El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha sobrevolado en helicóptero este jueves la zona afectada por el incendio iniciado el 10 de agosto en Las Peñas de Riglos (Huesca), que “está controlado”, aunque no extinguido, y ha apostado por “multiplicar” a largo plazo los medios de lucha contra el fuego en el territorio.

Desde el Puesto de Mando Avanzado, en Santa María de la Peña, Jorge Azcón ha señalado que la imagen aérea es “terrible” y que el incendio, que ha quemado más de 18.000 hectáreas, ha sido “terrorífico”. “Por fin empezamos a ver el incendio de otra manera, empezamos a ver la luz al final del túnel; ha sido dramático”, ha declarado el jefe del Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, puntualizando que “todavía quedarán algunos días” hasta que esté extinguido el fuego por completo.

“La previsión que tenemos para los próximos días es optimista, no solamente por la situación en que se encuentra el incendio, sino también por la situación climatológica que va a tener a lo largo de los próximos días”, ha apuntado.

Jorge Azcón ha vuelto a dar el pésame a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a los familiares y allegados del cabo fallecido en accidente de tráfico, esta semana, durante las labores de extinción, “el mayor de los dramas que nos ha traído este incendio”.

También ha lamentado el desalojo, días atrás, de 19 poblaciones con 1.049 vecinos en total, así como el alcance del fuego, que ha afectado a más de 18.000 hectáreas, aunque la zona afectada ocupa 14.500 hectáreas, ya que “la quema ha sido discontinua”.

La previsión es que a lo largo del día los habitantes de Atarés y Binacua puedan volver a sus casas y en el caso de Santa Cruz de la Serós, Azcón hablará este jueves con su alcaldesa, María Fe Vinacua, para analizar la situación. También hablará con vecinos de pueblos afectados por el incendio.

“La previsión es que, en las próximas horas todas las personas evacuadas puedan volver e, incluso, puedan reabrirse al tráfico algunas carreteras”. La apertura al tráfico de las carreteras que dan acceso a San Juan de la Peña será “más lenta”.

Más medios de extinción

“La realidad es que durante estos últimos años los medios que tiene el Gobierno de Aragón para luchar contra estos incendios se han incrementado”, ha expresado Azcón, apuntando que hay 57 efectivos más y se han comprado nuevas autobombas, y además las brigadas trabajan todo el año, pero “no es suficiente”.

“Tenemos que multiplicar los medios, tanto en la limpieza de los bosques como los medios que tienen las brigadas para luchar contra los incendios, y es lo que vamos a hacer y en lo que estamos trabajando”. Ha recordado que la creación de la Agencia de Emergencias de Aragón es “inminente” y ha anunciado, para las próximas semanas, un plan de presupuestos “como nunca se ha hecho en la Comunidad Autónoma”.

“Los pasos que se han dado han sido muchos, pero los nuevos incendios a los que nos enfrentamos hacen que las medidas que se tengan que tomar sean extraordinarias”.

También ha dicho que “una de las claves es la coordinación entre las distintas Administraciones”, agradeciendo el trabajo llevado a cabo por las distintas instituciones y todos los efectivos que han luchado contra el fuego.

Imagina la escena. Un educador social en un centro de acogida para menores en Zaragoza. Toca repartir la paga de 15 o 17 euros entre los niños, niñas y adolescentes con buen comportamiento durante la semana y a uno de ellos le tiene que decir: tú no, que eres marroquí. O para los casos en que, como nos han contado desde una de las empresas gestoras, la aportación se destina a que los chicos y chicas vayan al cine: tú te quedas sin ir, que eres somalí. A ese nivel de indignidad hemos llegado.

Al vicepresidente en el Gobierno de Aragón por Vox, Alejandro Nolasco, parece que se le ha metido entre ceja y ceja ser portada nacional. Y lo está consiguiendo. A su lado, el PP y Jorge Azcón dejan hacer. Al menos, por ahora.

Su última ocurrencia, la más sonada hasta ahora, ha sido retirar la pequeña aportación que reciben los menores tutelados por la comunidad autónoma en los centros de acogida para sus “gastos de bolsillo”. Eso sí: solo a los extranjeros, no a los nacionales. Chicos y chicas con infancias muy complicadas, a menudo envueltas en episodios violentos, que están aquí, en un país que no es el suyo, privados del apoyo de sus padres. Y, ahora, con un nuevo enemigo que trata de aplastarlos desde el poder que dan las instituciones. No hay calificativos.

En síntesis, toda una Vicepresidencia del Gobierno de Aragón dedicada básicamente a perseguir a niños. Como decía un comentarista en una información nuestra: “Y el domingo todos a misa”.

Pero es que, en el colmo del absurdo, ni siquiera el ahorro a las arcas autonómicas prometido por Nolasco va a ser una realidad: este jueves te revelamos que las aportaciones semanales se encuentran incluidas en el contrato de gestión de los centros de acogida; es decir, que en todo caso supondrían un ahorro para las empresas concesionarias –que ya han dicho que destinarán ese dinero a otros fines–. Además, antes incluso de que se publique la instrucción, las entidades han recibido ya un correo electrónico para que la aplicación de la discriminatoria medida sea inmediata. Te podrás imaginar el desconcierto que hay entre estas asociaciones, que incluso se plantean dejar de gestionar los centros de acogida.

¿Cuál ha sido la reacción en la sociedad aragonesa? El anuncio más llamativo ha venido de una de las instituciones con más prestigio y raigambre en la comunidad, el Justiciazgo, que desde hace dos años y medio tiene al frente por primera vez a una mujer, la jueza Concepción Gimeno y que ha decidido abrir de oficio un expediente para analizar la medida.

El Gobierno central, a través del Ministerio de Juventud e Infancia dirigido por Sira Rego (IU), ha anunciado que va a llevar la iniciativa a la Fiscalía, y lo mismo ha hecho público Chunta Aragonesista. El PSOE aragonés ha optado a través de su secretaria general, Pilar Alegría, por denunciarlo ante el propio Justiciazgo.

Mucho más tibia ha sido la postura adoptada por el socio de gobierno de la extrema derecha en el Ejecutivo autonómico. El PP está decidido a mantener hasta donde sea posible la coalición y ha evitado colisionar públicamente con Vox. “A mí lo que me preocupa es que publique la verdad, que se digan cosas que sean verdad”, reaccionó días atrás Azcónante la proliferación de noticias de tinte xenófobo en el portal oficial del Gobierno. Que es lo mismo que no decir nada. Y en esa línea la vicepresidenta Mar Vaquero: “El acuerdo de gobierno del PP y Vox queda claro: se van a respetar las decisiones de cada una de las consejerías. Eso es lo que va a impulsar el día a día”. La oposición pide a los populares que no esconda “la cabeza como un avestruz” y evite que Vox marque “la agenda”, como está haciendo.

Cuatro episodios de memoria recuperada

No ha sido premeditado, pero en los últimos días hemos traído a la edición aragonesa de elDiario.es cuatro informaciones diferentes que tienen como lazo en común el rescate de la memoria histórica y democrática en Aragón.

La primera de estas historias une a la provincia de Soria con la de Huesca, y más en concreto con la localidad de Aínsa. Su alcalde, Quique Pueyo, se desplazó este fin de semana a Iruecha para recuperar por fin los restos de su bisabuelo, asesinado en octubre del 36. Viajó acompañado por su madre, Felisa García, nieta de Juan García Gutiérrez y el auténtico motor que ha permitido devolver los restos a la familia. Entre medias, un relato plagado de reveses, sorpresas y giros de guion que te invito a leer si aún no lo has hecho.

En Zaragoza capital, hemos rescatado un episodio poco conocido, o al menos poco divulgado: la Medalla de Plata de la ciudad concedida a los 'Voluntarios del 18 de julio', con la que el franquismo premió a más de 400 vecinos que se sublevaron frente al régimen legítimo republicano. Ninguna corporación ha abordado hasta ahora revocar un reconocimiento que va contra lo regulado en la Ley de Memoria Democrática.

De un cariz distinto es lo sucedido en Fraga, donde ha tenido que ser la propia Fiscalía la que, ante la desidia del Ayuntamiento –gobernado por el popular Ignacio Gramún–, haya obligado al municipio a retirar los honores concedidos al dictador Francisco Franco, alcalde honorario perpetuo e hijo adoptivo del municipio desde 1953. No es nuevo: el primer edil ya afirmó en abril que dar este paso y cumplir así la ley no era “una prioridad”.

La cuarta y última información nos lleva cerca de la localidad fragatina, hasta Bujaraloz. En este caso, Vox no dudó –desde el altavoz que otorgan las Cortes de Aragón– en calificar de “aquelarre anarquista de cuatro días” unos actos de homenaje en el 90 aniversario del paso de la Columna Durruti por el municipio, organizados por diversas asociaciones. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) respondió: “Aragón no necesita lecciones de revisionismo de quienes niegan los derechos humanos más elementales”.

Es una Vicepresidencia de nombre enrevesado –Desregulación, Bienestar Social y Familia–, con cinco direcciones generales y dos organismos autónomos, pero con casi un único cometido: sostener una guerra total contra 238 niños, niñas y adolescentes sin acompañar en Aragón. Todo ello, con la connivencia del PP de Jorge Azcón. Ese es el balance de tres meses que se puede hacer hasta el momento de la segunda etapa de Alejandro Nolasco, cabeza visible de Vox en la comunidad, como número dos del Ejecutivo autonómico. Un relato que incluye pruebas forenses a pequeñas de nueve años para determinar su edad o la retirada de una paga semanal de 17 euros a todos los menores migrantes, sea cual sea su comportamiento.

Esta película de miedo, con entregas semanales salvo en el lapso en que Aragón ha estado asediado por los incendios, ha dado lugar ya al menos a dos denuncias ante la Fiscalía: una del Ministerio de Juventud que dirige Sira Rego y otra de Chunta Aragonesista.

El comienzo del 'asedio' se puede situar en el propio acuerdo de gobierno suscrito por Azcón y Nolasco el 22 de abril: 'No más MENAS', arrancaba el segundo epígrafe, dedicado a inmigración. “El Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, precisaba el documento. Pese a que el plazo marcado era “desde el primer día”, lo cierto es que Vox se ha visto obligado a seguir recibiendo menores migrantes bajo tutela ante el riesgo de violar la ley si se oponía.

El pacto incluía en realidad un rosario de medidas con este mismo fin: el despliegue de un 'plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal', con “acuerdos con los países de origen que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos” –una competencia que en todo caso corresponde al Ejecutivo central–; 100.000 euros para el Instituto de Medicina Legal de Aragón dentro de una “partida específica” con el objetivo de incrementar las pruebas de determinación de edad entre los menores migrantes no acompañados; “ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible” en este ámbito, y el “endurecimiento del régimen interno de los centros de menores”, con más “protocolos de intervención y disciplina”.

Primera intervención en las Cortes

Ya investido como vicepresidente, la primera intervención de Nolasco en las Cortes de Aragón fue para mantener la intensidad de la guerra contra este conjunto de niños, niñas y adolescentes: “Cuantas menos plazas de menas haya, más plazas para ancianos tendremos”, tituló el Departamento la nota de su comparecencia.

El 26 de mayo, primer conato de crisis de gobierno. El vicepresidente Nolasco manifestó públicamente que se iba a reforzar “la seguridad” en los centros con menores migrantes ante la “alarmante acumulación de altercados”, que no sustentó en datos. La también vicepresidenta Mar Vaquero (PP) le recordó que no era “posible” meter a policías nacionales solo a vigilar estos centros, ya que son de acogida y por lo tanto solo pueden acceder ante situaciones de violencia. Dos días más tarde, Nolasco cerró la polémica reculando en parte: la seguridad se reforzaría “de una manera u otra”.

Esa semana, el portal oficial del Ejecutivo autonómico –donde hasta ahora se había vendido solo la acción de Gobierno– publicó una nota de la Vicepresidencia sobre una supuesta agresión de un menor a una trabajadora social, con datos como la edad y la nacionalidad del joven. Esta práctica se ha ido sucedido en el tiempo: hasta nueve notas de prensa oficiales más en apenas dos meses similares. Hasta la Asociación y el Colegio de Periodistas de Aragón han tenido que salir al paso para afear a Vox las publicaciones y la terminología empleada. La respuesta del vicepresidente de esta formación fue acusar a los periodistas de “estar a la orden de partidos políticos”.

