Mari Carmen y Juan esperaban disfrutar de una segunda luna de miel con su jubilación. Con sus dos hijas adultas y completamente independizadas, no había nada que les hiciera pensar que no podría ser así. Pero una intervención médica innecesaria y de cuyos riesgos y alternativas no fue informada cambió el destino de la mujer y su familia. Un juzgado ha condenado a la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud a indemnizar a esta paciente con 820.000 euros, en una sentencia que está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan a 2022, cuando Mari Carmen tuvo un susto de salud: un problema pulmonar, que se resolvió satisfactoriamente tras unas semanas de ingreso en el hospital de Móstoles. En una de las pruebas que le realizaron en este centro, los sanitarios encontraron un aneurisma sacular, una pequeña protuberancia de una arteria cerebral, que no tenía nada que ver con su dolencia.

“Cuando se recuperó y le dieron el alta, la derivaron al hospital de Puerta de Hierro, para que le vieran el aneurisma”, relata su hija Vanesa. Ahí empezó su calvario, que ha dejado a la mujer, que tiene ahora 69 años, con una discapacidad grave, problemas cognitivos y totalmente dependiente. “Nos dijeron que [si no se operaba] le podía dar un infarto cerebral y que [la intervención] era muy sencilla, que se hacían muchas. Un día de UCI y a casa. Nos lo puso tan fácil como sacarle una muela”, recuerda Juan, su marido.

Esa operación, a la que Mari Carmen accedió creyendo que era como sacarse un diente, derivó en un ictus durante el postoperatorio, que la ha dejado postrada y con secuelas de por vida. “Ahora depende para todo de mi padre”, lamenta Vanesa. La mujer duerme en un sillón para evitar los dolores. Y en la butaca de al lado, su marido, que no quiere dejarla sola.

La familia decidió ponerse en contacto con la asociación Defensor del Paciente, que ha pilotado el caso, después de que una médica amiga y hasta el de cabecera de la mujer les dijeran que había “algo raro” en el procedimiento médico. “Le llevo toda la documentación a Álvaro [Sardinero, el abogado] y unos días después me llama para hablar, tras ponerse en contacto con un perito”, continúa la hija de Mari Carmen. De aquella conversación la familia sale con dos ideas claras: “Es un aneurisma que no se opera y, además, no aparece la autorización de la intervención”, que es obligatoria porque implica que se ha informado a la paciente.

Con estos datos, deciden iniciar una vía legal para que se reconozca la negligencia y se indemnice a la mujer. En julio de 2025, el juzgado de 1ª Instancia número 51 de Madrid condena a Relyens, la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a Mari Carmen por los daños ocasionados y las secuelas que padece con la cantidad de 821.166,96 euros.

La sentencia, recurrida ante la Audiencia Provincial por la reaseguradora, señala que “no existe prueba que acredite que a la paciente se le informó de las alternativas terapéuticas ni tampoco del riesgo que conllevaba la intervención”. Y, como recuerda el propio texto, “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado”, que deberá prestarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, entre otras.

El magistrado considera que “la falta de información a la paciente (...) causa, además, un daño efectivo y real como consecuencia de la cristalización del citado riesgo, por cuanto la actora se vio privada de la posibilidad u oportunidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando sus riesgos, máxime cuando existe controversia sobre la necesidad de haberse operado”.

La sentencia va más allá de esa controversia, al señalar que “en este caso también ha quedado acreditada la mala praxis, no en la operación, sino en la decisión de acometerla”. Se basa, principalmente, en la información aportada en el informe pericial judicial, a partir de las pruebas aportadas al caso, que muestran un aneurisma con diámetros aproximados de 3x4 milímetros, que además no había mostrado síntomas.

El informe pericial señala que los aneurismas menores de 10 milímetros en pacientes asintomáticos no requieren tratamiento inmediato, pero deben ser monitorizados ante posibles crecimientos. Algo que, en el caso de Mari Carmen no ocurrió, al ser directamente intervenida. De hecho, el Estudio Internacional de Aneurismas Intracraneales No Rotos —ISUIA, por sus siglas en inglés— señala que el riesgo de rotura en aneurismas de menos de 7 milímetros en esa zona es del 0% a los cinco años.

Un contrato de 35 millones de euros

La demanda, como indican desde el Sermas, es una acción directa en la vía civil contra la compañía aseguradora Relyens, como se prevé en la Ley de Seguros. Esta redacción se ha puesto en contacto con Relyens, para conocer los motivos del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, pero desde la compañía han declinado responder a las preguntas de este medio.

Esta empresa se encarga de cubrir las indemnizaciones derivadas de casos como estos y en ella lleva confiando la Comunidad de Madrid durante años. El presupuesto de la última licitación del servicio de póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud ascendió a un total de 35 millones de euros por dos años. Pero la colaboración se alarga más allá. De hecho, la mutua, antes denominada Sham, lleva encadenando contratos millonarios para la cobertura de las responsabilidades derivadas de los profesionales y los centros sanitarios de la Comunidad desde 2016.

Según ha publicado la propia compañía, el Grupo, que desarrolla su actividad en España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, recibió 1.160 millones de euros en primas en 2024, los últimos datos disponibles. Esto supone un aumento del 7,3% respecto a 2023 y un volumen de negocio de 674 millones, un 6,9% más.

Mientras tanto, en casa de Mari Carmen han tenido que ajustarse también en lo económico. En la hoja de nuevos gastos suma terapias, rehabilitación y cremas, entre otras partidas, a cargo de una pensión “mileurista” y de las aportaciones de Susana, la otra hija del matrimonio, quien, “económicamente, es la que puede ayudar”, lamenta su hermana, que en este momento se encuentra de baja.

Por eso, aunque la indemnización no va a devolver a la mujer a su estado de salud previo sí puede facilitar su día a día, darle acceso a terapias sin mirar la factura o acceder a un coche mejor, para que se traslade de forma más cómoda a las consultas y las sesiones de rehabilitación. “Estamos esperando a que la Audiencia Provincial nos dé la razón, pero un juez de primera instancia ya nos la ha dado”, reivindica Vanesa.

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique ha defendido este viernes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid que el tuit sobre “deportar” a sacerdotes pederastas por el que Abogados Cristianos le reclama un año de cárcel por un posible delito de odio fue una “ironía”. “Es imposible que una persona que no odia a sacerdotes católicos emita un mensaje de odio hacia ese colectivo. Eso, sumado al verbo deportar, hace evidente el significado real del tuit. Juzgar una ironía como si fuera algo literal nos llevaría a un terreno complejo”, ha añadido el ex secretario de Organización de Podemos en su última palabra. 

La asociación ultracatólica denunció a Echenique por un tuit en el que comparaba los abusos en la Iglesia católica con los delitos sexuales que cometen los migrantes. “Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, escribió Echenique en mayo de 2024. 

El exdiputado respondió con este comentario a un mensaje en el que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, afirmaba que España no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles porque, según dijo, “caben los que caben”. Durante la vista, la Fiscalía ha reclamado la absolución de Echenique al considerar que el comentario en ningún caso supuso un “peligro real” para los sacerdotes. “No todo lo odioso es un delito de odio”, ha sostenido el fiscal en el inicio de su informe. 

También la defensa de Echenique, que ejerce el abogado Gorka Vellé, ha solicitado la absolución de su cliente, así como la imposición de las costas a la entidad ultracatólica. Durante su informe, el letrado ha defendido que el exdirigente de Podemos se pronunció en “un sentido irónico, sarcástico” sobre un asunto de interés público que era objeto de debate. “La deportación de sacerdotes como tal no parece factible en la medida de que tienen la nacionalidad española”, ha aseverado.

Además, el letrado ha defendido que el colectivo de los sacerdotes españoles no es un grupo vulnerable, que es uno de los requisitos que exige la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para considerar que se ha cometido un delito de odio. Y ha insistido en que el comentario está amparado por el derecho a la libertad de expresión. 

En contraposición, la letrada de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha sostenido que el comentario de Echenique no fue “fortuito” y ha dicho que se trató de un “ataque deliberado a la Iglesia católica, a la que tiene manía”. Según Castellanos, el exdiputado de Podemos hizo esa afirmación con la “intención particular de humillar”.

En la vista ha comparecido como testigo el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que ha contextualizado las conclusiones del informe Una respuesta necesaria, en el que el Defensor del Pueblo reconocía las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” que han funcionado en muchas congregaciones y órdenes religiosas respecto a los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia.

En su interrogatorio, la abogada de Abogados Cristianos ha tratado de desacreditar las conclusiones de ese documento, que incluyó una encuesta que reveló que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país. “En el informe no juzgamos a una institución, estamos pensando en las víctimas, en su reparación y su reconocimiento”, ha defendido Gabilondo.

La vista tuvo un momento tenso cuando la presidenta del tribunal, la magistrada Adela Viñuelas cortó el interrogatorio de uno de los testigos, el corresponsal en Roma de El País y uno de los periodistas que ha liderado en ese periódico la investigación sobre la pederastia en la Iglesia. El redactor viajó desde Italia para acudir a esta vista, pero el tribunal apenas le permitió responder a un par de preguntas. Tras haberla aceptado, la presidenta consideró que su declaración era “innecesaria” por la “dirección” que habían tomado las preguntas de la defensa. Y no permitió siquiera que entrara en la sala otro periodista que también había sido citado.

Cuando el abogado Gorka Vellé apuntó que se estaba generando una “indefensión absoluta”, la magistrada le pidió que se callara. “Yo ordeno el juicio y a la vista de lo que se pretende, la declaración es innecesaria”. “Esto no es un debate político, es un juicio”, apuntó después la otra magistrada del tribunal. 

La acusación había reclamado la comparecencia como testigo de María García Ayuela, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Es una organización vinculada a la letrada de Abogados Cristianos, que forma parte de su consejo asesor. Ante el tribunal, García Ayuela ha asegurado que, según un informe realizado por su organización, en 2024 aumentaron un 25% los “ataques” a la libertad religiosa y dos de cada tres se producen contra personas cristianas.

Sin embargo, a respuestas de la defensa, García Ayuela ha admitido que su organización ha llegado a considerar como un caso de “laicismo beligerante” y un ataque a la libertad religiosa la denuncia contra varias diócesis españolas que estaban impartiendo cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+.

Abogados Cristianos atribuyó al exdiputado un delito de odio al considerar que su comentario supuso una “incitación” al odio al “señalar a los sacerdotes católicos como agresores sexuales, realizando un señalamiento y una estereotipación negativa generalizada de todo un colectivo de manera evidente” y “pedir la deportación de los sacerdotes católicos españoles”. A juicio de esta organización, el mensaje de Echenique llegó incluso a generar “una situación de peligro abstracto para los sacerdotes católicos en España” y a “atemorizar” al conjunto de los fieles católicos españoles. 

El instructor del caso fue el magistrado Carlos Valle, el mismo juez que también intentó llevar al banquillo por el mismo delito al humorista Héctor de Miguel, conocido como 'Quequé', por bromear en un programa de la Cadena SER con apedrear curas pederastas. En el caso de 'Quequé', la Audiencia Provincial archivó el caso al considerar que el comentario no incitaba al odio contra los religiosos.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a dos años, un mes y 15 días de prisión a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, por maniobrar con dos policías municipales del Ayuntamiento de Madrid para conseguir información de matrículas de coches “para obtener ingresos paralelos”. Le condena como inductor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y como autor de un delito de cohecho activo. 

