El Pirineo aragonés frena la llegada de las grandes plantas de baterías

La localidad de Anciles, en el Pirineo aragonés tiene unos 175 vecinos empadronados y vive de lo que da el valle: casas de piedra, senderismo y un paisaje que atrae visitantes casi todo el año. En agosto del año pasado supo que una promotora quería instalar, a pocas decenas de metros de sus casas, una planta con 104 contenedores de baterías de litio. Los vecinos colgaron pancartas, recogieron firmas y llenaron concentraciones de más de 200 personas, una cifra enorme para un pueblo de ese tamaño. Algo más de un año después, el proyecto está enterrado.

Y no es el único. Esta semana ha caído otro. El Ministerio ha archivado Solanetas, en Castejón de Sos, una planta de 80 megavatios cuya línea de evacuación afectaba también a Sesué y Villanova. La promotora, Grown Aspirations, desistió el 26 de mayo. Alegó que el proyecto era incompatible con el uso del suelo previsto, después de que el Ayuntamiento lo informara en contra.

El alcalde, José Manuel Abad –fallecido por sorpresa este martes–, lo celebraba con orgullo de pueblo pequeño: “Hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano”. Ni él mismo sabía, en el momento de hacer las declaraciones, si pesó más el informe municipal o el desinterés de las empresas. Lo que sí tenía claro es que los ayuntamientos pequeños pueden ganar batallas a los grandes consorcios que hay detrás de las sociedades promotoras.

Perdiguero, de 100 megavatios, era la planta más avanzada de las proyectadas en el valle de Benasque. La promovía Matrix Renewables, compañía respaldada por el fondo estadounidense TPG, dentro de un plan de 135 millones de euros para la comarca. Incluía dos instalaciones gemelas: Perdiguero, entre Benasque y Sahún, y Visenta, en Sesué.

El Ministerio para la Transición Ecológica la frenó con una declaración de impacto ambiental desfavorable, fechada el 11 de mayo y publicada en el BOE a finales de ese mes. El documento recoge buena parte de lo que repetían los vecinos. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) advertía de que el ruido podía afectar a viviendas situadas a 20 metros de la planta y a unos 90 del núcleo de Anciles. La resolución concluye que el proyecto es “incompatible con la adecuada conservación de los valores naturales, paisajísticos y territoriales” del valle del Ésera.

El Pirineo no parece el sitio más obvio para una planta industrial de baterías, y menos un valle cuya economía descansa en el turismo. La explicación es menos romántica que el paisaje: el valle de Benasque cuenta con dos subestaciones eléctricas y una producción hidroeléctrica notable, sobre todo en las centrales de Eriste y Sesué. Para quien busca dónde conectar una batería a la red, eso vale más que cualquier postal.

Es la misma lógica que llevó a otra promotora a Samitier, en el Sobrarbe, donde la central hidráulica y la subestación de Mediano hacen de imán. Lo llamativo del caso benasqués es la amplitud del rechazo. El alcalde de Benasque, Manuel Mora, del PP, sostiene que el ruido, el impacto visual y el riesgo de incendios “son inevitables” aunque la compañía proponga medidas de mitigación.

Afirma también que el Ayuntamiento escuchó a la empresa, como a todo el mundo, pero no colaboró con ella. Recuerda además que aún faltaban los permisos del Inaga y la licencia municipal. El alcalde de Sahún, José Luis Rufat, es más gráfico: habla de “una catástrofe contra nuestro paisaje y nuestro modo de vida”.

Los ayuntamientos del valle firmaron un manifiesto conjunto que calificaba el proyecto de “incompatible con la protección ambiental, cultural y social de la zona”. Ese es el camino que han tomado otros municipios. Castejón y varios pueblos del valle han decretado moratorias y tramitan cambios en su planeamiento para cerrar el paso a estas instalaciones. Su gran temor es que el Estado les pase por encima con la declaración de interés general de los proyectos energéticos, que permitiría saltarse la normativa municipal.

40 kilómetros al este, en La Fueva, el guion se repite con otros protagonistas. Allí se organizaron las plataformas Stop Baterías Samitier y La Fueva No Se Vende contra un proyecto de la filial Haro Solar 3, de la israelí Enlight Renewable Energy.

Su portavoz, Tim Feather, ya advertía de que el proyecto tenía “fines puramente especulativos”. Recordaba también los incendios de instalaciones similares en otros países y la dificultad de apagarlos. El manifiesto de la plataforma añade otros miedos: ruido y luz constantes y la pérdida de valor de casas y negocios de turismo rural, en un pueblo con un castillo catalogado como bien de patrimonio.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que presentó alegaciones, afirmó que el 90% de los vecinos de Samitier rechazaba el proyecto. A ese argumento se sumaba el del paisaje: la planta se proyectaba dentro del Geoparque de la Unesco Sobrarbe-Pirineos y en territorio de quebrantahuesos, buitres y alimoches.

Este verano, el Inaga emitió una declaración de impacto ambiental desfavorable. Concluye que la planta podría generar, con gran probabilidad, “impactos significativos” sobre el medio físico, biótico y paisajístico, sobre las masas forestales y sobre la población. Organizaciones como Amigas de la Tierra, que habían sumado a la protesta el rechazo a los vínculos de Enlight con el Estado de Israel, lo celebraron como un triunfo de la movilización.

Para sus promotores, el almacenamiento es una pieza clave para integrar más renovables en la red y dar estabilidad a un sistema que, desde el apagón del 28 de abril de 2025, mira con otros ojos todo lo que pueda amortiguar un fallo. Defienden que sus proyectos cumplen la ley y piden ser escuchadas por las administraciones locales. Los críticos, de hecho, evitan oponerse a las renovables en general. Lo que piden es planificación: que alguien decida con criterio dónde tiene sentido una planta de este tipo y dónde no. En Benasque, Castejón y La Fueva, por ahora, el castillo de naipes sigue cayendo. Nadie en el valle cree que sea el último intento.