Recuerdo bastante de aquella noche, aunque yo era un niño. Llegué a casa del colegio y mi madre, como solía, estaba escuchando la radio. Retransmitían el debate de investidura. Al poco, comenzaron los conocidos gritos de Tejero y los tiros. Poco después, marchas militares. En aquellas horas, mi familia, como la de tantos, se dividía entre los que estaban encantados y con ganas de abrir botellas de “champán” –hoy cava–, existiendo, no obstante, otros, más experimentados, que habían sufrido la Guerra Civil y guardaban muy buena memoria de ella, no corrompida por la propaganda del franquismo. Estos últimos estaban aterrorizados, pues sabían lo evidente: que aquello podía ser el detonante de otra guerra. En ese escenario, la intervención de madrugada del entonces rey provocó decepción en los primeros y un muy tenso e incierto alivio en los segundos. Al final, todos sabíamos que circulaban tanques por Valencia y eso no auguraba nada bueno, incluso tras el mensaje de Juan Carlos I. Duró aún años la tensión amenazante de un ruido de sables con el que se frivolizaba con frecuencia. 

Pero no les voy a contar más de mis vivencias de aquel día, que a nadie interesan. Lo que me parece relevante es destacar que esa ruptura ideológica en la sociedad, que fue a menos con los años pero que persistió, de hecho, hasta el día de hoy, no acabó con el proceso que condenó a algunos de los implicados, porque tampoco se pretendía eso. Es evidente que ningún conflicto político se acaba jamás con un proceso judicial.

El proceso, en realidad, sirve sobre todo para averiguar la verdad, ya que se trata de un mecanismo milenario de resolución de conflictos que se basa precisamente en eso: en determinar la realidad de los hechos, dándole la razón, no al más fuerte o poderoso, sino a aquel que tiene la verdad de su lado. Pues bien, es obvio que en el proceso contra los golpistas no se averiguó toda la verdad, sino que quedaron lagunas relevantes. Este, por cierto, es uno de los puntos que sí cambian decisivamente tras la reciente publicación de los documentos que hasta ahora estaban clasificados.

En concreto, hemos sabido algo que hubiera sido muy relevante para aquella sentencia, e incluso para el global del proceso: el hoy rey emérito se entrevistó en secreto, justo antes del inicio del proceso, con uno de los principales acusados: Jaime Milans del Bosch.

Esa entrevista es indudablemente impropia, e incluso hubiera podido tener relevancia penal –obstrucción a la justicia–, más allá del impacto político tremendo que hubiera provocado de haber sido conocida en su momento. Todo un rey entrevistándose personalmente con un golpista… De haberse sabido ese dato, con seguridad se le hubiera interrogado al militar sobre qué habló con el monarca. Y aunque cualquier reo tiene derecho a guardar silencio y, visto lo visto, muy probablemente lo hubiera guardado, el dato de esa entrevista hubiera sobrevolado en el ambiente, asentando la tesis de la implicación del rey en el golpe que profirieron varios de los reos, entre ellos el propio Tejero, que afirmó en el Congreso estar actuando en su nombre.

De hecho, puede que la sentencia no hubiera podido eludir pronunciarse sobre esa implicación. El rey es constitucionalmente inviolable y jamás hubiera podido ser juzgado, pero la revelación de esa entrevista era relevante en el terreno probatorio. No es lo mismo hablar con un capitán general la noche del golpe para conocer, al parecer, si apoyaba la asonada, lo que es lógico, que dirigirse a él en secreto, una vez pasado todo, no se sabe para decirle qué justo antes de ser juzgado. Se ha especulado con que no se quería que el militar pudiera implicar de algún modo a la Corona, pero… de ser solamente eso, ¿era imprescindible esa entrevista? Si Milans del Bosch hubiera hecho el clásico relato con efecto ventilador, típico de tantos acusados que buscan vanamente vengarse o protegerse, de nada le hubiera servido, como de poco le valió a Bárcenas todo lo que contó, por poner un solo ejemplo. Por ello, ¿cabría deducir que la preocupación estribaba, en realidad, en revelar datos concretos contrastables sobre la trama de apoyos del golpe?

Y esos datos debieron existir, puesto que, de lo contrario, las conversaciones del monarca con Milans del Bosch el día del golpe no hubieran sido “tensas”, como han revelado los servicios secretos. También parece ser que lo fueron con Armada. Y la tensión solo puede derivar de la discrepancia. ¿Sobre qué discrepaban dos casi ancianos militares de altísima graduación con un reciente rey de cuarenta y pocos años? ¿Por qué se produjo un evidente desencuentro final entre Armada y Milans del Bosch si, según parece ya seguro, el segundo apoyaba al primero para que fuera presidente de un Gobierno de concentración? Puede que nunca lo sepamos ya.

Por supuesto, la opción aparentemente más sencilla es pensar que el rey defendía la democracia y aquellos generales, un giro autoritario, y que Tejero lo estropeó todo, no solo cuando irrumpió a tiros generando una situación internacionalmente escandalosa y grotesca, sino cuando echó a Armada de la sede del Congreso, echándole así un cable involuntario a la democracia. Pero la llamada “navaja de Ockham” no ayuda a resolver en todos los casos los embrollos, puesto que no siempre es la opción más sencilla aquella que ha sucedido realmente. Y, de hecho, la hipótesis que se acaba de exponer no tiene nada de fácil. Supondría asumir que Armada fue por orden del rey al Congreso, pero por libre en cuanto a sus intenciones, y que Tejero, un nacionalista español exaltado, pero militar al fin, habría desobedecido no solo a Armada, sino nada menos que a Milans del Bosch en un momento así. Tejero contaba con antecedentes de insubordinación, ciertamente, pero no a ese nivel.

Sea como fuere, se trata de un interesante caso a nivel probatorio. Lo curioso es que existen personas vivas que sí saben lo sucedido y que de hecho han hablado, como el rey emérito. Tal vez nunca se sabrá si contaron la verdad. Cuando el proceso judicial se acaba, solo puede proseguir la labor de los historiadores. Veremos qué cuentan en el futuro de lo acaecido, si es que se acaban ocupando de ello en algún momento.

La Historia nos aproxima a la realidad mientras la ficción nos explica la verdad. Por eso las novelas históricas venden muchísimos más ejemplares que los libros de Historia. La mayoría de las personas buscan la verdad, con frecuencia su propia verdad, y respuestas simples a preguntas complejas, reducidas también con frecuencia a un acto de fe. De aquí el éxito del libro deslumbrante de Javier Cercas, Anatomía de un instante, y su amplificación con la serie televisiva dirigida con maestría reconocida por Alberto Rodríguez e interpretada por unos actores en estado de gracia. La serie, como no podía ser de otra manera, es fiel a la verdad de Javier Cercas y, por consiguiente, los personajes homéricos de Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, no nos dejan ver el bosque y el soto bosque, poblado de civiles y militares, así como la pluralidad de escenarios patrios e internacionales oscurecidos por el relámpago atronador de Antonio Tejero Molina. 

El novelista critica a los historiadores su dejadez respecto al golpe de Estado del 23-F, al cual no duda en calificar como “el mito fundacional de la democracia española” (sic). Nadie puede discutir el valor y el mérito de la novela sin ficción, donde no hay nada inventado, de Javier Cercas publicada en 2009 sobre un tema que había generado ríos de tinta de calamar. Yo mismo destaqué en la reseña publicada en El Periódico de Catalunya la magistral descripción del trío protagonista, del trío de soberbios salvapatrias (Alfonso Armada, Milans del Bosch y Antonio Tejero), y del Rey fuera de plano con el sugerente comentario del propio autor: “El mensaje [televisivo] del Rey constituía una condena del golpe de Tejero, no necesariamente una condena al golpe de Armada”. Y añadía el escritor una confesión a modo de frontispicio de su obra: “No puedo asegurar que todo lo que cuento a continuación sea verdad, pero puedo asegurar que está amasado con la verdad y que sobre todo que es lo más cerca que yo puedo llegar de la verdad, o de imaginarla”. Así pues, Anatomía de un instante es la verdad de Javier Cercas.

Los historiadores cocinamos a fuego lento, nuestros condimentos son los documentos de todas las especies y nuestro oficio es el difícil arte del contexto. Nosotros no imaginamos, sino que contrastamos y validamos nuestras fuentes para construir una infraestructura historiográfica común que permita interpretaciones diversas. Cercas no tiene por qué leer trabajos académicos, como la tesis doctoral de Roberto Muñoz Bolaños, dirigida por el catedrático de Historia Contemporánea Álvaro Soto Carmona, defendida en el año 2012, con un aparato documental envidiable donde destacaban el sumario del juicio del 23-F puesto a su disposición por el letrado de Antonio Tejero, las memorias inéditas del teniente general Andrés Casinello La huella que deja el tiempo al pasar (publicadas en 2022) y la documentación de los archivos norteamericanos. Pero sí, si continúa con su afán de pontificar, la obligación de leer, entre otros, su libro El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición, derivado de su trabajo académico, publicado por la editorial Espasa en 2021.

Agradecemos sinceramente a Javier Cercas todo lo que ha escrito sobre el 23F, así como su petición al presidente del Gobierno para desclasificar todos los documentos relativos al golpe. No obstante, nos molesta su protagonismo excesivo, su soberbia innecesaria y su ira a sartenazos ante los discrepantes, sobre todo con los historiadores que intentamos hacer, sin prisas, pero sin pausas, lo mejor posible nuestro trabajo en las aulas, en los debates académicos y, cuando se nos deja, en los medios de comunicación. Todo acompañado de nuestro compromiso profesional, cívico y democrático en defensa de la preservación de las fuentes documentales públicas y privadas, sin las cuales nos tendremos que remitir a novelas tan estupendas como las que escribe Javier Cercas y otros escritores. En este sentido, merece la pena destacar la revelación hecha por Julián Casanova de la reunión mantenida el 16 de enero de 2025 en el Palacio de la Moncloa por el presidente Pedro Sánchez con un grupo de historiadores para atender la petición de preservar, catalogar y desclasificar, la documentación referida al 23F, la previa y la posterior, y la derogación de la ley sobre Secretos Oficiales de 1968. 