Otra marcha atrás

A principios de junio se vivió una de las mayores controversias, cuando el vicepresidente Nolasco anunció que su Departamento iba a llevar a cabo pruebas forenses a todos los menores migrantes en Aragón para determinar su edad. Y puso el ejemplo de una niña de nueve años que, según la estimación que le habían trasladado, tenía “trece”. El dirigente de la extrema derecha tuvo que dar marcha atrás en parte –una constante en estas semanas–, ya que el Gobierno de Aragón solo puede trasladar su interés en llevar a cabo análisis concretos a la Fiscalía de Menores, que es el órgano que debe dar el visto bueno.

Por entonces, la oposición en las Cortes de Aragón al completo se unió para criticar la “grave irresponsabilidad” del Ejecutivo de Jorge Azcón por “contribuir a la criminalización de los menores extranjeros no acompañados mediante mensajes institucionales que señalan y estigmatizan a un colectivo especialmente vulnerable”.

También salieron al paso los propios educadores sociales, los encargados precisamente de tratar con los menores migrantes en los centros de acogida. Este colectivo lanzó un duro comunicado en el que censuraba la “narrativa” de Vox, que solo consigue fomentar “la estigmatización de quienes más protección necesitan”. Cuando una institución generaliza sobre un colectivo vulnerable y proyecta sobre él “una imagen de amenaza”, analizaban, se alimentan “el miedo, el rechazo social y los discursos de odio”, lo que dificulta los procesos de inclusión de estos chicos y chicas.

La última polémica ha llegado con la paga semanal para los niños, niñas y adolescentes en centros de acogida. Son 17 euros semanales que reciben en función de su comportamiento y que ahora dará lugar a una discriminación: la Vicepresidencia de Vox ha anunciado que solo lo recibirán los nacionales, no los extranjeros, una acción que terminará en la Fiscalía entre acusaciones de “discriminación”.

¿Cuál ha sido el papel del PP en todo ello? Entre tibio y connivente. El presidente Azcón se ha manifestado dos veces últimamente, y en ambas ha intentado templar gaitas con el mismo argumento: si lo afirmado por Nolasco era “verdad” y estaba dentro de la “legalidad”, algo que no cuestionaba, lo aceptaba. En la misma línea de argumentario, la vicepresidenta Vaquero ha evitado el choque este mismo martes, al aceptar los pasos dados por la extrema derecha por formar parte del acuerdo de gobierno. El límite, ha dicho, es cumplir la ley: “Las dos partes sabemos que es así”.

Cuando has decidido que los inmigrantes son el enemigo de España, la edad no es relevante. Necesitas que la gente vuelque también su odio contra los menores de edad. No son adultos, pero con el tiempo lo serán. No se hacen excepciones. El resentimiento es la primera etapa de un proceso que acaba siempre en el odio. A niños y adolescentes, se les ataca también porque son más débiles y vulnerables. Así sufrirán más y aprenderán cuál es su sitio en la sociedad.

El Gobierno de Aragón se ha dado prisa en plasmar esa discriminación que está en la base de los acuerdos del PP y Vox en las comunidades autónomas. La llamada “prioridad nacional” es el marco en que se van a mover las medidas que aprobarán en los próximos meses. Negar derechos a los extranjeros es otra forma de favorecer a los españoles de origen. Suena xenófobo, pero eso ya no es un problema para el PP. Por eso, los menores tutelados extranjeros se han quedado sin los 18 euros semanales que recibían en Aragón. Los menores que hayan nacido en España seguirán recibiéndolos.

La ayuda es calderilla. Su única función es dar algo de dinero a los menores para que no acaben mendigando en la calle. Una persona sin un euro en el bolsillo no tarda mucho en creer que no vale nada y que tendrá que hacer algo al respecto.

El objetivo final es humillar a esos niños para dejarles claro que no tienen ningún futuro en esta sociedad. Les vendría mejor buscar una forma de volver a su país. Evidentemente, demuestra que se ignoran por completo las razones por las que esas personas decidieron venir a España. Tomar represalias contra ellos no hará que elijan un futuro al que renunciaron hace tiempo.

En Aragón, hay 1.700 menores bajo tutela, de los que solo el 12% son extranjeros, es decir, 219, según contaron fuentes del Gobierno al Heraldo. El coste anual de estas pequeñas ayudas a cada menor de fuera está en torno a 186.000 euros.

La medida fue adoptada por el consejero de Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de Vox. La defendió con el argumento de que responde al compromiso recogido en el pacto de gobierno entre PP y Vox de “no destinar recursos públicos a la inmigración ilegal”. Cualquier decisión sobre menores debería ser adoptada por los expertos en su tratamiento que trabajan en los centros de acogida. Pero aquí no hay ningún interés en preocuparse por el bienestar de esos jóvenes. Son culpables o sospechosos por haber nacido fuera de España. Es posible que sean de una raza diferente. Con más motivo, serán discriminados.

Aragón se convierte así en un ejemplo para la extrema derecha. Las direcciones de Vox en las otras comunidades autónomas con pactos con el PP no querrán quedarse atrás y cumplirán con las órdenes que les lleguen de Madrid.

La reacción del Partido Popular y de su presidente, Jorge Azcón, ha sido la de mirar a otro lado. La portavoz del Gobierno afirma que forma parte de las competencias de la Consejería de Nolasco y que solo intervendrían si fuera contraria a la ley. De momento, el Ministerio de Juventud ha denunciado el caso ante la Fiscalía por un delito de discriminación. En relación a las víctimas del veto, el Gobierno aragonés ha abandonado su obligación de proteger a esos menores.

Es difícil que Alberto Núñez Feijóo se muestre en público en contra de esta medida. A fin de cuentas, ha dicho en una entrevista reciente que “la inmigración es un problema” en España y en toda Europa. Insiste en sostener que “lo irregular no puede producir derechos”, lo que es una forma de rechazar todas las regularizaciones, incluida la adoptada por Aznar durante su Gobierno. Insiste en que la inmigración “tiene que ser con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los nacionales de un país”. No parece que con esa idea se pueda justificar que los menores tutelados en Aragón tengan un tratamiento distinto en función de su lugar de nacimiento.

En realidad, cualquier análisis específico sobre las palabras de Feijóo es una forma de perder el tiempo. La prioridad del Partido Popular es no dejarse sobrepasar por la derecha por el partido de Santiago Abascal. De ahí la radicalización de sus críticas a la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez formados los Gobiernos de coalición del PP y Vox en varias regiones, no hay forma de encontrar diferencias de fondo entre los dos partidos.

Ni siquiera los discursos de León XIV a su paso por España cambiaron esa estrategia. Feijóo dijo que estaba de acuerdo con todo lo que había dicho el Papa. Cuando este se fue, el partido ya no tenía ningún interés en fingir.

La paradoja es que cuanto más el PP cree necesitar acercarse a posiciones de Vox, menos le funciona en los sondeos. O quizá no sea una paradoja, sino una consecuencia inevitable. La última encuesta de El Mundo, que suele ofrecer previsiones favorables para el PP, lo sitúa unas décimas por debajo de su resultado de las elecciones de 2023. Toda la furiosa ofensiva contra el Gobierno por la corrupción, la inmigración y otros asuntos no le ha servido de nada a Feijóo.

Luego está la xenofobia de baja intensidad, como la de Alberto Nadal. El vicesecretario de Economía del PP comentó de esta manera la noticia del nuevo descenso del paro hasta el 9,8%, por primera vez desde 2008 por debajo del 10%: “Miradas las cifras con detenimiento, de los 510.000 empleos creados en el último año, 122.000 son españoles y 388.000 extranjeros o doble nacionalidad”.

Es curiosa la distinción porque los que tienen doble nacionalidad son españoles y, por tanto, deberían estar incluidos en el primer apartado. Se trata de intentar que la gente crea que los principales beneficiados por el crecimiento económico son los inmigrantes, no los españoles pata negra que son los que le interesan a Nadal. Es una forma torticera de analizar los datos de empleo. La economía crece entre otras muchas razones porque se ocupan puestos de trabajo que no existirían sin los extranjeros dispuestos a aceptarlos. Reconocer ese hecho supondría admitir que la inmigración puede traer beneficios económicos, y eso es un lujo que el PP cree que no se puede permitir.

Nadal no está de acuerdo. Afirma que “la economía española está creciendo extensivamente por inmigración y gasto público”. Las cifras de la EPA no dicen eso. Marcan un crecimiento del empleo privado en 501.600 personas. El empleo público disminuyó en 15.600. La derecha siempre insiste en el impacto del empleo público y luego resulta que de los 22,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, 19,1 millones trabajan en empresas privadas. Es lo que tiene que la inmigración te ponga nervioso. Terminas confundiendo las cifras más básicas.

La apuesta del Ejecutivo de Jorge Azcón por la educación privada le sitúa ya a la vanguardia de los gobiernos autonómicos del PP. Al menos así queda reflejado tras lo vivido en la pasada Conferencia Sectorial de Energía, en la que se aprobó el reparto de dinero por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a las comunidades para climatizar centros sanitarios y educativos. Tal y como ha revelado este jueves la ministra Sara Aagesen, Aragón se quedó solo en su abstención a este desembolso al exigir que los fondos –de carácter público– pudieran destinarse también a colegios concertados.

En la reunión, de carácter telemático y celebrada el pasado martes, se votaba la propuesta del Miteco para transferir 368 millones de euros a las comunidades autónomas, de los que 14,3 corresponderían a Aragón, para actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud, y tambíen para colegios y otros centros docentes públicos, dentro de los programas PREE Sanitario y PREE Docente, respectivamente.

Y la delegación aragonesa fue la única que no dio su apoyo, algo que ha hecho público la titular del Ministerio en una entrevista en la Cadena SER. “Fue por unanimidad salvo por una comunidad autónoma: Aragón. Quería que se incorporaran colegios concertados, no solo los públicos. Pero nosotros como Administración General del Estado utilizamos el dinero público para la enseñanza pública”, ha reafirmado Aagesen.

Azcón “favorece los intereses privados”

Las reacciones a la noticia han sido inmediatas. El PSOE aragonés ha reclamado a Azcón que “explique a los ciudadanos” esta circunstancia. “No estamos ante una discrepancia técnica ni ante un reparto que perjudique a Aragón. Estamos ante una decisión política que vuelve a demostrar cuál es el modelo del PP: reclamar fondos al Estado y, cuando llegan, intentar desviarlos hacia la privada”, han incidido fuentes socialistas, para quien el presidente autonómico “cada vez que tiene que elegir favorece los intereses privados”. “Lo hace en la educación, impulsando la concertada mientras debilita la red pública, y lo hace en la sanidad, aumentando las derivaciones y las oportunidades de negocio para empresas privadas”, han abundado los socialistas.

Las mismas fuentes del partido han destacado la situación que viven “miles de alumnos y docentes”, que “soportan temperaturas superiores a 30 grados en las aulas”, y lo han contrapuesto a “la prioridad” del Gobierno de Aragón de “conseguir que el dinero llegara también a la privada”. “A este paso, ¿lo próximo que hará el Gobierno de Azcón será pedir al Gobierno de España fondos públicos para climatizar la Quirón?”, se han preguntado los socialistas.

Como respuesta, el Ejecutivo autonómico ha confirmado que se abstuvo en la Conferencia Sectorial de Energía al considerar “que el reparto de fondos excluye a una parte de la educación sostenida con fondos públicos”, aunque dice compartir “plenamente el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los centros educativos y acelerar su adaptación frente a los efectos del cambio climático”.

Según han explicado desde el Departamento de Economía, que tiene asumidas las competencias en materia de energía, “Aragón defiende que las ayudas deben llegar tanto a los centros públicos como a los concertados, al formar ambos parte de la red que presta el servicio público educativo”. La exclusión de la concertada “por motivos meramente ideológicos” supone, desde su punto de vista, “una discriminación para una parte del alumnado y de las familias”. Así, el Ejecutivo autonómico votó 'no' a la iniciativa “por coherencia con los objetivos de equidad, eficiencia energética y adaptación climática”.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (Fapar) ha hecho público una nota en la que se manifiestan “estupefactas” ante la noticia y en la que califican la posición del Ejecutivo autonómico de “irresponsable e injustificable”. “Cada vez que se ha pedido al Departamento la intervención urgente en este tema, han recurrido a la crítica al Gobierno estatal reclamándole fondos para climatización. Por eso se entiende aún menos este rechazo, peligrosamente ideológico”, ha indicado la Federación. A su vez, Fapar ha recordado a Educación que la concertación se otorga “para el pago de docentes y programas educativos”, pero no para “sus infraestructuras” ni para su “mantenimiento o acondicionamiento”.