El tribunal estima parcialmente el recurso de Gómez de Iglesias y acepta que concurre en el caso la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, y no solo simple como determinó la Audiencia Provincial de Madrid. Por ello, rebaja un grado la pena y reduce a la mitad las condenas de prisión que estableció la Audiencia madrileña, que sumaban cuatro años y tres meses de prisión.

El Supremo argumenta al respecto que la sentencia recurrida admite “que la fase previa tardó en tramitarse casi diez años y otros tres las fases preparatorias y de juicio oral”, “lo que arroja un resultado concluyente: trece años de prolongación de la causa hasta sentencia”, periodo que es extraordinario y que justifica la aplicación de la atenuante como muy cualificada.

Por otro lado, absuelve a Gómez de Iglesias como inductor de un delito de violación de secretos oficiales, por el que fue condenado a una pena de multa, al haber absuelto como autor del mismo al que entonces era coordinador de seguridad municipal.

La sentencia confirma la pena de 2 años, 1 mes y 15 días también a los dos policías municipales que facilitaron los datos a Gómez Iglesias, en su caso como autores de revelación de secretos y por delito de cohecho activo. A ambos les reduce a la mitad las penas que impuso la Audiencia de Madrid por aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Asimismo, absuelve a un guardia civil destinado en la Casa Real del delito de revelación de secretos por el que había sido condenado a 15 meses de prisión.

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, cumple ya 23 meses imputada por cinco delitos en la causa penal que instruye Juan Carlos Peinado en el juzgado número 41 de Madrid. Su asistente, Cristina Álvarez, acumula 14 meses en parecida situación. El juez la investiga por tres delitos, entre ellos, el de apropiación indebida de un software que, según su abogado, intentó registrar la asistente a nombre de la Universidad Complutense. El mundo, al revés. “Un disparate”, según la defensa de la asistente.

La investigación del caso avanza entre sobresaltos. Al juez Peinado le han mostrado tarjeta roja por juego sucio más de diez veces en casi dos años de instrucción. El último rapapolvo anuló la decisión de seguir el procedimiento por el tribunal del jurado. Pero el juez sigue adelante con la causa, escarbando en todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, según dejó escrito en un auto convertido en símbolo de las investigaciones prospectivas que suelen rechazar los tribunales.

Muy pocas causas penales tienen un historial de anomalías durante la instrucción tan grosero: hubo imputaciones basadas en declaraciones que nunca se produjeron o motivadas por nombramientos que no hicieron los implicados. Tres altos cargos de Moncloa fueron imputados sin motivo, al igual que el rector de la Universidad Complutense o un directivo del IE.

A Peinado le quedan seis meses de trabajo antes de su jubilación forzosa porque cumple 72 años en septiembre. Pero antes concluirá la instrucción del caso para sentar en el banquillo a Begoña Gómez, según creen casi todas las partes involucradas en este proceso.

Los indicios de los cinco delitos atribuidos a la mujer del presidente y de los tres delitos que mantienen imputada a su asistente son vaporosos.

1 - Apropiación indebida

Una herramienta tecnológica de uso gratuito para pequeñas y medianas empresas fabricada durante las actividades de la cátedra –era uno de los objetivos para su creación– que nunca se inscribió a nombre de Begoña Gómez, como pudo comprobar la Universidad Complutense tras consultar al Registro de la Propiedad Intelectual. La esposa del presidente solo puso a su nombre, y por indicación de la propia universidad, el dominio web en el que se alojó la herramienta tecnológica.

Pese a que todos estos hechos han sido acreditados durante la investigación, el juez mantiene la imputación de Begoña Gómez y de su asistente por apropiación indebida. “Resulta sorprendente que se investigue como apropiación indebida el registro del software a nombre de Begoña Gómez, pero se atribuya una intervención en el hecho delictivo a mi patrocinada por intentar registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid”, se lamenta el abogado de Cristina Álvarez en el recurso. Y concluye: “Su participación va en la dirección contraria del delito. Es modélica, solo intervino en hechos tendentes a hacer lo correcto, es decir, registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid. Es como imputar por el atraco a un banco al policía que intervino deteniendo a los atracadores. Es un disparate”.

El fiscal del caso también censuró al juez por esta imputación a la asistente de Begoña Gómez: “La supuesta participación de Cristina Álvarez por mandar un correo a los órganos de la Complutense para abordar el tema de la cesión de derechos en favor de la universidad, que precisamente estaban tratando de realizar. No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”.

2 - Tráfico de influencias

El juez se basa para investigar este delito en una carta de apoyo a una empresa privada firmada por Begoña Gómez en calidad de directora de cátedra en la Universidad Complutense. El empresario Juan Carlos Barrabés, que dio varias clases en esa cátedra, incluyó dentro de su oferta a un concurso público la carta firmada por Gómez junto a otras 31 de idéntica redacción, una de ellas firmada por un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP.

Ninguno de los trabajadores y altos cargos de Red.es que intervinieron en la adjudicación del concurso ha sido imputado, ni siquiera llegaron a declarar ante el juez para explicar los hechos.

3 - Malversación de fondos públicos

La asistente de Gómez la ayudó en algunos de los trámites relacionados con su colaboración en la Universidad Complutense de Madrid, como ha quedado acreditado por varias decenas de correos electrónicos que envió Cristina Álvarez a las autoridades universitarias en nombre de la mujer del presidente del Gobierno. El juez Peinado, que negó hace meses imputar a ambas mujeres por malversación de fondos públicos, corrigió su decisión y mantiene a Begoña Gómez y Cristina Álvarez imputadas por malversación de fondos públicos. El abogado de Gómez explica que “es habitual que en el horario laboral, los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos”. “Difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación de caudales públicos. Es una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad”.

Y añade: “Para que la posible dedicación de mi patrocinada a tareas privadas de doña Begoña Gómez fuese constitutiva de delito de malversación, sería necesario que doña Cristina 'cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada'. No consta dato ni indicio de que mi patrocinada haya desatendido sus funciones por haberse dedicado a tareas privadas de doña Begoña Gómez. Al contrario, ha cumplido con sus obligaciones de manera exquisita, con una dedicación intensa, prácticamente sin horario, y muy por encima de lo que cabría esperar por su escueto salario. Y no consta desatención ninguna de sus obligaciones”.

4 - Intrusismo profesional

Begoña Gómez propuso a la Universidad Complutense crear una cátedra entre cuyos objetivos estaba la investigación de aplicaciones informáticas que ayudarán a pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad. Para desarrollar la nueva tecnología, de uso gratuito, Gómez logró la colaboración a favor de la universidad de las compañías Google, Telefónica e Indra. La directora de la cátedra firmó los pliegos de condiciones para adjudicar un contrato de consultoría vinculado a la nueva herramienta tecnológica. El juez Peinado sostiene que Gómez carecía de cualificación profesional para firmar esos pliegos de condiciones y la imputa por intrusismo profesional. Durante la investigación, el instructor pudo escuchar como la interventora de la Universidad Complutense declaró que las normas obligaban a que la directora de la cátedra, Begoña Gómez, firmase los pliegos de condiciones. Además, la asociación de Abogados del Estado contestó al juez que no había intrusismo profesional en aquellos hechos. Gómez sigue imputada.

5 - Corrupción en los negocios

Begoña Gómez dirigió durante cuatro años una cátedra en la Universidad Complutense y logró más de medio millón de euros en subvenciones al proyecto educativo público. En todo ese tiempo no cobró por su trabajo -preguntó, pero le contestaron que al no ser trabajador de la Universidad no podía recibir salario alguno-. Está imputada por corrupción en los negocios. Su actividad privada desde que inició su colaboración con la Complutense en 2012, según la investigación del juez Peinado, nunca le reportó unos ingresos anuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional. Su abogado recordó al juez que la Cátedra de Transformación Social Competitiva “no era remunerada” y que los fondos de empresas privadas se obtuvieron para la Universidad Complutense y no para Begoña Gómez.

La investigación no halló en todo este tiempo de instrucción ni una sola prueba de intervención de Begoña Gómez en el amaño de contratos, ni de enriquecimiento ilícito, ni de hacer negocio con su actividad, por la que ingresó solo en el mejor de los años, el salario mínimo interprofesional. La Guardia Civil investigó el supuesto tráfico de influencias y elaboró un informe al comienzo de la causa que descartaba el delito. Pero el juez no hizo ni caso. La Audiencia Provincial, que avaló entonces seguir con la investigación, tampoco.

“No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”. Palabra de fiscal.

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado las decisiones del juez Juan Carlos Peinado por las que transformó el procedimiento contra Begoña Gómez en uno que llevaría a la mujer del presidente del Gobierno y el resto de investigados a ser juzgados por un tribunal popular. La instancia superior ha resuelto en un auto cuatro recursos de las partes que se concretan en la decisión de retrotraer las actuaciones a un momento anterior a la transformación del procedimiento en el del tribunal del jurado.

A juicio de los magistrados de la Audiencia Provincial, los autos por los que el juez optó derivar la causa hacia un posible tribunal compuesto por ciudadanos “carecen de la necesaria fundamentación” y motivación para justificar el cambio de procedimiento. Subrayan que “únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles” que les atribuye. Concluyen, por tanto, que se ha vulnerado el derecho de los investigados a la tutela judicial efectiva, que incluye obtener una resolución debidamente motivada.

Además, le advierten de que no puede escudarse en la simple sospecha inicial para hacer avanzar la causa hacia el Tribunal del Jurado. Así, los jueces de la Audiencia Provincial recuerdan a Peinado que, tras un año y medio de investigación, la mera “verosimilitud” de la denuncia original ya no es suficiente y que es imprescindible que esas sospechas se hayan transformado en “indicios racionales suficientes”. “No es de recibo indicar, tras año y medio de instrucción, que para la incoación del procedimiento basta la mera verosimilitud y que esta ya ha sido avalada en diversas ocasiones por la esta Sala”, dice la resolución.

El pasado octubre, el juez Peinado decidió derivar ante dos jurados populares la investigación abierta contra Begoña Gómez. Su pretensión era mantener, por un lado, un procedimiento sobre el delito de malversación que le atribuye por las tareas realizadas por su asistente en la Moncloa. Y, por otro, uno en el que seguir indagando en su actividad en la Universidad Complutense y sus relaciones con el empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior anularon esa decisión y descartaron que, en el caso de que la causa avanzara hasta el juicio, se celebraran dos vistas contra la mujer del presidente. 

En su recurso, la defensa de Begoña Gómez alegó que el juez se limitó a transcribir artículos de la Ley del Jurado y a citar resoluciones de forma genérica, sin concretar “ni un solo indicio” de que hubiera cometido los delitos imputados tras 19 tomos de investigación y calificó la decisión de “prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental”. 

La denuncia por intento de soborno presentada por un comisario jubilado, testigo clave en el juicio pendiente por el acoso, las amenazas y agresiones a la doctora Elisa Pinto, no será investigada. Los jueces consideran que no hay delito en el ofrecimiento que recibió el comisario retirado Jaime Barrado por parte de otro mando jubilado, que le prometió 20.000 euros si se comprometía a no declarar contra Javier López Madrid, el empresario al que la Fiscalía pide 13 años de cárcel. Según el auto de la Sección Tercera, el intento de soborno no pasa de constituir “una propuesta poco ética” y no cabe abrir una causa judicial por ello.

Barrado grabó a Fernando Moré, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, ofreciéndole dinero de parte de López Madrid. El comisario jubilado presentó una denuncia ante la Guardia Civil con dos audios y varios intercambios de WhatsApp que retratan el intento de soborno. Sin embargo, la magistrada María del Coro Monreal apreció que no había delito en la maniobra. La Fiscalía recurrió en dos ocasiones y la Audiencia Provincial de Madrid ha dado finalmente la razón a la magistrada, cerrando la puerta a cualquier investigación.