“La noche previa al 23 de febrero, en la intimidad del hogar, mi padre, el Teniente Coronel Antonio Tejero Molina, nos comunicó lo que el deber le exigía: la toma del Congreso por orden del Rey y con el apoyo del estamento militar. Mi madre y nosotros escuchamos en silencio, asumiendo el peso de una misión que marcaría nuestras vidas para siempre”. Esta es la revelación que ha hecho pública este miércoles Ramón Tejero, uno de los seis hijos del golpista Antonio Tejero, apenas una semana después de la muerte de su padre y de que se desclasificaran los documentos de la intentona golpista que no aportan ninguna prueba de la participación del monarca en la asonada.

Ramón Tejero, Moncho, que es sacerdote, ha realizado esas afirmaciones en un artículo sobre la figura de su madre, Carmen Díez Pereira, publicado por El Debate. Precisamente los papeles desclasificados la semana pasada evidenciaron cómo la mujer del teniente coronel golpista trató durante aquella noche del 23 de febrero de 1981 de acudir al Congreso a pedir a su marido que pusiera fin al golpe tras constatar que no tenía el apoyo ni del rey ni de los mandos del Ejército. “Le han dejado tirado como una colilla”, afirmó en una de las conversaciones telefónicas que constan entre los papeles desclasificados. “Es un desgraciao”, se le escuchó decir, en otra llamada.

En su artículo, el hijo de Tejero asegura que aquel 23F, “mientras el mundo miraba al Congreso”, en su casa “se libraba una batalla espiritual”. “Recuerdo la angustia ante lo desconocido y el dolor lacerante al percibir la traición de quienes, habiendo dado órdenes, daban la espalda”, asegura, de nuevo en alusión al rey y a los altos mandos del Ejército. “Aquella tarde, mientras la radio escupía los sonidos de la toma del Congreso, el miedo no se instaló en nuestra casa; se instaló la fe. Al oír los disparos, mi madre y mis hermanos nos pusimos de rodillas. Rezamos el Rosario, para que no hubiera derramamiento de sangre, tal y como nos dijo mi padre que se había comprometido con los mandos militares, y que la operación encomendada llegara a buen puerto”, señala.

Según explica, durante la noche llegaron a su casa “personalidades y cargos públicos” para “alabar la hazaña y dar la enhorabuena”. “Mi madre, en una serenidad expectante, atendía a todos mientras el teléfono no cesaba. Yo permanecía a su lado; mi padre me había encomendado su cuidado y el de mis hermanos, y en sus ojos vi la calma de quien sabe que el éxito sin honor no vale nada, pero que el sacrificio por la patria es una forma de caridad. En medio del desconsuelo y la incertidumbre de una posible condena de muerte para mi padre, mi madre no se derrumbó. Con una entereza, nos miró a los hijos y nos instó a mantener la cabeza alta”, añade.

“En medio de ese caos, mi madre sufrió el dolor más amargo: percibir la traición. Ella, que conocía los detalles de la operación, veía cómo aquellos que habían dado las órdenes desamparaban a su marido. Pero, como mujer fuerte no permitió que el desconsuelo nos venciera a pesar de la traición. Nos fortaleció recordándonos que nuestro padre era fiel a la palabra dada”, agrega. “Cuando llegó la noticia extraoficial de que mi padre sería fusilado, mi madre nos reunió. Con una ternura infinita y un orgullo que solo nace de la fe, nos dijo: 'Vuestro padre es un hombre honrado y fiel. Ha cumplido con su deber y con sus muertos. Pase lo que pase, debéis estar orgullosos de él siempre'”.

El metisaca es una suerte de estocada fallida. El torero, el director de la lidia, entra a matar pero en el último momento se arrepiente de la manera de ejecutar el lance y saca el estoque. El resto de la cuadrilla acude raudo al lugar del crimen y se dedica a dar enloquecidos mantazos, los más para salvar al torero de su desacierto, una vez perdido el terreno; el pueblo, según entienda, aplaude o abuchea al torero. En los mejores cosos se oye el silencio.

Los papeles desvelados del 23F han producido jolgorio entre el pueblo partidario y sus peñas, sospechas sobre ausencias y desapariciones destacables y un cierto desconcierto en la ciencia historiográfica. Cuando Jorge Luis Borges afirmó que la historia es una ciencia intermitente se refería a esto, los historiadores escriben sobre los papeles y otras fuentes a su disposición pero no sobre lo que falta, de ahí las lagunas. Incluso hay materiales que desdeñan y, por añadidura, no todos los científicos miran con el mismo ojo.

El ejemplo de Eric Hobsbawm observando Santa Mónica desde su ventana es muy pedagógico. Decía que al observar uno no ve la realidad que existe allá afuera sino una selección muy específica, el observador ve lo que quiere ver. De todo el paisaje, del caserío urbano, emerge la torre capitel de una iglesia pero depende desde donde mires la ves o no; sin embargo, el capitel está ahí, sigue, incluso si decides mirar desde distintos ángulos de tu ventana. A veces, se echa una espesa niebla- frecuente en la región- y te impide ver el capitel aunque quieras verlo. Pero sigue ahí, no anda como los elefantes.

José Antonio Martín Pallín contaba su experiencia como fiscal en Madrid en un día de niebla, el 23F. El juez que le tocó se negaba a secuestrar la publicación de El Alcázar prevista para salir en apoyo del golpe, solo la decisión política y arrojo de Francisco Laína pudo evitar esa alianza, no nueva, entre un juez y cierta prensa; al día siguiente, en la junta de fiscales, el joven fiscal perdió tres contra treinta y tres en un intento de emitir una nota enérgica en contra del golpe.

Las conversaciones entre las altas cúpulas militares en un tono tan grosero muestran el estado real de los cuarteles en aquel tiempo. El España, una grande y libre, resultaba una pieza afinada comparada con los ¡Por España, coño, por España! Los militares insurrectos- supongo que los historiadores lo habrán notado y anotado- no hablaban en ningún momento de lealtad a la Constitución, sus lealtades o deslealtades eran referidas al rey.

El rey, por cierto, cual historiador bizco, no vio el capitel de la torre de la Iglesia, ni entre el paisaje de Santa Mónica hubo manera alguna de verlo a él hasta que la niebla empezó a disiparse y el parte meteorológico europeo se oyó en las cancillerías.

Vino la calma y las mayorías absolutas de progreso y nada se reformó, porque al parecer, nadie había visto ni a militares ni guardias civiles y policías, jueces y fiscales, medios de comunicación, empresarios y una ley de secretos oficiales de 1968 en un BOE aborrascado. Ahí sigue y así seguimos pero Santa Mónica y su torre capitel también continúan ahí.

Lo principal falta, al final no sabemos ni quién fue el supremo hacedor, el torero, el director de lidia. Una corrida sin reglamento con un cartel mutilado. La crónicas más serias, con excepción de las de los sobrecogedores, los que cogían y aún cogen los sobres en las recepciones de los hoteles de toreros, apuntan a que de todas las grandes corridas de estos tiempos de monarquía parlamentaria, la del cartel del 23F acabó entre mantazos, sin puntilla y algún que otro almohadillazo, tras un enorme desdibujado metisaca. 

No se sabe qué es peor. Que en Génova no sepan qué hacer o que tengan una idea. Lo primero puede ser un error. Lo segundo a veces es una catástrofe. El viernes, Feijóo tuvo una idea que le pareció fenomenal. Castigar al Gobierno, apoyar a la monarquía y aprovechar una noticia que estaba en todos los titulares. Tres por el precio de uno. Una jugada maestra. Todo eso con un solo tuit. Es un genio.

Una vez desclasificados 153 documentos sobre el golpe del 23F, el líder del PP vio su oportunidad. Hora de echar un cable a Juan Carlos. Debería volver a España para quedarse. Es culpa del Gobierno que no esté aquí y los papeles confirman que es un héroe. En Zarzuela se llevaron un susto de muerte. Y tuvieron que reaccionar. Seguro que no desean ningún mal a Feijóo, pero lo que hicieron fue hundirlo en la miseria. Que es un lugar en el que el líder del PP ha estado demasiadas veces. 

Ojo cuidao. Muy pronto, Génova se ocupó de comunicar dos cosas. En primer lugar, había sido una iniciativa personal de Feijóo. Una idea suya desde el principio al final. Lo otro es que había llamado media hora antes a Zarzuela para que Felipe VI estuviera enterado. Qué detalle. Así el rey tuvo 30 minutos para golpearse con la cabeza en la pared y decir: no, otra vez no. 

No es la primera vez que el PP afirma que le gustaría que Juan Carlos regrese a España y abandone su residencia de lujo, que a saber quién paga, en los Emiratos. Por ahí, nada nuevo. Pero Feijóo quiso sacar pecho y presentarse como un gran defensor de la monarquía, no como ese Pedro Sánchez que quiere cargársela. Hasta que Felipe VI le sacó de su ensoñación y se vio obligado a hacer algo que no quería. Básicamente, para desmentir a Feijóo y volver a recordar a su padre lo que ya sabe.

La Casa del Rey entregó a todos los periodistas que preguntaron este texto que no es muy difícil de interpretar: “Como ya se ha dicho, Don Juan Carlos puede volver a residir en España cuando él quiera. En tal caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, salvaguardar la de la Corona como institución, Don Juan Carlos debería recuperar su residencia fiscal en España”.

Ouch. Eso ha dolido. Un guantazo en toda la cara. Por decirlo de otra manera, un puñetazo a Feijóo propinado en la cara del exrey. Relacionar la estancia de Juan Carlos en el extranjero con cualquier cosa relacionada con los impuestos –los que no pagó cuando amasó una fortuna en el extranjero– es lo que esperas que escriba alguien en elDiario.es. Pero no Felipe de Borbón, rey de España, jefe de Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas. 

La Casa del Rey recuerda a Feijóo que Juan Carlos no está sufriendo ningún exilio o que el Gobierno le impida volver. “Puede volver a vivir en España cuando él quiera”. Lo peor viene después. Debe dejar claro su situación fiscal, como si eso fuera complicado, para proteger su imagen y, lo más importante, la imagen de “la Corona como institución”. Traducido en términos menos amables: vamos a ver si dejamos de tocar los cojones con el regreso de Juan Carlos no sea que pongamos en peligro el futuro de la monarquía.

