El procedimiento mercantil que afrontan Jorge Azcón, Natalia Chueca y María Navarro –junto a otros seis dirigentes políticos ahora en el PP– por revertir la concesión del spa de Ranillas, en Zaragoza, y que puede llegar a suponer su inhabilitación para administrar bienes ajenos, tiene un precedente jurídico con similitudes: la exalcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, ya fue condenada a cinco años en diciembre de 2021, un fallo en primera instancia que fue ratificado por la Audiencia Provincial en lo tocante a la inhabilitación. Aunque la regidora optó por mantener el puesto pese a las críticas, se vio obligada a dar un paso a un lado en las elecciones municipales de 2023.

No es un antecedente vinculante para lo sucedido en la capital aragonesa, pero es una muestra de hasta dónde pueden llegar este tipo de procedimientos cuando alcanzan a la cúpula de un Gobierno local. En concreto, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid declaró culpable el concurso de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) e inhabilitó durante diez años a la entonces alcaldesa.

Ambos casos se dirimen en la denominada Sección Sexta del concurso de acreedores: la pieza en la que un juzgado de lo mercantil determina si la quiebra de una empresa fue “fortuita” o “culpable”. En este segundo caso, también determina quién debe responder por ella. Por ahora, la jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado en calidad de afectados a Azcón, Chueca y Navarro –ahora presidenta de las Cortes de Aragón–, así como a los todavía concejales Ángel Lorén, Víctor Serrano, Sara Fernández y a los exediles Patricia Cavero, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo. Esto significa que podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa Cublan Inversiones, a la que el Gobierno municipal revirtió la concesión del centro termal y spa de la Expo. Con esto se juegan en último término una inhabilitación de hasta 15 años para administrar bienes de terceros.

En Alcorcón, la sentencia recayó sobre EMGIASA, sociedad inmobiliaria cuyo único accionista era el Ayuntamiento y cuyo consejo de administración estaba formado por concejales. El juzgado concluyó que, entre 2009 y 2011, ese consejo –presidido por quien ocupaba la Alcaldía, Enrique Cascallana– repartió dividendos por 17,5 millones de euros pese a que la empresa arrastraba condenas judiciales por expropiaciones no contabilizadas, y que desvió 93,7 millones de los beneficios del negocio inmobiliario ordinario hacia la construcción de un macrocomplejo cultural sin ningún estudio de viabilidad. El fallo declaró al Ayuntamiento “administrador de hecho” de su propia empresa, le impuso el 25% del déficit concursal e inhabilitó a los concejales entre tres y diez años.

Dos años después, en diciembre de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid mantuvo la inhabilitación de cinco años para Natalia de Andrés –concejala de Urbanismo en la época en que se produjeron los hechos y alcaldesa de Alcorcón cuando se dictó la sentencia—, pero rebajó la de Cascallana de diez a cinco años y, sobre todo, dejó sin efecto tanto la declaración del Ayuntamiento como administrador de hecho como la responsabilidad de cubrir el déficit concursal para todos los afectados.

En el caso del spa de Ranillas, en el recinto Expo de Zaragoza, hay diferencias. Así, la empresa que ha dado origen al conflicto es una concesionaria privada, Cublan Inversiones, que asumió la explotación en 2017 y cerró en febrero de 2022 tras una cadena de decisiones administrativas que ahora forman el corazón del litigio: el Ayuntamiento le denegó la licencia de funcionamiento de manera injusta, según han dictaminado los tribunales. Y, dos meses más tarde, invocando esa misma licencia denegada, le negó asimismo el aval necesario para ejecutar una financiación de 3,5 millones de euros que la empresa tenía comprometida con un fondo privado. Sin ese crédito, el spa cerró y la compañía se vio obligada a entrar en concurso. En mayo de 2023, Cublan y catorce de sus acreedores pidieron que se declarara culpable al Ayuntamiento por esa secuencia.

Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales califican de “falso” que la jueza “haya citado a nadie” y aseguran que “de trata exclusivamente de una pieza de calificación dentro de un concurso de acreedores que contempla la comparecencia de determinadas personas como posibles afectados para que puedan ejercer sus derechos de defensa”, algo que -apuntan- “no es ni obligatorio”.

Hay que recordar que la empresa cuenta a su favor con una sentencia firme que respalda buena parte de la tesis de la empresa. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió en febrero de 2024, íntegramente a favor de Cublan Inversiones, que la instalación conservaba una licencia tácita desde 2011 y que la empresa tenía “un indiscutible derecho a la licencia expresa” desde el 4 de diciembre de 2021, casi dos meses antes de que se le negara el aval que la habría salvado de la quiebra.

Es, de cualquier forma, un procedimiento distinto ya que el actual se dirime en la jurisdicción mercantil. Y, además, en el caso de Zaragoza –a diferencia de Alcorcón– el Ayuntamiento no era propietario ni gestor de la empresa concesionaria, sino que le negó una licencia y un aval que llevó a la firma a la quiebra.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido a los responsables de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) de “responsabilidades penales que son indeseables” si no colaboran en la misma.

Durante un acto organizado por 'El Periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra Raval de Barcelona, ha afirmado que no hay más posibilidad de ejecutar la sentencia y el retorno, y ha reclamado a los responsables del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) que “su actitud sea de mayor colaboración que la que estamos viendo a día de hoy”.

Ha sostenido que reavivar este debate es crear una polémica innecesaria y ha asegurado que en Aragón defenderán la propiedad de esos bienes, aunque ha dicho que “hubiera sido mejor una decisión dialogada”, pero que que al no ser posible, ha decidido la Justicia.

“A quien tenga que tomar esa decisión, mi consejo personal y además mi consejo con la mejor intención es: ejecuta la sentencia y ejecútala como te diga el juez, porque lo contrario te va a generar unos problemas que cualquiera entiende. La rebeldía en la ejecución de la sentencia va a tener una serie de derivadas en responsabilidad penal”, ha expresado.

Estado de las pinturas

Sobre si es posible el traslado sin dañar las pinturas, Azcón ha sostenido que la sentencia así lo contempla: “También dirime sobre si es factible o no ejecutar la sentencia con el traslado y no deja dudas” y que además el ministerio de Cultura se ha negado a hacer un informe que diga lo contrario.

Y ha ironizado con los traslados que se hicieron en el siglo pasado: “¿Me quieres decir que en los 80 y en los 90 podían viajar a Nueva York y que ahora que queremos volver a llegar a la Luna no somos capaces de que las pinturas vengan a Aragón?”.

El dirigente popular también ha criticado la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras explicar que, en una breve reunión que mantuvieron en mayo de 2025, este le aseguró, según Azcón, que cumpliría la sentencia: “El presidente de Illa me dijo una cosa y la realidad está siendo radicalmente la contraria”.

“Lo que el presidente me dijo es: 'Cuando haya sentencia, cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre Sijena, vamos a hacer una cosa: ni tú nombres un político, ni yo nombro un político, vamos a nombrar técnicos, y que los técnicos de las comunidades autónomas colaboren en todo lo que tengan para que cumplamos la sentencia'”, ha explicado.

Lo que comenzó siendo una concesión administrativa muy problemática, el centro termal y spa de Ranillas, en el recinto de la Expo de Zaragoza, amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para Jorge Azcón y Natalia Chueca de dimensiones aún por determinar. La jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a ambos dirigentes, entre varios otros –también a la actual presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro–, para dirimir un conflicto por la resolución anticipada de este contrato por parte del Ayuntamiento de la capital aragonesa, una decisión política consumada a finales de 2023 por la que los dos dirigentes populares se arriesgan a una inhabilitación para administrar bienes ajenos y, lo que es peor, que expone al Consistorio a una sanción millonaria.

El proceso es complejo y largo, y mezcla la vía mercantil con la contenciosa. Un punto de partida se puede situar en 2017, cuando la firma Cublan Inversiones asumió la explotación del recinto tras la liquidación de la anterior concesionaria, endeudada con el Ayuntamiento.

Cuatro años después, y en el plazo de cuatro meses entre octubre de 2021 y febrero de 2022, todo saltó por los aires. Cublan, que tenía dificultades financieras, pactó un crédito de 3,5 millones de euros con Audentia Capital para saldar la deuda con sus acreedores –entre ellos, el propio Consistorio– y poder mantener la actividad. Pero, para ello, la empresa necesitaba hipotecar la concesión como garantía y así se lo solicitó al Gobierno municipal, entonces con Jorge Azcón como alcalde en coalición con Ciudadanos.

Casi al mismo tiempo, la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia de funcionamiento al complejo termal, lo que basó en que la instalación supuestamente no cumplía las condiciones en materia de incendios. Cublan interpuso un recurso de reposición, pero entre tanto el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza aprovechó para tumbar la petición del aval, lo que justificó en la deuda contraída –algo más de 200.000 euros– y en la propia licencia denegada.

Desde febrero de 2022, el centro termal y spa permanece cerrado. El auto de declaración de concurso voluntario de Cublan Inversiones data de julio de ese año.

Hasta ahí, la primera parte. Pero la historia ha continuado. Porque la concesionaria recurrió la denegación de la licencia y los tribunales le han dado la razón. En noviembre de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza anuló esta denegación, aunque por un vicio de tramitación: el Ayuntamiento no trasladó en su momento la documentación proporcionada por Cublan ante las supuestas deficiencias de Bomberos. La propia Cublan apeló y el 16 de febrero de 2024 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón, con el juez Albar como ponente, le dio íntegramente la razón: determinó que cumplía con todas las exigencias, apuntó que de hecho la instalación contaba ya una licencia tácita desde 2011 y zanjó que Cublan contaba con “un indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021.

Esta última fecha es relevante ya que supone que cuando el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza denegó el aval a la concesionaria esta ya contaba con licencia a todos los efectos.

