Las dos causas judiciales por revelación de secretos que afectan a cargos del Partido Popular en Madrid evidencian la excepcionalidad que empleó el Tribunal Supremo en la investigación al anterior fiscal general del Estado y que acabó en una condena de inhabilitación a Álvaro García Ortiz. El juez Ángel Hurtado envió a la unidad anticorrupción de la Guardia Civil a requisar por sorpresa todos los dispositivos móviles del entonces fiscal general del Estado. El pasado 2 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó por “desproporcionada” la incautación del teléfono de la alcaldesa de Alcalá de Henares, procesada por filtrar una nota interna de la Policía, mientras que otra jueza de la capital se niega a tomar declaración a los policías que presuntamente le entregaron los datos de dos periodistas que luego Miguel Ángel Rodríguez difundió junto a una fotografía de los profesionales.

El 30 de octubre de 2024, un grupo de agentes de la Guardia Civil, con el teniente coronel Antonio Balas a la cabeza, permaneció más de 10 horas en el despacho del fiscal general del Estado, al que habían accedido con un auto firmado por el juez Hurtado. En la resolución se detallaba todo cuanto debían incautarse para el esclarecimiento de un presunto delito de revelación de secretos, en relación con la aparición en medios de comunicación de un correo electrónico enviado por el abogado del empresario y comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. En el mensaje el letrado ofrecía un pacto para dentro de la investigación por fraude fiscal contra él, justo lo contrario de lo que estaban informando El Mundo y otros medios.

En resumen, el juez autorizaba a la UCO a llevarse del despacho de García Ortiz cualquier documentación en soporte físico o digital que pudiera tener relación con los hechos. Destacaba el siguiente párrafo: “En cuanto a los servidores, servicios de correo electrónico (en el periodo comprendido desde el 8 de marzo hasta la materialización de la diligencia), redes sociales y otros repositorios se autoriza el volcado...”. El magistrado del Tribunal Supremo ordenaba a los agentes copiar toda la información del teléfono de una de las más altas autoridades del teléfono almacenada durante siete meses.

El exceso fue tal que el propio magistrado tuvo que rectificar, advertido por sus colegas. Hurtado redujo la incautación a los días próximos a la comisión del presunto delito de revelación de secretos, entre el  8 y el 14 de marzo de 2024. En cualquier caso, el magistrado había intervenido los dispositivos del máximo responsable de la institución encargada de hacer cumplir la legalidad por una presunta revelación de secretos que afectaría al derecho de defensa del presunto defraudador Alberto González Amador. García Ortiz fue condenado a una pena de inhabilitación de dos años. La irrupción en el despacho del fiscal general fue uno de los hechos que integran la lista de anomalías en el procedimiento sobre las que deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional.

Una condena similar a la que recibió García Ortiz solicita la Fiscalía para la alcaldesa de Alcalá de Henares por el mismo delito de revelación de secretos, dos años y medio de inhabilitación en su caso. El caso se resume en que Judith Piquet, la regidora, ordenó al jefe de la Policía Municipal que le entregara una nota interna sobre la denuncia de una presunta agresión sexual en el municipio. El objetivo era dar argumentos a la afirmación gratuita que la presidenta Díaz Ayuso había hecho horas antes vinculando delitos sexuales en Alcalá con la presencia de migrantes en un centro de acogida del municipio. “Hay que salvar a la jefa como sea”, llegó a decir Piquet, según consta en las actuaciones.

La instrucción ha permitido acreditar el flujo de la información reservada y apuntalar la acusación contra Piquet y su jefe de comunicación entonces. Sin embargo, ha quedado un cabo suelto que la justicia se ha negado a investigar. Quien publica en X la nota interna es el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano. El PSOE, que actúa como acusación popular, propuso la diligencia de incautación de los correos y mensajes entre los dos investigados y Serrano para constatar que Serrano recibió la nota del Ayuntamiento alcalaíno. Pero la magistrada se negó y la Audiencia Provincial ha confirmado esa decisión.

“La intervención de los teléfonos móviles (...) supone una restricción grave al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, reconocido en el artículo 18.3 de la Constitución española, pero constituye igualmente una restricción del derecho a la intimidad del artículo 18.1 de la Constitución española”, recuerdan esta vez los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideran que la gravedad del delito investigado no resulta proporcional a una medida de tal calado.

Borrar mensajes es un indicio depende quien lo haga

El caso de Alcalá presenta otra reminiscencia respecto del caso del fiscal general. Los agentes de la UCO encontraron que Álvaro García Ortiz había borrado los mensajes de su teléfono móvil dentro de lo que él arguyó como un protocolo de seguridad por el contenido de lo que había en su terminal sobre causas muy relevantes para la seguridad del Estado. El juez Hurtado siempre consideró ese borrado un indicio de su culpabilidad y la sentencia recogió: “La causa explicativa del borrado no puede ser otra que la estratégica destrucción de toda la información que pudiera comprometer la tesis exoneratoria que hace valer, con toda legitimidad, García Ortiz”.

El número dos del PP madrileño, Alfonso Serrano, compareció como testigo en la causa contra la alcaldesa y aseguró que a él le había llegado el mensaje con la nota interna de la Policía municipal de Alcalá a través del correo y por un anónimo. Y que ya había borrado ese mensaje. A raíz de esa declaración, el PSOE pidió la intervención de comunicaciones y que volviera a declarar. Se denegó.

El borrado de los mensajes del fiscal general, más allá de las consideraciones en el procedimiento, fue argumento político y mediático para denostar la defensa de Álvaro García Ortiz durante meses, también por el Partido Popular. Ahora es una práctica recurrente entre los dirigentes de la formación política cuando son ellos los investigados por revelación de secretos.

Miguel Ángel Rodríguez está investigado por revelación de secretos al haber difundido en un chat la identidad de dos periodistas de El País junto a sus fotos mientras trabajaban en las inmediaciones de la anterior residencia de Díaz Ayuso. Tras ofrecer una versión distinta a los medios, Rodríguez dijo a la jueza del caso que la foto se la había facilitado Alberto González Amador. El comisionista fue también llamado a declarar y aseguró que él la obtuvo de un vecino, pero que no conservaba el chat porque había sido víctima de un “hackeo”. El jefe de gabinete de Ayuso también declaró que ha borrado el intercambio de mensajes.

Cuando trascendió el informe de la UCO que certificaba el borrado de mensajes del fiscal general, Ayuso dijo: “Es algo que no me sorprende. Ya vi cómo el presidente se mofaba del trabajo de la Guardia Civil y de sus agentes y, sobre todo, por eso no me esperaba otra cosa. Llevamos más de un año con este asunto de una posible multa de Hacienda estirado hasta una operación de Estado”. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses cárcel a González Amador por haber defraudado 350.951 euros en dos ejercicios fiscales y haber creado una trama de facturas falsas.

La magistrada ha archivado la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, que tuvo que instruir obligada por la Audiencia Provincial, sin llegar a tomar la declaración a los policías que habían identificado a los periodistas en la calle, presunto origen de la información que luego difundió el jefe de gabinete de Ayuso. El PSOE ha recurrido apelando a la sentencia del Tribunal Supremo, encargado de fijar doctrina, y está pendiente que la instancia superior a la magistrada resuelva.

“No será baladí recordar que el investigado [Miguel Ángel Rodríguez], así como el señor González Amador, insistieron en la acusación contra el fiscal general del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia”, recoge el recurso de los socialistas.

La versión que mantuvieron Rodríguez y González Amador en el juzgado descartaría un delito de revelación de secretos porque, según ellos, la foto fue tomada por un vecino que se la entregó a la pareja de Ayuso y este a su jefe de gabinete. Por contra, si la información procediera de la actuación policial implicaría la comisión de un presunto delito. La jueza llamó a declarar a los policías como testigos, luego suspendió su comparecencia por si debían acudir como investigados, asistidos de un abogado, y antes de resolver esa cuestión se apresuró a cerrar el caso sin tomar declaración a los agentes ni al supuesto vecino que hizo la foto.

Ana Belén Pintado, la mujer de Campo de Criptana en Ciudad Real conocida por su denuncia como “bebé robada” tras ser separada de su madre al nacer en 1973 en una clínica de Madrid, ha recurrido su caso ante la Audiencia Provincial de Madrid, para solicitar que siga adelante la investigación en el ámbito judicial.

El pasado 3 de marzo, la defensa de Ana Belén presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. “Es como si no hubiera ganas de investigar”, alegaba entonces la letrada que lleva el caso.

Ahora, tras no decretar el juzgado de instrucción número 10 de Madrid la ampliación del plazo para seguir investigando y practicar nuevas diligencias, Ana Belén alega que se ve “obligada” a recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid para que el caso no se termine cerrando de forma definitiva, según un comunicado que ha difundido y al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha. “Hay diligencias esenciales que se ha desestimado practicar”, abunda la defensa.

“Es la cuarta vez que me veo obligada a acudir a la Audiencia ante las trabas en la investigación de los hechos de los que fui víctima”, asegura Ana Belén. Dice sentirse “impotente” y “desvalida” ante la respuesta de la Justicia. “Veo que se ha prestado a esta investigación el mismo tratamiento que se da en los juzgado al robo de un objeto, perdiendo de vista que se traficó con personas”.

Denuncia “falta de interés” por investigar su caso

En su carta abierta a la opinión pública señala que pese a “estar batallando en los juzgados desde el 2019 me encuentro con una falta de verdadero interés” por parte del ámbito judicial, al que atribuye la capacidad y obligación de ser “proactivo” para “garantizar” a las víctimas “el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Ana Belén Pintado relata que fue separada de su madre en la maternidad de Santa Cristina el día 10 de julio de 1973 el mismo día de su nacimiento, aprovechando la ausencia de su padre y el desamparo de su madre, a la que comunicaron que la niña había muerto, según el mismo relato.

También detalla que fue entregada a otra familia, y se hizo constar que había sido alumbrada de “padres desconocidos”. Habla incluso de presuntas irregularidades en la documentación que se dio a la familia adoptiva en aquella época. “Mi madre jamás me abandonó, pero además mi madre era una mujer casada como constaba en su historia clínica, por lo que jamás podría abandonarme sin el consentimiento de mi padre”, sostiene.

Ella sigue manteniendo que hay “enormes irregularidades” que deben investigarse y se pregunta: “¿A dónde debo acudir para pedir justicia? ¿No es labor de los juzgados hacer justicia?, concluye.

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a tumbar el intento de reapertura por parte de la representación legal de Pedro Sánchez y el PSOE de la causa por la lona que colocó HazteOir frente al Congreso llamando “corrupto” al presidente del Gobierno. Primero fue un juzgado de instrucción el que archivó la causa, decisión que confirmó la instancia superior, la misma que ahora desestima el incidente de nulidad presentado por las acusaciones frente a la propia decisión de la Sección Sexta.

El auto de los magistrados no entra en el fondo del asunto al tratarse de resolver un incidente de nulidad. Los argumentos jurídicos que expone se concretan en que los recurrentes acudieron a la citada fórmula cuando “lo que realmente se ha pretendido es interponer una especie de recurso de súplica para que el tribunal valore si él mismo ha incurrido en algún tipo de error, error que no se observa”, según se recoge el auto de la Sección Sexta al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los jueces de la instancia superior resuelven que el PSOE y Sánchez debían haber acudido a la vía procesal, en lugar de presentar un incidente de nulidad, si consideran que el tribunal incurrió en “falta de motivación” al rechazar las diligencias de investigación propuestas. Los magistrados advierten que los recurrentes, además, han dejado “transcurrir el plazo y el trámite previsto para solventar este tipo de situaciones”.

El PSOE y Sánchez también apelaban a la nulidad porque no se habían practicado las diligencias solicitadas antes de dictar el archivo, tales como tomar declaración a HazteOir, la incorporación de un “reportaje fotográfico” sobre los hechos o valorar la “persistencia de la campaña”. La Sección Sexta responde que el derecho a solicitar cuantas diligencias consideren las partes “no es absoluto” y que no implica que deban ser aceptadas.

La decisión de la Sección Sexta es adoptada con el acuerdo de la Fiscalía que, tal y como destacan los jueces, razonó que si el juzgado había considerado “penalmente irrelevantes los hechos”, la práctica de las diligencias no aportarían nada.

