Si la sombra de Agapito Iglesias se cernió sobre el PSOE aragonés la década pasada, la figura de Jorge Mas –flanqueado por Joseph Oughourlian, Mariano Aguilar y el sempiterno Juan Forcén– promete hacer lo mismo con el PP aragonés, y en especial con Jorge Azcón y Natalia Chueca. Si hace no mucho alardeaban del proyecto deportivo y trataban de rascar votos dentro de La Romareda –aupados por la anterior propiedad–, ahora la espantada de ambos del palco de autoridades es tan llamativa como histórico el descalabro del club, abocado al descenso al fútbol semiprofesional. Una situación crítica que tendrá unas implicaciones en el pago por el nuevo estadio –más de 150 millones de euros públicos comprometidos hasta el momento– aún difíciles de calibrar.

El aficionado zaragocista guarda ya en la retina varias fotos para el recuerdo (negativo), pero una sobresale al resto: la del 23 de mayo de 2019, apenas a tres días de las elecciones municipales. Ese jueves, el entonces candidato por el PP Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, recorrió el césped de La Romareda junto con el ahora expresidente del club, Christian Lapetra, y el exvicepresidente, Fernando Sáinz de Varanda, para presentar su proyecto de nuevo estadio. Una utilización electoralista del Real Zaragoza, amparada por la propiedad –entonces, con César Alierta como máximo accionista–, que ya despertó fuertes críticas del resto de los partidos. En el colmo del absurdo, la sociedad anónima deportiva se vio obligada a sacar un comunicado de descargo y a recibir al día siguiente al cabeza de lista de Demos Más a la Alcaldía, Raúl Burillo.

Así empezó la historia con el club blanquillo de Jorge Azcón, a quien de manera progresiva se iría uniendo Natalia Chueca. Al menos la historia pública, porque la privada venía de antes, con un nombre destacado: el constructor Juan Forcén, amigo íntimo del dirigente aragonés e hilo conductor del consejo de administración del Real Zaragoza SAD desde el final de los tiempos de Agapito Iglesias. Hijo del histórico del PAR Isabelo Forcén, el empresario fue el principal responsable de traer a la capital aragonesa los inversores que ahora han llevado a un club histórico al borde del precipicio deportivo.

Unos inversores con nulo arraigo en la ciudad y en la sociedad aragonesa, vinculados en exceso al Atlético de Madrid y cuya cabeza visible, el millonario cubanoamericano Jorge Mas, es el presidente más invisible del fútbol profesional. Tanto que vive al otro lado del Atlántico, que apenas ha pisado el club y que está más pendiente de su equipo en Miami, con Messi al frente, y de arbitrar la reconquista de Cuba por parte de Donald Trump desde la Fundación Nacional Cubano Americana.

Junto a Mas aparece el máximo accionista del grupo Prisa, Josep Oughourlian, también principal propietario del club aragonés a través de la sociedad Gloval Tavira.

Ninguno de ellos dio la cara el pasado domingo en el Ibercaja Estadio, donde el Real Zaragoza cosechó una humillante derrota por 1-3 frente a un Sporting de Gijón que llegaba de vacaciones. Tampoco estuvieron el presidente Azcón o la alcaldesa Chueca, quienes han sido habituales cuando el viento soplaba a favor. Curiosamente, el único representante político de peso en el palco fue el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. “El señor Azcón y la señora Chueca son especialistas en aparecer para la foto cuando las cosas van bien, pero cuando llegan las dificultades se esconden y abandonan a la afición zaragocista”, afeó el lunes su número dos en la DPZ, Teresa Ladrero.

'Esta ruina empezó en los despachos', se podía leer en el campo de fútbol el domingo y también en redes sociales. Así, gran parte de la desastrosa mochila que arrastra el Real Zaragoza se atribuye al empresario soriano Agapito Iglesias, propietario en la etapa del socialista Marcelino Iglesias –a quien se ligó desde el primer momento– y que protagonizó una etapa marcada por la polémica, con procesos judiciales por supuesta compra de partidos que quedaron en nada y por un descenso a Segunda División pese a tener el presupuesto más alto de la historia, con una plantilla planificada para luchar por acceder a la Liga de Campeones: la deuda arrastrada por ese descalabro y los desmanes posteriores aún no se ha terminado de enjugar, quince años después.

A Iglesias le sucedió la Fundación 2032, con César Alierta al frente y otros empresarios aragoneses a su lado, Juan Forcén entre ellos. Pese a que consiguieron librar a la sociedad anónima deportiva de la liquidación y redujeron la deuda a través de un concurso de acreedores, los resultados sobre el césped fueron mucho más mediocres y no solo no se logró el ascenso, sino que la deriva fue cada año peor.

Ocho años después, a finales de 2022, llegaron los actuales propietarios, que no se han podido desembarazar de las sospechas de haber desembarcado en Zaragoza con un único fin: sacar rédito de la construcción del nuevo campo. El propio Jorge Mas está haciendo lo mismo en el Atlético Miami. Y como evidencia sólida aparece su cercanía al poder político del PP en Aragón, de nuevo con un enlace conocido: Juan Forcén.

De la mano de Azcón y Chueca, los propietarios del Real Zaragoza SAD han ido dando pasos para levantar la nueva Romareda. Un paso tras otro, todos en apariencia orquestados. Ni un euro iba a costar a las arcas públicas, según dijeron ambos dirigentes populares. Entonces la propiedad del club alegó que 40 años de explotación del campo, como se estableció en un principio, no eran suficientes, y el PP aceptó aumentarlos a 75 a través de la figura del derecho de superficie. Podemos recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) y logró paralizar provisionalmente el proyecto en junio de 2023, pero el Tribunal Superior de Aragón revirtió esta decisión en menos de un mes. Pese al breve lapso temporal, el Real Zaragoza SAD arguyó que la inseguridad jurídica creada le obligaba a renunciar a la construcción: esto sirvió de excusa por un lado para que entrara capital público a través de una sociedad mixta –con un socio privado elegido a dedo–, y por el otro para que Azcón y Chueca hayan atribuido desde entonces esta circunstancia a “la oposición”. El círculo se cierra.

O no, porque los problemas no han dejado de agravarse. El coste para las arcas públicas del nuevo estadio ha ido aumentando al mismo tiempo que se reducía la aportación privada: el Real Zaragoza incumplió con los 6,8 millones de euros que debía desembolsar en 2024, lo que obligó a reprogramar el calendario de pagos, y esperó hasta última hora para aportar los 10 millones comprometidos para el año pasado.

Las consecuencias económicas del descenso

Como recuerda la Cámara de Cuentas de Aragón en un reciente informe, la “viabilidad” de la sociedad La Nueva Romareda “está garantizada en la actualidad por la aportación de los dos socios públicos”, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. Pese a esto, la propiedad del club seguirá pudiendo explotar el nuevo estadio en forma de eventos deportivos y musicales. La entrada de Vox en la sociedad, sin embargo, ha obligado al PP a adoptar una posición más vigilante, y la alcaldesa ya ha recordado más de una vez que el pacto parasocial suscrito a tres bandas fija una penalización en caso de incumplir con los pagos: de aplicarse las cláusulas correspondientes, la sociedad anónima deportiva se quedaría sin los beneficios de la mencionada explotación.

Y ahora llega el escenario del más que posible descenso, lo que también tiene implicaciones directas. En primer lugar, porque el pacto parasocial establece unas aportaciones anuales menores para el club en Primera RFEF: el canon fijo baja de 1,1 millones a 275.000 euros, un 75% menos. A cambio, el Real Zaragoza recibiría menos dinero de Ibercaja en concepto de 'naming': de un millón de euros a 500.000 en la tercera categoría del fútbol español, diferencia que tendría que devolver porque la entidad bancaria ya transfirió el total de 10 millones comprometido. Pero la incógnita más importante es si la drástica reducción en los ingresos televisivos y por entradas puede afectar al compromiso de los máximos accionistas con el nuevo cambio. Porque el cronograma para la sociedad anónima deportiva con La Nueva Romareda, como se ha dicho, se mantiene y es claro: 5 millones este año, 12 millones en 2027 y 7 más en 2028, hasta un total de 24 millones de euros. La consecuencia de no pagar a tiempo: el Real Zaragoza SAD se quedaría sin los ingentes ingresos por la explotación del campo durante los próximos 75 años.

La llegada de Jorge Azcón este miércoles a Huesca ha estado marcada por la protesta de decenas de personas en defensa de la escuela pública. El presidente del Gobierno de Aragón ha sido recibido entre pitadas, silbidos y gritos por parte de manifestantes concentrados a las puertas del Foro Agroindustrial, donde participaba en un acto institucional, coincidiendo con la segunda jornada de huelga educativa convocada en Aragón.

Los concentrados han coreado consignas contra la concertación del Bachillerato y contra la política educativa del Ejecutivo autonómico mientras Azcón accedía al recinto. En algunos momentos, el ruido de los pitos ha dificultado incluso las declaraciones del presidente ante los medios. Tras intentar acercarse a hablar con algunos de los manifestantes, Azcón ha defendido el derecho a la protesta, aunque también ha reclamado “respeto a la democracia” y a las decisiones adoptadas por su Gobierno: “He intentado hablar con ellos. Me hubiera gustado decirles, si hubieran querido hablar, que siempre hay que respetar las manifestaciones”, ha señalado. Después del acto, Azcón se ha reunido con representantes de CSIF y CGT a petición de los propios sindicatos.

El presidente aragonés ha insistido en que la concertación del Bachillerato fue una medida incluida en el programa electoral del PP y que, por tanto, cuenta con legitimidad democrática. “Las reglas de la democracia son que cuando hay una mayoría que quiere poner en marcha un proyecto que es para todos, esa mayoría requiere exactamente como mínimo el mismo respeto”, ha afirmado. Buena parte de su intervención ha girado precisamente en torno a la huelga educativa y a las críticas lanzadas por sindicatos y comunidad educativa durante las últimas semanas. Azcón ha defendido que la educación pública aragonesa “dispone actualmente de más recursos que en etapas anteriores”.

En la capital oscense, la tensión política respecto a este asunto ha aumentado tras las declaraciones de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, durante el pleno municipal celebrado este martes. En respuesta a la concejala socialista Silvia Salazar, Orduna afirmó que “las camisetas verdes son los suyos, por eso salen cuando gobierna el PP y no cuando gobiernan ustedes”.

“Nosotros no tenemos camisetas, no nos manifestamos de esa manera como se manifiestan ustedes”, añadió la alcaldesa oscense, unas declaraciones que han provocado críticas por parte de la oposición y de miembros de la comunidad educativa, que consideran que se intenta desacreditar las movilizaciones en defensa de la escuela pública.

En la protesta de hoy en Huesca, el presindete ha defendido que “hoy hay muchos más medios en la educación pública de los que había. No es una tesis, es una realidad”. Azcón también ha rechazado que exista una confrontación entre la educación pública y la concertada y ha asegurado que su Gobierno va a seguir apoyando “a toda la educación sin hacer diferencias”. El presidente ha cargado además contra las críticas por la concertación del Bachillerato y ha comparado la situación aragonesa con otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE donde este modelo ya existe. “¿Por qué donde gobierna el Partido Socialista sí se puede concertar el Bachillerato y aquí no?”, se ha preguntado, citando casos como Navarra o País Vasco.

La protesta de este miércoles se enmarca en la huelga educativa convocada por varios sindicatos de la enseñanza pública, entre ellos CCOO Aragón, CGT Aragón, STEPA y CSIF Aragón. Los convocantes denuncian la falta de inversión suficiente en la escuela pública, la masificación de aulas, la carencia de personal y el deterioro de infraestructuras, además del impulso a la concertación del Bachillerato mientras, sostienen, siguen existiendo necesidades sin cubrir en muchos centros públicos.

La huelga comenzó este martes y registró un seguimiento cercano al 40%. Durante estas jornadas se han sucedido concentraciones y protestas en distintos puntos de Aragón, especialmente en Zaragoza y Huesca.

El Gobierno de Aragón asegura ahora que la visita realizada por Jorge Azcón al centro de salud Ramón y Cajal de Huesca el pasado 26 de marzo “no se trató de un acto institucional”, sino de una simple “visita de trabajo y evaluación”. La afirmación, incluida en una respuesta parlamentaria remitida al PSOE, contradice al propio Ejecutivo cuando presentó públicamente aquel acto, que fue anunciado como la inauguración oficial de una infraestructura envuelta ya entonces en polémica política y vecinal: “Como todos ustedes saben este es el segundo centro de salud que se inaugura en este mandato”, dijo Azcón en Huesca.