Interés de un constructor

Y hay un factor añadido que recoge la sentencia del TSJA y que apuntala las pretensiones de la concesionaria: en octubre de 2023 –la alcaldesa era ya Natalia Chueca–, el Ayuntamiento concedió de forma expresa la licencia de funcionamiento y lo hizo con los documentos que obraban en el expediente original, los mismos con los que tumbó la de Cublan Inversiones.

Solo unos meses antes había trascendido el interés del constructor Juan Forcén, amigo íntimo de Jorge Azcón, por quedarse la concesión a cambio del pago de unos cuatro millones de euros, un precio muy por debajo del valor del mercado que tenía entonces la instalación. Finalmente, la opción no fructificó. Esa época coincide, por otro lado, con el denominado 'kioskogate', por el que Forcén resultó adjudicatario de la mayoría de terrazas de concesión municipal que sacó a concurso el Gobierno local de Azcón.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia del TSJA en casación, pero el Tribunal Supremo lo inadmitió e impuso unas costas de 2.500 euros al Consistorio, como dio cuenta el Consejo de Gerencia de Urbanismo el 3 de junio de 2025.

En este contexto, Cublan Inversiones y 14 de sus acreedores reclamaron hace tres años, en la que ya es la pieza sexta del concurso, la declaración de culpabilidad del Ayuntamiento en la quiebra de la compañía, con una deuda reconocida de 14,6 millones de euros y más de un centenar de acreedores en total.

Y ese es el motivo por el que ahora la titular del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a nueve responsables del Gobierno municipal PP-Cs en condición de afectados, tal y como adelantó este fin de semana 'El Periódico de Aragón': Jorge Azcón, Natalia Chueca, Ángel Lorén, María Navarro, Patricia Cavero –todos ellos, del PP–, Víctor Serrano, Sara Fernández, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo –de Ciudadanos entonces, ahora en las filas populares–. ¿Qué supone la condición de 'afectado'? Que los nueve podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa, lo que en último término les acarrearía una inhabilitación de entre 2 y 15 años para administrar bienes de terceros, públicos o privados. Y, a su vez, las arcas municipales se arriesgan a tener que asumir una multa que fuentes conocedoras del caso sitúan por encima de los 30 millones de euros.

Los nueve dirigentes políticos niegan haber recibido la providencia, que elDiario.es ha podido confirmar que existe y que está fechada el pasado 30 de junio. Este mismo martes, la alcaldesa ha esgrimido el mismo argumento, aunque fuentes municipales evitan valorar si la notificación ha llegado al Ayuntamiento de Zaragoza como institución.

Este periódico también se ha puesto en contacto con fuentes de Cublan Inversiones, que han rehusado hacer declaraciones.

“Un proceso mercantil”

Natalia Chueca ha pedido “tranquilidad” ante “un proceso mercantil, no penal”. “Hablamos de equipamiento conocido desde su inauguración con el alcalde Belloch, que ha sufrido múltiples concursos de acreedores. Un negocio ruinoso, que operó sin licencia desde el primero momento. Es una deuda de la mala gestión de la empresa, pretenden que paguemos todos los zaragozanos y yo voy a defender el interés de Zaragoza”, ha manifestado la regidora, pese a que el TSJA ya determinó que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento.

El PSOE, tanto a nivel regional como desde el grupo en el Ayuntamiento, ha pedido “explicaciones” al PP: “”Exigimos responsabilidad, transparencia e información“, expresó el domingo el diputado Jesús Morales. El lunes, la portavoz municipal, Lola Ranera, exigió una junta de portavoces extraordinaria para abordar este asunto, algo que Chueca ha rechazado: ”No procede“, ha afirmado este martes.

El peligroso incendio de la sierra de Alcubierre, que sigue sin estar controlado, volvió a coger a Jorge Azcón fuera de Aragón. En concreto, en el Comité Europeo de las Regiones, donde se ha convertido ya en un habitual: se ha desplazado hasta Bruselas hasta siete veces en los menos de tres años que lleva como presidente autonómico para actos en esta institución, de menor fuste que la Comisión o el Parlamento Europeo. Su antecesor, el socialista Javier Lambán, solo fue dos veces en ocho años de gobierno a la capital belga, y en ambas para sendos eventos en la Eurocámara.

No es la primera vez que un suceso le sorprende lejos de la comunidad, ya que la riada de hace un año le cogió de boda privada en Galicia. En esta ocasión ha sido distinto: primero era un viaje oficial y además Azcón reaccionó a tiempo al adelantar su regreso 24 horas: el mismo viernes a primera hora ya estaba en la Sala de Crisis del 112 Aragón para seguir la evolución del fuego en Leciñena, y a continuación se desplazó hasta las zonas afectadas.

La historia de Azcón con el Comité de las Regiones viene de lejos. Al principio de su etapa como primer edil de Zaragoza, en 2020, trascendió que recibía semanalmente su despacho de Alcaldía clases de inglés sufragadas por este órgano comunitario, que da voz a las regiones y a las entidades locales. “Me lo pago yo y se la paso al Comité de las Regiones para que me la abone”, admitió entonces al diario Público. Ahora, como presidente autonómico, ha conseguido ascender hasta una de las vicepresidencias de la Mesa, lo que según fuentes del Ejecutivo autonómico justifica tanto desplazamiento de Azcón a Bruselas. Sin embargo, esto tiene una segunda lectura: en realidad, la Vicepresidencia Primera recae en el presidente andaluz, Juanma Moreno, mientras que el dirigente aragonés se ha repartido con su homólogo gallego, Alfonso Rueda, una de las otras 27 vicepresidencias de la Mesa y la ocupará durante la segunda mitad del actual mandato.

Según informó el 'Faro de Vigo' hace unas semanas, Rueda se ha desplazado a Bruselas desde enero del año pasado en cinco ocasiones, tantas como Azcón pese a que el primero ha sido quien ha ocupado en este tiempo el puesto de vicepresidente. El exalcalde de Zaragoza ha acudido a la capital belga en enero y noviembre de 2024; en febrero, mayo y octubre de 2025, y en mayo y junio de este año. En este tiempo, además de asistir a las sesiones plenarias del Comité de las Regiones, Azcón ha escenificado reuniones con los comisarios europeos de Transportes, de Agricultura y de Start Ups, Investigación e Innovación. Las mismas fuentes autonómicas recuerdan la importancia de “defender los intereses de Aragón” ante estas instancias en materias “críticas” como el transporte (como el Canfranc) o la agricultura (por la PAC).

El Comité de las Regiones es una institución comunitaria de carácter más secundario que decisorio: su mayor competencia es que debe ser consultado por la Comisión Europea y el Consejo de la UE en propuestas que generen afecciones en el ámbito regional o local. Su influencia se articula a través de dictámenes que se publican en el Diario Oficial comunitario y mediante estudios sectoriales con la ayuda de expertos. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa tiene también la capacidad de interponer recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En sus ocho años como presidente aragonés, entre 2015 y 2023, el socialista Javier Lambán fue mucho menos proclive a viajar hasta Bruselas y de hecho delegó en los consejeros de Presidencia, Vicente Guillén primero y Mayte Pérez después, la asistencia a los plenos. Sí que se desplazó en su primera etapa a la capital belga, pero para tres actos concretos —en octubre de 2016 y en julio y noviembre de 2018— sobre el Canfranc, la política regional comunitaria y el Corredor Cantábrico Mediterráneo.

Otras polémicas

El presidente aragonés ha vivido más de una polémica debido a sus viajes fuera de Aragón, especialmente en los desplazamientos privados. A finales de enero de 2024, precisamente poco antes de su primer vuelo a Bruselas como jefe del Ejecutivo, saltó una gran controversia debido a la semana de asueto que Azcón pasó en Puerto, adonde fue con su amigo, el constructor Juan Forcén, más las respectivas parejas. Ante la petición de explicaciones por parte de la oposición, justificó que fue un viaje pagado por su mujer por su 50 cumpleaños.

A este se suma la mencionada visita a Galicia en junio del año pasado, hasta donde acudió con vehículo y chófer del Gobierno de Aragón para asistir a la boda del conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta. Ahí permaneció dos días pese a que ya había comenzado un episodio de fuertes tormentas que arrasaron municipios de Zaragoza y Teruel.

Los educadores y educadoras sociales de Aragón han salido en defensa de los menores migrantes, un colectivo al que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico por Vox, Alejandro Nolasco, pone semana sí y semana también en la diana al vincularlos con la delincuencia. Según los profesionales del sector, “esta narrativa” solo consigue fomentar “la estigmatización de quienes más protección necesitan”. Y lo hace con el agravante de utilizar para ello su posición institucional en el Gobierno de Aragón.

El duro comunicado del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) llega días después de que el presidente autonómico, el popular Jorge Azcón, diera su respaldo expreso a la postura de Nolasco: respaldará a todos sus consejeros y consejeras, afirmó en el pleno de las Cortes de Aragón, “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad”. Sin mencionar, eso sí, que el día previo el líder de la extrema derecha en la comunidad había mezclado datos para tratar de relacionar a los menores migrantes con la delincuencia.

Los educadores sociales centra su censura a Nolasco en varios puntos. Sobre el fondo de las declaraciones del vicepresidente de Vox, el colegio profesional sostiene que “vuelve a asociar” a los menores migrantes sin referentes familiares en Aragón “con la delincuencia y la violencia”, y apunta que los datos difundidos “carecen de rigor”.

Sus palabras “no son inocuas”

La entidad advierte de que las palabras de un cargo público “no son inocuas”: cuando una institución generaliza sobre un colectivo vulnerable y proyecta sobre él “una imagen de amenaza”, se alimentan “el miedo, el rechazo social y los discursos de odio”, lo que dificulta los procesos de inclusión que sostienen a diario los servicios sociales y el sistema de protección de menores.