La aventura de Forestalia con los centros de datos ha quedado en el aire en los últimos tiempos tras los problemas judiciales ante los que se ha visto arrastrada. Una de estas instalaciones iba a estar ubicada en Botorrita y tiene nuevo impulsor: Merlin Properties. El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles la declaración de interés general (DIGA) del proyecto, en el que la socimi española prevé invertir 1.225 millones de euros y que, según ha manifestado su consejero delegado, Ismael Clemente, no va a consumir agua.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, y el propio Clemente han comparecido para hacer público el acuerdo y dar a conocer la iniciativa, que han denominado 'Zaragoza-WIND' (viento en inglés). Los promotores garantizan que el sistema de refrigeración modular de circuito cerrado minimizará las necesidades de agua. El objetivo, si la tramitación por parte del Gobierno de Aragón continúa teniendo viento favorable y el PIGA está aprobado el próximo verano, es iniciar entonces la obra, concluirla en 2029 y que a finales de ese año esté “terminada y equipada”. Ese será el momento, según ha trasladado Clemente, de “saber quién es el cliente final de computación”, que “lo normal” es que se trate de “un único cliente”.

Otra de las peculiaridades del proyecto, heredado de Forestalia, radica en el hecho de que el porcentaje de suministro eléctrico garantizado con parques de renovables –eólicos y fotovoltaicos– es uno de los más elevados, de un 87% “nativo” y “por encima del 95%” a través de un sistema de almacenamiento en baterías. Al menos, según Merlin, que anuncia la expectativa de que en al menos de la mitad del tiempo de explotación superará ese 95%, y el resto se prevé por debajo y deberá echar mano de la red convencional.

El centro de datos generará, sobre el papel, 5.040 empleos en la fase de construcción y 520 en la explotación, y los promotores aspiran a primar “la contratación local y comarcal de trabajadores cualificados para que el retorno económico se quede en el territorio”, según Clemente.

Una ausencia llamativa ha sido la del alcalde de Botorrita, en cuyo término municipal se va a instalar la infraestructura. En concreto, en una superficie de 28,8 hectáreas en el Polígono Industrial San Antonio y en parcelas colindantes. El CEO de Merlin Properties ha reconocido que aún no conocía al primer edil, pero que su “equipo sí”. “Lo haré en breve”, ha añadido. El presidente Azcón ha manifestado que para el Ayuntamiento de Botorrita el centro de datos supondrá unos ingresos de unos 900.000 euros por IAE e IBI, lo que equivale al presupuesto actual del municipio.

Potencia garantizada

El proyecto dispone ya de una potencia garantizada de 227,4 megavatios, gracias a los permisos de acceso asociados a las subestaciones María y Los Vientos, lo que permitirá alcanzar una capacidad de computación de 144 megavatios IT –la que realmente se destina a fines tecnológicos–. Además, Merlin Properties contempla una futura ampliación, condicionada a la disponibilidad energética, sobre otras 32,8 hectáreas, con la que la capacidad del campus podría alcanzar los 240 MW IT.

En su intervención, Azcón ha subrayado que no hay ninguna otra comunidad autónoma que esté creando tanto empleo ligado a la tecnología como en Aragón. “No es casualidad, son estos proyectos de inversión tecnológica en nuestra comunidad autónoma los que hoy nos permiten sacar pecho, estar orgullosos de que un empleo tan importante, con mejores condiciones salariales, con muchas más perspectivas de futuro, esté recalando en Aragón. Ese es el camino que iniciamos hace tres años y es el camino por el que queremos seguir”, ha enfatizado.

Parafraseando al cómico José Mota, Ismael Clemente ha aseverado que este proyecto ese “para siempre”, porque Merlin Properties es una compañía española, “no una multinacional, ni un fondo de inversión”. “Nuestra vocación es construir infraestructuras para operarlas siempre”, ha añadido.

Clemente ha recordado que Forestalia presentó en su momento el denominado Búfalo, con tres subestaciones, dos de las cuales han quedado afectas a este proyecto. La DIGA que tenía para la generación de renovable “sigue en vigor y ellos se ocuparán de la generación eléctrica renovable”, ha aclarado. La parte más intensiva en capital, que es la construcción del data center, “creo que no es ningún secreto que hubiera sido difícil que lo hubieran podido hacer. Ya antes, pero incluso más en las nuevas circunstancias” en referencia a la situación judicial.

Ha relatado que llegaron a este proyecto de Forestalia de la mano de Levitec, al ser si proveedor de instalaciones eléctricas en todos los data centers que han construido por España. “Llegamos muchos meses antes de que saltasen los escándalos y se negoció con ellos de buena fe y se pactaron precios cuando todavía no existía este tipo de presión a la que están sometidos hoy en día”.

La conexión física para alimentar este data center será con la energía renovable que “ellos” –por Forestalia– generen en su momento cuando construyan esos parques que tienen autorizados.

La Vicepresidencia primera del Gobierno de Aragón, en manos de Vox, ha vuelto a utilizar los medios institucionales para atacar a los menores migrantes a través de una nota sobre un supuesto suceso en un centro de acogida. En su reacción, el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha evitado criticarlo expresamente y solo ha deslizado un reproche: “Si los hechos no están contrastados, mi opinión es contraria”, ha señalado.

La mencionada información, distribuida a los medios y publicada en el portal Aragonhoy –el oficial del Gobierno de Aragón– alude a una presunta agresión a una educadora social en un centro de menores, del que incluso se da la ubicación. Según la Vicepresidencia, con competencias en Servicios Sociales, han pedido a la Fiscalía que autorice una prueba al joven “para conocer su edad real”. “Su edad declarada, no contrastada fehacientemente, es de 17 años”, añade la nota, sin aportar más argumentos al respecto.

El escrito del Ejecutivo autonómico da incluso aporta datos particulares del menor, como su origen, e informa de que cuatro agentes se personaron en el centro ante su “gran agresividad”.

Según informa la Vicepresidencia del Gobierno, la educadora “ha sido sometida a un continuo y agresivo acoso por parte de este interno”, tal y como supuestamente detalla la denuncia; la mujer habría “requerido asistencia sanitaria” y estaría “de baja a consecuencia de estos hechos”.

Además, el Ejecutivo señala que “el presunto mena ha vuelto a quedar en libertad” aunque ha sido trasladado a otro centro “fuera de Zaragoza”.

“Que se publique la verdad”

Pese a esta utilización ideológica del portal oficial del Gobierno de Aragón, el presidente Azcón se ha mostrado muy tibio al ser cuestionado por este periódico. “A mí lo que me preocupa es que publique la verdad, que se digan cosas que sean verdad. Cuando la información está basada en hechos y por lo tanto se cuenta la verdad, es algo distinto: es sobre el juicio, la crítica política o la opinión que se puede tener”, ha argumentado el jefe del Ejecutivo tras la presentación de un centro de datos en el Edificio Pignatelli.

A continuación, el dirigente popular ha manifestado un leve reproche: “Yo defiendo que se publique la verdad, que contemos hechos. Si los hechos no están contrastados, mi opinión es contraria”, ha indicado.

Semanas atrás, la Asociación de Periodistas de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón pidieron a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, vinculada a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que valorase estas publicaciones. El pasado lunes, el comité deontológico concluyó que no podía abrir un expediente debido a que las notas se hacían públicas en un portal oficial –no en un medio de comunicación–, pero instó a cumplir con “las obligaciones éticas que establece el Código Deontológico del Periodismo en el tratamiento de cuestiones relacionadas con las migraciones”, algo plasmado en la 'Guía para el correcto tratamiento mediático de las migraciones', suscrita de hecho por el Gobierno de Aragón.

En ese contexto, Asimismo, insiste en la necesidad de contrastar los hechos, evitar la difusión de bulos, informar con rigor y credibilidad, extremar la protección de menores y colectivos vulnerables y evitar titulares o enfoques narrativos que puedan inducir a la confusión o favorecer la estigmatización.

Alcaldes y concejales de las localidades pirenaicas de Aínsa, Biescas, Canfranc, Sabiñánigo, Jaca, Benasque, Hecho y Ansó, entre otras, se han reunido este lunes en la cabecera jacetana para analizar la falta de vivienda en zonas turísticas y la negativa del Gobierno de Aragón a declararlas como zonas tensionadas. El secretario general del PSOE altoaragonés, Fernando Sabés, ha criticado que el Gobierno de Jorge Azcón “desprecie” el trabajo de los municipios para encontrar soluciones que permitan precios asequibles a vecinos y trabajadores.

Una veintena de regidores municipales socialistas han exigido al Gobierno de Aragón que “deje la confrontación” y trabaje con los ayuntamientos que están buscando soluciones para fomentar vivienda asequible en zonas tensionadas por los precios de mercado, especialmente las ubicadas en municipios turísticos. Entre los participantes han estado la presidenta de la comarca de la Jacetania, Olvido Moratinos, los alcaldes de Sabiñánigo, Berta Fernández; de Aínsa, Enrique Pueyo; de Biescas, Lorena Cajal; o Canfranc, Fernando Sánchez.

Ante todos ellos, Sabés ha criticado que “el Gobierno de Jorge Azcón desprecie el trabajo y el esfuerzo de muchos alcaldes que buscan soluciones para que vecinos y trabajadores puedan tener acceso a un alquiler asequible y esté más ocupado en la confrontación con el gobierno central que en escuchar al territorio”. El dirigente socialista ha argumentado “la soledad de estos alcaldes y alcaldesas, que los 365 días del año atienden las necesidades reales de sus vecinas y vecinos y que en lugar de recibir apoyo del Gobierno de Aragón solo encuentran silencio y palos en las ruedas”.

El socialista se ha referido a la negativa del Gobierno de Aragón de declarar zonas vulneradas municipios que ya lo habían solicitado, como Biescas y Aínsa, una medida que contempla el Plan Estatal de Vivienda y que, entre otras mejoras, ampliaría las ayudas para acceder a alquileres asequibles. “¿Qué les queda a estos alcaldes si ya no tienen ni el respeto institucional ni el apoyo de un gobierno aragonés?”, se ha preguntado Sabés.

La presidenta de la Jacetania, Olvido Moratinos, ha destacado que Jaca fue “pionera en regular las viviendas de uso turístico”, una normativa que ha sido “asimilada” por el Gobierno de Aragón. Moratinos ha subrayado la necesidad de un “control exhaustivo” sobre qué viviendas están legalizadas. Moratinos ha recordado que su grupo municipal del Ayuntamiento de Jaca ha solicitado en dos ocasiones que se declare la zona como tensionada, lo que traería “beneficios para inquilinos y propietarios”. Sin embargo, anbas propuestas fueron rechazadas por el equipo de gobierno, lo que desde su punto de vista revela “que es un tema ideológico”.

La también presidenta de la comarca de la Jacetania ha recordado que convertir el municipio en zona tensionada permitiría “regular los precios” y así hacer “las viviendas más asequibles”. “Tenemos que buscar medidas a corto, a medio y a largo plazo y no solo construir viviendas para posibles trabajadores, sino para gente que quiera asentarse en nuestros territorios, que quiera formar sus proyectos de vida aquí”, ha manifestado.

Rechazada “sin dar una explicación”

La alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, ha denunciado el incremento del 10% en los precios de venta de viviendas y el aumento de los alquileres en el municipio durante el presente año. A pesar de las medidas implementadas en los últimos dos años, como la regulación de viviendas de uso turístico y el establecimiento de un 15% de viviendas de protección oficial, estas acciones han resultado insuficientes. Cajal solicitó al Gobierno la declaración de Biescas como zona tensionada: “No podemos dejar pasar esta oportunidad, porque está claro que la cosa lejos de ir arreglándose cada vez está peor”.

Sin embargo, la alcaldesa de Biescas ha criticado la falta de respuesta del Gobierno a sus peticiones, advirtiendo que los ayuntamientos están en mejor posición para entender el mercado local y las necesidades de sus vecinos. “El Gobierno de Aragón la ha rechazado de plano sin entrar a dar una explicación oportuna, ni siquiera una llamada de saber qué situación tenemos. Los ayuntamientos somos quienes conocemos nuestro mercado y a nuestros vecinos”, ha recordado.