Cuando se decidió el archivo, el juez argumentó que la acción de HazteOir era una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. En la misma línea, la Audiencia Provincial consideró que en la lona “no se aprecia la finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. También destacó que, en su opinión, no existía “incitación a la violencia ni discurso de odio”.

La lona que colgó el 19 de mayo de 2025 la asociación ultracatólica, que ejerce la acusación popular en casos relacionados con el Gobierno y la familia del presidente, hacía referencia a las causas judiciales como la de Koldo García o las que afectan a la esposa y el hermano de Sánchez. Los bomberos retiraron la lona de madrugada por orden de un juez tras la petición de medidas urgentes del PSOE.

El abogado Juan Antonio Frago Armada, que integró la acusación popular contra el ex fiscal general del Estado, es investigado en un juzgado de Madrid por revelación de secretos, el mismo delito que él atribuyó a Álvaro García Ortiz en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo. Frago acompañó su participación en la vista de exabruptos en la red social X contra otras partes y testigos. Ahora, Frago debe responder por publicar en X un mensaje denigratorio con datos sobre la salud de la parte contraria en un procedimiento de la Audiencia Nacional.

Por estos hechos, Frago Armada es investigado en el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, que en un primer momento no apreció delito en la conducta el abogado. El denunciante recurrió y ahora la Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que hay motivos para investigar a Juan Antonio Frago y ha obligado al magistrado instructor a reabrir la causa. Ese mismo mensaje ofensivo, junto a otros, ya le valieron a Frago una sanción de inhabilitación de 30 días por parte del Colegio de Abogados que 10 meses después aún no ha cumplido.

Un auto de la Sección 30, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que Frago habría faltado al “deber de sigilo y reserva al que están sometidos los abogados” respecto de los datos que conocen como parte personada en un caso, más aún cuando esa información afecta a la salud de terceros. “La ética profesional obliga al letrado a preservar la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de su función y a abstenerse de utilizarla como instrumento de exposición pública o descrédito profesional”, escriben los magistrados.

Frago es el abogado de la mujer que denunció al agregado de Interior en la Embajada española en India por acoso y agresión sexual. El comisario fue suspendido cuando se conoció su imputación en una causa que sigue instruyéndose en la actualidad. En aquel momento, el comisario pidió la suspensión de su declaración como investigado aportando un informe sobre “un trastorno depresivo ansioso”.

El letrado Frago publicó en X: “Ver que un comisaurio [sic] pide la suspensión de una declaración de investigado por 'aparente depresión' es para que le entre la risa a uno. El que te tendría que defender con su vida que no se atreve a hablar ante un juez. Hora de pasar al patíbulo”. El tuit incluía la foto de una guillotina y fue borrado por Frago después de la denuncia ante el ICAM.

Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid censuran que el juez no haya tomado declaración siquiera al denunciante antes de archivar las actuaciones. El instructor adoptó tal decisión al considerar que Frago solo aludió en X a “incidencias procesales” que no afectaban al contenido de la investigación judicial y que, por tanto, los hechos no tenían encaje en el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El auto de la Sección 30, del que ha sido ponente Pilar Llop, afirma que el sobreseimiento provisional acordado por el juez instructor “únicamente resulta procedente cuando de manera clara y terminante pueda afirmarse que los hechos denunciados carecen manifiestamente de relevancia penal o cuando resulte imposible obtener base indiciaria alguna sobre su comisión”.

Recuerda la Sala que el artículo 199.2 del Código Penal sanciona al profesional que, “con un incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue secretos de otra persona conocidos precisamente por razón de su actividad profesional”. “No cabe duda –añade– que tiene la condición de secreto el dato íntimo relativo a la salud de una persona y que no es públicamente conocido, pues por secreto ha de entenderse lo concerniente a la esfera de la intimidad, que es solo conocido por su titular o por quien él determine”.

“A efectos penológicos, el deber de sigilo y reserva al que están sometidos los abogados comprende los secretos, datos e informaciones conocidos en el ejercicio de la profesión tanto respecto de su propio cliente como respecto de terceros afectados por la actuación procesal”, añaden los magistrados de la Sección 30.

“Un mal ejercicio de la profesión”

El citado mensaje en Twitter y otros contra el comisario investigado ya le valió a Frago una sanción de inhabilitación de 30 días por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). La sanción responde a “un mal ejercicio de la profesión”, o conducta “antideontológica”, en relación con los comentarios “insultantes” que Frago lanzó desde su cuenta de X, según informó en su momento elDiario.es.

Cuando elDiario.es recabó su versión, antes de publicar la sanción, el letrado aseguró que desconocía siquiera la denuncia en el ICAM. Sin embargo, había recurrido la misma para que se suspendiera la inhabilitación y poder participar en el juicio al fiscal general. Frago representó a APIF, la asociación de fiscales que pedía seis años de cárcel para García Ortiz, la pena más alta solicitada por las acusaciones. Frago sigue sin cumplir la sanción. El ICAM compartía estrados con él, ya que también actuaba de acusación popular en el procedimiento contra el ex fiscal general.

Mientras se celebraba el juicio, Frago recurrió en numerosas ocasiones a su cuenta de X. En ella publicó que los abogados del Estado llevaban “muy mal preparado el asunto” o que un periodista de elDiario.es merecía “el despido fulminante” por el contenido de su declaración. Sobre el testigo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, califico de “domadas” sus intervenciones en la vista y pronosticó que “se haría rico” si se decidiera a ejercer de abogado.

En su intervención final, Juan Antonio Frago llegó a afirmar que en la Fiscalía General del Estado “estaban preparando la jugada de la imputación si no detención del señor Alberto González Amador” cuando El Mundo publicó una información tergiversada sobre el acuerdo de conformidad que estaba negociando con el Ministerio Público. El abogado llegó a comparar el caso del fiscal general del Estado con el de José Bretón, condenado por asesinar a sus dos hijos, y comparó la filtración por la que finalmente fue condenado García Ortiz a una pena de suspensión con una agresión sexual múltiple.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se someterá a un juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación. Dos años y medio después de que el juez Juan Carlos Peinado iniciara una causa penal contra ella, el auto de apertura de juicio oral resume en 67 páginas los resultados de su investigación. Todas las pruebas existentes en el sumario que podrían servir de atenuante para la mujer del presidente no aparecen en el escrito que Peinado firmó seis días antes de su jubilación definitiva a los 72 años.

El auto de apertura de juicio oral olvida hechos y datos relevantes, y comete inexactitudes que juegan siempre en contra de Begoña Gómez. El auto de apertura de juicio oral no es recurrible, por lo que Peinado puede jubilarse el próximo domingo con la tranquilidad de que ya no habrá más correcciones a su trabajo por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

La cacería judicial contra la mujer del presidente comenzó en marzo de 2024 por unos hechos que han quedado fuera de la causa: la adjudicación de dos contratos por Red.es, una entidad pública dependiente del Gobierno central, al empresario Juan Carlos Barrabés. Éste incluyó en su oferta al concurso hasta 32 cartas de apoyo de empresas e instituciones, entre ellas una de la Universidad Complutense firmada por Begoña Gómez, como codirectora de un máster. La Guardia Civil elaboró un informe a petición del juez Peinado sobre aquellos hechos sin apreciar indicios del delito. Al instructor no le importó y siguió adelante, para lo que contó con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid para investigar “todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido fue investido presidente del Gobierno”.

Como los contratos de Barrabés tenían financiación europea, la Fiscalía Europea asumió la investigación de esa parte de la causa. Pero tras dos años de pesquisas tampoco halló delitos imputables de Begoña Gómez.

Peinado obvia en su relato esta circunstancia y otras muchas que impedirían sostener el juicio al que ha logrado llevar a la mujer del presidente del Gobierno. En su camino instructor, el juez ha dejado varias víctimas inocentes, imputadas por corrupción durante meses hasta que la Audiencia Provincial decidió corregir a Peinado. Hasta 20 resoluciones han sido anuladas por la instancia superior en apenas dos años y medio de instrucción. El juez también olvida casi todos los correctivos que ha sufrido en su auto de apertura del juicio oral.

Una trayectoria profesional privada… con 12 años de docencia en la universidad pública

Peinado comienza su auto de apertura de juicio oral recordando la trayectoria profesional de la acusada y atribuyéndole un aprovechamiento de su condición de mujer del presidente. “Contrajo matrimonio civil con don Pedro Sánchez Pérez-Castejón el 27 de julio de 2006. Es público y notorio que Pedro Sánchez desempeñó el cargo de secretario general del PSOE desde el 26 de julio de 2014 hasta el 1 de octubre de 2016, y nuevamente desde el 17 de junio de 2017 hasta la actualidad, asumiendo la Presidencia del Gobierno de España el 2 de junio de 2018. En ese mismo contexto se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez, hasta entonces vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark, empresa de la que solicitó una excedencia en 2018, coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno”.

El juez olvida que Begoña Gómez compatibilizó desde 2012 su trabajo en el Grupo Inmark, donde fue directora de consultoría en externalización comercial, directora de negocio para España y Portugal, y consejera y secretaria del consejo de administración, con la docencia en la Universidad Complutense. Cuando Peinado habla de “un cambio significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez”, en realidad no es tan significativo, ni siquiera es cambio. Antes de que Pedro Sánchez fuera elegido secretario general del PSOE, su mujer ya codirigía el Diploma de formación continua de Técnico de Fundraising durante los cursos en la Complutense 2012/13 y 2013/14.

Después fue directora del Máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro desde su primera edición en el curso 2014/2015 hasta su novena edición en el curso 2023/2024. En 2020, propuso la creación de una cátedra en la Complutense, buscó los patrocinios necesarios y la codirigió, sin cobrar un euro por ello, hasta que el juez Peinado abrió una causa contra ella y la Universidad decidió cancelar todos los cursos en los que intervenía Gómez.

Bolaños no tuvo nada que ver con el nombramiento de la asistente

El juez Peinado sostiene que el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez “se realizó bajo la dirección de Félix Bolaños García, como secretario general de Presidencia”. La investigación dejó claro que ese nombramiento no fue responsabilidad de Bolaños. Pero Peinado intentó imputarle, para lo que envió una exposición razonada al Supremo. Este Tribunal rechazó la propuesta del juez instructor por la “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud”. El juez cita en su auto el nombre de los dos sucesores de Bolaños al frente de la secretaría general de Presidencia, a los que también llegó a imputar durante un breve espacio de tiempo. 

Patrocinios privados de la cátedra a cambio de supuestos favores... sin prueba que lo sostenga

La Audiencia Provincial de Madrid anuló numerosas resoluciones del juez Peinado recurridas por las partes. Pero también fue construyendo la base argumental en la que se apoyó el instructor para seguir adelante con la causa. Peinado copió esos planteamientos en su auto de apertura de juicio oral: “La implicación de Begoña Gómez podía deducirse del aprovechamiento de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional (…) Esto explica el rápido desarrollo de la citada Cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”.

El juez sugiere, apoyándose en los argumentos de la Audiencia Provincial, que Begoña Gómez consiguió fondos de empresas como Indra, Movistar o Google para su cátedra en la Complutense a cambio de favores del Gobierno de su marido a estas compañías, dos de ellas participadas por el Estado. No hay en toda la investigación ni una sola prueba de esos supuestos favores.

Participación clave de Juan Carlos Barrábes en la cátedra: dos clases, 300 euros

El juez Peinado sostiene que el empresario Juan Carlos Barrabés “participó en la creación, financiación, desarrollo y consolidación de la cátedra” que codirigía Begoña Gómez. En realidad, Barrabés sólo dio dos clases en tres años a razón de 150 euros por cada una.

Dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez para un concurso... junto a otras 32 cartas de otras instituciones

“En julio de 2020, Begoña Gómez firmó, en su condición de codirectora del máster, dos cartas de apoyo a ofertas de Juan Carlos Barrabés con la UTE integrada por Innova Next, S.L.U. y The Valley Digital Business School en procedimientos de contratación de la entidad pública Red.es”, escribe Peinado. El auto judicial olvida contar que además del escrito de apoyo de Begoña Gómez había otras 32 cartas iguales, firmadas por responsables de empresas tecnológicas e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, quién había adjudicado previamente contratos millonarios a las firmas de Barrabés.

