivas antes de llevarlas al Congreso.

Durante la defensa de las iniciativas, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la trasposición de la directiva del copyright “tiene una doble finalidad: mejorar el acceso seguro en internet al contenido protegido por derecho intelectual y garantizar un funcionamiento y equitativo del mercado de los derechos de autor en el mercado digital”.

Bolaños ha recordado que el texto “establece por defecto un sistema de licencia que se gestionará individualmente por los editores, salvo que estos opten de manera voluntaria por hacerlo a través de entidades de gestión colectiva”. “Se establece que los autores de las noticias puedan percibir una parte de esa retribución. Esa contraprestación se podrá regular libremente a través del contrato de trabajo”, ha explicado. Además, ha remarcado que “se incluyen obligaciones” para los medios digitales, como la de tener que “comunicar a los lectores los cambios que se producen en los algoritmos de la presentación de contenidos”.

Las críticas de los socios

Durante el debate, el grupo más crítico ha sido ERC que finalmente ha votado 'no' a la convalidación. Su diputada Pilar Vallugera ha considerado que en materia de derechos de autor “no se ha hecho frente con suficiente energía a los gigantes tecnológicos” y ha denunciado que las directivas “no han sido consensuadas”, dado que “no ha habido diálogo previo”. 

Para EH Bildu, la directiva “tal y como ha llegado al Congreso supone dejar a autores, periodistas y fotógrafos en una situación de vulnerabilidad total”. “El derecho de autor es un derecho social y no reconocerlo a nivel digital supone un grave paso atrás”, ha asegurado la portavoz del partido independentista, Mertxe Aizpurua. En su opinión, “el talento se debe proteger y esta trasposición no lo hace”, al considerar que la “gestión colectiva” del copyright debe ser “obligatoria”. “Abogamos por la protección de los derechos de autores a través de la gestión colectiva obligatoria”, señalaba, en la misma línea, la diputada del PNV Josune Gorospe. 

“Como partido liberal siempre hemos defendido que se proteja y promueva el derecho de autor y se proteja a los autores”, ha apuntado, por su parte, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, que ha respaldado la convalidación aunque también la tramitación como proyecto de ley. “Hemos defendido que las plataformas se responsabilicen de respetar los derechos de autor y el mundo digital tiene que ser muy similar al analógico en este sentido”, ha concluido. 

PP y Vox han centrado sus críticas en la forma de presentar esta directiva como proyecto de ley, y han acusado al Gobierno de practicar una política “autoritaria” y “absolutista”.

Hace siete años el servicio Google News desapareció de España a consecuencia del canon AEDE aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este miércoles la multinacional ha anunciado que un nuevo cambio legislativo hace posible su regreso. “En 2014, nos vimos obligados a cerrar Google Noticias en España debido a la legislación local. Hoy podemos anunciar que Google Noticias reabrirá próximamente en nuestro país”, ha informado en un comunicado Fuencisla Clemares, vicepresidenta de Google Iberia.

La multinacional lo había adelantado este martes tras el anuncio de la renovación de la Ley de Propiedad Intelectual para trasponer la directiva europea de copyright en el Consejo de Ministros. No obstante, emplazó a este miércoles para conocer el detalle del texto del Real Decreto-ley. Una vez publicado en el BOE, Google ha confirmado la vuelta de su servicio de agregación de noticias a España, el único país europeo donde estaba desactivado.

“Es una excelente noticia para los lectores españoles”, declara Clemares. “Desde principios del próximo año, Google Noticias ofrecerá enlaces a noticias útiles y relevantes, procedentes de un amplio espectro de fuentes, que ayudarán al público español a encontrar más información sobre noticias de actualidad y a profundizar en las temáticas”.

La salida de Google News de España se produjo tras la negativa de la multinacional a aceptar las condiciones impuestas por el canon AEDE. Este obliga a los medios de comunicación el cobro sus derechos de autor a través de una entidad de gestión, una 'SGAE de la prensa' denominada CEDRO. El cobro es irrenunciable y debía ser bajo las tarifas por clic impuestas por CEDRO.

Google adelantó que no negociaría con una entidad de gestión de derechos como CEDRO y pidió que se le permitiera hacerlo individualmente con cada editor. Ante la imposibilidad de hacerlo tras la aprobación del canon AEDE, la multinacional desactivó su servicio en España. Con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en Consejo de Ministros se permite a los editores de prensa negociar con las plataformas digitales individual o colectivamente, lo que hace factible la vuelta de Google Noticias, explica la compañía.

Google adelanta además que está trabajando en la llegada a España de un nuevo servicio informativo, Google News Showcase. A través de él la compañía quiere ofrecer a sus usuarios la posibilidad de acceder a noticias y reportajes que están disponibles para los socios o suscriptores de cada medio, con el objetivo de que conozcan su trabajo y consideren la posibilidad de convertirse en suscriptores. La multinacional ya ha llegado a acuerdos de este tipo en algunos países europeos, gracias a la base que ofrece la directiva de copyright.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para adaptar la legislación española a la Directiva europea de copyright de 2019, un mandato en el que Ejecutivo iba a contrarreloj tras la finalización del plazo legal el pasado 7 de junio. El texto definitivo aparecerá en los próximos días en el BOE (previsiblemente este miércoles) e incluirá varias modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual, aunque la primera que ha comunicado el Gobierno es el acta de defunción del canon AEDE aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que eliminará la obligación de que los medios de comunicación negocien de forma colectiva con las plataformas digitales que utilizan sus contenidos. Este era el asidero que mantenía vivo el canon, ideado en 2014 por el Gobierno del PP y los grandes editores de prensa escrita con el objetivo de cobrar a Google por enlazar noticias, pero que nunca despegó debido a la negativa del buscador a aceptar sus condiciones.