Los jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial consiguen dar carpetazo al asunto sin mencionar una sola vez al empresario Javier López Madrid, yerno del ya fallecido Juan Miguel Villar Mir. Y no le mencionan pese a que dan por hecho que el ofrecimiento se produjo y que su autor, el comisario jubilado Moré, asegura en las grabaciones que está concertado con López Madrid. 

“Esta propuesta responde a una actuación que puede considerarse poco ética, al no acudir directamente a una negociación con la abogada de la querellante como resultaría adecuado, y elegir, en cambio, una vía de acceso indirecta a través de una persona a la que se reconoce una potencial influencia derivada de su posición de especial autoridad y también de su estrecha relación con la investigación de los hechos. Pero esta conducta ciertamente censurable es atípica penalmente”, escriben los jueces de la Audiencia Provincial. 

Los magistrados de la segunda instancia optan por ignorar una parte de los hechos denunciados y documentados en dos atestados de la Guardia Civil. El comisario que ofreció el dinero, Fernando Moré, no solo pedía a Barrado que influyera en la doctora Pinto para que retirara la denuncia y el juicio no se celebrase, como exponen los jueces. También ponía sobre la mesa que Barrado no fuera a declarar al juicio. 

En una de las grabaciones, que publicó este medio, se puede oír a Moré indicando a Barrado lo que debe trasladar a Pinto y su abogada: “[Diles]: 'Que yo estoy jubilado y no quiero saber nada. Yo no voy a ir a declarar en contra de nadie ni meterme en líos. Yo ya estoy fuera de eso. Y por lo que estoy viendo, y por lo que puede pasar, yo os aconsejo que lleguéis a un buen acuerdo económico y aquí paz y después gloria. Punto'”.

La Fiscalía no comprende que la jueza haya dado carpetazo sin investigar. En su recurso ante la Audiencia Provincial, el representante del Ministerio Público alegó que “existen indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial, motivo por el cual el sobreseimiento libre de las actuaciones es precipitado”.

“Se ha intentado alterar un proceso judicial”

La Fiscalía recuerda que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogen unos supuestos para el sobreseimiento. “En el presente caso [afirma la Fiscalía] no se ha practicado diligencia de ningún tipo, siendo precipitado el sobreseimiento libre acordado”. La Fiscalía pedía que se tomara declaración al denunciante, Jaime Barrado. “Existen, por tanto, indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial”, razonó la Fiscalía sin éxito. 

En el archivo provisional de la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 34 había argumentado que el ex jefe de la UDEF, Fernando Moré, no contactó con Jaime Barrado para que “influyera” en Elisa Pinto sino únicamente para que hablara con la abogada de Pinto con el objeto de “intentar llegar a un acuerdo y quizás evitar el proceso”. Para que hubiera delito de obstrucción a la justicia, razonaba la jueza María del Coro Monreal, Moré debería haber pedido a Barrado que alterara su testimonio en el juicio. 

Jaime Barrado fue el policía que descubrió la presunta implicación del comisario Villarejo en el acoso a Elisa Pinto y organizó en 2015 una rueda de reconocimiento fotográfico donde la doctora identificó al policía como el autor del pinchazo que recibió en abril de 2014 mientras el agresor le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo y López Madrid se enfrentan a 13 años de cárcel en un juicio pendiente de celebrarse doce años después de los hechos. 

Las grabaciones y la denuncia del comisario jubilado están apoyados por dos atestados de la Guardia Civil en los que se recogen hechos que apuntan a la presunta comisión de los delitos de cohecho y/o contra la administración de Justicia. Los agentes llegaron a requisar las imágenes de la cafetería donde se produjo el intento de soborno, informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. 

La jueza Monreal defendió que al estar ambos comisarios jubilados, tanto el que ofrece el soborno como el que lo rechaza, no puede haber un delito de cohecho a un funcionario público. La magistrada concluyó que tampoco se podía dar un delito de obstrucción a la justicia porque no hubo “empleo de violencia o intimidación”.

La Audiencia Nacional absolvió recientemente a López Madrid, a Villarejo y a un colaborador de este por el supuesto encargo del empresario al policía cuando este se encontraba en activo. El tribunal especializado no encontró pruebas suficientes del supuesto contrato entre el empresario y el comisario. Los hechos constitutivos del acoso –las amenazas, las coacciones y dos agresiones con arma blanca– serán juzgados en otra vista para la que todavía no hay fecha. La celebración se ha aplazado ya en tres ocasiones y puede que no tenga lugar hasta entrado 2027.

Hace una década Javier López Madrid y el comisario Villarejo estuvieron cerca de librarse del juicio por el acoso y agresión a la doctora Elisa Pinto que se celebrará el próximo febrero. Una jueza archivó la causa contra ellos con un informe policial que daba la vuelta al caso. La culpable, según la Policía, era la mujer. Hasta que en 2018, la Audiencia de Madrid se percató de las maniobras para forzar aquella conclusión y ordenó reabrir el caso contra el empresario y el comisario. Los máximos responsables policiales de aquella actuación han declarado como testigos esta semana en el primero de los dos juicios contra López Madrid y Villarejo. Son un matrimonio de policías. Ella ha admitido que fue su marido, el comisario descubierto arropando a López Madrid y filtrándole los avances del caso, quien le ordenó confeccionar el informe que describía a Pinto como una mujer obsesionada con el yerno de Villar Mir.

En mayo de 2015, la doctora Pinto había reconocido a Villarejo entre una decena de fotografías de hombres similares como el que la había pinchado en el costado mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo no era un policía cualquiera. El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz había salido a defender en público su trayectoria tras aflorar los oscuros negocios del comisario, entonces en activo. Pieza fundamental de la brigada política, la cúpula de la Policía se movilizó para que Villarejo no fuera imputado en el caso de acoso a Elisa Pinto. 

En ese contexto, el entonces inspector jefe Alberto Carba recibió el encargo de rehacer la investigación desde el principio. La doctora estaba imputada en un juzgado de Madrid como consecuencia de la denuncia de López Madrid. El policía arrancó sus pesquisas basándose en los indicios contra ella y despreciando los que había contra el empresario en otro juzgado. En julio tendría listo un informe que responsabilizaba a la mujer del acoso y que, en consecuencia, exculpaba a López Madrid y al comisario José Manuel Villarejo Pérez. 

Alberto Carba es hoy jefe de la Policía Judicial en Madrid. La investigación de cualquier delito grave o especializado, diferente del terrorismo, depende de él. En el momento de su participación en el caso de acoso era jefe de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía a nivel nacional.

El atestado policial de Carba recogía afirmaciones contrarias a las evidencias sobre algunos comportamientos de las víctimas en una situación de hostigamiento. Carba decía que es incompatible el acoso y que la víctima continuara con el trato con el agresor. “A juicio de esta Sección de Secuestros y Extorsiones no es habitual estos contactos en un contexto de temor sino más bien lo contrario, se prefiere la lejanía por su seguridad”, escribió el hoy comisario. La doctora explicó en el juicio que tenía miedo del poder de Javier López Madrid y del daño que le pudiera hacer a su vida personal y carrera profesional y que por eso no se atrevía a cortar la comunicación con él. 

Durante el acoso, la doctora ingresó un millón de euros en un fondo de inversión en el que participaba López Madrid. Carba escribió: “A juicio particular de esta Sección cualquier denunciante por hechos tan graves como ser víctima de dos apuñalamientos y de una campaña de mensajes amenazadores, de poder permitírselo, contrataría a personal de seguridad privado pero jamás invertiría dinero en la empresa que dirige quien despierta sus sospechas”.

El cuestionado 'Minority Report' de la Policía

Su informe llevaba adjunto otro confeccionado por el Servicio de Análisis de la Conducta, una estructura policial creada en 2011 e inspirada en las que tienen el FBI y Scotland Yard. Este servicio elabora hipótesis a través de un análisis psicológico de la actuación criminal. A él pertenece la mujer de Carba. Fue él quien encargó al Servicio de Conducta participar en su investigación, según han reconocido esta semana ante el tribunal. 

Fue la propia policía quien aseguró el miércoles ante el tribunal que la Sección de Secuestros y Extorsiones les encargó el informe de conducta de Pinto. La abogada de la dermatóloga le preguntó: “El inspector que estaba dirigiendo la investigación, ¿es su esposo o era entonces su pareja de hecho?”. La policía le corrigió: “Inspector jefe y es mi esposo, lo era entonces y en este momento lo es”. Una vez ofrecida la respuesta, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, intervino para aclarar que la testigo no deponía para aclarar sus circunstancias personales. “Gracias, señoría”, se apresuró a decir la policía del Servicio de Conducta.

En 2015, la esposa de Carba extrajo unos cuantos mensajes recibidos por López Madrid en su teléfono y mostró como “conclusiones” una lista de conjeturas acerca de que la autora tenía que ser una mujer “con un sentimiento de despecho” y que, por tanto, se trataba de “una persona muy cerca a Elisa Pinto o incluso la propia Elisa Pinto”. La agente ha asesorado a al menos una autora de novelas policiacas.

En los mensajes del móvil de Javier López Madrid aparecían algunos con amenazas como los siguientes: “Si quieres te damos nombres de más amigos tuyos que nos van a dar juego” o “Picha brava sin escrúpulos”. Del análisis del contenido de los mensajes, la Sección de Conducta de la Policía especulaba: “El ataque es el fin último de los mensajes. Se puede corresponder con un sentimiento de despecho hacia Javier López Madrid, entendiendo esta emoción como la animadversión hacia alguien por ser el culpable de un desengaño. Para que esta reacción se produzca es necesario que la relación entre ambas personas haya sido muy cercana, probablemente íntima, por lo que se podría aventurar que el autor de los mensajes es una mujer”.

Los informes policiales de Carba y su esposa provocaron el inmediato archivo de la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Pero en 2018, el recurso de la defensa de la doctora fue resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. Villarejo y López Madrid volvían a estar imputados y ya veían el camino del banquillo. Otra sección de esa misma instancia judicial pediría después explicaciones a la Policía por las conjeturas y especulaciones contenidas en sus informes. 

Para empezar, los jueces querían saber quién había elaborado el informe del Servicio de Conducta. Carba lo había entregado como un anexo a su informe, por lo que no se identificaba a su esposa ni al otro funcionario que lo escribió. Pero la Policía tuvo que identificar posteriormente a los dos policías que lo elaboraron por orden del juzgado. Uno de ellos resultó ser la policía con carnet profesional 125.756, la esposa de Carba. La retransmisión del juicio en Youtube autorizada por el tribunal mostró a Carba declarando de espaldas. A quien sí se pudo observar frente al tribunal, también como testigo, fue a su mujer. La policía 125.756 sigue destinada en el Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía. 

En diciembre de 2018, la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid cuestionaba la capacitación de los policías de ese impactante servicio policial al que algunos medios habían bautizado como el ‘Minority Report’ español, en alusión a la película protagonizada por Tom Cruise en el que una unidad policial anticipa los crímenes antes de que se cometan. 

Los jueces decían en su auto: “No se especifica el objeto del estudio, ni la cualificación o formación de las personas que lo realizan, ni el método o conocimiento técnico o científico utilizado para llegar a las conclusiones que se realizan”. La Audiencia Provincial ordenaba a la Policía que aclarase a qué se dedicaban los policías que realizaron el informe; “si están dados de alta como peritos judiciales” y desde cuándo; cómo llegaron hasta ahí (concurso, libre designación o comisión de servicios); y, en el caso de que fuera por libre designación, que se identificara al funcionario que adoptó tal decisión.