El regreso definitivo de Juan Carlos no es tan fácil por razones fiscales. Las declaraciones de Zarzuela en nombre del rey apuntan a ese obstáculo y lo dejan todo a expensas de una decisión del padre de Felipe VI. Tiene que regularizar su situación fiscal si pretende pasar en España al menos 183 días en el país. Para conocer en detalle lo que supone, este artículo de Álvaro Celorio lo explica muy bien. No le saldrá barato. Debe declarar todas las rentas percibidas en cualquier país del mundo, incluidas las ganancias patrimoniales por comprar o vender acciones con independencia de dónde esté su cuenta de valores.

En relación al Impuesto de Patrimonio, “debería hacer una declaración informativa, a través del conocido modelo 720, de todos los bienes y derechos que posea en el extranjero si superan los 50.000 euros. Y aquí estaría el nudo gordiano, ya que si aflora patrimonio que no declaró en sus anteriores regularizaciones, podría enfrentarse a nuevos desafíos legales”, dice el artículo. Si financia su estancia en España con sus fondos en el exterior o con donaciones entregadas por sus amigos empresarios, todo eso también tiene consecuencias fiscales. 

El problema se podría solucionar en parte si Felipe VI vuelve a conceder una asignación económica anual a Juan Carlos con cargo a los fondos que los presupuestos del Estado entregan a la Casa del Rey. No es fácil porque la razón que adujo el rey para quitársela fue que su padre contaba con una fortuna en el extranjero. Por tanto, si quiere regresar, tendría que llevar a cabo un ejercicio de transparencia que quizá no quiera hacer. Parece claro que Felipe VI no tiene la intención de perjudicar la imagen de la monarquía, y la suya propia, con más tratos de favor. Ni siquiera permitiendo que Juan Carlos vuelva a residir en el Palacio de la Zarzuela.

El PP ha exigido que el Gobierno de Pedro Sánchez se defina en público a favor de la vuelta del antiguo monarca. Si lo hiciera, el Gobierno estaría poco menos que dando órdenes a Felipe VI. Las condiciones que ha puesto el rey a su padre dejan claro en principio que es Juan Carlos quien tiene que dar los pasos necesarios para hacer posible el regreso, no el Gobierno. 

Hay mendrugos en la derecha mediática que siguen diciendo que Juan Carlos fue “desterrado”, se supone que por el Gobierno. No les importan los hechos conocidos sobre la fortuna en Suiza del exmonarca o los comunicados de Zarzuela. Seguro que creen que los escribe Bolaños desde un sótano. Frente a tanta estupidez, conviene escuchar lo que dijo esta semana Carlos Alsina en Onda Cero: “Lo segundo que ocurrió, inusual, es que la Casa del Rey quiso que se supiera que don Juan Carlos ni está desterrado, ni está exiliado, ni está nada. O sea, puede regresar cuando él quiera”. Alsina continuó diciendo que “parece obvio que, sin el tuit de Feijóo, la Casa del Rey no habría dicho ni media palabra”. 

Gran jugada, Alberto. Te hemos dejado en recepción el carné de miembro honorario de Izquierda Republicana. 

153 documentos del 23F de un interés escaso

En términos de transparencia democrática y memoria histórica, el mayor crimen en la Transición fue cometido por Rodolfo Martín Villa, ministro de los gobiernos de UCD hasta 1982. Ese Martín Villa que aparece en fotos haciendo el saludo fascista cuando era gobernador civil de Barcelona en 1974. Como ministro de Interior, ordenó destruir la mayor parte de los archivos policiales del franquismo. Lo contó en un libro Óscar Alzaga, dirigente de UCD en esos años: “España es el único país de Europa que, tras cuarenta años de dictadura totalitaria durante nuestro siglo XX, ha destruido, siendo ministro del Interior Rodolfo Martín Villa y presidente del Gobierno Adolfo Suárez, sus archivos con los informes de las direcciones generales de Seguridad y de la Guardia Civil sobre las actividades de quienes desde la ilegalidad combatieron el franquismo”. 

Ese fue uno de los últimos servicios que Martín Villa hizo al franquismo en un intento de ocultar el alcance del aparato represivo de la dictadura. Por eso, pensar a estas alturas que una desclasificación de documentos del golpe del 23F iba a arrojar una luz definitiva sobre esos acontecimientos era demasiado ingenuo o demasiado bonito para ser verdad. Es una decisión que llega muy tarde y es inexplicable que se haya tardado tanto tiempo (no miro a nadie, Margarita Robles). 

Los hallazgos son mínimos. La mayoría de ellos había aparecido antes en libros publicados en años posteriores. Toda la documentación encontrada, según lo que ha dicho el Gobierno, se reduce a esos 153 documentos. No hay que ser un desconfiado para suponer que fueron destruidos los papeles que podían apuntar a personas concretas no conocidas en la preparación del golpe. A fin de cuentas, muchos integrantes de los servicios de inteligencia del Cesid estuvieron implicados, aunque al final sólo dos de sus miembros fueron condenados. 

Se ha hablado mucho de las transcripciones de las comunicaciones telefónicas realizadas entre el Congreso y otras sedes de la Administración en la noche del 23F. No se incorporaron al sumario de la investigación judicial, probablemente porque ya habían sido purgados. Como ha explicado Carlos Fonseca, la documentación aportada “es irrelevante para resolver las dudas sobre los meandros del golpe que arrastramos desde hace cuarenta y cinco años”.

Los papeles cuentan “muy poco o nada del contexto previo o de la gestación del golpe”, escribe el historiador Gutmaro Gómez Bravo. Ese es el mayor agujero. “Todo lo que ha trascendido a lo largo de estos años evidencia que no fue una acción militar aislada, sino que tuvo una coordinación con una potente estructura organizada con anterioridad”. En el juicio sólo fue acusado y condenado Juan García Carrés de la que se llamó la trama civil, que ya se ve en las conversaciones que era un personaje estrafalario, como el personaje de cómic Martínez el Facha. 

Siempre he pensado que si Juan Carlos hubiera estado implicado en el golpe, este habría triunfado de una manera u otra. Y no fue eso lo que ocurrió. Pero lo que hizo antes del golpe, su interés manifiesto en deshacerse de Suárez y su relación con Alfonso Armada son asuntos muy diferentes. Escribí sobre ello en este artículo a cuenta de las relaciones –idílicas al principio y tormentosas al final– entre Suárez y el rey. Pero ese es un tema que es improbable que haya sido conservado en documentos por lo que decía antes. Lo que podría resultar incriminatorio o sospechoso habrá sido probablemente eliminado.  

Razón de más para que el Congreso apruebe una Ley de Secretos Oficiales, una tarea pendiente desde hace varias legislaturas. Ni el PSOE ni el PP han mostrado un gran interés a lo largo de los años.

La desclasificación de documentos hasta ahora ocultos del intento de golpe de estado del 23F vuelve a reabrir el largo debate sobre la legislación española de los secretos oficiales. La ley vigente, promulgada por el dictador Franco en 1968, aún mantiene bajo llave ingente material clasificado de episodios fundamentales de nuestra historia reciente y no tan reciente, principalmente del franquismo, la Transición y el principio de la democracia. Y la razón es sencilla: lo que dice esa ley franquista es que todo es secreto por defecto y para siempre, a menos que un juez o el Gobierno digan lo contrario.

Archivos sobre la guerra sucia de los GAL contra ETA, el asesinato de Carrero Blanco, operaciones económicas del régimen y la familia Franco, espionaje y torturas policiales o incluso detalles de los pactos con la Alemania nazi o la Italia de Mussolini siguen sin ver la luz décadas después. Y las perspectivas de una reforma legal que sitúe a España en los estándares democráticos de los países de su entorno respecto a sus secretos oficiales chocan de lleno con las dinámicas actuales del Congreso de los Diputados. 

Actualmente, en la Cámara Baja se encuentran registradas dos propuestas diferentes. Una de ellas es del PNV, el partido que reclama de manera más insistente y desde hace más tiempo una reforma que considera urgente. “Llevamos casi una década intentando que se reforme la ley. Hemos presentado hasta cinco iniciativas, una por legislatura desde el año 2016, y siempre se han buscado excusas”, explican desde el Grupo Vasco. 

En el Congreso ya se debatió una iniciativa de los nacionalistas vascos que empezó su tramitación parlamentaria hace justo dos años, en febrero de 2024. Entonces, el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Junts permitieron que pasara el primer filtro de la Cámara. Y la propuesta, básicamente, se resumía en dos puntos: limitar la desclasificación de documentos a los 25 años con una prórroga máxima de diez y que la decisión recaiga exclusivamente en el poder político y no dependa de ninguna otra instancia. 

Pero desde entonces, el texto continúa bloqueado y no se ha producido ningún avance. En el PSOE alegan que se trata de una iniciativa que no cumple “con los mínimos requisitos exigibles” para una legislación de este tipo. Y por eso descartan que la vía emprendida por los nacionalistas vascos pueda fructificar. “Lo que plantean es una reforma mínima de la ley franquista y necesitamos una ley nueva acorde a las demandas europeas y de la OTAN. Por eso nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en una propuesta que hemos elaborado de la mano de nuestros socios comunitarios, de la propia OTAN y de los servicios de información nacionales y extranjeros”, explican desde las filas socialistas. 

En verano del año pasado el Consejo de Ministros remitió al Congreso la nueva Ley de Información Clasificada. En el texto se establece por primera vez la desclasificación automática de información confidencial cuando transcurran determinados plazos. Algo que, según el Ejecutivo, sitúa a España en línea con las legislaciones más avanzadas en esta materia. El proyecto de ley regula cuatro categorías de información clasificada: “Alto Secreto”, “Secreto”, “Confidencial” y “Restringido”. Las dos primeras serían competencia exclusiva del Consejo de Ministros y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. El tiempo máximo de clasificación sería de 45 años, prorrogables de forma motivada otros 15 años.

El problema con esta ley es, sin embargo, el mismo que el de tantas otras. El portazo de Junts en noviembre, que rompió de facto la colaboración parlamentaria con el Gobierno, mantiene la legislatura en stand by desde el punto de vista de la producción legislativa. Los de Puigdemont anunciaron entonces enmiendas a la totalidad a todas las normativas propuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que estén en tramitación y su rechazo a las nuevas que lleguen al Congreso. Y eso incluye desde el proyecto de Presupuestos hasta normativas como la de los secretos oficiales. Así que desde el PSOE alargan los plazos y miran al PP. 