Desde su experiencia profesional, los educadores sociales subrayan que trabajan con menores que han vivido “procesos migratorios extremadamente duros”, marcados por pérdidas, violencia, separación familiar y experiencias traumáticas, y que reducir esa realidad a estereotipos constituye “una grave irresponsabilidad institucional”. No niegan la existencia de “situaciones complejas” que requieren respuesta judicial, pero rechazan que se utilicen para “criminalizar a toda una infancia”.

El comunicado pone el acento en que la “inmensa mayoría” de los menores atendidos en el sistema de protección “participan en procesos educativos positivos cuando cuentan con acompañamiento y estabilidad”, y subraya que resulta “especialmente preocupante” que este discurso proceda precisamente de quien ostenta “responsabilidades directas” sobre las políticas de infancia y protección de menores en Aragón.

Contra los periodistas

Por último, CEES Aragón reitera su respaldo a los equipos educativos que trabajan en los recursos de protección de menores, recuerda que todos los niños y adolescentes son sujetos de derechos “con independencia de su origen o situación administrativa” conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, e insta a los responsables públicos a ejercer “un liderazgo institucional responsable” basado en el rigor y el respeto a los y las profesionales del sector.

Anteriormente fue el Colegio de Periodistas de Aragón el que reprochó el tono, el lenguaje y los mensajes expresados por el vicepresidente autonómico de Vox. La semana pasada, Nolasco llegó a afear a una periodista que repreguntase sobre la cuestión ante las dudas generadas por los datos aportados, con los que la extrema derecha trata de vincular a los menores migrantes con la delincuencia.

La publicidad institucional se está convirtiendo en una de las principales herramientas de promoción del Gobierno de Jorge Azcón, hasta el punto de que el gasto en medios de comunicación entre enero y marzo triplica ya el desembolso que los primeros ejecutivos del socialista Javier Lambán destinaban a este fin en todo un año. Este crecrimiento ha sido sostenido desde la llegada de los populares al poder hace tres años.

Así, en los tres primeros meses de 2026 el gasto para este fin alcanzó los 3,2 millones de euros, cuando su predecesor apenas se quedó en un millón de euros en 2016 y 2017. En los ejercicios posteriores, Lambán aumentó hasta los 3,5 millones el dispendio en medios de comunicación, lo que en todo caso supone poco más de lo que Azcón ha abonado en un solo trimestre.

Todos estos datos son públicos y constan en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

El principal beneficiario en este periodo ha sido la Cadena COPE, que ha percibido 170.186 euros entre la matriz y las desconexiones territoriales. Prácticamente esta misma cantidad ha recibido 'Heraldo de Aragón', la principal cabecera del grupo Henneo. Y en un segundo escalón se sitúan también casi al mismo nivel la Cadena SER —sumando asimismo los territorios— y 'El Periódico de Aragón', con unos 134.000 euros.

Entre los medios nativos digitales, destacan dos de sesgo conservador: El Español, al que en un solo trimestre han ido destinados algo más de 80.000 euros, y el Hoy Aragón, que se acerca a los 70.000 euros en tres meses. Les sigue un portal de carácter autonómico, Aragón Digital, y detrás figura una web nacional sin delegación en la comunidad, OKDiario, con cerca de 52.000 euros y también conservadora.

Detrás en esta lista aparecen Extradigital, con casi 50.000 euros, El Economista, 20 Minutos, El Confidencial, Enjoy Zaragoza y el portal ultra Periodista Digital, que se lleva 31.000 euros, en un orden que no está ligado a las audiencias de los medios en Aragón pese a que así lo recoge la legislación autonómica. Llama también la atención la aparición en la lista de EDA TV, del extremista Javier Negre, a quien también beneficia el Gobierno del PP en Zaragoza.

En esta lista aparece también elDiario.es, que percibió del Gobierno de Aragón 21.538 euros, por detrás del Eco de Teruel y de Zaragoza, de The Objective y de El Diario de Huesca.

En cuanto a los grupos de comunicación, Prisa se sitúa en primer lugar de manera destacada, dado que al incluir El País, Cadena Dial, Los 40 o Cinco Días, además de la SER, alcanzó los 357.000 euros. Detrás se sitúa COPE, con 290.000 euros, y a continuación las editoras de 'Heraldo' y 'El Periódico' respectivamente, a un nivel similar: 211.000 euros el grupo Henneo y 203.000 euros Prensa Ibérica.

Tras Atresmedia aparece un grupo 100% aragonés, Arvia, uno de cuyos propietarios es Ricardo Mur —una persona muy próxima a Jorge Azcón— y que aglutina al Hoy Aragón, El Diario de Huesca y Sport Aragón. Se sitúa por delante de Vocento (ABC) y de Unidad Editorial (El Mundo)

La legislación que ordena las campañas de publicidad institucional en Aragón es la Ley sobre Publicidad Institucional, que data de 2003. Ahí aparece de forma expresa que para la contratación de estos espacios tanto el Ejecutivo autonómico como las empresas públicas se deberán atener a “criterios objetivos de ámbito territorial y difusión del medio correspondiente”. El ámbito de aplicación abarca igualmente a las administraciones locales.

“Es preciso establecer unas normas que permitan que (la publicidad institucional) no sea utilizada como elemento discriminatorio desde el sector público y sirva adecuadamente a sus objetivos, evitando su uso incorrecto”, expone la normativa. También insta a que la relación entre las administraciones y los medios de comunicación se lleve a cabo con “la máxima transparencia y respeto a la igualdad de oportunidades, sin interferir en la libre competencia ni en el necesario pluralismo informativo”.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, respalda a su vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), como a cualquiera de los miembros de su Ejecutivo “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad ”. Azcón ha respondido así a una pregunta parlamentaria formulada por Chunta Aragonesista (CHA) este viernes en la sesión de control al presidente en el Parlamento aragonés y ha calificado de “exageración absolutamente impropia” las críticas por “vulneración de los Derechos Humanos” por las declaraciones y notas de prensa del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, en las que se refiere a los menores migrantes no acompañados como “menas” y los vincula con la delincuencia.

Azcón defiende a su socio de gobierno después de que este compareciera en una rueda de prensa para ofrecer unos datos vinculando delincuencia con menores migrantes acogidos por la administración autonómica y que, según Nolasco, “de los 219 supuestos menas que acoge actualmente Aragón a la fuerza, unos 40 están implicados en delitos o en actitudes susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal”. Se ha referido “sólo a casos de delincuencia y de sucesos de extraordinaria gravedad”, dado que “si hablamos de problemas graves de convivencia, la cifra aumenta considerablemente”.

El documento facilitado a los medios de comunicación, a los que volvió a atacar por preguntar sobre los datos ofrecidos, presenta varias debilidades metodológicas, según fuentes jurídicas, al agrupar situaciones con consecuencias legales diferentes y tampoco explica los criterios de selección. Además, el vicepresidente recurre a expresiones que no forman parte del ordenamiento penal español, lo que dificulta conocer con precisión qué casos incluye y con qué criterio.

El documento ha construido una única categoría en la que ha agrupado a menores sometidos a medidas judiciales de internamiento, menores detenidos, menores denunciados, menores sobre los que existen diligencias policiales y menores implicados en incidentes ocurridos dentro de los centros de protección. También ha incorporado referencias a “expedientes por comportamientos peligrosos”, sin precisar si se trata de procedimientos disciplinarios internos, actuaciones administrativas o procedimientos penales.

Esa agrupación ha permitido presentar una cifra conjunta de menores presuntamente vinculados a la delincuencia, aunque las situaciones descritas no tienen el mismo alcance jurídico. Una detención no implica una condena, unas diligencias policiales pueden archivarse, una denuncia puede no prosperar y un incidente disciplinario en un centro de protección no constituye por sí mismo un delito. Por ello, la suma de todas esas categorías no permite extraer automáticamente una conclusión sobre el nivel de delincuencia de ese colectivo.

La expresión utilizada por el vicepresidente Nolasco sobre “delitos o actitudes susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal” es formulación especialmente imprecisa. La alusión no se corresponde con ninguna categoría jurídica reconocida por el ordenamiento español, ya que la legislación penal no contempla esta clasificación como criterio autónomo, sino que distingue entre hechos que pueden ser objeto de investigación y hechos que finalmente son calificados como delito por los órganos competentes. La valoración de si una conducta reviste carácter delictivo corresponde, en cada caso, a la investigación policial, al Ministerio Fiscal y, en último término, a los tribunales.

A ello se ha añadido otra limitación metodológica. El documento no explica qué criterios ha seguido para seleccionar los episodios incluidos, si la relación recoge todos los incidentes registrados durante ese periodo o únicamente los más graves, ni si algunos menores aparecen contabilizados en varios de los sucesos descritos. De hecho, en el documento un mismo menor aparece implicado en varios episodios (por ejemplo, el joven detenido varias veces los días 6 y 7 de junio), por lo que no puede asumirse que cada incidente corresponda a una persona distinta.

Tampoco ha contextualizado esos hechos respecto al conjunto de los aproximadamente 1.700 menores tutelados por el sistema de protección aragonés, lo que dificulta valorar el alcance real de los incidentes que expone y tampoco cita ninguna fuente primaria. No aparecen números de diligencias, atestados, autos judiciales ni estadísticas oficiales.

Estas cuestiones, según fuentes consultadas, no permiten concluir si los hechos relatados son o no falsos, pero sí obligan a interpretar con cautela las conclusiones que el documento extrae de ellos. Incluso aunque los incidentes se confirmaran, seguiría siendo necesario analizar si la forma en que han sido seleccionados, clasificados y presentados ofrece una imagen fiel de la situación o responde a una construcción argumental basada en categorías heterogéneas y conceptos jurídicamente imprecisos.

Además, la documentación del vicepresidente utiliza un lenguaje político, no técnico, como “endosados”, “enquista”, “peligroso ambiente”, lo que indica que es un documento de comunicación más que un informe estadístico.