Las asociaciones vecinales del barrio del Perpetuo Socorro denunciaron que el Gobierno de Aragón suspendió a última hora la inauguración inicialmente prevista en febrero después de haber reorganizado la actividad asistencial y anulado alrededor de 200 consultas médicas para facilitar el acto institucional. El presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón; el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, realizaron una visita institucional al centro. Esa visita, interpretada y difundida como una inauguración, se produjo sin convocar a las asociaciones vecinales que habían liderado la reivindicación histórica del equipamiento.

Ahora, en respuesta a una batería de preguntas registradas por el PSOE en las Cortes de Aragón, el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, afirma que “el 27 de noviembre de 2025 no se produjo ninguna anulación ni reprogramación de citas por la celebración de ningún acto institucional”. La respuesta añade además que la visita de marzo “no interfirió en la actividad asistencial ordinaria” y que no se cursaron invitaciones “a otras autoridades o colectivos” porque “no se trato de un acto institucional”.

Las asociaciones vecinales del Perpetuo Socorro ya denunciaron entonces que el PP había convertido la inauguración en un “acto político” excluyendo precisamente a quienes llevaban décadas reclamando el equipamiento sanitario, como las asociaciones de los barrios de Santo Domingo y San Martín o del Casco Antiguo, cuyos vecinos también dependen de esta infraestructura. También criticaron la ausencia del subdelegado del Gobierno en Huesca y de representantes del anterior Ejecutivo autonómico, que impulsó el proyecto.

En la respuesta parlamentaria, Sanidad detalla además que la inversión ejecutada para el centro asciende a 7,58 millones de euros y reconoce que la mayor parte de la financiación procede del plan MINAP, impulsado con fondos estatales. El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, denunció públicamente lo que consideraba una exclusión deliberada. En un comunicado, lamentó “el esfuerzo reiterado” del presidente Azcón y del consejero Bancalero por evitar la presencia del Gobierno de España en los actos relacionados con el centro. “Lo que es un ejemplo de colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía de Huesca se ha convertido en un ejercicio de promoción personal y política”, afirmó.

Nueva guerra abierta entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña tras la reclamación extrajudicial presentada por la segunda a cuenta de los bienes de Sijena. El Ejecutivo aragonés rechaza pagar los cerca de 800.000 euros que reclama el Govern por la compra y conservación de las piezas y descarta abrir una negociación al considerar que se trata de un “ataque unilateral” contra Aragón. La portavoz, Mar Vaquero, ha acusado al presidente catalán, Salvador Illa, de actuar condicionado por sus socios independentistas y ha asegurado que Aragón “no va a ceder ni un ápice” en la defensa de su patrimonio histórico y cultural. Además, ha cargado duramente contra el Ejecutivo catalán por reabrir un conflicto que considera “innecesario”.

La reclamación afecta a 56 bienes muebles cuya compraventa entre la orden sanjuanista y la Generalitat fue anulada judicialmente. Aunque las piezas no son propiedad del Gobierno de Aragón, la Generalitat reclama al Ejecutivo autonómico 420.000 euros correspondientes al importe abonado en su día por estas obras. Igualmente, Cataluña exige otros 370.000 euros por los gastos de conservación asumidos por el Museo de Lérida y el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

“No deja de sorprendernos el Gobierno de Cataluña y nos da un poco de pena que su presidente, Salvador Illa, tenga que someterse a este tipo de conflictos totalmente innecesarios y entrar al juego de los socios independentistas que siguen embarcados en una total falta de respeto institucional” y recurriendo a “excusas peregrinas”, según Mar Vaquero, al tiempo que ha considerado importante la falta de rigor jurídico del gobierno vecino, “atacando una vez más el patrimonio cultural de Aragón que seguiremos defendiendo”.

Con respecto a la reclamación por los gastos de conservación, la portavoz del Gobierno de Aragón se ha quejado de que “han estado disfrutando de la exposición de estos bienes, cobrando una entrada, siendo un gran atractivo museístico y ahora nos reclaman los gastos de conservación”.

Vaquero ha lamentado la “enajenación política” a la que llevan al presidente Illa, con ataques “injustificados” y enfrentamientos con Aragón, comunidad que solo reclama su patrimonio. A su juicio, han reaccionado con una pataleta ante un nuevo varapalo judicial, que considera “muy grave”, por lo que avanza que “seguiremos defendiendo la razón que nos ha dado un juzgado”.

La misma reclamación también se ha dirigido por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, por lo que el Ejecutivo aragonés se ha puesto en contacto con su abogado, Jorge Español, “para trabajar conjuntamente ante este ataque permanente”.

Vaquero ha reprochado que “no se dan cuenta del esfuerzo que tenemos que estar haciendo los aragoneses ante el relato que trata de tergiversar la historia” y ha insistido en que ante la “delirante deriva del gobierno de Cataluña no vamos a ceder ni un ápice”.

La Generalitat ha ofrecido un plazo de diez días para entablar una conversación, si bien el Ejecutivo aragonés no está dispuesto a entrar en ese debate “porque es un ataque unilateral que establece la Generalitat”. A partir de entonces, anuncian que en 30 días podrán llevar a cabo acciones judiciales. Según Mar Vaquero, se trata de un “desfile de horrores y sinrazón” y reafirma que “nos encontrarán como siempre defendiendo nuestro historia, cultura, patrimonio y raíces”.

La primera sesión plenaria de esta legislatura del Parlamento aragonés ha comenzado con polémica. Comparecía este jueves el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ante el pleno de las Cortes autonómicas para explicar la decisión de su gobierno de concertar el Bachillerato, una medida cuya puesta en marcha fue anunciada estando el anterior gobierno en funciones y que ha sido recurrida por los sindicatos de la educación pública. Miembros de la plataforma de la Educación Pública han interrumpido su intervención lanzando cuartillas verdes al grito de “dinero público para la escuela pública”.

Representantes de la plataforma que han asistido a la sesión plenaria han asegurado que fueron sometidos a un registro previo “nunca antes sufrido en este Parlamento” y que han considerado “muy frustrante”. Además de requisarles las octavillas (no todas, como se ha demostrado después), no les han dejado vestir las camisetas verdes propias de la marea verde contra los recortes en educación, ni portar documentos con el logotipo de los sindicatos. La razón: una nueva instrucción prohíbe la entrada al hemiciclo con elementos de motivos políticos. No ha ocurrido lo mismo con las cruces y papeles del sindicato FSIE (de la educación concertada). A la salida han vuelto a ser identificados, pese a que ya lo habían sido a la entrada, dado que para acudir como público hay que estar inscrito previamente.

A los pocos minutos de comenzar la intervención del presidente, miembros de la plataforma de la educación pública han interrumpido su discurso lanzando octavilas al hemiciclo para después abandonar la tribuna del público desde donde han llevado a cabo su acción. Mientras lo hacían, dos miembros de la presidencia de las Cortes, los populares Fernando Ledesma (vicepresidente 1º) y Gerardo Oliván (secretario 1º) han intercambiado opiniones criticando que “esto representa la educación pública”. Posteriormente, también el presidente Azcón, al reanudar su discurso, ha criticado la actuación considerando que “es un flaco favor que quien quiere representar a la educación lo haga con mala educación” y ha reprochado a los grupos de la oposición que no hayan condenado la acción de la marea verde. Sin embargo, los partidos de izquierda se han levantado para limpiar el suelo de las papeletas, gesto que ha sido agradecido por los expulsados del pleno.

El debate posterior ha subido de tono en algunos momentos, especialmente con la intervención del portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, que ha acusado a Azcón de provocar la acción al impedir asistir con las camisetas verdes que él sí vestía, de gobernar para sus votantes siguiendo “el modelo de Ayuso”. También ha hecho hincapié en que el coste anual es de 19 millones de euros, que no se destinarán a mejorar la pública en aspectos como los salarios de los docentes, a la climatización, al profesorado de apoyo o a las aulas TEA. “Aragón no es imparable, lo único imparable son sus chiringuitos”, ha reprochado Pueyo a Azcón, rechazando “el modelo ideológico” del PP. También ha indicado que “no había una reclamación social” a favor de la concertación y ha observado que “más allá de la Z-40” el modelo privado no está presente (en referencia a que el modelo concertado no interesa más allá de los límites de la capital aragonesa), rechazando el “ayusismo de secano” del PP Aragón, tildándole de “antisistema público”.

Por su parte, Azcón le ha espetado en su respuesta que “usted no es un antisistema, sino un maleducado”, tras llamarle “chulo” el primero en su intervención. Y le recriminado que llamar a los colegios privados “chiringuitos”, le parece una falta de respeto por la que tendría que disculparse. “Hay miles de familias de diversa procedencia y naturaleza. La falta de respeto merece que ofrezca una rueda de prensa para disculparse porque es gravísimo”.

El debate también se ha tensado con el PSOE, que ha recriminado a Azcón recortes en al menos diez colegios donde se han suprimido aulas, han dimitido equipos directivos por recortes en infraestructuras necesarias o se han movilizado familias de numerosos centros educativos de la ciudad de Zaragoza y en municipios de las tres provincias aragonesas. “Ustedes para dividir son un hacha”, ha asegurado Alegría, quien ha considerado que para la concertación “tiene que haber una necesidad educativa, una justificación” y que debe realizarse “un uso eficiente de los recursos públicos”, no “duplicar lo que ya tenemos”, en alusión a las plazas sin cubrir en la red pública.

Azcón ha cuestionado a la portavoz socialista, Pilar Alegría, por haber estado dispuesta a apoyar el presupuesto del PP que incluía la concertación del bachillerato para tratar de impedir la convocatoria de las elecciones del pasado 8 de febrero. “Entiendo que para ustedes cambiar de opinión es lo normal, pero mi gobierno cumple la palabra dada a los aragoneses”. Además, ha preguntado por qué cuando el PSOE gobierna en Navarra y en el País Vasco se puede concertar el bachillerato y en Aragón no, “por  qué cuando lo hace el PSOE hay que aplaudir, pero cuando lo hacemos nosotros es un ataque a la línea de flotación de la educación pública”.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha preguntado a Azcón “si va a gobernar solo para los que votaron o para todos los aragoneses”, afirmando que la educación pública es la única que puede ofrecer una formación igualitaria y de calidad “en todo el territorio, en cualquier punto de la Comunidad Autónoma” y no solo “en las grandes capitales”.

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha asegurado que el Gobierno de Azcón “está atacando” a la educación pública, resaltando que la privada no está presente en el medio rural, no ofrece gratuidad, segrega al alumnado y en la mayoría de los casos pivota sobre el adoctrinamiento católico“.

Óscar Fayanás, empleado del Inaga que prestó unó de los testimonios claves de la Guardia Civil en el caso de Forestalia al haber denunciado a su exjefe por presuntos favores al grupo empresarial, ha sido designado por Vox –que ejerce una de las acusaciones en la investigación judicial– como nuevo director general de Gestión Ambiental.

El de Fayanás es solo uno de los nombramientos de segundos niveles hechos públicos por el Ejecutivo autonómico este viernes, aunque sin duda el más llamativo. Hace poco más de tres meses, Fayanás –que llevaba dos décadas como técnico del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental– apuntó ante la Unidad Central Operativa de Medioambiente del Instituto Armado directamente contra su jefe directo, Jesús Lobera, y contra Forestalia.

Así, acusó al entonces director del Inaga de relevarle de su puesto por haber informado desfavorablemente en tres proyectos del grupo empresarial, unas valoraciones que -siempre según su testimonio- después “pasaron a ser positiva”. También aseguró que Lobera tenía “una relación estrecha” con Carlos Ontañón –excargo autonómico por el PAR ahora en Forestalia– y con el propio Fernando Samper, con quienes “se reunía semanalmente para comer”.

Además de Fayanás, Vox ha empezado a nombrar otros directores generales para las tres áreas que controla. En una de ellas, Desregulación, Bienestar Social y Familia, ha designado como responsable de Coordinación Institucional a Ana Pilar González del Cacho.

Sustituida la interventora general

En el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha cesado la secretaria general técnica, Cristina Sanromán, nombrada interventor general en sustitución de Ana Gómez Barrionuevo, y entra Ángel Ubieto Mainer como director general de Desarrollo Rural, puesto en el que releva a José Manuel Cruz León. Mientras, Enrique Novales Allué sustituye a Aitiziber Lanza al frente de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria.

En cuanto a la Consejería de Medio Ambiente y Turismo –además de la entrada del mencionado Óscar Fayanás–, cesa el secretario general técnico del Departamento, Sergio Castel Gayán, relevado por María del Carmen Sanz Gandásegui, y en la Dirección General de Calidad Ambiental sale María Martínez Martínez y entra José Montoya Hidalgo.

En cuanto al Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, la secretaria general técnica es Cristina Asensio Grijalba; el director general de Relaciones con las Cortes, Miguel Ángel Lafuente Belmonte –desaparece la denominación de Relaciones Institucionales–, y el titular del área de Cultura y Patrimonio Cultural continúa siendo Pedro Olloqui.