“El proyecto de ley continúa en período de enmiendas. Ahora mismo no serviría de nada intentar tramitarlo porque tenemos garantías de que Junts elevaría una enmienda a la totalidad y la tumbaría y que el PP tampoco está por la labor de colaborar. Pero deberían replanteárselo, porque esto no es un capricho del Gobierno. Nos están presionando hasta los servicios de información de países aliados, que nos demandan una regulación moderna sobre el intercambio de información confidencial. Esperemos que cuando pase este primer ciclo electoral haya alguna opción de que entren en razón”, plantean desde el grupo parlamentario socialista. 

Las críticas del PNV

Lo que dice el PNV en privado y comparten otros socios del Gobierno es que, en realidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene especial interés en desclasificar documentación que podría resultar comprometedora para diferentes niveles del estado. Y que se trata, por tanto, de una mera cuestión de voluntad política. “Con el 23F vemos cómo el Gobierno, cuando tiene interés, puede hacer lo que hasta ahora ha negado: desclasificar documentos por voluntad política en un Consejo de Ministros”. 

“Si el Gobierno español no tiene intención de negociar con los grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma legislativa”, continúan esas mismas fuentes del Grupo Vasco, “le pedimos que con la misma voluntad política que ha mostrado con el 23F desclasifique muchos más documentos declarados secretos, como los del asesinato de Mikel Zabaltza, los sucesos del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, los sanfermines de 1978 o el atentado del bar Aldana, entre otros”, añaden los nacionalistas vascos, que invitan al PSOE a desbloquear su propuesta. “Junts prometió tumbar las leyes del Gobierno, pero no la de otros grupos parlamentarios. Que apoyen la nuestra y luego enmienden lo que quieran cambiar”. 

Lo que en España parece por ahora imposible lleva mucho tiempo, en realidad, funcionando con normalidad en otros países de nuestro entorno que también han tenido guerras, terrorismo y totalitarismo y que, sin embargo, han desclasificado por prescripción automática del secreto expedientes relativos al nazismo, fascismo, atentados, espionaje o acuerdos internacionales. 

Por decisión del Consejo de Ministros, el Gobierno desclasificó esta semana los documentos que hasta ahora permanecían secretos sobre el 23F, algo más de 150 archivos con informes, conversaciones telefónicas y detalles de la intentona golpista que acabó en fracaso. Aunque aportan detalles interesantes sobre las conversaciones de aquel día, cuyo contenido se desconocía hasta ahora en la mayoría de los casos, no termina de aclararse la hipotética participación del rey Juan Carlos I en el golpe, pese a lo mucho que se ha especulado en los últimos cuarenta años y pese a todas las menciones al jefe del estado en esos archivos. 

Hay un protocolo. No cualquiera puede llegar al santoral. Pero en la Iglesia Católica es compatible una vida de pecados con alcanzar la santidad. No puntúa la media, el día a día de una trayectoria vital. Tampoco descalifica el error, por grave que sea. Pero sí son imprescindibles dos cosas: el milagro y la virtud heroica. 

Se puede ser ladrón y después santo, como San Dimas. Pecadora y santa, como María Magdalena. O cruel perseguidor de los cristianos y luego santo, como San Pablo.

Es el modelo católico de santidad con claroscuros que hoy nos propone Alberto Núñez Feijóo para Juan Carlos de Borbón. El rey emérito cometió “errores innegables”, reconoce el líder de la oposición. Pero “paró el golpe de Estado” y debe “pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.

La tesis es clara. Y a ella se han sumado esta semana otros dirigentes del PP, aprovechando la desclasificación de la documentación del 23F que aún conservaba el Gobierno bajo secreto. Unos papeles escasos, incompletos y que aportan francamente poco, pero que la inmensa mayoría de los medios de comunicación han querido presentar como la prueba del milagro del santo rey Juan Carlos. La demostración definitiva de su virtud como gran salvador de la democracia española. 

Los agujeros en esa tesis siguen siendo enormes. Casi tan grandes como la documentación sobre el golpe de Estado que sigue sin aparecer y que probablemente fue destruida muchas décadas atrás. Solo han llegado al siglo XXI unos pocos pinchazos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981: las llamadas de la mujer de Antonio Tejero, lamentando el destino del “tonto desgraciao” de su marido; o la conversación que tuvo Tejero, desde el Congreso, con el ultra García Carrés. Son transcripciones de pinchazos telefónicos cuya existencia demuestra lo mucho que aún sigue oculto o se destruyó. Si estas llamadas se grabaron, ¿alguien cree que todas las demás no?

Sabemos ya mucho del 23F. Del papel del rey en sus comienzos, del que tuvo en su resolución. Es evidente que Juan Carlos de Borbón alimentó el caldo de cultivo del golpe, con sus desprecios al presidente Adolfo Suárez, sus presiones para que dimitiera, su calculada ambigüedad ante el malestar militar y su falta de firmeza democrática ante aquellos que le hablaban de un “golpe de timón”. También es innegable que la intervención del rey por televisión fue determinante y supuso el fracaso definitivo de la asonada. Y menos mal. Aquella madrugada, con los tanques en las calles de Valencia y el resto de las divisiones pendientes de su decisión, Juan Carlos de Borbón hizo lo correcto y evitó un mal aún mayor.

No hay ninguna prueba que demuestre que el rey estaba al tanto de lo que ocurriría el 23F. Pero sigue siendo una incógnita el verdadero papel que desempeñó el general Alfonso Armada, el hombre de la máxima confianza de Juan Carlos de Borbón. Si actuaba por libre, o a las órdenes del rey o solo inspirado por los reiterados desprecios contra Suárez del Borbón.

La sentencia del 23F condenó a Alfonso Armada a 30 años de cárcel, la misma pena que Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch. En 1988 fue indultado por el Gobierno de Felipe González. Salió poco después, con la excusa de su delicada salud. Una salud tan mala que pudo vivir otro cuarto de siglo tras su excarcelación.

Hace año y medio supimos algo más, un detalle importante: lo que Juan Carlos de Borbón le contó en la intimidad de la alcoba a una de sus amantes, Bárbara Rey: “Armada estuvo siete años en la cárcel y jamás ha dicho una palabra”. Las preguntas son evidentes: ¿Qué sería eso, tan importante, que el general Armada se calló? ¿Tuvo que ver su silencio con el indulto que recibió?

En esa misma conversación con Bárbara Rey, donde elogia la lealtad del golpista Armada, Juan Carlos de Borbón también lamenta lo mucho que habló Sabino Fernández Campo, el jefe de la Casa Real durante el golpe. El exministro José Bono, en el último volumen de sus memorias, recoge una interesantísima conversación con Sabino, donde explica la reunión previa al golpe que el rey mantuvo con otro de los sublevados, el general Milans del Bosch.

“Sabino juzga extremadamente relevante esta audiencia. Cree que Milans «quizá entendió lo que dijo el rey de tal manera que pudo ser desencadenante involuntario del 23 de febrero. De lo que no tengo duda es de que el rey le dijo a Milans que la situación era insoportable, que había que tomar alguna decisión, porque esto se lo escuché con posterioridad. Es decir, le dijo lo que Milans venía a contarle. 

Continúa Sabino: «El rey lloró el 23-F cuando escuchó el tiroteo en el Congreso, y me dijo que no esperaba tiros. No esperaba disparos, pero ¿esperaba algo? Yo creo que esperaba algo acorde con la ley, porque Alfonso Armada le había llevado un escrito de un famoso catedrático de Derecho Constitucional que proponía que el rey se presentara personalmente en el Congreso de los Diputados y, después de un discurso en el que destacase la mala situación de España, propusiera un Gobierno presidido por un independiente, previsiblemente Armada. Al rey no le gustaba tener que ser él quien se presentara ante el Congreso. Le advertí de que se trataba de una proposición contraria a la Constitución, ¡menos mal que estaba yo allí!».“

¿Me dijo Sabino la verdad?“, se pregunta Bono en su libro. ”No puedo demostrarlo. De lo que estoy seguro es de que cuanto relato responde fielmente a sus declaraciones“.

Hay otra duda legítima, que tampoco resuelven estos documentos. ¿Qué habría pasado si Tejero hubiera aceptado el plan de Armada: un gobierno de concentración nacional bajo su presidencia? ¿Se habría emitido también ese mensaje del rey en defensa de la Constitución? El orden de los factores es importante. Esa condena televisiva del rey al golpe de Tejero solo se hizo pública cuando el golpe de Armada ya había fracasado. Siete horas después del asalto del Congreso.

Pero la beatificación del rey Juan Carlos que plantea Alberto Núñez Feijóo no solo hace agua porque estos nuevos papeles siguen sin aclarar las grandes incógnitas del 23F. El presidente del PP también olvida tres datos importantes cuando plantea que se permita al emérito regresar a España en esta última etapa de su vida.

El primer olvido: que no hay ninguna condena de destierro que haya que indultar. Juan Carlos de Borbón es un ciudadano libre que puede volver a España cuando le dé la real gana. De hecho lo hace habitualmente, pasa largas temporadas aquí.

El segundo olvido: que la razón por la que el rey se fue a Abu Dabi nunca fueron las dudas sobre su papel durante el 23F. Salió de España porque se lo pidió su hijo, Felipe VI, que hizo bien en marcar distancias con los fraudes ante Hacienda de su padre y esa fortuna millonaria que escondía en paraísos fiscales.

El tercer olvido: que el verdadero problema de su regreso a España es su residencia fiscal, como ayer puso sobre la mesa la propia Casa Real. Si duermes más de 183 días al año en España, es obligatorio tributar también en este país. Y declarar todos sus ingresos y patrimonio ante Hacienda.

En España los impuestos son bastante más altos que en Emiratos. Las donaciones de alguien que no es un familiar, como los millones que habitualmente le pagaban sus “hermanos” de las monarquías saudíes, tributan entre el 34% y el 81%.