El canon AEDE imponía que los medios cobren sus derechos de autor a través de una entidad de gestión, una 'SGAE de la prensa' denominada CEDRO. Con la reforma se dará “la opción y libertad a cada de editor” de gestionar sus derechos de autor, “bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio”, ha informado Cultura en un comunicado.

La imposición de CEDRO como intermediario provocó que Google sacara su servicio News de España, con lo que el canon AEDE fue en la práctica una tasa fallida. Desde 2014 ha recaudado 200.000 euros en total a repartir entre todos los editores. La posibilidad de que los editores lleguen a acuerdos individuales abre la puerta al regreso del Google News.

“Según las informaciones iniciales parecen darse las condiciones idóneas para un potencial lanzamiento de Google Noticias en España. Sin embargo, necesitamos tiempo para analizar en detalle la nueva ley, en breve tomaremos decisiones sobre nuestros próximos pasos”, ha explicado una portavoz de la multinacional en un comunicado enviado a elDiario.es.

Parecen darse las condiciones idóneas para un potencial lanzamiento de Google Noticias en España

Google

Tanto Google como Meta (antes conocida como Facebook) están llegando a acuerdos con editores de prensa europeos para remunerarles por el uso de sus artículos a través de la base que ofrece la directiva. Consultada por este medio, una portavoz de Meta ha afirmado que la multinacional está “revisando el Decreto de hoy y, aunque es prematuro comentar el resultado de esta legislación, seguimos apoyando plenamente los objetivos de la Directiva europea sobre derechos de autor”.

Los medios de comunicación nativos digitales han aplaudido el movimiento del Gobierno, considerándolo “un cambio de enorme relevancia para el futuro del sector editorial y su relación con las plataformas digitales, buscadores y agregadores de contenidos”. “Estamos satisfechos porque los editores de medios de comunicación recuperamos las riendas de la gestión de nuestros derechos, secuestradas hace unos años por una ley que siempre consideramos injusta y lesiva”, ha afirmado Arsenio Escolar, presidente de la patronal CLABE, la mayor por número de grupos empresariales adscritos y cabeceras de diarios y revistas digitales representadas.

La Asociación de Medios de Información (anteriormente conocida como AEDE, cuyas peticiones al Gobierno de Rajoy terminaron dando su extraoficial apellido al canon) ha preferido no hacer declaraciones al no disponer del texto definitivo del Decreto-ley.

La trasposición de la directiva europea se ha retrasado en casi todos los países europeos debido a uno de los aspectos más criticados de la norma, los filtros automáticos de contenido. Se trata de algoritmos cuya misión sería vigilar todo lo que se suba a Internet y bloquear aquello que viole el copyright. El aviso de tecnólogos y expertos es que esa tecnología no está madura como para reconocer usos tolerados por la ley, como la parodia o la crítica.

Solo 4 de los 27 estados miembros lo hicieron dentro de los dos años de plazo que da la UE, forzando a la Comisión Europea a publicar unas “directrices” para aclarar cómo debía de hacerse la adaptación. En España, tras más de un año de consulta pública, el ex ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes dejó el cargo sin presentar una propuesta de trasposición.

El comunicado emitido este martes por Cultura no da pistas sobre qué interpretación ha hecho el Gobierno de la directiva europea en lo referente a los filtros de contenido. Las organizaciones de derechos digitales que criticaron la directiva piden esperar al texto definitivo del Real Decreto-Ley y su trascendencia para la legislación española antes de posicionarse. No obstante, han criticado que se utilice esta figura para trasponer la directiva ya que se salta una parte de la negociación parlamentaria y no permite participar a estas organizaciones en el debate.

Encontrar lo que buscas en Google no tiene por qué ser un problema. El buscador es una herramienta que, prácticamente, utilizamos todos los días. Ya sea para dar con un restaurante del que no nos acordamos del nombre, información acerca de un tema o cualquier otra cosa.

Aproximadamente, un 90% de las búsquedas que se realizan en España son a través de Google. Pero muchos nos limitamos a, simplemente, poner los términos que creemos que se ajustan más a lo que necesitamos… cuando hay varios trucos avanzados para encontrar exactamente lo que buscamos.

A pesar de que lo utilicemos diariamente, hay muchas características que solemos desconocer acerca del buscador y que, en muchas ocasiones, nos facilitarán la tarea.

Errores comunes

Hay varios errores que cometemos al poner los términos de búsqueda que pueden generarnos problemas a la hora de encontrar lo que estamos buscando en google:

Consejos y trucos para buscar en Google

En ConsumoClaro, hemos recogido algunos de los mejores trucos para facilitar nuestra búsqueda en Google:

Con todos estos consejos, y teniendo en cuenta los errores más comunes, haremos que nuestras búsquedas en Google sean mucho más eficientes. Evitaremos ruido y resultados no deseados, además de que nos será más fácil encontrar qué necesitamos exactamente.

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La multinacional estadounidense Facebook prohibirá a los editores y al resto de usuarios en Australia compartir noticias elaboradas por medios de comunicación en su plataforma, como respuesta a una propuesta de ley que está impulsando el Gobierno de ese país. El objetivo de dicha norma es que las tecnológicas acuerden un pago con los editores por el uso de sus contenidos en sus plataformas. En la práctica, esto supone que todas las noticias producidas por medios australianos quedarán vetadas en Facebook, y que además, aquellas producidas por medios de fuera de Australia no serán visibles para los usuarios del país.