También hay cambios en la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, donde cesa en su cargo el director gerente de la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Ángel Sanz Barea, que ha sido designado consejero de Sanidad.

Otros nombramientos son los del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, con María Asunción Casabona Berberana como secretaria general técnica, mientras que la directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio es Raquel Campos, y el responsable de Urbanismo, Carmelo Bosque Palacín.

En el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, cesa la directora gerente del INAEM, Ana López Férriz y hay varios nombramientos: La directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte Cajal; la directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, Mar Paños de Arriba.

Por último, Manuel Magdaleno Peña es el nuevo secretario general ténico del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón.

“Profesionalidad”

En la rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, ha dejado claro que el Gobierno prioriza “la calidad, la seguridad y la profesionalidad”, por lo que “los nombramientos no van a ser precipitados en ningún momento”.

“Los procedimientos que están en marcha están garantizados y en los próximos días se irán llevando a cabo todos los nombramientos”, ha continuado Mar Vaquero, indicando que “cada consejero está analizando cómo quiere redistribuir esas competencias y pensando en todos y cada uno de los perfiles, donde lo que les caracteriza es la experiencia; no tenemos prisa”.

También ha señalado que todos los consejeros conocen las competencias propias de cada Departamento y que cuentan con el asesoramiento técnico del “excelente cuerpo de funcionarios, que siempre garantiza la continuidad”, recalcando que los políticos son “aves de paso” y que en la Administración “hay siempre un soporte, un pilar de seguridad”, que son los funcionarios. “Lo normal es que cada Consejería se reordene y busque los perfiles adecuados”, ha considerado la portavoz del Ejecutivo.

La organización agraria UAGA-COAG ha exigido al Gobierno de Jorge Azcón en Aragón “que abandone la propaganda y recupere una política real de apoyo a la creación de regadíos, porque defender el regadío es defender el futuro del campo aragonés y la supervivencia de las explotaciones familiares”. El sindicato ha recalcado que ha sido históricamente un firme defensor de la creación de regadíos como herramienta estructural de apoyo a las explotaciones familiares agrarias.

UAGA-COAG ha destacado también que proyectos como los Pebea, Monegros II o los distintos Riegos Sociales han necesitado durante décadas de un fuerte respaldo sindical frente a la incomprensión de administración —que en muchos casos no los considera necesarios— y, a veces incluso, de una parte de la sociedad y del propio sector, que los paraliza por distintos motivos.

Asimismo, ha recordado que siempre han defendido que los regadíos “no deben responder a modelos faraónicos pensados únicamente para sumar hectáreas”, sino que lo que hay que regar son las explotaciones familiares, garantizar la viabilidad de los cultivos, fijar población en el territorio y asegurar el suministro de agua a pueblos y explotaciones ganaderas: “Está demostrado que donde hay regadío —'manchas verdes'— hay desarrollo económico”.

UAGA se ha dirigido también a quienes “se presentan como grandes defensores del regadío” que utilizar políticamente estas infraestructuras o jugar con las expectativas de los territorios solo es posible “desde el desconocimiento de la complejidad financiera, ambiental y social que supone una nueva puesta en riego”.

Una fase “preocupante”

Tras una etapa positiva en el impulso de proyectos de nuevos regadíos durante los últimos diez años, Aragón ha entrado en una fase preocupante marcada por la falta de financiación y la ausencia de una orientación política clara, han asegurado en la organización agraria. A ello han sumado que, aunque el acuerdo de investidura entre PP y Vox hace referencia a 20.000 nuevas hectáreas de regadío, la realidad presupuestaria apenas contempla 5 millones de euros para 2026, cuando el coste medio de creación supera los 15.000 euros por hectárea.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón está “muy lejos” de los 90 millones de euros anuales que ha anunciado la Generalitat de Catalunya para las políticas de regadío, así que UAGA-COAG ha indicado que sería “deseable”, al menos, recuperar un modelo de financiación propio como el que regulaba la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar, que ofreció buenos resultados.

En ese sentido, la organización agraria ha señalado que, al inicio de la anterior legislatura, el Ejecutivo autonómico ese apartado de la Ley sin haber diseñado antes otro modelo de financiación, dejando abandonados a profesionales del campo que esperan convertir sus parcelas de secano en tierra de regadío para tener mejores expectativas de cosecha ante el cambio climático y los periodos de sequía que, cada vez, serán más recurrentes.

Por esta razón, UAGA-COAG ha alertado de que territorios como la margen derecha del Ebro, Litera alta o el Sector 7 de Monegros no podrán avanzar mientras no se restablezca una política “seria, estable y comprometida con el regadío”.

El Ayuntamiento de Teruel ha vivido este lunes su primer choque político en el seno del nuevo escenario político tras el acuerdo entre el PP y Vox en el Gobierno de Aragón. Una moción de Vox sobre la llamada 'prioridad nacional' ha evidenciado diferencias con el PP en esta cuestión, hasta el punto de que los populares han unido su voto de rechazo al PSOE y Teruel Existe para tumbarla, justo en el mismo día en que los consejeros autonómicos de la coalición han tomado posesión.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, Elena Fernández, ha defendido una iniciativa en línea con otras impulsadas por su formación y que ya han generado polémica en el Congreso de los Diputados. La moción se ha estructurado en siete puntos. Entre ellos, Vox ha planteado instar al Gobierno de España a repatriar a inmigrantes en situación irregular, establecer la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y vivienda, revisar la normativa de extranjería y el acceso a la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión, así como limitar el acceso a la sanidad pública de extranjeros sin residencia legal. También ha propuesto aplicar ese principio en vivienda desde Aragón y reservar las prestaciones y pensiones no contributivas a ciudadanos españoles.

Tanto solo el tercer punto ha sido el único que ha concitado cierto acuerdo, al centrarse en garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público mediante un uso “adecuado” de los servicios.

La alcaldesa, la popular Emma Buj, ha hecho un llamamiento a no criminalizar a los extranjeros en aras de la moderación y ha peedido modificar cinco puntos de la moción y retirar uno —el relativo a reservar prestaciones y pensiones no contributivas a españoles—. Sin embargo, Vox no ha aceptado ninguna enmienda y ha reprochado al grupo municipal del PP su falta de “valentía” por no votar el texto directamente, sin intentar introducir cambios.

“Segrega entre ciudadanos de primera y segunda categoría”

Desde el PSOE, el portavoz José Guillén ha señalado que el debate “no aporta ninguna novedad” respecto a lo ya visto en el Congreso. “De hecho, no han sido capaces de introducir la palabra Aragón en la exposición de motivos”, ha criticado. A su juicio, la llamada “prioridad nacional” pretende “dinamitar los principios fundamentales del Estado de Derecho” y vulnera el derecho internacional. Además, ha considerado que “segregar entre ciudadanos de primera y segunda categoría es una vergüenza” y ha advertido de que este planteamiento podría extenderse en el futuro a otros colectivos por razones ideológicas, culturales o religiosas.

Guillén también ha denunciado que se “señala a los más vulnerables” al asociar inmigración y criminalidad, y ha recordado el rechazo de organizaciones como la Iglesia católica o Amnistía Internacional. Además, ha pedido al PP que aclare cómo aplicará el concepto de arraigo.

Por su parte, el portavoz de Teruel Existe, Enrique Marín, ha rechazado la iniciativa al considerarla “inconstitucional” y ha afirmado que “pretende enfrentar a unos vecinos con otros”. “Lo que aquí se plantea no solo es irresponsable desde el punto de vista político, sino claramente ilegal desde el punto de vista jurídico”, ha asegurado, al entender que vulnera varios artículos de la Constitución y excede las competencias municipales.

El PP ha justificado su voto en contra apelando a la “responsabilidad y sentido de Estado” en un debate que, a su juicio, afecta a la convivencia. La concejala de Servicios Sociales, Carmen Romero, ha afirmado que la prioridad nacional “no es una consigna vacía ni un eslogan político” y ha subrayado que los recursos públicos “los sostienen las personas que trabajan y cotizan”, recordando también la contribución de la población extranjera al crecimiento del país.

Romero ha defendido que, para el acceso a ayudas y vivienda, deben tenerse en cuenta “el arraigo real, la contribución y la vinculación con el territorio”, apostando por “criterios de compromiso, esfuerzo e integración, sin hablar del origen de nadie”. Asimismo, ha apelado a actuar “con responsabilidad y humanidad”, manteniendo la asistencia cuando sea necesaria, pero evitando “premiar a quien incumple la ley”. “Ni el buenismo ni el alarmismo solucionarán la situación”, ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, la Popular Enma Buj, ha presentado al PP como “el partido de la moderación y el sentido común donde creemos que los extremos no son buenos: no es bueno el buenismo con respecto a todos aquellos que vienen de otros puntos, ni tampoco lo es criminalización porque en Teruel viven miles de personas que han venido de todas partes del mundo que están trabajando y contribuyendo a que nuestra ciudad mejore”, ha defendido. Además, se da la circunstancia de que numerosas empresas de la provincia turolense reclaman trabajadores ante las difcultades para encontrarlos. Buj ha recordado que el Consistorio ofrece desde 2020 ayudas a la natalidad y de apoyo al comercio, sin que hasta ahora se haya generadeo ningún problema. También ha criticado al PSOE por “levantar muros entre españoles” y preocuparse poor cómo va el PP a medir el arraigo pero el gobierno del PSOE no aclare criterios sobre la vulnerabilidad de los inmigrantes.

La moción de la discordia

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, Elena Fernández, ha defendido una iniciativa calcada a la polémica debatida la pasada semena en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención, ha asegurado que el Estado de bienestar “ha sido fruto del esfuerzo de generaciones de españoles”, pero ha advertido de que actualmente atraviesa “una profunda crisis por la gestión de los sucesivos gobiernos, con una asfixiante carga fiscal”.

Fernández ha atribuido el “colapso de los servicios públicos” a “la inmigración masiva y descontrolada” y ha señalado que se ha producido “una alteración demográfica que no responde al crecimiento natural de la población española”, que —según ha afirmado— ha disminuido en más de 750.000 personas desde 2020. En su argumentación, ha vinculado el aumento de población extranjera con un impacto en el padrón, los servicios sociales, la atención básica y la seguridad, citando incrementos en distintos tipos de delitos.

Según Vox, esta situación “limita el acceso de los nacionales a las ayudas en beneficio de los extranjeros” y provoca “una sustitución progresiva de la población española”, así como cambios en la identidad de los barrios. La formación ha defendido que “la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas es legítima” y la ha enmarcado en un principio de “responsabilidad política”.

A Jorge Azcón se le han acumulado los discursos en los últimos días y eso ha acabado pasando factura. Este lunes, en su bienvenida a los nuevos consejeros del Gobierno de Aragón, el jefe del Ejecutivo ha renunciado a innovar y ha repetido dos tercios de su intervención de 2023, con numerosas frases directamente calcada. El acto sí que ha tenido una innovación llamativa ante la entrada en el gabinete de Vox: se ha cerrado de manera inusual con el himno de España.

La cita llegaba tras el discurso de investidura del pasado martes, las réplicas a los grupos al día siguiente y de la toma de posesión del jueves. Demasiado parlamento seguido. Quizás por eso, Azcón ha echado mano de las palabras que pronunció hace tres años para la toma de posesión del gabinete.

Las frases similares se extienden por todo el texto, pero las construcciones calcadas palabra por palabra, también. “Lo que hagamos o lo que dejemos de hacer será lo que realmente dejará huella en nuestra sociedad”. “Hoy es sin duda un día especial, un día lleno de ilusiones, de expectativas, y de esperanzas que debemos celebrar como es merecido. Pero también es el día de sentir el peso de la responsabilidad, el peso que debe guiar nuestros pasos en el ejercicio de un nuevo desempeño que acabáis de asumir”. “En este acto habéis suscrito el más ambicioso y elevado compromiso personal y colectivo que puede existir. Os habéis consagrado al servicio de vuestros conciudadanos para los próximos cuatro años”. “Para llevar a cabo vuestra tarea es necesario también que sintáis y aprovechéis el cargo como la singular oportunidad que os brinda. A cada uno desde vuestras competencias para que entre todos consigamos mejorar la vida de los aragoneses”. “No nos podemos equivocar. Es característica humana intrínseca y si ocurre lo explicaremos. Rectificaremos debidamente. Pero lo que nunca sucederá es que dejemos de trabajar para intentar mejorar las cosas”.

Se da la circunstancia de que el jefe del Ejecutivo incluso reitera su disposición a trabajar por un Aragón “más solidario” justo cuando las partidas presupuestarias destinadas a solidaridad están por los suelos y aún caerán más si se cumple lo que reclama la extrema derecha.