El rey emérito también tendría que aclarar si ya ha devuelto los cuatro millones de euros que le prestaron algunos de sus amigos millonarios para así poder pagar las multas a Hacienda. Hace pocos meses, en elDiario.es desvelamos en exclusiva el contrato de uno de esos préstamos al rey. Firmó un 3% de interés anual y hay solo dos opciones posibles, ninguna buena para su asesor fiscal. Si el rey no ha devuelto ese dinero, ese préstamo podría ser considerado como una donación encubierta. Y si lo hizo, tendría que aclarar de dónde salió el dinero para pagar. 

La Iglesia católica solo perdona los pecados si hay arrepentimiento, algo de lo que el rey carece, a juzgar por lo publicado en sus memorias. Y en la tradición católica, la virtud heroica se acredita al final de la vida, no en un momento de gloria del pasado. Los santos pasan del pecado a la virtud, y no al revés. Feijóo propone exactamente lo contrario: beatificar al rey por lo que hizo hace cuatro décadas e ignorar lo que ha hecho desde entonces.

Juan Carlos de Borbón lleva sus últimos años en Emiratos Árabes Unidos, disfrutando de su fortuna, sin pedir perdón por nada. El milagro del 23F, si es que ocurrió, fue hace mucho tiempo. Y desde entonces, el santo ha caído.

La desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado ofrece detalles y subtramas suculentas para los expertos en este subgénero. Contribuirá probablemente a apuntalar una versión oficial de la transición que entroniza a la clase política, incluyendo al Rey, como garantes irrevocables del sistema heredado.  

No ha quedado tiempo, sin embargo, para reflexionar sobre las corrientes de fondo, sobre las redes, grupos de poder y decisiones que condujeron a que esta situación fuera inevitable. Una serie de tramas civiles, económicas y políticas que exigían un ‘golpe de timón’ ante una democracia que, para algunos, se había vuelto demasiado precaria, pero que para otros (más poderosos e influyentes) amenazaba con resultar excesiva. Un poco de contexto, que ofrezco con detalle en mi nuevo libro, ‘Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939’, podría ayudarnos a ver la verdadera lección que subyace. 

En 1975, Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki publicaron el informe sobre ‘La crisis de la democracia’ en el seno de la Comisión Trilateral, que reunía a líderes políticos y empresariales de los Estados Unidos, Europa y Japón frente al sempiterno enemigo comunista. El informe alertaba sobre los peligros inherentes a otorgar a las masas demasiadas atribuciones políticas. La crispación generada por las luchas raciales y la crisis del capitalismo iniciada en 1973 con el aumento de los precios del petróleo sugería a los líderes del denominado mundo libre organizarse ante una nueva amenaza. La conclusión de dicho informe subrayaba una recurrente y paradójica moraleja elitista: los excesos democráticos podían acabar con el sistema parlamentario.  

En 1979, la Trilateral integró a los primeros representantes de la élite corporativa española. Entre estos, a miembros de la familia Garrigues-Walker, una saga de abogados que había sido clave en la apertura comercial y en la entrada de las principales corporaciones estadounidenses a partir de 1959. Uno de los miembros de dicha familia, Joaquín Garrigues-Walker, ejerció de ministro de Obras Públicas y Urbanismo y Adjunto a la Presidencia con Adolfo Suárez entre 1977 y 1980. 

Poco antes de que le fuera diagnosticada una leucemia que acabaría con su vida, Garrigues-Walker ya había abandonado a Suárez, con quien había colaborado activamente durante la transición. El presidente del gobierno acusaba un declive en su popularidad mientras la crisis inflacionaria había llevado las contradicciones trabajo capital al máximo y los atentados etarras habían excitado el ánimo ultra de muchos militares. 

Pero Suárez acumulaba otras deudas y rencores que le perseguían y que pocas veces se mencionan por resultar menos espectaculares. La patronal CEOE, reorganización de la clase capitalista tras la caída del sindicato vertical, estaba presidida por el empresario farmacéutico Carlos Ferrer Salat. Esta había rechazado numerosos aspectos de los acuerdos de los Pactos de La Moncloa que, para los empresarios, suponía mayores regulaciones. También un nuevo impuesto, el IRPF, aprobado en 1977. El pacto tributario rompía el paréntesis fiscal del franquismo, que había evitado que, en síntesis expresada por el economista Ramón Tamames, los hijos de los vencedores tributaran como los de los vencidos. La ley del divorcio, promulgada en septiembre de 1981, hacía a muchos representantes del conservadurismo temer por la destrucción de la familia tradicional.  

Detrás de todo ello latía el conflicto social y las crecientes demandas del pueblo español, en línea con los temores de la Trilateral, preocupada, además, por el futuro de las democracias capitalistas de la Europa meridional después de la Revolución de los Claveles en Portugal. Los trabajadores, agrupados en sindicatos de clase como Comisiones Obreras y UGT, peleaban por evitar una lacerante pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente. 

Contagiados por los experimentos socializantes en países como Alemania o Suecia, donde los representantes sindicales adoptaban decisiones en los consejos de Administración de las empresas, los trabajadores trataban de avanzar hacia una versión patria del socialismo democrático. El propio Manuel Jiménez de Parga, ministro de Trabajo de Suárez, había hecho en 1977 declaraciones a favor de la autogestión empresarial y de una mayor participación laboral en los organismos empresariales; el futuro ministro socialista Miguel Boyer, uno de los responsables de la desamortización del aparato industrial, había abogado por un modelo productivo a la yugoslava en un debate televisivo al inicio de la transición.  

Todo ello, acompañado de la presión del Partido Comunista y del PSOE, mayoritarios en los ayuntamientos desde 1979, había conducido a Suárez a una deriva socialdemócrata que abrió la brecha con los liberales atlantistas que apoyaban al gobierno. Dicha brecha se hizo infinita cuando el primer ministro expresó sus dudas sobre la necesidad de entrar en la OTAN, una irrenunciable expectativa de los Estados Unidos, tutores de España desde la década de los cincuenta. 

De ahí que el mencionado golpe de timón, el punto de partida para todas las tramas que conducen al 23F, no deba ser visto solamente como una operación patriótica para evitar el caos, sino como un impulso elitista para estabilizar una nación que no podía permitirse experimentos que recordaran mínimamente a los iniciados en 1931 y que, además, podían alterar el equilibrio geoestratégico en el que los Estados Unidos trabajaban desde el inicio de la Guerra Fría. 

Todo un frente político, empresarial y periodístico se puso en contra de un presidente a quien posteriormente se ha considerado como poco menos que un santo laico. Muchos cronistas que celebran todas las onomásticas constitucionales clamaron por un gobierno de concentración en el que los militares lideraran el enderezamiento de una nación que no podía aspirar a gobernarse sola.  

Más allá de que determinados puntales de la banca española ofrecieran asistencia y refugio a los golpistas y de que la renqueante Prensa del Movimiento todavía alentara un golpe de Estado con sabor a 18 de julio, deberíamos reflexionar sobre las corrientes aquí mencionadas. En ‘Las élites que dominan España’ se abunda en los grupos de poder que nos gobiernan con nuestro permiso desde el final de la guerra civil. El mantra y sustrato de creencias que hace todo esto posible es que necesitamos quien nos salve de nosotros mismos. Pese a que este debate no haya salido en la prensa, lo sucedido en torno al 23F debería recordárnoslo. Hablemos de ello.  

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado este viernes que el histórico Xabier Arzalluz “mandó a paseo” en su día a “alguien de otro partido” que propuso al PNV entrar en el Gobierno que se pretendía instaurar tras el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y ha afirmado que no encontrarán ningún nombre del partido “vinculado a la trama golpista”.

En un desayuno del Fórum Europa celebrado este viernes en Bilbao, el líder de la formación nacionalista ha asegurado que ningún nombre del PNV se encontrará en el pretendido Gobierno de concentración nacional acordado por el general Alfonso Armada para pedir la investidura tras el pronunciamiento. El PNV sí sabe, por boca de Arzalluz, entonces diputado en el Congreso, que “alguien de otro partido, sorprendentemente”, se le acercó para comentarles para hablar y le dijo que “igual un Gobierno de tal, de concentración, patatín y patatán”. “Y Xabier Arzalluz le mandó a paseo”, ha indicado.

El presidente del PNV cree que la desclasificación parcial de los papeles del 23F acometida por el Gobierno y la forma en que se ha hecho, de forma “limitada”, tiene “en gran medida, un celofán bastante grande de marketing” y, “sobre todo, demuestra que el Ejecutivo puede desclasificar todo aquello que quiera si es que hay voluntad”. Por ello considera que el Gobierno puede desclasificar el caso de Mikel Zabalza, “que se pidió unánimemente por el Parlamento Vasco” y por la Cámara de Navarra, y que el PNV ha reclamado “una y otra vez en el Congreso”. O también los relativos al 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Para Esteban, la transparencia “no puede ser selectiva” ni tampoco “depender de la voluntad del Gobierno” con un “ahora sí, ahora no, ahora hago esto, ahora no quiero”. “Lo que hay que hacer es cambiar la ley de secretos del Estado, es una ley del año 1968 nada menos, de la época franquista, y hay que dejarse de favores o voluntades de un momento determinado”, ha defendido.

En opinión del PNV, se podría haber fijado una fecha, en este caso el 23F, y a partir de ella, desclasificar todos los documentos anteriores“. De esta forma, Esteban cree que se habría conseguido saber ”que todos los documentos que estaban están desclasificados“ y ”no estuvieran seleccionados“. ”Tampoco nos hubiéramos encontrado con algunos documentos con tachones, porque hay documentos que se han publicado ahora que tienen tachones de nombres y apellidos“, ha dicho. Por ello, se ha preguntado ”qué se está protegiendo“ y si esto es ”transparencia o no“, como le ocurrió cuando, como diputado, solicitó unas actas que le entregaron una semana después de solicitarlas. ”Me entregaron unos papeles en los que tenía que ver si se transparentaba el nombre de algunos debajo del tachón“, ha añadido.

Tampoco considera “serio” desclasificar “a trompicones y por voluntades” y ha vuelto a pedir que se modifique la ley, una petición en la que el PNV se ha encontrado “muy solo” durante 10 años. La intención de la formación nacionalista es lograr “una ley democrática ajustada al estándar europeo”. Ha animado a “finiquitar” la prórroga del periodo de enmiendas y, después, “cada uno tendrá que retratarse”.