“Como respuesta a la nueva propuesta de ley, Facebook restringirá la capacidad de los editores y el resto de las personas en Australia para compartir o leer contenidos noticiosos producidos por medios australianos o internacionales”, indicó en un comunicado la firma que dirige Mark Zuckerberg.

Según están denunciando los usuarios y periodistas australianos, el veto se está llevando por delante los contenidos que publican organismos oficiales, páginas de ONGs, sindicatos o blogs que están siendo confundidos por los algoritmos de Facebook como “noticias”.

El gigante tecnológico ha tomado la decisión incluso antes de se apruebe la ley, que aún está en estudio en una comisión legislativa del Parlamento australiano. El borrador discutido contempla que en caso de que las plataformas de internet y los medios tradicionales no llegaran a un acuerdo, sería un tribunal quien medie entre ambas partes y decida la cantidad a abonar, algo a lo que tanto Facebook como Google se han opuesto con uñas y dientes.

Sin embargo, al contrario que Facebook, Google llegó este miércoles a un acuerdo con News Corp., editora de importantes cabeceras anglosajonas como The Times o The Wall Street Journal y varios de los medios más importantes de Australia, para pagar por sus noticias.

Google amenazó con dejar el país

Google llegó hasta el punto de amenazar con dejar de operar en el país si se aprobaba la ley que maneja el Parlamento australiano. No obstante, terminó llegando al acuerdo citado, de tres años de duración y por el que Google pagará “cantidades significativas” a News Corp a cambio de poder mostrar las noticias elaboradas por los distintos diarios de su propiedad en la sección destacada de Google Noticias, pero no se detallaron las cuantías.

Las cabeceras de News Corp que recibirán dinero de Google son The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch y The New York Post en EE.UU.; The Times, The Sunday Times y The Sun en el Reino Unido; y varias publicaciones en Australia como The Australian, Sky News, news.com.au y multitud de medios locales australianos.

El buscador también llegó recientemente a otro acuerdo similar con 121 empresas editoras de Francia y en los últimos tiempos ha cerrado contratos particulares con editores de Argentina, Brasil, Alemania y Reino Unido. En España actualmente se lleva a cabo la misma negociación y se espera que el Ministerio de Cultura presente de forma inminente el primer borrador de una nueva ley que regule la relación de los medios con las plataformas digitales que usan sus contenidos.

Las normas que regulan los derechos de autor de la prensa española están a punto de cambiar. Uno de los puntos que ha derivado en la consolidación de dos posturas opuestas dentro de la industria de los medios es definir cómo debe ser su relación con Google: libertad para negociar por su cuenta la remuneración por el uso de sus artículos; o la obligación de adscribirse a un organismo intermediario –con un rol paralelo al que desempeña la SGAE con los autores musicales– que hable por ellos. El PP ha tomado partido a favor de la segunda opción, la que defienden Unidad Editorial (editora de El Mundo, Marca o Expansión) y Vocento (ABC y diarios regionales como El Correo, El Diario Vasco, Ideal, etc.), y se dispone a intentar que el Congreso haga lo mismo.

Los de Pablo Casado defenderán este jueves una Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Cultura de la cámara baja que asegura que es “indispensable” imponer “la gestión colectiva como mecanismo de gestión” de los derechos de autor en los medios. “La gestión colectiva es solidaria, eficiente, transparente, democrática y europea”, insiste el texto para el que el PP tratará de conseguir el apoyo del Congreso. [Tras la publicación de esta información, el PP ha solicitado posponer el debate y la votación de la PNL. La explicación oficial del grupo parlamentario ha sido que su portavoz de Cultura quiere defender su postura personalmente y este jueves no le ha sido posible].

El problema es que esa gestión colectiva es un método que rechazan hasta 800 cabeceras editadas por 154 medios, en su mayoría nativos digitales. Agrupados en Clabe (Club Abierto de Editores), defienden que la ley debe permitir que cada uno pueda negociar por sí mismo las condiciones de su relación con Google. “Queremos ser libres de gestionar nuestros derechos, no tenemos por qué someternos a un criterio superior de otros”, afirma Arsenio Escolar, presidente de esta asociación de editores.

La maniobra del PP llega en un momento clave. El Ministerio de Cultura está ultimando el primer borrador de la nueva ley, que debe transponer las medidas incluidas en la directiva europea de copyright aprobada en 2019. Se espera que su publicación sea inminente. La aprobación de la PNL, aunque carezca de valor legislativo, sería una vía de presión para que Cultura adopte una posición continuista con respecto a la ley de propiedad intelectual actual, ratificada en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy y su mayoría absoluta en el Congreso.

Imponer la gestión colectiva en la nueva ley supondría, además, insuflar una nueva vida al moribundo canon AEDE. Ese canon fue una tasa que la Asociación de Editores de Diarios Españoles impuso a Google para que pagara derechos de autor por enlazar sus noticias. El precio es el dictaminado por su SGAE particular, que en el caso de la prensa recibe el nombre Cedro. El canon no ha funcionado, ya que Google reaccionó retirando Google News de España y la tasa apenas ha recaudado unos 10.000 euros al año desde 2014.

Actualmente, España sigue siendo el único país donde Google News no está disponible. La multinacional americana ha avisado que si Cultura decide imponer de nuevo un mecanismo similar su postura será la misma, ya que no está dispuesta a negociar con un organismo de gestión. Al contrario, según ha podido saber elDiario.es, Google ya ha llegado a un acuerdo con una docena de medios para remunerarles por el uso de sus noticias, en previsión de que la nueva ley permita estos acuerdos individuales.