En esta línea, el regidor de Aínsa, Enrique Pueyo, ha denunciado la falta de atención del Ejecutivo autonómico a las necesidades de su municipio en el contexto de la ley de vivienda del Gobierno central. Pueyo ha afirmado que los ayuntamientos son los que pueden solicitar la declaración de zona tensionada, pero se siente “poco escuchado y reconocido” por las autoridades autonómicas. “Ni siquiera una llamada de teléfono o ver qué ocurre realmente en nuestros pueblos”, ha incidido Pueyo.

En su opinión, las medidas propuestas por el Gobierno de Aragón son insuficientes y “no abordan” los problemas habitacionales que enfrentan los ciudadanos hoy en día. El alcalde ha subrayado que, aunque se han puesto en marcha iniciativas significativos desde el Ayuntamiento, la falta de soluciones inmediatas podría llevar a una crisis habitacional aún mayor en el futuro.

Jorge Azcón llegó al Gobierno de Aragón en agosto de 2023. Desde entonces ha terminado una legislatura, ha adelantado las elecciones por primera vez en la historia de Aragón y solo ha conseguido sacar adelante unos presupuestos, los de 2024. En todo este tiempo, la educación ha sido uno de los asuntos que más debate político y social ha generado. El Departamento ha tenido tres consejeras distintas, pero muchas de las decisiones que han marcado estos casi tres años han seguido una misma dirección: la apuesta por la concertación del Bachillerato, la ampliación de la Formación Profesional en centros privados, el cierre de aulas públicas o las críticas de sindicatos y familias por la planificación educativa.

La primera consejera fue Claudia Pérez Forniés. Llegó al cargo con el inicio de la legislatura, pero su etapa quedó marcada por el conflicto de la escuela de Caneto. El Gobierno de PP y Vox defendió desde el principio que el centro funcionaba de forma irregular y trató de cerrarlo, pero la decisión desencadenó una fuerte movilización de las familias y una larga batalla judicial. El TSJA ordenó reabrir cautelarmente el colegio y el conflicto se prolongó durante meses. Incluso un incendio en una de las aulas volvió a situar el caso en el centro del debate. La resolución definitiva no llegó hasta después de la salida de Pérez Forniés del Gobierno: la justicia acabó avalando la postura del Ejecutivo y las clases se trasladaron a unos locales del municipio.

Su relevo llegó en julio de 2024 con Tomasa Hernández. Fue durante su etapa cuando el Gobierno impulsó las medidas que más contestación han generado dentro de la comunidad educativa. Bajo su mandato se anunció la concertación del Bachillerato —la principal batalla educativa de la legislatura—, se dio un impulso a la Formación Profesional concertada con proyectos como Distrito 7 y se autorizó una parte importante de la nueva oferta de grados superiores en centros privados. También comenzaron otros debates, como el de la extensión de las aulas de 0 a 3 años o los cambios en el modelo de escolarización.

Tras las elecciones del pasado febrero, Carmen Susín asumió la Consejería de Educación dentro del nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox. Llegó al cargo en mayo con buena parte de esos frentes todavía abiertos: el Bachillerato concertado pendiente de un recurso judicial, las críticas por la planificación de la FP y una escuela pública inmersa en protestas por el cierre de aulas, la reducción de profesorado y el aumento de ratios.

A pesar de los cambios al frente del Departamento, ha habido una figura que se ha mantenido durante toda la legislatura: el secretario general técnico. En su perfil de LinkedIn figura como director general en excedencia de uno de los centros que podían beneficiarse de la concertación del Bachillerato. La oposición ha cuestionado en varias ocasiones su continuidad y ha solicitado la documentación del expediente administrativo con el que se tramitó la medida, una petición que, asegura, todavía no ha obtenido respuesta.

El Bachillerato concertado, el gran símbolo de la legislatura

La propuesta de concertar el Bachillerato ha sido el principal símbolo de la política educativa del Gobierno de Jorge Azcón. El anuncio llegó en septiembre de 2025, durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Entonces, el presidente defendió que era una medida “muy demandada por las familias” y anunció que entraría en vigor en el curso 2026-2027. Poco después se conoció el coste de la iniciativa: alrededor de siete millones de euros al año para concertar un nivel educativo en el que cada curso quedan libres unas 2.000 plazas en Aragón.

El proyecto quedó en pausa durante el invierno por la convocatoria de elecciones anticipadas del 8 de febrero. Durante ese periodo el Gobierno estaba en funciones, es decir, con sus competencias limitadas. Aun así, el 7 de abril la entonces consejera de Educación, Tomasa Hernández, aprobó la modificación de la orden de conciertos en el BOA, un paso que permitía concertar hasta 65 unidades de Bachillerato en alrededor de una veintena de centros educativos.

La decisión provocó una rápida contestación. La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, integrada por 17 organizaciones, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Al mismo tiempo, varios expertos en Derecho Administrativo advirtieron de que un Gobierno en funciones no podía aprobar una medida con impacto presupuestario como la concertación del Bachillerato.

Mientras el recurso seguía su curso, la comunidad educativa protagonizó una de las mayores movilizaciones de los últimos años. Durante tres días, una huelga afectó a colegios e institutos de toda la comunidad y culminó con manifestaciones en las tres capitales de provincia y en numerosos municipios aragoneses. La tensión llegó también a las Cortes de Aragón, donde un grupo de representantes de la escuela pública interrumpió el primer pleno de la legislatura lanzando octavillas desde la tribuna de invitados para protestar contra la concertación del Bachillerato, lo que obligó a suspender temporalmente la sesión.

El 10 de junio, ya con el nuevo Gobierno constituido, el TSJA acordó la suspensión cautelar de la concertación del Bachillerato porque la orden se había aprobado cuando el Ejecutivo estaba en funciones. La decisión, de carácter provisional, fue recibida con satisfacción por las organizaciones que habían recurrido la medida, que la interpretaron como un respaldo a sus argumentos.

Pese al revés judicial, el Gobierno mantiene intacto su objetivo. Dos semanas después de la decisión del TSJA, Azcón anunció en las Cortes que volvería a impulsar la concertación del Bachillerato para el curso 2027-2028 con el objetivo de dotarla de “seguridad jurídica”. El presidente recordó que la medida figuraba tanto en el programa electoral del Partido Popular como en el acuerdo de gobierno firmado con Vox. “Queríamos cumplir con nuestra palabra. Queríamos ampliar derechos y que esas familias pudiesen tener la ayuda del Gobierno de Aragón”, defendió.

Distrito 7 y la expansión de la FP concertada

La Formación Profesional ha sido el otro gran frente de la política educativa del Gobierno de Azcón. Durante la legislatura, el Departamento ha ampliado la oferta de enseñanzas y una parte importante de los nuevos ciclos autorizados se impartirán en centros privados concertados, una decisión que también ha generado críticas por parte de sindicatos, organizaciones de familias y la oposición.

Uno de los proyectos más representativos ha sido Distrito 7, el centro de Formación Profesional impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la antigua fábrica de Giesa. Tras quedar desierto el concurso para gestionar el edificio, el consistorio adjudicó directamente la concesión al Grupo San Valero durante 30 años. Posteriormente, el Gobierno de Aragón autorizó siete ciclos formativos que comenzarán a impartirse en esas instalaciones. La adjudicación fue cuestionada por la oposición, que criticó tanto el procedimiento como la rapidez con la que se tramitó el expediente. La suspensión cautelar de la concertación del Bachillerato acordada por el TSJA también obligó a retrasar un año la puesta en marcha del proyecto.

Más allá de Distrito 7, la ampliación de la oferta de Formación Profesional también ha reabierto el debate sobre la planificación educativa. Según la documentación oficial del Departamento de Educación para el curso 2026-2027, siete de los nueve nuevos grados superiores autorizados se impartirán en centros privados concertados. Entre ellos figuran titulaciones vinculadas al ámbito audiovisual, la animación o el marketing. Esa misma documentación recoge también modificaciones de la oferta en centros públicos, con supresiones de ciclos y cambios de turnos en distintos institutos.

La escuela pública, entre cierres de aulas y protestas

A lo largo de estos tres cursos, las protestas han llegado a decenas de centros educativos de las tres provincias. El cierre de aulas de Infantil, la supresión de vías, la reducción de profesorado, el aumento de las ratios o el estado de algunas instalaciones han protagonizado buena parte de las movilizaciones de la comunidad educativa.

Uno de los conflictos más repetidos ha sido el de la planificación escolar. Durante estos tres años, el Departamento de Educación ha autorizado el cierre de decenas de aulas de Infantil en colegios públicos, una decisión que ha provocado protestas de familias en distintos municipios. En algunos casos, como el del CEIP Foro Romano de Cuarte de Huerva o el Parque Europa de Utebo, las familias llegaron incluso a acudir a los tribunales para intentar frenar el cierre de vías. En las últimas semanas, además, FAPAR ha denunciado que estas decisiones están provocando un aumento de las ratios y dificultando la escolarización del alumnado que se incorpora fuera de plazo.

Las críticas también han llegado desde los sindicatos. En la negociación de los cupos para el próximo curso, CCOO y CGT denunciaron una reducción del profesorado asignado a los centros públicos. Ambas organizaciones sostienen que la disminución de efectivos repercute en los apoyos al alumnado, los desdobles y la atención a la diversidad, además de aumentar la carga de trabajo de los equipos docentes.

La conflictividad no se ha limitado a la planificación. Durante la legislatura también se han sucedido las denuncias por las altas temperaturas en las aulas, el deterioro de algunas infraestructuras —como el pabellón con amianto del CEIP María Moliner— o actuaciones polémicas como la sustitución de la histórica valla que separaba dos colegios públicos de Zaragoza. Este diario ha solicitado al Departamento de Educación una valoración sobre el balance de estas medidas y de las críticas recibidas, pero desde el Departamento han rechazado hacer declaraciones.

La presidenta de FAPAR, Vanesa Jiménez, hace un balance muy crítico de estos tres años. Considera que la sucesión de tres consejeras refleja una falta de estabilidad al frente del Departamento y sostiene que las principales decisiones han ido encaminadas a “reforzar la red concertada”. Entre ellas cita la concertación del Bachillerato, la apertura de nuevas enseñanzas, los cambios en la escolarización, el cierre de aulas y el aumento de las ratios.

La federación también cuestiona el reparto de las subvenciones destinadas a las asociaciones de familias. Denuncia que la ayuda que recibe FAPAR se ha reducido un 20% mientras la destinada a FECAPA, que agrupa a las asociaciones de madres y padres de la enseñanza concertada, se ha duplicado. Para Jiménez, esta diferencia “refleja una política educativa que, durante estos tres años, ha otorgado un mayor respaldo a la red concertada que a la escuela pública”.

La gestión del centro termal y el spa de Ranillas, en el recinto de la Expo, está generando problemas al Gobierno del PP en Zaragoza por tierra, mar y aire. O, lo que es lo mismo, por lo mercantil, por lo contencioso... y también por lo social. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó en abril que el Ayuntamiento debe asumir los salarios de cuatro extrabajadores de la concesionaria, Cublan Inversiones, que gestionó el centro hasta su quiebra. La sentencia confirma además que el Ayuntamiento incurrió en sucesión de empresa al recuperar las instalaciones tras la resolución de la concesión administrativa —la tesis que el Consistorio lleva año y medio negando en los tribunales— y le impone las costas del recurso.

El fallo, adelantado por la Cadena SER, se apoya en un auto firme del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Zaragoza, dictado el 24 de septiembre de 2024 dentro del propio concurso de Cublan, que ya había declarado que la reversión de la concesión al Ayuntamiento constituyó sucesión de empresa a todos los efectos laborales. Los cuatro demandantes de este pleito formaban parte de una plantilla más amplia: la de los 16 empleados que Cublan tenía de alta cuando el Ayuntamiento recuperó las instalaciones. La propia Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ya había dado de alta de oficio a los 16 en el código de cuenta de cotización del Ayuntamiento, como sucesor de Cublan, con efectos retroactivos a 29 de septiembre de 2023.

Otros dos frentes

La sentencia social llega en un momento delicado para el Ayuntamiento, que libra con la TGSS dos batallas más por la misma cuestión de fondo: si heredó no solo la deuda, sino también la plantilla de Cublan.