Azcón ha vuelto a citar a Gracián, como hace de forma habitual –la última, precisamente el pasado jueves, durante su propia toma de posesión– y ha innovado al aludir a una fábula de Esopo, la de la zorra y las uvas, que ha traído a colación para reclamar a los consejeros que no pongan “excusas en el cumplimiento” de sus “objetivos”.

Mientras, una de las novedades este lunes en un acto de carácter tan protocolario como la toma de posesión de los consejeros ha sido que Azcón ha optado por cerrarlo con el himno de España, algo poco habitual dado el carácter autonómico del evento. Si en 2023 el acto se cerró con el himno de Aragón, esta vez se ha abierto con este último y se ha cerrado con el nacional.

Esto ha despertado la crítica del portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, a quien ha contestado el PP recordándole que el himno aragonés ha abierto la toma de posesión.

Este próximo viernes se celebra el aniversario de las primeras elecciones autonómicas en Aragón (1983), en las que el socialista Santiago Marraco fue el dirigente que más cerca se ha quedado de la mayoría absoluta en la comunidad (a uno gracias a sus 33 escaños). En esta entrevista, y con una gran lucidez a sus 87 años, Marraco repasa las más de cuatro décadas de autogobierno: de la ilusión fundacional y la construcción desde cero a los retos actuales —vivienda, modelo energético o incendios de nueva generación—, con una advertencia clara sobre desigualdad, el clima político y la falta de visión estratégica.

Han pasado 43 años desde las elecciones del 8 de mayo de 1983. ¿Qué recuerda con más nitidez de aquel momento?

Tuvimos que empezar a hacer todo prácticamente desde cero porque durante la preautonomía apenas se habían transferido cuestiones burocráticas. Cuando empezamos, el presupuesto de la Comunidad Autónoma del primer año era más pequeño que el del Ayuntamiento de Huesca. No teníamos sedes. Las oficinas de los ministerios en Zaragoza estaban desperdigadas por pisos por toda la ciudad. Lo que más recuerdo de aquella época es la ilusión que había en toda la gente, que para nosotros supuso un impulso porque sabíamos que los aragoneses estaban detrás, que podíamos contar con el esfuerzo de todos. Incluso los funcionarios que fueron transferidos en los cuatro años de mandato, conforme tuvimos más competencias, estaban dispuestos a hacer las obras que hiciera falta. Eso es lo que se echa de menos ahora; en aquel momento había una mejor relación entre la política y la ciudadanía y eso se ha ido perdiendo con los años, lo cual es tremendo porque ese fenómeno debilita a las sociedades.

¿Era consciente entonces de que estaba inaugurando una etapa histórica para Aragón?

Lo primero que me tuve que decir fue: ¿tendré capacidad para meterme en semejante aventura? Porque en aquella época éramos políticos sobrevenidos a los que nos pilló el momento del cambio. Yo ya estaba trabajando en la clandestinidad hacía unos años atrás, pero no habíamos vivido en democracia: estaba por crear una sociedad que perdiera el miedo y supiera que tenía derechos. Nuestra inexperiencia no era en la gestión, porque yo era funcionario y conocía perfectamente la Administración, pero nos preguntábamos si íbamos a acertar con las medidas que debíamos aplicar de inmediato. Era realmente una responsabilidad. Todo el equipo de gobierno que tuve siempre tuvimos la sensación de que teníamos que esforzarnos más para responder a lo que exigía la sociedad.

¿Qué fue lo más difícil de poner en marcha aquella primera estructura autonómica?

La negociación de las transferencias. Era un sistema muy complejo porque tenía que venir con la dotación de personal, de medios materiales y de presupuesto. Y el presupuesto se hacía en función del gasto de los cinco años anteriores. Por tanto, había que ser muy precavidos a la hora de decidir en qué momento nos interesaba solicitar una transferencia. Por ejemplo, en el plano educativo había que valorar si la población escolar iba a crecer, porque en dos o tres años nos íbamos a encontrar con que teníamos que atender con menos medios a una mayor cantidad de alumnado. También la inversión en carreteras era muy importante. Se regionalizaba la inversión, y cuando ya se había hecho la autopista de Zaragoza-Barcelona y Zaragoza-Madrid, si esa inversión entraba dentro del plazo, suponía que tendríamos más presupuesto; pero según en qué año se cortaba la inversión, nos quedábamos con menos. Al final, todo era un regateo.

Si compara aquel Aragón con el actual, ¿qué es lo que más le sorprende del cambio en estos 43 años?

Hay factores positivos y negativos. El positivo es que, desde luego y afortunadamente, no se parece en nada al que recibimos nosotros. Yo creo que en este momento Aragón es una potencia dentro de las comunidades autónomas, a pesar de que somos pocos. La propia ubicación de Zaragoza, en el centro del cuadrante más desarrollado de España, ya es un valor tremendo para la propia comunidad.

En política, uno aporta las ideas; si esas ideas son válidas hay otros después que lo empujan, lo desarrollan y al final hay un tercero que corta la cinta y lo inaugura. Y eso no es nada frustrante, aunque lo parezca. Eso quiere decir que acertaste con los planteamientos que hiciste en tu momento

¿Y los negativos?

Creo que hay decisiones que se están tomando sin analizarlo a fondo. Por ejemplo, los centros de datos. ¿Por qué vienen aquí? Porque la energía es barata. Un centro de datos es un almacén que, además, no tiene mercancía. La que tiene es la que circula por las redes. Zaragoza tiene el cable de comunicaciones que comunica Barcelona con Madrid, una conexión muy fuerte y muy fiable para los datos. Pero los datos se almacenan en unos módulos en una nave. Cuando se dice que se van a crear dos mil y pico puestos de trabajo, debe de ser mientras se construyen las naves, pero después no hay nada absolutamente. Incluso las averías y cualquier problema que surja se resolverán a distancia. Y el consumo de energía generará problemas para que se instalen otras empresas que van a producir y crear puestos de trabajo. Además, hay una tercera derivada, y es que estas instalaciones en menos de un mes se desarman. Vienen unos camiones, cargan los módulos en los camiones y se llevan a otro país. Está bien que se monte algún centro de datos, pero esa no puede ser la apuesta que se haga.

También es crítico en política hidráulica.

Me sorprende que, más de cuarenta años después, estemos dándole vueltas al trasvase y a los embalses. ¿Cómo seguimos hablando de lo mismo? Y además de una manera disparatada. Ahora vuelven a reivindicar la regulación del Gállego cuando el embalse Biscarrués es innecesario porque se está construyendo otro entre Tardienta y Almudévar para regular el riego de Monegros. No se necesita más. Ya hemos visto ejemplos como el innecesario embalse de Campo. Volver otra vez a reivindicar los pantanos es un auténtico disparate porque no hace falta ninguno más, son innecesarios. Y lo único que hay detrás son los intereses de las empresas hidroeléctricas. No son embalses para el regadío. Luego, el trasvase del Ebro es absolutamente inviable: al precio que puede salir el agua colocada al sur de Alicante, en Murcia o en Almería, les compensaría más montar una desaladora y regar con agua de mar. Ahora vuelven otra vez a lo mismo. Vox, sobre todo. ¿Alguien ha hecho números? Yo soy ingeniero y sí lo sé: es completamente inviable en términos económicos.

¿Qué medidas de su gobierno tuvieron más impacto a largo plazo?

Zaragoza tenía una universidad muy potente pero con muy poca relación con el sector productivo. Entonces creamos dos elementos, el Consejo Aragonés de Investigación (CONAI), cuya misión era transferir el conocimiento de la universidad a las empresas; y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Necesitábamos un centro de metrología y calibración porque la industria del metal requería instrumentos de precisión, que antes se enviaban a Barcelona. También, siguiendo un poco el modelo vasco, creamos un centro donde una empresa que quería desarrollar un producto pero no disponía ni de medios de ingeniería, ni de laboratorio, se le podían prestar los ingenieros y las instalaciones para poder desarrollar ese proyecto. Ahora el ITA es un centro con un potencial que trabaja para multinacionales.

Debe de ser una satisfacción ver que, 43 años después, las cosas siguen funcionando.

En política, uno aporta las ideas; si esas ideas son válidas hay otros después que lo empujan, lo desarrollan y al final hay un tercero que corta la cinta y lo inaugura. Y eso no es nada frustrante, aunque lo parezca. Eso quiere decir que acertaste con los planteamientos que hiciste en tu momento. Otro cambio clave fue replantear el modelo de regadío. Antes se asignaban parcelas de 10 o 15 hectáreas, insuficientes para sostener una familia. La idea era dejar de crear “colonos” y apostar por pequeños empresarios agrícolas con explotaciones viables y modernas, de al menos 50 hectáreas —idealmente 100—, apoyadas en tecnología y formación. Pero la tierra es cara, y comprarla limita la inversión en maquinaria. Por eso se propuso un banco de tierras basado en el arriendo de terrenos públicos, que permitiera ampliar explotaciones sin necesidad de adquirirlas. Pero fue un error despreciarlo. No se llegó a derogar la ley, pero se metió en un cajón y no se puso en marcha, perdiendo una gran oportunidad, porque en aquel momento estábamos en pleno proceso de concentración parcelaria y de empezar a hacer los regadíos, terminando los riegos de Monegros de Zaragoza y Huesca, y los de las Cinco Villas. Ahora ya no es posible volver a crear un Banco de Tierras. Habría que empezar a comprar tierra. En aquel momento no se compraba, sino simplemente no se expropiaba. Y eso nos está llevando a una estructura de la agricultura que no es la idónea.

¿Cuál ha sido la consecuencia de esto?

Las pequeñas parcelas han acabado en manos de inversores externos, que las arriendan o compran. Esto impulsa un modelo más especulativo, orientado al máximo rendimiento a corto plazo, a menudo con uso intensivo de químicos. Frente a ello, el agricultor propietario tiende a cuidar el suelo y su fertilidad a largo plazo, pensando en las siguientes generaciones. Son dos modelos opuestos: uno intensivo y extractivo, y otro sostenible y conservador. De ahí la necesidad de una mayor conciencia ambiental. Negar el cambio climático es un error grave, porque las decisiones actuales tendrán efectos duraderos. Mi propia formación como ingeniero de montes refuerza esa visión ecológica. Y esto es por lo que me da terror por el negacionismo de Vox y el del Partido Popular. Si se niega al cambio climático, nos equivocamos de medio a medio.

Hoy la gestión forestal y la conservación ambiental están separadas, cuando en realidad todo está interrelacionado. Y eso se ve en casos como la dana de Valencia. Muchas de las grandes avenidas no vienen de los ríos, sino de barrancos y ramblas que dependen de la gestión forestal, que es competencia de las comunidades autónomas, no de las confederaciones hidrográficas

En clave política, ¿seguimos avanzando o podemos retroceder desde la etapa de la transición?

Hay una frase de Vargas Llosa que decía: ¿Cuándo se jodió el Perú? Y es eso. ¿Qué ha pasado? Que hemos salido de la pobreza y hemos llegado a la riqueza, pero no hemos llegado todos a la riqueza. Somos nuevos ricos con la riqueza mal repartida. Y vamos a repartir todavía peor, claro, porque si la política es bajar los impuestos, ya me dirán cómo vamos a resolver la justicia social. Mi generación vivió el racionamiento; sabíamos lo que era no tener. Ahora vivimos en una sociedad de consumo inmediato, donde lo queremos todo y ya. Y, paradójicamente, mis hijos viven peor que nosotros. Eso refleja una desigualdad creciente que, en las socialdemocracias, solo se corrige con impuestos porque quien más tiene, más debe aportar para sostener servicios públicos y el equilibrio social. El que tiene dinero quiere que entre todos le paguemos la Policía para que no le roben, es decir, no está dispuesto a compartir, pero sí que exige que protejamos sus bienes. Y eso se lo damos, además, con los impuestos de todos. También veo un problema de memoria y de discurso: se señala a los inmigrantes como antes se señalaba a los españoles en otros países. Es repetir errores del pasado, muchas veces con prejuicios sobre religión o procedencia que no se ajustan a la realidad. En política, el deterioro viene de lejos. Antes había confrontación, pero también respeto y acuerdos. Eso empezó a romperse en los años de José María Aznar frente a Felipe González, y desde entonces ha ido a más. Hoy el Parlamento proyecta bronca e insultos, aunque por dentro siga habiendo diálogo; pero lo que llega a la ciudadanía es el ruido.

¿Qué valoración hace de la fragmentación que hay del espacio progresista ante el avance de la derecha y la ultraderecha?