“El canon AEDE es una medida que no ha funcionado en absoluto y cuyo verdadero objetivo era dificultar que los pequeños y medianos editores de prensa digital entraran en el mercado”, expone Escolar. “Sacando del mercado a los agregadores, a los que obligaba a pagarte aunque tú no quisieras cobrar, pretendía convertir Internet en un campo de juego exclusivo de los ya instalados, que eran la vieja prensa tradicional con pata en Internet”.

Los grandes grupos editoriales, divididos

En 2014, los grandes grupos editores de prensa en papel, agrupados en AEDE, estuvieron de acuerdo en imponer la gestión colectiva y el canon como medida de relación con Google. Hoy en día AEDE, renombrada como AMI (Asociación de Medios de Información) está dividida. Aunque la postura oficial sigue siendo la misma, según ha podido saber elDiario.es, solo Unidad Editorial y Vocento se aferran al canon AEDE como única opción.

AMI agrupa a 80 empresas editoras entre las que se encuentra otros grandes grupos como Prisa, pero no cuenta entre sus socios con ningún nativo digital. “Que la negociación se haga a través de una entidad de gestión garantiza que va a haber luz y taquígrafos sobre todo el proceso. Es una negociación bilateral entre las plataformas y las entidades de gestión, en las que los editores también tendrían su posibilidad de opinar”, explicó en declaraciones a este medio Ramón Alonso, su director general.

Mientras Cultura presenta el borrador sobre el que negociar y la pugna entre los medios llega al Congreso, Google ha tomado posiciones. Recientemente llegó a un acuerdo con los editores franceses para negociar pactos individuales con cada uno de ellos y remunerarles en base a su tráfico y “su contribución a la información política y general”. La tendencia es internacional, ya que uera del contexto europeo el gigante tecnológico firmó este miércoles un acuerdo similar con News Corp., editora de medios como The Times, The Wall Street Journal, The Sun o The New York Post.

Como base de esta nueva estrategia, el gigante tecnológico esta ofreciendo a los editores su nuevo servicio News Showcase. Se trata de una nueva versión del servicio Google News especialmente diseñada para ayudar a los medios a conseguir suscripciones y socios, el modelo de financiación al que están migrando ahora las grandes cabeceras y que ha sostenido a elDiario.es desde su fundación.

Como parte de un fondo de “emergencia” por el coronavirus, Google ha anunciado este jueves ayudas a medios y ediciones locales de todo el mundo. Entre estas ayudas, la empresa editora de eldiario.es ha recibido 7.000 euros para repartir entre sus ediciones de Madrid, Catalunya y Galicia. Además, también han recibido fondos otros siete medios locales asociados a eldiario.es y que son empresas independientes: Canarias (7.000), Valencia (7.000), Euskadi (7.000), Andalucía (5.000), Murcia (5.000), Cantabria (5.000) y Somos Malasaña/Chamberí/Chueca (5.000).

Google dice que dará estas ayudas a 5.300 medios locales pequeños y medianos de todo el mundo y que repartirá así “decenas de millones”, con ayudas entre 5.000 y 30.000 euros por publicación. 

Los responsables del programa han recibido en las últimas semanas cerca de 12.000 solicitudes de ayuda de 140 países y están terminando ahora de asignar los fondos. “No podíamos salvar a todo el mundo. Queríamos intervenir lo mínimo posible y tener el máximo impacto. La intención es evitar que pasen cosas malas”, explica por videollamada desde Londres Madhav Chinnappa, director de desarrollo de ecosistema de noticias de Google. El nombre de su cargo se refiere a la “interdependencia” de los medios y el buscador. 

“Ha sido iluminador descubrir la profundidad de los medios locales. En Reino Unido, no había oído hablar de la mayoría de ellos”, dice. Entre los medios que han recibido fondos en Europa, están el Eco di Bergamo, en la ciudad más afectada de Italia y que necesita más recursos gráficos, Mediacités, en Francia, especializado en verificación y bulos, que ha tenido una avalancha de preguntas y necesita más medios para contestarlas, Postal do Algarve, en Portugal, que está multiplicando la producción y horas de trabajo de sus empleados, o La Voz del Sur, una web de Cádiz con una pequeña redacción desbordada. 

“Van a utilizar el dinero para cubrir las noticias sanitarias que necesitan sus comunidades, para entender lo que necesiten sobre salud, dónde comprar o qué servicios básicos están abiertos. Y esto es muy importante también ahora que volvemos a abrir y tal vez cuando tengamos que volver a cerrar”, dice. “Cuando la gente me pregunta qué tal está Londres, les digo 'no sé, te puedo decir cómo están las 250 yardas (220 metros) alrededor de mi casa'”.

Cerca de la mitad de los medios que han solicitado la ayuda no cumplía con los criterios porque no eran locales, no estaban dedicados a la información general o tenían menos de dos periodistas empleados. “Esto muestra que hay una gran crisis ahí fuera. Y la gente lo intenta”. 

La crisis del coronavirus ha supuesto una caída de ventas y publicidad para la prensa, sobre todo en papel, pero, según Chinnappa, la situación también puede ser una oportunidad para medios que necesitaban un empujón digital. Por ejemplo, mejorando el diseño y uso de las webs, el teletrabajo o los eventos virtuales. “El sector de los medios se ha adaptado a todos los cambios, buenos y malos, que le han golpeado en la historia. Y creo que ha mejorado a lo largo del tiempo”.