Debate parlamentario

“Lo que no vamos a hacer es hablar sólo de los que a ustedes les interesa”, ha respondido Azcón a la diputada Verónica Villagrasa, aprovechando también la intervención para insistir en que van a “contar los problemas reales que hoy hay en los centros de menores”, sin “ocultarlos”, sin “mirar hacia otro lado” y ocupándose de esos problemas.

Azcón se ha mostrado muy seguro en no rebasar líneas rojas, afirmando que, si el Gobierno de Aragón estuviera vulnerando los Derechos Humanos, habría “una cascada de demandas” contra las medidas que está tomando. Lejos de disculpar la actitud de Nolasco, ha apostado por “no ocultar la verdad” y por tomar medidas como la de reforzar la seguridad privada en los centros de menores. Además, ha asegurado confiar en el derecho y sentirse en línea con los manifestado este jueves en el pleno de las Cortes por la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, pese a que ella el día anterior había pedido tener cuidado con el lenguaje y no identificar a los menores migrantes con violencia y conflicto de manera ineludible “porque esa no es la situación real”.

El presidente de Aragón, que ha avanzado que no van a “crear grietas” en el Gobierno autonómico, ha instado a la diputada de CHA a reconocer que “hay una realidad”, que es que “hay una parte de esos menores que cometen delitos”, a lo que la diputada aragonesista ha replicado que “nadie niega que haya menores que cometan delitos, pero la obligación de una administración que los tutela y debería proteger no es señalarlos públicamente. Eso no es una forma de protección”, ha añadido, instando al consejero a “poner los medios necesarios para reconducir esas situaciones” con seguridad, pero también incrementando los recursos porque “señalar a un menor no demuestra firmeza, demuestra incapacidad y coherencia para gestionar los problemas reales”. Por otro lado, ha recordado que, desde el regreso de Vox al Gobierno de Aragón, han llegado 14 menores migrantes a Aragón, “exactamente lo que decía que iba a impedir”.

La diputada de CHA Verónica Villagrasa, que ha sustituido en la sesión al portavoz del grupo, Jorge Pueyo, que se encuentra “acompañando a su familia” en su pueblo, Fonz (Huesca), que ha estado confinado esta noche por el incendio forestal declarado en la zona, ha defendido que “la calidad de una democracia se mide por el trato que se da a su ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables” y que “ese principio empieza por el respeto básico a los Derechos Humanos”.

Sin embargo, Nolasco “traspasa esa línea cada vez que menosprecia a una persona o deshumaniza a quien tiene delante”, lo que tiene como principal responsable político al propio presidente, que es quien lo nombró.

“Cada palabra con la que Nolasco descalifica a una persona es también su responsabilidad. Cada frase con la que menosprecia a alguien, cada discurso con el que deshumaniza a niños y niñas, porque Nolasco habla como vicepresidente del Gobierno de Aragón y sigue haciéndolo porque usted ha decidido que siga haciéndolo”, ha agregado.

En este sentido, la parlamentaria aragonesista le ha preguntado su opinión acerca de los comunicados del Colegio de Periodistas de Aragón, que ha rechazado los “discursos discriminatorios que deterioran la convivencia” y este mismo jueves tuvo que amparar a una periodista por el trato recibido del vicepresidente durante una rueda de prensa sobre menores migrantes, en la que “al más puro estilo trumpista y machista, se encara con una periodista que sólo estaba haciendo su trabajo”.

A ello ha sumado que la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, afirmó que la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, a la que el departamento de Nolasco retiró la financiación, “no es tirar el dinero” y el profesorado “advierte de los riesgos del supremacismo”; que Amnistía Internacional “rechaza los discursos estigmatizantes” o cuando la Justicia “le pide expresamente que no vincule migración y violencia”.

Villagrasa ha criticado que, pese a tener la responsabilidad de gestionar una consejería de la que dependen la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad, las familias, la inclusión y los servicios sociales, donde “debe primar la gestión y no la propaganda”, Nolasco ha preferido centrar su atención política en los menores migrantes, pese a que la Comunidad Autónoma “no tiene competencias ni en inmigración ni en seguridad”, y ha optado por “alimentar el miedo”.

Durante el debate entre la diputada y el presidente, Azcón ha respondido de forma lastimera a Villagrasa por su alusión a la ausencia de Nolasco en el pleno, ya que estaba en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) atendiendo el incendio forestal en la Comarca oscense de La Litera. “¿Tanto le costaba pedir disculpas por haber metido la pata?”, ha expresado.

A continuación, ha cuestionado si Chunta Aragonesista quiere traer al parlamento “el insulto, la mentira y creerse en posesión de la verdad absoluta” y ha pedido a CHA una reflexión sobre su “apoyo” al Gobierno de España, con “una financiación que perjudica a Aragón, un ministro de Cultura que dice lo que dice sobre Sijena, que está retrasando las obras de Teruel en el que los trenes van a la misma velocidad que los tractores y que está hasta arriba de corrupción”. “Ustedes se quieren fijar en su dedo en lugar de fijarse en la luna”, ha zanjado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido sentirse “especialmente cómodo” en un Partido Popular “aragonesista” y ha avanzado que es una “filosofía” y una “línea política” que la formación “sin ningún género de dudas, tenía, tiene y quiere reforzar”.

El jefe del Ejecutivo se ha expresado así este miércoles en un 'Desayuno Heraldo' en Zaragoza al ser preguntado por la incorporación del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor en el gabinete del jefe del Ejecutivo autonómico, en una plaza que estaba vacante en este área, y que ha generado “polémica” y rechazo entre alcaldes y simpatizantes del Partido Aragonés, así como del PP. “Siempre en Aragón ha habido fuerzas políticas que han defendido el aragonesismo, en el caso del PAR, además, un aragonesismo que entiende la Constitución española con la identidad que tiene nuestra comunidad, y esa es una filosofía que el PP de Aragón, sin ningún género de dudas, tenía, tiene y quiere reforzar”, ha argumentado Azcón.

En su opinión, la “polémica” generada en torno al fichaje de Alberto Izquierdo se contesta con el resultado del XIV Congreso Provincial de Teruel, que tuvo lugar el pasado domingo y del que salió elegida presidenta provincial la actual alcaldesa turolense y senadora, Emma Buj, con el 96% de los votos. Los partidos, ha explicado Azcón, “somos entes vivos” y, por suerte, hay distintas opiniones y no “unanimidad absoluta”, de manera que “nada de lo que hemos hecho se hace sin hablar con los presidentes provinciales en el partido y así va a seguir siendo”.

En esta línea, ha defendido que “hoy, en el espectro político, quien defiende a esta comunidad autónoma es el Partido Popular de Aragón” y “esa es una línea política en la que yo quiero profundizar”, porque el PP, ha continuado es la formación en la que “más aragoneses se pueden ver representados” y la que “mejor va a defender los intereses de la comunidad autónoma”.

Elecciones municipales

Acerca de una posible coalición del PP con el PAR de cara a las próximas elecciones municipales de 2027, Azcón ha defendido que “es un debate” que corresponde a cada uno de los presidentes provinciales y que se afrontará “municipio por municipio”, considerando que “es un error pensar en reglas generales”.

Jorge Azcón ha adelantado que en los comicios municipales podría llegarse “a acuerdos o no en determinados municipios en función de lo que le pueda interesar” a esa localidad, aunque, en cualquier caso, el objetivo es que haya el mayor número posible de alcaldes del PP en Aragón y revalidar las diputaciones de Teruel y Huesca, además de conseguir la de Zaragoza.

Para este propósito, el presidente aragonés ha indicado que la fórmula es “presentar a los mejores candidatos”: “No vamos a presentar candidatos de ideología socialista o que no entiendan cuáles son los principios y los valores del PP, pero si hay personas que puedan estar en un partido con el que podamos llegar a un acuerdo, estoy convencido de que los presidentes provinciales harán porque así sea”.

Ha recalcado Jorge Azcón que lo prioritario es “el interés general”: “Primero nuestra comunidad autónoma, nuestros pueblos, las instituciones que tenemos la responsabilidad de gobernar y después el partido, en tercer lugar las personas”. En esta línea, ha rehusado “debates personales” o “visiones cortoplacistas”, más si cabe “en una situación política de extraordinaria complicación en nuestro país”.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, será elegida este domingo como nueva presidenta provincial del PP con el partido abierto en canal. Al contrario de lo expresado por la dirección del partido en Zaragoza, la crisis por el fichaje del líder del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor de Jorge Azcón en el Ejecutivo autonómico dista mucho de haberse solucionado. La ira entre los alcaldes rebeldes se mantiene: algunos escuchan ya a otras formaciones de cara a 2027 mientras otros sostienen que renunciarán a renovar su cargo. “Está a tiempo de arreglarlo, puede ser una hecatombe”, advierte uno de los regidores.

Las propias palabras de la regidora el pasado lunes, cuando dio por “resuelta” la rebelión interna y la circunscribió a “tres o cuatro alcaldes”, han soliviantado aún más a los críticos con la dirección popular. Son un centenar los cargos locales que han suscrito una carta en la que reclaman a Azcón que dé marcha atrás con la incorporación de Izquierdo, que en todo caso ya es oficial porque ha salido esta semana publicada en el Boletín Oficial de Aragón. De ese total, cerca de la mitad son alcaldes de ayuntamientos y el resto, entre alcaldes pedáneos y concejales. Hay que recordar que el PP está en la provincia de Teruel al frente de 92 consistorios.

Este periódico ha recabado numerosos testimonios de regidores populares en ese territorio, todos ellos críticos con el fichaje del presidente aragonesista. Otros muchos guardan silencio por temor a represalias, aunque también hacen evidente su descontento. Por su parte, la dirección provincial del partido ha rehusado hacer valoraciones.

