El pleno de las Cortes de Aragón ha vivido este jueves una situación insólita, con tres minutos de silencio y un bronco enfrentamiento, que ha comenzado durante la intervención del portavoz de CHA, Jorge Pueyo, que ha interrumpido la presidenta de la Cámara, María Navarro (PP), a cuenta del homenaje a Maricarmen, la anciana de 87 años fallecida tras ser desahuciada de su vivienda en Madrid.

El encontronazo ha tenido lugar durante la comparecencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón, solicitada por él mismo para informar sobre el balance y el futuro de la política de vivienda de su Gobierno. La controversia había comenzado antes del pleno cuando la portavoz socialista, Pilar Alegría, solicitó a última hora del miércoles que las Cortes guardaran un minuto de silencio por Maricarmen, fallecida después de permanecer hospitalizada desde su desahucio. La petición motivó una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces que retrasó veinte minutos el inicio de la sesión y concluyó sin acuerdo por la oposición de PP y Vox.

Los populares justificaron su negativa alegando que rendir un homenaje específico a Maricarmen supondría utilizar políticamente su fallecimiento y que existen muchas otras personas que atraviesan situaciones de sufrimiento por las que tampoco se guarda un minuto de silencio institucional.

Pueyo desafía a la presidenta

La tensión ha estallado cuando Jorge Pueyo ha tomado la palabra y, antes de entrar en el debate sobre vivienda, ha anunciado que CHA dedicaría un minuto de su intervención a recordar a Maricarmen. “Hoy esta Cámara ha impedido guardar un minuto de silencio en recuerdo de Mari Carmen”, ha denunciado, antes de trasladar el cariño y respeto de su formación a familiares y allegados.

En ese momento, María Navarro ha interrumpido al diputado para explicar lo sucedido en la Junta de Portavoces y leer una declaración que, según ha precisado, había trasladado previamente a los grupos. La presidenta ha defendido la necesidad de establecer un criterio “objetivo, coherente y aplicable a todos” para los homenajes institucionales, evitando distinguir entre fallecimientos por su repercusión pública, mediática o política.

Navarro ha enumerado situaciones como el cáncer, las enfermedades raras, los suicidios, los problemas de salud mental, la soledad de las personas mayores, la exclusión social o la discapacidad, para argumentar que todas las víctimas y sus familias merecen idéntico respeto. “No creemos que debamos establecer diferencias entre unas muertes y otras en función de su repercusión pública, mediática o política”, ha afirmado, antes de proponer un minuto de silencio por todas las personas fallecidas en esas circunstancias que ha sido secundado por todos los diputados de la Cámara. Era el primer minuto de silencio.

La intervención ha provocado la inmediata protesta de Pueyo, que ha reprochado a la presidenta haber utilizado su turno de palabra para realizar una declaración institucional que no había sido consensuada. El portavoz de CHA ha calificado de “histórico” que la presidencia interrumpiera a un diputado para efectuar una declaración no aprobada por la Cámara y ha acusado a Navarro de intentar diluir el problema de la vivienda. “Le pido por favor a la presidenta que no me vuelva a interrumpir y que no se vuelva a alterar el orden de esta Cámara con política hecha por parte de una presidenta que no acepta que tiene que ser neutral”, ha protestado.

Navarro le ha respondido que podía utilizar su tiempo como considerase oportuno y ha advertido de que seguiría computándose el tiempo de su intervención. Pueyo ha replicado con ironía: “¿Quién lo iba a decir, que puedo hacer lo que quiero con mi tiempo? ¿Verdad, presidenta?”.

El diputado ha mantenido su decisión de guardar el minuto de silencio y ha invitado a sumarse a quienes quisieran hacerlo y que ha sido seguido por PSOE, CHA, IU y Teruel Existe, mientras la bancada de PP y Vox permanecía sentada esta vez. Pueyo ha resumido después el sentido de su protesta con una frase: “Diez minutos de palabras vacías no equiparan un minuto de silencio”. Y ha terminado recordando a Maricarmen, que murió lejos de su hogar, con una defensa de la vivienda como espacio de dignidad personal y familiar.

Y llegó el tercer minuto de silencio

La portavoz socialista, Pilar Alegría, ha seguido posteriormente el mismo camino que Pueyo, dedicando un minuto de su intervención a recordar a la anciana desahuciada, con el mismo resultado: Los diputados de PP y Vox han permanecido sentados.

“Hay silencios que dicen mucho más que las palabras”, ha comenzado Alegría, antes de explicar que había solicitado el homenaje institucional como un gesto de humanidad, al margen de las diferencias políticas sobre las soluciones al problema de la vivienda.

La portavoz socialista también ha reprochado a Vox su discurso sobre la prioridad nacional en el acceso a la vivienda, recordando una publicación de esa formación en redes sociales en la que se refería a la fallecida con la expresión “Moro Carmen”. “¿Dónde queda la prioridad nacional para los hombres y mujeres de este país que están siendo expulsados de sus hogares?”, ha preguntado.

En su turno de cierre, Azcón ha reiterado sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida, pero ha acusado a la izquierda de aprovechar políticamente su muerte. “La instrumentalización política, la utilización partidista de una tragedia humana a ustedes les retrata”, ha afirmado. Y ha ido más allá al asegurar que, a su juicio, la izquierda cree que el fallecimiento de Maricarmen le beneficia políticamente.

La polémica institucional ha terminado por marcar una comparecencia que el propio presidente aragonés había solicitado para explicar su política de vivienda, que ha comenzado con una extensa crítica al Gobierno central, al que ha responsabilizado de la crisis inmobiliaria y de otros problemas políticos, económicos y sociales del país.

Ha acusado a Pedro Sánchez de encabezar el peor Gobierno de la democracia, ha repasado distintos casos de presunta corrupción vinculados al PSOE y ha criticado la política migratoria, los servicios públicos y la falta de presupuestos estatales. También ha arremetido contra los decretos de vivienda rechazados por el Congreso, al considerar que generan inseguridad jurídica y reducen la oferta de alquiler.

Un debate con trasfondo de campaña electoral

El presidente de Aragón ha contrapuesto la gestión de su Ejecutivo a la de los anteriores gobiernos socialistas. Ha mantenido su mantra (desmentido por PSOE y CHA) de que entre 2015 y 2023 únicamente se construyeron 86 viviendas públicas, frente a las 3.600 que su Gobierno afirma haber impulsado.

Azcón ha anunciado que más de 1.000 viviendas públicas se entregarán a principios de 2027 y ha reiterado el objetivo de alcanzar las 7.000 impulsadas durante su etapa de gobierno. También ha adelantado que el próximo presupuesto autonómico destinará 52 millones de euros a construcción de vivienda, frente a los 36 millones del anterior, un incremento del 45%.

En su réplica final, ha insistido en que las viviendas requieren tiempo para proyectarse y construirse, ha defendido las actuaciones en municipios pequeños y en zonas turísticas y ha acusado al PSOE y a CHA de haber reducido los recursos destinados a vivienda durante sus años de gobierno.

La portavoz de Izquierda Unida, Marta Bengochea, ha reprochado a Azcón que dedicara más tiempo a confrontar que a explicar soluciones. Ha denunciado que Aragón ha perdido la mitad de su oferta de alquiler, que los fondos de inversión han duplicado su presencia y que la comunidad carece de un parque público suficiente de vivienda social. También ha defendido las movilizaciones ciudadanas contra la especulación inmobiliaria.

Desde Teruel Existe, Tomás Guitarte ha acusado al presidente de dedicar casi siete minutos al “politiqueo” y ha advertido de que impulsar viviendas no equivale a entregarlas. Su intervención se ha centrado en los desequilibrios territoriales: ha señalado que la mayor parte de las promociones se concentran en Zaragoza y las capitales, mientras las cabeceras de comarca y los pequeños municipios siguen sin soluciones suficientes. También ha criticado la exigencia de cinco años de empadronamiento para acceder a vivienda pública de alquiler, por considerar que dificulta la llegada de nuevos habitantes al medio rural.

Jorge Pueyo, por su parte, ha denunciado que los salarios no permiten afrontar los actuales precios inmobiliarios. Ha expuesto que un trabajador joven con ingresos de unos 1.100 euros mensuales difícilmente puede ahorrar para adquirir una vivienda de 200.000 euros sin ayuda familiar. Ha acusado al PP y a Vox de favorecer la liberalización de suelo y la desregulación en lugar de intervenir sobre la especulación.

Pilar Alegría ha centrado sus críticas en las competencias autonómicas. Ha recordado que el artículo 71 del Estatuto de Autonomía atribuye a Aragón competencias exclusivas en vivienda y ha reprochado a Azcón que responsabilice al Gobierno central mientras se niega a aplicar los mecanismos de contención de alquileres previstos en la legislación estatal.

Según los datos expuestos por la portavoz socialista, un aragonés con un salario neto de entre 1.400 y 1.500 euros debe afrontar alquileres que rondan los 950 o 1.000 euros mensuales. Alegría ha asegurado que en Zaragoza solo había siete viviendas anunciadas por debajo de los 700 euros, ninguna de más de 40 metros cuadrados, y ha contrapuesto las cifras de vivienda protegida de anteriores gobiernos a las de la actual legislatura.

El diputado de Vox, Santiago Morón, ha acusado a la izquierda de instrumentalizar la muerte de Maricarmen y ha vinculado la crisis de vivienda con la inmigración, defendiendo la prioridad nacional en el acceso a las promociones públicas.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Ana Marín, ha defendido el modelo de Azcón y ha responsabilizado a la legislación estatal de agravar la crisis y ha acusado a la izquierda de utilizar políticamente la muerte de Maricarmen.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado este miércoles al Gobierno de querer “sacrificar un futuro tecnológico y económico” de su comunidad y de España “por arrancar un puñado de votos” con el real decreto que prepara para regular los centros de datos.

Azcón se ha pronunciado así durante su intervención en la cuarta edición del foro económico y geopolítico 'Global Trends 2026', organizado por la Cámara de Comercio Estadounidense en España (AmChamSpain), donde ha defendido la necesidad de impulsar las infraestructuras tecnológicas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Al evitar la vía parlamentaria, la tramitación de este real decreto únicamente requeriría el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado. En este sentido, el informe de la CNMC ya estaría aprobado por el organismo que preside Juan José Ganuza tras haber pasado por el pleno la semana pasada, según ha adelantado 'El País'. Una vez que este dictamen se incorporase al expediente, el Gobierno remitiría el texto al Consejo de Estado para que realizara la valoración jurídica de la norma.

El Ejecutivo pretende llevar la norma al Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre por la vía urgente, con el objetivo de que pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de la convocatoria electoral.

El proyecto de real decreto establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, así como de resiliencia y soberanía digital, para los centros de datos. Entre otras medidas, plantea que estas instalaciones respalden con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo energético en cada hora de funcionamiento.

Más de 600 alegaciones

El presidente aragonés ha criticado que el Gobierno pretenda aprobar esta iniciativa antes de los comicios y ha cuestionado que la norma vaya a resolver las más de 600 alegaciones presentadas durante su tramitación. En este sentido, ha vinculado la posición del Ejecutivo al “uso del miedo” ante el desarrollo de la IA. “El Gobierno de España sabe que hay mucha gente que no entiende la IA y le provoca miedo, por eso va a ir a un debate lo más polémico posible, pensando en los tecnoligarcas y va a sacrificar un futuro tecnológico y económico de mi comunidad, de nuestro país, por arrancar un puñado de votos”, ha señalado.

En este sentido, el presidente aragonés ha defendido el volumen de inversiones tecnológicas que está recibiendo su comunidad y ha asegurado que en los tres años que lleva al frente del Ejecutivo autonómico se han anunciado proyectos por valor de 90.000 millones de euros, fundamentalmente vinculados a centros de datos.

Azcón ha destacado que Aragón se ha convertido en un destino para grandes inversiones tecnológicas y ha citado los proyectos de Amazon y Microsoft, además de otras iniciativas industriales vinculadas al elevado consumo energético.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que Aragón dispone de una importante capacidad de generación de energía renovable y ha defendido que estas condiciones convierten a la comunidad en un destino atractivo para industrias con un elevado consumo energético. “En Aragón vamos a seguir apostando por atraer inversiones y vamos a seguir apostando por estar a la cabeza del desarrollo de las infraestructuras tecnológicas”, ha asegurado.

Las dudas expresadas por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, sobre el voto por correo han encontrado respaldo este miércoles en sus dos vicepresidentes. Con distinta intensidad y argumentos, tanto Mar Vaquero como Alejandro Nolasco han alimentado los recelos sobre esta modalidad de sufragio a pocas semanas de las elecciones generales. La vicepresidenta del PP ha defendido que el sistema electoral español “es garantista”, pero ha considerado justificadas las “prevenciones” por las personas que están “detrás”, mientras el vicepresidente de Vox ha ido más lejos y ha pedido directamente acudir a votar de forma presencial.