El juez Peinado aclara que aunque esos hechos quedaron fuera de la causa, incluye una referencia a los mismos “como contexto temporal de la actividad desplegada por la acusada y de su posición de influencia”. La UCO de la Guardia Civil le contó al juez que no había encontrado ni un solo indicio de posición de influencia de Begoña Gómez al analizar la adjudicación de dos contratos a Barrabés por parte de Red.es.

Malversación de un software de uso gratuito cuyo “propietario” era un funcionario de la Complutense

Peinado sostiene que Begoña Gómez creó una sociedad con el mismo nombre que la cátedra que codirigía en la Complutense —aunque evita decir que la sociedad no tuvo ingresos— y que puso a su nombre el dominio de internet en el que alojó el software de uso gratuito para pequeñas y medianas empresas. El juez oculta que la mujer del presidente puso a su nombre el dominio de Internet porque así se lo indicó expresamente la Universidad, según correos electrónicos aportados a la causa.

Peinado acusa a Begoña Gómez de no terminar los trámites para registrar la plataforma tecnológica a nombre de la Universidad Complutense, “sin ofrecer explicación a tal omisión”. Pese a que no se inscribió el software a nombre de nadie, el juez Peinado intentó desde siempre atribuir a Begoña Gómez el delito de apropiación indebida, por el que finalmente no será juzgada

El “control privado” del software… asignado a una cuenta de la universidad pública.

Peinado insiste en que “Begoña Gómez, con la colaboración de Cristina Álvarez, fue asegurando el control privado sobre los elementos identificativos y de explotación del proyecto”. El abogado de Cristina Álvarez le desmiente con más documentos: “El rol de propietario ('owner') del software fue asignado a la cuenta institucional 'dmartinez@ucm.es', correspondiente a David Martínez Borque, empleado del Servicio de Sistemas de la Universidad Complutense de Madrid”.

El rol de propietario era el permiso de mayor amplitud dentro del proyecto y permitía administrar sus recursos, gestionar los roles y permisos y configurar su facturación. Por tanto, el control técnico-administrativo del software quedó atribuido a una cuenta corporativa de la Universidad Complutense junto a personal especializado de Devoteam. Ni Cristina Álvarez ni Begoña Gómez figuraron nunca entre los propietarios (owners) del software alojado en Google Cloud Platform.

La causa por la que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo de los acusados avanza sin solución de continuidad. Con un juez, Juan Carlos Peinado, que ya es historia, la causa afronta ahora unos meses clave que acabarán con el señalamiento de un juicio en el que nueve ciudadanos residentes en la Comunidad de Madrid decidirán su futuro judicial. Para ese momento en el que arranque la vista oral quedan, según fuentes jurídicas consultadas, aproximadamente diez meses.

Este primer cálculo no es inocuo. Rondaría el mes de julio de 2027 y ese mes coincide con la fecha límite para la celebración de unas elecciones generales en las que el marido de la principal acusada se juega seguir otros cuatro años en el Palacio de la Moncloa. Este escenario temporal debe conjugarse además con la regla no escrita de que los procedimientos judiciales no deben interferir en los procesos electorales.

Pero antes de llegar a ese trance hay un camino procesal que recorrer: un juez al que elegir para dirigir el procedimiento del Tribunal del Jurado, una fase intermedia que transitar y un grupo de 36 madrileños preseleccionados que 'depurar' hasta lograr que nueve de ellos se encarguen de emitir un veredicto de culpable o no culpable sobre la figura de Gómez y sobre su asistente, Cristina Álvarez. A la primera se le envía a juicio por los delitos de tráfico de influencias y malversación, a la trabajadora de Moncloa por malversación.

Todo arrancará cuando, en una semana, la Audiencia Provincial de Madrid envíe el asunto a la Oficina de Registro y Reparto para que se asigne a qué sección concreta de lo Penal le cae la causa. Esto, según explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es un procedimiento automático de asignación en el que no interviene mano humana. Hay 15 secciones penales en la Audiencia, pero quedan excluidas la número 26 y la número 27 —porque están especializadas en violencia contra la mujer—, y la 23 porque ya ha conocido del asunto durante la instrucción.

La 'patata caliente' puede caer en una de las 12 secciones restantes. Es decir, hoy por hoy hay 60 magistrados (cada sección tiene cinco) muy pendientes de la 'máquina' para ver si les cae o no. ¿Y cómo se decide quien de los cinco magistrados será el responsable de ser el magistrado-presidente del juicio? Pues las fuentes explican que el sistema que opera a partir de ahí es el de correturnos: el primer asunto le cae al juez que más tiempo lleve en la sección, y de ahí va bajando hasta el que menos tiempo lleve. Es decir, en este momento hay una docena de magistrados que saben que tienen más papeletas que el resto.

Ese magistrado-presidente será una figura crucial en todo el procedimiento. Según indica la ley del jurado, no solo dictará una sentencia en la que recogerá el veredicto del jurado e impondrá, en su caso, la pena y medida de seguridad que corresponda, sino que también resolverá sobre las recusaciones de jurados propuestas por las partes y sobre las excusas de los jurados para no participar en la vista.

Además, es el encargado de dirigir el desarrollo del juicio auxiliando a los jurados en la comprensión de las alegaciones de las partes. También será el encargado de redactar para los jurados el escrito sobre el que deberán deliberar para emitir un veredicto.

Los 36 candidatos a jurado: que no estén “fanatizados”

De hecho en la fase intermedia, que se abrirá tras decidir quién será el magistrado, también se encargará de elegir qué pruebas irán finalmente al juicio y qué testigos serán llamados. Y ahí hay tela aún por cortar: está por ver si declarará el presidente del Gobierno, un caramelo que la dirección de las acusaciones populares (HazteOir) no dejará escapar. En esa fase previa al señalamiento del juicio se podría incluso elevar al TSJM una eventual recusación del propio magistrado-presidente, algo que por el momento las partes consultadas descartan dado que quien tiene la responsabilidad sobre una eventual condena es el jurado y no el 'árbitro'.

Una vez señalada la fecha del juicio, se celebrará la vista para ventilar las cuestiones previas, y ahí las defensas tienen puestas muchas esperanzas porque, incluso, podrían acabar con la anulación de la vista oral. Con todo, y en caso de que el juicio se celebre finalmente, el primer día, cada una de las partes personadas podrá recusar a cuatro de los 36 ciudadanos preseleccionados. Al final deben quedar nueve jurados titulares y dos suplentes.

Estos candidatos vienen de una bolsa de candidatos que se renueva cada dos años y que contiene unos 3.000 nombres sacados directamente del censo electoral. Puede ocurrir que cuando el secretario judicial notifique a cada uno de los 36 candidatos que ha sido seleccionado, estos rellenen el cuestionario dando razones de peso para ser descartados. En caso de que la cifra final de candidatos baje de 20, el magistrado puede tirar de nuevo de la bolsa para asegurarse un mínimo.

El criterio a seguir por cada una de las partes para recusar a miembros del jurado es un misterio, aunque algunas de las partes personadas señalan en conversación con elDiario.es que, con que los candidatos no sea gente “muy fanatizada”, se conforma. En el proceso de selección del jurado, los nueve seleccionados deberán responder a las preguntas que les formulen las partes y estas podrán solicitar la exclusión sin explicar el motivo.

“Un deber inexcusable”

Mientras, y a lo largo de la vista, cada uno de ellos percibirá una retribución diaria de 67 euros, a lo que han de sumar los gastos que les conlleve moverse hasta el juicio si no viven en la ciudad donde se celebra la vista (Madrid): el billete de transporte público, 0,19 euros por kilómetro si se llega en automóvil, o 0,07 euros si se llega en motocicleta. El desempeño de esta función “es un deber inexcusable” y, por tanto, los jurados tienen derecho a ausentarse de su trabajo.

Una vez se ventile el juicio oral, los nueve jurados deliberarán y emitirán un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Para esa deliberación estarán incomunicados y, si la discusión se alarga, la ley contempla que se les debe dar las condiciones necesarias para pernoctar y que se mantenga esa incomunicación. Durante ese periodo tendrán prohibido acceder a medios de comunicación o teléfonos móviles, tampoco podrán charlar con nadie ajeno al resto de miembros del jurado. Sobre cómo se organiza el trabajo en esa deliberación, la norma indica que entre los nueve se elegirá un portavoz que será quien dirija el debate, quien redacte el veredicto y quien lo lea en audiencia pública.

Cuando se afronte la votación, los nueve deberán pronunciarse ante el resto sobre cada uno de los hechos en voz alta y por orden alfabético: ninguno puede abstenerse. La ley contempla que son necesarios al menos siete votos para declarar probados los hechos que sean desfavorables para los acusados, y cinco votos cuando sean favorables para los acusados. Tras esto, y sobre la votación para la declaración de culpabilidad, serán necesarios también siete votos, mientras que para el 'no culpable' será suficiente con cinco votos.

Pedro Trapote, fundador de las discotecas Pachá y Joy Eslava y dueño de la chocolatería San Ginés, volverá al banquillo acusado de fraude fiscal. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la sentencia que absolvió al empresario de defraudar más de 500.000 euros en el Impuesto de Sociedades de una de sus empresas y ha ordenado repetir el juicio contra él y la sociedad con la que gestiona la chocolatería. Un proceso judicial y tributario que arrancó hace más de una década en el que Trapote acumula, además de este juicio pendiente de repetición, una condena por fraude fiscal y una absolución en un pleito millonario que ya está en manos del Tribunal Supremo.

Trapote (Valladolid, 1939), cuñado de Felipe González y amigo de Juan Carlos I, se coronó como rey de la noche madrileña en los años ochenta, cuando abrió la discoteca Joy Eslava en la calle Arenal dos días después del golpe de Estado fallido de Antonio Tejero. También cuando, a mediados de la década de los noventa, se hizo con el Teatro Barceló que alojó durante años la discoteca Pachá. Es el responsable, desde hace décadas, de la centenaria chocolatería San Ginés. Y su trayectoria empresarial se tambaleó cuando, a mediados de 2016, un juzgado de Madrid autorizó que los inspectores de Hacienda registraran ambas discotecas en busca de pruebas de fraude fiscal.

Esos registros derivaron en varias denuncias de la Fiscalía y diversas investigaciones penales contra Trapote, sus empresas y varios de sus socios bajo acusaciones de defraudar varios millones de euros entre el IVA y el Impuesto de Sociedades de 2013 a 2017. El empresario, enfrentado al fiscal Julián Salto, aceptó una primera condena de prisión en 2022 en su primer juicio por el IVA de tres años —donde se le aplicó la atenuante de reparación del año por devolver el dinero— pero su abogado, el exmagistrado Eduardo de Urbano, decidió cargar contra el origen de todas la causas judiciales: los registros de la Agencia Tributaria en 2016.

Después de esa primera condena firme aceptada en conformidad y ya por tanto irrevocable, Trapote se enfrentó en 2024 a su segundo y mayor juicio por defraudar a Hacienda, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le acusaban de haber dejado de pagar 2,3 millones de euros en el Impuesto de Sociedades de su empresa Europea de Explotaciones entre 2015 y 2017. La Audiencia Provincial de Madrid, en ese juicio, anunció que la mayor parte de la documentación intervenida en ese registro había sido obtenida de manera ilegal y no podía servir para condenarlo. La Agencia Tributaria, dijeron entonces los jueces, “no había solicitado ni obtenido autorización judicial” para conseguir todos esos datos, solo una pequeña parte.

Esa absolución, todavía pendiente de ratificación por el Tribunal Supremo, tuvo eco en el tercer juicio al que se enfrentó Trapote por fraude fiscal. Los inspectores de Hacienda no solo encontraron documentación sobre la dudosa contabilidad de su empresa Europea de Explotaciones, sino también sobre otra de sus sociedades, Pasadizo SA, con la que gestiona la chocolatería del pasadizo de San Ginés de Madrid. Y Trapote volvió al banquillo de un juzgado de lo penal de Madrid a finales del año pasado acusado de defraudar algo más de medio millón de euros en el Impuesto de Sociedades de esa empresa. El resultado en esta derivada fue el mismo: absuelto por las irregularidades en los registros de la Agencia Tributaria de 2016.

Ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha anulado esta absolución y ha ordenado que otro juzgado de lo penal de la capital repita el juicio contra él, aunque sin entrar a valorar las pruebas que obtuvo Hacienda en sus discotecas hace una década. Los jueces explican que, tal y como argumentaba la Abogacía del Estado en su recurso apoyado por la Fiscalía, el juzgado no llamó a declarar a uno de los inspectores que firmó los informes clave del caso y eso produjo indefensión a la representación de Hacienda en el pleito. La defensa de Trapote pudo presentar un documento de más de 300 páginas argumentando la nulidad de las pruebas pero Hacienda, explican los jueces, solo tuvo a uno de los peritos del informe y no a los dos.

El resultado es que los juzgados de lo penal de Madrid tendrán que celebrar un nuevo juicio por dos delitos fiscales contra el dueño de la chocolatería San Ginés, pero con la presencia de este inspector jubilado de Hacienda. La nueva sentencia, aunque tenga en cuenta el testimonio de este segundo perito que no fue citado para el juicio, seguirá condicionada por la alegación de que los datos de la empresa Pasadizo se obtuvieron de forma irregular durante los registros en las discotecas de Trapote en 2016 mientras el pleito más voluminoso está ya en manos del Tribunal Supremo.

Hacienda lleva a Trapote al Supremo

Con su condena de 2022 ya declarada firme y su última absolución pendiente de repetición, la causa penal más abultada de este empresario está en manos del Tribunal Supremo y su sala segunda. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia que en 2024 marcó el fracaso de las causas contra Trapote al declarar las irregularidades de los registros de la Agencia Tributaria de 2016. Un juicio en el que Hacienda llegó a pedir que el empresario fuera condenado a seis años y medio de prisión y pagara multas que, junto con su empresa Europea de Explotaciones, sumaban varias decenas de millones de euros.

La decisión del Supremo pondrá a prueba las alegaciones de la defensa de Trapote de que las pruebas de fraude fiscal contra él se ven afectadas sin remedio por la doctrina del árbol envenenado: los inspectores entraron en la Joy Eslava y el Teatro Barceló y clonaron toda la información disponible en los TPV de las barras de las dos discotecas, donde había información sobre los delitos fiscales que investigaba el juzgado pero también sobre muchos otros e, incluso, sobre otras de sus empresas.

“La prueba que sirve de base a la acusación se obtuvo de forma conscientemente ilícita”, reprochó el tribunal en 2024. La Agencia Tributaria recogió un “exceso” de información para la que no tenía autorización judicial, y además ocultó esa información a los tribunales: “Lo guarda para su utilización posterior”. Esa sentencia recoge cómo Trapote, que durante la fase de instrucción llegó a reconocer parcialmente los hechos, vendió en 2022 el Teatro Barceló para hacer frente a estas deudas.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado de nuevo su escrito de conclusiones después de que el pasado julio la Audiencia Provincial de Madrid avalara el grueso de la investigación del juez Juan Carlos Peinado. El nuevo abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Jaime Campaner, defiende que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, trata de desmontar la tesis de las acusaciones de extrema derecha que sustentan la causa y que defienden que Begoña Gómez se valió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar su carrera y que, además, lo hizo con la ayuda de su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez.

Su abogado defiende que desde la llegada de la democracia es una “costumbre” que las cónyuges del presidente cuenten con personal de apoyo para tareas de “carácter institucional”, pero también de “naturaleza privada o profesional”. Para apuntalar este argumento, de cara al juicio aporta como prueba documental pasajes del libro de memorias de Ana Botella, donde la esposa de José María Aznar detalla que su asistente personal la acompañaba en actos oficiales y en tareas estrictamente privadas, como asistir a desfiles de moda, al Camino de Santiago o con los preparativos de la boda de su hija.

También pedirá que se exhiban durante el juicio las fotografías en las que Jaime de los Santos, actual miembro de la Ejecutiva del Partido Popular, aparece portando las bolsas de la tienda Escada de Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy. De los Santos cobró del erario público por desempeñar el puesto de asistente de la mujer del entonces presidente.

Según el escrito, el propio certificado de funciones de la asistente alude a que sus tareas de “gestión de la agenda”, “preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos” o “acompañamiento en desplazamientos” incluyen cuestiones tanto públicas como privadas. La defensa de Begoña Gómez insiste, además, en que Cristina Álvarez no ha desatendido sus funciones como asistente por auxiliarla en cuestiones relacionadas con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, dado que realizaba horas extra por las que no cobraba más remuneración.

La cátedra de la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Peinado gira en torno a la actividad profesional de Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a esa cátedra gracias a su “posición relacional”.

El escrito recuerda que Begoña Gómez ya venía colaborando con la Complutense desde 2012, “mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno”. Además, detalla que solicitó la excedencia en su empresa de consultoría (Inmark) en junio de 2018 precisamente para evitar cualquier conflicto de interés. E insiste en que “no influyó ni ejerció presión moral” para conseguir esa cátedra.

El juez otorgó total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos, como el encuentro en el que según la defensa del presidente “surgió la idea” de crear esa cátedra. Peinado dijo que eran conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y que habría que “remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos.

En su escrito, el abogado alega que Begoña Gómez se puso en contacto con el rector “para charlar por teléfono, mantener una reunión online o en un lugar interdisciplinar como la Escuela de Gobierno de la Complutense”, pero que finalmente la reunión se celebró en la Moncloa —su domicilio oficial— porque esas dependencias estaban cerradas por la pandemia.

Asimismo, la defensa recuerda que, según el propio reglamento de la Complutense, las cátedras extraordinarias tienen como fin primordial la recaudación de fondos y no exigen una titulación universitaria superior para su dirección, que es el cargo que Begoña Gómez desempeñó de “forma gratuita” durante cuatro años. Además, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro.

Sobre la supuesta apropiación indebida de un software para pequeñas empresas ligado a la cátedra, el letrado afirma que la propiedad de esa herramienta digital siempre fue de la Complutense. Y que el registro “funcional y provisional” de la marca y de la web transformatsc.org a nombre de su clienta se debió a indicaciones de la propia Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, que no tenía un cauce propio para registrar dominios. Además, defiende que se hizo para evitar que terceros se lo apropiaran.

Por último, el escrito recalca que las facturas emitidas por la sociedad mercantil de Gómez por unos talleres de sostenibilidad fueron fiscalmente “neutras”, ya que los ingresos recibidos se destinaron íntegramente a pagar a los técnicos colaboradores, sin reportarle ningún beneficio.

El escrito califica de “temeraria” la actuación tanto de la acusación popular que lideran los ultracatólicos de HazteOir, como de la Complutense, que está personada para reclamar la responsabilidad civil por los supuestos daños o “perjuicios patrimoniales” derivados de las actuaciones investigadas.

A este respecto, la defensa de Begoña Gómez insiste en que la Complutense no sufrió ningún perjuicio patrimonial, ya que el software se financió íntegramente con patrocinadores privados, e incluso se quedó con un remanente de 29.685 euros tras el cese de la cátedra. En consecuencia, solicita que se condene en costas tanto a la acusación popular como a la Complutense.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir una causa contra el escritor Suso de Toro, que fue denunciado por la organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por un supuesto delito de odio de carácter antisemita en base a tuits publicados entre febrero y marzo de 2024 donde, entre otros, hablaba de Israel como “un estado genocida”.

Un auto de la Sección nº 07 de la Audiencia, con fecha de julio de 2026 y al que ha tenido acceso Europa Press, considera que el sobreseimiento provisional y archivo de la causa acordado en mayo de 2025 fue “prematuro” y que, “al menos”, debería tomarse declaración al denunciado “a fin de que exponga la intención de sus manifestaciones”.

También con el objetivo de recibir “la supuesta rectificación que parece que pudo hacer de alguna parte o de todas sus publicaciones” y que, según los magistrados, no consta en la causa “salvo a través de una noticia sobre ello”. De este modo, han estimado el recurso presentado por ACOM al juzgar que se están valorando los elementos del delito “sin datos suficientes”.

Los tuits que son objeto de la denuncia son un total de tres, publicados el 25 de febrero, el 3 de marzo y el 19 de marzo de 2024. El segundo de ellos, y en el que más se hace hincapié por la “polémica” generada, decía: “Al final los sionistas con su crueldad sin frenos convencen de que, después de todo los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auschwitz y resulta que Gaza es peor. Que empiecen Spielberg y Polansky a hacer la película. La harán? Ah, no, que no conviene a Israel”.

Este mensaje, sin embargo, fue eliminado por su autor, que indicó en otro tuit que estaba “mal redactado” y recalcó que su intención era “denunciar el genocidio palestino, no justificar el de los judíos europeos evidentemente”.

Otra de las publicaciones cuestionadas dice que “Israel es un Estado genocida... y una población adoctrinada en el racismo y el odio más” y la última insiste en esto mismo, en referencia a Eurovisión: “Rusia no tendrá un sistema político muy democrático, a diferencia de ese estado donde pueden escoger entre Biden o Trump. Pero Israel, esa 'democracia' que nos dice, es un estado genocida. 'Boicot a Eurovisión'”.

Suso de Toro asegura no tener “comunicación oficial”

El propio escritor se ha hecho eco de la reapertura de las diligencias judiciales en una publicación en redes sociales esta semana, aunque ha asegurado en ella no haber recibido todavía “comunicación oficial” sobre la misma. Según ha compartido, su información se limita a la recogida por ACOM, que acumula varias causas abiertas de carácter similar, incluida una al Ministerio de Consumo.

En su comunicado, la entidad, que se autodefine como la “organización pro-Israel referencia en España”, ha valorado “muy positivamente” el auto. En este sentido, considera que la resolución supone un “importante respaldo judicial” a la tesis que ha mantenido “desde el primer momento”, que consiste en que las expresiones denunciadas “configuran un discurso de odio antisemita que deshumaniza y criminaliza colectivamente al pueblo judío”.

Este contenido es al que De Toro ha respondido en sus redes sociales: “¿Qué me supone esto? ¿Qué consecuencias me trae? No lo sé. De entrada, introduce una nueva preocupación en mi vida. Si soy convocado a declarar a la Audiencia de Madrid, lo sabré entonces. No es la primera vez que el Estado de Israel me intimida con alguno de sus instrumentos”.

“¿Debo arrepentirme de tener escrito comparaciones entre el nazismo alemán y lo que hace el Estado sionista en Palestina? No me puedo ni me debo arrepentir”, ha proseguido el autor, que ha remarcado que la población israelí no puede argumentar que “desconoce” lo que hace su gobierno. “Matar niños y niñas y población civil indefensa en su propia tierra y encerrada en campos de extermino”, ha incidido.

Respaldo del BNG y los escritores gallegos

Tras compartir lo ocurrido en redes sociales, el escritor ha recibido diversas muestras de apoyo público. Entre ellas, el BNG ha expresado su “más firme solidaridad” con él y ve “profundamente preocupante” que “la denuncia de crímenes contra la población civil y la defensa de los derechos humanos puedan ser presentadas como una incitación de odio antisemita”.

También la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) ha hecho público su apoyo al compostelano: “Esos ataques proceden de un lobby proisraelí que alardaea de haber denunciado a nuestro autor en la Audiencia Nacional por tener criticado el Estado de Israel por sus acciones contra Gaza y el pueblo palestino”.

Además, esta entidad ha avanzado que estudiará las medidas legales de respuesta frente a estas “agresiones”, dado que considera la libertad de expresión y de creación como “inalienable e imprescindible”, en palabras de su presidente, Cesáreo Sánchez.

El PSOE ha presentado este miércoles un escrito solicitando la reapertura de la causa por la lona que la organización ultra HazteOir desplegó en una fachada frente al Congreso de los Diputados en la que se podía ver la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de un texto que le llamaba “corrupto”. La Audiencia Provincial de Madrid decidió el pasado 29 de junio confirmar el archivo de la causa al considerar que la lona no tenía la “finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. Ahora la representación del PSOE y del propio Sánchez pide la nulidad de ese archivo por “vulneración de derechos fundamentales de los reconocidos en el artículo 53.2 de la Constitución Española”.