“La crisis no se ha cerrado”, apunta uno de los primeros ediles, que pide anonimato incluso sobre su comarca para evitar el revanchismo de la dirección del partido en Zaragoza. En su caso, tiene muchas dudas de que vaya a continuar representando las siglas del PP: “Me lo voy a pensar muy bien. Te quemas mucho, ves que eres solo un número; te dejan por los suelos y no sabes hasta qué punto merece la pena seguir al frente de tu pueblo”, lamenta, antes de indicar que Vox y Teruel Existe ya le han sondeado para incorporarse a sus filas.

“Se han cargado al PP de Teruel”

¿El motivo de estas dudas? Que Alberto Izquierdo se convierta en asesor de la Presidencia autonómica. “Lo veo muy mal: desde mi punto de vista se han cargado al PP de Teruel. Azcón se pensaba que los de Teruel nos íbamos a callar y le ha salido mal, no vamos a recular. Hay gente muy válida en el PP para afrontar ese cargo y no esa persona, que ha sido el peor enemigo del PP en Teruel”, explica.

Desde su punto de vista, la única forma de que amaine la tormenta es que “Azcón cese a Izquierdo de inmediato”. “Si no, esto está desbordado, puede ser una hecatombe. Están a tiempo de arreglarlo”, advierte el regidor.

Un alcalde de una localidad no muy alejada de la anterior expone un diagnóstico similar, pero en su caso la consecuencia va a ser distinta: “Yo aguantaré lo que queda de mandato y en 2027 lo dejo. No creo que cambie de partido, pero esto ha sido la gota que ha colmado el vaso”, apunta. Acusa al presidente del PAR de haber hecho “la vida imposible” a los cargos locales del PP: “En el partido hay gente mucho más válida para ese puesto, no tiene ninguna justificación. Que den esa oportunidad a Izquierdo es muy fuerte”, critica, y elucubra sobre los motivos: “No sé si quieren tapar algo que no quieren que salga a la luz o es que han pactado algo”.

Un regidor con mucho peso en la provincia constata el malestar, y acusa a la dirección del PP por querer cerrar en falso la crisis: “Sigue habiendo muchos alcaldes enfadados, ni mucho menos está zanjado”. También pone en la diana al presidente del PAR y a Azcón por nombrarlo: “Ha hecho mucho daño al PP aquí”.

Sobre su posición de cara a las elecciones municipales, admite que ningún partido se ha puesto en contacto con él y duda qué paso dar: “Lo decidiré el año que viene. Irme a otro partido no creo; quizás va siendo hora de irme a mi casa. Lo tengo que meditar”.

Una alcaldesa de otra comarca distinta también incide en que el enfado entre los cargos locales populares de la provincia “continúa”, aunque matiza que hoy por hoy “no va a haber dimisiones”. “Pero el año que viene será otra cosa”, advierte. “No somos hinchas de fútbol: que me presentara por las listas del PP no quiere decir que vaya a ser para siempre así. Ahora mismo el PP es el partido que más me cuadra, aunque si Vox viene a hablar conmigo no sé lo que haría”, analiza, aunque en principio descarta presentarse por otras siglas: “Vale más mi coherencia y mi sentido común que una decisión de Jorge Azcón”.

Habrá “castigo electoral”

Esta regidora, en todo caso, vaticina que, más allá de su propia decisión, los vaivenes de la dirección de partido respecto a la provincia de Teruel van a tener un reflejo en los comicios previstos para el año que viene: “Quizás diez alcaldes cambien de bando, pero no creo que los 50 lo hagan. Aunque castigo electoral sí que vamos a sufrir”, anticipa.

En lo que todos los consultados se ponen de acuerdo es en valorar la labor desarrollada por el actual líder provincial y en avanzar el “difícil” congreso que le espera este domingo a su sucesora, Emma Buj. “No tengo ninguna queja de Joaquín Juste, ha sido un presidente cercano y que siempre coge el teléfono. Nos hubiera gustado aquí que hubiera hecho algo más, pero creo que ha llegado hasta donde podía”, valora una alcaldesa.

“Le tengo mucho aprecio, no puedo hablar mal de él: lo ha intentado por activa y por pasiva”, abunda sobre Juste otro compañero, que considera que Buj “tiene mucho trabajo por delante” y que deberá “recorrerse la provincia entera”. “Emma se va a comer un marrón importante para empezar”, advierte otra regidora, que cree que a la alcaldesa de Teruel le penalizará venir de un núcleo grande: “No va a tener el punto de vista de los municipios pequeños en muchas cuestiones”.

Vox ha vuelto a hacer uso del portal oficial del Gobierno de Aragón para poner en la diana a un menor migrante. Pese a las críticas por la utilización ideológica de una web ideada para informar sobre la actividad del Ejecutivo autonómico, la formación de extrema derecha ha publicado una nota sobre la supuesta fuga de un centro de acogida de un “peligroso” adolescente tras una “brutal agresión”.

Pese a la naturaleza del portal Aragón Hoy, destinado a dar a conocer la acción del Gobierno, la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar y Familia –en manos de Vox– da detalles muy concretos sobre el menor, incluida su nacionalidad y su localidad natal. Desgrana unos hechos según los cuales participó en una revuelta interna en el centro, del que también da a conocer su ubicación, y le dedica calificativos como que fue el “cabecilla” de la pelea, que se “ensañó” con la víctima o que “se desconocen sus posibles antecedentes policiales o delictivos”.

En la nota, el vicepresidente Alejandro Nolasco acusa al “Gobierno de (Pedro) Sánchez” de “amparar” estas “conductas y situaciones intolerables” y exige al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que “deje de ser cómplice”. Asimismo, reclama a Beltrán “que se implique directamente para que la Policía encuentre, detenga y ponga ante la Justicia a este presunto menor de edad, que no puede campar a sus anchas de forma descontrolada y que jamás debería haber sido acogido por el Gobierno de España ni mucho menos entregado forzosamente a Aragón”.

No es la primera vez que Vox lleva a cabo una práctica que no se había dado hasta ahora, y que supone una vuelta de tuerca en la agenda ultra de la formación, que desde que ha vuelto a entrar en el Gobierno de Azcón ha puesto a los menores migrantes que llegan sin padres ni madres a la comunidad en el centro del debate.

Hace tres semanas, el portal Aragón Hoy ya informó, también desde la Vicepresidencia de Desregulación, del supuesto caso de un menor que agredió a una trabajadora social en un centro de acogida del Gobierno de Aragón. La formación ultra incluso dio detalles del joven, del que reveló su edad y su nacionalidad.

Posteriormente, la Asociación de Periodistas de Aragón, que agrupa también al Colegio Profesional, trasladó a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre “diversos comunicados institucionales” difundidos desde la Vicepresidencia de Nolasco a partir de “quejas por parte de colegiados y asociados, pero también de otros ciudadanos ajenos a la profesión”.

Entre otras cuestiones, trasladó a la Comisión el uso reiterado del término ‘mena’, pese a que la ‘Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones’ impulsada por el propio Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón desaconseja expresamente su uso para referirse a personas, y advertía del carácter despectivo y estigmatizante que ha adquirido esa denominación.

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso interpuesto por Aragón contra el Gobierno central con motivo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para garantizar una acogida digna de los niños y adolescentes no acompañados que llegan a España. En concreto, se trata de la impugnación presentada por el Ejecutivo de Jorge Azcón ante el supuesto silencio del Consejo de Ministros en torno a los criterios de aplicación del sistema de distribución por parte de las comunidades autónomas.

La sala concluye que el Ejecutivo autonómico dirigió su apelación “contra una actuación no susceptible de impugnación contencioso-administrativa”, y por ello acuerda la inadmisión del procedimiento.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han subrayado que las pautas han sido públicas desde el principio puesto que así figuran en el Real Decreto-ley 2/2025 y en los siguientes decretos de desarrollo. Del mismo modo, estos criterios –sostienen– fueron debatidos en las distintas conferencias sectoriales convocadas a tales efectos, sin que ninguna región propusiese en ellas otras reglas alternativas.

Fuentes ministeriales recuerdan que con este son ya al menos cinco los “varapalos judiciales” que recibe el Gobierno aragonés desde la aprobación del Real Decreto-ley para la acogida solidaria y vinculante de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada. A ello, añaden, se suman las resoluciones desfavorables que en esta misma línea también se han producido respecto a las acciones legales similares emprendidas por otras administraciones como Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana.

La ministra Sira Rego ha vuelto a defender “un mecanismo de solidaridad interterritorial que ha permitido destensar los sistemas de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria”. “Esto se ha traducido en una mejor atención a los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados al resto de comunidades autónomas del Estado”, manifiesta. Según Rego, “el Gobierno de España hace lo contrario a lo que hacen la derecha y la ultraderecha allá dónde gobiernan. Nosotros reforzamos derechos donde otros pactan racismo. Y esto no se negocia”.

La administración autonómica, que desde el inicio se ha opuesto al reparto obligatorio aprobado en la última modificación de la norma de extranjería, puso en marcha ya en la pasada legislatura una estrategia de judicialización de todo el proceso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya tumbó primero las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico para evitar dar a conocer sus datos de distribución y luego la propia impugnación. Y la Audiencia Nacional desestimó las demandas planteadas frente a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Por otra parte, existen también cuatro sentencias, dictadas por un órgano de instancia de Ceuta, que anulan el traslado a la Comunidad de otros tantos jóvenes extranjeros no acompañados. Los fallos no son firmes y responden a las impugnaciones presentadas por el Gobierno de Aragón contra el desplazamiento de estos chicos.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha admitido este jueves que resulta “muy difícil” que el Bachillerato concertado pueda implantarse el próximo mes de septiembre después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspendiera la orden de concertación aprobada por el Ejecutivo autonómico. El fallo judicial da la razón a los colectivos de la escuela pública al considerar que la orden fue aprobada por un Gobierno en funciones pero Azcón lo ha justificado precisamente “para que pudiera implementarse en septiembre”.