“Creemos que hay que ir a votar presencialmente”, ha afirmado Nolasco. El vicepresidente aragonés ha justificado su recomendación en su desconfianza hacia el presidente del Gobierno: “No nos fiamos de nada que pueda hacer Pedro Sánchez. No sabemos qué es lo que está tramando, no sabemos qué es lo que puede llegar a hacer, pero puede hacer cualquier cosa, ya lo ha demostrado”.

Nolasco no ha señalado ninguna irregularidad concreta en el funcionamiento del voto por correo, pero ha concluido que “es muy importante que, dentro de las posibilidades, se vaya a votar presencialmente”.

Sus palabras se suman al debate abierto por Azcón, quien aseguró que traerá a sus hijos que estudian fuera para que voten presencialmente en urna, en la misma línea de las dudas planteadas por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un debate que también ha dejado distintos mensajes dentro de la dirección nacional del PP sobre dónde reside exactamente el motivo de desconfianza.

La posición de Mar Vaquero se sitúa precisamente entre esos mensajes. Por un lado, coincide con el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en defender las garantías del voto por correo. Por otro, introduce el matiz planteado por la portavoz popular en el Congreso, Esther Muñoz, que ha desplazado las dudas desde el procedimiento hacia los responsables de Correos.

“¿El sistema es garantista? Claro que el sistema es garantista. Nuestro sistema electoral es garantista, nuestras instituciones son también garantistas”, ha afirmado Vaquero. Sin embargo, inmediatamente después ha justificado que puedan existir recelos: “El que se ponga en duda o se pueda tener ciertas prevenciones con el voto por correo no es porque el sistema no sea garantista”.

Para la vicepresidenta, el motivo está en “las personas que están detrás de ese sistema o de ese modelo”. De esta forma, Vaquero ha tratado de compatibilizar la defensa formal de las garantías electorales con las sospechas expresadas por Azcón y otros dirigentes de su partido.

Preguntada expresamente por si considera responsable que el presidente de Aragón plantee dudas sobre el voto por correo a pocas semanas de unas elecciones generales, Vaquero no se ha desmarcado de Azcón. “Ni el Gobierno de Aragón ni el presidente de Aragón en ningún momento han dicho que el sistema electoral no sea garantista”, ha señalado, antes de añadir nuevamente que “lo que sí provoca serias dudas es quién está detrás de este sistema y de este modelo”.

La vicepresidenta ha defendido además que las declaraciones de Azcón y Ayuso “no deberían extrañar a nadie” y ha recurrido en varias ocasiones al argumento de que esas sospechas existen entre los ciudadanos. “Esto es lo que se oye en la calle”, ha repetido. “Es muy importante escuchar a la calle” y ha acusado precisamente al PSOE de estar desconectado de la calle.

“Prevenciones”

Vaquero ha utilizado buena parte de su intervención para cargar contra Pedro Sánchez y el PSOE y justificar en su actuación política esas “prevenciones”. Ha aludido a las investigaciones y polémicas relacionadas con el entorno socialista, a Leire Díez y a las acusaciones formuladas en su día dentro del propio PSOE sobre las primarias que devolvieron a Sánchez a la Secretaría General.

También ha extendido el argumento a otras instituciones. Vaquero ha citado el Tribunal Constitucional y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para defender que sus reparos no se dirigen a las instituciones en sí mismas, sino a las personas que las dirigen y al uso que considera que hace de ellas el Gobierno central.

“¿El CIS es un buen sistema? Por supuesto”, ha señalado. “¿Cuál es el problema que tiene el CIS ahora? ¿Quién lo utiliza, quién lo dirige y para qué se utiliza?”, se ha preguntado, estableciendo un paralelismo con sus argumentos sobre el sistema electoral.

Vaquero ha concluido responsabilizando al propio PSOE de la existencia de estas sospechas y acusando a Sánchez de haber “mentido y hecho trampas a lo largo de todos estos años”. Nolasco, por su parte, ha prescindido de esa distinción entre el sistema y quienes lo gestionan y ha convertido directamente su desconfianza hacia el presidente del Gobierno en una recomendación a los ciudadanos para que, siempre que puedan, voten presencialmente.

El presidente del Gobierno de Aragón y líder de los populares en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, se ha sumado a las voces en el PP y en Vox que ponen en duda la limpieza del proceso electoral para los comicios del 29 de noviembre con un supuesto fraude en el voto por correo. Con un circunloquio y sin admitirlo abiertamente, el dirigente aragonés ha dicho que ya está sacando “billete” a sus hijos para vayan a las urnas de manera presencial en Zaragoza.

Esta ha sido la respuesta del presidente autonómico este martes en un acto desde el Centro de Interpretación Medio Natural de Aragón, en Pastriz, preguntado acerca de si cuestiona el voto por correo, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido “a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”.

“Mis hijos están estudiando fuera y estoy en trámite de sacarles billetes para que vengan a votar a Aragón. Podrían votar por correo y habrá gente que lo hará, pero yo a mis hijos los voy a traer a votar a Zaragoza”, ha incidido el dirigente del PP.

Cuestionado expresamente sobre si duda del proceso electoral, ha vuelto a lo mismo, ha zanjado: “Acabo de decir que yo a mis hijos los voy a traer a votar en persona”.

Precisamente este mismo martes la presidenta madrileña ha reculado en parte y ha evitado atribuir ese supuesto amaño al Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que ha añadido que lo que le pide a la gente es que “no se confíe”.

Huelga general

Azcón también se ha referido al acuerdo alcanzado por los sindicatos CCOO y UGT sobre la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna. El jefe del Ejecutivo autonómico les ha pedido que aclaren “contra quién se manifiestan”, ya que “lo habitual es que lo hagan contra el Gobierno”.

“No creo que sea una huelga general en la que los sindicatos digan que se van a manifestar contra la oposición”, ha ironizado Azcón. “Si los sindicatos se dedican a defender a los partidos políticos que están actualmente en el Gobierno, creo que tendrán un problema de credibilidad muy importante”, ha recalcado, para subrayar que las huelgas generales, hasta ahora, “se hacían contra los gobiernos”.

Los embajadores de los países de la Unión Europea en España han iniciado este lunes una visita de tres días a Aragón, durante la que conocerán algunos de los principales proyectos económicos, industriales y tecnológicos de la Comunidad, con especial atención a sectores como la logística, los centros de datos y la Defensa.

La visita se celebra por iniciativa del embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, coincidiendo con la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea durante este semestre. Los diplomáticos han sido recibidos este lunes en el edificio Pignatelli por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y los miembros de su Gobierno, en una jornada de trabajo en la que también han participado representantes de los agentes sociales.

Después de los elogios mutuos, las llamadas a intercambiar experiencias y el propósito compartido de reforzar la colaboración europea, el vicepresidente de Vox del Gobierno de Azcón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha aprovechado la ocasión para ampliar considerablemente el orden del día. Y ha entregado a cada uno de los 26 diplomáticos una carta con su particular relación de asuntos pendientes para Europa en la que ha desplegado buena parte del ideario voxista.

El primero, la inmigración. Nolasco ha urgido a los embajadores a blindar Europa ante “la inmigración masiva y descontrolada”, que considera una “amenaza” de primer orden para “la supervivencia económica del Estado del Bienestar” y para las democracias de los países de la Unión. “No habrá Europa si Europa no es capaz de controlar eficazmente sus fronteras”, sostiene en la misiva.

La “invasión”

El vicepresidente aragonés ha situado nuevamente a Ceuta en el centro de su argumentación y la ha presentado como “el ejemplo palmario del riesgo de colapso del modelo democrático europeo”. “Todos y cada uno de los Estados miembros estamos llamados a dar una respuesta a quienes sufren una invasión”, afirma Nolasco, que utiliza de nuevo este término para referirse a la llegada de migrantes a la ciudad autónoma, una expresión que viene empleando reiteradamente durante los últimos meses.

La carta no se queda en la política migratoria. Nolasco también ha pedido a los 26 embajadores que transmitan a sus respectivos gobiernos la necesidad de acometer un proceso inmediato de “desregulación” en la Unión Europea. “Es urgentísimo”, asegura, porque considera que hacen falta “menos normativa, más claridad legislativa y menos limitantes para nuestros ciudadanos, para nuestros trabajadores y para nuestras empresas”.

A la lista se suma la política energética. El vicepresidente sostiene que “Europa no puede asfixiarse por una deriva energética que le resta competitividad” y reclama un sector energético “fuerte y competitivo” capaz de proporcionar a la industria energía “a precios razonables”.

Tampoco han quedado fuera de la carta la agricultura y la ganadería. Nolasco reclama “una redefinición urgentísima” de las políticas europeas para el sector primario y sostiene que agricultores y ganaderos deben ser “defendidos, no convertidos en un actor secundario”, vinculando su protección con la soberanía alimentaria y el fortalecimiento económico.

Y, puestos a trasladar encargos a los representantes europeos, el vicepresidente ha recuperado también una vieja reivindicación aragonesa: la Travesía Central del Pirineo. Nolasco ha instado a los embajadores a “retomar la filosofía de aquel gran proyecto” porque considera que “ni es justo ni es inteligente” mantenerlo aparcado.

Su argumentación, sin embargo, ha ido más allá de las comunicaciones transfronterizas. Nolasco sostiene que el Pirineo central constituye el recorrido más corto entre la península y el resto de Europa y añade una lectura política: “La llave de las comunicaciones entre la península y el resto de Europa no puede seguir estando en las manos de quienes, desde posiciones secesionistas y excluyentes, desean imponer sus intereses a los del resto de un país y de todo un continente”.

De este modo, una jornada concebida inicialmente para presentar a los embajadores europeos las posibilidades económicas, industriales y estratégicas de Aragón ha servido también para que el vicepresidente aragonés les haga llegar, por escrito, su propia agenda para la Unión Europea.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado una “buena noticia” la convocatoria de elecciones generales porque permitirá “hablar a los españoles”, pero también ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber elegido el momento electoral atendiendo a sus propios intereses. “Pedro Sánchez convoca las elecciones como ha gobernado, pensando en él”, ha afirmado Azcón, convencido de que el jefe del Ejecutivo ha optado por acudir ahora a las urnas porque considera que dispone de una “ventana de oportunidad” para obtener “el menos malo de los resultados”.

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha rechazado que Sánchez pueda presentarse durante la campaña como una víctima de las circunstancias políticas: “Pedro Sánchez y el PSOE no son ninguna víctima, son los culpables”, ha señalado, antes de responsabilizar al Gobierno central de los problemas acumulados tras ocho años en el poder y cargar especialmente contra su política de vivienda.

Azcón ha contrapuesto a esa gestión la política desarrollada por su Ejecutivo en Aragón y ha asegurado que el PP ofrece “hechos” y “soluciones reales” mediante la construcción de vivienda. Según las cifras aportadas por el propio presidente, durante los ocho años anteriores de gobierno socialista se construyeron 86 viviendas, mientras que el actual Ejecutivo autonómico ha impulsado más de 3.600 en tres años.

La convocatoria de las generales obligará, además, a modificar parte de su agenda institucional —entre ella, un viaje previsto a China junto a la rectora de la Universidad de Zaragoza para visitar empresas como Leapmotor y CATL—, aunque Azcón ha descartado que interfiera en la aprobación de las cuentas autonómicas. “La tramitación de los presupuestos continuará en las Cortes de Aragón al ritmo parlamentario que estaba estipulado”, ha asegurado, dando por hecho que la comunidad contará con Presupuestos para 2027.

Azcón ha confiado en que los aragoneses valoren la gestión que está realizando el Partido Popular en la comunidad y ha defendido que un cambio en el Gobierno de España beneficiaría a Aragón. A su juicio, Pedro Sánchez “gobierna solamente para quien le vota”, mientras que Alberto Núñez Feijóo gobernaría “para todos los españoles”, desde el principio de igualdad y sin primar a unas comunidades en función de los votos. “Eso, que es normal, que es justo y que es defender la igualdad, creo que a los aragoneses nos interesa y nos gusta especialmente”, ha concluido.

Vox: “Lo peor de Sánchez, el candidato de Marruecos, aún está por llegar”

También el líder de Vox Aragón y vicepresidente del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, ha calificado la convocatoria como una “oportunidad histórica” para desalojar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Nolasco ha acusado al Gobierno de ser “criminal, corrupto y mafioso” y ha llegado a referirse a Sánchez como “el candidato de Marruecos” y “un candidato al servicio de Marruecos”. El dirigente de Vox ha pedido, no obstante, cautela ante el adelanto electoral: “Lo peor de Sánchez aún está por llegar. Hay que tener cautela y no vender la piel del oso antes de cazarlo”. Por ello, ha animado a los españoles a aprovechar las elecciones para “echar a este Gobierno y devolver la esperanza a España”.

