La Fiscalía obliga a Fraga, en Huesca, a retirar los honores concedidos a Franco tras más de 70 años de vigencia
El Ayuntamiento de Fraga pondrá fin a uno de los últimos reconocimientos institucionales al franquismo que seguían vigentes en Aragón. El pleno municipal previsto para el próximo 30 de julio votará la retirada de los títulos de alcalde honorario perpetuo e hijo adoptivo concedidos a Francisco Franco el 18 de julio de 1953, una decisión que llega después de que la Fiscalía Provincial de Huesca haya requerido formalmente al Consistorio para que cumpla la Ley de Memoria Democrática.
El cambio de posición del equipo de gobierno del PP, adelantado por el diario 'Segre', supone un giro respecto a la postura que había mantenido durante los últimos meses. Según han confirmado fuentes municipales a elDiario.es Aragón, el Ejecutivo local ha decidido atender el requerimiento del Ministerio Público y apoyará en la comisión de Servicios a la Ciudadanía la propuesta que permitirá elevar el asunto al pleno. Las mismas fuentes recalcan que el Ayuntamiento actuará para dar cumplimiento a la legalidad vigente, después de que la Fiscalía recordara la obligación de revisar este tipo de distinciones.
Hasta hace apenas unos meses, el Consistorio defendía una posición distinta. Entonces sostenía que la retirada de los honores al dictador no constituía una prioridad política para el municipio y que solo se abordaría si existía una obligación legal expresa. Ese escenario cambió tras la actuación de la Fiscalía, que inició diligencias después de recibir la denuncia presentada por el exdiputado de las Cortes de Aragón Jesús Sansó.
Sansó había solicitado por escrito hasta en tres ocasiones, los días 5 de febrero, 5 de marzo y 5 de abril, que el Ayuntamiento iniciara el expediente para retirar las distinciones concedidas a Franco. Al no obtener respuesta, trasladó la documentación a la Fiscalía Delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Huesca, que anunció la apertura de un procedimiento para requerir información al Consistorio y recordarle sus obligaciones legales.
La normativa
El fundamento jurídico del requerimiento se encuentra en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Su artículo 40 establece que todas las administraciones públicas deben revisar de oficio o retirar los reconocimientos, honores y distinciones concedidos antes de la entrada en vigor de la norma cuando resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos o supongan una exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista. El artículo 35 obliga igualmente a eliminar elementos contrarios a la memoria democrática cuando impliquen exaltación del golpe de Estado o del régimen franquista, mientras que el artículo 39 atribuye a las administraciones la responsabilidad de garantizar el cumplimiento efectivo de estas medidas.
La normativa estatal sigue siendo plenamente aplicable en Aragón pese a que las Cortes derogaron en 2024 la Ley Aragonesa de Memoria Democrática con los votos de PP, Vox y PAR. Aquella decisión eliminó varios instrumentos autonómicos relacionados con las políticas memorialistas, pero no alteró la vigencia de la legislación estatal, que continúa siendo de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.
En el caso de Fraga, el reconocimiento a Franco llevaba vigente desde el 18 de julio de 1953. El Ayuntamiento franquista acordó entonces conceder al dictador los títulos de alcalde honorario perpetuo e hijo adoptivo como una “muestra entrañable de adhesión y gratitud” del municipio. A diferencia de otras ciudades españolas que fueron retirando este tipo de distinciones durante las últimas décadas, el acuerdo permaneció intacto durante toda la Transición y los casi cincuenta años de democracia.
De hecho, los honores sobrevivieron a nueve alcaldes elegidos democráticamente y a dos leyes estatales sobre memoria histórica y democrática. Ninguno de los sucesivos gobiernos municipales promovió su revocación hasta que la intervención de la Fiscalía ha obligado al Ayuntamiento a iniciar el procedimiento.
Otros casos
Las fuentes municipales consultadas por este periódico insisten en que la decisión responde exclusivamente al cumplimiento del requerimiento recibido. El equipo de gobierno considera que corresponde atender las indicaciones del Ministerio Público y facilitar que el pleno adopte un acuerdo conforme a la legislación vigente.
El caso de Fraga no es aislado. La aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha acelerado en los últimos años la retirada de honores concedidos a Franco en numerosos municipios españoles. Sevilla revocó la medalla de oro otorgada al dictador en 1964; Granada eliminó los reconocimientos institucionales que todavía mantenía; y ciudades como Valladolid, Alicante, Gijón u Oviedo también han revisado distinciones, nombres de calles y otros elementos de exaltación franquista para adaptarse a la normativa estatal.
En Aragón el mapa presenta situaciones dispares. Zaragoza retiró hace años tanto la medalla de oro concedida a Franco como diferentes símbolos y denominaciones vinculadas a la dictadura. También Huesca eliminó progresivamente referencias franquistas de su espacio público. En cambio, Calatayud protagonizó recientemente la polémica al rechazar la retirada de la medalla de oro concedida al dictador, una decisión cuestionada por asociaciones memorialistas al entender que contradice las obligaciones impuestas por la Ley de Memoria Democrática.
La revocación de los honores tampoco cerrará por completo el debate sobre la simbología franquista en Fraga. El municipio conserva todavía algunas referencias en el callejero relacionadas con la dictadura, como la calle del Alcázar de Toledo o el grupo de viviendas 28 de Marzo, en referencia a la fecha de la entada de las tropas franquistas durante la Guerra Civil. Nombres cuya continuidad ha sido cuestionada en distintas ocasiones por colectivos memorialistas.
0