Aunque ha insistido en que será el Departamento de Educación quien estudie las posibles alternativas junto a los representantes de la enseñanza concertada, el presidente aragonés ha reconocido las dificultades para que la medida llegue a tiempo para el inicio del próximo curso.

La consejera de Educación mantiene de hecho este viernes una reunión con representantes de la educación concertada para analizar los distintos escenarios abiertos tras la resolución judicial.

Pese al revés sufrido en los tribunales, Azcón ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico y ha explicado que la decisión de aprobar la orden cuando el Gobierno estaba en funciones respondió exclusivamente a una cuestión de plazos.

“Si no hubiera sido en funciones, hubiera sido imposible por tiempo ponerla en funcionamiento”, ha afirmado. Según ha explicado, el objetivo era que los alumnos y las familias pudieran beneficiarse de la concertación del Bachillerato a partir del curso 2026-2027.

El presidente ha asegurado que el Gobierno de Aragón respetará la decisión de la Justicia, aunque ha reiterado su compromiso con la ampliación de la oferta educativa concertada. “Lo importante es que el Gobierno de Aragón tiene la voluntad de seguir ampliando derechos educativos de las familias aragonesas que optan por la educación concertada”, ha afirmado.

Azcón ha recordado además que la concertación del Bachillerato formaba parte de los compromisos adquiridos por el Partido Popular tanto durante la campaña electoral como en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha garantizado que el Ejecutivo seguirá trabajando en esa dirección. “No renunciamos a esa apuesta por la educación pública, pero también por la educación concertada”, ha concluido.

“Quien debería dimitir es Azcón”

Mientras, en las Cortes de Aragón, la consejera de Educación ha adoptado la estrategia de que la mejor defensa es un buen ataque. En una respuesta al diputado socialista Jorge Pastor, y pese la contundente sentencia de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha indicado al PSOE que “en pocos meses tendrán que explicar por qué 55.000 familias no van a tener el derecho a elegir en qué colegio quieren terminar sus hijos sus estudios”.

Pastor ha preguntado a la consejera si va a dimitir y ha recordado que “han hecho una bandera tan grande de la privatización del Bachillerato y los conciertos que quien debería dimitir es Azcón”. Le ha pedido que “desistan” de concertar el Bachillerato porque “no se necesitan más plazas y en el futuro se van a necesitar menos”.

El diputado socialista también ha cuestionado por qué el Gobierno de Azcón no concertó el Bachillerato antes de entrar en funciones y si Vox presionó al PP, y le ha solicitado que explique qué va a hacer con el Colegio Catalina de Aragón, que cierra dos aulas, el Gil Tarín, el Hermanos Marx, y ha mostrado su preocupación por los centros rurales agrupados. “Detrás de cada cierre hay un niño, una familia, unos profesores, un municipio que quieren una explicación”, ha zanjado.

“No tienen ni idea de quién va a un colegio concertado”, ha acusado por su parte la consejera Susiín, que ha apuntado que muchas familias de la concertada votan a los socialistas. La titular de Educación también ha hablado sobre el proceso de escolarización, que finalizó el 29 de mayo, y en el que el 97,46% de las familias han podido escolarizar a sus hijos en su primera opción, lo que “acredita” el éxito del espacio único de escolarización. Solo se han cerrado siete vías, por 23 en el último año de gobierno del PSOE, ha añadido.

El Gobierno de Jorge Azcón ha aprobado un decreto ley para llevar a cabo una modificación de crédito de 619 millones de euros destinada a cubrir necesidades adicionales de financiación de los servicios públicos esenciales, ante la prórroga de los Presupuestos de Aragón de 2024. El texto, aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno, deberá ser convalidado por las Cortes de Aragón e incorpora también medidas urgentes relacionadas con determinadas subvenciones de interés público.

Entre ellas figura la ejecución del acuerdo de gobernabilidad suscrito por PP y Vox, que contempla una reducción del 50% de las subvenciones destinadas a los agentes sociales —sindicatos y organizaciones empresariales— y a los sindicatos agrarios por su participación institucional. No obstante, la aplicación será progresiva: en 2026 la reducción será del 15%, mientras que el recorte a la mitad entrará en vigor en 2027.

Actualmente, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO reciben una aportación conjunta de 1,3 millones de euros anuales —325.000 euros cada organización— por este concepto. Con la entrada en vigor de la medida, esa cuantía quedará reducida a la mitad a partir del próximo ejercicio completo. Es decir, cada entidad perderá 48.750 euros en este primer recorte, mientras que el próximo año recibirán 162.500 euros menos.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha justificado la decisión por la necesidad de actuar “con coherencia con los acuerdos firmados” con su socio de gobierno. No obstante, ha minimizado la medida al considerar que el ajuste afecta exclusivamente a las partidas vinculadas a la participación institucional, alegando que el Ejecutivo “garantiza el apoyo al conjunto de la actividad de los agentes sociales y sindicatos agrarios”.

El pacto entre PP y Vox establece que «se procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, en el sentido recogido en el artículo 13 de la Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón». Asimismo, prevé la reducción de ayudas a entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, con el objetivo de que los recursos públicos se destinen “exclusivamente al servicio de las necesidades de los aragoneses”.

La medida, se suma a otra reciente anunciada por el vicepresidente de Vox, Alejandro Nolasco, relativa a la no renovación del convenio que financiaba la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, una iniciativa que durante años ha impulsado actividades de formación, investigación y sensibilización vinculadas a la cooperación internacional.

Necesidades presupuestarias

El Decreto Ley contempla el refuerzo de efectivos para garantizar el mantenimiento de la actividad asistencial. Junto a las necesidades para cubrir el gasto de personal (394 millones de euros), el suplemento incorpora créditos destinados a garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales. Una parte muy significativa de los recursos se destina al funcionamiento ordinario del sistema sanitario público, con 169 millones de euros, con el fin de asegurar el mantenimiento de la actividad asistencial y la cobertura de las necesidades derivadas de la prestación sanitaria.

Asimismo, se habilitan créditos de 33 millones de euros para atender los gastos de funcionamiento de los centros residenciales (12 millones) y otros servicios gestionados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, reforzando la red pública de servicios sociales, así como para financiar la universidad pública, el operativo de prevención y extinción de incendios forestales y la reposición de los recursos utilizados con cargo al Fondo de Contingencia (10 millones).

La modificación presupuestaria contempla destinar 36 millones de euros al pago de subvenciones nominativas, cuya autorización debe realizarse mediante decreto ley cuando las cuentas autonómicas se encuentran prorrogadas, como sucede actualmente en Aragón.

 Frente a las necesidades de crédito por valor de 619 millones de euros, la evolución prevista de los ingresos permite, según ha explicado la portovoz, a aflorar recursos adicionales por importe de 485 millones respecto de las previsiones incorporadas en el presupuesto prorrogado, fundamentalmente como consecuencia del incremento de la financiación autonómica y de la evolución favorable de los ingresos tributarios de la comunidad autónoma. “Más del 80 por ciento se financia por la evolución económica y financiera de la comunidad autónoma y el resto mediante operaciones de endeudamiento”, ha apuntado Vaquero.

En este sentido, ha indicado que resulta necesario complementar esta financiación mediante la autorización de operaciones de endeudamiento por importe de 134 millones de euros. 

“Vox impone, el PP obedece y Aragón pierde”

El PSOE ha mostrado su oposición “recorte de recursos” a los agentes sociales que el Gobierno de Aragón ha anunciado va a realizar. Así lo ha dicho este jueves el diputado Fernando Sabés, quien ha criticado que el PP se pliega a los recortes de Vox a los agentes sociales, algo inaudito en Aragón “donde siempre había primado el diálogo social como elemento de estabilidad”.

Sabés ha asegurado que la forma de actuar de este gobierno aragonés es “Vox impone, el PP obedece y Aragón pierde”. Ha añadido que “Vox marca el camino y da las órdenes y el Partido Popular las asume y las ejecuta, aunque perjudique a los trabajadores, aunque perjudique a las empresas y aunque perjudique también a los agricultores”, ha apuntado en rueda de prensa.

“Nos preguntamos dónde está Jorge Azcón y qué pinta el Partido Popular en este Gobierno. En un gobierno en el que solo se da a conocer aquellos recortes que plantea Vox, como los de esta misma semana a la Universidad de Zaragoza y los que hemos conocido ahora”, ha manifestado.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón, con Jorge Azcón al frente, contra la ley de amnistía al 'procés' usando los mismos argumentos por los que desestimó los recursos que interpusieron otras comunidades del PP.

Así lo ha comunicado el órgano de garantías en una nota de prensa, en la que ha detallado que en su sentencia, cuya ponente ha sido la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, el tribunal “aplica la doctrina establecida” en fallos anteriores.

Sobre la impugnación de la ley en su conjunto, el Constitucional explica que la sentencia se remite a la doctrina fijada en otras dos sentencias anteriores –una de ellas la que avaló casi la totalidad de la ley en junio de 2025– que acordaron que “de la Constitución no se deriva una prohibición de amnistiar”.

Asimismo, recuerda que “el legislador no incurrió en arbitrariedad” al aprobar la ley de amnistía “y que esta no vulnera la reserva de jurisdicción ni el principio de separación de poderes”. “En consecuencia, se desestiman las alegaciones formuladas contra la ley en su conjunto”, concluye.

El Ejecutivo aragonés “alegaba que la exclusión del ámbito de aplicación de la amnistía de quienes hubieran cometido los delitos amnistiados con la finalidad de oponerse al proceso secesionista catalán vulneraba el derecho a la igualdad”, indica el TC.