El 23F se ha contado mil veces, de todas las formas y en todos los formatos posibles, pero faltaba la versión del Estado, que ha mantenido clasificados bajo secreto oficial desde 1981, al menos 153 documentos. Papeles confidenciales que estaban en el Ministerio de Defensa, en el de Interior, en Presidencia, en el CNI y que, 45 años después, el Gobierno ha decidido publicar sin mucho contexto. Hay transcripciones de llamadas telefónicas, informes de inteligencia, documentos sin firmar y hasta dibujos. 

Estos papeles tan secretos ¿desvelan algo relevante o que realmente no se supiera? ¿Cambian el sentido de la historia? Hablamos con Raquel Ejerique, Marta Borraz e Iñigo Aduriz, miembros del equipo de elDiario.es que ha explorado esos documentos. Con Carlos López Fonseca, uno de los escritores y periodistas que más ha indagado en el 23F, calibramos la relevancia del material revelado por el Gobierno. 

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En 'Asesinato en el Oriente Express', el detective Hércules Poirot, creado por la imaginación de Agatha Christie, debe dilucidar la responsabilidad de un asesinato a bordo del célebre ferrocarril detenido por una tormenta de nieve. Los pasajeros del convoy se convierten en sospechosos porque, además, cada uno de ellos tenía motivos para asestar su puñalada. En noviembre de 1980, Adolfo Suárez era el Samuel Ratchett al que todos ansiaban ultimar. 

Uno de los documentos relativos al 23-F desclasificados por el gobierno describe la compleja urdimbre de tramas cuyo último objetivo era colocar una diana sobre él. Se trata de la unidad documental titulada “Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)”. Varios medios se han referido a ella como el bosquejo del plan diseñado por los golpistas. En mi opinión, son los apuntes de un agente de los servicios de información infiltrado entre los conspiradores. Su redacción sigue un patrón: descripción de la operación observada; identificación de los responsables; y evaluación de la viabilidad, no quedándose en un momento estático, sino aventurando la posible evolución acorde al potencial deterioro de la situación social y política. 

Las múltiples tramas anteriores al 23-F se analizan en las seis primeras páginas del documento bajo el rubro “Panorámica de las operaciones en marcha”, subdivididas en civiles, militares y protagonizadas por “expontáneos” (literal). Lo primero que llama la atención es que el informante otorgó idéntico rango a las conspiraciones militares que a las intrigas internas de la Unión de Centro Democrático (UCD), las entabladas por la corriente democristiana liderada por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón -a quien Leopoldo Cavo Sotelo llamaría el buque insignia de los submarinos que estaban hundiendo al partido-, o la “azul” de los antiguos cuadros del Movimiento encabezados por Rodolfo Martín Villa. También metió en el mismo saco legítimos recursos de oposición como la moción de censura impulsada por el PSOE, la absorción por parte del partido de Felipe González del sector socialdemócrata de la UCD o el perfil bajo adoptado por el PCE. Era, sin duda, un reflejo del escaso rodaje de la cultura democrática que aquejaba aún a los funcionarios de los aparatos duros del Estado en transición. 

Las más interesantes de las descritas eran las operaciones con un componente militar: la “de los Tenientes Generales”, la “de los coroneles” y la de los citados “expontáneos”. A medida que se descendía por la escala de mando, los proyectos estaban más perfilados, los objetivos eran más definidos y los métodos se preveían más contundentes. El operativo de los Tenientes Generales era un golpe rectificador bajo forma de pronunciamiento clásico: dada la situación creada por la triple confluencia del terrorismo, la centrifugación territorial -la multiplicación de autonomías- y el deterioro del orden público, aspiraban a un gobierno cuyas cabezas visibles fueran un general en la reserva “con capacidad de arrastre” y un político reputado, todo bajo los auspicios de un rey “que actuaría constitucionalmente”. Se llegaba a manejar la posibilidad de que si el jefe militar era alguien de reconocido prestigio como Gutiérrez Mellado o Díez Alegría -el general al que a raíz de la revolución de los claveles le remitieron monóculos para que se convirtiera en un remedo de Antonio de Spínola-, la opción podía contar con el apoyo de dirigentes del PSOE. El éxito de esta opción estaba directamente relacionado con una rápida degradación del contexto sociopolítico.

“Los coroneles” no tenía prisa. Creían que la situación colapsaría en un plazo máximo de dos años y se preparaban para que fuese el “pueblo el que llamase a las Fuerzas Armadas”. No tenían inconveniente en que hubiese un gobierno de gran coalición UCD-PSOE, porque pensaban heredar sus cenizas y promulgar, sobre el solar achicharrado, una nueva constitución de talante doctrinario. Su principal hándicap era que carecían de una expresión política que les prestase sustento, pero el informador consideraba “imparable” su acción si las circunstancias evolucionaban como preveían.

Los “expontáneos” eran los incorregibles de la Operación Galaxia. Su concepto del golpe era vanguardista: conscientes de que no había consenso en el estamento militar, creían que, si un pelotón de audaces daba un paso al frente, el resto acabaría por seguirles. Políticamente contaban con el apoyo de “fuerzas nacionales” a las que pensaban atribuir una misión de colaboración paramilitar. Su apuesta programática era simple: reforma constitucional en sentido iliberal, reversión del proceso autonómico, nueva ley laboral y sindical -con orientación sin duda corporativista-, ley de orden público y combate contra el terrorismo. Estaban por la simplificación del mapa político: una derecha y unas “fuerzas nacionales” reorganizadas, un PSOE obligado a “desmarxistizarse”, la erradicación del comunismo y la ilegalización de los partidos separatistas. Una propuesta con ecos extrañamente actuales…

Ha pasado bastante desapercibido, dada la salida en tromba para exonerar al rey emérito de cualquier atisbo de complicidad, tolerancia o mera inacción respecto a estos planes el hecho de que los dos operativos militares (el de los Tenientes Generales y del de los coroneles) confluyeran en intereses y objetivos con una denominada “operación mixta” impulsada por Rodolfo Martín Villa. Partidario de un gobierno de coalición UCD-AP, no habría tenido inconveniente en que lo encabezase en un principio Manuel Fraga Iribarne. El hiperactivo Fraga jugaba en varias ligas: se le citaba como quien había “convocado a unos generales para un encuentro en la costa levantina” a fin de convencerles de que, faltos de “cobertura política de partido”, él podía postularse como “líder civil” junto al “general con arrastre”. Al mismo tiempo, se rumoreaba que el de Villalba buscaba el contacto con los coroneles. Se sabía, por otra parte, que los “expontáneos” apoyaban una unificación entre AP y los restos de la UCD para que hubiera una sola derecha y que estaban dispuestos a plegarse a las condiciones de la “mixta” si eso tenía mayores garantías de éxito que su golpe duro. Todas las opciones presumían contar, en mayor o menor medida con la cobertura institucional de la corona. Eran legión los que, desde Zarzuela a la sede de la Capitanía de la 3ª Región Militar, tenían la daga afilada y esperaban el momento propicio bajo la tormenta de nieve.

Tiene que haber un motivo poderoso para que el Gobierno decida, de repente y sin mucha explicación previa, hacer pública una serie de documentos relativos al golpe de estado del 23 febrero de 1981 que hasta ahora eran secretos. La explicación se puede encontrar en la sorprendente unanimidad de los grandes diarios españoles a la hora de titular la noticia, en primera página y con gran despliegue tipográfico. Como solo ocurre en las grandes ocasiones.

Así lo presenta El País: “Los archivos secretos del 23 F avalan el papel de Juan Carlos I”. Así el ABC: “El Rey paró el golpe”. Este es el título de El Mundo: “Sin novedad en el 23 F. El rey paró el golpe”. Este, el de La Vanguardia: “Los golpistas del 23F atribuyen el fracaso a dejar libre al Rey”. Y, por último, La Razón: “Los ”secretos“ coronan a Don Juan Carlos en el golpe”.

En muchos años no se ha producido una coincidencia tan apabullante. Tanta, que cabe la sospecha de un entendimiento, cuando menos una comunicación entre unos y otros, para transmitir un único mensaje: el de que el rey emérito fue el salvador de la democracia española. ¿Y por qué era preciso transmitir esa idea de manera tan contundente, como si fuera una necesidad nacional a la que ningún medio, más allá de su posicionamiento ideológico o político podía sustraerse?

Alberto Núñez Feijóo ha respondido a esa pregunta en la mañana de este jueves, tras haber metido la pata el día precedente criticando la iniciativa del gobierno. Acostumbrado desde años, él y su gente, a poner a parir cualquier cosa que viniera de La Moncloa, el miércoles apretó el botón de la rutina crítica sin mayor miramiento y despreciando la iniciativa del gobierno. Hasta que debió llegar alguien que le dijo: “Esta vez no. Esta vez es buena y hay que apoyarla”.

Y sin dudarlo un ápice, que él es un militante disciplinado, al día siguiente, donde dije digo, digo Diego: “La desclasificación de los documentos del 23F debería reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”. Más allá de que Feijóo acaba de dar un argumento más a quienes creen que un político tan limitado y que mete la pata tanto como él no debería ser llamado a presidir el gobierno de España, para rematar su error de bulto el líder del PP ha revelado la intención última de toda la maniobra de la desclasificación. Que seguramente sus organizadores pensaban transmitir de una manera más pausada, en aras de su eficacia.

Pero, aunque no haya sido del modo previsto, Feijóo ha dado la clave de la operación. Lo que sus autores han pretendido con ella es lavar en la medida de lo posible la muy deteriorada imagen del rey emérito, con el fin de hacer más digerible su, ahora ya sí, más que previsible vuelta a España desde su voluntario exilio en Abu Dhabi. Ahí está todo el misterio, el porqué se ha dado a los documentos revelados una importancia que no tienen, el porqué de esa inaudita coincidencia de todos los grandes diarios en ensalzar el papel de Juan Carlos I a la hora de salvar la democracia… hace 45 años. Y Feijóo, sin enterarse de que todo se hacía para evitar el oprobio que para el Estado supondría que el emérito muriera lejos de las fronteras españolas. Por mucho que fuera por culpa de las enormes ilegalidades que había cometido. El interés nacional estaba por encima de eso.

