El juez Juan Carlos Peinado perderá protagonismo en las próximas horas o días en el caso contra Begoña Gómez. Cinco jueces de la Audiencia Provincial de Madrid ya han adoptado la decisión clave sobre la mujer del presidente del Gobierno: avalan la parte sustancial de la atrabiliaria instrucción del magistrado y Gómez acabará sentada ante un tribunal del jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación. En esa decisión ha tenido un papel clave María del Rosario Esteban Meilán, presidenta de la Sección 23 de la Audiencia Provincial, quien acordó que fueran los cinco magistrados que la componen quienes participen en la decisión sobre lo que ella y dos más han venido haciendo hasta ahora.

Esteban Meilán es una de las aspirantes a alcanzar la cumbre profesional de cualquier magistrado especializado en Derecho Penal: acceder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a través de una de las plazas que se deben renovar en los próximos meses por jubilación. Fuentes del Poder Judicial sitúan en septiembre el comienzo de las entrevistas, después de los primeros encontronazos entre los sectores conservador y progresista sobre los candidatos y los tiempos para los nombramientos. La Sala Segunda es la máxima instancia penal y recientemente ha condenado al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a dos años de inhabilitación al ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

María del Rosario Esteban Melián ha participado en las decisiones que han permitido a Peinado hacer crecer una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa hasta construir una procelosa y enrevesada instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez. La Sección 23, como segunda instancia que revisa las decisiones de Peinado, ha corregido algunos de sus despropósitos, como su insistencia por implicar a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa –en contra incluso de los informes de la UCO–, atribuirla el delito de intrusismo profesional o imputar a varias personas que no tenían relación con los hechos. Sin embargo, la sección de Esteban Melián ha avalado, cuando no impulsado, las tesis de Peinado que pueden servir para sentar a la mujer del presidente del Gobierno en el banquillo, esto es, las acusaciones por tráfico de influencias y malversación, que la ley obliga, además, a juzgar ante un tribunal popular.

El máximo exponente de este fundamental apoyo de la sección al magistrado, opacado por las extravagancias de Peinado, se produjo en diciembre pasado, cuando la sección de Esteban Meilán se llevó la contraria a sí misma y avaló que se investigara por malversación y llamar a declarar María Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, cuando antes había resuelto lo contrario.

El 12 de junio de 2025, Esteban Meilán y sus compañeros habían resuelto que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer delito de malversación, que solo cometería quien lo destina o aprovecha”. En el auto de diciembre, Melián y sus compañeros incluían otro razonamiento que ya podría justificar la imputación por malversación de la asistente, una “modalidad comisiva” del delito consistente en no haber evitado “el resultado lesivo contra el patrimonio público” que supuso enviar correos electrónicos de parte de Begoña Gómez.

Fue ese auto de diciembre el que comenzó a dibujar un panorama sombrío para Begoña Gómez. La Sección 23 llegaba a decir que Cristina Álvarez era la primera asistente de una mujer de presidente del Gobierno que no era experta en protocolo, una afirmación manifiestamente contraria a la realidad si se repasa la trayectoria de la mayoría de sus predecedores, entre ellos el miembro de la actual Ejecutiva del PP Jaime de los Santos, fotografiado llevando las bolsas de la compra a Elvira Fernández, esposa del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La trascendencia de la decisión que se conoció el jueves 16 de julio está detrás del acuerdo de Esteban Melián para que los dos magistrados que no habían venido participando en las respuestas a los recursos contra las decisiones de Peinado se incorporen esta vez. Un aval por unanimidad a que se juzgue a la mujer del presidente del Gobierno pese a la ausencia completa de indicios, que denuncian las defensas y la Fiscalía, reforzaría el sentido de la resolución de la sección que preside la aspirante a magistrada del Supremo, explican fuentes jurídicas.

Aunque ella es la presidenta de la sección, los autos que han ido guiando la instrucción de Peinado han sido redactados por Enrique Bergés de Ramón. El ponente de las resoluciones y otros dos compañeros que también van a participar en la decisión clave sobre Begoña Gómez combatieron judicialmente la medida del Gobierno progresista que más ha encendido los ánimos de toda la derecha judicial, la Ley de Amnistía. Bergés de Ramón, José Sierra Fernández y Jesús Gómez Angulo aprovecharon que tenían que decidir sobre un manifestante acusado de desórdenes y atentado a la autoridad, que había participado en una manifestación en Madrid contra las condenas del procés, para presentar un recurso ante el Constitucional por la Ley de Amnistía.

Los tres jueces argumentaban que los hechos sobre los que tenían que decidir estaban dentro del “ámbito objetivo, temporal e intencional de la aplicación de la Ley de Amnistía” y que, por tanto, el nuevo texto legal debía beneficiar al condenado. En consecuencia, suspendieron el procedimiento y plantearon el recurso ante el intérprete de la Norma Fundamental. En su recurso citaban un informe de la entonces mayoría conservadora del Poder Judicial, con el mandato caducado y sin competencias para emitirlo. Es el único recurso contra la Ley de Amnistía que un tribunal presentó fuera de Catalunya.