Desde el tribunal de la calle Domenico Scarlatti indican que “esta cuestión ya fue resuelta” en una sentencia anterior, “que declaró la inconstitucionalidad de dicho precepto”.

El TC ha comunicado que la sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados del sector conservador: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.

“Es una afrenta para nosotros, comparable a nuestro juicio a que Feijóo fichara a Sánchez el día que llegue a la Moncloa”. La decisión del presidente Jorge Azcón de fichar como asesor al líder del PAR, Alberto Izquierdo, ha generado un malestar tan intenso en la provincia de Teruel, de donde proviene el dirigente aragonesista, que amenaza con tener serias consecuencias. Más de 70 cargos locales del PP en ese territorio amenazan con renunciar y abandonar el partido si el jefe del Ejecutivo no revierte su decisión, que consideran una “humillación”.

El tono de la carta, avanzada por 'Heraldo de Aragón' y confirmada por este periódico, evidencia el enfado que hay en la militancia de los populares en Teruel. Izquierdo, que es también primer edil de Gúdar, ha sido “el mayor enemigo de cualquier alcalde del PP”, advierten. “Y decimos bien, enemigo, porque no ha entendido el concepto limpio de política, ha sido y es capaz de lo más pernicioso, por conseguir su fin. Y ahora nosotros no podemos tolerar que esté dentro de nuestro partido, y si así ha de ser, nosotros no estaremos”, avisan, en una revuelta muy poco habitual en las filas populares, donde la disciplina suele imponerse ante cualquier tipo de discrepancia interna.

En realidad, y aunque la espita de esta crisis es el fichaje de Alberto Izquierdo, la posición de la militancia popular en Teruel va más allá de este hecho. Consideran que Azcón ha ninguneado en los últimos años a la provincia, en especial en comparación con el tratamiento que ha dedicado a Zaragoza y Huesca. De hecho, más allá de los nombres que suscriben la misiva, la posición entre los populares en Teruel es “unánime”, según explican fuentes cercanas al conflicto.

En la misiva, los ediles reconocen que deben respetar las “decisiones que se toman en Zaragoza”, pero consideran que la incorporación del presidente del PAR como asesor directo del jefe del Ejecutivo “excede el marco normal de convivencia dentro de un partido que se precie, como respetuoso con los suyos y las decisiones que toma”.

En ese contexto, amenazan con dimitir de sus cargos. “No todo vale ni es necesario”, argumentan, y piden a Azcón que justifique su decisión: “Si no se puede explicar, mejor no compartir el mismo lugar”, señalan.

Cargos turolenses apuntan, siempre según el mencionado rotativo, que Izquierdo ha sido responsable según más de 50 alcaldes del PP y una veintena de concejales de “malas artes” a la hora de elaborar las listas municipales y les ha “torpedeado” en la Diputación Provincial (DPT), donde ambos partidos gobiernan en un tripartito con Teruel Existe.

Ante esta situación, el propio Azcón se ha visto obligado a convocar el martes en Zaragoza al actual presidente provincial del PP –y presiente de la DPT–, Joaquín Juste; a su inminente sucesora, la también alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y a un integrante representativo de los alcaldes rebeldes, Francisco Narro, regidor de Camarena de la Sierra –y que controla un buen número de listas electorales en la provincia–, para abordar la crisis y tratar de ponerle solución.

Revuelta también en el PAR

Mientras, el fichaje de Izquierdo también ha generado una revuelta en el propio PAR, un partido que pese a haber perdido la representación autonómica sigue teniendo una gran implantación local en Aragón, y en especial en la provincia de Teruel. En un comunicado lanzado tras conocerse la decisión, consideran su incorporación al gabinete de Azcón “incompatible” con la condición de “miembro de la Ejecutiva” de Izquierdo: “Si su proyecto político ha dejado de coincidir con el del PAR, entendemos que lo coherente sería formalizar su dimisión y permitir que sean los militantes quienes continúen construyendo una alternativa aragonesista propia”, reclaman.

Acusan al presidente de su partido de haberse saltado “una serie de cuestiones estatutarias, así como éticas y morales”. Recuerdan que el PAR sigue teniendo “más de 350 concejales y representantes públicos continúan trabajando cada día desde sus municipios en defensa de los intereses de los aragoneses” y remarcan que su “compromiso demuestra que sigue existiendo un espacio político para quienes creen en un aragonesismo independiente”.

La escena fue ilustrativa. La vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero (PP), daba cuenta a primera hora de este jueves ante los medios de una sentencia favorable a Aragón sobre el acogimiento de un menor migrante. Lo hacía en la sala de prensa del Ejecutivo autonómico: sentado frente a ella, el otro vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), esperaba su turno. Tras las pertinentes preguntas, una cortinilla en el 'streaming' oficial dio paso instantes después al propio Nolasco, quien volvió a trasladar mensajes de corte xenófobo. Vaquero evitó así la foto con el dirigente de la extrema derecha, pero no un objetivo ultra que los propios populares parecen comprar: que el debate público esté saturado de mensajes contra la inmigración.

Cuando se cumple un mes de la toma de posesión de los consejeros del Gobierno de Aragón, tras un pacto entre el PP y Vox por el que la extrema derecha asumió tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, el presidente Azcón parece avasallado por el discurso de la extrema derecha, que ha centrado el tiro en los extranjeros. Si ese 4 de mayo el jefe del Ejecutivo lanzó una advertencia a sus socios y reclamaba a los nuevos consejeros que fueran “prudentes y discretos” porque lo contrario, según argumentó, solo servía para “fracasar”, el caso que le han hecho al líder popular parece ser nulo.

Una de las muestras más evidentes de este alejamiento de la prudencia y la discreción son las notas de prensa publicadas desde la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, encabezada por el propio Nolasco y punta de lanza de la batalla ideológica de Vox, hasta el punto de que el único cometido de la Vicepresidencia parece ser combatir la inmigración. Así, el Ejecutivo autonómico ha llegado a hacer informaciones colgadas en el portal oficial en las que daban cuenta de simples sucesos, como una agresión en un centro de acogida autonómico.

Las continuas alusiones de Nolasco a menores migrantes, a los que denomina con tono despectivo “menas”, ha llevado incluso al Colegio de Periodistas de Aragón a llamar la atención del vicepresidente autonómico, al trasladar a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo las quejas por el tratamiento en varios comunicados de cuestiones relacionadas con migración y colectivos vulnerables. Aragón suscribió en 2022 una 'Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones' que ha saltado por los aires en apenas cuatro semanas.

Este mismo jueves, en la mencionada rueda de prensa, Nolasco ha sido el primero en informar de un suceso en Caspe del que ni la Guardia Civil había dado cuenta: una reyerta que ha terminado con un muerto. El vicepresidente ya hablaba entonces de “asesinato” y lo vinculaba con la inmigración y con la seguridad en la localidad caspolina, donde la tasa de foráneos es elevada y hay una importante bolsa de temporeros. En general, el consejero de Desregulación ha dedicado la jornada en exclusiva al suceso: se ha desplazado por la mañana a Caspe, donde ha informado de que la víctima era valenciana –algo que la Guardia Civil no confirmó–, y por la tarde ha exigido al delegado del Gobierno en Aragón que informara “sobre la residencia legal o ilegal” del detenido.

Sin iniciativa

Y ¿qué papel han jugado el PP y Jorge Azcón en estas semanas? Lo cierto es que los populares parecen haber cedido por completo la iniciativa a la extrema derecha. Más allá del día a día, el pulso informativo ha sido para Vox. Hubo un conato de enfrentamiento entre los dos partidos tras pedir la extrema derecha que la Unidad Adscrita a Aragón de la Policía Nacional vigilara los centros de menores migrantes, pero las aguas volvieron pronto a su cauce. En este tiempo, el líder del PP ha parecido estar más pendiente de hurgar en la herida del PSOE que de contrarrestar la labor de la extrema derecha, a la que ha evitado cualquier tipo de crítica pese al destemplado comienzo de legislatura.

Además, la sintonía entre ambas formaciones a la hora de aplicar la denominada prioridad nacional ha sido total, en especial en materia de vivienda, una competencia que recae en el PP.

En los populares, la consigna por ahora es evitar el conflicto con el incómodo socio. Este mismo jueves, la vicepresidenta Vaquero ha sido cuestionada sobre qué ha cambiado para que el Gobierno de Aragón tenga ahora que llevar a cabo pruebas de edad a todos los menores migrantes, no solo en los casos bajo sospecha. La número dos de Azcón en el Ejecutivo lo ha dejado claro, aunque entre líneas: la novedad es que hay una coalición PP-Vox y que ahora las competencias en Servicios Sociales recaen en la extrema derecha. Es decir, que los populares se ven obligados a transigir con la agenda ultra. Y no hay más discusión.

Mientras, la oposición continúa desnortada. En especial, el PSOE, que asiste atónito a la sucesión de revelaciones judiciales provenientes de Madrid. Pero también Chunta, Aragón Existe e Izquierda Unida, a las que apenas se les ha oído. En esta tesitura, la principal voz crítica hacia el Gobierno autonómico proviene del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que ha tenido que salir a responder, casi día sí y día también, al vicepresidente Nolasco con sus ataques en inmigración y seguridad ciudadana.

Periodistas de Aragón, que agrupa a la asociación homónima y al Colegio Profesional, ha trasladado a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre diversos comunicados institucionales difundidos recientemente por el departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.

La entidad profesional y colegial ha recibido diversas quejas por parte de colegiados y asociados, pero también de otros ciudadanos ajenos a la profesión, respecto a algunos de estos textos, especialmente en cuestiones relacionadas con migración y colectivos vulnerables.

Ambas organizaciones dudan acerca de que determinados enfoques y expresiones utilizados puedan entrar en contradicción con las recomendaciones recogidas en el Código Deontológico del Periodismo y con la ‘Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones’, impulsada conjuntamente por el propio Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón.