Sobre su propio papel en los comicios, Nolasco ha evitado anticipar si formará parte de las candidaturas de Vox y se ha remitido a las decisiones de la dirección nacional. “Estaré donde el partido me diga que esté”, ha afirmado, aunque ha precisado que actualmente está centrado en sus responsabilidades como vicepresidente del Ejecutivo aragonés, en “sacar adelante los servicios sociales de Aragón y simplificar burocráticamente las normas”.

Nolasco también ha descartado que la convocatoria de elecciones generales vaya a alterar, en principio, la marcha del Gobierno de coalición de PP y Vox en Aragón. Ha asegurado que existe una “hoja de ruta” marcada por los pactos suscritos entre ambos partidos y que el Ejecutivo autonómico continúa preparando los Presupuestos, aunque todavía sin fecha para su presentación. “La política nacional y la autonómica van cada una por su lado”, ha sostenido, antes de introducir una salvedad: “Salvo sorpresa mayúscula del presidente del Gobierno, si no hay ninguna catástrofe provocada por él”.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha defendido este miércoles que el fichaje de Marta Ríos por QTS, la compañía de centros de datos controlada por el fondo de inversión Blackstone, “cumple con toda la normativa”. Lo ha hecho en la presentación del Proyecto Rhodes, el campus que la multinacional levantará en Calatorao y cuya llegada a Aragón facilitó la propia Ríos como directora de Inversiones Estratégicas autonómica. Pero la norma que invoca el presidente, la ley estatal de incompatibilidades de 1984, regula la compatibilidad de quienes trabajan para la Administración mientras están en su puesto y no impone ninguna restricción a su actividad privada una vez que lo dejan.

El presidente ha construido su defensa sobre la secuencia de los hechos. “Cuando dejó el Gobierno de Aragón se fue a la MAZ”, ha recordado en referencia a la Mutua de Accidentes de Zaragoza, donde Ríos ejerció como directiva este verano durante apenas mes y medio. “Y se ha ido de esa empresa a QTS cuando este proyecto está prácticamente finalizado”, ha añadido. Según Azcón, nadie aceptaría un empleo sabiendo que lo iba a dejar mes y medio después, de modo que, a su juicio, la oferta de QTS le llegó cuando ya estaba en el mercado laboral y sin relación con su labor en el Gobierno.

Azcón ha asegurado también que Ríos no trabajará en el Proyecto Rhodes, sino en otras iniciativas de Blackstone en Europa, y ha atribuido el fichaje a su trayectoria. “Su valía profesional es la que explica que esa empresa se haya fijado en ella”, ha afirmado el presidente, que ha recordado que su Gobierno la convenció para incorporarse a la Administración autonómica tras una carrera de más de dos décadas en Adidas.

Una ley sin restricciones tras el cese

“La que se le aplica no depende del Gobierno de Aragón, sino de España. Es una normativa del año 84”, ha sostenido Azcón. Con esa referencia a la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el presidente ha hecho explícita la tesis del Ejecutivo: Ríos era personal eventual, no un alto cargo, y por tanto queda fuera del régimen de limitaciones tras el cese de la ley aragonesa de Integridad y Ética Públicas. Frente a la propuesta del PSOE de reformar esa ley, Azcón ha replicado que, si los socialistas quieren cambiar la normativa, deben “pedírselo a Pedro Sánchez”, en alusión a una ley estatal que aprobó el Gobierno socialista de Felipe González.

La normativa aragonesa, aprobada en 2017 durante el primer Gobierno de Javier Lambán, sí contempla esas limitaciones. Su artículo 53 prohíbe durante los dos años siguientes al cese realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos en los que el cargo haya emitido un informe preceptivo y vinculante, haya dictado resolución o haya presentado propuestas al Consejo de Gobierno. Además, obliga a declarar la nueva actividad ante el órgano competente en conflictos de intereses antes de iniciarla. La Administración tiene un mes para pronunciarse y, si no lo hace, el silencio es positivo.

La discusión está en si Ríos entra en ese régimen. El artículo 4 de la ley no incluye a los asesores, pero sí a los “directores y jefes de gabinete integrados en los gabinetes de los miembros del Gobierno”. El decreto de 28 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 9 de octubre, no la nombró asesora, sino 'Directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón'. El organigrama oficial de la Presidencia la distinguía, además, de los asesores del mismo gabinete.

Si la ley aragonesa le fuera aplicable, el argumento del mes y medio en la MAZ tendría poco recorrido: el plazo de dos años se cuenta desde el cese, con independencia de los empleos intermedios. Sí tendría más peso el hecho de que Ríos no trabajará en Calatorao, porque la prohibición afecta a actividades relacionadas con los procedimientos en los que intervino. Aunque el proyecto que Azcón da por “prácticamente finalizado” es el mismo que presentaba en ese acto. Y según la documentación del Gobierno citada por el PSOE, QTS será su promotora delegada y, después, su gestora.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la aprobación definitiva parcial –afecta solo a parte del complejo– como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto Rhodes, promovido por la firma QTS, filial de Blackstone, para el desarrollo de un campus de centros de datos en Calatorao. Una actuación cuya inversión total se aproximará a los 13.500 millones de euros, según el jefe del Ejecutivo, quien ha relativizado la pérdida de ingresos por parte del Ayuntamiento debido a la tramitación autonómica y que ha criticado las quejas del alcalde, el socialista David Felipe, sobre la falta de acompañamiento del Gobierno en sus peticiones a la multinacional.

“Me sorprende”, ha manifestado Azcón. La jornada anterior, en declaraciones a medios de comunicación, el primer edil reclamó al Ejecutivo autonómico que acelere la construcción de “vivienda púbica” en la localidad para poder acoger a los empleados del centro de datos, y que Zaragoza capital no vuelva a ejercer el efecto de agujero negro con la población respecto del entorno. Y, por el otro, Felipe lamentó el “desamparo” y la ausencia de “tutela” del Gobierno de Azcón con los ayuntamientos a la hora de negociar con multinacionales como Blackstone las compensaciones por la merma tributaria que supone el impulso de los PIGA.

De hecho, el alcalde cifra en torno a 50 millones de euros lo que QTS se va a ahorrar con el proyecto al eludir el pago del impuesto de construcciones, el ICIO, algo derivado del mencionado PIGA. A cambio, el Ayuntamiento ha arrancado a Blackstone compromisos para que construya una balsa de agua y una potabilizadora, valorados en unos tres millones de euros.

Este miércoles, Azcón ha mencionado de forma recurrente que el Consistorio ingresará “un millón de euros anuales” en concepto de IBI y de IAE, lo que supone “casi un 40% los ingresos” actuales municipales. Lo que el presidente ha omitido en un principio es que esos ingresos no serán en todo caso una realidad hasta que el proyecto esté completamente desplegado, algo que no sucederá antes de finales de la próxima década. Cuestionado al respecto, ha reconocido que el IBI y el IAE se irán percibiendo “de forma escalonada” desde 2028, cuando está previsto que “las primeras infraestructuras tecnológicas empiecen a funcionar”.

“Me extraña”

Sobre esta merma impositiva, el jefe del Ejecutivo ha recordado que proviene de una normativa impusada por el Gobierno del socialista Javier Lambán: “No la hemos inventado nosotros”. Los alcaldes, eso sí, se quejan de que en esa etapa el Ejecutivo intervenía directamente en las negociaciones y ahora no. Y ha criticado: “Ninguno de los alcaldes suele poner esos problemas encima de la mesa cuando la inversión se debate, sino cuando ya está decidida. Esta es la realidad”, ha apuntado.

También ha confrontado directamente con el alcalde de Calatorao en cuanto a su petición de colaboración. “Me sabe malo porque no quiero rememorar la frase de 'si necesitan ayuda que la pidan'”, ha ironizado, en alusión a Pedro Sánchez con la dana de Valencia. Pero me extraña que cuando el alcalde ha negociado todo lo que consideraba oportuno diga que le hubiera gustado tener ayuda del Gobierno de Aragón. Le hubiéramos ayudado de mil amores“, ha apuntado.

Respecto del proyecto en sí, Azcón ha elevado la inversión hasta los 13.471 millones de euros, mientras que la creación de puestos de trabajo prevista es de 3.400 empleos, cifra que integra las fases de construcción y de explotación. La primera fase se completará en 2035 y entonces comenzará la segunda, de duración indeterminada.

Suelo ya calificado como industrial

El campus se ubicará junto a la A-2, sobre una superficie de 223,4 hectáreas de suelo industrial ya clasificado para este uso. Se trata de un terreno ya calificado como industrial, lo que ha ayudado a acelerar los trámites, y que llevaba más de una década sin desarrollar.

Durante la primera fase se prevé la construcción de ocho edificios de centros de datos, una subestación eléctrica propia, infraestructuras de abastecimiento, drenaje, telecomunicaciones y accesos y una planta fotovoltaica de autoconsumo. Aquí se prevé la creación de 1.200 empleos directos para la construcción y hasta 200 puestos cuando el campus entre en funcionamiento. La segunda fase permitirá ampliar el complejo con cinco centros de datos adicionales y nuevos desarrollos logísticos o tecnológicos.

Este proyecto es “uno de los más importantes en Aragón y España”, ha enfatizado Azcón, y ha destacado que tiene asegurado el acceso a la red energética y que “va a significar un motor de desarrollo fundamental no solo para la zona –el corredor del Jalón–, sino para el área metropolitana de Zaragoza”.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha eludido 'mojarse' expresamente este viernes sobre si la incorporación a la multinacional Blackstone de su exasesora Marta Ríos, quien tuvo un papel destacado en la llegada del centro de datos en Calatorao –que impulsa la multinacional–, cumple la Ley de Incompatibilidades. Así, ha retado a la oposición a que vaya a los tribunales si cree que no es así. “Lo demás es una opinión”, ha dicho Azcón, que ha atacado a la socialista Pilar Alegría con Rodríguez Zapatero y a Jorge Pueyo (Chunta) con “afiliados” de esta formación que “han dado el salto a las empresas privadas”.

En respuesta en las Cortes a una pregunta de la portavoz parlamentaria del PSOE, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que Ríos “es una profesional de prestigio con una trayectoria antes de llegar al Gobierno de Aragón que a muchos les gustaría” tener. Y ha retado a Alegría a denunciar este asunto “si cree que no se cumple” la normativa sobre incompatibilidades –sin dar por hecho que su exasesora lo hace– y ha rechazado sus “clases de ética y responsabilidad”. Azcón ha deslizado que Alegría sigue pensando que el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero “es honesto e inocente”, y ha aseverado: “Es su opinión y yo tengo otra”.

También ha dicho, en referencia a los PIGA de los centros de datos, que las empresas ahorrarán los millones “que decidió el PSOE”, el partido que impulsó la ley que permite las exenciones fiscales con los PIGA. “Ahora se echan las manos a la cabeza”, ha ironizado. Pese a las palabras de Azcón, lo cierto es que el escenario ha cambiado: los alcaldes lamentan en la actualidad que el Gobierno de Aragón no negocie con ellos, sino que imponga sus condiciones, algo que con el Ejecutivo de Javier Lambán no sucedía.

Responsabilidad

Alegría había criticado que PP y Vox no apoyaran el jueves en el pleno la propuesta de IU de creación de una Comisión de estudio sobre los centros de datos, y ha opinado que Azcón “habla más como CEO de una gran tecnológica o como responsable de Recursos Humanos”. La portavoz socialista ha señalado que Azcón presentó en su día a Marta Ríos como “fichaje estrella”, incorporándola a su gabinete para atraer centros de datos, y “trajo a Blackstone”, pasando ahora a integrar la plantilla de esta multinacional. “Cumplirá todas las compatibilidades, pero huele a chamusquina que echa para atrás”, ha lanzado.

La dirigente socialista ha preguntado a su vez a Azcón si es responsable de todas las decisiones políticas que adoptan todos los miembros de su Gobierno y ha opinado que Azcón está “más cómodo” en la oposición, a donde “ya volverá”.

Rifirrafe también con CHA

Pero no solo el PSOE ha traído a colación en la sesión de este viernes el presunto caso de puertas giratorias con Marta Ríos. También ha intervenido el portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, quien ha cuestionado a Azcón si la exdirectora de Inversiones Estratégicas había superado el conflicto de intereses y que ha mostrado su preocupación porque, como asesora del Ejecutivo, fue “la encargada de poner la alfombra azul a los centros de datos y también a su propia empresa”.