La izquierda siempre ha sido diversa, y en Aragón eso no es ninguna novedad ni debería preocuparnos. Aquí, históricamente ha habido varios partidos y un Parlamento más fragmentado, y eso forma parte de su normalidad. Lo que sí me preocupa es la concentración y la deriva de la derecha hacia posiciones más extremas. Ese desplazamiento acaba influyendo en el lenguaje y en el conjunto del debate político. Además, el llamado 'centro' prácticamente ha desaparecido. Antes existían espacios más moderados, como en su momento la UCD, pero hoy ese espacio está muy debilitado. Y este fenómeno no es solo español: lo estamos viendo también en otros países europeos como Francia o Alemania.

No es usted un simple miembro del PSOE, es el artífice de la integración del Partido Socialista de Aragón (PSA). Alguien con tanta trayectoria, ¿se reconoce en el mismo partido después de tanto tiempo?

Yo siempre me reconozco en el partido. Un partido no es algo monolítico: tiene corrientes, debates y contradicciones, y eso lo enriquece. Además, tiene que adaptarse a una sociedad que cambia constantemente; no tiene nada que ver la de hace 50 años con la actual. La política es compleja y exige aprendizaje. El ejercicio del poder es muy duro y está lleno de trampas por todos los sitios. Winston Churchill decía que había que tragarse un sapo cada mañana con un vaso de agua para empezar a habituarse a lo que iba a ser el día siguiente.

Hoy en día parece que estemos instalados en el conflicto permanente.

Dentro de los partidos siempre hay tensiones y luchas internas, y yo las viví desde el principio, incluso en procesos complicados como la integración del PSA en el PSOE. Ha habido momentos peores que los actuales. Lo que sí ha cambiado es el peso del liderazgo: hoy hay una sobreexposición de los líderes por encima de los partidos, en parte porque la información va tan rápido que se personaliza todo. El liderazgo es necesario, pero no debe sustituir al debate interno ni al funcionamiento democrático. Ahí es donde creo que está el problema: se ha debilitado la militancia y el debate dentro de todos los partidos. Muchas decisiones se concentran en las ejecutivas, y solo se abre algo más el debate en periodos electorales, siguiendo el modelo de Estados Unidos. Pero discrepancias siempre ha habido —antes se hablaba de felipistas y guerristas, ahora con otras etiquetas como sanchistas, aunque el que habla del sanchismo es el PP, de eso no se habla en el PSOE—, y eso es normal; lo importante es que siga habiendo discusión interna real y no solo estructuras centradas en el líder.

Del sanchismo no solo habla el PP, también se utiliza dentro del PSOE con voces discrepantes reconocidas.

Bueno..., sí lo que pasa es que hay saber jubilarse también.

Desde la última Presidencia del PSOE en 2023, ¿ve más lejos o cerca de recuperar el gobierno?

Yo creo que el PSOE no está necesariamente más lejos de recuperar el gobierno; la situación es más cambiante de lo que parece. En Aragón y Extremadura las decisiones de adelantar elecciones respondieron más a cálculos políticos que a una necesidad real, buscando desgastar a Pedro Sánchez. Pero ese movimiento no siempre salió bien. Se esperaban mejores resultados y en algunos casos se han perdido escaños. Percibo que el clima ha cambiado en pocos meses y que la ciudadanía ya no está exactamente en la misma posición que entonces. Estas dinámicas dan muchas vueltas.

¿Qué le pareció el discurso de investidura de Jorge Azcón?

Me sorprendió que dijera que todo estaba muy bien frente a lo mal que lo había hecho Javier Lambán, lo que choca con los homenajes que el PP le estaba haciendo porque estaba en el grupo que no apoyaba a Sánchez, al igual que García Page, por temas como la amnistía de Cataluña. Eso muestra que hay más estrategia que coherencia.

¿Cómo ve el gran problema de la vivienda?

No se resuelve construyendo viviendas para la venta aunque sean de promoción pública porque un trabajador, con los sueldos que hay ahora, no puede comprar, por mucho plazo que le den para pagarla. Además, una vivienda te ata en el puesto de trabajo y a la ciudad donde estás. Hacen falta viviendas en alquiler y asequibles, lo que se llama antes vivienda de renta limitada. Yo creo que, disponiendo de suelo público, que supone el 30% del precio de una vivienda, y cuidando de no crear guetos en las ciudades, se pueden hacer viviendas de alquiler de renta limitada sin ningún problema. La administración puede construir y con la renta del inquilino va a amortizar perfectamente la inversión inicial. Lo que eso sí requiere es una gestión ágil para conservar las viviendas y disponer de un buen equipo. Ahora hay problemas en las grandes ciudades donde los trabajadores viven lejos de sus centros de trabajo y hay más en las zonas turísticas donde el trabajo es de temporada y es necesario crear no solamente viviendas sino bloques de residencia con unas zonas comunes y unas habitaciones para los trabajadores. Si no es así, fracasará el turismo de montaña y ya empieza a haber problemas en toda la zona del Valle de Benasque, en el Valle de Tena y en el Valle de Canfranc, con las estaciones de esquí que no encuentran personal.

¿Cómo me gustaría que me recordaran? De ninguna manera. Seremos el olvido y en eso consiste la humanidad. Pensar que uno va a pasar a la posteridad me parece de un egoísmo absoluto y de una prepotencia que no tiene ningún sentido

Usted es ingeniero de montes, experto en incendios forestales y fue director del Icona. ¿Piensa que fue un error la supresión del organismo?

Sí. Soy ingeniero de Montes y desarrollé casi toda mi trayectoria en Huesca, recorriendo el Pirineo de punta a punta. Ahí pasé los mejores años de mi vida y he disfrutado mucho. Para ser ingeniero de montes hay que ser un optimista nato. Manejábamos la masa forestal con una proyección de 120 o 200 años: hay que estar loco para pensar en planificar bosques a tan largo plazo. Por eso, cada 10 años volvemos a ver cómo está el monte, a analizar los cambios y ver si lleva la tendencia deseada. Esto no es habitual en otro tipo de profesiones. Este trabajo te obliga a pensar a muy largo plazo y esa visión me ha influido también en la política.

Y ¿cómo ve la gestión del medio natural en estos años?

Se ha perdido una visión coordinada: hoy la gestión forestal y la conservación ambiental están separadas, cuando en realidad todo está interrelacionado. Y eso se ve en casos como la dana de Valencia. Muchas de las grandes avenidas no vienen de los ríos, sino de barrancos y ramblas que dependen de la gestión forestal, que es competencia de las comunidades autónomas, no de las confederaciones hidrográficas, como decía la Generalitat valenciana. Antes había servicios de hidrología forestal que vigilaban y actuaban para prevenir estas situaciones; ahora esa coordinación es menor.

¿Cómo han cambiado los incendios? ¿Qué estrategia adoptaría si tuviera responsabilidad?

El gran cambio es el abandono rural. Antes había cultivos, caminos y actividad que actuaban como cortafuegos naturales; hoy hay continuidad de matorral, lo que favorece incendios más extensos. No tiene sentido hablar de “limpiar los bosques”, es inviable; la clave es ordenar el territorio. Lo que hay que hacer es recuperar un paisaje en mosaico: crear grandes cortafuegos, alternar zonas cultivadas y franjas sin sembrar, y proteger especialmente el entorno de los pueblos. Muchos incendios actuales ya no son solo forestales, sino rurales, en terrenos abandonados de difícil gestión. Yo apostaría por una estrategia preventiva, planificar el territorio como un damero que frene el fuego, coordinar administraciones y dotarse de herramientas legales para actuar también sobre fincas privadas, igual que se hace en el urbanismo con las normas de seguridad.

¿Cómo le gustaría que se le recordara?

De ninguna manera. Al hilo del libro de Abad Faciolince, ‘El olvido que seremos’, que he leído con mucho gusto porque yo estuve trabajando con una ONG en Colombia, pasado un mes ya nadie se acuerda de ti. Seremos el olvido y en eso consiste la humanidad. Pensar que uno va a pasar a la posteridad me parece de un egoísmo absoluto y de una prepotencia que no tiene ningún sentido. Estos días se ha hecho la presentación de los retratos de los presidentes y yo no había visto el mío en el Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón). Y no tengo ningún interés en verme retratado en ningún sitio. No quiero que se me recuerde por nada. Y es que me da igual, sé que no se va a acordar nadie.

Sorprende su humildad en tiempos de tanto ego.

Es que no me interesa nada. Pero lo que me produce satisfacción es que la gente me siga saludando por la calle y lo agradezco mucho porque nadie me mira con malas caras y eso puede indicar que no debía malmeter yo mucho (se ríe).

Un mensaje emocionado, en el que ha lanzado agradecimientos, ha enfatizado la importancia de los servicios públicos, ha destacado el papel de Aragón en España, ha incidido en el problema de la vivienda... y en el que ha lanzado un toque a la oposición: “Es esencial para la democracia respetar el sentido de las urnas”, les ha recordado. Jorge Azcón ha tomado posesión este jueves y se convierte así en el primer dirigente del PP que repite en el cargo como presidente del Gobierno de Aragón.

En un acto cargado de solemnidad en el palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, entre familiares, amigos, cargos institucionales y compañeros de partido, con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pero sin el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, Azcón ha empezado su parlamento expresando el “profundo honor y con un sentido claro de la responsabilidad que implica asumir” de nuevo el cargo y ha agradecido a continuación a Vox y a su propia formación el apoyo.

“Los dos grupos, con nuestras diferencias y nuestros encuentros, vamos a trabajar con lealtad y determinación para desarrollar un programa de Gobierno único pensado para mejorar la vida de los aragoneses”, ha aludido al acuerdo con la extrema derecha.

Y en este punto ha hecho alusión a la oposición política con un mensaje directo: ha querido dar las gracias a quienes “saben respetar esa voluntad popular y a las instituciones encargadas de plasmarla”. Los aragoneses, ha recordado, siempre han presumido de su “inclinación hacia el pacto” y de “fomentar los valores democráticos”. “Y eso incluye el respeto a los resultados de los procesos electorales, que deben ser aceptados no sólo cuando avalan nuestras posiciones, sino especialmente cuando colisionan con la ideología propia”, ha incidido, sin dar lugar a dudas al significado de sus palabras.

Tampoco se ha olvidado el ya jefe del Ejecutivo del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras mencionar la alusión estatutaria sobre la colaboración con el Estado, basada “en los principios de lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua”, ha urgido al Gobierno central a “abordar” con “celeridad aquellas infraestructuras” necesarias para el progreso de la comunidad y a dotar los recursos públicos de “financiación suficiente”.

Por otro lado, Azcón ha querido destacar el papel actual de Aragón, que “fue entendida como una tierra despojada de oportunidades” y ahora “construye con paso firme su propio futuro”. También, ha afirmado, es una “tierra de acogida”, aunque con matices: lo es “todos aquellos que vengan a compartir ese anhelo de crecimiento desde el respeto a nuestras normas y valores”.

Ha destacado la “referencia” de las dos leyes fundamentales, la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y de este ha puesto como ejemplo varios artículos.

Uno, el que promueve el derecho a una vivienda digna: “Esta es una de las encomiendas más importantes”, ha señalado, y se ha comprometido a “multiplicar por tres” el parque de vivienda pública en Aragón. El segundo, el que alude al pleno empleo de calidad. Y el tercero, el que habla “de fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación científica y tecnológica”.

La autodefensa de las derechas por la reacción que ha suscitado esa “prioridad nacional” que ideó Vox, y secundó el PP en sus pactos autonómicos de Gobierno, recuerda mucho a esas películas de infidelidades en las que quien es cogido con las manos en la masa (ajena) se ve obligado a decir a quien ha defraudado: “Cariño, esto no es lo que parece”. En el caso de esa insensatez perpetrada por PP y Vox, sus autores aseguran ahora que la cosa no es para tanto, que no se quiere discriminar a nadie en España y que lo que han pactado se ajustará al marco constitucional. 

El problema reside en que la dichosa prioridad nacional es justamente lo que parece: un atentado en toda regla contra la Constitución, contra el principio de igualdad y contra los derechos, políticos y sociales, de una parte de la población española. Y es la consecuencia lógica de todo lo que las derechas españolas han venido sembrando en los últimos tiempos.

Tanto Feijóo como Santiago Abascal llevan meses asegurando, con aspereza digna de mejor causa, que los inmigrantes han venido a España a delinquir, a vivir de los subsidios, a ocupar nuestras viviendas, y a saturar los servicios públicos, dejando en la cola a los españoles de toda la vida, que son los verdaderamente discriminados. No es extraño, por tanto, que sus pactos de gobierno (en Extremadura, Aragón y lo que pueda venir) se hayan fundamentado en la reclamación de que “en España ”los españoles primero“. Lo que sí extraña son esos equilibrios dialécticos con que los dirigentes de PP y Vox tratan de negar lo que está tan claro. Y tanto, que hasta lo entiende una buena parte de la derecha (en el PP al menos) al expresar su disconformidad con lo pactado.