La plataforma sigue defendiendo que prefiere dar ayudas a los medios como ésta de emergencia o las de desarrollo de tecnología innovadora en lugar de pagar a los editores por el contenido que aparece en buscadores. 

Ahora Google está en medio de una negociación por la adaptación de la directiva europea de los derechos de autor en Francia, cuyo gobierno exige el pago a todos los editores que aparezcan en los buscadores. En España, todavía no están claros los detalles de cómo se aplicará la directiva europea. Google dice que cumplirá con las leyes, pero que hay un riesgo de que deje de utilizar información de medios en España como pasó con Google Noticias.  

Chinnappa dice que entre “las consecuencias indeseadas” puede estar la pérdida de lectores para los medios pequeños. “Cuando cerramos Google Noticias los más afectados fueron medios locales”, dice. “Los grandes medios no dependen tanto del tráfico. Porque la gente conoce El País o El Mundo y va ahí directamente. Pero puede encontrar información local o más específica a través de buscadores, que les dan más opciones”.

Según publicó en febrero el Wall Street Journal, Google está negociando con grandes medios por separado, lo que podría perjudicar especialmente a los pequeños. Pero, sobre esto, el portavoz de Google sólo explica que se adaptará a las reglas cuando estén claras y que, entretanto, sigue “hablando y recibiendo ideas de los editores”. 

La Autoridad de la Competencia de Francia ha obligado a Google a negociar, en un plazo de 3 meses, con los editores de prensa y con la agencia AFP un mecanismo de remuneración por la publicación de sus contenidos, porque considera que las reglas fijadas por el buscador constituyen un abuso de posición dominante. Google tendrá que llevar a cabo “de buena fe” esas negociaciones, que cubrirán retroactivamente el tiempo pasado desde la entrada en vigor, el pasado 24 de octubre, de la ley francesa que transpone la directiva europea sobre los derechos conexos, de abril de 2019, indicó en un comunicado la Autoridad de la Competencia.

Esas conversaciones no podrán afectar a la indexación ni a la presentación de los contenidos protegidos de la prensa y el gigante estadounidense de internet tendrá que presentar informes mensuales en los que dé cuenta de la marcha del proceso, en espera de que el organismo de supervisión se pronuncie sobre el fondo.

Lo que pretende la Autoridad de la Competencia francesa con esta medida de urgencia es proteger a los editores de prensa y a AFP, que se querellaron contra Google, mientras instruye la causa para determinar si ha infringido las reglas de la competencia. De momento, lo que ha constatado es que Google tiene una posición dominante en Francia, con una cuota en las búsquedas generalistas de alrededor del 90% a finales de 2019 y fuertes barreras para que otros competidores puedan contestar ese dominio, teniendo en cuenta las inversiones necesarias.

Además, con su decisión unilateral de no mostrar en las búsquedas de sus usuarios más que extractos de los contenidos de prensa, a menos que los editores le den una autorización gratuita, ha abocado a la mayor parte de estos a permitirle el uso de esos contenidos sin negociación posible. Es decir, que les ha impuesto una remuneración nula y ha tratado a todos por igual sin una justificación objetiva y sin haber examinado las particularidades de cada uno.

La Autoridad de la Competencia indica, a partir de un estudio de los denunciantes sobre 32 cabeceras de prensa, que Google supone entre el 26 y el 90% del tráfico dirigido a sus páginas de internet, y que con ese nivel de dependencia los editores no pueden permitirse el lujo de prescindir de esa aportación por sus dificultades económicas. Eso es lo que les ha llevado a aceptar unas condiciones que son “todavía más desfavorables para ellos”.

En resumen, el organismo estima que la actitud de Google afecta de forma “grave e inmediata al sector de la prensa”, que en el contexto de la fuerte crisis que atraviesa le priva de unos recursos que el legislador considera “cruciales” para que pueda mantener su actividad.

En una primera reacción, el vicepresidente de News en Google, Richard Gingras, declaró que “desde que la ley europea de derechos de autor entró en vigor en Francia el año pasado hemos colaborado con los editores para aumentar nuestro apoyo e inversión en medios de comunicación”. “Cumpliremos con la orden de la Autoridad de la Competencia de Francia mientras la revisamos y continuamos con las negociaciones”, añadió Gingras.

El cierre de Google News España es un caso único y por eso no estaba claro de qué manera se iba a ejecutar. Las dudas se van despejando a unos pocos días de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). La normativa, aprobada con la mayoría del PP el pasado mes de octubre en el Congreso, contiene el llamado Canon AEDE, que dicta el derecho irrenunciable de los medios de comunicación a cobrar una tasa de los agregadores de Internet.

El concepto de irrenunciabilidad, que antes no se había introducido en ningún país al legislar sobre esta cuestión, obliga a todos los medios, quieran o no, a cobrar esta tasa. De esta forma los agregadores están obligados a pagarla. La LPI entra en vigor a partir del 1 de enero, pero el gobierno aún tiene que desarrollar el reglamento, que se espera para el mes de junio. Tendrá carácter retroactivo, eso sí, pero lo que no se sabe todavía es qué portales se considerarán como ‘agregadores’.

Cuando Google anunció el cierre de su servicio Google News la AEDE (la Asociación de Editores de Diarios Españoles), que agrupa a los principales medios de la prensa impresa, advirtió que esta acción tendría un impacto negativo y pidió a “las autoridades españolas y comunitarias” que intervinieran, ante lo que preveían como un desastre. Ahora que se van despejando las incógnitas damos respuesta a algunas de las dudas sobre cómo ha quedado la situación.