En su respuesta, Azcón ha vuelto a acudir a casos supuestamente similares en las filas aragonesistas. “¿A cuántos de los afiliados que formaron parte de su Gobierno y han dado el salto a las empresas privadas usted como presidente de Chunta le ha abierto expediente disciplinario?”, ha preguntado, sin dar nombres. “De esos no tiene ningún interés de hablar”, ha insistido.

Y a continuación repetido la argumentación empleada con el PSOE para apuntar que “hay que cumplir la ley” –de nuevo, sin afirmar taxativamente que sea el caso–.

En la réplica, el diputado aragonesista ha dejado claro que los “representantes” de CHA “han superado los conflictos de intereses del Gobierno de Aragón” y ha afeado a Azcón que no le haya “contestado” a sus “preguntas”. Y sí que, señor Azcón, si quiere, hablamos de otra cosa.

El Gobierno del PP en Zaragoza lleva desde hace cuatro años sin reclamar los 12 millones de euros que debe devolver un elitista club de la ciudad, el Tiro de Pichón, y lo justifica en que aguarda a que se resuelva un contencioso judicial abierto con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Pero ahora un informe elaborado por el propio Ayuntamiento reconoce sin ambages que la razón por la que no activa la restitución es por no causar “perjuicios” al centro deportivo.

Así consta en un documento suscrito por un alto cargo de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Marín Ballabriga –jefe de Departamento de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento–, y fechado el pasado 9 de septiembre. El informe, elaborado ante los reiterados avisos de la oposición municipal por la posible prescripción de la deuda –en octubre se cumplen cuatro años desde que el pleno declaró nula la expropiación de sus terrenos en La Almozara–, sostiene que la acción para recuperar el dinero no ha prescrito: al no resolver el recurso que la sociedad presentó contra esa nulidad, la ejecución del acuerdo quedó suspendida por silencio administrativo y el reloj de la prescripción, siempre según el documento, se detuvo.

Hay que recordar que el Tiro de Pichón es un club de gran raigambre en la capital aragonesa. A él han pertenecido tradicionalmente –como refleja el libro por su 75 aniversario– “reconocidas familias zaragozanas, sagas que continuaron con el paso de los años”, entre las que señala a la familia de Jorge Azcón, actual presidente del Gobierno de Aragón. El dirigente popular es de nuevo citado en este volumen, ya que formaba parte en 2010 –en ese momento Azcón no era cargo público– de la junta del club en calidad de tesorero.

El informe no detalla cuáles serían los perjuicios

El informe conocido este lunes, dirigido al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, recuerda que el Tiro de Pichón recurrió en reposición el 2 de diciembre de 2022 y pidió expresamente la suspensión del acuerdo. El Ayuntamiento no contestó en el plazo de un mes y tampoco lo hizo después: el recurso lleva más de tres años y nueve meses sin resolverse porque, según deja reflejado por escrito el alto cargo de Urbanismo, hacerlo “podría causar importantes perjuicios a los sujetos expropiados”; es decir, a la propia sociedad recurrente. El texto no precisa cuáles serían esos perjuicios ni por qué justifican incumplir el plazo legal.

Con esa base, el documento sitúa la suspensión en el 3 de enero de 2023. Admite que el Ayuntamiento no adoptó ningún acuerdo expreso para ello y la califica de suspensión “de facto”, “tácita” y ex lege.

Lo que está en juego son ni más ni menos que 12 millones de euros: 9,6 millones de devolución principal, que el Ayuntamiento pagó en su día al club como justiprecio, y 2,3 millones de intereses. Tras el deslinde de la Confederación Hidrográfica del Ebro de diciembre de 2021, que declaró dominio público casi 11.000 metros cuadrados de una de las parcelas, el propio informe calcula que el justiprecio correcto rondaría los 1.413.000 euros.

El documento no fija una fecha de prescripción. Reconoce la duda sobre si el plazo es de cuatro años, por tratarse de una deuda tributaria, o de cinco, como obligación personal del Código Civil, y argumenta que el cómputo solo empezará cuando el acuerdo sea firme, para lo que deberá resolverse el recurso pendiente.

Posibilidades “incólumes”

En la comisión, el consejero Víctor Serrano ha defendido en la comisión que la acción no solo no ha prescrito, sino que sus posibilidades permanecen “absolutamente incólumes”. Ha añadido que existe “una firme voluntad política” de reclamar y ha insistido en que el Gobierno esperará a la sentencia sobre el deslinde, que sigue pendiente de señalamiento.

Desde la oposición, la concejal socialista Ros Cihuelo ha recordado que el acuerdo de octubre de 2022 reconoció que el pleno “estaba facultado para exigir ese dinero que el Tiro de Pichón ha cobrado sin tener derecho a cobrarlo y que es de los ciudadanos”. Son, ha indicado, “casi 12 millones de euros con los que se podrían hacer muchas cosas en beneficio de los ciudadanos”.

Además, Cihuelo ha afeado precisamente al equipo de gobierno que solo tuviera “en cuenta los perjuicios al Tiro de Pichón”: “Ustedes no entienden el concepto del interés público”, ha atacado, antes de retomar la cuestión primera: “Exigimos que ejecute el acuerdo plenario y que requieran el cobro de la deuda, o por lo menos que resuelva expresamente ese recurso, que es su obligación por ley”.

El representante de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha señalado por su parte que en el expediente no constaba ningún informe de la asesoría jurídica que “aclare todo esto de manera manifiesta”. “Lo que se tiene que hacer es cumplir el mandato de pleno sobre la revocación del expediente: todo lo demás son excusas que nos hacen correr el riesgo de perder 12 millones con intereses del Tiro de Pichón que se adeudan a este Ayuntamiento”, ha dicho, en línea con el argumento socialista.

Finalmente, Armando Martínez, de Vox, ha calificado de “prudente” la actuación del Gobierno municipal, como ya hizo en diciembre de 2023, pero ha recordado que el propio gerente de Urbanismo expresó entonces las dudas sobre la prescripción. Asimismo, ha pedido que la jefa del Servicio Jurídico firmara un informe que sostenga que está detenido plazo de prescripción de la acción de reintegro, “para tranquilidad de todos”.

La Delegación del Gobierno en Aragón ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la decisión del Ejecutivo autonómico de no tramitar ninguna solicitud para declarar zonas de mercado tensionado en la comunidad autónoma, incluso aunque un ayuntamiento considere que tiene un problema de acceso a la vivienda y solicite que se estudie su situación, y le piden “recapacitar”.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una rueda de prensa este lunes en la que ha reivindicado una política de vivienda, tanto en la comunidad autónoma como en el resto de España, “que active todas las posibles herramientas que permitan el real ejercicio de derecho a la vivienda”, rechazando el “sesgo y orientación particular” en la políticas porque ello supone “una pérdida de oportunidades”

En este sentido, Fernando Beltrán ha explicado que en el recurso presentado el pasado viernes, 18 de septiembre, “sostenemos que dejar sin efecto en Aragón la herramienta prevista en la ley de vivienda tiene unos efectos económicos importantes sobre la subvención a la construcción de vivienda pública en los diferentes ayuntamientos, es un mazazo para mantener políticas de vivienda operativas en nuestra comunidad autónoma”.

A su juicio, “negar directamente a los municipios que lo soliciten la posibilidad de estudiar si realmente esa declaración de zona tensionada tiene sentido ya nos parece una aberración, tanto jurídica como política”. Ha criticado que el Gobierno de Aragón “cercena directamente” la posibilidad de estudiar casos concretos.

De entrada, ha expresado Fernando Beltrán, “este acuerdo que ha publicado el Gobierno de Aragón ha omitido toda referencia a la tramitación que ha realizado y no recoge si ha habido trámite de audiencia, información pública, ni qué criterios o qué pasos administrativos ha dado para tomar en consideración los derechos y los intereses de los afectados”.

Ha defendido que “una norma de este calado” requiere un trámite público para conocer la opinión de los alcaldes de los ayuntamientos que “sufren las consecuencias de las zonas tensionadas”, dado que son los que enfrentan problemas concretos en sus mercados de vivienda y los que ahora se quedan sin posibilidad efectiva de plantear estos procedimientos.

Por estas cuestiones, ha resumido Beltrán, “ya podemos decir que un acto administrativo que se ha dictado al margen de todo procedimiento, que es lo que parece ser, incurre de entrada en un vicio de nulidad de pleno derecho”. No obstante, ha apuntado que será la sala de lo contencioso administrativo la que lo resolverá.

La decisión del Gobierno de Aragón sobre la declaración de zonas tensionadas no se fundamenta en “una motivación sólida, hay falta de objetividad y adecuación al derecho, lo cual supondría también un vicio de anulabilidad del acto”, ha esgrimido, para insistir en el “sesgo ideológico” sobre el que se sustenta esta medida.

La impugnación pone el foco en la fórmula elegida por el Gobierno de Aragón para mantener bloqueadas las solicitudes: el acuerdo establece que no se tramitarán hasta que existan “informes científicos” que contradigan los efectos negativos atribuidos a las zonas tensionadas. Pero no aclara qué debe entenderse por informe científico, quién debe elaborarlo, con qué metodología, qué efectos debe analizar ni cuándo se dará por cumplida esa condición.

El resultado, según el recurso, es que no existe un plazo cierto para levantar la prohibición: una condición que nadie sabe cómo ni cuándo podría satisfacerse, lo que genera una situación de indeterminación incompatible con la seguridad jurídica.

“No resulta congruente fundamentar la decisión en unos supuestos efectos que ha habido en Cataluña y, desde luego, mal estudiados, porque se basan en algún artículo o publicación de personas vinculadas a un centro de investigación y alguna universidad, pero evidentemente la información vertida es rebatible”, ha anotado Beltrán.

En esta línea, ha advertido de que uno de los firmantes del informe en el que el Gobierno de Aragón se basa y que está asociado a la Universitat Rovira i Virgili “tiene unos ejes principales de pensamiento sobre la vivienda que no son neutrales, hace una defensa cerradísima de la propiedad privada, es decir, una política absolutamente neoliberal próxima a lo que podemos tener, por ejemplo, en Estados Unidos y todo el acceso en propiedad no se considera para nada, ni ve claro el modelo ni de lo público ni del alquiler”.

Ha manifestado que “hay evidencias ya consistentes de que la renta media contratada descendió en el entorno a un 3,7% en el conjunto de los municipios declarados como zona tensionada y un 6,4% en Barcelona” y “esto ya es información objetiva del registro de fianzas”, ha subrayado.

“El Gobierno de Aragón ejecuta una autolimitación indebida e incomprensible. No sabemos por qué”, se ha preguntado Beltrán, para agregar que “si en un momento determinado hubiera una recapacitación por su parte y se pudiera tirar de la ley de vivienda para poder declarar determinadas zonas tensionadas veríamos cómo evoluciona el precio de la vivienda”.

Asimismo, ha recalcado que el PP en Galicia sí aplica las zonas tensionadas y “los indicadores están funcionando en la buena dirección”, a pesar de que todavía es pronto para una evaluación completa de esa política pública.

La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, no establece una declaración automática de zonas tensionadas: exige estudiar las circunstancias de cada territorio y justificar la decisión con datos objetivos.

Entre los supuestos que permiten justificar una declaración figuran que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, junto con gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que el precio de compra o alquiler haya crecido en los cinco años anteriores al menos tres puntos por encima del IPC autonómico. La declaración habilita medidas como limitaciones de renta en nuevos contratos de alquiler y beneficios fiscales para propietarios.

Para el delegado del Gobierno en Aragón, “se ha desatendido el mandato constitucional a todos los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho a todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Ha cargado contra la apuesta del Ejecutivo autonómico por la construcción: “Es un elemento necesario, pero no el único”. En este punto, Beltrán ha reprobado al Gobierno de Aragón por “fijarse en el modelo de José María Aznar --expresidente del Gobierno de España (PP)-- con la ley del suelo, donde todo fue construcción, construcción, construcción y construcción y desencadenó en un problema nacional relacionado con los costes de la vivienda y las especulaciones”.

El delegado ha acusado al Ejecutivo aragonés de falta de “una estrategia ambiciosa de alquiler asequible” y le ha afeado: “No actúa ni ante las zonas tensionadas ni ante los alquileres abusivos, ni ante el alquiler temporal, ni ante la vivienda turística o la vivienda vacía, no plantea una ampliación suficientemente ambiciosa del parque público de alquiler y, además, permite que las viviendas protegidas pierdan esa calificación con el paso del tiempo”.

“Invitamos a que permitan, por la vía legal, habilitar otro conjunto de instrumentos y herramientas que permitirían, por ejemplo, acogerse a la financiación del Gobierno de España para las comunidades autónomas para nueva vivienda pública construida”, ha sugerido.

Por último, ha concluido que el recurso no pide que se declare automáticamente ninguna zona tensionada en Aragón, sino que cuestiona que el Gobierno autonómico haya decidido que ninguna pueda siquiera ser estudiada, al margen de la evolución del precio de la vivienda o de la situación de cada municipio.