Lo extraño es que quienes han hecho de la inmigración el primer problema de España nos quieran convencer ahora de que sus acuerdos autonómicos no van dirigidos contra los inmigrantes; ni, por ceñirnos a lo más actual, guardan relación alguna con su feroz oposición a la regularización de medio millón de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno de Sánchez. Una regularización que la extrema derecha se propone “desregular”, con vicepresidencias ad hoc para este mismo propósito, como la que María Guardiola ha concedido al dirigente de Vox, Óscar Fernández.

Un señor que, dicho sea de paso, afirmó, pocos días antes del acuerdo extremeño, que María Guardiola sería presidenta sólo si a Vox “le daba la gana”, porque se decidía a pasar por su aro. Y, como pasó, María Guardiola se ha convertido en una presidenta de Extremadura puramente nominal; por no decir que es una rehén de Vox, obligada a llevar a cabo las políticas agresivas y antisociales de la extrema derecha. Tan rehén como lo es Jorge Azcón en la Comunidad aragonesa; o como puede serlo Fernández Mañueco en Castilla y León, si se pliega igualmente a las exigencias de Vox. Repetir gobiernos con semejante compañero de viaje le obliga al primer partido de la oposición a la sumisión permanente a los postulados de la extrema derecha o a la bronca permanente con ella. Lo que, al final, obliga a nuevas elecciones anticipadas, dejando al margen los problemas reales de la ciudadanía.

Porque hay algo que ha quedado muy claro con este viaje electoral a ninguna parte que emprendió el PP de Feijóo para imponerse a Vox y preparar la futura derrota de Sánchez. Que, además de no conseguir sus objetivos, las derechas, juntas o separadas, no son capaces de proporcionar una mínima estabilidad política al país; y que, hoy por hoy, la única fuente de estabilidad que España tiene es la que le proporciona el Gobierno de coalición progresista presidido por Pedro Sánchez. 

Se entiende muy bien, por eso, el pavor que le entra al presidente andaluz ante la posibilidad de no revalidar en la próxima consulta electoral su mayoría absoluta y verse así condenado a pactar con los de Santiago y cierra España. Curiosamente, es el presidente más emblemático y respetado que tiene el PP el mayor enemigo de lo que sus correligionarios han acordado con Vox en sus propias autonomías. Casi ya ni se acuerda de que, en unas elecciones que no ganó, llegó a ser presidente porque Vox lo quiso. ¡A ver si al final, puestos a rectificar, Juanma Moreno hasta se convierte en militante del PSOE y pide el voto de los andaluces para María Jesús Montero!

El Pleno de las Cortes de Aragón ha elegido este miércoles, 29 de abril de 2026, presidente del Gobierno autonómico de la XII legislatura con los 26 votos de su grupo, el PP, y 13 de Vox —una de las diputadas de Vox, Lorena García, se encuentra de baja médica—, que suman 39 diputados de un total de 67 escaños. Los restantes grupos, PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU, han votado en contra.

La votación ha sido por llamamiento, comenzando por el diputado del PP José Luis Bancalero, y no ha deparado sorpresas, produciéndose el resultado anunciado días atrás. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha proclamado la investidura de Azcón, que ha recibido los aplausos de PP y Vox.

Azcón encara de esta forma su segunda legislatura de gobierno, tras ser elegido presidente por primera vez en el verano de 2023, cuando formó el primer Ejecutivo con Vox, que duró un año, siguiendo un año más el Gobierno de la XI legislatura con el PP en solitario.

El jefe del Ejecutivo convocó elecciones autonómicas el pasado mes de diciembre, después de que Vox rehusara apoyar el proyecto de ley de presupuestos. Los comicios se celebraron el 8 de febrero, a lo que ha seguido una negociación de más de dos meses que concluyó a mediados de este mes de abril con la firma de un acuerdo con Vox que recoge medidas como la prioridad nacional y la aprobación de cuatro presupuestos, de 2027 a 2030.

La portavoz del grupo parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha intervenido este miércoles en el pleno de investidura de Jorge Azcón (PP) como presidente del Gobierno autonómico. Ha rechazado el principio de prioridad nacional, recogido en el acuerdo PP-Vox, afirmando que el nuevo Ejecutivo se basa en “segregar entre aragoneses de primera y de segunda”, lo que es “ilegal”. “Pretenden que nos creamos que es un Gobierno que nace de la estabilidad”, pero en realidad el acuerdo es “de supervivencia política” con consecuencias “negativas” para la Comunidad Autónoma, ha aseverado Alegría.

La dirigente socialista ha criticado el anunciado recorte a ONG que ayudan a migrantes ilegales, “que llegan adonde las administraciones no llegan”, lo que ha atribuido a que PP y Vox “fabrican enemigos cuando no tienen soluciones”, proclamando que “esta es una tierra de acogida” y los aragoneses “saben lo que significa trabajar y labrarse un futuro”, tildando de “cinismo” la “discriminación por nacionalidad”. Alegría ha preguntado a Azcón si quiere centros tecnológicos sin trabajadores.

La dirigente socialista ha afirmado que para PP y Vox “lo importante eran sus intereses y el reparto de cargos”, aseverando sobre la Consejería de Desregulación que “desregular significa desmantelar, recortar”, ante lo que el PSOE estará “enfrente desde el minuto uno”. Además, “se normaliza el discurso de anti convivencia y se legitima el señalamiento” para que Azcón “se mantenga en el poder: Entre estabilidad y lío se ha quedado con el lío”. Para Alegría, Azcón pierde la autonomía “pierde desde el primer momento”, en alusión a la influencia de las direcciones nacionales de los partidos firmantes del acuerdo, también porque Vox “no cree en Aragón y defiende a pies juntillas el trasvase del Ebro”, siendo “el hermano siamés” del PP.

La portavoz del PSOE ha señalado que en la primera jornada de la sesión plenaria Vox no aplaudió, no porque fuera un discurso “aburrido, vacío y flojo”, sino porque la formación de Abascal “demostró quién manda, Nolasco y detrás Abascal”, lo que van a hacer “el tiempo que dure la legislatura: Arrastrarles e hipotecarles”, de forma que “el Gobierno no guarda la compostura ni el día de la investidura”.

Ha recordado que Azcón convocó el 15 de diciembre de 2025 elecciones anticipadas, “como buen alumno” del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para dar “una clave nacional” y que Feijóo “se pudiera acercar a La Moncloa”, una estrategia “fallida por todos los lados”. Además, Azcón “perdió la oportunidad de comportarse como un gobernante moderado y centrado”. Ha dudado que esta legislatura dure cuatro años y ha asegurado que estará “enfrente, como líder de la oposición”, añadiendo que “con soberbia no se va a ningún lado y menos en política”, y le ha tildado de “presidente menguante”.

A su juicio, Azcón “pretende engañar a su socio”, pero Vox “está en política para devorar a su partido”, lo que “vamos a ver el tiempo que dure esta legislatura”. Ha insistido en “la parálisis selectiva” del Gobierno en funciones: “Todo parado menos para anunciarnos la privatización de la educación”, pero no para dar ayudas al sector primario, afectado por la guerra de Irán.

“Yo estoy muy orgullosa de haber sido ministra del Gobierno de España”, ha aseverado Alegría, para quien Azcón “no sería nada sin Pedro Sánchez”, recordándole que el debate en las Cortes de Aragón es sobre su investidura, emplazándole a que se preocupe por las cosas “que siguen paralizadas”.

Dialogar

El PSOE “tendió la mano” a Azcón antes para “dialogar” y acordar unos presupuestos “que hubieran representado a una gran mayoría de aragoneses”, obteniendo del presidente “el desprecio y la mofa” porque “ha preferido plegarse al mandato de Vox”. “Con este acuerdo ha perdido la Presidencia de Aragón”.

“Azcón ha preferido quedarse con el ruido, la confrontación y la división”, ha lamentado la portavoz socialista, quien ha asegurado que el PP ganó las elecciones del 8F “retrocediendo” y, además, Vox pasó de 7 a 14: “No tiene una taza, sino dos tazas y medias”, también “un mal resultado para el PSOE”, situándose en la oposición, que los socialistas asumen “con responsabilidad y humildad, antagónica a la que hace el PP cuando está en la oposición”.

Ha dicho que, en 80 días transcurridos tras las elecciones, Azcón no ha reflexionado “que había varias posibilidades”, como “abrir las puertas al consenso con otras fuerzas políticas”, por lo que es “un presidente menguante”, subrayando que el PSOE obtuvo 160.000 votos y 18 escaños, es la segunda fuerza política, criticando que Azcón no ha abierto “una puerta de diálogo” con su partido.

Alegría ha dicho que “habría acudido” a una reunión con Azcón, pero “esa llamada nunca se ha producido” y ahora se inicia el tercer año de gobierno de Azcón “con su tercer Gobierno”, abriendo las puertas a “la inestabilidad” porque “ya está amortizado, ya es un Gobierno fallido” lastrado por “la desconfianza”.

Dentro de la “legalidad vigente”

En su respuesta, Jorge Azcón ha insistido en que la prioridad nacional se aplicará conforme a “la legalidad vigente”. Se fundamentará, ha precisado, en “el arraigo real y verificable con el territorio”, de forma que “no se exige ninguna nacionalidad”, lamentando que los socialistas tildan a PP y Vox de “racistas y xenófobos”.

El pacto PP-Vox “va a ser bueno para Aragón” y va a cumplir con las condiciones de “legalidad, competencia y mínimo común denominador”, y ha prometido que ningún expediente irá al Consejo de Gobierno sin el informe favorable de los letrados de la comunidad autónoma. “Hago el mismo discurso porque ustedes hacen el mismo discurso, el discurso del miedo, diciendo a los aragoneses que se avecinan las siete plagas de Egipto”, lo que ya escuchó en su etapa de alcalde de Zaragoza, y ha restado valor a sus críticas sobre “la privatización de la sanidad, lo que defendió en la campaña electoral y ha vuelto a defender hoy”, haciendo notar que “la realidad son los hechos, no las profecías”.

Azcón ha preguntado a los socialistas si van a reflexionar sobre “el peor momento” del PSOE Aragón, que ha pasado de 23 a 18 escaños, ha recordado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo tras las elecciones autonómicas que Alegría “no ilusiona” y ha considerado que Alegría “es la portavoz de las mentiras” y durante la campaña ha mentido, comparándolo con su etapa de portavoz del Ejecutivo central: “A usted no le para nada con tal de seguir mintiendo”. También ha dicho que Alegría “tiene un serio problema de coherencia” y que no ha venido a Aragón a defender a los aragoneses ni al PSOE, sino que su “prioridad” es “defender el Gobierno de Pedro Sánchez” y “cree que ser la portavoz del PSOE en las Cortes es continuar siendo la portavoz del Gobierno de España”.

El dirigente popular ha preguntado a Alegría “qué hubiera hecho” para no convocar elecciones, echando en cara que Sánchez “se tuvo que juntar con toda la reala de independentistas con tal de aferrarse al poder”. “Usted viene una vez más a contarnos qué va a ocurrir en el futuro”, lo que ha conducido al PSOE “al peor resultado de su historia”, ha reprochado Azcón a Alegría, asegurando que “cada vez les cree menos gente”.

También ha opinado que el tiempo que Alegría permanecerá como portavoz parlamentaria del PSOE en las Cortes “es discutible” porque “no se caracteriza por acabar los trabajos, va a los sitios y a mitad le surgen otras prioridades”, recordando que en el Ayuntamiento “abandonó a los siete meses” y en la Delegación del Gobierno en Aragón estuvo solo un año. “Que siga siendo, o no, portavoz va a depender de Sánchez” porque lo seguirá siendo “mientras Pedro Sánchez siga siendo el presidente” del Gobierno de España y cuando deje el cargo habrá “un cambio muy importante en el PSOE”, preguntándose si el próximo secretario general federal “va a seguir confiando en la portavoz de Sánchez”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha augurado este martes “muy poco éxito” al futuro Gobierno de Aragón de coalición entre PP y Vox, al que ha recordado que “tienen que cumplir con la Constitución”, lo que incluye acoger a los menores migrantes no acompañados que le correspondan desde las zonas de contingencia migratoria –actualmente Canarias, Ceuta y Melilla–. “Hoy no es un buen día para Aragón”, ha lamentado.

“Quizás es que para ellos la prioridad nacional es ir contra la Constitución. Pues que lo digan, que van contra la Constitución”, ha afirmado Torres, en referencia a las declaraciones del portavoz autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, de que “no va a recibir a ningún menor”. Ha emplazado también a los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a que aclaren si van a ir contra la Carta Magna.