El primero de esos conflictos se remonta también a 2024: la Dirección Provincial de la Tesorería resolvió liquidar las cuotas impagadas y sancionar al Consistorio por no subrogar a los 16 trabajadores que la empresa, para entonces quebrada, tenía en plantilla cuando el Ayuntamiento revirtió la concesión. Esa resolución fue ratificada por la propia Seguridad Social. El Gobierno de Zaragoza —con la alcaldesa Natalia Chueca al frente, junto a los consejeros Víctor Serrano, Sara Fernández y Ángel Lorén— acordó llevar esta sanción a la vía contencioso-administrativa, con lo que abrió un tercer frente judicial en el caso.

Menos de un año después, el Consistorio se vio obligado a recurrir una segunda resolución de la TGSS, esta vez por una cantidad mucho mayor. La Dirección Provincial de la Tesorería había abierto el 29 de abril de 2024 un expediente de derivación de responsabilidad solidaria por las deudas de cotización que Cublan dejó impagadas entre agosto de 2021 y septiembre de 2023, y reclamó entonces 464.162 euros. Tras las alegaciones municipales, la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva resolvió en junio declarar al Ayuntamiento responsable solidario de esa deuda, pero elevó la cifra final a 467.064 euros por conceptos que incluyen descubiertos de cotización, vacaciones no disfrutadas y trabajadores dados de alta que no llegaron a figurar en los boletines de cotización.

El Consistorio recurrió en alzada, pero la Seguridad Social desestimó ese recurso y agotó la vía administrativa; con dictamen previo de la Asesoría Jurídica Municipal, el Gobierno de Zaragoza decidió el pasado mes de octubre volver a acudir al TSJA.

La justificación del Ayuntamiento

La defensa municipal es la misma en los tres frentes: sostiene que no hubo sucesión de empresa, sino la simple reversión de unos bienes municipales, y que la explotación seguía de hecho en manos de terceros —una agrupación de interés económico y una sociedad de gestión de golf constituidas por Cublan antes de perder la concesión—. El dictamen jurídico que respalda los recursos ante la TGSS, fechado el 6 de octubre, insiste en que la cuestión “sigue sin resolverse”. La sentencia social del 20 de abril, sin embargo, desmonta ese argumento con un dato incómodo para el Consistorio: fue el propio Ayuntamiento el que pidió en 2024 que se suspendiera este mismo procedimiento social hasta que el juez del concurso se pronunciara sobre la sucesión de empresa —alegando que esa competencia era exclusiva y excluyente del juez mercantil—, para después intentar obviar el fallo cuando le fue desfavorable.

El trasfondo de los tres frentes es el mismo conflicto, que se libra a la vez en lo mercantil, en lo contencioso y en lo social: en febrero de 2024, la Sección Primera del TSJA ya había dado la razón íntegramente a Cublan en la vía contenciosa, declarando que la empresa tenía licencia tácita desde 2011 y un “indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021, semanas antes de que el Gobierno de Zaragoza le denegara el aval que habría evitado su quiebra. Esa sentencia alimenta la tesis que Cublan y sus acreedores defienden desde mayo de 2023 en la pieza de calificación del concurso, donde piden que se declare culpable de la quiebra al Ayuntamiento. Esta pieza ha cobrado actualidad estos días con la citación como afectados de nueve responsables del gobierno municipal PP-Cs de 2019-2023, entre ellos el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón.

El procedimiento mercantil que afrontan Jorge Azcón, Natalia Chueca y María Navarro –junto a otros seis dirigentes políticos ahora en el PP– por revertir la concesión del spa de Ranillas, en Zaragoza, y que puede llegar a suponer su inhabilitación para administrar bienes ajenos, tiene un precedente jurídico con similitudes: la exalcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, ya fue condenada a cinco años en diciembre de 2021, un fallo en primera instancia que fue ratificado por la Audiencia Provincial en lo tocante a la inhabilitación. Aunque la regidora optó por mantener el puesto pese a las críticas, se vio obligada a dar un paso a un lado en las elecciones municipales de 2023.

No es un antecedente vinculante para lo sucedido en la capital aragonesa, pero es una muestra de hasta dónde pueden llegar este tipo de procedimientos cuando alcanzan a la cúpula de un Gobierno local. En concreto, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid declaró culpable el concurso de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) e inhabilitó durante diez años a la entonces alcaldesa.

Ambos casos se dirimen en la denominada Sección Sexta del concurso de acreedores: la pieza en la que un juzgado de lo mercantil determina si la quiebra de una empresa fue “fortuita” o “culpable”. En este segundo caso, también determina quién debe responder por ella. Por ahora, la jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado en calidad de afectados a Azcón, Chueca y Navarro –ahora presidenta de las Cortes de Aragón–, así como a los todavía concejales Ángel Lorén, Víctor Serrano, Sara Fernández y a los exediles Patricia Cavero, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo. Esto significa que podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa Cublan Inversiones, a la que el Gobierno municipal revirtió la concesión del centro termal y spa de la Expo. Con esto se juegan en último término una inhabilitación de hasta 15 años para administrar bienes de terceros.

En Alcorcón, la sentencia recayó sobre EMGIASA, sociedad inmobiliaria cuyo único accionista era el Ayuntamiento y cuyo consejo de administración estaba formado por concejales. El juzgado concluyó que, entre 2009 y 2011, ese consejo –presidido por quien ocupaba la Alcaldía, Enrique Cascallana– repartió dividendos por 17,5 millones de euros pese a que la empresa arrastraba condenas judiciales por expropiaciones no contabilizadas, y que desvió 93,7 millones de los beneficios del negocio inmobiliario ordinario hacia la construcción de un macrocomplejo cultural sin ningún estudio de viabilidad. El fallo declaró al Ayuntamiento “administrador de hecho” de su propia empresa, le impuso el 25% del déficit concursal e inhabilitó a los concejales entre tres y diez años.

Dos años después, en diciembre de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid mantuvo la inhabilitación de cinco años para Natalia de Andrés –concejala de Urbanismo en la época en que se produjeron los hechos y alcaldesa de Alcorcón cuando se dictó la sentencia—, pero rebajó la de Cascallana de diez a cinco años y, sobre todo, dejó sin efecto tanto la declaración del Ayuntamiento como administrador de hecho como la responsabilidad de cubrir el déficit concursal para todos los afectados.

En el caso del spa de Ranillas, en el recinto Expo de Zaragoza, hay diferencias. Así, la empresa que ha dado origen al conflicto es una concesionaria privada, Cublan Inversiones, que asumió la explotación en 2017 y cerró en febrero de 2022 tras una cadena de decisiones administrativas que ahora forman el corazón del litigio: el Ayuntamiento le denegó la licencia de funcionamiento de manera injusta, según han dictaminado los tribunales. Y, dos meses más tarde, invocando esa misma licencia denegada, le negó asimismo el aval necesario para ejecutar una financiación de 3,5 millones de euros que la empresa tenía comprometida con un fondo privado. Sin ese crédito, el spa cerró y la compañía se vio obligada a entrar en concurso. En mayo de 2023, Cublan y catorce de sus acreedores pidieron que se declarara culpable al Ayuntamiento por esa secuencia.

Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales califican de “falso” que la jueza “haya citado a nadie” y aseguran que “de trata exclusivamente de una pieza de calificación dentro de un concurso de acreedores que contempla la comparecencia de determinadas personas como posibles afectados para que puedan ejercer sus derechos de defensa”, algo que -apuntan- “no es ni obligatorio”.

Hay que recordar que la empresa cuenta a su favor con una sentencia firme que respalda buena parte de la tesis de la empresa. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió en febrero de 2024, íntegramente a favor de Cublan Inversiones, que la instalación conservaba una licencia tácita desde 2011 y que la empresa tenía “un indiscutible derecho a la licencia expresa” desde el 4 de diciembre de 2021, casi dos meses antes de que se le negara el aval que la habría salvado de la quiebra.

Es, de cualquier forma, un procedimiento distinto ya que el actual se dirime en la jurisdicción mercantil. Y, además, en el caso de Zaragoza –a diferencia de Alcorcón– el Ayuntamiento no era propietario ni gestor de la empresa concesionaria, sino que le negó una licencia y un aval que llevó a la firma a la quiebra.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido a los responsables de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) de “responsabilidades penales que son indeseables” si no colaboran en la misma.

Durante un acto organizado por 'El Periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra Raval de Barcelona, ha afirmado que no hay más posibilidad de ejecutar la sentencia y el retorno, y ha reclamado a los responsables del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) que “su actitud sea de mayor colaboración que la que estamos viendo a día de hoy”.

Ha sostenido que reavivar este debate es crear una polémica innecesaria y ha asegurado que en Aragón defenderán la propiedad de esos bienes, aunque ha dicho que “hubiera sido mejor una decisión dialogada”, pero que que al no ser posible, ha decidido la Justicia.

“A quien tenga que tomar esa decisión, mi consejo personal y además mi consejo con la mejor intención es: ejecuta la sentencia y ejecútala como te diga el juez, porque lo contrario te va a generar unos problemas que cualquiera entiende. La rebeldía en la ejecución de la sentencia va a tener una serie de derivadas en responsabilidad penal”, ha expresado.

Estado de las pinturas

Sobre si es posible el traslado sin dañar las pinturas, Azcón ha sostenido que la sentencia así lo contempla: “También dirime sobre si es factible o no ejecutar la sentencia con el traslado y no deja dudas” y que además el ministerio de Cultura se ha negado a hacer un informe que diga lo contrario.

Y ha ironizado con los traslados que se hicieron en el siglo pasado: “¿Me quieres decir que en los 80 y en los 90 podían viajar a Nueva York y que ahora que queremos volver a llegar a la Luna no somos capaces de que las pinturas vengan a Aragón?”.

El dirigente popular también ha criticado la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras explicar que, en una breve reunión que mantuvieron en mayo de 2025, este le aseguró, según Azcón, que cumpliría la sentencia: “El presidente de Illa me dijo una cosa y la realidad está siendo radicalmente la contraria”.

“Lo que el presidente me dijo es: 'Cuando haya sentencia, cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre Sijena, vamos a hacer una cosa: ni tú nombres un político, ni yo nombro un político, vamos a nombrar técnicos, y que los técnicos de las comunidades autónomas colaboren en todo lo que tengan para que cumplamos la sentencia'”, ha explicado.

Lo que comenzó siendo una concesión administrativa muy problemática, el centro termal y spa de Ranillas, en el recinto de la Expo de Zaragoza, amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para Jorge Azcón y Natalia Chueca de dimensiones aún por determinar. La jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a ambos dirigentes, entre varios otros –también a la actual presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro–, para dirimir un conflicto por la resolución anticipada de este contrato por parte del Ayuntamiento de la capital aragonesa, una decisión política consumada a finales de 2023 por la que los dos dirigentes populares se arriesgan a una inhabilitación para administrar bienes ajenos y, lo que es peor, que expone al Consistorio a una sanción millonaria.

El proceso es complejo y largo, y mezcla la vía mercantil con la contenciosa. Un punto de partida se puede situar en 2017, cuando la firma Cublan Inversiones asumió la explotación del recinto tras la liquidación de la anterior concesionaria, endeudada con el Ayuntamiento.

Cuatro años después, y en el plazo de cuatro meses entre octubre de 2021 y febrero de 2022, todo saltó por los aires. Cublan, que tenía dificultades financieras, pactó un crédito de 3,5 millones de euros con Audentia Capital para saldar la deuda con sus acreedores –entre ellos, el propio Consistorio– y poder mantener la actividad. Pero, para ello, la empresa necesitaba hipotecar la concesión como garantía y así se lo solicitó al Gobierno municipal, entonces con Jorge Azcón como alcalde en coalición con Ciudadanos.

Casi al mismo tiempo, la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia de funcionamiento al complejo termal, lo que basó en que la instalación supuestamente no cumplía las condiciones en materia de incendios. Cublan interpuso un recurso de reposición, pero entre tanto el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza aprovechó para tumbar la petición del aval, lo que justificó en la deuda contraída –algo más de 200.000 euros– y en la propia licencia denegada.

Desde febrero de 2022, el centro termal y spa permanece cerrado. El auto de declaración de concurso voluntario de Cublan Inversiones data de julio de ese año.