Un recurso “con escaso recorrido jurídico”

El Gobierno de Aragón considera que el recurso de la Delegación del Gobierno tiene “escaso recorrido jurídico” y defiende que la decisión de no declarar zonas de mercado residencial tensionado entra dentro de sus competencias. El Ejecutivo autonómico sostiene que su postura se apoya en estudios sobre los efectos de estas medidas en Cataluña, entre ellos uno elaborado para la Cátedra UNESCO de la Universitat Rovira i Virgili, que vincula las zonas tensionadas con una reducción de la oferta de alquiler y el desplazamiento de viviendas hacia el alquiler de temporada, por habitaciones, el uso turístico o la compraventa.

Frente a la petición de la Delegación para que Aragón permita estudiar la declaración en municipios concretos, la DGA reivindica su “apuesta por aumentar la oferta de vivienda pública, con más de 3.600 viviendas impulsadas en tres años”. Además, reclama al Gobierno central que ceda suelo público actualmente en manos de distintos ministerios y de la SAREB, que, según sus cálculos, “permitiría levantar más de 2.000 viviendas públicas en Aragón”.

Las restricciones de agua que soportan los regantes del Gállego han irrumpido de lleno en el debate sobre el consumo de los centros de datos en Aragón y chocan con el discurso defendido este martes por el presidente autonómico, Jorge Azcón. Mientras el jefe del Ejecutivo ha asegurado en el foro Tech4Water, organizado por Amazon Web Services (AWS), que la industria del dato puede “aportar más agua a nuestra comunidad autónoma que el agua que consume”, el colectivo No es sequía, es saqueo ha advertido de que miles de hectáreas agrícolas afrontan nuevas limitaciones precisamente en una cuenca en la que se concentran varios proyectos tecnológicos.

La organización ha denunciado que la histórica acequia de Camarera, que abastece a los términos situados al sur de Ontinar del Salz, ha visto reducida su concesión de agua al 35%. Se trata, según el colectivo, de la segunda restricción de este verano, después de que el pasado 3 de agosto se limitara al 60%, y afecta a unas 4.500 hectáreas de cultivo.

El contraste se produce mientras continúan avanzando importantes inversiones en centros de datos en el entorno del Gállego. No es sequía, es saqueo pone el foco en el complejo de AWS de Villanueva de Gállego y su ampliación, así como en los proyectos previstos en San Mateo de Gállego, La Puebla de Alfindén y Villamayor de Gállego.

El colectivo cuestiona especialmente la prioridad que tienen estos consumos frente al regadío. Según argumenta, los centros de datos conectados a las redes municipales quedan incluidos dentro del abastecimiento urbano, junto a determinados usos industriales, lo que les otorga prioridad sobre los usos agrícolas conforme al régimen establecido en la legislación de aguas.

El proyecto que Azcón pone como ejemplo

Frente a estas críticas, el Gobierno de Aragón ha presentado este martes como ejemplo de sostenibilidad un proyecto impulsado por AWS junto a la Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón y Agrow Analytics.

La iniciativa contempla una inversión de 3,73 millones de euros y pretende ahorrar más de 10.000 millones de litros de agua anuales cuando esté completamente desarrollada en 2030. Entre otras actuaciones, prevé sustituir 25 kilómetros de acequias a cielo abierto por tuberías cerradas para reducir pérdidas por evaporación y fugas.

También contempla la instalación de sensores para medir la humedad del suelo, el empleo de imágenes de satélite para ajustar las necesidades de los cultivos y la creación de un gemelo digital del sistema hídrico que permita gestionar el riego en tiempo real.

Azcón ha utilizado este proyecto para defender el modelo de crecimiento de los centros de datos en Aragón. “La industria del dato que impulsa Amazon Web Services permite ahorrar agua y aportar más agua a nuestra comunidad autónoma que el agua que consume”, ha asegurado.

Una afirmación que No es sequía, es saqueo rebate al considerar que las actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia del regadío no eliminan el consumo de agua de los centros de datos ni resuelven el problema de su creciente demanda en un escenario de escasez.

El colectivo cita, entre otros ejemplos, el centro de AWS de El Burgo de Ebro, para el que señala un consumo de 36.461 metros cúbicos anuales, según datos proporcionados por la propia compañía. También advierte sobre otros proyectos de mayor tamaño y sostiene que los sistemas de refrigeración que reducen el uso directo de agua pueden incrementar, a cambio, las necesidades energéticas.

El debate llega al futuro real decreto

La polémica se produce además en plena discusión sobre el real decreto estatal que regulará los centros de datos. El Gobierno de Aragón ha presentado cinco alegaciones al proyecto normativo al considerar que algunas de sus exigencias pueden comprometer las inversiones previstas en la comunidad.

Azcón ha vuelto a cuestionar este martes la regulación planteada por el Gobierno central. “El camino no puede estar marcado por las limitaciones que señalen los artículos del Real Decreto del Gobierno de la nación”, ha afirmado. A su juicio, la alternativa pasa por exigir a las empresas que inviertan para “aportar a nuestras sociedades más de lo que reciben”.

No es sequía, es saqueo plantea justamente la posición contraria. El colectivo reclama que la futura regulación estatal incluya límites específicos al acceso al agua de los centros de datos en situaciones de escasez y critica que el proyecto normativo establezca parámetros de eficiencia hídrica pero no restricciones vinculadas al volumen de consumo o a los episodios de sequía.

La organización sostiene además que el problema no se limita a la cantidad de agua utilizada directamente por estas instalaciones. Cita el caso de La Puebla de Alfindén, donde el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al proyecto de centro de datos previsto en el municipio por sus posibles repercusiones sobre el abastecimiento, y los informes técnicos municipales elaborados en Zaragoza sobre las instalaciones proyectadas en La Cartuja Baja y Puerto Venecia.

Con este escenario, el colectivo considera especialmente paradójico que el foro sobre eficiencia hídrica de AWS se haya celebrado coincidiendo con nuevas restricciones a los regantes y reclama que el crecimiento de la industria tecnológica no se produzca a costa de otros usos del agua, especialmente el agrícola.

Representantes de PSOE, CHA, Teruel Existe e IU en las Cortes de Aragón han denunciado este martes la “política de rodillo” de los partidos que sustentan al Gobierno de Jorge Azcón para decidir qué cargos públicos comparecen en las distintas comisiones parlamentarias.

En concreto, los cuatro grupos han calificado de “deriva autoritaria” la decisión de la mayoría de rechazar la comparecencia del director general de Emergencias e Interior, Miguel Ángel Clavero, y sustituirla por la del responsable de Administración Electrónica. Según han advertido, no se trata de un caso aislado, sino de una práctica que se está extendiendo a otras comisiones.

El portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, Óscar Galeano, ha denunciado el “ninguneo” que supone cambiar la comparecencia de un director general por otro para evitar abordar un asunto que considera prioritario y de plena actualidad tras “el trágico verano sufrido en el territorio”. Galeano ha asegurado que esta situación no se circunscribe a Hacienda, sino que se repite en otros órganos parlamentarios al rechazarse las solicitudes planteadas por los grupos de la oposición.

En la misma línea, la diputada de CHA Verónica Villagrasa ha lamentado que se impida la presencia del director general de Emergencias e Interior y ha advertido de que esta dinámica “se está extendiendo a todas las comisiones”. “Nuestra labor como partidos en la oposición se ve entorpecida por el rodillo de PP y Vox, manejando la opinión y de lo que se tiene que hablar en las Cortes”, ha afirmado.

Los cuatro grupos reclaman que no se limite su capacidad para ejercer el control parlamentario y plantear los asuntos que consideran de interés para la ciudadanía.

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha apreciado una voluntad de “obstaculizar la labor de control al Gobierno” desde el Parlamento autonómico, especialmente mediante el rechazo de las comparecencias solicitadas cuando surgen cuestiones de especial relevancia política o social. “Bloquear que se hable de incendios cuando Aragón ha estado ardiendo 15 veces más que en años anteriores nos parece absolutamente irreal respecto a las preocupaciones de la gente”, ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de IU, Marta Abengoechea, ha advertido de que el Parlamento aragonés está adquiriendo una deriva “autoritaria” y convirtiéndose, a su juicio, “en un espacio más de propaganda” en el que se restringe el pluralismo político. “Es preocupante por coartar la labor política de los grupos de la oposición y por hurtar a la ciudadanía debates que son de interés general y actualidad”, ha señalado.

Abengoechea ha considerado que “no es normal que se vete la comparecencia de la Dirección General de Emergencias y se proponga que venga la de Administración Electrónica”. “Esa dirección es importante, pero no es el momento, teniendo por delante la tarea de prevenir y rearmarnos para afrontar nuevos incendios”, ha argumentado.

Por ello, ha reclamado una “reflexión seria a los grupos del Gobierno para que se encaminen hacia el pluralismo político y la calidad democrática”.

Los cuatro grupos trasladarán este miércoles su protesta a la Junta de Portavoces y mantendrán esta reivindicación en las diferentes comisiones parlamentarias en las que, según denuncian, se está produciendo una “falta de consideración democrática” hacia las iniciativas de control planteadas por la oposición.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves en las Cortes de Aragón un gasto extra de 42 millones de euros en medios materiales y humanos para hacer frente a los incendios forestales en Aragón, con la adquisición de helicópteros, aviones anfibios y autobombas para la extinción del fuego y la contratación de un centenar de personas más para el operativo. Desde la oposición, el PSOE le ha ofrecido un pacto y CHA le ha afeado que no haya hecho alusión al cambio climático.

“En los incendios, como en muchas otras cosas de la vida, el riesgo cero no existe. Pero el Gobierno asumirá el compromiso y la responsabilidad que demandan los aragoneses”, ha afirmado solemne el dirigente popular en una comparecencia a petición propia, a las que se han unido una del PSOE y otra de CHA. Antes, Azcón ha hecho pública una batería de medidas para mejorar la lucha contra el fuego que supera los 40 millones, a los que el jefe del Ejecutivo ha añadido otros 8 millones para resarcir de los daños por las llamas de este verano.

Concretamente, se incorporarán cuatro nuevos helicópteros pesados tipo 'Mike' por 3,5 millones, para un total de siete operativos; dos aviones anfibios 'Firebox' –con un coste de 1,2 millones–, seis autobombas –3,2 millones– y tres máquinas pesadas –500.000 euros–.

En cuanto al refuerzo de medios humanos, ha anunciado la contratación de casi un centenar de trabajadores de profesionales, “un 30% más que los que han intervenido este verano”, y una inversión de cinco millones anuales durante un trienio para ampliar las bases de las brigadas helitransportadas.

Respecto del gasto por los daños ocasionados este verano por los inecencios, Azcón ha dado a conocer una línea de ayudas de 2,1 millones de euros para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales de este verano y otra de tres millones de euros para autónomos y pymes. Asimismo ha mencionado que la Administración regional está invirtiendo tres millones para rehabilitar viviendas, infraestructuras e instalaciones municipales, y también ha recordado que retribuirá a los agricultores que han luchado contra el fuego por el gasóil gastado, algo que en todo caso aún no se ha hecho efectivo.

Además, el Instituto Aragonés del Agua está acometiendo obras por 500.000 euros para mejorar la red de abastecimiento de los municipios afectados por el fuego.

Junto a esto, Azcón ha apuntado que el Gobierno regional destinará 6,5 millones a un plan de impulso al aprovechamiento maderero y las intervenciones selvícolas, de manera que llevará a cabo “la mayor limpieza de los bosques que se ha hecho en la historia de la comunidad autónoma”.

Decenas de miles de personas han llenado la plaza del Pilar de Zaragoza en apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de forma irregular y ha exigido una respuesta de Estado, además de un compromiso firme de la UE en la protección de las fronteras ante la presión migratoria porque la Ciudad Autónoma “no puede asumir en solitario las consecuencias de una situación que afecta al conjunto de España y de Europa”.

Este es parte del texto acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que han leído el presidente de la Casa de Melilla en Zaragoza, Manuel Trejo y varios ciudadanos ceutíes residentes en la capital aragonesa.

Uno de estos ciudadanos, Luis Rodríguez ha subrayado que Ceuta es un parte “irrenunciable” de España. “Lo es por su historia, por el Derecho y por la voluntad libre y democrática de los ceutíes, que siempre han expresado su identidad española y su compromiso con España y la Constitución”.

Por eso, ha incidido en que la soberanía española sobre Ceuta “no se cuestiona y la integridad territorial de España no se negocia. Nunca”. Asimismo, ha dejado claro que “no es un problema migratorio” lo ocurrido los días 30 y 31 julio con la entrada más de 72.000 inmigrantes entraran de forma masiva e irregular, de los que según últimos datos facilitados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, serían 5.000 los inmigrantes que todavía continúan, así como 1.500 los menores de edad, en una ciudad de algo más de 83.000 habitantes.