En declaraciones a los medios de comunicación previas a un acto de homenaje a los represaliados por el franquismo en Aragón, justo en el día en que ha comenzado el debate de investidura de Jorge Azcón en las Cortes de Aragón, el ministro ha defendido que la “prioridad nacional” para el Gobierno central es “que tengamos empleo, que España siga siendo un motor económico, que sigamos apostando por las energías limpias para ser mucho más resistentes ante lo que está ocurriendo en Irán, apostar por la educación pública, la sanidad pública, el Estado del bienestar y también lo es que tengamos una inmigración regulada”.

A este respecto, el ministro ha reprochado al PP su “hipocresía” ya que regularizó a medio millón de personas entre 2000 y 2001, en un momento en el que Feijóo era presidente de Correos, criticando que ahora pongan “palos en las ruedas porque lo hace un gobierno de otro color político, cuando es necesario para el Estado del bienestar y también un gesto de absoluta justicia”.

“Prioridad nacional es defender los Derechos Humanos y no poner palos en las ruedas cuando los menores no acompañados deben estar distribuidos en el conjunto del país”, ha añadido.

“Incoherencia” de Vox

En este sentido, Torres ha subrayado que Vox salió de los gobiernos autonómicos en el verano de 2024 porque el PP aceptó la redistribución de 300 menores procedentes de las islas y que hoy regresa a ellos “cuando hay, y eso está bien hecho, miles de menores que estaban en Canarias, Ceuta y Melilla en el conjunto del país”. “Vaya incoherencia. Se van cuando eran 300, regresan cuando hay miles”, ha puntualizado.

A ello ha sumado que lo hacen “diciendo que no van a aceptar a ninguno más”, a lo que ha respondido que el Gobierno de España va a seguir defendiendo los Derechos Humanos y “dándole la respuesta digna a cualquier menor, porque todos los menores son iguales, sean de un color su tez o sea de otra, tienen las mismas ilusiones, los mismos sueños y, por tanto, deben tener también idénticas oportunidades”.

Por otro lado, el también expresidente de Canarias ha apuntado que Jorge Azcón convocó elecciones anticipadas “para depender menos del a ultraderecha y hoy depende más”. “Lamentablemente, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de derechas para ser un partido de derecha ultra, que está absolutamente mimetizado con la ultraderecha. Son exactamente lo mismo”, ha considerado.

Torres ha reiterado también que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para redistribuir menores migrantes desde comunidades en contingente migratoria --actualmente Canarias, Ceuta y Melilla, pero que podrán sumarse otras si se da la situación-- es “igual para todos” al incluir “una distribución objetiva” en función de la población y con un proceso “garantista” y con la participación de la Fiscalía. “Y esto va a seguir siendo así”, ha advertido.

No hay “efecto llamada”

En relación a la regularización extraordinaria de migrantes, se ha remitido a los datos que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, remarcando que en el Ejecutivo central serán “absolutamente transparentes” porque se trata de una cuestión “clave en lo humanitario y también en la estructura del Estado del bienestar”.

“No lo dice el Gobierno de España, lo dice la Iglesia, lo dice el Consejo Económico y Social, lo dice la patronal, que es preciso regularizar a esas personas que ya están en nuestro país”, ha agregado Torres, quien ha desmentido “bulos” como que exista un “efecto llamada”, dado que el proceso sólo afecta a personas que “antes de acabar el año pasado llevaban meses en nuestro país”. “¿Qué efecto de llamada es ese si es para los que ya estaban, los que ya tenían una vivienda, que vivían en un lugar determinado en diciembre del año pasado?, ha preguntado.

Ha reconocido que el proceso “tiene lógicamente sus dificultades administrativas”, al acogerse más de 140.000 personas según los últimos datos, del viernes pasado, pero que se está haciendo “con el mayor de los esfuerzos de los trabajadores públicos y de quienes están colaborando para ello”.

El ministro ha hecho extensivo el agradecimiento a las administraciones “que están ayudando”, frente a otras que “están poniendo dificultades y haciendo que haya colas cuando no son necesarias ni precisas”, en referencia, entre otros, al Ayuntamiento de Zaragoza. “Tomemos entre todos las mejores medidas para evitar esas incomodidades a las personas que piden papeles determinados o poder registrar su solicitud”, ha concluido.

Había un Jorge Azcón en el verano de 2023 y hay otro muy distinto en la primavera de 2026. Al menos, eso es lo que refleja la comparativa de su discurso de investidura en las Cortes entonces y el ofrecido este martes. Tanto en la forma como en el fondo: del idealismo, la “ilusión”, el reformismo y el diálogo a los que apeló entonces a los “agravios”, la confrontación, la complacencia y la 'prioridad nacional' que reivindica ahora. Del día a la noche. Ese “doble de Vox” que, como recordaba Nolasco, han reflejado las urnas impregna ya el tono y el mensaje del PP en Aragón.

Basta un simple hecho para ilustrar cómo ha evolucionado el discurso de Azcón: las críticas al legado heredado en 2023, cuando concluyó la etapa del socialista Javier Lambán, han sido mucho más furibundas ahora que entonces, cuando la cordialidad fue la tónica principal. Y lo mismo su posición frente al Gobierno de Pedro Sánchez: si hace tres años apenas hubo alguna referencia, y sin choques directos, su perorata actual estuvo trufada de principio a fin de ataques al Ejecutivo central, en todos los ámbitos.

El Azcón de hace menos de tres años lanzó un mensaje cargado de idealismo, dedicó agradecimientos al resto de partidos y trató de tender puentes. Dijo presentarse a la investidura “con la máxima ilusión y el mayor de los orgullos”. Presentó un proyecto “reformista y centrado, basado en los valores del humanismo liberal europeo” y situó como elemento fundamental “solucionar problemas en lugar de crear otros nuevos” –lo que contrasta con la 'prioridad nacional' de la actualidad–. Declaró defender “el diálogo y el consenso” desde una posición “alejada de cualquier dogma”. Y llamó a “llegar a grandes acuerdos”: incluso ofreció al PSOE sendos pactos en materia de sanidad y de financiación autonómica.

En su discurso del martes, sin embargo, el líder del PP aragonés levantó una muralla entre los dos partidos del futuro gobierno y la oposición y puso el énfasis en denunciar “agravios”: a la provincia de Teruel, por la financiación, por las infraestructuras o por la inmigración. Acusó a sus oponentes de falta de “honestidad”, de tratar de “engañar al ciudadano”, de “mentiras y medias verdades”

El Azcón de 2023 eludió la confrontación con su antecesor directo, e incluso señaló sin ambages que su propuesta no era “una enmienda a la totalidad. ”Abogar por hacer una política de tierra quemada supone una grave irresponsabilidad y la más negativa de las cegueras. El Ejecutivo que aspiro a presidir es consciente del legado que hereda“, dejó dicho el dirigente popular, que también admitió que debía haber ”una mínima lógica de continuidad“: ”Debemos continuar lo que debe ser continuado y debemos mejorar lo que puede ser mejorado“.

Ese tono –poco habitual en él por otro lado, ya que su discurso suele ser mucho más directo y agresivo– es ya cosa del pasado. Pese a los casi tres años transcurridos, Azcón echó el martes en cara al Ejecutivo de Lambán el “riesgo de colapso” en que dejó la sanidad, con “cifras falseadas” ante una “gestión negligente”; aseguró que se encontraron unos servicios “que apenas se sostenían”, unos “programas desactualizados y equipos sin medios” y una “desconexión absoluta e incapacidad de gestión”.

Frente a ello, según la tesis de Azcón, todo han sido logros en estos tres años, a pesar de las innumerables críticas surgidas por la gestión sanitaria y educativa, a unos niveles que ni siquiera el “colapsado” Gobierno socialista de Lambán tuvo que afrontar.

El enemigo Pedro Sánchez

También muy llamativas son las diferencias con las referencias al Gobierno central, al que ahora ataca sin contemplación. En 2023, apenas hubo alguna referencia velada: una crítica a Madrid por “maquillar” las cifras macroeconómicas ante unos datos “manifiestamente mejorables” o la “versión cicatera y pacata” del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante las ayudas de funcionamiento en Teruel. Ni siquiera al mencionar el tradicional déficit de infraestructuras hidráulicas en Aragón hubo un ataque frontal al Gobierno central.

El martes, sin embargo, en la oposición parecía más bien situarse la coalición PSOE-Sumar. La distancia casi tres años después es sideral. Azcón habló de “incapacidad” con el apagón, de una “convivencia embarrada”, de una “estrategia deliberada y perniciosa” por “enrocarse en el poder a costa de lo que sea”, de una “anomalía democrática” al continuar sin presupuestos, de reivindicaciones sin fin y de un ministro de Cultura que apoya “la ofensiva institucional catalana e independentista” respecto de los bienes de Sijena.

En el trasfondo de esta metamorfosis se encuentra la presión de Vox, que ha doblado representación en las Cortes y que ya marca la agenda de la coalición antes incluso de regresar al Gobierno.

A falta de que el miércoles hagan –antes de la votación– una previsible enmienda a la totalidad del discurso de Azcón, los grupos de la oposición en las Cortes ya han empezado a mostrar sus armas con una primera reacción pública. Y como se podía esperar no ha sido amable. El PSOE, Chunta Aragonesista, Teruel Existe e Izquierda Unida han cargado contra el líder del PP por sus mensajes, que para los socialistas suponen “comprar el Gobierno a precio de xenofobia” y que para los aragonesistas reflejan la constatación “de un fracaso político”.

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha criticado la 'prioridad nacional', reivindicada sin ambages por Azcón. Según la dirigente socialista, lo que ha “firmado” con Vox “se llama segregación por nacionalidad”. Y eso, ha advertido, “es ilegal y choca con el principio básico y constitucional de la igualdad y de la no discriminación”. “No estamos ante un acuerdo de gobierno sino ante un peaje político: Azcón ha decidido pagar con derechos y con convivencia para mantenerse en el poder”.

Otro punto en el que ha incidido Alegría es el de la “inestabilidad”. “Este ya es un gobierno fallido. Va a durar lo que el señor Abascal quiera que dure”, ha manifestado. Para ella, el pacto no refleja “los intereses de Aragón” sino únicamente “la agenda ideológica de la ultraderecha de Vox”. “Todo lo que arranca desde un ajuste de intereses políticos y desde el recelo y la desconfianza nada bueno puede traer a la comunidad autónoma”, ha vaticinado. Y esto se trasluce en la falta de intensidad del discurso, “poco ilusionante” desde su punto de vista. “El 'aplausómetro' ha estado flojico”, ha zanjado.

Toda la oposición ha destacado el hecho de que los diputados de Vox no hayan aplaudido a Azcón. Para el portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, el de este martes ha sido “el discurso de un fracaso político”. “Azcón ha conseguido algo único: se ha puesto en contra en un mismo bando a la iglesia, a la empresa, a los sindicatos, a la izquierda... Y todo para abrazarse a Vox”, ha lamentado.

“Vox ha puesto la idolología, Génova la negociación y Azcón ha puesto la cara. Es un zombi político”, ha atacado Pueyo, para quien a la extrema derecha solo le interesa “marcar la agenda política” para llegar hasta la Moncloa. “No sabemos cuánto va a aguantar y a chantajear Nolasco con los presupuestos de los aragoneses”, ha continuado.

Por su parte, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha dicho estar sorprendido por la “poca energía” de Azcón, algo que infiere que tiene que ver con que “ha sido un pacto cocinado desde Madrid”. “Aragón no pinta prácticamente nada, el acuerdo durará lo que quiera que dure Madrid. Auguramos un año de sorpresas y de declaraciones extemporáneas”, ha destacado Guitarte.

El dirigente turolense ha incidido en la “contradicción” de poner trabas a la inmigración cuando “Aragón la necesita”. “Nos aliamos con alguien que intenta frenarla y demonizarla. A lo mejor preocupa en barrios de Madrid pero en Aragón, en absoluto”.

Finalmente, desde Izquierda Unida, Marta Abengochea ha desdeñado un discurso “en un tono de perfil muy bajo, de persona vendida, sometida a los dictados de Vox”. Para Abengochea, constituye un “punto de inflexión” el que el PP y Vox “instalan ese discurso racista”: “Intentan institucionalizarlo para crear el clima propicio y que cuando lleguen las generales puedan meter mano a las leyes que nos sostienen y a los marcos de convivencia”, ha advertido.

Sin choque... al menos por ahora. El énfasis puesto por el aspirante a la reelección, el popular Jorge Azcón, en que la 'prioridad nacional' no tendrá en cuenta la “procedencia” de quien solicite las ayudas públicas no ha sido refutado por el portavoz de la extrema derecha en Aragón. Alejandro Nolasco ha aplaudido el discurso del presidente en funciones, que “ha comprendido que los aragoneses quieren el doble de Vox”, y ha puesto el énfasis que el polémico criterio que quieren implantar en todas las comunidades autónomas implica “prioridad”, no exclusión“.