Todos los años, a finales de diciembre, en el Reino Unido toca pensar en qué pasó hace dos décadas. También en qué pasó que no sabíamos exactamente. Los archivos nacionales publican la información desclasificada de resúmenes de reuniones del Gobierno, telegramas diplomáticos, notas de gastos y otra información considerada confidencial entonces. La publicación es sistemática y accesible, según una ley de 1958, cuya aplicación se ha ido actualizando con la tecnología. El estándar ahora es la publicación de documentos de 20 años atrás.

Así, en diciembre, pudimos leer sobre las presiones de Tony Blair para que los soldados británicos no fueran juzgados en tribunales civiles por la muerte de un iraquí, sus comentarios sobre sus buenos contactos en 2004 con Vladímir Putin y el convencimiento de que era un “aliado” del Reino Unido en la lucha contra el terrorismo, o el apoyo a la Comisión Europea del conservador José Manuel Durão Barroso por encima de las reticencias de los eurodiputados laboristas.

El sistema no es ni mucho menos perfecto ni tan transparente como se presume. Este diciembre, en el último momento, los Archivos Nacionales retiraron información sobre los gastos de viaje del expríncipe Andrés cuando era enviado de comercio, una posición en el centro de la investigación por la que fue detenido hace unos días. Los periodistas, que tienen acceso a una versión embargada de los cientos de documentos un poco antes de la publicación, sí los habían visto. La monarquía sigue siendo la institución más opaca y cada año trata de limitar la difusión de documentos que la conciernen.

En todo caso, los Archivos Nacionales hacen un esfuerzo de transparencia constante que no sólo consiste en colgar unos PDF. También trabajan para ordenar y explicar sus colecciones, hacen exposiciones y destacan documentos noticiosos. Algunos se pueden descargar de manera digital y otros hay que pedirlos. Sólo el hecho de tener estas reglas obliga a un ejercicio de orden que ayuda a entender el pasado reciente. 

En contraste, tenemos el caos de España, sin una ley de secretos oficiales actualizada en democracia y que depende del gusto de cada gobierno y cada ministerio. El resultado son publicaciones desordenadas y de difícil acceso. Lidiar con la ley de transparencia para solicitar información es una ocupación aparte. Ni este gobierno ni los anteriores han hecho esfuerzos claros por mejorar el acceso, como repite Civio, el medio ejemplar dedicado a la transparencia y que ha conseguido algunos avances de los que nos beneficiamos todos. El anteproyecto de ley de la Administración abierta sigue teniendo muchas lagunas, como explica Civio.  

La publicación de los papeles del 23-F es un ejemplo más de ejercicio loable, pero que se ha quedado a medias y cuya ejecución no ha incluido un esfuerzo para ordenar y explicar mejor la documentación. Como pasa a menudo en España, falla el sistema, faltan reglas claras para no depender del azar de quién esté en el poder y la voluntad del momento. 

Ya lo dijo Tarradellas: “En política 'es pot fer tot, menys el ridícul'” (“En política se puede hacer todo, menos el ridículo”). Avisaba así el molt honorable de esa tendencia de algunos políticos a ser el hazmerreír del respetable. Una y otra vez. Una y otra vez. Alberto Núñez Feijóo es uno de ellos. No pierde ocasión para retratarse y dejar al descubierto sus contradicciones y su inconsistencia.

Resulta que cuando el Gobierno anunció que tenía intención de desclasificar los papeles del 23F lo que pretendía Pedro Sánchez, a juicio del líder de la oposición era extender una cortina de humo sobre otros asuntos y, ahora, se trata de una operación muy útil. Aclárese, señor Feijóo: una cosa o la otra.

El líder del PP se ha aferrado a la lectura más interesada de todas, que es la que sostiene que Juan Carlos I salvó la democracia en 1981 y que no tuvo nada que ver con el golpe. Una versión a la que se han abonado la inmensa mayoría de los medios de comunicación y que, en absoluto, certifican los papeles que se han hecho públicos. De hecho, algunos documentos fueron redactados por el Ejército, el ministerio del Interior y los servicios secretos después de la intentona golpista con un evidente propósito de eximir de toda responsabilidad al hoy emérito. 

La desclasificación de los documentos que quedaban bajo custodia del Estado sobre el intento del golpe de Estado han venido muy bien al relato oficial -“El rey paró el 23F”-, pero es sabido que hubo informes que los servicios secretos hicieron desaparecer después del golpe y nunca se hicieron públicos. Sin embargo, Feijóo ha aprovechado la ocasión para reclamar que el emérito vuelva a España. Algo que, por otra parte, no le impide el Gobierno, sino quizá la obligación de tributar su patrimonio en España y el deseo de su sucesor y consorte de que no cause más daño con su comportamiento y su presencia a la institución que representó durante 40 años.

“La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”, ha escrito Feijóo en su perfil en X, donde añade que Juan Carlos I “ha cometido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.

No parece que en Zarzuela anhelen el regreso de quien más daño ha hecho a la institución que hoy representa Felipe VI, pero en su escaso sentido del ridículo Feijóo, según versión de la calle Génova publicada por la periodista Pilar Santos, el líder del PP habría informado con anterioridad a Zarzuela que se disponía este jueves a defender la vuelta de Juan Carlos I España.

Imaginen la escena:

-¿Está el rey o el jefe de la Casa?, que se ponga. Le habla el hombre que no quiso ser presidente del Gobierno.

-Dígame, señor Feijóo.

-Majestad, ¿puedo poner un tuit sobre su padre, el hombre que salvó la democracia que ahora quiere destruir Pedro Sánchez?

-Ponga usted lo que le venga en gana. Le recuerdo que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, pero que no debe inmiscuirse en decisiones políticas. Y lo que usted me pide es que refrende su estrategia partidista.

Lo dicho: una escena extravagante, absurda , pasto de befa y mofa, por más que el líder de la oposición pretenda revestirse de institucionalidad y guardián de los Borbones que, dicho sea de paso, habitan hoy en la Zarzuela y ostentan la jefatura del Estado porque entre su alma republicana y su compromiso con la Constitución, el PSOE siempre antepuso lo segundo a lo primero. Así que si tan útil ha resultado, como dice Feijóo, la desclasificación de los papeles del 23F para Juan Carlos I, en algún momento tendrá que admitir que Sánchez haya contribuido a resarcir el honor del emérito. ¿O no?

No sé si tendremos que esperar 45 años para conocer los “archivos secretos” del 25-F. Sí, has leído bien, he escrito 25-F y no 23-F, porque me refiero al 25 de febrero de este 2026, cuando se desclasificaron con redoble de tambores los esperadísimos “archivos secretos” de aquel 23-F de 1981. Incluida una conclusión rotunda e histórica: el rey paró el golpe. Y punto. No hay más preguntas, señoría. Circulen, circulen. Gracias, majestad.

En toda mi vida no recuerdo un momento con tanta unanimidad en las portadas de los principales medios. Este jueves iban todos a una, como cuando un banco compra para publicidad la primera página de todos los diarios del kiosco: “El Rey paró el golpe”, “Sin novedad en el 23-F: el Rey paró el golpe”, “Los archivos secretos del 23-F avalan el papel de Juan Carlos I”, “Los ‘secretos’ coronan a Don Juan Carlos en el golpe del 23-F”, “23-F, caso cerrado: el Rey paró el golpe”… Y lo mismo en radios y televisiones.

Más que esos curiosos “archivos secretos” del 23-F (llenos de omisiones, y que incluyen papeles apócrifos, sin autor ni fecha, y hasta cuestionados por sus supuestos autores, caso del PCE), yo querría ver los “archivos secretos” de este 25-F. Porque cualquiera pensaría que partidos y medios monárquicos se han conjurado en una operación de rehabilitación del rey emérito, por la vía de afirmar su papel ejemplar en el golpe de Estado.

Tanto, que los “archivos secretos” se pasan de frenada y van incluso más allá de donde habían llegado historiadores y periodistas. Llevamos cuatro décadas de trabajos de investigación que, con documentos y testimonios, ponen a cada uno en su sitio, incluido el rey antes y durante el golpe. En lo ahora desclasificado no hay nada que lo implique, cierto; pero de ahí a dar por bueno que no existiesen otros documentos ocultos o destruidos, y afirmar con tono de “zasca” que el rey nunca, nunca pero nunca tuvo nada que ver con el golpe, va un mundo.

Todo se entiende mejor cuando leemos el deseo de Núñez Feijóo de que el rey emérito “regrese a España” y que los españoles “nos reconciliemos con quien paró el golpe de Estado”, y “contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades”. Un deseo al que se van a sumar muchos en los próximos días, ya veréis. ¿De eso se trata? ¿Un recordatorio de nuestro agradecimiento, para allanar su regreso desde el dorado exilio fiscal? ¿Tenemos una deuda con el rey que anula la deuda que el rey tiene con nosotros? ¿Una cosa compensa con la otra, la salvación de la democracia anula las comisiones corruptas y la evasión fiscal? ¿El resto de contribuyentes también podremos anular deudas con Hacienda compensándolas con nuestros comportamientos ejemplares?

Una última pregunta: ¿quién le impide al rey regresar, si fue él quien decidió trasladar su residencia, y vuelve cada vez que le apetece por regatas, reuniones de amigos y celebraciones familiares? Ah, que no se trata de que vuelva, sino de que vuelva por la puerta grande. Vale.

Polichinela es un personaje de la comedia del arte italiana que encarna a la plebe napolitana (quien viaje a Nápoles encontrará su figura a la venta en las tiendas de recuerdos), de aspecto barrigudo, con joroba y narizón, que oculta la mitad de su rostro con una máscara. Uno de sus defectos -o virtudes- es que no se calla nunca, de ahí la expresión “secreto de Polichinela” para referirnos a algo que todo el mundo sabe. Y eso es lo que me ha pasado a mí al consultar la documentación sobre el golpe de Estado desclasificada el pasado martes por el Gobierno y descubrir que los sacrosantos secretos del 23F son eso, un secreto de Polichinela. 

Vaya por delante mi reconocimiento a una decisión que debería haberse tomado muchos años atrás, pero bienvenida sea cualquier otra que nos ayude a arrojar luz sobre nuestra historia más reciente. Carece de sentido que los historiadores tengan que indagar durante años en archivos de otros países en busca de documentación que aquí se les niega. Quienes llevamos años buceando en archivos oficiales sabemos de las dificultades sin fin para acceder a información relativa a acontecimientos relevantes de nuestra historia, y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 es uno de ellos. 