Hasta ahí, la primera parte. Pero la historia ha continuado. Porque la concesionaria recurrió la denegación de la licencia y los tribunales le han dado la razón. En noviembre de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza anuló esta denegación, aunque por un vicio de tramitación: el Ayuntamiento no trasladó en su momento la documentación proporcionada por Cublan ante las supuestas deficiencias de Bomberos. La propia Cublan apeló y el 16 de febrero de 2024 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón, con el juez Albar como ponente, le dio íntegramente la razón: determinó que cumplía con todas las exigencias, apuntó que de hecho la instalación contaba ya una licencia tácita desde 2011 y zanjó que Cublan contaba con “un indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021.

Esta última fecha es relevante ya que supone que cuando el Gobierno del PP-Cs en Zaragoza denegó el aval a la concesionaria esta ya contaba con licencia a todos los efectos.

Interés de un constructor

Y hay un factor añadido que recoge la sentencia del TSJA y que apuntala las pretensiones de la concesionaria: en octubre de 2023 –la alcaldesa era ya Natalia Chueca–, el Ayuntamiento concedió de forma expresa la licencia de funcionamiento y lo hizo con los documentos que obraban en el expediente original, los mismos con los que tumbó la de Cublan Inversiones.

Solo unos meses antes había trascendido el interés del constructor Juan Forcén, amigo íntimo de Jorge Azcón, por quedarse la concesión a cambio del pago de unos cuatro millones de euros, un precio muy por debajo del valor del mercado que tenía entonces la instalación. Finalmente, la opción no fructificó. Esa época coincide, por otro lado, con el denominado 'kioskogate', por el que Forcén resultó adjudicatario de la mayoría de terrazas de concesión municipal que sacó a concurso el Gobierno local de Azcón.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia del TSJA en casación, pero el Tribunal Supremo lo inadmitió e impuso unas costas de 2.500 euros al Consistorio, como dio cuenta el Consejo de Gerencia de Urbanismo el 3 de junio de 2025.

En este contexto, Cublan Inversiones y 14 de sus acreedores reclamaron hace tres años, en la que ya es la pieza sexta del concurso, la declaración de culpabilidad del Ayuntamiento en la quiebra de la compañía, con una deuda reconocida de 14,6 millones de euros y más de un centenar de acreedores en total.

Y ese es el motivo por el que ahora la titular del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado a nueve responsables del Gobierno municipal PP-Cs en condición de afectados, tal y como adelantó este fin de semana 'El Periódico de Aragón': Jorge Azcón, Natalia Chueca, Ángel Lorén, María Navarro, Patricia Cavero –todos ellos, del PP–, Víctor Serrano, Sara Fernández, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo –de Ciudadanos entonces, ahora en las filas populares–. ¿Qué supone la condición de 'afectado'? Que los nueve podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa, lo que en último término les acarrearía una inhabilitación de entre 2 y 15 años para administrar bienes de terceros, públicos o privados. Y, a su vez, las arcas municipales se arriesgan a tener que asumir una multa que fuentes conocedoras del caso sitúan por encima de los 30 millones de euros.

Los nueve dirigentes políticos niegan haber recibido la providencia, que elDiario.es ha podido confirmar que existe y que está fechada el pasado 30 de junio. Este mismo martes, la alcaldesa ha esgrimido el mismo argumento, aunque fuentes municipales evitan valorar si la notificación ha llegado al Ayuntamiento de Zaragoza como institución.

Este periódico también se ha puesto en contacto con fuentes de Cublan Inversiones, que han rehusado hacer declaraciones.

“Un proceso mercantil”

Natalia Chueca ha pedido “tranquilidad” ante “un proceso mercantil, no penal”. “Hablamos de equipamiento conocido desde su inauguración con el alcalde Belloch, que ha sufrido múltiples concursos de acreedores. Un negocio ruinoso, que operó sin licencia desde el primero momento. Es una deuda de la mala gestión de la empresa, pretenden que paguemos todos los zaragozanos y yo voy a defender el interés de Zaragoza”, ha manifestado la regidora, pese a que el TSJA ya determinó que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento.

El PSOE, tanto a nivel regional como desde el grupo en el Ayuntamiento, ha pedido “explicaciones” al PP: “”Exigimos responsabilidad, transparencia e información“, expresó el domingo el diputado Jesús Morales. El lunes, la portavoz municipal, Lola Ranera, exigió una junta de portavoces extraordinaria para abordar este asunto, algo que Chueca ha rechazado: ”No procede“, ha afirmado este martes.

El peligroso incendio de la sierra de Alcubierre, que sigue sin estar controlado, volvió a coger a Jorge Azcón fuera de Aragón. En concreto, en el Comité Europeo de las Regiones, donde se ha convertido ya en un habitual: se ha desplazado hasta Bruselas hasta siete veces en los menos de tres años que lleva como presidente autonómico para actos en esta institución, de menor fuste que la Comisión o el Parlamento Europeo. Su antecesor, el socialista Javier Lambán, solo fue dos veces en ocho años de gobierno a la capital belga, y en ambas para sendos eventos en la Eurocámara.

No es la primera vez que un suceso le sorprende lejos de la comunidad, ya que la riada de hace un año le cogió de boda privada en Galicia. En esta ocasión ha sido distinto: primero era un viaje oficial y además Azcón reaccionó a tiempo al adelantar su regreso 24 horas: el mismo viernes a primera hora ya estaba en la Sala de Crisis del 112 Aragón para seguir la evolución del fuego en Leciñena, y a continuación se desplazó hasta las zonas afectadas.

La historia de Azcón con el Comité de las Regiones viene de lejos. Al principio de su etapa como primer edil de Zaragoza, en 2020, trascendió que recibía semanalmente su despacho de Alcaldía clases de inglés sufragadas por este órgano comunitario, que da voz a las regiones y a las entidades locales. “Me lo pago yo y se la paso al Comité de las Regiones para que me la abone”, admitió entonces al diario Público. Ahora, como presidente autonómico, ha conseguido ascender hasta una de las vicepresidencias de la Mesa, lo que según fuentes del Ejecutivo autonómico justifica tanto desplazamiento de Azcón a Bruselas. Sin embargo, esto tiene una segunda lectura: en realidad, la Vicepresidencia Primera recae en el presidente andaluz, Juanma Moreno, mientras que el dirigente aragonés se ha repartido con su homólogo gallego, Alfonso Rueda, una de las otras 27 vicepresidencias de la Mesa y la ocupará durante la segunda mitad del actual mandato.

Según informó el 'Faro de Vigo' hace unas semanas, Rueda se ha desplazado a Bruselas desde enero del año pasado en cinco ocasiones, tantas como Azcón pese a que el primero ha sido quien ha ocupado en este tiempo el puesto de vicepresidente. El exalcalde de Zaragoza ha acudido a la capital belga en enero y noviembre de 2024; en febrero, mayo y octubre de 2025, y en mayo y junio de este año. En este tiempo, además de asistir a las sesiones plenarias del Comité de las Regiones, Azcón ha escenificado reuniones con los comisarios europeos de Transportes, de Agricultura y de Start Ups, Investigación e Innovación. Las mismas fuentes autonómicas recuerdan la importancia de “defender los intereses de Aragón” ante estas instancias en materias “críticas” como el transporte (como el Canfranc) o la agricultura (por la PAC).

El Comité de las Regiones es una institución comunitaria de carácter más secundario que decisorio: su mayor competencia es que debe ser consultado por la Comisión Europea y el Consejo de la UE en propuestas que generen afecciones en el ámbito regional o local. Su influencia se articula a través de dictámenes que se publican en el Diario Oficial comunitario y mediante estudios sectoriales con la ayuda de expertos. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa tiene también la capacidad de interponer recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En sus ocho años como presidente aragonés, entre 2015 y 2023, el socialista Javier Lambán fue mucho menos proclive a viajar hasta Bruselas y de hecho delegó en los consejeros de Presidencia, Vicente Guillén primero y Mayte Pérez después, la asistencia a los plenos. Sí que se desplazó en su primera etapa a la capital belga, pero para tres actos concretos —en octubre de 2016 y en julio y noviembre de 2018— sobre el Canfranc, la política regional comunitaria y el Corredor Cantábrico Mediterráneo.

Otras polémicas

El presidente aragonés ha vivido más de una polémica debido a sus viajes fuera de Aragón, especialmente en los desplazamientos privados. A finales de enero de 2024, precisamente poco antes de su primer vuelo a Bruselas como jefe del Ejecutivo, saltó una gran controversia debido a la semana de asueto que Azcón pasó en Puerto, adonde fue con su amigo, el constructor Juan Forcén, más las respectivas parejas. Ante la petición de explicaciones por parte de la oposición, justificó que fue un viaje pagado por su mujer por su 50 cumpleaños.

A este se suma la mencionada visita a Galicia en junio del año pasado, hasta donde acudió con vehículo y chófer del Gobierno de Aragón para asistir a la boda del conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta. Ahí permaneció dos días pese a que ya había comenzado un episodio de fuertes tormentas que arrasaron municipios de Zaragoza y Teruel.

Los educadores y educadoras sociales de Aragón han salido en defensa de los menores migrantes, un colectivo al que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico por Vox, Alejandro Nolasco, pone semana sí y semana también en la diana al vincularlos con la delincuencia. Según los profesionales del sector, “esta narrativa” solo consigue fomentar “la estigmatización de quienes más protección necesitan”. Y lo hace con el agravante de utilizar para ello su posición institucional en el Gobierno de Aragón.

El duro comunicado del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) llega días después de que el presidente autonómico, el popular Jorge Azcón, diera su respaldo expreso a la postura de Nolasco: respaldará a todos sus consejeros y consejeras, afirmó en el pleno de las Cortes de Aragón, “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad”. Sin mencionar, eso sí, que el día previo el líder de la extrema derecha en la comunidad había mezclado datos para tratar de relacionar a los menores migrantes con la delincuencia.

Los educadores sociales centra su censura a Nolasco en varios puntos. Sobre el fondo de las declaraciones del vicepresidente de Vox, el colegio profesional sostiene que “vuelve a asociar” a los menores migrantes sin referentes familiares en Aragón “con la delincuencia y la violencia”, y apunta que los datos difundidos “carecen de rigor”.

Sus palabras “no son inocuas”

La entidad advierte de que las palabras de un cargo público “no son inocuas”: cuando una institución generaliza sobre un colectivo vulnerable y proyecta sobre él “una imagen de amenaza”, se alimentan “el miedo, el rechazo social y los discursos de odio”, lo que dificulta los procesos de inclusión que sostienen a diario los servicios sociales y el sistema de protección de menores.

Desde su experiencia profesional, los educadores sociales subrayan que trabajan con menores que han vivido “procesos migratorios extremadamente duros”, marcados por pérdidas, violencia, separación familiar y experiencias traumáticas, y que reducir esa realidad a estereotipos constituye “una grave irresponsabilidad institucional”. No niegan la existencia de “situaciones complejas” que requieren respuesta judicial, pero rechazan que se utilicen para “criminalizar a toda una infancia”.

El comunicado pone el acento en que la “inmensa mayoría” de los menores atendidos en el sistema de protección “participan en procesos educativos positivos cuando cuentan con acompañamiento y estabilidad”, y subraya que resulta “especialmente preocupante” que este discurso proceda precisamente de quien ostenta “responsabilidades directas” sobre las políticas de infancia y protección de menores en Aragón.

Contra los periodistas

Por último, CEES Aragón reitera su respaldo a los equipos educativos que trabajan en los recursos de protección de menores, recuerda que todos los niños y adolescentes son sujetos de derechos “con independencia de su origen o situación administrativa” conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, e insta a los responsables públicos a ejercer “un liderazgo institucional responsable” basado en el rigor y el respeto a los y las profesionales del sector.

Anteriormente fue el Colegio de Periodistas de Aragón el que reprochó el tono, el lenguaje y los mensajes expresados por el vicepresidente autonómico de Vox. La semana pasada, Nolasco llegó a afear a una periodista que repreguntase sobre la cuestión ante las dudas generadas por los datos aportados, con los que la extrema derecha trata de vincular a los menores migrantes con la delincuencia.

La publicidad institucional se está convirtiendo en una de las principales herramientas de promoción del Gobierno de Jorge Azcón, hasta el punto de que el gasto en medios de comunicación entre enero y marzo triplica ya el desembolso que los primeros ejecutivos del socialista Javier Lambán destinaban a este fin en todo un año. Este crecrimiento ha sido sostenido desde la llegada de los populares al poder hace tres años.