Cuatro años después, en 2022, otros magistrados, los mismos que habían obligado a reabrir la causa contra López Madrid y Villarejo, se empleaban en términos similares al hablar de la actuación policial. Resolvían los recursos contra el procesamiento que presentaron el empresario y el policía y dejaban por escrito que los informes de Carba y su mujer tenían una “fiabilidad empañada”. 

Último intento de soborno

La postración de un grupo de mandos policiales ante el poderoso empresario Javier López Madrid ha atravesado el caso de presunto acoso a la doctora Pinto, desde antes de que arrancase en 2013 y hasta prácticamente hoy. Está pendiente que un juzgado de Madrid decida sobre la denuncia presentada por el comisario que se atrevió a investigar la implicación de Villarejo después de que otro policía jubilado le haya hecho llegar recientemente una oferta económica para que influyera en la doctora Pinto, esta retirara su acusación y el juicio por el acoso y agresión de febrero no llegara a celebrarse. El autor de la oferta, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, dice en una grabación publicada por elDiario.es que actúa por orden de López Madrid. 

Uno de esos mandos policiales que tuvo una polémica relación con el empresario fue Alberto Carba. La UCO de Guardia Civil detuvo en abril de 2017 a López Madrid por un asunto muy diferente, su implicación en el caso de corrupción del PP madrileño denominado ‘Lezo’, por el que el empresario aún debe sentarse en el banquillo. Los guardias se incautaron del teléfono de López Madrid que volvió a ser una caja llena de sorpresas. Mientras Carba investigaba el caso de acoso, el inspector jefe escribía a López Madrid: “Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. 

En el momento de aquella publicación, Carba no quiso ofrecer su versión a este medio. Ante el tribunal que está juzgando por cohecho a López Madrid y Villarejo, el policía aseguró el miércoles pasado que estaba aplicando el Estatuto de la Víctima al empresario y que, en el momento en que se produjo ese intercambio, López Madrid estaba muy nervioso informándole de que se iba a suicidar. “Eran las tres de la tarde, López Madrid me llamó gritando y llorando. Me estoy subiendo a la azotea de mi edificio y me voy a tirar. Como negociador de la policía que era intenté calmarle”, relató ante el tribunal el comisario Carba. 

El comisario aprovechó para expresar su malestar por lo que considera una mala interpretación de la afirmación “este partido lo vamos a ganar”. “Significa ‘mantenga la fe en la justicia y en la investigación que estamos haciendo’ porque temía que se fuera a suicidar. Era una obligación moral”, añadió.

Pese a que los tribunales han enviado a López Madrid y a Villarejo al banquillo porque consideran, indiciariamente, que las conclusiones culpando a la señora Pinto son, cuando menos, erróneas, el policía insistió ante ellas esta semana en la Audiencia Nacional. López Madrid y Villarejo se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 13 años de cárcel por coacciones, amenazas y agresión. La jueza que investigó a Elisa Pinto archivó las actuaciones contra ella. La Audiencia Provincial confirmó esa decisión en marzo de 2024.

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la orden del juez Juan Carlos Peinado de recabar todos los correos de la dirección utilizada en Moncloa por Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno y hasta la fecha de la providencia.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces de la instancia superior vuelven a reprochar al juez que no haya razonado la instrucción de recabar los correos y anulan igualmente la orden de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realice un informe de acuerdo a su contenido.

“La citada resolución, por utilizar la forma de providencia, no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos, lo que viene a dar la razón a los recurrentes, que resulta una medida carente de la justificación necesaria, incumpliendo los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”, recoge el auto de la Sección 23, resolviendo así los recursos interpuestos por la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía.

Peinado, según los magistrados, debería haber realizado “una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios y sobre la intervención de los investigados, y sobre la necesidad de la medida”. La aprehensión de los correos afecta a un derecho fundamental y la Sección 23 hace una analogía con los pinchazos telefónicos, cuya conveniencia no debe dejar el juez instructor a criterio policial. “Es el juez, manejando esos datos objetivables [aportados por la Policía], el llamado a realizar sus propias deducciones, que podrán coincidir o no con las policiales”, añaden sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La misma sección dio la semana pasada la razón a Peinado en cuanto a una de sus decisiones más polémicas y clave en la investigación, llamar a declarar a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, acusadas de un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal consideraba “dudoso” e incluso potencialmente delictivo que Álvarez sea “amiga íntima” de la esposa del presidente del Gobierno y no un “funcionario experto” y avala que se investigue si existió una “desviación de sus funciones” para, por ejemplo, ayudar a Gómez en la organización de su trabajo en la Universidad Complutense.

La instrucción judicial más irregular de los últimos tiempos mantiene imputada por hasta cinco delitos a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y sigue viva gracias a algunas controvertidas decisiones de tres magistrados. Se trata de María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández y Enrique Jesús Berges, integrantes de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid y encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta contra Begoña Gómez. Desde hace año y medio, cuando se inició esta causa, los tres magistrados sostienen a duras penas un proceso judicial plagado de irregularidades. Pese a su esfuerzo argumental, los tres magistrados no han tenido más remedio que anular hasta tres imputaciones: el actual delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín; un directivo del IE, Juan Jose Güemes; y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El juez Peinado intentó también que se encausará por malversación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, pero el Supremo lo impidió al no encontrar ni el más mínimo indicio de delito en la actuación del dirigente socialista.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial iniciaron su trabajo de revisión de las decisiones del juez Peinado apenas dos meses después de comenzar la investigación. Analizaron la causa y encontraron que la “deslavazada” querella del grupo ultraderechista Manos Limpias que admitió a trámite el juez Peinado estaba basada en “hechos erróneos”, “conjeturas” y recortes de prensa con algunas noticias falsas. Pero dejaron a Peinado que siguiera con la causa porque al menos había un indicio para investigar: la mujer del presidente del Gobierno había firmado como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense una carta de apoyo a una empresa que había logrado contratos millonarios de la administración central.

Cuando los tres magistrados firmaron su primer auto sobre la causa autorizando al magistrado a seguir con la investigación ya existía un informe de la UCO que anulaba, tras un exhaustivo análisis, el valor como indicio de la carta de apoyo. La UCO descartó irregularidades en el concurso ganado por una empresa que incluía en su oferta 32 cartas de apoyo, una de ellas firmada por Begoña Gómez. El análisis de la UCO no le importó a Peinado ni a los tres magistrados de la Audiencia Provincial, la causa siguió y fue acumulando nuevos delitos sin que aparecieran nuevos indicios.

Los tres magistrados fueron validando el trabajo de Peinado pese a que, a la vez, iban anulando imputaciones y limitando el campo de la investigación: el instructor no podía investigar el rescate de Air Europa, pese a que lo sigue intentando todavía hoy, ni podía usar el material requisado al empresario Juan Carlos Barrabés en un registro que, según la Audiencia Provincial, vulneró los derechos del imputado.

Es difícil encontrar una instrucción con tantos accidentes del juez que dirige la investigación.

El último empeño del juez Peinado es demostrar que Begoña Gómez usó a su asistente, María Cristina Álvarez, para trabajos privados, lo que implicaría una malversación de fondos públicos por parte de ambas mujeres. La Audiencia Provincial ya dijo en uno de sus autos anteriores que la asistente nunca podría cometer ese delito, pero ahora respalda que se la tome declaración en calidad de investigada por eso mismo. Una nueva pirueta jurídica en un proceso plagado de triples saltos mortales.

Los trabajos privados que Peinado considera delictivos consisten básicamente en decenas de correos electrónicos que la asistente mandaba desde su cuenta personal a directivos de la Complutense en nombre de Begoña Gómez. Eran correos relacionados con la búsqueda de patrocinios privados para la cátedra que codirigía la mujer del presidente a cambio de cero euros, porque no podía cobrar por esa función al no ser personal universitario.

Nadie ha calculado aún cuánto dinero suponen unas horas de trabajo para enviar esos correos electrónicos sobre siete años de sueldo público de la asistente. La Audiencia Provincial de Madrid ha escrito lo siguiente: “Probablemente la actividad de María Cristina Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”. Por lo investigado no parece que Cristina Álvarez haya desatendido la agenda y asuntos protocolarios de Begoña Gómez. No hay ni una sola prueba de esa circunstancia.

Por otra parte, los asuntos lucrativos de Begoña Gómez consistían en lograr dinero de empresas privadas para financiar actividades de la universidad pública dentro del proyecto de investigación de una cátedra que codirigía sin sueldo alguno. Cuando la Complutense decidió anular la cátedra, en la caja de esta universidad pública quedó un saldo positivo de 25.000 euros. Un negocio privado de Gómez que sólo rindió beneficios a un centro público de educación.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial emulan las irregulares prácticas del juez Peinado que ellos mismos han anulado en otras resoluciones. Ahora sostienen la causa con afirmaciones carentes del mínimo rigor, como hace Peinado. Si el juez instructor llegó a imputar al directivo del IE, Juan José Güemes, por la declaración de una testigo que nunca se produjo en esos términos. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid incurre en un defecto semejante para apuntalar la malversación en esta causa: “Resulta dudoso, y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del Presidente de Gobierno haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo”. No es la primera vez sino la última, porque esto ha ocurrido siempre. Los asistentes de las parejas de los presidentes del Gobierno no han sido funcionarios expertos en protocolo ni se han elegido teniendo en cuenta esa circunstancia.

El asistente de la esposa de Mariano Rajoy fue un licenciado en historia del Arte, Jaime de los Santos, hoy diputado nacional del PP.

La asistente de Ana Botella, mujer de José María Aznar, fue Cristina Alonso Mateo, que antes había sido la secretaria del expresidente del Gobierno. Los magistrados no acaban de explicar cómo el nombramiento de una inexperta en protocolo puede ser un indicio de malversación de fondos públicos. ¿Si la asistente de Begoña Gómez no hubiera enviado esos correos electrónicos, de qué manera podría ser un indicio de malversación el hecho de ser amiga de quien la contrató y de ser inexperta en protocolo?

Pero los magistrados, en el auto escrito por Enrique Jesús Berges, siguen escalando la montaña de lo irracional cuando llegan a censurar que el puesto, de libre designación según la Ley, “se hace recaer en una persona de su máxima confianza”. Y añaden sin una sola prueba que respalde su opinión: Begoña Gómez “no” contrató a su asistente “para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse el fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público”. Sin embargo, el patrimonio público de la Universidad Complutense resultó mejorado por las gestiones de Begoña Gómez para lograr patrocinio para la cátedra. Y en ese afán, su asistente en Moncloa le ayudó enviando algunas decenas de correos electrónicos.

La causa penal contra la mujer del presidente del Gobierno sigue viva y embarrada por decisiones judiciales extravagantes sostenidas sobre argumentos peregrinos cuando no directamente falsos.

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este martes a un pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste, al que acusa de apropiarse de más de 516.000 euros pertenecientes a la comunidad religiosa entre los años 2016 y 2018. Según la Fiscalía, el acusado tenía autorización para operar en la cuenta corriente de la iglesia, abierta en una sucursal de Bankia en la calle Chapinería de Madrid.