¿Qué ha cerrado?

El servicio de agregación de noticias, al cual se accedía a través de la URL http://news.google.es y que ahora redirige a un comunicado de Google en el que indica el motivo del cierre. Google News España se cierra en todo el mundo, con lo que ningún medio español aparecerá en ninguna de las otras versiones nacionales del servicio. Los usuarios ya no podrán usar esta plataforma, que organizaba el contenido por categorías y atendía a la fecha de publicación.

El formulario para darse de alta en Google News permanecerá abierto. Desde Google indican que se deja así para que otros nuevos medios se sigan incorporando si así lo desean, con el fin de tener una base de datos actualizada si en algún momento se retoma el servicio.

¿Qué permanece abierto?

Todos los servicios supeditados al buscador siguen funcionando. Esto significa que si realizamos una búsqueda (en google.es) relacionada con un tema de actualidad Google nos devolverá los resultados generales, en los que también aparecerá el módulo destacado ‘En las noticias’. En él se pueden ver enlaces de medios de comunicación españoles. Lo mismo ocurre si pinchamos en la pestaña ‘Noticias’. Eso sí, al hacer clic sobre el texto ‘Más detalles’ el buscador redirige al comunicado sobre el cierre.

La LPI excluye a los buscadores, con lo que estos servicios pueden permanecer abiertos. El que el módulo ‘En las noticias’ aparezca o no depende del tipo de búsqueda que haya hecho el usuario, al igual que pasa con el módulo ‘Imágenes’. En Google aseguran que cualquier página web puede aparecer en el módulo ‘En las noticias’, así como en la pestaña. No era necesario estar dado de alta en Google News y esta circunstancia tampoco ayudaba a posicionar al medio en cuestión, según indican desde la compañía.

¿Qué efecto tiene sobre los medios de comunicación?

La mayor parte del tráfico procedente de Google que reciben los medios de comunicación proviene del buscador. En lo que se refiere a temas de actualidad, el módulo ‘En las noticias’ ofrece una gran visibilidad a los medios que logran posicionar sus titulares en este espacio. Desde el sitio 'news.google' generalmente proviene un porcentaje pequeño de tráfico en comparación con el del buscador. Aunque probablemente los que más tráfico pierdan con esto sean los medios grandes generalistas, pues aparecían más veces y en más categorías.

¿A qué otros servicios de Google afecta?

Desaparece la aplicación Noticias y Tiempo de Google (ya hay algunos comentarios en Google Play protestando porque no funciona) y también desaparece una de las tarjetas informativas en Google Now. Concretamente la que ofrecía noticias en general, mientras que la otra permanece, pues funciona a través de palabras clave indicadas por el usuario, es decir, una búsqueda temática (de nuevo, otro servicio vinculado al buscador).

El servicio ‘Alertas de Google’ no se verá afectado porque depende de la indexación que lleva a cabo el buscador. Google Play Kiosco tampoco desaparece.

¿Cómo afecta a otros países?

Hasta ahora los medios de comunicación españoles aparecían en el resto de versiones de Google News. Por ejemplo, si un usuario entraba en el servicio de Méhttp://news.google.com.mx/xico y pinchaba en la sección de Internacional del menú situado en la parte izquierda, podía ver algunas noticias de medios españoles. Ahora no se mostrará contenido de ningún medio español.

¿Qué pasará en el futuro?

Google News España ha cerrado. Pero el negocio de Google no se ve afectado por ello, de hecho este servicio no generaba ingresos. Sin embargo, existen otras webs que podrían considerarse como agregadores de noticias y en muchos casos el tomar la decisión de cerrar el portal equivaldría a detener la actividad empresarial, con la consiguiente liquidación del negocio y el despido de los trabajadores.

Eso ocurre donde se gana dinero. Los que no obtienen ingresos ni siquiera tienen opción a elegir. El portal InfoAliment.com, que llevaba casi 14 años enlazando noticias del sector de la alimentación, ya ha anunciado que bajará las persianas el próximo 24 de diciembre. Como esta, otras webs que enlacen noticias, como asociaciones, sitios de contenido viral o de clipping, se podrán ver afectadas a partir del 1 de enero. Dependerá de lo que el reglamento de la LPI considere como ‘agregador’. Queda la incógnita, por ejemplo, de qué sucederá con Twitter o Facebook.

Con una concepción del negocio de la comunicación francamente caduca, para los editores el universo parece girar en una extraña configuración ombligocéntrica en la que lo único realmente importante es seguir encamándose con políticos. A base de sacarlos continuamente en la foto y de decir lo malo que es Pablo Iglesias, consiguen vía directa con el legislador y la utilizan para orientar cánones como el que aprueba la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

En enero entra en vigor el nuevo texto legislativo que, entre otras puertas al campo, incluye la obligatoriedad para todos los medios, lo quieran o no, de cobrarle a Google un canon por incluir un extracto de sus noticias en su servicio Google News. La idea no es nueva, ni original de la AEDE. Los alemanes ya lo intentaron hace unos meses y apenas días después del cierre de Google News en Alemania, los editores germanos se retractaron con el rabo entre las piernas.

Porque Google, que para otras cosas es un tiburón implacable, en esto de las noticias siempre se ha mostrado muy digno. Según el gigante tecnológico la información es una necesidad básica fundamental y, por eso, tratan de solventar esa necesidad a través de un agregador que no tiene publicidad, por cierto, y donde únicamente se incluyen los medios que así lo solicitan.