“Cuando se pone bajo presión una frontera española se pone bajo presión a toda España y cuando se cuestiona la soberanía sobre una parte de nuestro territorio, nos afecta a todos. La frontera de Ceuta es nuestra frontera y la los 27 países de la Unión Europea. Allí se protege cada día nuestro territorio y nuestros valores de convivencia, libertad y Estado de Derecho”, ha remarcado.

El texto lo ha comenzado a leer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha asistido acompañada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, consejeros del Ejecutivo autonómico, diputados de la Cámara aragonesa y concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. También ha presidido la cabecera de la pancarta con el lema “Zaragoza con Ceuta” la expresidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

La plaza del Pilar, frente a la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido el escenario de un multitudinario acto que ha contado con la participación de unos 25.000 zaragozanos para mostrar su apoyo inquebrantable a la ciudad autónoma.

Chueca ha subrayado que Ceuta afronta una “presión extraordinaria” tras las entradas masivas e irregulares de miles de personas por la frontera, una situación que “pone a prueba” la capacidad de España para garantizar la seguridad ciudadana y defender la integridad de su territorio. “Ceuta no está sola. Ceuta: eres y serás siempre España. Lo ocurrido no es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España”, ha proclamado Chueca durante la lectura del documento.

El texto también ha dedicado palabras de profunda gratitud a la sociedad ceutí por su serenidad y solidaridad, haciéndolo extensible a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sanitarios y entidades humanitarias. La concentración ha concluido en un ambiente de emotivo respeto cuando, como broche final al acto de apoyo, han sonado los himnos de Ceuta y de España.

“Lamentable, terrorífico”

Anteriormente, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que en esta concentración “no hay ni afilados, ni militantes, ni siquiera simpatizantes de partidos políticos. Hay aragoneses que quieren expresar la solidaridad a Ceuta, la españolidad de Ceuta”.

Azcón ha contado que ha llamado al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Vivas, para trasladarle que “Aragón también está con Ceuta” y le transmite su solidaridad, cariño y todo el apoyo“.

Sobre las últimas informaciones respecto a los informes policiales que detallan la entrada masiva de inmigrantes “que el Gobierno de España debería haber conocido y que ahora dicen negar haber conocido” lo ha calificado de “lamentable, terrorífico y da miedo ver que esta profunda crisis se gestiona mentira tras mentira, chapuza tras chapuza”.

A su parecer, lo que ocurre en el Gobierno de España con una crisis que “desborda las capacidades de este Gobierno ,es absolutamente trágico”, ha abundado para añadir que cada una de las noticias que se van conociendo hacen que la preocupación de los españoles siga creciendo día tras día“. ”Estamos asistiendo a lo que ya conocíamos, pero vemos una vez más de forma gráfica, la incapacidad de un gobierno para intentar solucionar un problema, ya que cada medida que toma lo que hace es agrandar el problema y debería asumir responsabilidades por lo que están pasando en Ceuta“.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha dicho que además de ser un concentración de apoyo al pueblo ceutí es un llamamiento para que el gobierno de España “defienda la integridad de nuestras fronteras y la convivencia normal de todos los españoles”. La alcaldesa ha reiterado que es “necesario e imprescindible que atienda las necesidades de la población ceutí que se sienten totalmente abandonados”.

“Invasión”, según Vox

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha calificado la situación de Ceuta de “invasión provocada y orquestada por el régimen marroquí, pero también permitida y consentida por el Gobierno de Pedro Sánchez” que ha tildado de “gobierno corrupto y traidor que ha llevado a una situación de abandono a nuestros compatriotas de Ceuta”.

Para Morón, esta “invasión” tiene también unos objetivos muy determinados, que “se están cumpliendo” y que pasan por “generar caos, miedo entre la población de Ceuta, saturación de los servicios públicos y, en definitiva, hacer inhabitable la convivencia en la ciudad”.

El fin último, “como la guerra híbrida que desde hace años Marruecos está perpetrando contra España y que Vox lleva denunciando desde hace muchos años” es la de “echar” a los propios españoles de su tierra bajo la presión migratoria y bajo ese “reino del terror, del caos y del miedo”, ha descrito.

Morón ha aseverado que desde Vox no van a dejar a los ceutíes “abandonados” y por eso exigen la salida inmediata de todos los “invasores” que todavía están en Ceuta.

“Juzgar a Sánchez por traición”

A esta petición se une el “recuperar” control efectivo de las fronteras, con todos los medios y recursos humanos y materiales que sean necesarios y exigir al gobierno marroquí que “reconozca la soberanía española de Ceuta, así como de todas las localidades y lugares de soberanía española en el norte de África”.

De otra manera, ha avanzado, “habrá que pedir la suspensión del tratado de amistad de España con Marruecos y cualquier convenio bilateral entre España y Marruecos, así como los tratados preferenciales entre la Unión Europea y Marruecos”.

Morón ha exigido activar el artículo 102 de la Constitución para “juzgar” a Pedro Sánchez por “traición porque sabía perfectamente lo que iba a ocurrir y no hizo nada para evitarlo ni para revertir la situación” mientras se fue de vacaciones “tranquilamente”.

Los ceutíes, ha afirmado, “no quieren falsas promesas, ni inversiones de cientos de millones como ahora promete Sánchez, sino que quieren recuperar su ciudad, que los invasores abandonen Ceuta y recuperar la convivencia porque la situación en estos momentos es desesperada y va a peor”.

Aragón abre curso político este martes con un Gobierno autonómico aún a medio gas y dos socios que se rehúyen para minimizar al máximo el riesgo de que surjan grietas: PP y Vox han evitado en este tiempo juntarse incluso en las fotos, con la extrema derecha poniendo el foco semana sí, semana también en los menores migrantes no acompañados. Tras el sobresalto de los incendios, por el que ambos partidos tendrán que dar explicaciones en las Cortes, llega un periodo con un objetivo principal: que la comunidad vuelta a tener unos Presupuestos tras dos ejercicios de prórroga.

La imagen más llamativa de este periodo, un buen ejemplo de la marcha de la coalición en esta primera fase, se dio en junio, cuando los dos vicepresidentes –Mar Vaquero, del PP, y Alejandro Nolasco, de Vox– evitaron coincidir frente a las cámaras en la sala de prensa, cuando primero una y luego el otro subieron al estrado a dar sendos mensajes contrarios a la inmigración. Juntos, pero no revueltos. La propia gestión de los fuegos del verano ha sido significativa, con consejeros y directores generales de uno y otro partido divididos en las apariciones públicas.

El principal objetivo de Azcón en su segunda legislatura como presidente autonómico es, como mínimo, que la coalición dure más que la anterior, rota en julio de 2024, menos de un año después de su formación. Pese a que en aquella situación primó más la política nacional, los populares han evitado en todo momento desde la toma de posesión de las consejerías –Vox se quedó con Servicios Sociales, con rango de Vicepresidencia, más Medio Ambiente y Agricultura– que surja cualquier fricción entre los socios.

Y eso que el vicepresidente de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha estirado hasta el límite el chicle de la gestión de los menores migrantes y de los centros de acogida. Al punto de que la propia directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales presentó este lunes su dimisión, oficialmente por “motivos personales” pero con el trasfondo de las continuas polémicas de Nolasco en este ámbito. En todo caso, en las filas del PP el silencio sobre los pasos que da Vox es absoluto: por cualquier rendija se puede colar el virus de una hipotética ruptura.

El único conato de desacuerdo se vivió a finales de mayo, cuando Nolasco anunció un refuerzo policial en los centros de acogida legalmente inviable –y que además queda fuera de la competencia de su Departamento– y que fue replicado por la vicepresidenta y portavoz Mar Vaquero, del PP, quien constató públicamente que la medida no era “posible”. El máximo responsable de Vox en Aragón evitó el choque y se limitó a señalar que buscarían “otras opciones”. Desde entonces, nada más.

Las consecuencias de los incendios

Uno de los temas candentes del otoño va a ser, sin duda, las consecuencias políticas por los incendios de este verano, con el peor balance que ha vivido Aragón desde que hay registros y con actuaciones muy polémicas como las obras en la carretera A-132, autorizadas por el Ejecutivo autonómico y en las que se originó el incendio de Las Peñas de Riglos, que llegó hasta el mismo San Juan de la Peña.

Este mismo lunes, los portavoces de los grupos se han reunido con la presidenta de las Cortes y un asunto común que ha surgido ha sido el de los fuegos, y la necesidad de impulsar una comisión de investigación en la que se debata qué ha podido fallar. Así lo ha reclamado por ejemplo el representante de Chunta, Jorge Pueyo, para quien Azcón debe “depurar responsabilidades” ante las “absolutas negligencias” que desde su punto de vista se han dado. También lo ha pedido Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), quien ha puesto a su vez el foco en la proliferación de centros de datos.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha propuesto acordar un “Plan Aragón 2027” frente a las emergencias climáticas que nazca “desde el consenso” y que recoja las “propuestas e ideas” de quienes viven en el territorio. “Desde el PSOE tendemos la mano. Lo vivido este verano nos tiene que llamar a todos a trabajar desde la unidad y la responsabilidad”, ha señalado la dirigente socialista, que ha pedido “más prevención, más medios, mejores condiciones laborales de los profesionales y un operativo preparado los doce meses del año”.

El entendimiento de la oposición con el Gobierno, en todo caso, se antoja casi imposible y más con la posición mantenida por Vox, para el que detrás de los incendios estaría el “fanatismo climático de la izquierda” y no la falta de medios que denuncian los bomberos forestales en la comunidad.

Además, la principal medida que debe ver la luz en los próximos meses es el Presupuesto autonómico de 2027 tras dos ejercicios de prórroga, algo inédito desde la debilidad parlamentaria en la primera legislatura del socialista Javier Lambán (2015-2019). Para ello deberán fructificar unas negociaciones entre el PP y Vox que nunca han sido fáciles, aunque el clima actual es mucho más propicio que en el pasado. En principio, en septiembre los socios deberían sacar adelante el techo de gasto para llegar con plazo suficiente al 31 de diciembre con la ley presupuestaria aprobada.

Escasa actividad legislativa

Y es que el hecho de haber tenido que prorrogar las cuentas de 2024 dos años seguidos ha supuesto que Aragón se haya situado entre las comunidades autónomas con menor incremento en políticas sociales. Mientras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha venido advirtiendo de la “incertidumbre institucional” que genera la falta de presupuestos, algo que dificulta “la labor de supervisión fiscal”. La falta de cuentas fue precisamente el argumento que llevó a Azcón a convocar elecciones a finales del año pasado.

En materia legislativa, fuera de los presupuestos el PP tratará de que vea la luz la ley de Vivienda que tramita desde la legislatura pasada, para la que no ha tenido problemas en introducir la 'prioridad nacional' requerida por Vox. De hecho, la actividad normativa en las Cortes desde 2023 ha estado bajo mínimos debido a la fragilidad parlamentaria del PP de Azcón, ya que solo han visto la luz legislaciones de poco calado, otras que venían del Ejecutivo de Lambán y derogaciones ideológicas como la de la Ley de Memoria Democrática.

Para tapar esta parálisis legislativa, los populares continuarán llevando a la Cámara autonómica cuestiones de ámbito nacional, como la crisis inmigratoria en Ceuta. Y en asuntos que les puedan afectar también tratarán de girar el foco hacia Madrid, con el ejemplo de la proliferación de centros de datos en la comunidad y el decreto ley sobre estas instalaciones que desarrolla el Gobierno central.

Villanueva de Gállego está poniendo a prueba la otra cara de la carrera de Aragón para convertirse en uno de los grandes polos de centros de datos de Europa. Mientras el Gobierno de Jorge Azcón ofrece su 'alfombra roja' a las grandes tecnológicas y Amazon Web Services (AWS) amplía sus instalaciones en la Comunidad, el Ayuntamiento de este municipio zaragozano ha decidido llevar a los tribunales las condiciones en las que se está produciendo esa expansión.

El conflicto no gira en torno a si Villanueva quiere o no centros de datos, ya que la respuesta del municipio es positiva y, de hecho, ya cuenta desde 2022 con una de las instalaciones de AWS en Aragón. Lo que cuestiona ahora el Ayuntamiento es quién asume las consecuencias económicas y urbanísticas de seguir ampliando estas infraestructuras.

El pleno municipal ratificó el pasado 23 de julio la presentación de un segundo recurso contencioso-administrativo contra uno de los últimos proyectos de expansión de AWS aprobados por el Gobierno de Aragón. El primero se había presentado contra el PIGA aprobado en agosto de 2025. Ambos recursos plantean objeciones similares sobre el aprovechamiento urbanístico, el tratamiento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la conservación de la urbanización y las infraestructuras asociadas y las obligaciones que el Ayuntamiento sostiene que acabarían recayendo sobre las arcas municipales, así como las infraestructuras vinculadas al suministro eléctrico.