Aprovechando su posición como pastor y responsable autorizado, habría ordenado múltiples transferencias desde la cuenta de la entidad religiosa hacia su cuenta personal. El escrito detalla más de una veintena de reintegros y transferencias realizadas entre febrero de 2016 y noviembre de 2017, con importes que oscilan desde pequeñas cantidades hasta operaciones de 90.000, 100.000 o incluso 150.000 euros. En total, el presunto perjuicio económico asciende a 516.271,83 euros, procedentes principalmente de donaciones de los fieles.

La Fiscalía sostiene que el acusado no percibía nómina alguna pese a que las transferencias se justificaban bajo conceptos como “nómina”, “donación”, “ofrenda” o “gastos”. Con parte del dinero, afirma el Ministerio Público, T.G.M. habría adquirido un vehículo a su nombre y entregado cantidades a su hijo para la compra de una vivienda en Boadilla del Monte.

Según los primeros indicios, los miembros de la iglesia no tuvieron conocimiento del destino de las donaciones hasta 2020. El Ministerio Fiscal solicita por un delito continuado de apropiación indebida cuatro años de prisión, diez meses de multa con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste en 516.271,83 euros, más los intereses legales correspondientes, por las cantidades presuntamente desviadas y no recuperadas.

Corría el año 2017 cuando Ana Belén Pintado Lucas-Torres comenzó a sospechar que era una “bebé robada”. Tenía entonces 44 años y vivía en Campo de Criptana (Ciudad Real). Sus padres habían fallecido. La casualidad al tener que consultar unos documentos para vender un inmueble y sus pesquisas le permitieron descubrir no solo que era adoptada, sino que había sido sustraída a su familia biológica. “La que yo creía que era mi madre era estéril”.

Sus padres adoptivos nunca le dijeron nada. Comenzó entonces la búsqueda de su familia biológica y tan solo un año después, en 2018, conoció a su madre biológica, Pilar, natural de Lanzahíta, un pueblo de Ávila. La había tenido con 24 años, pero le dijeron que su hija había muerto a las pocas horas de nacer. También se reencontró con su padre José Luis, que falleció en agosto de 2024, y con sus dos hermanos y sus sobrinos.

Siete años después sigue luchando para que se reconozca judicialmente lo que ocurrió. “Llegaremos hasta donde podamos, estamos en nuestro derecho”, reivindica.

En el camino se han interpuesto varias denuncias. En enero de 2019 se presentó una querella criminal contra José María Castillo, el médico que presuntamente estuvo detrás de la adopción de la 'bebé robada'. Ya falleció, así que en su caso el camino en los tribunales quedó cerrado. “Esto no se tiene que quedar aquí, quiero llegar hasta el final y que se haga justicia porque hay muchos casos como el mío”, relataba entonces Ana Belén en una entrevista con elDiario.es Castilla-La Mancha.

En 2022 interpuso otra querella contra el director del Centro de Maternidad Santa Cristina de Madrid, en el momento de los hechos, alegando presuntos delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, falsedad documental y también de alteración de paternidad y maternidad, en el marco de crímenes de lesa humanidad.

“La querella ha sido archivada hasta en dos ocasiones, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que hay que seguir investigando”, explica Ana Belén. El caso se reabrió en marzo pero el procedimiento quedó en suspenso por la falta de un expediente.

Este jueves, tres declaraciones ante el juzgado de instrucción

El caso sigue en proceso de instrucción, pero ahora se muestra de nuevo ilusionada ante la posibilidad judicial de avanzar. Este jueves 11 de diciembre la madre biológica de Ana Belén ha sido citada a declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Madrid, en calidad de testigo. Una citación que también han recibido una administrativa y dos matronas de la maternidad Santa Cristina contra la que se querelló.

Una de las matronas declarará como investigada, ya que en su momento dirigió el centro, según ha explicado la abogada de Ana Belén Pintado, en declaraciones a este medio. Itziar Bilbatua sigue pendiente de que se practiquen varias diligencias, como por ejemplo la que permitirá disponer del expediente de adopción, clave para el caso. Fuera del proceso de declaraciones ha quedado otra persona -que también fue director de la maternidad- y que alegó “falta de capacidad para declarar y entender las repercusiones del procedimiento”, detalla la abogada.

Ana Belén Pintado mantiene la esperanza de que “se haga justicia”. “Es lo que busco y que quien haya hecho mal, que lo pague. Por tantísima gente como yo, y que no encuentra a su familia. Me tienen como referente, me preguntan cómo lo he hecho y eso me motiva a seguir adelante”.

“Somos personas normales, a veces no tenemos ni recursos para seguir y es a nosotros a los que nos tratan de 'malos'. Hay gente poderosa, con nombre y apellidos. Creo que ya es hora, tiene que conocerse”, argumenta.

Somos personas normales, a veces no tenemos ni recursos para seguir y es a nosotros a los que nos tratan de 'malos'. Hay gente poderosa, con nombre y apellidos. Creo que ya es hora, tiene que conocerse

El pasado octubre Ana Belén y su madre Pilar estuvieron entre las personas homenajeadas en un acto celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid con motivo del Día de Recuerdo Víctimas de la Dictadura. El evento buscaba reconocer a diversas víctimas del franquismo, con una mención especial a los casos de bebés robados. “Fue muy emotivo”, recuerda.

Ese día, según cuenta, tuvo ocasión de conversar con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante unos instantes. “Le dije que estábamos muy agradecidas, muy contentas pero... que faltan cosas por hacer”. Le pidió “abrir los archivos, tanto los de la iglesia como los de las clínicas, o poner en marcha un banco de ADN”.

Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se convirtió esta semana en el tercer investigado en la causa que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta contra Begoña Gómez al que la instancia superior retira la imputación. Los tres magistrados de la Audiencia Provincial que revisan las decisiones de Peinado suscribieron un auto en el que afirman que no hay ni “el más mínimo indicio” contra el alto cargo del Ejecutivo. A pesar de ello, ha permanecido imputado durante medio año. 

El nombre de Francisco Martín se une a los de otros damnificados a los que el juez Peinado investigó de forma injustificada, según la instancia superior. Se trata del directivo del IE Juan José Güemes, que fue consejero de la Comunidad de Madrid con el PP y al que imputó tras tergiversar el testimonio de una testigo después de que él negara un trato de favor a la esposa de Pedro Sánchez. Estuvo seis meses investigado. 

El tercero es el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, al que llegó a mantener imputado durante más de diez meses hasta que la Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa. Goyache se desvinculó de la creación de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Complutense y siempre negó haberle dado trato de favor. La Audiencia Provincial afirmó que la decisión del juez de investigarle carecía de “fundamento” y levantó su imputación ante la “ausencia de datos objetivos incriminatorios”. 

En el caso de Francisco Martín el juez acordó imputarlo el pasado mayo tras admitir una querella que Vox había presentado en diciembre de 2024. Esa querella se basaba en la existencia de dos correos electrónicos que la asesora Cristina Álvarez envió en 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivas de Reale, entidad aseguradora que financiaba la cátedra que la mujer de Sánchez dirigía en la Complutense en relación con un evento en el que iba a participar. Según la formación de extrema derecha, el envío de esos dos correos era suficiente para atribuir al actual delegado al Gobierno, a la asesora y a Begoña Gómez delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. 

Peinado admitió la querella solo contra Francisco Martín y únicamente por el delito de malversación, aunque meses después, en pleno agosto, cambió de criterio e implicó también por este delito a la esposa de Sánchez y la asistente. El juez argumentó que el delegado —que entre 2021 y 2023 fue secretario general de la Presidencia del Gobierno— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” en las que Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. 

La Audiencia Provincial le dice ahora al magistrado que la querella de la formación de Santiago Abascal no proporcionaba ni “el más mínimo indicio” de que Francisco Martín hubiera participado en el presunto delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por la asesora y tampoco de que tuviera una “supuesta función de control” sobre esas tareas, por lo que debió rechazarla de plano. Ante el juez, Martín dijo que no participó en la contratación de la asesora en 2018, cuando era jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presidencia, y que tampoco conoció de “ningún incumplimiento” en el ejercicio de sus funciones cuando ascendió a secretario general de Presidencia. 

“Resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quién debiendo de limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada”, dicen los jueces de la instancia superior. Esta afirmación parece contradecir lo afirmado por estos mismos jueces en mayo, cuando sostuvieron que la asistente no podía ser investigada por un delito de malversación, pues ese delito solo puede cometerlo quien “destina, aprovecha o consiente” ese mal uso de los servicios públicos, pero no “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado”. La atribución a Begoña Gómez y su asistente de un delito de malversación también está recurrida por sus defensas a la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado al respecto. 

El revés del Supremo

La decisión de la Audiencia Provincial obligará al juez a mover ficha y levantar la imputación de Francisco Martín. Hasta ahora, Peinado no había dado este paso a pesar del revés que encajó el pasado julio, cuando el Tribunal Supremo se negó a encausar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también en la ramificación del caso relativa a la asesora de Begoña Gómez. Bolaños era secretario general de Presidencia cuando la asesora fue contratada y Francisco Martín fue su predecesor. Los jueces del Supremo acusaron a Peinado de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al ministro, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

En el interrogatorio, el ministro negó cualquier irregularidad. Pero el juez insistió en pedir al alto tribunal que abriera una causa contra él por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente. Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado. 

El juez también mantuvo imputada durante 11 días a la actual secretaria general de Presidencia, Judith González, a la que atribuyó el mismo delito de malversación que a sus dos predecesores en el cargo. En su caso, el juez acordó sacarla de la causa justo después de interrogarla. La alto cargo dijo que el puesto de la asesora no depende de la estructura que ella dirige, sino del Gabinete. Un día después, el juez confirmó esa decisión en un auto con una somera explicación. “Resulta plenamente acreditado que la investigada no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos”, escribió.

Esta misma semana, la Fiscalía pidió al juez que levantara la imputación de Francisco Martín dado que su situación es “idéntica” a la de Judith González, que fue quien lo sustituyó en el cargo. “Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada. Uno, imputado; y otro sobreseído libremente...”, escribió el fiscal. El juez optó por preguntar a las partes antes de tomar una decisión que ahora estará obligado a adoptar tras la resolución de la instancia superior.  

“Todos los actos”

La decisión de la Audiencia Provincial sobre el delegado del Gobierno es el último hito de una causa que Peinado inició tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas. En uno de sus primeros autos, el juez dejó claro que su pretensión era investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España” contenidos en esa denuncia. 

La causa ha ido expandiéndose después de que la querella inicial acusara a Begoña Gómez de favorecer a Air Europa en su rescate millonario durante la pandemia por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la aerolínea; y de beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet adjudicatario de contratos públicos. 

Las sospechas sobre Air Europa fueron refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. La Audiencia Provincial ha dicho hasta en tres ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios pese a la insistencia del juez en seguir investigando un asunto que el PP ha convertido en una de sus principales armas políticas. El juez siguió alimentando titulares de prensa durante meses hasta que la instancia superior le prohibió expresamente continuar con esa línea de investigación.

Tras el revés con Air Europa, Peinado también perdió el control sobre la segunda pata de la querella inicial, la relativa a la supuesta influencia en los contratos de Barrabés, porque la Fiscalía Europea asumió esa parte de las pesquisas. Peinado optó entonces por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en otros contratos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. La Audiencia Provincial avaló esa parte de la investigación, aunque también reprendió a Peinado por registrar la casa y la oficina del empresario mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces le advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio” y anularon ese registro. En su momento, el juez también intentó interrogarlo durante ese ingreso.

De ahí, el magistrado pasó a buscar irregularidades en la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. Investigó primero si su contratación en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias, lo que motivó la citada imputación del rector. Esa línea ha derivado en una macroinvestigación en la que se indaga, por un lado, si incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la universidad y, por otro, si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en la Complutense y por los que cobraba 15.000 euros anuales. 