El anuncio de la desclasificación generó una enorme expectativa -¡por fin íbamos a saber lo que ocurrió aquel día!- que la portavoz del Gobierno se encargó de rebajar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, cuando dijo que se iba a “colgar” en la web de La Moncloa “toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento”, dejando en el aire que haya documentos que no han aparecido o que se destruyeron en el pasado. Un detalle que el Ejecutivo debería aclarar. 

La documentación que se ha hecho pública tiene un interés indudable, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que apenas saben nada de un suceso que estuvo a punto de hacer naufragar nuestra joven democracia, pero es irrelevante para resolver las dudas sobre los meandros del golpe que arrastramos desde hace cuarenta y cinco años. La mayoría de los documentos desclasificados ya eran conocidos y están publicados. Me refiero, por ejemplo, a la transcripción de las intervenciones telefónicas en el domicilio del ultraderechista Juan García Carrés, que hasta su detención en la madrugada del día 24 mantuvo una comunicación fluida con el teniente coronel Antonio Tejero, y en el del propio golpista, donde su mujer, Carmen Díez recibió adhesiones de conocidos y amigos, a los que se quejó amargamente de que a su marido le habían dejado tirado como a una colilla.

Desconocemos el registro de documentos relativos al 23F clasificados como secretos y, en consecuencia, si los ahora desclasificados son muchos o pocos y cuáles faltan, pero conocemos de la existencia de algunos que no figuran entre los hechos públicos. No están, por ejemplo, las transcripciones de los “pinchazos” telefónicos de las líneas del Congreso de los Diputados que se dejaron abiertas, y que Francisco Laína ordenó intervenir al entonces delegado del Gobierno en Telefónica, Julio Camuñas. Desde esos teléfonos el teniente coronel Tejero habló con el general Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa Real, con Milans del Bosch, que tomó Valencia, con quien también habló desde la Cámara Baja el general Alfonso Armada para pedirle que convenciera a Tejero de que le dejara entrar en el hemiciclo para dirigirse a los diputados. Estas grabaciones existen, pero su transcripción no figura entre el material desclasificado. ¿Se destruyeron? No lo sabemos.

Tampoco figura el resultado de la investigación que equipos conjuntos de Policía y Guardia Civil realizaron en torno 154 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y 114 personas citadas en las conversaciones intervenidas para determinar su implicación en la asonada. Estas cifras las facilitó el ministro Alberto Oliart en el pleno secreto del Congreso celebrado el 18 de marzo de 1981, y así consta en las actas de aquella sesión, que pueden consultarse en la Cámara Baja. Incluso el juez instructor del sumario, José María García Escudero, escribió lo siguiente al dar por concluida su investigación: “Este juzgado no ha recibido como consecuencia de tales actuaciones ninguna clase de datos o informaciones que aconsejaran actuar contra personas civiles”. Ni la recibió, ni él la requirió. ¿Dónde está el resultado de dichas pesquisas? ¿Se destruyeron? Lo desconocemos.

Una de las características de la documentación desclasificada es abrumadoramente apócrifa, está censurada y las identidades de las personas a las que alude están tachadas. Son folios y folios sin membrete ni firma, cuya procedencia adivinamos por el epígrafe bajo el que ha sido incluida, que nos indica si la información procede del Ministerio del Interior, del de Defensa o del de Exteriores. Respecto a la información desclasificada de este departamento ministerial, difícilmente puede ser considerada secreta cuando cualquier ciudadano puede consultarla en el Archivo General de la Administración (AGA), al que fue remitida hace años. Como tampoco pueden considerarse secretos los 48 documentos que recogen el día a día de cada jornada de la vista oral según el punto de vista de los agentes del CESID que acudieron a la misma.  

Otra parte de la información desclasificada son informes de las jefaturas superiores de Policía dando cuenta de la situación en las distintas regiones policiales en las fechas posteriores al golpe, y valoraciones del CESID sobre el ambiente en los cuarteles tras la asonada, tras la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar que juzgó a los 33 rebeldes encausados y sobre la decisión del Gobierno de recurrirla. Información de interés porque deja constancia del malestar existente en las Fuerzas Armadas y su amplia identificación con los golpistas. Una situación que conduciría a una nueva intentona golpista en octubre de 1982, el conocido como “golpe de los coroneles”, afortunadamente frustrado a tiempo.

El paso dado ahora por el Gobierno es positivo, pero insuficiente. La recuperación de la memoria histórica de este país sigue siendo una asignatura pendiente que no pasa tan solo por la derogación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y su sustitución por una nueva de Información Clasificada. Es necesario modificar también la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que establece plazos de hasta cincuenta años para acceder a documentos tan relevantes como el propio sumario del 23F.  

El Gobierno desclasificó este miércoles más de 150 documentos, hasta ahora secretos, sobre el 23F, que incluyen informes de conversaciones telefónicas y detalles del fallido Golpe de Estado de 1981. Aunque su publicación no ha alterado sustancialmente la interpretación de los hechos, para los historiadores ha supuesto un punto de inflexión en la situación de archivos en España, que consideran que “no es buena en una sociedad democrática”. 

Carme Molinero Ruiz, catedrática emérita de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona, subraya la necesidad de “que se apruebe la modificación de la Ley de Secretos Oficiales, que es franquista”. Aunque en julio de 2025 el Gobierno aprobó un proyecto de ley para sustituirla, sigue actualmente en tramitación parlamentaria. Al mismo tiempo, Molinero también cree necesaria la modificación de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, “porque permite una gran discrecionalidad por parte de los archiveros”, lo que dificulta el acceso de historiadores a papeles y documentos de gran interés. “Es esencial para tener una versión veraz de la historia”, concluye. 

La nueva información publicada podría ser “la punta del iceberg de algo mucho más grande”. Francisco Leira Castiñeira, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y autor de Retrato de la Transición (Siglo XXI Editores, 2026), coincide en que “es una desclasificación necesaria que llega muy tarde, pero que no soluciona el problema real, que es la Ley de Secretos Oficiales del 68 del franquismo”. 

Una de las grandes incógnitas que se esperaba aclarar es la implicación del rey Juan Carlos I en el golpe. Y, aunque, por los documentos parece que no tuvo un papel directo, estos “dejan ciertas incógnitas del papel de Armada y su vinculación con el rey para poder crear el Gobierno de concentración”, explica Leira.

Para Molinero, es esencial distinguir entre la actuación del rey durante el golpe, y su actuación y contexto de los meses anteriores. “En realidad Juan Carlos no tenía otra opción más que la inequívoca defensa de la democracia si no quería poner en riesgo la propia monarquía, al margen de las convicciones que él pudiera tener”, concluye. 

Aunque los documentos publicados este miércoles no han aportado importantes avances en la interpretación del 23F, “quizá más adelante se pueda complementar la interpretación de todo ese proceso a partir de otros documentos”, asegura Molinero, sin descartar que “tal vez cualquier otra documentación haya sido destruida”. Por ello, puntualiza que en una democracia “hay que asegurar que exista acceso a la información, y se tendrían que generar los procesos necesarios para impedir la destrucción de documentos”.

Leira comparte la importancia de hacer una lectura correcta y tener una visión global para entender los documentos: “Es necesario que los historiadores tengan un papel activo”. Y para ello, “hay que saber verlos y analizarlos, e ir estableciendo cierta triangulación con lo que ya conocemos”.

“La verdad no va a cambiar. Los rumores van a seguir porque esto es un negocio. No vamos a acabar con los bulos, pero al menos tendrán menos a lo que agarrarse”. Javier Cercas ha respondido así a la decisión del Gobierno de desclasificar los papeles del 23F. El escritor ha atendido este jueves a los medios a propósito del lanzamiento de una edición conmemorativa por el 25 aniversario de su obra Soldados de Salamina.

“El presidente del Gobierno ha hecho un servicio a la democracia de este país, estoy muy contento”, ha asegurado. Cercas vivió el 'renacer' de otro de sus títulos, Anatomía de un instante, cobrar una segunda vida gracias a la miniserie que Alberto Rodríguez dirigió sobre su volumen sobre el golpe de Estado en España. “El gran secreto sobre el 23F es que no hay secreto. De cualquier evento sobre la historia de España, este es sobre el que más sabemos”, ha asegurado aprovechando para lanzar un mensaje a los medios de comunicación: “Un buen periodista es lo mejor que hay en el mundo”.

Cercas ha defendido que la mayor parte de lo que se ha desclasificado “ya se conocía”. “Algunos, incluso diría de los más importantes, que ocupan hoy las primeras páginas de los periódicos, estaban publicados. La gente los da por nuevos, pero no. Yo los analicé en mi libro. Si lo releéis lo podéis comprobar”, ha indicado respecto a los documentos en los que se basó durante su investigación que dio lugar a su libro Anatomía de un instante.

En su novela Soldados de Salamina, Cercas volcó su investigación sobre el fusilamiento frustrado del líder falangista Rafael Sánchez Mazas en 1939. “Se ha dado la conjunción azarosa entre las obsesiones privadas de un escritor y las necesidades públicas de una sociedad”, ha afirmado el escritor al valorar por qué este libro sigue teniendo repercusión hoy en día. El autor ha indicado que, de cara a las interpretaciones que ha tenido, ha pasado “por todas las fases”, desde quienes lo alinearon con una “reivindicación de la república” a quienes lo criticaron por ser “equidistante”.

“La literatura de verdad es equidistante”, ha opinado, mencionando como ejemplos a Shakeaspeare y a Miguel de Cervantes: “La gran literatura no toma partido”. Para Cercas, “lo peor que se puede hacer es escribir literatura propagandística, decirle al lector explícitamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos”. Distinto es su criterio al referirse a lo que ocurre fuera de los libros. “En la vida real hay que tomar partido, ante una violación, una guerra, cuando la gente está muriendo, es un sí o no”, ha señalado.

También ha apelado al intelecto de los lectores, de cara a no escribir obras que sienten cátedra. “La literatura no tiene que decirle a la gente lo que tiene que pensar, la base de la literatura es confiar en la inteligencia del lector”, ha reivindicado.