Así, en los tres primeros meses de 2026 el gasto para este fin alcanzó los 3,2 millones de euros, cuando su predecesor apenas se quedó en un millón de euros en 2016 y 2017. En los ejercicios posteriores, Lambán aumentó hasta los 3,5 millones el dispendio en medios de comunicación, lo que en todo caso supone poco más de lo que Azcón ha abonado en un solo trimestre.

Todos estos datos son públicos y constan en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

El principal beneficiario en este periodo ha sido la Cadena COPE, que ha percibido 170.186 euros entre la matriz y las desconexiones territoriales. Prácticamente esta misma cantidad ha recibido 'Heraldo de Aragón', la principal cabecera del grupo Henneo. Y en un segundo escalón se sitúan también casi al mismo nivel la Cadena SER —sumando asimismo los territorios— y 'El Periódico de Aragón', con unos 134.000 euros.

Entre los medios nativos digitales, destacan dos de sesgo conservador: El Español, al que en un solo trimestre han ido destinados algo más de 80.000 euros, y el Hoy Aragón, que se acerca a los 70.000 euros en tres meses. Les sigue un portal de carácter autonómico, Aragón Digital, y detrás figura una web nacional sin delegación en la comunidad, OKDiario, con cerca de 52.000 euros y también conservadora.

Detrás en esta lista aparecen Extradigital, con casi 50.000 euros, El Economista, 20 Minutos, El Confidencial, Enjoy Zaragoza y el portal ultra Periodista Digital, que se lleva 31.000 euros, en un orden que no está ligado a las audiencias de los medios en Aragón pese a que así lo recoge la legislación autonómica. Llama también la atención la aparición en la lista de EDA TV, del extremista Javier Negre, a quien también beneficia el Gobierno del PP en Zaragoza.

En esta lista aparece también elDiario.es, que percibió del Gobierno de Aragón 21.538 euros, por detrás del Eco de Teruel y de Zaragoza, de The Objective y de El Diario de Huesca.

En cuanto a los grupos de comunicación, Prisa se sitúa en primer lugar de manera destacada, dado que al incluir El País, Cadena Dial, Los 40 o Cinco Días, además de la SER, alcanzó los 357.000 euros. Detrás se sitúa COPE, con 290.000 euros, y a continuación las editoras de 'Heraldo' y 'El Periódico' respectivamente, a un nivel similar: 211.000 euros el grupo Henneo y 203.000 euros Prensa Ibérica.

Tras Atresmedia aparece un grupo 100% aragonés, Arvia, uno de cuyos propietarios es Ricardo Mur —una persona muy próxima a Jorge Azcón— y que aglutina al Hoy Aragón, El Diario de Huesca y Sport Aragón. Se sitúa por delante de Vocento (ABC) y de Unidad Editorial (El Mundo)

La legislación que ordena las campañas de publicidad institucional en Aragón es la Ley sobre Publicidad Institucional, que data de 2003. Ahí aparece de forma expresa que para la contratación de estos espacios tanto el Ejecutivo autonómico como las empresas públicas se deberán atener a “criterios objetivos de ámbito territorial y difusión del medio correspondiente”. El ámbito de aplicación abarca igualmente a las administraciones locales.

“Es preciso establecer unas normas que permitan que (la publicidad institucional) no sea utilizada como elemento discriminatorio desde el sector público y sirva adecuadamente a sus objetivos, evitando su uso incorrecto”, expone la normativa. También insta a que la relación entre las administraciones y los medios de comunicación se lleve a cabo con “la máxima transparencia y respeto a la igualdad de oportunidades, sin interferir en la libre competencia ni en el necesario pluralismo informativo”.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, respalda a su vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), como a cualquiera de los miembros de su Ejecutivo “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad ”. Azcón ha respondido así a una pregunta parlamentaria formulada por Chunta Aragonesista (CHA) este viernes en la sesión de control al presidente en el Parlamento aragonés y ha calificado de “exageración absolutamente impropia” las críticas por “vulneración de los Derechos Humanos” por las declaraciones y notas de prensa del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, en las que se refiere a los menores migrantes no acompañados como “menas” y los vincula con la delincuencia.

Azcón defiende a su socio de gobierno después de que este compareciera en una rueda de prensa para ofrecer unos datos vinculando delincuencia con menores migrantes acogidos por la administración autonómica y que, según Nolasco, “de los 219 supuestos menas que acoge actualmente Aragón a la fuerza, unos 40 están implicados en delitos o en actitudes susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal”. Se ha referido “sólo a casos de delincuencia y de sucesos de extraordinaria gravedad”, dado que “si hablamos de problemas graves de convivencia, la cifra aumenta considerablemente”.

El documento facilitado a los medios de comunicación, a los que volvió a atacar por preguntar sobre los datos ofrecidos, presenta varias debilidades metodológicas, según fuentes jurídicas, al agrupar situaciones con consecuencias legales diferentes y tampoco explica los criterios de selección. Además, el vicepresidente recurre a expresiones que no forman parte del ordenamiento penal español, lo que dificulta conocer con precisión qué casos incluye y con qué criterio.

El documento ha construido una única categoría en la que ha agrupado a menores sometidos a medidas judiciales de internamiento, menores detenidos, menores denunciados, menores sobre los que existen diligencias policiales y menores implicados en incidentes ocurridos dentro de los centros de protección. También ha incorporado referencias a “expedientes por comportamientos peligrosos”, sin precisar si se trata de procedimientos disciplinarios internos, actuaciones administrativas o procedimientos penales.

Esa agrupación ha permitido presentar una cifra conjunta de menores presuntamente vinculados a la delincuencia, aunque las situaciones descritas no tienen el mismo alcance jurídico. Una detención no implica una condena, unas diligencias policiales pueden archivarse, una denuncia puede no prosperar y un incidente disciplinario en un centro de protección no constituye por sí mismo un delito. Por ello, la suma de todas esas categorías no permite extraer automáticamente una conclusión sobre el nivel de delincuencia de ese colectivo.

La expresión utilizada por el vicepresidente Nolasco sobre “delitos o actitudes susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal” es formulación especialmente imprecisa. La alusión no se corresponde con ninguna categoría jurídica reconocida por el ordenamiento español, ya que la legislación penal no contempla esta clasificación como criterio autónomo, sino que distingue entre hechos que pueden ser objeto de investigación y hechos que finalmente son calificados como delito por los órganos competentes. La valoración de si una conducta reviste carácter delictivo corresponde, en cada caso, a la investigación policial, al Ministerio Fiscal y, en último término, a los tribunales.

A ello se ha añadido otra limitación metodológica. El documento no explica qué criterios ha seguido para seleccionar los episodios incluidos, si la relación recoge todos los incidentes registrados durante ese periodo o únicamente los más graves, ni si algunos menores aparecen contabilizados en varios de los sucesos descritos. De hecho, en el documento un mismo menor aparece implicado en varios episodios (por ejemplo, el joven detenido varias veces los días 6 y 7 de junio), por lo que no puede asumirse que cada incidente corresponda a una persona distinta.

Tampoco ha contextualizado esos hechos respecto al conjunto de los aproximadamente 1.700 menores tutelados por el sistema de protección aragonés, lo que dificulta valorar el alcance real de los incidentes que expone y tampoco cita ninguna fuente primaria. No aparecen números de diligencias, atestados, autos judiciales ni estadísticas oficiales.

Estas cuestiones, según fuentes consultadas, no permiten concluir si los hechos relatados son o no falsos, pero sí obligan a interpretar con cautela las conclusiones que el documento extrae de ellos. Incluso aunque los incidentes se confirmaran, seguiría siendo necesario analizar si la forma en que han sido seleccionados, clasificados y presentados ofrece una imagen fiel de la situación o responde a una construcción argumental basada en categorías heterogéneas y conceptos jurídicamente imprecisos.

Además, la documentación del vicepresidente utiliza un lenguaje político, no técnico, como “endosados”, “enquista”, “peligroso ambiente”, lo que indica que es un documento de comunicación más que un informe estadístico.

Debate parlamentario

“Lo que no vamos a hacer es hablar sólo de los que a ustedes les interesa”, ha respondido Azcón a la diputada Verónica Villagrasa, aprovechando también la intervención para insistir en que van a “contar los problemas reales que hoy hay en los centros de menores”, sin “ocultarlos”, sin “mirar hacia otro lado” y ocupándose de esos problemas.

Azcón se ha mostrado muy seguro en no rebasar líneas rojas, afirmando que, si el Gobierno de Aragón estuviera vulnerando los Derechos Humanos, habría “una cascada de demandas” contra las medidas que está tomando. Lejos de disculpar la actitud de Nolasco, ha apostado por “no ocultar la verdad” y por tomar medidas como la de reforzar la seguridad privada en los centros de menores. Además, ha asegurado confiar en el derecho y sentirse en línea con los manifestado este jueves en el pleno de las Cortes por la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, pese a que ella el día anterior había pedido tener cuidado con el lenguaje y no identificar a los menores migrantes con violencia y conflicto de manera ineludible “porque esa no es la situación real”.

El presidente de Aragón, que ha avanzado que no van a “crear grietas” en el Gobierno autonómico, ha instado a la diputada de CHA a reconocer que “hay una realidad”, que es que “hay una parte de esos menores que cometen delitos”, a lo que la diputada aragonesista ha replicado que “nadie niega que haya menores que cometan delitos, pero la obligación de una administración que los tutela y debería proteger no es señalarlos públicamente. Eso no es una forma de protección”, ha añadido, instando al consejero a “poner los medios necesarios para reconducir esas situaciones” con seguridad, pero también incrementando los recursos porque “señalar a un menor no demuestra firmeza, demuestra incapacidad y coherencia para gestionar los problemas reales”. Por otro lado, ha recordado que, desde el regreso de Vox al Gobierno de Aragón, han llegado 14 menores migrantes a Aragón, “exactamente lo que decía que iba a impedir”.

La diputada de CHA Verónica Villagrasa, que ha sustituido en la sesión al portavoz del grupo, Jorge Pueyo, que se encuentra “acompañando a su familia” en su pueblo, Fonz (Huesca), que ha estado confinado esta noche por el incendio forestal declarado en la zona, ha defendido que “la calidad de una democracia se mide por el trato que se da a su ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables” y que “ese principio empieza por el respeto básico a los Derechos Humanos”.

Sin embargo, Nolasco “traspasa esa línea cada vez que menosprecia a una persona o deshumaniza a quien tiene delante”, lo que tiene como principal responsable político al propio presidente, que es quien lo nombró.

“Cada palabra con la que Nolasco descalifica a una persona es también su responsabilidad. Cada frase con la que menosprecia a alguien, cada discurso con el que deshumaniza a niños y niñas, porque Nolasco habla como vicepresidente del Gobierno de Aragón y sigue haciéndolo porque usted ha decidido que siga haciéndolo”, ha agregado.

En este sentido, la parlamentaria aragonesista le ha preguntado su opinión acerca de los comunicados del Colegio de Periodistas de Aragón, que ha rechazado los “discursos discriminatorios que deterioran la convivencia” y este mismo jueves tuvo que amparar a una periodista por el trato recibido del vicepresidente durante una rueda de prensa sobre menores migrantes, en la que “al más puro estilo trumpista y machista, se encara con una periodista que sólo estaba haciendo su trabajo”.

A ello ha sumado que la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, afirmó que la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, a la que el departamento de Nolasco retiró la financiación, “no es tirar el dinero” y el profesorado “advierte de los riesgos del supremacismo”; que Amnistía Internacional “rechaza los discursos estigmatizantes” o cuando la Justicia “le pide expresamente que no vincule migración y violencia”.

Villagrasa ha criticado que, pese a tener la responsabilidad de gestionar una consejería de la que dependen la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad, las familias, la inclusión y los servicios sociales, donde “debe primar la gestión y no la propaganda”, Nolasco ha preferido centrar su atención política en los menores migrantes, pese a que la Comunidad Autónoma “no tiene competencias ni en inmigración ni en seguridad”, y ha optado por “alimentar el miedo”.

Durante el debate entre la diputada y el presidente, Azcón ha respondido de forma lastimera a Villagrasa por su alusión a la ausencia de Nolasco en el pleno, ya que estaba en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) atendiendo el incendio forestal en la Comarca oscense de La Litera. “¿Tanto le costaba pedir disculpas por haber metido la pata?”, ha expresado.