Entre las líneas de investigación a las que la instancia superior ha ordenado dar carpetazo está también la contratación de Begoña Gómez por parte del IE, donde el tribunal sostiene que no hay delito porque fue la propia compañía la que “quiso contar con sus servicios”. Y, en consecuencia, no hay indicios de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial también le obligó a archivar la causa para Juan José Güemes. 

La Audiencia de Madrid ha impedido la última maniobra del juez Juan Carlos Peinado para investigar el rescate de Air Europa dentro de la causa que sigue contra Begoña Gómez. Los jueces de la instancia superior admiten parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la defensa de Gómez contra la decisión de Peinado de utilizar noticias de prensa, a su vez basadas en las afirmaciones del empresario y comisionista investigado por la justicia Víctor de Aldama.

Peinado había ordenado un informe a la UCO sobre el rescate de Air Europa y noticias aparecidas en prensa. La Audiencia Provincial vuelve a reprochar al juez ordenar diligencias sin motivarlas y añade que, en este caso, “se refiere a noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento” sino en ortas causa judiciales en las que se investigan “otros hechos supuestamente cometidos por personas aforadas (...) lo que no otorga competencia a este investigador”, añaden los magistrados en referencia al caso Ábalos del Tribunal Supremo.

“El auto recurrido (...) no dean de ser meras sospechas sin constituir el más mínimo indicio que justifique su investigación, ya que la propia resolución hace referencia a unas noticias periodísticas en las que se comenta y dice que el rescate del grupo de Empresas de Globalia, se ralizó como aseguró el empresario víctor de Aldama, a través de la mediación realiza por el ministro de Tranpsorters Juan José Ábalos (sic), ante el Consejo de Ministros”, recoge el auto de la Audiencia Provincial de Madrid.

El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa. 

Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid en este caso, ya hace un año en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”. Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto del pasado mes de octubre, cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa. 

El tercer aviso de la Audiencia Provincial para que Peinado dejara de investigar el papel de Begoña Gómez en este rescate es de mayo pasado, siempre y cuando no aparecieran “hechos nuevos”, lo que se llevaba por delante algunas diligencias, como por ejemplo el requerimiento de Peinado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de información sobre las ayudas que se otorgaron durante la pandemia a la aerolínea. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente uno de los recursos presentados por las defensas contra las decisiones del juez Juan Carlos Peinado de dividir en dos el procedimiento, lo que habría derivado en sendos juicios por el tribunal del jurado. Los magistrados de la instancia superior obligan al instructor a que indague en una misma causa sobre los cinco delitos que atribuye a Begoña Gómez y los otros imputados.

Aseguran que al dividir la causa, Peinado actuó de forma “prematura e inmotivada”. Y que la resolución por la que acordó abrir una pieza separada para investigar el delito de malversación no incluyó ni una “descripción mínima o sucinta” de los hechos. De este modo, la segunda instancia descarta que, en el caso de que la causa avanzara hasta el juicio, se celebraran dos vistas contra la mujer del presidente. Por el momento, el procedimiento se seguirá tramitando por la ley del Tribunal del Jurado a expensas de que la Audiencia Provincial decida sobre los recursos presentados por las defensas sobre esta cuestión.

En el mismo auto, los jueces de la Audiencia Provincial avalan la investigación por malversación y tráfico de influencias, dos delitos que consideran deben ser investigados, y en su caso juzgados, en un mismo procedimiento. “Ambos comportamientos están íntimamente entrelazados, en tanto que la intervención habitual de quien era Directora Programa de Presidencia del Gobierno [la asistente Cristina Álvarez] era supuestamente utilizada como un elemento más de influenciabilidad subjetiva en el delito de tráfico de influencias”, añaden en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La resolución evidencia el respaldo de la Audiencia Provincial a la investigación sobre las labores de la asesora que gestionaba la agenda de la mujer del presidente. Los jueces admiten que su nombramiento fue legal, pero consideran que pudo haber una “extralimitación” de sus funciones. Así, sostienen que las diligencias practicadas apuntan a que la asistente participó desde su puesto de funcionaria de libre designación “en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del presidente”.

Es más, apuntan que ese presunto exceso en sus atribuciones habría tenido como objetivo “favorecer el plan delictivo” de la mujer del jefe del Ejecutivo, que está siendo investigada sobre hechos relacionados con diferentes etapas de su trayectoria profesional, principalmente en la Universidad Complutense.

“Pertinente” interrogatorio a Bolaños

Los jueces de la instancia superior también avalan el interrogatorio del juez Peinado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien era secretario general de la Presidencia cuando ella la asesora fue contratada en junio de 2018. Consideran que la declaración como testigo del ministro es “necesaria, útil y pertinente” en lo relativo a las funciones de la asistente.

Ante el juez, Bolaños afirmó que no conocía a la asistente de Gómez y que su primer contacto con ella fue “semanas después” de comenzar a trabajar en la Moncloa en el año 2018. Además, aseguró que nunca había sido su jefe, que desconocía sus funciones y enmarcó su nombramiento dentro de la legalidad, puesto que se llevó a cabo siguiendo lo que establece la normativa sobre personal eventual.

Dos meses después de esa declaración, el juez Peinado se acogió a las supuestas “evasivas” y “reticencias” del ministro para pedir al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él por los delitos de malversación y falso testimonio. El alto tribunal se negó a encausar a Bolaños. Los jueces del alto tribunal acusaron al juez de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al titular de Justicia, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial. 

El caso por el presunto fraude a Hacienda de Alberto González Amador avanza en su recta final, ajeno a la reciente jubilación de la jueza de la causa que lo instruyó desde el principio. Una magistrada sustituta ha decidido que el periodo de tiempo hasta que llegue el nuevo titular del Juzgado, ya elegido, no suponga una dilación y este lunes dictó el auto de apertura de juicio oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Si la Audiencia Provincial no lo evita en el último momento, Alberto González Amador se sentará en el banquillo acusado de cinco delitos, incluido el de grupo criminal, incorporado recientemente en su escrito por la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid. 

El argumento más poderoso de las acusaciones es el mismo que dio origen al caso: un informe de 187 páginas en el que la Agencia Tributaria expone las conclusiones de 19 meses de investigación. Las pesquisas arrancaron cuando los técnicos de Hacienda se percataron de que el empresario había disparado sus ingresos sin incrementar la parte que debía pagar a la Administración pública. 

Las dos peritos que investigaron a González Amador comparecieron el 21 de marzo pasado en el juzgado para ratificar el contenido y las conclusiones de su informe, como ocurre en estos casos. Durante dos horas y media, una de ellas fue didáctica y rotunda: “El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos no nos resulta lógico que baje la tributación. En 2019 tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. Si paso a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública… y nos damos cuenta de que no”.

Alberto González Amador hizo el negocio de su vida en 2020, en los inicios de la pandemia de la COVID-19, cuando ingresó una cifra muy cercana a los dos millones de euros por una sola operación: poner en contacto a dos empresas españolas para que una vendiera y otra comprara material sanitario de protección por valor de 42 millones de euros. No conforme con incrementar tan exponencialmente sus ingresos, Alberto González Amador habría decidido que Hacienda no se llevaría lo que correspondía. Y para ello puso en marcha una trama de facturas falsas con las que aparentar que había tenido tantos gastos que apenas le había compensado la comisión de las mascarillas. 

La pareja de Ayuso se habría ahorrado de forma irregular 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades en 2020 con unas facturas falsas que no tardaron en descubrir las inspectoras de la Agencia Tributaria. Las técnicas siguieron tirando del hilo y este les llevó al siguiente ejercicio, el de 2021, en el que Alberto González Amador habría dejado de ingresar a Hacienda un total de 195.951,41 euros, una cantidad todavía mayor que en el ejercicio anterior. 

La Agencia Tributaria establece como plazo para la presentación del Impuesto de Sociedades los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Eso significa que la declaración del año 2020 se debe presentar en los 25 primeros días de julio de 2021. La primera noticia de la relación sentimental entre Ayuso y el empresario se remonta a mayo de 2021, cuando una revista del corazón documentó un reciente viaje a Ibiza de la pareja. Esto implica que ya cuando presentó la primera declaración falseada, Alberto González Amador mantenía una relación estable con la presidenta madrileña.

Las tripas del informe de Hacienda revelan otro dato en este sentido. Las inspectoras tiraron del hilo y se adentraron en 2021. De junio de ese año data la factura de más de 900.000 euros por un trabajo en Costa de Marfil que nunca se realizó. La presunta factura falsa es de después del viaje de la pareja que confirmó su relación. Es el 10 de octubre de ese año cuando la sociedad de González Amador, de nombre Maxwell Cremona, “registran contablemente y deducen fiscalmente” una factura por una intermediación en la venta de vacunas que nunca se llegó a producir , recoge el informe de Hacienda.

Los pisos de lujo tras el fraude

Alberto González Amador compró en julio de 2022 la vivienda en una acaudalada zona de la capital donde vive con la presidenta madrileña. Fue en fechas próximas a la segunda declaración fraudulenta. De entrada ingresó a los propietarios 350.000 euros, una cantidad casi idéntica a la que había defraudado por los dos ejercicios fiscales anteriores. Tres años después la pareja continúa viviendo en esa casa, con una hipoteca suscrita por González Amador de 500.000 euros. Al menos hasta el 31 de agosto pasado, la pareja ha disfrutado también de un ático situado en el piso de arriba por el que el empresario y comisionista desembolsaba 5.000 euros al mes con un derecho a compra que se debería haber ejecutado antes del último día del mes pasado. 

Cuando estalló el escándalo, elDiario.es preguntó a la Comunidad de Madrid por el desembolso de la presidenta para vivir en dos viviendas de lujo, situadas una encima de la otra. La única respuesta fue que Isabel Díaz Ayuso no pagaba ningún alquiler. 

La jueza Inmaculada Iglesias dictó el auto de fin de la instrucción, en el que proponía juzgar a Alberto González Amador, el pasado mayo, después de escuchar a las peritos de Hacienda. La defensa del empresario ha recurrido su procesamiento ante la Audiencia Provincial y solo un pronunciamiento de los jueces de la segunda instancia favorable a su petición podría salvarle del banquillo. Mientras tanto, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular han presentado sus peticiones de condena.

González Amador asegura que no se ha llamado a los testigos que demostrarían que los trabajos supuestamente inexistentes en realidad se hicieron y que, incluso con independencia de esta consideración de la Agencia Tributaria, la supuesta defraudación no llega a delito. En el caso de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado la petición de condena es de tres años y nueve meses por dos delitos de fraude fiscal en concurso con falsificación de documentos. 

El escrito del PSOE y Más Madrid no incluye la acusación por dos fraudes fiscales porque el Tribunal Constitucional resolvió un recurso de González Amador y estableció que la acusación popular no puede acusar por un delito del que es perjudicada la Hacienda Pública, que ya está representada por la Abogacía del Estado. Los partidos aportan dos delitos que no aparecen en los otros escritos de las acusaciones, el delito contable y el de grupo criminal. 

PSOE y Más Madrid creen que González Amador conformaba un grupo criminal junto al resto de los acusados, un socio del empresario, Maximiliano Niederer, y tres individuos de un pueblo de Sevilla que prestaron sus nombres y sociedades pantalla para las facturas falsas. 