En el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la procuradora de los socialistas que denunciaron a HazteOir por injurias, insiste en que “la instalación de la lona, la continuidad de la campaña mediante actos como la colocación de pancartas en varios puentes y pasarelas de Madrid, la proyección de un haz de luz sobre la fachada del Congreso con la expresión 'Sánchez Corrupto', la difusión reiterada en redes sociales y la comercialización de objetos con la misma imagen serían constitutivos de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del CP y/o un delito de coacciones o acoso, puesto que con los mismos se ha pretendido humillar y deshonrar a la víctima, mostrando su más absoluto desprecio, lesionándose de esta forma su dignidad humana y en consecuencia su integridad”, tal y como defendió también la Fiscalía.

El PSOE considera que “frente a esta alegación, concreta, motivada y sustentada en hechos detallados y fechados”, en su auto de archivo la Audiencia Provincial se limitó a afirmar que desconocía a qué hechos se referían tanto la Fiscalía como la representación socialista. “Al declarar el propio órgano juzgador que 'desconoce a qué hechos se refiere' el motivo de recurso relativo a estos concretos tipos penales, se evidencia que la Sala no ha examinado ni resuelto sobre una pretensión sustancial, autónoma y expresamente planteada, incurriendo en incongruencia omisiva”, apunta la procuradora del partido.

También recuerda la representación del PSOE que “conforme a reiterada doctrina constitucional, la incongruencia omisiva vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que se trate de pretensiones sustantivas y no de meros argumentos instrumentales, como es el caso”.

La Audiencia no apreció “la finalidad de insultar”

Los socialistas también alegan “la vulneración del derecho a la tutela judicial recogida en el artículo 24.1 de la Constitución” porque a pesar de que la Fiscalía había pedido actuaciones concretas, esa solicitud “no se llegó a resolver antes de acordarse el archivo definitivo de las actuaciones”. El PSOE considera que “era imprescindible practicar dichas diligencias” como la recogida de muestras fotográficas “para determinar si los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito”.

Cuando se decidió el archivo, el juez argumentó que la acción de HazteOir era una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. En la misma línea, la Audiencia Provincial consideró que en la lona “no se aprecia la finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. También destacó que, en su opinión, no existía “incitación a la violencia ni discurso de odio”.

La lona que colgó el 19 de mayo de 2025 la asociación ultracatólica, que ejerce la acusación popular en casos relacionados con el Gobierno y la familia del presidente, hacía referencia a las causas judiciales como la de Koldo García o las que afectan a la esposa y el hermano de Sánchez. Los bomberos retiraron la lona de madrugada por orden de un juez tras la petición de medidas urgentes del PSOE.

El juez Juan Carlos Peinado perderá protagonismo en las próximas horas o días en el caso contra Begoña Gómez. Cinco jueces de la Audiencia Provincial de Madrid ya han adoptado la decisión clave sobre la mujer del presidente del Gobierno: avalan la parte sustancial de la atrabiliaria instrucción del magistrado y Gómez acabará sentada ante un tribunal del jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación. En esa decisión ha tenido un papel clave María del Rosario Esteban Meilán, presidenta de la Sección 23 de la Audiencia Provincial, quien acordó que fueran los cinco magistrados que la componen quienes participen en la decisión sobre lo que ella y dos más han venido haciendo hasta ahora.

Esteban Meilán es una de las aspirantes a alcanzar la cumbre profesional de cualquier magistrado especializado en Derecho Penal: acceder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a través de una de las plazas que se deben renovar en los próximos meses por jubilación. Fuentes del Poder Judicial sitúan en septiembre el comienzo de las entrevistas, después de los primeros encontronazos entre los sectores conservador y progresista sobre los candidatos y los tiempos para los nombramientos. La Sala Segunda es la máxima instancia penal y recientemente ha condenado al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a dos años de inhabilitación al ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

María del Rosario Esteban Melián ha participado en las decisiones que han permitido a Peinado hacer crecer una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa hasta construir una procelosa y enrevesada instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez. La Sección 23, como segunda instancia que revisa las decisiones de Peinado, ha corregido algunos de sus despropósitos, como su insistencia por implicar a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa –en contra incluso de los informes de la UCO–, atribuirla el delito de intrusismo profesional o imputar a varias personas que no tenían relación con los hechos. Sin embargo, la sección de Esteban Melián ha avalado, cuando no impulsado, las tesis de Peinado que pueden servir para sentar a la mujer del presidente del Gobierno en el banquillo, esto es, las acusaciones por tráfico de influencias y malversación, que la ley obliga, además, a juzgar ante un tribunal popular.

El máximo exponente de este fundamental apoyo de la sección al magistrado, opacado por las extravagancias de Peinado, se produjo en diciembre pasado, cuando la sección de Esteban Meilán se llevó la contraria a sí misma y avaló que se investigara por malversación y llamar a declarar María Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, cuando antes había resuelto lo contrario.

El 12 de junio de 2025, Esteban Meilán y sus compañeros habían resuelto que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer delito de malversación, que solo cometería quien lo destina o aprovecha”. En el auto de diciembre, Melián y sus compañeros incluían otro razonamiento que ya podría justificar la imputación por malversación de la asistente, una “modalidad comisiva” del delito consistente en no haber evitado “el resultado lesivo contra el patrimonio público” que supuso enviar correos electrónicos de parte de Begoña Gómez.

Fue ese auto de diciembre el que comenzó a dibujar un panorama sombrío para Begoña Gómez. La Sección 23 llegaba a decir que Cristina Álvarez era la primera asistente de una mujer de presidente del Gobierno que no era experta en protocolo, una afirmación manifiestamente contraria a la realidad si se repasa la trayectoria de la mayoría de sus predecedores, entre ellos el miembro de la actual Ejecutiva del PP Jaime de los Santos, fotografiado llevando las bolsas de la compra a Elvira Fernández, esposa del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La trascendencia de la decisión que se conoció el jueves 16 de julio está detrás del acuerdo de Esteban Melián para que los dos magistrados que no habían venido participando en las respuestas a los recursos contra las decisiones de Peinado se incorporen esta vez. Un aval por unanimidad a que se juzgue a la mujer del presidente del Gobierno pese a la ausencia completa de indicios, que denuncian las defensas y la Fiscalía, reforzaría el sentido de la resolución de la sección que preside la aspirante a magistrada del Supremo, explican fuentes jurídicas.

Aunque ella es la presidenta de la sección, los autos que han ido guiando la instrucción de Peinado han sido redactados por Enrique Bergés de Ramón. El ponente de las resoluciones y otros dos compañeros que también van a participar en la decisión clave sobre Begoña Gómez combatieron judicialmente la medida del Gobierno progresista que más ha encendido los ánimos de toda la derecha judicial, la Ley de Amnistía. Bergés de Ramón, José Sierra Fernández y Jesús Gómez Angulo aprovecharon que tenían que decidir sobre un manifestante acusado de desórdenes y atentado a la autoridad, que había participado en una manifestación en Madrid contra las condenas del procés, para presentar un recurso ante el Constitucional por la Ley de Amnistía.

Los tres jueces argumentaban que los hechos sobre los que tenían que decidir estaban dentro del “ámbito objetivo, temporal e intencional de la aplicación de la Ley de Amnistía” y que, por tanto, el nuevo texto legal debía beneficiar al condenado. En consecuencia, suspendieron el procedimiento y plantearon el recurso ante el intérprete de la Norma Fundamental. En su recurso citaban un informe de la entonces mayoría conservadora del Poder Judicial, con el mandato caducado y sin competencias para emitirlo. Es el único recurso contra la Ley de Amnistía que un tribunal presentó fuera de Catalunya.

Las vacantes

En concreto, Esteban Meilán aspira a ocupar una de las tres plazas que quedarán vacantes en la Sala de lo Penal por jubilación: las de Andrés Palomo, la de Ángel Hurtado -el instructor del caso del ex fiscal general- y la de Juan Ramón Berdugo. A esas se suma la de Miguel Colmenero, que debe ser renovada por el turno de juristas. Y en diciembre se abrirá el plazo para las tres nuevas plazas creadas por Justicia para esa Sala concreta, de las que una será asignada a Susana Polo. Quien decide esos nombramientos es el Consejo General del Poder Judicial y, dado que se trata de magistrados del Alto Tribunal, se requiere la mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo. La presidenta tiene voto de calidad en caso de empate.

Todo apunta a que a partir de septiembre los bloques conservador y progresista iniciarán conversaciones, de nuevo, para una renovación en bloque de esas cuatro plazas más la de la Sección Tercera del Supremo. Ya en mayo hubo un contacto formal que acabó descarrilando. Con todo, se emplazaron a seguir negociando aunque fuentes jurídicas consultadas temen que ese acuerdo no sea rápido y más entrando ya en un periodo preelectoral.

Esteban Meilán, que aprobó las oposiciones a juez en febrero de 1986, ya optó sin éxito en mayo de 2018 a ser magistrada de la Sala de lo Penal de Supremo a pesar de que coincidía que ese mismo mes concursaba para presidir la Sección 23. Entonces, argumentó que había sido profesora de Derecho Penitenciario en el Instituto de Estudios Profesionales del CEU, que había escrito una decena de publicaciones jurídicas o, incluso, que desempeñaba todo su trabajo “a través de ordenadores” o que entregaba sus resoluciones “en pendrive”.

Entre la casi treintena de aspirantes constan también nombres como el del magistrado Enrique López, quien fuera consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y ex magistrado del Constitucional que ahora está en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; el del magistrado José Ricardo Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que fue el responsable de los párrafos clave de la sentencia del caso Gürtel en 2018 que provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy; o el del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en 2024 fue objeto de críticas por su comentario sobre la exministra de Igualdad Irene Montero de la que dijo a raíz del término 'consentimiento' que “nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la imputación de la exconsejera de la Junta de Extremadura y actual presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Olga García, que había sido acordada por el juez Juan Carlos Peinado. La causa investigaba la emisión de informes favorables para la construcción de la planta solar Tagus V en un espacio natural protegido de Alcántara (Cáceres).

La Sección Primera del tribunal madrileño ha tomado esta decisión al estimar el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado, una impugnación a la que también se adhirió la Fiscalía. La resolución judicial concluye que el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid prorrogó la investigación de la planta solar fuera de plazo, lo que invalida radicalmente las actuaciones y citaciones posteriores, incluida la de la exconsejera Olga García, que estaba fijada para el próximo 7 de octubre.

La confirmación de este archivo técnico ha sido difundida por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), organización que presentó la denuncia original en mayo de 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia de Alcántara. A juicio de este colectivo, este fallo administrativo por un “error de fechas” procesales “no puede encubrir la emisión de informes para justificar una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) favorable en un espacio protegido”.

Informes bajo sospecha en zona protegida

La asociación ecologista sostiene que la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, durante el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, remitió informes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que posibilitaron la aprobación del proyecto fotovoltaico en terrenos declarados de alto interés ambiental: una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), el Parque Internacional del Tajo y la Reserva de la Biosfera.

El colectivo insiste en que la construcción de este tipo de infraestructuras industriales en terrenos de la Red Natura 2000 es incompatible con la normativa autonómica, nacional y de la Unión Europea.

Según denunció recientemente el presidente de Fondenex, Francisco Blanco, los informes del departamento autonómico “no concuerdan con la realidad ambiental de la zona, minusvalorando, cuando no ignorando, los valores ecológicos del área, alterando su realidad y todo dirigido a obtener una DIA positiva”. Añaden que el proyecto conllevaba la destrucción del hábitat de diversas especies de aves protegidas, como el águila imperial ibérica, el águila real, la cigüeña negra y el buitre negro, así como del lince ibérico.

Los denunciantes anuncian que insistirán en la demanda

Pese al revés procesal derivado de los plazos de instrucción, Fondenex ha anunciado que “reiniciará la demanda contra la exconsejera y su director general por favorecer la alteración irreversible de un espacio protegido”, al tiempo que les ha animado a querellarse contra la asociación si se sienten ofendidos por sus acusaciones.