Esta guía fue elaborada precisamente para promover un tratamiento informativo riguroso, contextualizado y no estigmatizante de las migraciones, así como para prevenir discursos discriminatorios o simplificaciones que puedan afectar a la convivencia social.

El término 'mena'

La petición remitida a la Comisión se refiere, entre otros aspectos, al uso reiterado del término ‘mena’, pese a que la guía desaconseja expresamente el uso de acrónimos para referirse a personas, y advierte del carácter despectivo y estigmatizante que ha adquirido esa denominación.

Asimismo, desde Periodistas de Aragón se observa una reiterada asociación entre migración, inseguridad y conflictividad, así como referencias insistentes a nacionalidades y orígenes en contextos delictivos o conflictivos sin una justificación informativa clara.

Periodistas de Aragón subraya que los hechos relatados en algunos de estos comunicados poseen evidente interés público y, en algunos casos, una indudable gravedad. Precisamente por ello considera necesario reforzar el rigor, la proporcionalidad y el respeto a los principios éticos en la comunicación institucional.

Los mecanismos de autorregulación y reflexión deontológica fortalecen la calidad democrática, la convivencia y la credibilidad del periodismo y de la comunicación pública.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha fichado como asesor de su gabinete al líder del Partido Aragonés (PAR) y alcalde de Gúdar, Alberto Izquierdo. Según ha informado este miércoles el Ejecutivo autonómico, ocupará una plaza que se encontraba vacante.

Izquierdo está al frente del PAR, formación que no logró obtener representación en las Cortes de Aragón tras las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero, quedándose sin escaños.

Desde el Gobierno de Aragón destacan la trayectoria política e institucional del dirigente turolense y aseguran que su incorporación servirá para reforzar la estrategia del Ejecutivo en una etapa que califican de estabilidad y crecimiento socioeconómico.

Vox recrudece en Aragón la guerra contra los menores migrantes, en especial los repartidos por el Gobierno central debido a la emergencia canaria, incluso si eso supone hacer pruebas forenses a niñas de nueve años. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de la extrema derecha, ha anunciado este miércoles un endurecimiento del protocolo para determinar la edad de estos jóvenes y, si son mayores de 18 años, expulsarlos de los centros de acogida. El dirigente de Vox ha informado incluso de que se ha llevado a cabo una “estimación pediátrica” de una pequeña para conocer su edad, que según ha dicho se ha estimado en “trece años”.

En realidad, el plan que Nolasco ha vendido a los medios, para mostrar mano dura en su campaña antiinmigración, ya existía antes incluso del pacto de gobierno, aunque aparentemente se va a reforzar. Hasta ahora, cuando el Gobierno de Aragón detectaba que alguno de los jóvenes ingresados en sus centros de menores era susceptible de ser mayor de edad solicitaba a la Fiscalía de Menores la autorización para llevar a cabo las pruebas, que tienen lugar en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, el IMLA. Este organismo cuenta con una tecnología que en su día, cuando la implantó el Ejecutivo de Javier Lambán, era pionera para determinar la edad, a través de un ortopantomógrafo y, en último lugar, con un TAC externo clavicular.

De ser positivo el análisis, el joven no volvía al centro de menores, sino que pasaba a otras instancias de los Servicios Sociales autonómicos. El objetivo es centrar los recursos en quienes tienen realmente una minoría de edad y, por otro lado, evitar la convivencia de ambos colectivos.

El cambio ahora es que, según ha afirmado el vicepresidente autonómico, estas pruebas se solicitarán no solo para los menores sobre quienes recaen sospechas, sino para todos aquellos que sean trasladados a Aragón sin el correspondiente certificado biológico, algo que según ha cifrado Nolasco sucede en cuatro de cada cinco casos.

Esta habría sido la situación que, según ha descrito el también consejero de Servicios Sociales aragonés, habría sucedido con un joven de 13 años que tendría 20, más “dos hijos en su país”, ha afirmado Nolasco. Se trata, en todo caso, de un caso que no es extraño: desde hace años hay un porcentaje significativo de menores que finalmente se determina que son mayores edad.

Prueba forense a la niña

Lo que sí resulta raro es llevar a cabo pruebas a una niña cuyo registro indica que tiene nueve años. Nolasco no ha dado más detalles sobre su caso, un examen médico que, en todo caso, no puede tener consecuencias para esta pequeña dado que la prueba no es oficial y como sigue siendo menor seguirá albergada en un centro de menores autonómico. El consejero sí que ha precisado que se ha ordenado practicar una prueba forense de edad a la niña.

“Estamos ante un mayúsculo fraude contra el Gobierno de Aragón y, por tanto, contra los aragoneses, porque la residencia fraudulenta le ha costado a las arcas autonómicas alrededor de 13.000 euros”, ha evaluado Nolasco. “Este sujeto fue expulsado de los Servicios Sociales de Aragón el pasado 25 de mayo del centro de menores migrantes en el que se encontraba, con la ley en la mano”, ha añadido el vicepresidente, que ha recalcado que el relatado “no es un caso aislado” y “la falsedad en los datos de edad afecta gravemente a la atención que se presta a los menores”.

El vicepresidente aragonés se ha dedicado a atacar al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y al ministro Ángel Víctor Torres, como responsables de Extranjería: “Los casos de falsos menas que detectemos serán notificados de inmediato y los llevaremos a las puertas de Delegación del Gobierno para que se hagan cargo de ellos y queden bajo su estricta responsabilidad”. “Aragón no va a consentir que el Gobierno de Pedro Sánchez siga siendo cómplice de esta invasión migratoria, amparándola y favoreciéndola con fraude incluido”, ha avisado Nolasco.

Sus valoraciones han recibido el visto bueno del presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, aunque con matizaciones. En una suelta de linces en un barrio de Zaragoza, el jefe del Ejecutivo ha apoyado que las pruebas se “generalicen”, de forma que “personas que son mayores no se hagan pasar por menores”. A continuación, pese a que Vox ha transmitido que las pruebas serán generalizadas si no hay certificado biológico, Azcón ha precisado que se llevarán a cabo “en todos los casos en los que pueda haber cualquier duda o una indeterminación”.

“Un protocolo riguroso”

Las palabras del líder de Vox en Aragón sí han recibido respuesta por parte del propio delegado del Gobierno. Beltrán ha recordado que el reparto de menores “sigue un protocolo riguroso con el papel garantista que ejerce la Fiscalía de Menores” y ha indicado que, “como ha ocurrido siempre”, si surge un caso que generara duda “se hacen las pruebas pertinentes”.

“Si el señor Nolasco considera que estamos ante un problema de la magnitud que denuncia, le invito a que todas las semanas comparezca para decirnos cuántos menores han resultado ser mayores de edad. Le pido que nos informe puntualmente de los resultados de esas pruebas a todos los ciudadanos. Y le pido también que nos diga dónde se están haciendo esas pruebas y qué coste tienen”, ha advertido el delegado del Gobierno en Aragón.

La crisis del Real Zaragoza, que acaba de descender a Primera RFEF, se ha colado este viernes en la sesión de control al Gobierno. El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha respondido a una pregunta de CHA asegurando que le dolía “tremendamente” la situación del equipo blanquillo, ha dicho apoyar a “todos los equipos que representan a esta Comunidad Autónoma” y, pese a sus propios antecedentes, se ha sincerado: “Lo peor que se puede hacer es mezclar la política con el deporte”.

Azcón ha señalado que, como anunció la vicepresidenta Mar Vaquero, se va a poner en marcha un plan de ayudas que tenga por objetivo “que los equipos aragoneses vuelvan a las más altas categorías”. “Hay que establecer prioridades en las ayudas deportivas”, ha considerado el jefe del Ejecutivo, para quien “vamos por buen camino” si un criterio es el arraigo, mostrándose partidario del mismo.

“Aunque los colores de mi equipo son el blanco y el azul, mi responsabilidad es que todos los equipos representan a esta comunidad” y deben hacerlo “en las mejores condiciones”. Para Azcón, los responsables de la situación del Real Zaragoza son “todos los que están al frente del club, desde los jugadores a los directivos”.

En respuesta a una pregunta del portavoz de CHA, Jorge Pueyo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha dicho que le llama la atención que Pueyo pregunte por el Real Zaragoza y no por otros equipos, como el Huesca SD, el Tarazona o el Bada Balonmano. “No sé si usted busca el bien del deporte o está buscando otra cosa”, ha deslizado.

Ha espetado a Pueyo que si quiere que el Gobierno diga a los equipos lo que tienen que hacer “eso era cuando ustedes estaban en el Gobierno y Agapito en el Real Zaragoza”, subrayando que “lo peor que se puede hacer es mezclar la política con el deporte”, pero Pueyo “viene a decirme que mezclemos” ambos ámbitos.

“Dolor profundo”

El portavoz de CHA ha sido tajante: “Los zaragocistas estamos cansados de que nos hayan robado el alma al equipo, la identidad, las esperanzas y Aragón el fútbol profesional”, manifestando su “desazón”. “Es tan grande el dolor, tan profundo, que no entiendo que otros partidos hagan leña del árbol caído”.

Ha comentado que muchos zaragocistas se dirigen a CHA para preguntar “qué se puede hacer ahora” y ha preguntado “con total honestidad” quiénes son los culpables de la situación del Real Zaragoza. También, si la concesión de ayudas se va a condicionar a que la propiedad obtenga resultados o tenga “cierto arraigo” con la ciudad y la Comunidad Autónoma.

El portavoz de CHA ha indicado que, en baloncesto, el Casademont “sí tiene ese arraigo, sí merecería las ayudas”, criticando –en alusión al Real Zaragoza– a quienes “están en Miami y han pisado esta tierra en dos ocasiones para hacerse la foto”. También ha dicho que “el respeto tiene que ser el mismo” para otros equipos, como el Huesca o el Teruel.