Es un buen producto. Muy bueno, de hecho, dadas las necesidades actuales de información y de consumo de medios. Los usuarios ya no somos tan fieles a cabeceras concretas y sí a temas e intereses concretos. Y navegamos buscando esa información que nos interesa. Google News es un punto de partida excelente para realizar búsquedas sobre determinados asuntos. O sobre áreas geográficas específicas. Por extensión es también un canal inmejorable para que las cabeceras capten tráfico. Sobre todo para las cabeceras pequeñas o altamente especializadas, donde un agregador es el mejor escaparate para un contenido interesante.

Pero lo de la calidad del contenido, igual que lo de la innovación en el consumo de información, parece ser algo que no va ya con determinadas cabeceras y empresas editoriales. Por eso se abaratan costes adelgazando cada vez más las redacciones de periodistas con experiencia mientras se intentan soportar estructuras macrocéfalas con triquiñuelas como estos cánones. Por eso no creo que en España lleguemos a tener nunca medios como The Guardian o The New York Times a cuyos editores, supongo, les parecerá una aberración renunciar al 30% de su tráfico por no aparecer en Google News.

Desde hace décadas estamos acostumbrados a esta “bisutería de la web social” como se llama a los botones de compartir, término que escuché en su día a José Luis Orihuela, en los diarios y medios digitales. A partir de enero de 2015 algunos de estos servicios  tendrán que “pagar” un derecho remuneratorio o canon a los editores o productores de la información después de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en octubre pasado y que entrará en vigor en enero.

Aunque aún no se sabe cómo ni mediante qué mecanismo o cómo se concretará “qué es un fragmento no significativo de contenido” o cómo se concretará “qué es una búsqueda aislada de palabras”, esa remuneración será objeto de una tarifa  que fijará la Entidad de Gestión que va a hacerse cargo (CEDRO), el sector editorial celebró esta reforma de la Ley, que no está exenta de riesgos y contradicciones. 

Uno de los riesgos es el cierre o la huida de negocios digitales. Esto es lo que anuncia ahora Google News –cuestión que ya había sido barajada como opción por la empresa californiana-. Los editores españoles de los medios tradicionales –que han presionado al Gobierno y al Parlamento para introducir este párrafo 2 del art. 32- parecen no querer comprender el calado de este asunto que les afecta también a ellos pues, por definición, atenta al corazón de la filosofía web.  Veremos, por otro lado, cuánto aguantan ese “apagón” y cómo es la reacción de sus lectores de pago o no.

Que los robots de Google News puedan o no seguir indexando contenidos provenientes de publicaciones periódicas o de web información es para beneficio de todos (lectores, editores que han visto incrementado su tráfico, y para Google que  ofrece ese servicio a sus usuarios); el beneficio –si se valora sólo en términos monetarios- no siempre es económico como ocurre precisamente con el portal Google News que no inserta publicidad. Otros agregadores como Menéame o Twitter están preocupados por el efecto que puede tener esta Ley en el uso masivo de estos servicios, y no es para menos.

El equilibrio entre derechos y libertades en el acceso a Internet siempre genera este necesario debate, pero aquí las cosas han ido lejos. Utilizar una ley, el BOE para “legislar” sobre una actividad concreta, ¿les parece razonable? 

El quid legal del asunto es, ¿puede un derecho remuneratorio impedir el link o el meneo de un titular o noticia? ¿Se considera eso una “reproducción” en sentido estricto?  Yo diría que no a las dos cosas, pues por la naturaleza de Internet, los agregadores y el etiquetado para el seguimiento de información es así (y ya es sabido que un editor no quiera aparecer sabe cómo hacerlo); pero, la Ley tampoco es muy clara (véase al final de este artículo cómo ha quedado el art. 32) y díganme si lo entienden del todo.

La redacción no da certeza jurídica ni a empresas que se basen en la agregación (captación de fuentes de contenidos), ni siquiera para usuarios como docentes, blogueros, periodistas que también tendrán que pagar por eso si las fuentes que insertan son “informativas”.

Los editores ya podían exigir –a la vista del texto del art. 32 LPI, como se hace desde hace décadas el sector de la  música o el cine- una tarifa por comunicación online no autorizadas. Eso cobra ya CEDRO a las Universidades, bibliotecas, sitios web,  revistas online incluso por los dosieres de prensa que difunden en sus portales, a veces con una concepción muy estricta de lo que es “uso justo”, que siempre se interpreta negativamente en contra del centro docente o biblioteca.

Prohibido “citar” en la red

El nuevo derecho remuneratorio por “agregación”  se añade a otros canones o tasas ya previstas en nuestro sistema de derechos de autor. La clave de alguno de los asuntos está en el texto final del art. 32 y las excepciones o usos con fines de cita informativa y cultural.

Los medios off line pueden reproducir a tenor de la Ley fragmentos con fines informativos y sin fin comercial; es práctica habitual en prensa, radio y televisión. Resulta que ahora que estamos inmersos en la web, que los Estados hablan de “agenda digital”, de negocios innovadores, de “economía en internet”, se siguen autorizando sin tasa alguna las citas de la propia prensa o radio, pero si se excluye el “agregador” por excelencia del mercado, Google News. También otras App de lectura de noticias, el propio Flipboard o Bing se verán afectados.