Un caso poco frecuente

El caso de González Amador pertenece al 1% de los fraudes fiscales que encuentra la Agencia Tributaria y acaban en un juzgado, ya sea porque la cuota defraudada supera los 120.000 euros por ejercicio o porque se ha producido en concurso con otros delitos. Con todo, la prioridad de la Fiscalía y la Abogacía del Estado es siempre recuperar el dinero hurtado a Hacienda y recabar la correspondiente multa. Así fue durante la investigación judicial a Alberto González Amador después de que su abogado ofreciera un pacto a la Fiscalía para asumir el fraude, ser condenado a ocho meses de cárcel –lo que implicaría que nunca entraría en prisión–, devolver lo defraudado y pagar la multa correspondiente.

La iniciativa de la acusación popular encontró posibles nuevos delitos excavando en los documentos recabados por Hacienda y evitó que se alcanzara ese acuerdo. PSOE y Más Madrid lograron la apertura de una pieza separada que se instruye a día de hoy por corrupción en los negocios y administración desleal y que supondría, de prosperar, un segundo juicio a González Amador. Por orden de la anterior jueza, y a propuesta de la Fiscalía, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya investiga los hechos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a catorce años y medio de cárcel al autor del doble atropello mortal ocurrido el 27 de abril de 2023 en el Paseo de Extremadura. La sentencia sigue el veredicto emitido por los miembros del jurado a principios de junio al finalizar la vista oral, en el que se determinó que el acusado había cometido un delito de conducción temeraria con consciente desprecio de la vida de los demás, dos delitos de homicidio, tres delitos leves de lesiones y un delito contra la seguridad vial por conducir sin carné.

En el juicio, el procesado pidió perdón a las familias admitiendo que iba a gran velocidad y que huyó del lugar a pesar de haber matado a dos ancianos tras saltarse dos semáforos en rojo. Los guardias civiles de Tráfico que siguieron al acusado ratificaron que este puso en grave riesgo la vida de peatones, conductores y al propio bebé que llevaba en brazos la pareja del encausado.

Según el relato de los hechos, el acusado se encontraba circulando por el punto kilométrico 7 en sentido creciente de la carretera M-406, en Leganés, a los mandos de un Mercedes junto a su pareja, quien llevaba un bebé en brazos, sin los sistemas de retención infantil. Advertida la situación, efectivos de la Guardia Civil procedieron a dar el alto al vehículo activando para ello las señales luminosas y acústicas, junto con el cartel de 'Alto'.

El acusado emprendió una huida a gran velocidad poniendo “en grave peligro la vida e integridad física de los ocupantes del vehículo, así como del resto de conductores, comenzando a circular de manera agresiva y peligrosa”. Así, rebasó un semáforo en rojo en el cruce de la M-406 con la M-409 y se incorporó a la M50, desde la cual accedió a la A5, invadiendo cebreados y arcenes para adelantar por la derecha al resto de conductores.

Los conductores “tenían que frenar fuertemente para evitar que el acusado impactara contra ellos, poniendo con ello en riesgo la vida de todos los que circulaban por la vía ya que los sorteaba realizando maniobras temerarias y anómalas en zigzag llegando a alcanzar velocidades aproximadas de 180 kilómetros por hora”. A la altura del kilómetro 3 de la A-5, el acusado tomó el desvío hacia el Paseo de Extremadura accediendo al casco urbano de Madrid a una velocidad aproximada de 90 km/h, a pesar de estar limitada a 50 y, pese a advertir que un semáforo se encontraba en fase roja para los vehículos, “arrolló a una velocidad aproximada de 81 km/h” a varios peatones, falleciendo en el acto uno de ellos.

El acusado continuó durante unos 660 metros su marcha a altísimas velocidades, concretamente a unos 76 km/h. Llevaba el parabrisas delantero fracturado únicamente en la parte del copiloto, lo que le permitía tener suficiente visión de la calzada y, en concreto, de que el semáforo situado a la altura del número 63 se encontraba en fase roja.

Así, “asumiendo nuevamente el riesgo que para las personas que cruzaban por el paso de peatones suponía su conducción, irrumpió acelerando y a gran velocidad en el mismo y, arrolló sin llevar a cabo ningún tipo de maniobra de frenada, a A. A. M., que se encontraba cruzando correctamente por el paso de peatones, acompañado de su mujer, que evitó ser atropellada al caminar unos metros más adelante que su marido, quien falleció en el acto”. Pese a ello, el procesado continuó conduciendo el vehículo huyendo a gran velocidad, con los dos lados del parabrisas delantero fracturado hasta que, finalmente “impactó contra el Opel Astra en la calle Saavedra Fajardo número 16, lo que motivó que el acusado tuviera que bajarse del vehículo saliendo a la carrera para evitar su detención”.

El acusado confesó los hechos durante el juicio y pidió perdón a las familias, lo que facilitó un acuerdo con el Ministerio Fiscal y las acusaciones, que retiraron la petición de responsabilidad civil contra él y acordaron la pena finalmente impuesta, a la que se suma la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por diez años. El fallo no es firme y podrá ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La palabra “éxito” es la más repetida. “Es un éxito. Un éxito rotundo”, asegura en el primer minuto María López, la portavoz de la Plataforma Cívica Luz para la Cañada Real, un movimiento que nació ante la falta de electricidad en el asentamiento más famoso de Madrid y hoy celebra una sentencia que condena por primera vez a un alto cargo de Cibeles por la demolición de una vivienda. Aún cabe recurso, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado nueve años de inhabilitación para cargos o empleos públicos vinculados a su sector al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Julio César Santos, que además deberá indemnizar al afectado.

No se trata de un fallo al uso: aunque se trate de una denuncia particular, la resolución pone en entredicho el protocolo de derribos de José Luis Martínez-Almeida y señala a su administración como responsable civil subsidiaria, una figura legal que obliga a pagar económicamente los daños causados por un tercero (en este caso, su jefe de Disciplina Urbanística) si este último no pudiera hacerse cargo. De una forma u otra, la sentencia les salpica.

“Cuando empezamos a denunciar los cortes de suministro ya dijimos que la luz era solo un mecanismo más para echar a la gente. Ahora hablan de plan de realojos, pero su forma de hacerlo es coaccionando al vecino”, sentencia la portavoz de la plataforma por la Cañada Real, que recuerda otro caso similar en Rivas. El Ayuntamiento tuvo que indemnizar con 15.000 euros a una propietaria de una vivienda derribada en su tramo de la vía. En aquella ocasión, la demolición también la impulsó otro alto cargo regional que también pasó por este juicio.

La Fiscalía pedía diez años de inhabilitación tanto para César Santos como para el excomisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real en julio de 2022, Markel Gorbea. Sin embargo, el segundo ha salido absuelto. Gorbea ejerció como coordinador entre administraciones vinculadas al asentamiento entre 2021 y 2023, momento en el que cesó del cargo y fue sustituido por el actual responsable, Ignacio Sánchez.

En este caso el quid de la cuestión reside en que el Comisionado no tiene el poder de iniciar expedientes o ejecutar desalojos como tal, y teóricamente solo reúne o distribuye información entre las distintas administraciones implicadas en la Cañada, como el Gobierno central, el autonómico o los ayuntamientos de la capital, Rivas-Vaciamadrid o Coslada, municipios por los que se extienden los 14 kilómetros de vía que albergan parcelas, casas o chabolas.

La situación socioeconómica de muchos vecinos o la seguridad en ciertos sectores de vivienda (hay seis en total) son cuestiones que llevaron a una unión de entidades públicas: el Pacto Regional por la Cañada Real, un acuerdo para buscar soluciones a los grandes problemas de la zona. Uno de sus planteamientos clave son los realojos para desplazar a sus habitantes a otras zonas de la región, en viviendas cofinanciadas por fondos europeos. Ante los últimos acontecimientos el principal partido de la oposición, Más Madrid, ha exigido la destitución del jefe de Disciplina Urbanística y pide alejarle de cargos vinculados al trato con personas vulnerables.

La Cañada Real tiene más de 7.000 habitantes, según el censo de 2017. Para ello, se han destinado 330 millones de euros hasta 2034 con el fin de garantizar viviendas dignas a 1.600 familias. De cumplirse las previsiones, el asentamiento desaparecerá en la próxima década. Según marca el protocolo, los traslados se realizan de manera escalonada y tras ellos, se procede a la demolición inmediata de las viviendas abandonadas. Sin embargo, todavía hay habitantes que se resisten a marcharse e intentan ir más allá: muchos rehúsan o se resisten e inician pleitos administrativos para permanecer en sus casas.

Fue el caso de A.C., el denunciante que ha llevado a una primera sentencia de inhabilitación por el derribo de su parcela hace tres años, la número 203. Durante la pandemia le ofrecieron trasladarse a otro edificio en Cobeña, una pequeña localidad a 60 kilómetros de su trabajo. La rechazó por la vía administrativa y, tiempo después, se inició un expediente de demolición para su vivienda, a instancias del jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento. Este vecino, de origen marroquí, había viajado a su país natal en el momento del derribo.

Llevaba empadronado en la vivienda desde 2006, tenía trabajo y permiso de residencia en vigor. Pero no recibió aviso, ni siquiera aunque hubiese un procedimiento abierto después de presentar el escrito de alegaciones. “Creemos que el excomisionado también tenía responsabilidad, pero entendemos los argumentos de la sentencia que lo exculpan”, resumen los abogados defensores de A.C. Carlos Castillo y Javier Rubio pertenecen al CAES, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales que ha llevado su caso.

En conversación con Somos Madrid, los magistrados celebran la sentencia y aseguran que “no tendría sentido” que el Ayuntamiento mantuviera en funciones al responsable de Disciplina Urbanística después de ser inhabilitado. “Aunque aún no haya sentencia firme, cualquier dictamen que lance ahora estará ensuciado por este caso”, determina Rubio, que se enorgullece de este primer paso y asume que “podría ser un salto en cómo entendemos el trato a las personas vulnerables de la Cañada”. “A veces es posible hacer justicia, incluso en barrios estigmatizados”, añade Castillo.

El consistorio, preguntado por la sentencia, indica que sus servicios jurídicos estudian un posible recurso que alargue el proceso y niegan que vaya a destituirse a Julio César Santos, al menos, “hasta que la resolución no sea firme”. En general, para velar por los acuerdos adoptados en torno a la vía pecuaria existe un Comité Ejecutivo del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Depende de la Viceconsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, que es el órgano encargado de tomar las decisiones sobre el asentamiento irregular o coordinar el plan de realojos acciones relacionadas con el plan de realojos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio contra dos altos cargos del Ayuntamiento y la Comunidad, para los que la Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación en cargos de la administración pública por un derribo en el sector VI de la Cañada Real. El primero, J. C. S., aún continúa en el cargo y es jefe del servicio de Disciplina Urbanística desde hace dos décadas. El otro implicado es el ex comisionado de la Cañada Real, M. G., un puesto que ocupó entre 2021 y 2023 y para el que dependía directamente del Gobierno regional. Los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022, cuando aún ostentaba esa función.

La resolución dependerá de si consiguen demostrar, o no, que la demolición se ejecutó de acuerdo al procedimiento legal. Por un lado, la acusación sostiene que el derribo “se aceleró deliberadamente” pese a que el ocupante de la vivienda había interpuesto un recurso contra la orden de desalojo. En cambio la defensa mantiene que la vivienda se halló en un estado de “flagrante abandono”, y por eso se acometió el derribo. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde este miércoles por la mañana han declarado ambos acusados, así como el residente afectado y dos testigos, tendrá ahora que deliberar sobre la legalidad de las actuaciones.