A continuación, ha cuestionado si Chunta Aragonesista quiere traer al parlamento “el insulto, la mentira y creerse en posesión de la verdad absoluta” y ha pedido a CHA una reflexión sobre su “apoyo” al Gobierno de España, con “una financiación que perjudica a Aragón, un ministro de Cultura que dice lo que dice sobre Sijena, que está retrasando las obras de Teruel en el que los trenes van a la misma velocidad que los tractores y que está hasta arriba de corrupción”. “Ustedes se quieren fijar en su dedo en lugar de fijarse en la luna”, ha zanjado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido sentirse “especialmente cómodo” en un Partido Popular “aragonesista” y ha avanzado que es una “filosofía” y una “línea política” que la formación “sin ningún género de dudas, tenía, tiene y quiere reforzar”.

El jefe del Ejecutivo se ha expresado así este miércoles en un 'Desayuno Heraldo' en Zaragoza al ser preguntado por la incorporación del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor en el gabinete del jefe del Ejecutivo autonómico, en una plaza que estaba vacante en este área, y que ha generado “polémica” y rechazo entre alcaldes y simpatizantes del Partido Aragonés, así como del PP. “Siempre en Aragón ha habido fuerzas políticas que han defendido el aragonesismo, en el caso del PAR, además, un aragonesismo que entiende la Constitución española con la identidad que tiene nuestra comunidad, y esa es una filosofía que el PP de Aragón, sin ningún género de dudas, tenía, tiene y quiere reforzar”, ha argumentado Azcón.

En su opinión, la “polémica” generada en torno al fichaje de Alberto Izquierdo se contesta con el resultado del XIV Congreso Provincial de Teruel, que tuvo lugar el pasado domingo y del que salió elegida presidenta provincial la actual alcaldesa turolense y senadora, Emma Buj, con el 96% de los votos. Los partidos, ha explicado Azcón, “somos entes vivos” y, por suerte, hay distintas opiniones y no “unanimidad absoluta”, de manera que “nada de lo que hemos hecho se hace sin hablar con los presidentes provinciales en el partido y así va a seguir siendo”.

En esta línea, ha defendido que “hoy, en el espectro político, quien defiende a esta comunidad autónoma es el Partido Popular de Aragón” y “esa es una línea política en la que yo quiero profundizar”, porque el PP, ha continuado es la formación en la que “más aragoneses se pueden ver representados” y la que “mejor va a defender los intereses de la comunidad autónoma”.

Elecciones municipales

Acerca de una posible coalición del PP con el PAR de cara a las próximas elecciones municipales de 2027, Azcón ha defendido que “es un debate” que corresponde a cada uno de los presidentes provinciales y que se afrontará “municipio por municipio”, considerando que “es un error pensar en reglas generales”.

Jorge Azcón ha adelantado que en los comicios municipales podría llegarse “a acuerdos o no en determinados municipios en función de lo que le pueda interesar” a esa localidad, aunque, en cualquier caso, el objetivo es que haya el mayor número posible de alcaldes del PP en Aragón y revalidar las diputaciones de Teruel y Huesca, además de conseguir la de Zaragoza.

Para este propósito, el presidente aragonés ha indicado que la fórmula es “presentar a los mejores candidatos”: “No vamos a presentar candidatos de ideología socialista o que no entiendan cuáles son los principios y los valores del PP, pero si hay personas que puedan estar en un partido con el que podamos llegar a un acuerdo, estoy convencido de que los presidentes provinciales harán porque así sea”.

Ha recalcado Jorge Azcón que lo prioritario es “el interés general”: “Primero nuestra comunidad autónoma, nuestros pueblos, las instituciones que tenemos la responsabilidad de gobernar y después el partido, en tercer lugar las personas”. En esta línea, ha rehusado “debates personales” o “visiones cortoplacistas”, más si cabe “en una situación política de extraordinaria complicación en nuestro país”.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, será elegida este domingo como nueva presidenta provincial del PP con el partido abierto en canal. Al contrario de lo expresado por la dirección del partido en Zaragoza, la crisis por el fichaje del líder del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor de Jorge Azcón en el Ejecutivo autonómico dista mucho de haberse solucionado. La ira entre los alcaldes rebeldes se mantiene: algunos escuchan ya a otras formaciones de cara a 2027 mientras otros sostienen que renunciarán a renovar su cargo. “Está a tiempo de arreglarlo, puede ser una hecatombe”, advierte uno de los regidores.

Las propias palabras de la regidora el pasado lunes, cuando dio por “resuelta” la rebelión interna y la circunscribió a “tres o cuatro alcaldes”, han soliviantado aún más a los críticos con la dirección popular. Son un centenar los cargos locales que han suscrito una carta en la que reclaman a Azcón que dé marcha atrás con la incorporación de Izquierdo, que en todo caso ya es oficial porque ha salido esta semana publicada en el Boletín Oficial de Aragón. De ese total, cerca de la mitad son alcaldes de ayuntamientos y el resto, entre alcaldes pedáneos y concejales. Hay que recordar que el PP está en la provincia de Teruel al frente de 92 consistorios.

Este periódico ha recabado numerosos testimonios de regidores populares en ese territorio, todos ellos críticos con el fichaje del presidente aragonesista. Otros muchos guardan silencio por temor a represalias, aunque también hacen evidente su descontento. Por su parte, la dirección provincial del partido ha rehusado hacer valoraciones.

“La crisis no se ha cerrado”, apunta uno de los primeros ediles, que pide anonimato incluso sobre su comarca para evitar el revanchismo de la dirección del partido en Zaragoza. En su caso, tiene muchas dudas de que vaya a continuar representando las siglas del PP: “Me lo voy a pensar muy bien. Te quemas mucho, ves que eres solo un número; te dejan por los suelos y no sabes hasta qué punto merece la pena seguir al frente de tu pueblo”, lamenta, antes de indicar que Vox y Teruel Existe ya le han sondeado para incorporarse a sus filas.

“Se han cargado al PP de Teruel”

¿El motivo de estas dudas? Que Alberto Izquierdo se convierta en asesor de la Presidencia autonómica. “Lo veo muy mal: desde mi punto de vista se han cargado al PP de Teruel. Azcón se pensaba que los de Teruel nos íbamos a callar y le ha salido mal, no vamos a recular. Hay gente muy válida en el PP para afrontar ese cargo y no esa persona, que ha sido el peor enemigo del PP en Teruel”, explica.

Desde su punto de vista, la única forma de que amaine la tormenta es que “Azcón cese a Izquierdo de inmediato”. “Si no, esto está desbordado, puede ser una hecatombe. Están a tiempo de arreglarlo”, advierte el regidor.

Un alcalde de una localidad no muy alejada de la anterior expone un diagnóstico similar, pero en su caso la consecuencia va a ser distinta: “Yo aguantaré lo que queda de mandato y en 2027 lo dejo. No creo que cambie de partido, pero esto ha sido la gota que ha colmado el vaso”, apunta. Acusa al presidente del PAR de haber hecho “la vida imposible” a los cargos locales del PP: “En el partido hay gente mucho más válida para ese puesto, no tiene ninguna justificación. Que den esa oportunidad a Izquierdo es muy fuerte”, critica, y elucubra sobre los motivos: “No sé si quieren tapar algo que no quieren que salga a la luz o es que han pactado algo”.

Un regidor con mucho peso en la provincia constata el malestar, y acusa a la dirección del PP por querer cerrar en falso la crisis: “Sigue habiendo muchos alcaldes enfadados, ni mucho menos está zanjado”. También pone en la diana al presidente del PAR y a Azcón por nombrarlo: “Ha hecho mucho daño al PP aquí”.

Sobre su posición de cara a las elecciones municipales, admite que ningún partido se ha puesto en contacto con él y duda qué paso dar: “Lo decidiré el año que viene. Irme a otro partido no creo; quizás va siendo hora de irme a mi casa. Lo tengo que meditar”.

Una alcaldesa de otra comarca distinta también incide en que el enfado entre los cargos locales populares de la provincia “continúa”, aunque matiza que hoy por hoy “no va a haber dimisiones”. “Pero el año que viene será otra cosa”, advierte. “No somos hinchas de fútbol: que me presentara por las listas del PP no quiere decir que vaya a ser para siempre así. Ahora mismo el PP es el partido que más me cuadra, aunque si Vox viene a hablar conmigo no sé lo que haría”, analiza, aunque en principio descarta presentarse por otras siglas: “Vale más mi coherencia y mi sentido común que una decisión de Jorge Azcón”.

Habrá “castigo electoral”

Esta regidora, en todo caso, vaticina que, más allá de su propia decisión, los vaivenes de la dirección de partido respecto a la provincia de Teruel van a tener un reflejo en los comicios previstos para el año que viene: “Quizás diez alcaldes cambien de bando, pero no creo que los 50 lo hagan. Aunque castigo electoral sí que vamos a sufrir”, anticipa.

En lo que todos los consultados se ponen de acuerdo es en valorar la labor desarrollada por el actual líder provincial y en avanzar el “difícil” congreso que le espera este domingo a su sucesora, Emma Buj. “No tengo ninguna queja de Joaquín Juste, ha sido un presidente cercano y que siempre coge el teléfono. Nos hubiera gustado aquí que hubiera hecho algo más, pero creo que ha llegado hasta donde podía”, valora una alcaldesa.

“Le tengo mucho aprecio, no puedo hablar mal de él: lo ha intentado por activa y por pasiva”, abunda sobre Juste otro compañero, que considera que Buj “tiene mucho trabajo por delante” y que deberá “recorrerse la provincia entera”. “Emma se va a comer un marrón importante para empezar”, advierte otra regidora, que cree que a la alcaldesa de Teruel le penalizará venir de un núcleo grande: “No va a tener el punto de vista de los municipios pequeños en muchas cuestiones”.

Vox ha vuelto a hacer uso del portal oficial del Gobierno de Aragón para poner en la diana a un menor migrante. Pese a las críticas por la utilización ideológica de una web ideada para informar sobre la actividad del Ejecutivo autonómico, la formación de extrema derecha ha publicado una nota sobre la supuesta fuga de un centro de acogida de un “peligroso” adolescente tras una “brutal agresión”.

Pese a la naturaleza del portal Aragón Hoy, destinado a dar a conocer la acción del Gobierno, la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar y Familia –en manos de Vox– da detalles muy concretos sobre el menor, incluida su nacionalidad y su localidad natal. Desgrana unos hechos según los cuales participó en una revuelta interna en el centro, del que también da a conocer su ubicación, y le dedica calificativos como que fue el “cabecilla” de la pelea, que se “ensañó” con la víctima o que “se desconocen sus posibles antecedentes policiales o delictivos”.

En la nota, el vicepresidente Alejandro Nolasco acusa al “Gobierno de (Pedro) Sánchez” de “amparar” estas “conductas y situaciones intolerables” y exige al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que “deje de ser cómplice”. Asimismo, reclama a Beltrán “que se implique directamente para que la Policía encuentre, detenga y ponga ante la Justicia a este presunto menor de edad, que no puede campar a sus anchas de forma descontrolada y que jamás debería haber sido acogido por el Gobierno de España ni mucho menos entregado forzosamente a Aragón”.

No es la primera vez que Vox lleva a cabo una práctica que no se había dado hasta ahora, y que supone una vuelta de tuerca en la agenda ultra de la formación, que desde que ha vuelto a entrar en el Gobierno de Azcón ha puesto a los menores migrantes que llegan sin padres ni madres a la comunidad en el centro del debate.

Hace tres semanas, el portal Aragón Hoy ya informó, también desde la Vicepresidencia de Desregulación, del supuesto caso de un menor que agredió a una trabajadora social en un centro de acogida del Gobierno de Aragón. La formación ultra incluso dio detalles del joven, del que reveló su edad y su nacionalidad.

Posteriormente, la Asociación de Periodistas de Aragón, que agrupa también al Colegio Profesional, trasladó a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre “diversos comunicados institucionales” difundidos desde la Vicepresidencia de Nolasco a partir de “quejas por parte de colegiados y asociados, pero también de otros ciudadanos ajenos a la profesión”.

Entre otras cuestiones, trasladó a la Comisión el uso reiterado del término ‘mena’, pese a que la ‘Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones’ impulsada por el propio Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón desaconseja expresamente su uso para referirse a personas, y advertía del carácter despectivo y estigmatizante que ha adquirido esa denominación.