Un tiro en el pie a la propia industria de prensa y a nuestra profesión

Creo que es necesario explicar un poco qué supone esta “tasa”. Google News, Google Noticias, Google Press es pues un servicio automático de selección de noticias, básicamente a partir de titulares, entradillas y fotos, que se configuran en el portal de Google Inc. porque su algoritmo de gestión de la información, altamente depurado,  recoge las “fuentes” de información de los servidores del mundo entero que no hayan bloqueado la indexación, que los ordena por temas y materias afines y que permite al usuario su personalización. Incluye, a partir de las noticias, reportajes y otros datos de las web de editores (el “rankeo” se hace a partir de los sitios con mayor actualización de noticias) otros productos como alertas, versión para móvil, sistema de feeds o Atom Rss para su suscripción y seguimiento, y un utilísimo sistema de archivo.

Fue lanzado en 2002 en versión beta por Google Inc. Se actualiza cada 15 minutos y  tiene más de 40 ediciones regionales. Este servicio ha estado rodeado de polémica, ya desde que en 2005 la agencia France Presse le demandase en el Tribunal del Distrito de Columbia por infracción de los derechos de autor o, los editores belgas iniciasen su pleito. Desde entonces, Google Inc. también ha ganado recursos y frentes legales  porque la legalidad del indexado y la cita está permitida en muchos ordenamientos jurídicos.

España aprobó en octubre la Ley 21/2014 de 4 de noviembre que constituye la 10ª reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en vigor (Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril) modificando la esencia de la cita específicamente en servicios de la sociedad de la información y dando un giro a su libre uso de la cita para introducir una remuneración o canon por agregación.

Editores y periodistas de medios AEDE, la mayoría de medios impresos, quieren esta situación. FAPE, la federación que nos representa a los periodistas, es parte del asunto. FAPE pidió al  Parlamento y al Gobierno español en 2011 que “a la luz de las recomendaciones de la Comisión Europea, consideramos que los cambios en la LPI deben recoger la nueva concepción de los derechos de autor que deriva del surgimiento de los servicios de agregación, indexación y referencia de noticias a través de las redes”, es decir que se incorporen sistemas de remuneración en el periodismo digital, algo a mi entender contrario a la propia lógica de la información y de la prensa.

Nuestro sistema de prensa carece y busca aún un modelo de transición digital pero no acaba de concebir el papel que empresas como Google pueden hacer en este paso al mundo online. El único modelo conocido, por seguro –aunque no demasiado rentable hoy- es el propietarista, el del “esto es mío y yo lo controlo”, cosa errática porque si una empresa está en la web no controla su difusión.

La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), organización privada que agrupa a los principales medios de comunicación de publicaciones periódicas impresas, ha emitido ayer un comunicado en el que demanda “la intervención de las autoridades españolas y comunitarias” tras el anuncio de Google de que cerrará Google News, su servicio de noticias el próximo 16 de diciembre.

Según AEDE, que fue impulsora del canon que se encuentra incluido en el artículo 32.2 de la nueva ley de propiedad intelectual, el cierre de Google News “no equivale al cierre de un servicio más” y tendrá “sin duda” un impacto “negativo” en los ciudadanos y empresas españolas, dada la posición de Google en el mercado.

Google ha comunicado que decide cerrar su servicio de noticias, que es gratuito y no tiene publicidad, debido a que sería un afectado directo de la tasa irrenunciable que pretende cobrar la nueva ley de propiedad intelectual, incluida en el artículo 32.2.

El comunicado, que llega el mismo día del anuncio de Google y cinco días antes del cierre efectivo del servicio de noticias, se ha difundido entre miembros de AEDE. En él se señala que Google constituye “la única puerta de acceso a internet”, posición que según reconoce AEDE “ha sido alcanzada a través de mecanismos de innovación tecnológica continua y cuyo valor los editores españoles siempre han reconocido”. AEDE, formada por grupos mediáticos como Planeta, Vocento, Grupo Prisa, Grupo Zeta o Unidad Editorial, ha manifestado interés en seguir negociando con Google “acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes en distintos ámbitos”.

La situación recuerda inevitablemente a la que ocurrió en Alemania con los editores liderados por Axel Springerlos editores liderados por Axel Springer. Tras lograr que Google restringiera el acceso a sus titulares desde Google News, pidieron que se les volviera a incluir en los resultados, ya que comprobaron que el tráfico desde Google había caído un 40 por ciento, y mediante el servicio Google News hasta un 80 por ciento.

El Gobierno no ha tardado en responder a la decisión de Google de cerrar Google News en España por la próxima entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual. Horas después de conocer que el próximo 16 de diciembre, el buscador cerrará su servicio de noticias en nuestro país y hará desaparecer los enlaces a medios españoles en los sites internacionales de esta herramienta, el Ministerio de Eduación Cultura y Deporte ha difundido un comunicado en el que afirma que seguirá adelante con la implantación del conocido como canon AEDE o tasa Google.

En su comunicado, el Gobierno considera que el anuncio de Google “responde a una decisión empresarial” y reitera que “comenzará próximamente el desarrollo reglamentario de la Ley y lo someterá al trámite de información pública en el que todas las partes interesadas podrán transmitir de nuevo sus aportaciones”.

El Ministerio subraya que tras la decisión de Google de cerrar su servicio de noticias “el acceso a la información en Internet queda garantizado” y recuerda que las noticias seguirán siendo accesibles desde las webs de los propios medios, en los motores de búsqueda tradicionales y “en los demás agregadores de contenidos informativos”, que, aunque el Gobierno no lo aclara, se verán obligados a abonar la tasa si quieren seguir ofreciendo su servicio.

“La Ley de Propiedad Intelectual en nada obstaculiza la libertad de información, siempre dentro del respeto y protección a los derechos de propiedad intelectual de los autores”, concluye el Ministerio en su comunicado.