Oposición vecinal a las plantas de baterías en el Valle de Benasque: “Destruyen el equilibrio del territorio”
Los ayuntamientos de Benasque, Sesué y Sahún, junto a asociaciones vecinales del valle, han expresado su “firme rechazo” a los proyectos de macroplantas de acumulación de energía con baterías de litio promovidos por el fondo de inversión Matrix Renewable en Anciles y Sesué. Consideran que son “incompatibles con la protección ambiental, cultural y social de la zona” y denuncian que la infraestructura tendría “una extensión comparable a la superficie de nuestros propios pueblos, lo cual resulta inconcebible desde el punto de vista territorial y ambiental”.
En un comunicado conjunto, las entidades locales subrayan que el proyecto busca “especular con la energía que producen las centrales hidroeléctricas del valle”, comprando electricidad en horas valle y vendiéndola más cara en horas punta, lo que, a su juicio, fomenta “una visión especulativa de los recursos naturales en detrimento del interés social”. Además, alertan de graves deficiencias en los estudios de impacto ambiental, como la ausencia de la “alternativa 0” —no ejecutar el proyecto—, carencias en el análisis de impacto y la falta de garantías frente a la protección legal que ampara al Parque Natural Posets-Maladeta, al LIC/ZEC del río Ésera o al hábitat del quebrantahuesos.
Los vecinos, que cada día recogen firmas contra este proyecto, también destacan los riesgos asociados al almacenamiento masivo de litio: “El tamaño y la naturaleza de estas macroinstalaciones conllevan un fuerte impacto visual, contaminación acústica y riesgo de incendio”, algo que consideran especialmente peligroso en un entorno “rodeado de masas boscosas altamente vulnerables”. A ello suman un impacto socioeconómico que, según advierten, amenaza la base del desarrollo local: “La implantación de estas macroinstalaciones contradice los objetivos de conservación y desarrollo sostenible del territorio, cuya economía depende del turismo de montaña, nieve y naturaleza”.
La contestación social ha encontrado respaldo político e institucional. El diputado autonómico del PSOE Marcel Iglesias ha reclamado al Gobierno de Aragón que apoye a los ayuntamientos afectados y actúe con sus competencias en ordenación del territorio: “Condicionan su modo de vida presente, muy vinculado al paisaje, e hipotecan su desarrollo posterior”. En la misma línea, la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) ha mostrado su “preocupación” por la proliferación de proyectos de este tipo y exige que sea la autonomía local quien decida si estas plantas son compatibles o no con su modelo de desarrollo.
Las organizaciones vecinales insisten en que no rechazan las energías renovables, sino “únicamente proyectos que destruyen el equilibrio de un valle cuya principal fuente de riqueza y futuro sostenible depende precisamente de conservar sus paisajes, bosques y entorno natural”. Por ello, piden al órgano ambiental competente que declare la inadmisión a trámite de los proyectos por incumplir la normativa y por el “impacto negativo sobre un territorio de gran valor ambiental, cultural y social”.
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