Para testificar acudieron un vecino del denunciante y una extécnico del Comisionado, que realizó las inspecciones aunque dejó su puesto justo un mes antes de la demolición. Según la defensa o los propios acusados, miembros del Comisionado para la Cañada Real acudieron a inspeccionar la zona en ocasiones previas y “nunca le habían visto por allí”, tal y como ha declarado M. G., que ha calificado de “chabola” el espacio en cuestión. “Era mi casa desde hacía años [...] Yo estaba de vacaciones y nadie me avisó de que la iban a derribar”, ha declarado ante la jueza A. C., cuya familia vive en Marruecos pero que consta como empadronado en la vivienda desde 2006.

La estructura, según se ha descrito en la sala, estaba hecha de ladrillo y tejas en la parte superior. Constaba de dos habitaciones, baño y un cocina, además de un vallado exterior que A. C. cerró con candado antes de irse de viaje, tal y como ha señalado él mismo. Previamente, la administración pública le había ofrecido un realojo a otra vivienda en el municipio madrileño de Cobeña, aunque la rechazó alegando que le quedaba “muy lejos del trabajo”, un desguace en San Martín de la Vega. Este otro núcleo está a casi 60 kilómetros del pueblo donde querían reubicarlo, y allí se desplaza desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde.

Por su parte, el actual jefe de servicio de Disciplina Urbanística con José Luis Martínez-Almeida ha defendido que su papel era el de “hacer caso” a las directrices de la Comunidad de Madrid al ser la titular del terreno. “Si ellos nos dicen que la parcela está abandonada, les creemos. No hubiera costado nada dar un aviso si sabemos que estaba ocupada”, ha argumentado. En este sentido, el excomisionado para la Cañada Real ha negado que su trabajo tuviera “un poder ejecutivo o legislativo” como tal. “Nos encargamos de coordinar a siete administraciones distintas, nada más”.

La acusación ha recordado que su cliente ya había iniciado alegaciones ante los primeros intentos de desalojo, para los que había adjuntado documentos que acreditaban su residencia en la vivienda, como el padrón de habitantes o los registros del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). La última fue un recurso ante los tribunales, que seguía en trámite en el momento de la demolición después de desestimarse otros intentos previos para frenar el desalojo. “Si hubiesen esperado a que hubiera una resolución firme sin destruir antes la casa, tal vez el Juzgado habría revocado la decisión. Ahora el daño es irreparable”, ha sentenciado el abogado del denunciante.

La denuncia de A. C. no es el único caso judicial abierto por un derribo en la Cañada Real. En septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por otra demolición en esa misma zona, aunque en este caso, el denunciante fue un vecino de etnia gitana defendido por Secretariado Gitano, residía en el sector 4. En aquella ocasión, la Justicia concluyó que se “vulneró” el “derecho fundamental a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio” del denunciante. Por ello, condenaron a las dos administraciones a abonar una indemnización conjunta de 15.000 euros.

La defensa de Begoña Gómez recurre de nuevo a la Audiencia Provincial de Madrid, esta vez contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de seguir investigando el rescate de Air Europa dentro del caso que afecta a la esposa del presidente del Gobierno. Gómez recurre ante la instancia superior a Peinado después de que este rechazara los recursos que su abogado y la Fiscalía presentaron ante el propio juez contra las últimas diligencias ordenadas, contrarias a su entender a los límites que la Audiencia de Madrid había puesto al magistrado.

En el auto en el que rechazaba esos recursos, Peinado aseguraba que el hecho de que haya reclamado documentación a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y ordenado analizarla a la Guardia Civil no supone que haya practicado “diligencias de investigación, ni de instrucción”. El argumento del juez es que si no ha llamado a declarar a nadie es que no está investigando. Para la defensa de Gómez esa afirmación no es más que un intento de “camuflar” una investigación que no tiene cobertura legal.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había descartado en dos atestados que hubiera rastro de que Begoña Gómez influyó en el rescate de Air Europa y la instancia superior al juez le indicó que si no aparecían nuevos indicios debía de dejar esa línea de investigación. El juez desoyó la advertencia y continuó en la dirección de buscar la aparición de esos nuevos indicios.

La defensa de Gómez acusa a Peinado de estar incurriendo en una “inquisitio generalis”, la expresión que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional utilizan para referirse a las investigaciones penales abiertas sin objeto claro, y que buscan únicamente incriminar a una persona de forma retroactiva. Se trata de una violación de la Constitución y del Convenio Europeo de Derecho Humanos, advierte el escrito del letrado Antonio Camacho.

Además, el recurso de la defensa califica de “extremadamente singular” que el juez justifique su actuación a partir de una información publicada en abril de 2025, un año después de que arrancara la causa, en lugar de argumentar su decisión en una resolución judicial. Se refiere a la afirmación de Peinado de que todos los ciudadanos conocen que en una causa del Tribunal Supremo han aparecido nuevos indicios sobre presuntas irregularidades en el rescate de Air Europa porque así han informado de ello los medios de comunicación.

Camacho también advierte de que el auto de Peinado contiene afirmaciones que muestran un “preocupante desconocimiento de los principios básicos del derecho penal” cuando dice que para que se considere que hay una instrucción judicial alguien debe ser llamado a declarar. El truco del juez de asegurar que la investigación que lleva a cabo no es una investigación está precedido de otro en la que aseguraba que “impedir” por su parte el descubrimiento de nuevos indicios supondría “delinquir” por su parte.

Pese a que los informes de la Guardia Civil descartaban la intervención de Begoña Gómez en el rescate de la aerolínea y que la Audiencia Provincial puso, en consecuencia, límites a la investigación de Peinado, el juez reclamó a la SEPI el expediente con las ayudas otorgadas a Air Europa y después puso a la unidad de élite de la Guardia Civil a analizar esa documentación.

La Fiscalía ya calificó de “insólito” que el magistrado continúe poniendo el foco en las ayudas que otorgó el Gobierno en 2020 para rescatar a la compañía Air Europa a pesar de las delimitaciones de la Audiencia Provincial. En una primera resolución, del pasado 29 de mayo de 2024, la Audiencia Provincial ya estableció que nada de lo que se decía en la querella que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó contra Gómez referente a la compañía aérea pasaban de ser “meras conjeturas”.

En otro auto, del 7 de octubre del pasado año, la Audiencia Provincial reiteró esa decisión, aunque con la citada salvedad sobre la existencia de “hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio” que no constan en la causa.  Desde entonces no figuran en la causa nuevos indicios sobre la relación de la esposa del presidente del Gobierno con el rescate de la aerolínea.

Además, cuando Peinado decidió seguir adelante con las pesquisas sobre el rescate de la aerolínea, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había desmontado en un informe las sospechas sobre la relación que estableció Gómez en el Instituto de Empresa —donde dirigió el IE África Center entre agosto de 2018 y junio de 2022— con los dueños de Globalia, propietaria de Air Europa.

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos de la Fiscalía y de la defensa de Begoña Gómez acerca de su insistencia en investigar el rescate de Air Europa, un asunto que la Audiencia Provincial le indicó que quedaba fuera de su instrucción, y ha argumentado para ello que lo que él hace no son “diligencias de investigación, ni de instrucción”.

Pese a que los informes de la Guardia Civil descartaban la intervención de Begoña Gómez en el rescate de la aerolínea y que la Audiencia Provincial puso, en consecuencia, límites a la investigación de Peinado, el juez reclamó a la SEPI el expediente con las ayudas otorgadas a Air Europa y después puso a la unidad de élite de la Guardia Civil a analizar esa documentación.

El último requiebro del juez consiste en no llamar a esas diligencias de investigación por su nombre. En el auto en el que rechaza los recursos de Gómez y la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es, Peinado afirma: “Este Juzgado no está llevando a cabo diligencias de investigación, ni de instrucción, pues no ha citado a declarar a nadie”.

La Fiscalía calificó de “insólito” que el magistrado continúe poniendo el foco en las ayudas que otorgó el Gobierno en 2020 para rescatar a la compañía Air Europa a pesar de las delimitaciones de la Audiencia Provincial, que es la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como es el caso de Peinado.

En una primera resolución, del 29 de mayo de 2024, ese tribunal estableció que nada de lo que se decía en la querella que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó contra Gómez referente a la compañía aérea pasaban de ser “meras conjeturas”. En otro auto, del 7 de octubre, la Audiencia Provincial reiteró esa decisión, aunque expuso la salvedad de que aparecieran “hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio” que no constan en la causa. 

Y a eso se aferra el magistrado, que busca sin descanso esos “hechos nuevos” practicando lo que la Fiscalía y la defensa de Gómez consideran una “investigación prospectiva”, esto es, salir a buscar delitos, algo expresamente prohibido por ley.

El juez, por su parte, insiste en su último auto: “El juez se ha abstenido de practicar diligencias de instrucción, lo que no empece para que se pida a la UCO de la Guardia Civil con un dato, que es la coincidencia temporal en la que la investigada, Begoña Gómez Fernández, coincide en alguna ocasión con el CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, incluyéndose en dicho informe [de la UCO] fotografías, en las que aparecen ambos”. Ese mismo informe descartó cualquier indicio de delito una vez analizada los hechos presentados por Manos Limpias en su querella.

Peinado dice que su investigación no es prospectiva porque, según su interpretación, el auto de la Audiencia Provincial “permite iniciar investigaciones policiales, tendentes a la averiguación de si pueden aparecer esos nuevos datos”. “No puede ser considerado como investigación prospectiva, pues son muy concretas y específicas las diligencias de investigación que han de llevar a cabo los miembros de la UCO”.

En otra argumentación insólita, el juez responde a la Fiscalía acerca de su queja de que no han aparecido hechos nuevos que justifiquen la investigación no se sostiene porque todo el mundo ve la tele o lee los periódicos y así se han enterado de que hay otra causa en el Supremo donde sí existen dichos indicios. Es decir, Peinado sostiene su instrucción de acuerdo a informaciones sobre cuestiones que no están en la causa, pero de las que han informado los medios en relación con otra instrucción judicial.

La postura de la Fiscalía, dice Peinado, “es no querer estar en el mundo en el que vivimos todos los españoles, pues como es notorio y público, por todos los medios de comunicación de todo tipo, se han informado al (sic) opinión pública del resultado, hasta este momento de los avances realizados en la investigación llevada a cabo por la UCO en relación con el rescate de Air Europa, aunque hayan sido consecuencia de otra instrucción que se sigue en el Tribunal Supremo”.

“El Mundo no tiene afinidad ideológica a ningún partido”

El razonamiento del juez queda retratado en la siguiente afirmación: “A título de ejemplo –dice sobre las informaciones publicadas– el artículo que publica el 10 de abril de 2025 El Mundo del que no se puede afirmar que tenga una concreta afinidad ideológica a ningún específico partido político, por tanto, susceptible de ser merecedor de credibilidad objetiva, en el que se recoge la siguiente información: El rescate récord del Gobierno de Sánchez [...]” Y a continuación reproduce el artículo.

Peinado aprovecha para arremeter contra el abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, al que ya impuso una multa diez veces superior a la de sus compañeros de la acusación popular de extrema derecha por hacer declaraciones a los medios.

En esta ocasión, Peinado ofrece una lección de técnica jurídica al asegurar que el recurso de Camacho es “de una extensión sensiblemente inferior a la del recurso del Ministerio Fiscal, no se sabe si porque considera que sus argumentos son menos sólidos, o porque confía en que, una vez más, sea el Ministerio Fiscal quien, de una manera más intensa e incluso más brillante, desde el punto de vista técnico jurídico, efectúe una defensa de los intereses de la investigada”.