Fuentes municipales consultadas por elDiario.es aseguran que el Ayuntamiento lleva meses intentando abrir una negociación con el Ejecutivo autonómico sin haber obtenido hasta ahora una respuesta concreta. “Ellos han hecho lo que han querido hacer”, resumen estas fuentes, que consideran que la tramitación de los nuevos proyectos se ha realizado sin tener en cuenta las necesidades del municipio y ahora solo hay “silencio”.

El caso de Villanueva de Gállego pone así el foco en una cuestión que empieza a repetirse allí donde se está produciendo la expansión de estas infraestructuras, territorios que quieren saber cuánto cuesta acogerlas y cómo se reparten los beneficios y las cargas de esa actividad.

El coste de acoger los centros de datos

La principal preocupación municipal tiene una doble vertiente porque, por un lado, la localidad deja de ingresar determinados recursos fiscales asociados a la construcción de los centros. Por otro, tal y como denuncian, el planeamiento aprobado le atribuye responsabilidades de conservación y mantenimiento de una superficie de grandes dimensiones. “Se deja de percibir el ICIO y además se carga al Ayuntamiento con el mantenimiento de todas esas zonas”, explican las fuentes municipales.

El Ayuntamiento no ha cerrado todavía una estimación del coste que supondría esa conservación a largo plazo y las fuentes consultadas rechazan aventurar una cifra sin disponer de los cálculos técnicos. En cambio, sí señalan que el ámbito de la ampliación en Villanueva de Gállego supera las 80 hectáreas y consideran “desproporcionado” que el municipio tenga que asumir las obligaciones de conservación asociadas a ese nuevo desarrollo. “¿Cómo vamos a asumir el mantenimiento de otra zona más grande que la localidad que tenemos ahora?”, plantean.

Según la versión municipal, no existe actualmente una contraprestación específica por asumir esas tareas. Por ello, desde el Ayuntamiento reclaman que se negocie algún tipo de compensación antes de tener que incorporar esas obligaciones a sus cuentas.

La discusión lleva así a una cuestión que trasciende del municipio y que está relacionada con quién asume el coste de las infraestructuras públicas necesarias para hacer posibles estas inversiones privadas, desde las conexiones eléctricas y de agua hasta la urbanización, los accesos y la conservación posterior de los nuevos ámbitos.

De hecho, esta discusión ha empezado a aparecer en otros territorios que han apostado por convertirse en grandes polos de centros de datos. Mientras que las empresas llegan atraídas por la disponibilidad de suelo y energía, su implantación exige también ampliar redes eléctricas, garantizar el suministro y adaptar infraestructuras públicas. Por estos motivos, el debate ha dejado de ser tecnológico o empresarial y ha pasado a estar relacionado con cuestiones relacionadas con la política energética, el urbanismo y la situación fiscal.

Más en concreto, en Aragón ya se han producido conflictos similares en torno a otros proyectos como el de Villamayor de Gállego, donde se ha cuestionado la implantación del macrocentro de Azora y varios municipios han formulado alegaciones por las consecuencias fiscales y territoriales asociadas al mismo.

A su vez, la expansión de los centros de datos vinculados al crecimiento de la Inteligencia Artificial está generando también debates similares en Estados Unidos y Europa sobre quién debe financiar las redes necesarias para atender su demanda eléctrica y hasta qué punto esa nueva demanda puede competir con la de hogares y otras actividades económicas.

Un conflicto que contrasta con el precedente de Amazon

El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego compara la situación actual con la primera implantación de AWS en la localidad. Como afirman fuentes municipales, durante el mandato de Javier Lambán se alcanzó un convenio de colaboración entre las administraciones que supuso una compensación de alrededor de 3,5 millones de euros.

Ese acuerdo se ha traducido en actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua del municipio, entre ellas un nuevo depósito, una balsa, edificios asociados y canalizaciones. Además, tal y como sostienen, las obras se encuentran actualmente en ejecución a través de Suelo y Vivienda de Aragón.

Para el Ayuntamiento, la diferencia es que aquella implantación estuvo acompañada de una negociación y de actuaciones compensatorias, mientras que en la nueva expansión no existe, hoy en día, un acuerdo equivalente.

Según las fuentes municipales, en una reunión mantenida hace meses con el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, se planteó estudiar la posibilidad de un nuevo convenio, pero, como aseguran desde el Consistorio, no se ha recibido ninguna propuesta concreta.

Por todo ello, aunque la vía de negociación sigue abierta, insisten en que ahora el Gobierno de Aragón deberá fijar su posición en el procedimiento judicial y “dar soluciones” para que la localidad no tenga que asumir “costes tan elevados”.

El ICIO: el ingreso que Villanueva reclama

Uno de los elementos centrales del recurso es el tratamiento fiscal de las nuevas construcciones. El Ayuntamiento sostiene que la aplicación del PIGA tiene consecuencias sobre el ICIO y que, por lo tanto, Villanueva de Gállego deja de percibir unos ingresos que considera “relevantes”, ya que puede ascender a hasta un 4% de la inversión privada en el proyecto constructivo. Como explican, el ICIO constituye un ingreso extraordinario, mientras que otros impuestos municipales, como el IBI, pueden generar ingresos recurrentes una vez que los inmuebles entren en tributación.

El municipio todavía no ha percibido, según las fuentes municipales, el IBI correspondiente al primer edificio de AWS. Por eso, el Ayuntamiento espera que las nuevas instalaciones generen ingresos por este concepto cuando comiencen a tributar.

Por otro lado, existen expectativa respecto al IAE, aunque en este caso el importe dependerá de dónde quede localizada fiscalmente la actividad económica de la empresa.

“Si Amazon tiene la facturación aquí y no la tiene en Irlanda, por decirte algo, sí que se va a percibir bastante dinero de IAE”, detallan las fuentes, que subrayan que todavía desconocen cuál será el resultado final.

El debate económico, por tanto, no consiste únicamente en calcular cuánto dinero deja Amazon en el municipio. La cuestión es comparar los ingresos municipales que genera la actividad con los costes públicos asociados a su implantación y mantenimiento.

“Amazon no tiene la culpa”

Desde Villanueva de Gállego remarcan que Amazon no es el principal responsable del conflicto. Es más, tal y como señalan las fuentes municipales, “no tiene la culpa de absolutamente nada de esto”. A su juicio, la multinacional actúa dentro de las condiciones que le ofrece la Administración y es el Gobierno de Aragón quien tiene capacidad para establecer el marco urbanístico y administrativo en el que se desarrollan los proyectos.

Eso no significa que el Ayuntamiento no haya pedido a la compañía que participe, sino que además se ha trasladado a AWS que ejerza de empresa mediadora ante el Ejecutivo autonómico para tratar de encontrar una solución.

El Consistorio reconoce a su vez iniciativas de la compañía en el territorio, como colaboraciones con la Universidad San Jorge y actividades de divulgación tecnológica entre colectivos locales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha observado que las obras han generado una importante presencia de trabajadores de empresas contratistas en Villanueva. Es más, algunas de las personas empleadas en la construcción, explican las fuentes, proceden del propio municipio.

Sin embargo, el escenario durante las obras no necesariamente será el mismo que cuando los centros estén operativos. Por eso, el debate sobre el empleo estable es uno de los principales argumentos de las organizaciones que cuestionan la expansión de los centros de datos en Aragón.

Aragón, laboratorio de la nueva economía digital

Lo que ocurre en Villanueva no es un episodio aislado porque Aragón está intentando aprovechar su disponibilidad de suelo, su producción energética y su posición geográfica para convertirse en un gran nodo europeo de infraestructuras digitales.

AWS fue la primera gran tecnológica en apostar por la Comunidad y ahora su expansión se ha multiplicado. En base a esta decisión, empresas como Microsoft, Blackstone, Azora, Samca, ACS, Merlin y otros grupos forman parte de una cartera de iniciativas que ha situado a Aragón en el centro del desembarco de los centros de datos en España.

El Gobierno autonómico defiende esta estrategia por el volumen de inversión asociado y por la oportunidad de atraer una nueva actividad económica. La propia AWS ha elevado hasta 33.700 millones de euros su inversión prevista en España hasta 2035, con una parte sustancial destinada a Aragón.

No obstante, la dimensión de estas instalaciones también está provocando una creciente discusión sobre sus necesidades materiales porque los centros de datos necesitan enormes cantidades de electricidad de forma continua y requieren infraestructuras específicas para garantizar su suministro. De hecho, Aragón produce actualmente aproximadamente el doble de la electricidad que consume, pero el crecimiento previsto de la demanda puede alterar esa situación.

Además, aunque los promotores se comprometan mayoritariamente a utilizar energías renovables, producir y transportar la energía requiere nuevas instalaciones, redes y ocupación de suelo.

Por eso el debate ha comenzado a desplazarse de la pregunta inicial sobre “¿cuánto dinero va a invertir Amazon o Microsoft?” a “¿qué recursos públicos y territoriales necesita esa inversión para funcionar?”. Y, en el caso de Villanueva de Gállego, la pregunta también está en qué ocurre cuando una inversión privada de escala internacional aterriza en un municipio pequeño y las infraestructuras y servicios necesarios para acompañarla quedan, al menos en parte, en manos de la Administración local.

Dos recursos y una negociación pendiente

Por ahora, Villanueva de Gállego mantiene sus dos recursos judiciales y, aunque no hay prevista ninguna nueva movilización municipal más allá de la vía judicial, el Consistorio espera que el Gobierno de Aragón vuelva a sentarse a negociar durante las próximas semanas.

“A ver si ahora en septiembre hay suerte porque no se entiende que no haga nada al respecto, y más cuando el segundo recurso fue aprobado por unanimidad del pleno, donde hay concejales del PP que forman parte del actual equipo de gobierno municipal”, subrayan. En este sentido, desde Villanueva de Gállego consideran que el respaldo de los distintos grupos demuestra que la reclamación trasciende las diferencias partidistas.

Mientras las obras de AWS continúan y Villanueva de Gállego quiere saber quién debe asumir su mantenimiento, la DGA tiene ahora que decidir si responde a esa presión con una negociación o mantiene su actual posición.

Si el municipio consigue una nueva fórmula de compensación o logra que se modifiquen las condiciones de conservación y aprovechamiento urbanístico, el resultado podría trascender al municipio. En una comunidad que ha apostado por atraer una de las mayores concentraciones de centros de datos de Europa, saber quién asume los costes de esa implantación puede acabar sirviendo de presente para otros ayuntamientos que afronten inversiones de esta escala.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha sobrevolado en helicóptero este jueves la zona afectada por el incendio iniciado el 10 de agosto en Las Peñas de Riglos (Huesca), que “está controlado”, aunque no extinguido, y ha apostado por “multiplicar” a largo plazo los medios de lucha contra el fuego en el territorio.

Desde el Puesto de Mando Avanzado, en Santa María de la Peña, Jorge Azcón ha señalado que la imagen aérea es “terrible” y que el incendio, que ha quemado más de 18.000 hectáreas, ha sido “terrorífico”. “Por fin empezamos a ver el incendio de otra manera, empezamos a ver la luz al final del túnel; ha sido dramático”, ha declarado el jefe del Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, puntualizando que “todavía quedarán algunos días” hasta que esté extinguido el fuego por completo.

“La previsión que tenemos para los próximos días es optimista, no solamente por la situación en que se encuentra el incendio, sino también por la situación climatológica que va a tener a lo largo de los próximos días”, ha apuntado.

Jorge Azcón ha vuelto a dar el pésame a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a los familiares y allegados del cabo fallecido en accidente de tráfico, esta semana, durante las labores de extinción, “el mayor de los dramas que nos ha traído este incendio”.

También ha lamentado el desalojo, días atrás, de 19 poblaciones con 1.049 vecinos en total, así como el alcance del fuego, que ha afectado a más de 18.000 hectáreas, aunque la zona afectada ocupa 14.500 hectáreas, ya que “la quema ha sido discontinua”.

La previsión es que a lo largo del día los habitantes de Atarés y Binacua puedan volver a sus casas y en el caso de Santa Cruz de la Serós, Azcón hablará este jueves con su alcaldesa, María Fe Vinacua, para analizar la situación. También hablará con vecinos de pueblos afectados por el incendio.

“La previsión es que, en las próximas horas todas las personas evacuadas puedan volver e, incluso, puedan reabrirse al tráfico algunas carreteras”. La apertura al tráfico de las carreteras que dan acceso a San Juan de la Peña será “más lenta”.