“Será la mejor forma de continuar la querella. Un posible error de fechas no puede dejar impune una agresión contra el patrimonio natural de Extremadura”, han señalado desde la organización conservacionista. Asimismo, han criticado la trayectoria de la exdirigente socialista al manifestar que “si la señora García tuviera la más mínima dignidad, dimitiría, pero es más fácil ser presidenta de Enresa a través de las puertas giratorias”.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, puede acabar ante un jurado conformado por nueve españoles mayores de edad que tengan su residencia en la provincia de Madrid. Ese es el empeño del juez Juan Carlos Peinado, que tomó la decisión de que tanto ella como los otros dos encausados —su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— fueran sometidos al veredicto de un jurado popular. Pero el auto por el que acordaba seguir el procedimiento por ese cauce será revisado desde este lunes por los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los magistrados de esa Sección ya tiraron por tierra esa misma decisión en febrero de 2026 al entender que no fundamentó de manera suficiente su resolución. Subrayaron entonces que Peinado únicamente mencionaba a las personas contra las que se dirigía, pero no hacía un relato que comprendiera los “indicios verosímiles” que les atribuía. Y eso, lógicamente, generaba indefensión. Peinado asumió que debía escribir más y mejor, y volvió a la carga el 20 de marzo con un nuevo auto en el que pedía lo mismo pero en más páginas (47).

En él, Peinado volvía a acusar a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados: Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet; y Cristina Álvarez, su asistente personal, una figura que han tenido todas las esposas de los presidentes del Gobierno.

Asimismo, volvía a insistir en que el jurado popular debía conocer de manera conjunta de todos los delitos que atribuye a Begoña Gómez y el resto de investigados con el argumento de que están “íntimamente entrelazados”. En total, se les envía a juicio por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales. Pero solo dos de ellos, el tráfico y la malversación, entran dentro del abanico de asuntos que juzga un jurado popular.

Esa decisión fue recurrida por la defensa de Gómez, que dirige el exministro Antonio Camacho. En su escrito, al que tuvo acceso elDiario.es, pedía anular esa decisión al entender que el magistrado faltaba “plenamente a la realidad” en un auto “plagado de conjeturas” y “falaz”. Le acusaba de investigarla “con una voluntad inquebrantable” a pesar de no existir indicios, y sólo “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”. La Fiscalía a lo largo de toda la causa ha sostenido que tampoco ve indicios.

Camacho, que atacaba cada uno de los delitos imputados, indicaba sobre el supuesto tráfico de influencias que el juez yerra cuando argumenta que hubo un cambio “inmediato y significativo en la trayectoria profesional” de la investigada tras la llegada de su cónyuge a La Moncloa. Recordaba al juez que ese dato es “absolutamente incorrecto” porque su defendida ya dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid desde 2014, cuando Sánchez no era presidente del Gobierno y ni siquiera secretario general del PSOE. “Es falso que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark”, abundaba.

La composición de la Sección 23

Ahora, la Audiencia Provincial ha decidido que no solo sean tres magistrados sino el pleno de la Sección 23, es decir, los cinco miembros, quienes vean y deliberen desde este lunes sobre las alegaciones presentadas por las defensas. Que sea el pleno al completo y no solo tres jueces no es lo habitual, indican fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, que añaden que suelen juntarse todos para ver determinados recursos, pero generalmente cuando son asuntos relacionados con narcotráfico o con trata de personas.

A pesar de que deliberan desde el lunes, las fuentes señalan que no se conocerá la decisión ese mismo día sino que “habrá que esperar”. Indican que verán, además, otros dos recursos de apelación de menor importancia, y que en esta tanda no entran otros cinco recursos pendientes, entre los que están los interpuestos por las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez contra las medidas cautelares de retirada del pasaporte y prohibición de salir de territorio nacional.

Los magistrados que se sentarán para deliberar sobre el futuro judicial de la esposa del líder del Ejecutivo serán la presidenta de la Sección 23 Rosario Esteban Meilán, y los magistrados Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Bergés de Ramón. Estos tres son los que hasta la fecha han resuelto los recursos de la causa contra Begoña Gómez y que han validado una parte importante de la instrucción de Peinado, aunque también han corregido algunos de sus excesos. A ellos se sumarán otros dos: Carlos Prat Westerlindh y José Sierra Fernández. Prat Westerlindh, curiosamente, es autor del libro 'Relaciones entre el poder judicial y los medios de comunicación: Los juicios paralelos'. Y Sierra Fernández llegó a ser de manera temporal promotor de la Acción Disciplinaria allá por 2017. Peinado tiene asuntos pendientes con ese órgano derivados de su polémica instrucción.

Lo que decidan será clave de cara a un eventual juicio. Si sigue adelante, esos nueve miembros del jurado serán elegidos entre los vecinos de Madrid y permanecerán incomunicados del exterior durante de la deliberación, aunque en un caso tan mediático nada evita que ya conozcan cómo ha transcurrido el procedimiento. La mayoría de las sentencias emitidas por un jurado popular (el 92%) son condenatorias, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que datan de hace una década.

Mientras, el juez Juan Carlos Peinado esperará de vacaciones la decisión de la Audiencia Provincial y a punto de disfrutar a sus 71 años de su jubilación. Se espera su retirada forzosa para el 27 de septiembre, cuando sople 72 velas. Se irá dejando tarea a quien le sustituya: hace escasos días acordaba abrir una nueva pieza separada en la que investiga a Juan Carlos Barrabés por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato público de Red.es.

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, volverá este martes a testificar ante un juez. En este caso el comisionista sanitario lo hará para explicar si fue él quien mandó a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de dos periodistas de El País que habían acudido a las inmediaciones de su domicilio para investigar su caso de fraude fiscal y la compra del piso que comparte con la presidenta madrileña. El juzgado investiga al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso por difundir su imagen y sus identidades entre medios de comunicación que, junto con varios agitadores ultras, acabaron divulgando esos datos.

Los hechos por los que tiene que declarar el comisionista sanitario se remontan a marzo de 2024. elDiario.es había desvelado que la Fiscalía acusaba a González Amador de defraudar más de 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas. También poco después de que este periódico revelara que la presidenta madrileña y su pareja vivían en un piso comprado por el empresario tras perpetrar el fraude fiscal denunciado por la Fiscalía.

En esas primeras semanas la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno fue salir a defender al empresario, cuestionar tanto a Hacienda como a la Fiscalía y atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso. Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, asumió la defensa de González Amador, tanto de forma institucional como en su papel de enlace con los medios de comunicación, y entre otras acciones amenazó por escrito a una periodista de elDiario.es con el cierre del periódico. “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Ayuso redujo estas amenazas a conversaciones con “gente de confianza”.

El jefe de gabinete de la presidenta desarrolló también la estrategia de usar su contacto preferente con decenas de medios de comunicación que siguen la actualidad institucional de Ayuso para atacar a los medios que investigaban el caso. Fue pocos días después de esas amenazas cuando difundió el bulo de que unos periodistas de elDiario.es habían intentado asaltar violentamente su domicilio. También cuando distribuyó entre los medios la foto de dos reporteros de El País que habían acudido a las inmediaciones del inmueble bajo la acusación falsa de haber acosado a los vecinos de la presidenta, incluso a menores de edad.

La información falsa fue publicada en varios medios de comunicación —algunos de los cuales han borrado ese contenido en estos dos años— y algunos agitadores de extrema derecha usaron las fotos que Miguel Ángel Rodríguez puso en circulación para señalar a los dos informadores de El País. Los juzgados, tras una denuncia del PSOE y de los propios periodistas del grupo Prisa, rechazaron en un primer momento abrir una investigación penal por revelación de secretos, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la puesta en marcha de diligencias penales contra el jefe de gabinete de la presidenta madrileña.

“La Policía no me pasó nada”

Miguel Ángel Rodríguez compareció finalmente como imputado en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid el pasado mes de mayo. Ante los medios, a las puertas de su declaración, dijo que las fotos de los periodistas le habían sido remitidas por “un vecino enfadado” de Ayuso y su pareja. Una vez sentado ante la jueza, el jefe de gabinete reconoció que no fue un “vecino” sino el propio Alberto González Amador el que le remitió la imagen de los dos periodistas que posteriormente difundió acompañada de un bulo para su publicación. Ahora será el comisionista el que explique, como testigo y obligado a decir la verdad, si fue él quien sacó y envió esas fotos al jefe de gabinete de su pareja.

En esa comparecencia pública ante los medios tras declarar en el juzgado Rodríguez reconoció que su primera versión no era cierta y que su fuente era González Amador: “Me he expresado mal”. También añadió que no conservaba los mensajes con los que difundió el bulo y la imagen de los periodistas. E hizo una última precisión: “Lo más importante es que la Policía no me pasó nada. La Policía no entra en casa de los vecinos para hacer fotos”.

Los dos reporteros de El País habían sido previamente identificados por los escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el juzgado también quiere saber si Miguel Ángel Rodríguez pudo obtener esos datos de los agentes, y no solo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada que investigó el caso citó a declarar a los dos policías para averiguar si Rodríguez había usado su contacto con los escoltas para obtener datos de los periodistas y difundirlos, aunque suspendió su comparecencia para decidir si debían ser llamados como testigos o como imputados.

La Audiencia Provincial de Madrid estudiará el próximo 13 de julio los recursos interpuestos por la Fiscalía y las defensas contra dos decisiones clave del juez Juan Carlos Peinado: la resolución que propuso juzgar a Begoña Gómez y la que determinó que el caso recaiga en un jurado popular. La sección 23 de la Audiencia madrileña ha señalado ese día para deliberar a puerta cerrada sobre esos recursos y ha decidido que sea la sección en pleno quien lo haga, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Se trata de dos cuestiones clave dentro del procedimiento donde el juez ya ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, por presunta corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación, y al empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros delitos.

Tanto la Fiscalía como las defensas impugnaron la decisión de Peinado de que la causa se desarrollase por el procedimiento del tribunal del jurado, lo que determina que, en caso de que haya juicio, sea un jurado popular de nueve ciudadanos anónimos quien juzgue a la mujer del presidente del Gobierno. También recurrieron la resolución del pasado mes de abril en la que el juez Peinado proponía juzgar a los tres por los mencionados delitos, una cuestión que también evaluará la Audiencia Provincial de Madrid.

La Audiencia Provincial –órgano superior que resuelve los recursos contra decisiones del instructor– ya anuló hace meses la transformación de la causa al procedimiento del jurado, al considerar que Peinado no había reunido “indicios concluyentes y consistentes”. Días después, el juez dictó una nueva resolución en el mismo sentido que será evaluada por la Audiencia el 13 de julio.

En uno de sus recursos, la defensa de Begoña Gómez insistía en que se la ha investigado “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”. El fiscal, por su parte, solicitó que se acuerde el “sobreseimiento libre” respecto a todos los delitos para todos los investigados “al no ser los hechos constitutivos de infracción penal”.

La futura decisión de la sección 23 de la Audiencia llega con la investigación ya culminada y el auto de apertura de juicio oral ya dictado. Es más, al mismo tiempo que abría juicio oral, el juez acordó imponer a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez las medidas cautelares que solicitó Hazte Oír, en representación de las acusaciones populares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado. Una decisión, esta última, que también está impugnada ante la Audiencia Provincial por las defensas de ambas, quienes han acudido en persona esta semana al juzgado para entregar su pasaporte.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés— queda ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, dependerá del juicio de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Juan Carlos Peinado. Durante los más de dos años que dura la investigación, esos tres jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Este tribunal ha avalado una parte importante de las pesquisas de Peinado, pero también ha corregido algunos de sus excesos. Le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas —como el rescate de Air Europa— por basarse en meras conjeturas, o levantar la imputación de cuatro investigados –el rector de la Complutense, un directivo del IE, el actual Delegado del Gobierno en Madrid y la secretaria general de Presidencia– o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley (…) La resolución no justifica los motivos que llevan a registrar el domicilio (…) tampoco se justifica la necesidad de que el registro se practique a la media hora de la firma del auto, y todo ello considerando que se limitan los derechos del investigado, quien se encontraba ingresado en el Hospital 12 de octubre, tampoco se comprende una medida tan extensa y desproporcionada a los fines de la instrucción (…) Son producto de un juicio de inferencia absolutamente ilógico y arbitrario”, le advirtieron ya entonces los magistrados de la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo rechazó con un portazo la exposición razonada donde Peinado pretendía la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños: “No se aprecia ni un mínimo respaldo indiciario”. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver ahora están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular, o su última decisión de abrir juicio oral por el procedimiento del jurado e imponer medidas cautelares a Begoña Gómez —retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado dos veces al mes—. La motivación del juez para justificar el riesgo de fuga —que los policías que la escoltan diariamente o sus jefes superiores pueden ayudar a huir a la mujer del presidente— desencadenó una denuncia del ministro del Interior ante el Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Isabel Perelló, propuso a la comisión permanente abrir expediente disciplinario al juez por estos hechos. Ese órgano debatirá hoy la propuesta.