Nolasco ha visto con buenos ojos que Azcón se haya “detenido a hablar de la prioridad nacional”. “Los recursos se asignarán de manera prioritaria no excluyente a quienes mantienen un arraigo en el territorio”, ha apuntado, al tiempo que ha instado a “luchar contra la inmigración ilegal” . “El Gobierno de Aragón se opondrá por todas las vías a cualquier mecanismo de reparto que proponga el Ejecutivo de Sánchez”, ha retado.

El portavoz de la extrema derecha ha especificado que con la 'prioridad nacional' “se aplicarán unos baremos para que quienes tengan un arraigo y una vinculación con el territorio, que no lleven aquí una semana, tengan prioridad en el acceso a los servicios públicos”. Porque, desde su punto de vista, las políticas actuales promueven la “sustitución”. “Se quiere echar a los autóctonos por gente de fuera y el objetivo de darles el voto es algo obvio”, ha señalado, apuntando a Pedro Sánchez.

El dirigente de Vox ha alabado distintas partes del discurso de Azcón. Y las que el líder popular no ha mencionado, Nolasco ha aprovechado para reivindicarlas. Entre otras, las propuestas de Vox antiinmigratorias –e incluidas en el acuerdo de gobernabilidad– de “suprimir las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos a las ONG u otras entidades que participen en el sostenimiento de la inmigración ilegal” y la “auditoría anual por parte de la Cámara de Cuentas de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva”.

Nolasco ha celebrado que Azcón haya hablado “de simplificación administrativa”, con una “desregulación” que va a estar “muy presente” en el nuevo gobierno. “Queremos facilitarle la vida al ciudadano”, ha argumentado. También se ha congratulado que el presidente en funciones haya aludido a los “agravios comparativos” que supuestamente genera el Gobierno central hacia comunidades como Aragón.

En cuanto a la provincia de Teruel, ha aplaudido que el líder popular haya reivindicado la aplicación de las ayudas al funcionamiento al 20% para la provincia de Teruel y el impulso del búnker de radioterapia en el Hospital de Teruel, que “supondrá que los enfermos de cáncer” en la capital turolense “no tengan que desplazarse a Zaragoza”.

Nolasco también ha mencionado otras “reivindicaciones de Vox” incluidas en la intervención de Azcón como “la bonificación al 99% del grupo 2 en el impuesto de sucesiones y donaciones, la reducción del IRPF o las bonificaciones en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la compra de la primera vivienda”.

“Es lógico y es justo”. El presidente en funciones de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, ha ido más allá que María Guardiola en Extremadura y, en su discurso de investidura en las Cortes de Aragón, ha hecho suya la 'prioridad nacional' impulsada por Vox en el territorio nacional. Eso sí, ha aclarado que las ayudas no tendrán en cuenta la “procedencia” de quien las solicite. Con continuos guiños a sus socios de la extrema derecha y un sinfín referencias críticas al Gobierno central, Azcón ha descrito un Aragón idílico que ha contrapuesto con el legado que se encontró al llegar en 2023. Este miércoles será investido con el apoyo de los 40 diputados del PP y Vox.

Mientras que la presidenta extremeña no hizo ni una sola mención a la 'prioridad nacional' en sus intervenciones la semana pasada –ni en el discurso, ni en las réplicas, ni en la toma de posesión–, Azcón ha optado por reivindicar este polémico término en sus primeras palabras ante los diputados aragoneses. “Es un principio fácil de entender”, ha manifestado: “Que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven”. Así, ha insistido en la tesis de recibir “de forma legal y ordenada a personas de otros países que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza”: “Quien venga legalmente a aportar merece y debe recibir el apoyo de nuestro sistema”.

Tras aclarar que este “enfoque” se hará “cumpliendo estrictamente la legalidad” y que “no privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica”, en línea con lo afirmado en días atrás, ha pedido a “la izquierda” que deje de rasgarse las vestiduras: desde su punto de vista, “estos criterios llevan operativos desde tiempos de Felipe González”.

Un “Gobierno sólido”

Para justificar su acuerdo con la extrema derecha, Azcón ha destacado que aspira a que haya un “Gobierno sólido”, respaldado por “una amplísima mayoría” y reflejo de lo que dictaron las urnas el 8 de febrero. “Los aragoneses reclamaron con su voto un Gobierno regido por los valores, principios y propuestas electorales de la derecha”, ha incidido. Además, el pacto entre PP y Vox permitirá dar luz a una ley de presupuestos autonómicos que es “la norma más importante”. Porque la “imposibilidad de presentar unas cuentas de forma reiterada”, ha apuntado en referencia al Gobierno central, “obliga a una convocatoria electoral para que los ciudadanos expresen su voluntad al respecto”.

Esta no ha sido su única referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, su discurso –de hora y tres cuartos de duración– ha estado regado de continuos ataques: le ha acusado de “incapacidad” con el apagón, de los problemas con las huelgas sanitarias, de “embarrar la convivencia de los españoles” para enrocarse en el poder o de tener como único objetivo mantener a un presidente “rodeado de corrupción”. Y ha reivindicado carencias en materia de carreteras, de ayudas a Teruel y de infraestructuras hídricas.

Azcón ha sacado pecho de su gestión desde el verano de 2023 en materias como sanidad, servicios sociales, carreteras o el sector primario, frente a lo que ha contrapuesto una situación cercana al cataclismo cuando llegó al cargo tras el Gobierno de Javier Lambán.

Y ha incluido varias de las propuestas suscitas con Vox en el acuerdo de gobernabilidad de la semana pasada. Entre ellas, las rebajas fiscales, la construcción de 4.000 viviendas públicas, el incremento del presupuesto de Sanidad en porcentaje equivalente al incremento global del presupuesto autonómico, la gratuidad progresiva de la educación infantil de 0 a 3 años, la ampliación de los regadíos o la ampliación a 24 meses de la cuota cero para nuevos autónomos.

La política migratoria se ha convertido en el eje central del acuerdo entre Vox y el Ejecutivo autonómico, según ha explicado Alejandro Nolasco, quien ha defendido un conjunto de medidas orientadas a limitar la inmigración irregular y reordenar el acceso a recursos públicos. El dirigente de Vox Aragón, en una entrevista este lunes en Radio Zaragoza, ha vinculado directamente la estabilidad del futuro Gobierno con el cumplimiento de estos compromisos, recordando que la ruptura con el Partido Popular en 2023 se produjo por discrepancias en la acogida de menores extranjeros no acompañados.

Entre las principales propuestas destaca la llamada “prioridad nacional”, que plantea dar preferencia en el acceso a ayudas sociales a personas con mayor arraigo o más años de cotización. Nolasco ha defendido que se trata de una cuestión de “justicia” en un contexto de recursos limitados: “Si tienes que elegir, es lógico priorizar a quien más ha aportado”. En paralelo, ha cuestionado el actual reparto de ayudas, asegurando —sin aportar datos oficiales— que existe una percepción de que personas recién llegadas acceden con mayor facilidad a determinados recursos y ha llegado a afirmar que en algunos listados “los primeros nombres son todos Mohamed”, en referencia al origen de los beneficiarios.

Otro de los puntos clave es la revisión de la financiación pública a organizaciones sociales, como Cruz Roja o Cáritas. Nolasco ha señalado que el futuro Gobierno estudiará retirar o reducir ayudas a aquellas entidades que, a su juicio, puedan estar “colaborando con el tráfico de personas, aunque sea de manera indirecta”. En concreto, ha afirmado que no se destinarán fondos públicos a actividades que puedan fomentar el “efecto llamada”. “Todo lo que sea fomentar ese efecto no lo vamos a aceptar”, ha subrayado, matizando que habrá que diferenciar entre organizaciones cuya actividad se centra exclusivamente en la atención a inmigrantes irregulares y aquellas que desarrollan otros programas sociales más amplios.

En materia de gestión migratoria, también ha apuntado a la posibilidad de que las comunidades autónomas asuman un papel más activo en la devolución de inmigrantes, apelando a la legislación vigente que permitiría establecer acuerdos con países de origen. Según ha indicado, ya existen precedentes en otras regiones y ha defendido que “hay países que sí responden” cuando se inician estos contactos.

Asimismo, ha criticado el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, cuestionando que algunas regiones puedan rechazar cuotas mientras otras, como Aragón, se vean obligadas a aceptarlas. En este punto, ha planteado la necesidad de una mayor capacidad de decisión autonómica.

Con todo, Nolasco ha dejado claro que la política migratoria será una línea roja en la acción del futuro Ejecutivo aragonés, marcando tanto la negociación con el Partido Popular como la viabilidad del gobierno durante la legislatura.

En el ámbito legislativo, Alejandro Nolasco ha avanzado que el acuerdo con el Ejecutivo de Jorge Azcón contempla la revisión e incluso derogación de normas autonómicas que su formación considera “ideológicas” o innecesarias, aunque ha evitado concretar cuáles se verían afectadas. Durante la entrevista, y ante preguntas sobre leyes como la de igualdad o la ley trans, ha señalado que se trata de un planteamiento inicial que deberá analizarse “en los siguientes días” junto a su socio de gobierno, con el objetivo de identificar aquellas normas que, a su juicio, suponen trabas administrativas o carecen de utilidad práctica.

Nolasco ha defendido que todas las leyes responden a una ideología, pero ha incidido en que algunas, además, resultan “superfluas”, por lo que apuesta por una revisión “completa” del marco normativo autonómico. En cualquier caso, ha insistido en que cualquier decisión dependerá de la negociación con el Partido Popular y de la configuración final del Ejecutivo, dejando en el aire tanto el alcance real de esas derogaciones como su calendario de aplicación.

Sobre la violencia sobre la mujer, Nolasco ha insistido en que su posición sigue siendo la misma, que “la violencia no tiene género” y que hay que endurecer de penas para maltratadores y violadores. “Estamos importando personas de otros países, sobre todo de cultura islámica, que no tienen respeto por los derechos la mujer y eso hace que suban mucho las estadísticas y los crímenes contra las mujeres y se ha quejado de que, al tratar de endurecer las penas, en el Congreso les votan sus iniciativas en contra.

En materia económica, Alejandro Nolasco ha enmarcado el acuerdo con el Gobierno de Jorge Azcón en una línea de bajada de impuestos y simplificación administrativa, defendiendo que es necesario “aliviar la carga fiscal” para favorecer la actividad económica y el desarrollo empresarial en la comunidad. Sobre el cálculo de las políticas fiscales, que podría tener un impacto de 190 millones al año, Nolasco ha apuntado que esas cantidades se detraerán, entre otras medidas, de quitar el 50% a sindicatos y patronales.

En paralelo, ha introducido matices en el ámbito energético, donde ha abogado por ordenar el despliegue de renovables para evitar, según ha señalado, impactos negativos en el territorio rural. En este sentido, ha defendido compatibilizar el impulso de estas energías entre ellas con la nuclear, así como con la protección del paisaje y del sector primario. Vox tendrá esta vez decisión sobre el Inaga y apuesta por revisar proyectos de renovables y criterios de implantación para obtener un nuevo mapa del paisaje. Con todo, ha dejado claro que estas cuestiones deberán concretarse en el desarrollo del acuerdo y en la acción de gobierno, una vez se cierre la composición del Ejecutivo. El dirigente de Vox ha defendido esta medida como parte de una política de ajuste del gasto y de “racionalización” de las subvenciones, al considerar que estas entidades deben depender en mayor medida de sus propios recursos y no del presupuesto público. Según ha expuesto, este recorte se enmarca en una estrategia más amplia de revisión de ayudas y de priorización del gasto, alineada con su objetivo de reducir la presión fiscal y reorientar los recursos hacia otras políticas consideradas “más útiles”.

La reedición del pacto

Con el pleno de investidura inminente, la incógnita sobre el papel de Nolasco en el Ejecutivo sigue abierta, mientras Vox insiste en que el contenido del acuerdo, especialmente en políticas sociales e inmigración, marcará la hoja de ruta del nuevo gobierno aragonés.

El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha evitado aclarar qué cargo ocupará en el futuro Gobierno autonómico junto al Partido Popular, a las puertas del pleno de investidura, y ha asegurado que esa decisión se tomará “en los siguientes días” tras cerrar primero el contenido del acuerdo con el presidente aragonés, Jorge Azcón.

Nolasco ha insistido en que su papel será el que el partido considere más útil: “Yo estaré donde crean que puedo hacerlo mejor”, ha señalado, restando importancia a sus preferencias personales y subrayando que el objetivo es aplicar “políticas concretas” recogidas en el pacto.