Más medios de extinción

“La realidad es que durante estos últimos años los medios que tiene el Gobierno de Aragón para luchar contra estos incendios se han incrementado”, ha expresado Azcón, apuntando que hay 57 efectivos más y se han comprado nuevas autobombas, y además las brigadas trabajan todo el año, pero “no es suficiente”.

“Tenemos que multiplicar los medios, tanto en la limpieza de los bosques como los medios que tienen las brigadas para luchar contra los incendios, y es lo que vamos a hacer y en lo que estamos trabajando”. Ha recordado que la creación de la Agencia de Emergencias de Aragón es “inminente” y ha anunciado, para las próximas semanas, un plan de presupuestos “como nunca se ha hecho en la Comunidad Autónoma”.

“Los pasos que se han dado han sido muchos, pero los nuevos incendios a los que nos enfrentamos hacen que las medidas que se tengan que tomar sean extraordinarias”.

También ha dicho que “una de las claves es la coordinación entre las distintas Administraciones”, agradeciendo el trabajo llevado a cabo por las distintas instituciones y todos los efectivos que han luchado contra el fuego.

Imagina la escena. Un educador social en un centro de acogida para menores en Zaragoza. Toca repartir la paga de 15 o 17 euros entre los niños, niñas y adolescentes con buen comportamiento durante la semana y a uno de ellos le tiene que decir: tú no, que eres marroquí. O para los casos en que, como nos han contado desde una de las empresas gestoras, la aportación se destina a que los chicos y chicas vayan al cine: tú te quedas sin ir, que eres somalí. A ese nivel de indignidad hemos llegado.

Al vicepresidente en el Gobierno de Aragón por Vox, Alejandro Nolasco, parece que se le ha metido entre ceja y ceja ser portada nacional. Y lo está consiguiendo. A su lado, el PP y Jorge Azcón dejan hacer. Al menos, por ahora.

Su última ocurrencia, la más sonada hasta ahora, ha sido retirar la pequeña aportación que reciben los menores tutelados por la comunidad autónoma en los centros de acogida para sus “gastos de bolsillo”. Eso sí: solo a los extranjeros, no a los nacionales. Chicos y chicas con infancias muy complicadas, a menudo envueltas en episodios violentos, que están aquí, en un país que no es el suyo, privados del apoyo de sus padres. Y, ahora, con un nuevo enemigo que trata de aplastarlos desde el poder que dan las instituciones. No hay calificativos.

En síntesis, toda una Vicepresidencia del Gobierno de Aragón dedicada básicamente a perseguir a niños. Como decía un comentarista en una información nuestra: “Y el domingo todos a misa”.

Pero es que, en el colmo del absurdo, ni siquiera el ahorro a las arcas autonómicas prometido por Nolasco va a ser una realidad: este jueves te revelamos que las aportaciones semanales se encuentran incluidas en el contrato de gestión de los centros de acogida; es decir, que en todo caso supondrían un ahorro para las empresas concesionarias –que ya han dicho que destinarán ese dinero a otros fines–. Además, antes incluso de que se publique la instrucción, las entidades han recibido ya un correo electrónico para que la aplicación de la discriminatoria medida sea inmediata. Te podrás imaginar el desconcierto que hay entre estas asociaciones, que incluso se plantean dejar de gestionar los centros de acogida.

¿Cuál ha sido la reacción en la sociedad aragonesa? El anuncio más llamativo ha venido de una de las instituciones con más prestigio y raigambre en la comunidad, el Justiciazgo, que desde hace dos años y medio tiene al frente por primera vez a una mujer, la jueza Concepción Gimeno y que ha decidido abrir de oficio un expediente para analizar la medida.

El Gobierno central, a través del Ministerio de Juventud e Infancia dirigido por Sira Rego (IU), ha anunciado que va a llevar la iniciativa a la Fiscalía, y lo mismo ha hecho público Chunta Aragonesista. El PSOE aragonés ha optado a través de su secretaria general, Pilar Alegría, por denunciarlo ante el propio Justiciazgo.

Mucho más tibia ha sido la postura adoptada por el socio de gobierno de la extrema derecha en el Ejecutivo autonómico. El PP está decidido a mantener hasta donde sea posible la coalición y ha evitado colisionar públicamente con Vox. “A mí lo que me preocupa es que publique la verdad, que se digan cosas que sean verdad”, reaccionó días atrás Azcónante la proliferación de noticias de tinte xenófobo en el portal oficial del Gobierno. Que es lo mismo que no decir nada. Y en esa línea la vicepresidenta Mar Vaquero: “El acuerdo de gobierno del PP y Vox queda claro: se van a respetar las decisiones de cada una de las consejerías. Eso es lo que va a impulsar el día a día”. La oposición pide a los populares que no esconda “la cabeza como un avestruz” y evite que Vox marque “la agenda”, como está haciendo.

Cuatro episodios de memoria recuperada

No ha sido premeditado, pero en los últimos días hemos traído a la edición aragonesa de elDiario.es cuatro informaciones diferentes que tienen como lazo en común el rescate de la memoria histórica y democrática en Aragón.

La primera de estas historias une a la provincia de Soria con la de Huesca, y más en concreto con la localidad de Aínsa. Su alcalde, Quique Pueyo, se desplazó este fin de semana a Iruecha para recuperar por fin los restos de su bisabuelo, asesinado en octubre del 36. Viajó acompañado por su madre, Felisa García, nieta de Juan García Gutiérrez y el auténtico motor que ha permitido devolver los restos a la familia. Entre medias, un relato plagado de reveses, sorpresas y giros de guion que te invito a leer si aún no lo has hecho.

En Zaragoza capital, hemos rescatado un episodio poco conocido, o al menos poco divulgado: la Medalla de Plata de la ciudad concedida a los 'Voluntarios del 18 de julio', con la que el franquismo premió a más de 400 vecinos que se sublevaron frente al régimen legítimo republicano. Ninguna corporación ha abordado hasta ahora revocar un reconocimiento que va contra lo regulado en la Ley de Memoria Democrática.

De un cariz distinto es lo sucedido en Fraga, donde ha tenido que ser la propia Fiscalía la que, ante la desidia del Ayuntamiento –gobernado por el popular Ignacio Gramún–, haya obligado al municipio a retirar los honores concedidos al dictador Francisco Franco, alcalde honorario perpetuo e hijo adoptivo del municipio desde 1953. No es nuevo: el primer edil ya afirmó en abril que dar este paso y cumplir así la ley no era “una prioridad”.

La cuarta y última información nos lleva cerca de la localidad fragatina, hasta Bujaraloz. En este caso, Vox no dudó –desde el altavoz que otorgan las Cortes de Aragón– en calificar de “aquelarre anarquista de cuatro días” unos actos de homenaje en el 90 aniversario del paso de la Columna Durruti por el municipio, organizados por diversas asociaciones. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) respondió: “Aragón no necesita lecciones de revisionismo de quienes niegan los derechos humanos más elementales”.

Es una Vicepresidencia de nombre enrevesado –Desregulación, Bienestar Social y Familia–, con cinco direcciones generales y dos organismos autónomos, pero con casi un único cometido: sostener una guerra total contra 238 niños, niñas y adolescentes sin acompañar en Aragón. Todo ello, con la connivencia del PP de Jorge Azcón. Ese es el balance de tres meses que se puede hacer hasta el momento de la segunda etapa de Alejandro Nolasco, cabeza visible de Vox en la comunidad, como número dos del Ejecutivo autonómico. Un relato que incluye pruebas forenses a pequeñas de nueve años para determinar su edad o la retirada de una paga semanal de 17 euros a todos los menores migrantes, sea cual sea su comportamiento.

Esta película de miedo, con entregas semanales salvo en el lapso en que Aragón ha estado asediado por los incendios, ha dado lugar ya al menos a dos denuncias ante la Fiscalía: una del Ministerio de Juventud que dirige Sira Rego y otra de Chunta Aragonesista.

El comienzo del 'asedio' se puede situar en el propio acuerdo de gobierno suscrito por Azcón y Nolasco el 22 de abril: 'No más MENAS', arrancaba el segundo epígrafe, dedicado a inmigración. “El Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, precisaba el documento. Pese a que el plazo marcado era “desde el primer día”, lo cierto es que Vox se ha visto obligado a seguir recibiendo menores migrantes bajo tutela ante el riesgo de violar la ley si se oponía.

El pacto incluía en realidad un rosario de medidas con este mismo fin: el despliegue de un 'plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal', con “acuerdos con los países de origen que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos” –una competencia que en todo caso corresponde al Ejecutivo central–; 100.000 euros para el Instituto de Medicina Legal de Aragón dentro de una “partida específica” con el objetivo de incrementar las pruebas de determinación de edad entre los menores migrantes no acompañados; “ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible” en este ámbito, y el “endurecimiento del régimen interno de los centros de menores”, con más “protocolos de intervención y disciplina”.

Primera intervención en las Cortes

Ya investido como vicepresidente, la primera intervención de Nolasco en las Cortes de Aragón fue para mantener la intensidad de la guerra contra este conjunto de niños, niñas y adolescentes: “Cuantas menos plazas de menas haya, más plazas para ancianos tendremos”, tituló el Departamento la nota de su comparecencia.

El 26 de mayo, primer conato de crisis de gobierno. El vicepresidente Nolasco manifestó públicamente que se iba a reforzar “la seguridad” en los centros con menores migrantes ante la “alarmante acumulación de altercados”, que no sustentó en datos. La también vicepresidenta Mar Vaquero (PP) le recordó que no era “posible” meter a policías nacionales solo a vigilar estos centros, ya que son de acogida y por lo tanto solo pueden acceder ante situaciones de violencia. Dos días más tarde, Nolasco cerró la polémica reculando en parte: la seguridad se reforzaría “de una manera u otra”.

Esa semana, el portal oficial del Ejecutivo autonómico –donde hasta ahora se había vendido solo la acción de Gobierno– publicó una nota de la Vicepresidencia sobre una supuesta agresión de un menor a una trabajadora social, con datos como la edad y la nacionalidad del joven. Esta práctica se ha ido sucedido en el tiempo: hasta nueve notas de prensa oficiales más en apenas dos meses similares. Hasta la Asociación y el Colegio de Periodistas de Aragón han tenido que salir al paso para afear a Vox las publicaciones y la terminología empleada. La respuesta del vicepresidente de esta formación fue acusar a los periodistas de “estar a la orden de partidos políticos”.

Otra marcha atrás

A principios de junio se vivió una de las mayores controversias, cuando el vicepresidente Nolasco anunció que su Departamento iba a llevar a cabo pruebas forenses a todos los menores migrantes en Aragón para determinar su edad. Y puso el ejemplo de una niña de nueve años que, según la estimación que le habían trasladado, tenía “trece”. El dirigente de la extrema derecha tuvo que dar marcha atrás en parte –una constante en estas semanas–, ya que el Gobierno de Aragón solo puede trasladar su interés en llevar a cabo análisis concretos a la Fiscalía de Menores, que es el órgano que debe dar el visto bueno.

Por entonces, la oposición en las Cortes de Aragón al completo se unió para criticar la “grave irresponsabilidad” del Ejecutivo de Jorge Azcón por “contribuir a la criminalización de los menores extranjeros no acompañados mediante mensajes institucionales que señalan y estigmatizan a un colectivo especialmente vulnerable”.

También salieron al paso los propios educadores sociales, los encargados precisamente de tratar con los menores migrantes en los centros de acogida. Este colectivo lanzó un duro comunicado en el que censuraba la “narrativa” de Vox, que solo consigue fomentar “la estigmatización de quienes más protección necesitan”. Cuando una institución generaliza sobre un colectivo vulnerable y proyecta sobre él “una imagen de amenaza”, analizaban, se alimentan “el miedo, el rechazo social y los discursos de odio”, lo que dificulta los procesos de inclusión de estos chicos y chicas.

La última polémica ha llegado con la paga semanal para los niños, niñas y adolescentes en centros de acogida. Son 17 euros semanales que reciben en función de su comportamiento y que ahora dará lugar a una discriminación: la Vicepresidencia de Vox ha anunciado que solo lo recibirán los nacionales, no los extranjeros, una acción que terminará en la Fiscalía entre acusaciones de “discriminación”.

¿Cuál ha sido el papel del PP en todo ello? Entre tibio y connivente. El presidente Azcón se ha manifestado dos veces últimamente, y en ambas ha intentado templar gaitas con el mismo argumento: si lo afirmado por Nolasco era “verdad” y estaba dentro de la “legalidad”, algo que no cuestionaba, lo aceptaba. En la misma línea de argumentario, la vicepresidenta Vaquero ha evitado el choque este mismo martes, al aceptar los pasos dados por la extrema derecha por formar parte del acuerdo de gobierno. El límite, ha dicho, es cumplir la ley: “Las dos partes sabemos que es así”.