Las diligencias del caso Begoña Gómez arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en diversas informaciones de prensa sobre un supuesto tráfico de influencias, sin acreditar, más un bulo sobre una subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Begoña Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional desde que su marido fue elegido presidente del Gobierno. Desde sus másteres y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde 2012, antes de que Sánchez fuera siquiera líder del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta vinculación con el rescate de Air Europa a través de una supuesta amistad con su entonces consejero delegado Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa, hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de la pareja del presidente.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la señora Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos masters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El juez Peinado llegó a citar a Pedro Sánchez como testigo y le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al presidente declarar por escrito “sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo”. Aunque Gómez estaba imputada por un delito de tráfico de influencias, que solo puede cometer porque su marido es presidente del Gobierno, el juez justificó su decisión en que quería interrogar a Sánchez sobre “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo” y logró interrogarle en un despacho de Moncloa, aunque sin ningún resultado. El presidente se acogió a su derecho a no declarar y, pese a ello, el juez Peinado facilitó el vídeo de ese testimonio fallido a las partes. La Audiencia Provincial se lo afeó: “Carecía de cualquier utilidad la entrega de dicha declaración, ya que en dicha diligencia el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, por lo que la entrega y publicación de dicho acto carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran sin necesidad de entregar copia porque el citado contenido carecía de interés ya que solo contenía determinados formalismos”.

La tormentosa instrucción llegó a provocar incluso que las acusaciones populares de ultraderecha pidieran al juez que motivara mejor sus autos para evitar que prosperaran los recursos de la defensa de Gómez y el resto de imputados. Hazte Oír, Vox o Manos Limpias, presentes en la causa, recurrieron en reforma tras la imputación de la asistente de Begoña Gómez con una censura insólita al juez instructor, exigiéndole que aportara “mayor argumentación, todo ello con el propósito de evitar riesgo innecesario de futuras nulidades que pudieran poner en peligro la progresión de la causa”.

Peinado llegó a sancionar con una multa de 5.000 euros al abogado Antonio Camacho, defensor de Gómez, por hacer declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sanción.

Han vivido años de idas y venidas. Primero el asesinato de su madre; luego, un desahucio. Pero las hijas de Miguela Novas Novoa, a la que en 2023 asestaron 45 puñadas hasta acabar con su vida, ya tienen un veredicto oficial para el juicio contra su agresor. Richard Fermín, original de República Dominicana, ha sido declarado culpable por unanimidad, después de confesar el crimen en el primer día del juicio. En una vista pública, el portavoz de un jurado popular ha anunciado la decisión de condenarle por un delito de asesinato con agravante de género, según ha publicado Europa Press.

Finalmente, tampoco se ha aceptado aplicar un atenuante por alteración psíquica, consumo de drogas o su propia confesión de los hechos, tal y como solicitaba su defensa. El juicio arrancó el primer día de junio con la declaración del acusado. Después testificó la única hija mayor de edad de Miguela, Leticia, que relató un historial de violencia, acoso y derribo. La joven, de 22 años, narró cómo conoció a Richard Fermín y las amenazas que este profería a su madre casi desde el inicio de la relación, el año de la pandemia.

Luego llegaron los golpes, que Miguela trataba de disimular ante sus hijas o atribuía a alguna caída accidental, y más tarde el acoso se extendió a su propia familia: “Mi madre quería dejarlo, pero no podía. Si bloqueaba su teléfono él me llamaba a mí, lo hacía mil veces, y me decía que le iba a enseñar a respetar a los hombres”, llegó a expresar ante el juez. Al comienzo del juicio, la Fiscalía pedía para el asesino confeso de esta vecina de 35 años, que vivía en Villaverde, una pena de 25 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco y discriminación por razón de género, tal y como están tipificados estos delitos en el Código Penal.

Pena de prisión e indemnizaciones a la familia

Además, el Ministero Público solicitó indemnizaciones de 241.000 euros para cada uno de los hijos menores de edad, por su condición vulnerable en el momento de los hechos; 111.500 euros para Leticia y 86.000 para la abuela de la víctima, que quedó a cargo de sus nietas. La mayor hija de Miguela aseguró en la Audiencia Provincial de Madrid que, ya una vez empezaron las amenazas o los golpes, la idea cortar la relación empezó a complicarse. “Yo me enfadaba con ella y le pedía que lo dejara, pero tenía mucho miedo”, contó Leticia, reconociendo que en aquella época no se fiaba de las explicaciones de su madre y decidió tomar medidas.

Le revisó el teléfono, leyó conversaciones que, para ella, ratificaron una situación de abuso. Llegó a ir dos veces a la comisaría para presentar una denuncia, pero allí le dijeron que solo la afectada podía interponerla, según testificó ella misma. Tanto la joven como sus dos hermanos menores, un niño de nueve años y otra chica de 11, siguieron viviendo con su abuela Victoria, madre de la mujer asesinada, hasta que a principios de enero fueron desahuciadas de aquella casa. Victoria N.P., que vive con unos 600 euros al mes para mantenerse a ella y a sus nietas, contrajo una deuda hipotecaria con Caixabank que luego fue adquirida por una empresa inmobiliaria, llamada Circleville SL.

A finales de año recibieron un aviso de lanzamiento, y la mayor de las hermanas terminó mudándose con la familia de su pareja para alejarse de la ansiedad que todo aquello le causaba. Cuando comenzó el juicio contra el asesino confeso de su madre habían pasado tres años desde que fue asesinada. Entre medias, un conflicto de papeles relatado por la familia: o no tenían la acreditación oficial como víctimas de violencia de género, o Leticia y su abuela hacían malabares para obtener la custodia de los pequeños, que según ellas pasó a quedar vacía con la muerte de Miguela. Tampoco recibieron las becas públicas de comedor en los colegios donde ambos están matriculados, pese a que existe una categoría específica para víctimas de esta lacra.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el cierre de una decena de pisos turísticos por hacer la vida imposible durante años a una familia del céntrico barrio de La Latina. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, destaca que este matrimonio con dos hijos ha pedido sin éxito a las empresas responsables de los pisos que solucionen los ruidos y molestias que les impiden dormir cada fin de semana y que el cierre total de esa actividad es la única medida eficaz para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos”, a los que además deben indemnizar con un total de 34.000 euros.

El edificio que acoge esta batalla entre vecinos y pisos turísticos se encuentra en el número 77 de la calle Toledo, a unos pocos pasos de la plaza de La Latina y uno de los puntos del centro donde más pisos turísticos se anuncian en la ciudad. Un inmueble que llegó a estar completamente formado por este tipo de alojamientos y que en la actualidad cuenta con unos 40 pisos turísticos. Una propiedad repartida entre distintas empresas vinculadas a miembros de la familia Couret y con una minoría de viviendas donde residen vecinos de forma permanente. Vecinos y familias que llevan varios años denunciando la actuación de los dueños del edificio.

Fue un matrimonio con dos hijos el que decidió llevar a los tribunales a varias de estas empresas por una decena de pisos turísticos alojados en el edificio que “rodeaban” su casa y les tenían sometidos a un “calvario”. Sufrieron ruidos, el constante trasiego de maletas, música, fiestas y despedidas de soltero además de vómitos en la escalera y vandalismo que habían derivado en consecuencias negativas para su salud. Un informe médico certifica que los cuatro integrantes de esta familia padecen diversos trastornos relacionados con el ruido: ansiedad, depresión y un trastorno no orgánico del sueño. Los dos hijos, añade el informe, están sometidos a “un estrés constante” que puede acarrear “graves consecuencias” para su desarrollo.

La familia afectada vivía en el bloque desde 2021, cuando varios pisos turísticos fueron vendidos a otra empresa y finalmente comprados para vivir. Tuvieron que acudir a los tribunales por una vía atípica para buscar el cierre de los inmuebles usados por turistas que molestaban. En franca minoría en una Junta de Propietarios dominada por los herederos de Juana Couret y otras empresas similares, decidieron presentar una demanda civil por afectación de su derecho a la intimidad. Y un juzgado, en primera instancia, decidió dar la razón a esta familia y ordenar el cierre de los diez pisos que daban problemas, una cuarta parte de los que hay en este edificio colonizado por el alquiler turístico.

Ahora ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha ratificado la mayor parte de esta sentencia, salvando de la condena al piso de una de las empresas llamada Tealrentas SL porque no hay pruebas, directamente, de que sea de uso turístico en ese edificio de la calle Toledo. Pero confirma que los cinco pisos explotados por Tolesanta SL, los dos de Mundi Quo-Vadis SL y el piso de Cavanna Real State SL deben echar el cierre como única solución posible tras años de enfrentamiento y de “caso omiso” de estos grandes tenedores frente a las reclamaciones de los vecinos.

La sección civil del tribunal entiende, por un lado, que la familia ha conseguido probar que los problemas causados por estos pisos son reales, y no unas “quejas exageradas” como llegaron a decir las empresas demandadas. “Las molestias son notorias y ostensibles, no una pequeña dificultad o trastorno, sino que son graves, afectando de manera importante a la pacífica convivencia”, dice la Audiencia Provincial. Y ordenar el cierre es la única solución posible para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos” después de años de “caso omiso” por parte de los empresarios a sus “continuas denuncias y requerimientos”.

El “cese total” de los nueve pisos turísticos

El “cese total” de la actividad de estos nueve pisos turísticos, zanja el tribunal, es la vía para que las “graves perturbaciones” se acaben y los ruidos y molestias dejen de invadir el día a día de los vecinos.

La Audiencia Provincial ha tomado esta decisión después de una primera sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid en el verano de 2025. Una resolución que ya entonces avaló tanto las pruebas que había presentado la familia afectada como el testimonio de otros vecinos y el propio portero. “Tenemos miedo por las noches, en una ocasión encontramos una jeringuilla”, explicó una de ellas que también se mudó al edificio en esas fechas.

Varios testigos coincidieron en señalar que daban cuenta de todo esto al presidente de la comunidad de vecinos pero que apenas se tomaron medidas. Una presidencia de la comunidad de propietarios que, junto con la mayoría aplastante de la junta, recaía en los propietarios de estas empresas y de los pisos turísticos. Algunos de estos pisos, relataron los vecinos, eran “constantemente sancionados” por las autoridades sin que cesara su actividad.

La mayor parte de los pisos turísticos que esta sentencia ordena cerrar, y que siguen funcionando a fecha de hoy tal y como confirman fuentes del caso a elDiario.es, pertenecen a empresas ligadas a los descendientes de la familia Couret, que también han explotado pisos similares en Santa Ana tras la escisión de la empresa original, Arrendamientos Urbanos Couret.

El caso llega al Tribunal Supremo

La causa ya está en manos del Tribunal Supremo y ahora la Sala de lo Civil debe decidir si admite a trámite el recurso presentado por las empresas. Entre otros argumentos, apuntan estas fuentes, denuncian que solo se ha cuestionado la continuidad de una decena de pisos turísticos en un inmueble donde hay más de cuarenta. Uno de los múltiples argumentos que ya han sido rechazados tanto en primera como en segunda instancia.

Ante la Audiencia Provincial, las empresas responsables de los pisos se limitaron a exponer ese argumento y también que en ese procedimiento no se podía cuestionar la legalidad de estos inmuebles. Pero ante el juzgado fueron más allá y llegaron a culpar a la propia familia afectada de la situación por haberse ido a vivir a un edificio donde la mayoría de los pisos eran turísticos.

En un momento dado, estas empresas llegaron a acusar a esta familia de actuar con egoísmo por obstaculizar su negocio de pisos turísticos. “Pretenden de forma brusca y egoístamente, truncar y abortar en su totalidad y en beneficio exclusivo suyo esa actividad muy mayoritaria en el edificio con gravísimo perjuicio de las sociedades propietarias de aproximadamente tres cuartas partes del mismo edificio”.

Llegaron incluso a cuestionar que tanto el matrimonio como sus dos hijos se hubieran visto afectados por el supuesto ruido, a pesar de los informes médicos que han presentado. “Si sufriesen realmente esos trastornos y perjuicios que describen en su demanda y relatan al médico, no hubiesen antepuesto el interés de esos hijos a cualquier otro criterio y hubiesen ya abandonado con carácter inmediato ese piso”.

Las dos sentencias del caso, a falta de un procesamiento definitivo del Tribunal Supremo, rechazaron estos argumentos y avalaron el cierre de los pisos. Los tribunales, recuerdan, llevan varios años permitiendo imponer límites a los pisos turísticos y más tiempo todavía estableciendo que un vecino no tiene por qué aguantar ruidos excesivos.

Mari Carmen y Juan esperaban disfrutar de una segunda luna de miel con su jubilación. Con sus dos hijas adultas y completamente independizadas, no había nada que les hiciera pensar que no podría ser así. Pero una intervención médica innecesaria y de cuyos riesgos y alternativas no fue informada cambió el destino de la mujer y su familia. Un juzgado ha condenado a la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud a indemnizar a esta paciente con 820.000 euros, en una sentencia que está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan a 2022, cuando Mari Carmen tuvo un susto de salud: un problema pulmonar, que se resolvió satisfactoriamente tras unas semanas de ingreso en el hospital de Móstoles. En una de las pruebas que le realizaron en este centro, los sanitarios encontraron un aneurisma sacular, una pequeña protuberancia de una arteria cerebral, que no tenía nada que ver con su dolencia.

“Cuando se recuperó y le dieron el alta, la derivaron al hospital de Puerta de Hierro, para que le vieran el aneurisma”, relata su hija Vanesa. Ahí empezó su calvario, que ha dejado a la mujer, que tiene ahora 69 años, con una discapacidad grave, problemas cognitivos y totalmente dependiente. “Nos dijeron que [si no se operaba] le podía dar un infarto cerebral y que [la intervención] era muy sencilla, que se hacían muchas. Un día de UCI y a casa. Nos lo puso tan fácil como sacarle una muela”, recuerda Juan, su marido.

Esa operación, a la que Mari Carmen accedió creyendo que era como sacarse un diente, derivó en un ictus durante el postoperatorio, que la ha dejado postrada y con secuelas de por vida. “Ahora depende para todo de mi padre”, lamenta Vanesa. La mujer duerme en un sillón para evitar los dolores. Y en la butaca de al lado, su marido, que no quiere dejarla sola.

La familia decidió ponerse en contacto con la asociación Defensor del Paciente, que ha pilotado el caso, después de que una médica amiga y hasta el de cabecera de la mujer les dijeran que había “algo raro” en el procedimiento médico. “Le llevo toda la documentación a Álvaro [Sardinero, el abogado] y unos días después me llama para hablar, tras ponerse en contacto con un perito”, continúa la hija de Mari Carmen. De aquella conversación la familia sale con dos ideas claras: “Es un aneurisma que no se opera y, además, no aparece la autorización de la intervención”, que es obligatoria porque implica que se ha informado a la paciente.

Con estos datos, deciden iniciar una vía legal para que se reconozca la negligencia y se indemnice a la mujer. En julio de 2025, el juzgado de 1ª Instancia número 51 de Madrid condena a Relyens, la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a Mari Carmen por los daños ocasionados y las secuelas que padece con la cantidad de 821.166,96 euros.

La sentencia, recurrida ante la Audiencia Provincial por la reaseguradora, señala que “no existe prueba que acredite que a la paciente se le informó de las alternativas terapéuticas ni tampoco del riesgo que conllevaba la intervención”. Y, como recuerda el propio texto, “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado”, que deberá prestarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, entre otras.

El magistrado considera que “la falta de información a la paciente (...) causa, además, un daño efectivo y real como consecuencia de la cristalización del citado riesgo, por cuanto la actora se vio privada de la posibilidad u oportunidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando sus riesgos, máxime cuando existe controversia sobre la necesidad de haberse operado”.

La sentencia va más allá de esa controversia, al señalar que “en este caso también ha quedado acreditada la mala praxis, no en la operación, sino en la decisión de acometerla”. Se basa, principalmente, en la información aportada en el informe pericial judicial, a partir de las pruebas aportadas al caso, que muestran un aneurisma con diámetros aproximados de 3x4 milímetros, que además no había mostrado síntomas.

El informe pericial señala que los aneurismas menores de 10 milímetros en pacientes asintomáticos no requieren tratamiento inmediato, pero deben ser monitorizados ante posibles crecimientos. Algo que, en el caso de Mari Carmen no ocurrió, al ser directamente intervenida. De hecho, el Estudio Internacional de Aneurismas Intracraneales No Rotos —ISUIA, por sus siglas en inglés— señala que el riesgo de rotura en aneurismas de menos de 7 milímetros en esa zona es del 0% a los cinco años.

Un contrato de 35 millones de euros

La demanda, como indican desde el Sermas, es una acción directa en la vía civil contra la compañía aseguradora Relyens, como se prevé en la Ley de Seguros. Esta redacción se ha puesto en contacto con Relyens, para conocer los motivos del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, pero desde la compañía han declinado responder a las preguntas de este medio.

Esta empresa se encarga de cubrir las indemnizaciones derivadas de casos como estos y en ella lleva confiando la Comunidad de Madrid durante años. El presupuesto de la última licitación del servicio de póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud ascendió a un total de 35 millones de euros por dos años. Pero la colaboración se alarga más allá. De hecho, la mutua, antes denominada Sham, lleva encadenando contratos millonarios para la cobertura de las responsabilidades derivadas de los profesionales y los centros sanitarios de la Comunidad desde 2016.

Según ha publicado la propia compañía, el Grupo, que desarrolla su actividad en España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, recibió 1.160 millones de euros en primas en 2024, los últimos datos disponibles. Esto supone un aumento del 7,3% respecto a 2023 y un volumen de negocio de 674 millones, un 6,9% más.

Mientras tanto, en casa de Mari Carmen han tenido que ajustarse también en lo económico. En la hoja de nuevos gastos suma terapias, rehabilitación y cremas, entre otras partidas, a cargo de una pensión “mileurista” y de las aportaciones de Susana, la otra hija del matrimonio, quien, “económicamente, es la que puede ayudar”, lamenta su hermana, que en este momento se encuentra de baja.

Por eso, aunque la indemnización no va a devolver a la mujer a su estado de salud previo sí puede facilitar su día a día, darle acceso a terapias sin mirar la factura o acceder a un coche mejor, para que se traslade de forma más cómoda a las consultas y las sesiones de rehabilitación. “Estamos esperando a que la Audiencia Provincial nos dé la razón, pero un juez de primera instancia ya nos la ha dado”, reivindica Vanesa.

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique ha defendido este viernes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid que el tuit sobre “deportar” a sacerdotes pederastas por el que Abogados Cristianos le reclama un año de cárcel por un posible delito de odio fue una “ironía”. “Es imposible que una persona que no odia a sacerdotes católicos emita un mensaje de odio hacia ese colectivo. Eso, sumado al verbo deportar, hace evidente el significado real del tuit. Juzgar una ironía como si fuera algo literal nos llevaría a un terreno complejo”, ha añadido el ex secretario de Organización de Podemos en su última palabra. 

La asociación ultracatólica denunció a Echenique por un tuit en el que comparaba los abusos en la Iglesia católica con los delitos sexuales que cometen los migrantes. “Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, escribió Echenique en mayo de 2024. 

El exdiputado respondió con este comentario a un mensaje en el que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, afirmaba que España no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles porque, según dijo, “caben los que caben”. Durante la vista, la Fiscalía ha reclamado la absolución de Echenique al considerar que el comentario en ningún caso supuso un “peligro real” para los sacerdotes. “No todo lo odioso es un delito de odio”, ha sostenido el fiscal en el inicio de su informe. 

También la defensa de Echenique, que ejerce el abogado Gorka Vellé, ha solicitado la absolución de su cliente, así como la imposición de las costas a la entidad ultracatólica. Durante su informe, el letrado ha defendido que el exdirigente de Podemos se pronunció en “un sentido irónico, sarcástico” sobre un asunto de interés público que era objeto de debate. “La deportación de sacerdotes como tal no parece factible en la medida de que tienen la nacionalidad española”, ha aseverado.

Además, el letrado ha defendido que el colectivo de los sacerdotes españoles no es un grupo vulnerable, que es uno de los requisitos que exige la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para considerar que se ha cometido un delito de odio. Y ha insistido en que el comentario está amparado por el derecho a la libertad de expresión. 

En contraposición, la letrada de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha sostenido que el comentario de Echenique no fue “fortuito” y ha dicho que se trató de un “ataque deliberado a la Iglesia católica, a la que tiene manía”. Según Castellanos, el exdiputado de Podemos hizo esa afirmación con la “intención particular de humillar”.

En la vista ha comparecido como testigo el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que ha contextualizado las conclusiones del informe Una respuesta necesaria, en el que el Defensor del Pueblo reconocía las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” que han funcionado en muchas congregaciones y órdenes religiosas respecto a los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia.

En su interrogatorio, la abogada de Abogados Cristianos ha tratado de desacreditar las conclusiones de ese documento, que incluyó una encuesta que reveló que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país. “En el informe no juzgamos a una institución, estamos pensando en las víctimas, en su reparación y su reconocimiento”, ha defendido Gabilondo.

La vista tuvo un momento tenso cuando la presidenta del tribunal, la magistrada Adela Viñuelas cortó el interrogatorio de uno de los testigos, el corresponsal en Roma de El País y uno de los periodistas que ha liderado en ese periódico la investigación sobre la pederastia en la Iglesia. El redactor viajó desde Italia para acudir a esta vista, pero el tribunal apenas le permitió responder a un par de preguntas. Tras haberla aceptado, la presidenta consideró que su declaración era “innecesaria” por la “dirección” que habían tomado las preguntas de la defensa. Y no permitió siquiera que entrara en la sala otro periodista que también había sido citado.

Cuando el abogado Gorka Vellé apuntó que se estaba generando una “indefensión absoluta”, la magistrada le pidió que se callara. “Yo ordeno el juicio y a la vista de lo que se pretende, la declaración es innecesaria”. “Esto no es un debate político, es un juicio”, apuntó después la otra magistrada del tribunal. 

La acusación había reclamado la comparecencia como testigo de María García Ayuela, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Es una organización vinculada a la letrada de Abogados Cristianos, que forma parte de su consejo asesor. Ante el tribunal, García Ayuela ha asegurado que, según un informe realizado por su organización, en 2024 aumentaron un 25% los “ataques” a la libertad religiosa y dos de cada tres se producen contra personas cristianas.

Sin embargo, a respuestas de la defensa, García Ayuela ha admitido que su organización ha llegado a considerar como un caso de “laicismo beligerante” y un ataque a la libertad religiosa la denuncia contra varias diócesis españolas que estaban impartiendo cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+.

Abogados Cristianos atribuyó al exdiputado un delito de odio al considerar que su comentario supuso una “incitación” al odio al “señalar a los sacerdotes católicos como agresores sexuales, realizando un señalamiento y una estereotipación negativa generalizada de todo un colectivo de manera evidente” y “pedir la deportación de los sacerdotes católicos españoles”. A juicio de esta organización, el mensaje de Echenique llegó incluso a generar “una situación de peligro abstracto para los sacerdotes católicos en España” y a “atemorizar” al conjunto de los fieles católicos españoles. 

El instructor del caso fue el magistrado Carlos Valle, el mismo juez que también intentó llevar al banquillo por el mismo delito al humorista Héctor de Miguel, conocido como 'Quequé', por bromear en un programa de la Cadena SER con apedrear curas pederastas. En el caso de 'Quequé', la Audiencia Provincial archivó el caso al considerar que el comentario no incitaba al odio contra los religiosos.