Las vacantes

En concreto, Esteban Meilán aspira a ocupar una de las tres plazas que quedarán vacantes en la Sala de lo Penal por jubilación: las de Andrés Palomo, la de Ángel Hurtado -el instructor del caso del ex fiscal general- y la de Juan Ramón Berdugo. A esas se suma la de Miguel Colmenero, que debe ser renovada por el turno de juristas. Y en diciembre se abrirá el plazo para las tres nuevas plazas creadas por Justicia para esa Sala concreta, de las que una será asignada a Susana Polo. Quien decide esos nombramientos es el Consejo General del Poder Judicial y, dado que se trata de magistrados del Alto Tribunal, se requiere la mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo. La presidenta tiene voto de calidad en caso de empate.

Todo apunta a que a partir de septiembre los bloques conservador y progresista iniciarán conversaciones, de nuevo, para una renovación en bloque de esas cuatro plazas más la de la Sección Tercera del Supremo. Ya en mayo hubo un contacto formal que acabó descarrilando. Con todo, se emplazaron a seguir negociando aunque fuentes jurídicas consultadas temen que ese acuerdo no sea rápido y más entrando ya en un periodo preelectoral.

Esteban Meilán, que aprobó las oposiciones a juez en febrero de 1986, ya optó sin éxito en mayo de 2018 a ser magistrada de la Sala de lo Penal de Supremo a pesar de que coincidía que ese mismo mes concursaba para presidir la Sección 23. Entonces, argumentó que había sido profesora de Derecho Penitenciario en el Instituto de Estudios Profesionales del CEU, que había escrito una decena de publicaciones jurídicas o, incluso, que desempeñaba todo su trabajo “a través de ordenadores” o que entregaba sus resoluciones “en pendrive”.

Entre la casi treintena de aspirantes constan también nombres como el del magistrado Enrique López, quien fuera consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y ex magistrado del Constitucional que ahora está en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; el del magistrado José Ricardo Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que fue el responsable de los párrafos clave de la sentencia del caso Gürtel en 2018 que provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy; o el del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en 2024 fue objeto de críticas por su comentario sobre la exministra de Igualdad Irene Montero de la que dijo a raíz del término 'consentimiento' que “nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la imputación de la exconsejera de la Junta de Extremadura y actual presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Olga García, que había sido acordada por el juez Juan Carlos Peinado. La causa investigaba la emisión de informes favorables para la construcción de la planta solar Tagus V en un espacio natural protegido de Alcántara (Cáceres).

La Sección Primera del tribunal madrileño ha tomado esta decisión al estimar el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado, una impugnación a la que también se adhirió la Fiscalía. La resolución judicial concluye que el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid prorrogó la investigación de la planta solar fuera de plazo, lo que invalida radicalmente las actuaciones y citaciones posteriores, incluida la de la exconsejera Olga García, que estaba fijada para el próximo 7 de octubre.

La confirmación de este archivo técnico ha sido difundida por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), organización que presentó la denuncia original en mayo de 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia de Alcántara. A juicio de este colectivo, este fallo administrativo por un “error de fechas” procesales “no puede encubrir la emisión de informes para justificar una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) favorable en un espacio protegido”.

Informes bajo sospecha en zona protegida

La asociación ecologista sostiene que la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, durante el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, remitió informes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que posibilitaron la aprobación del proyecto fotovoltaico en terrenos declarados de alto interés ambiental: una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), el Parque Internacional del Tajo y la Reserva de la Biosfera.

El colectivo insiste en que la construcción de este tipo de infraestructuras industriales en terrenos de la Red Natura 2000 es incompatible con la normativa autonómica, nacional y de la Unión Europea.

Según denunció recientemente el presidente de Fondenex, Francisco Blanco, los informes del departamento autonómico “no concuerdan con la realidad ambiental de la zona, minusvalorando, cuando no ignorando, los valores ecológicos del área, alterando su realidad y todo dirigido a obtener una DIA positiva”. Añaden que el proyecto conllevaba la destrucción del hábitat de diversas especies de aves protegidas, como el águila imperial ibérica, el águila real, la cigüeña negra y el buitre negro, así como del lince ibérico.

Los denunciantes anuncian que insistirán en la demanda

Pese al revés procesal derivado de los plazos de instrucción, Fondenex ha anunciado que “reiniciará la demanda contra la exconsejera y su director general por favorecer la alteración irreversible de un espacio protegido”, al tiempo que les ha animado a querellarse contra la asociación si se sienten ofendidos por sus acusaciones.

“Será la mejor forma de continuar la querella. Un posible error de fechas no puede dejar impune una agresión contra el patrimonio natural de Extremadura”, han señalado desde la organización conservacionista. Asimismo, han criticado la trayectoria de la exdirigente socialista al manifestar que “si la señora García tuviera la más mínima dignidad, dimitiría, pero es más fácil ser presidenta de Enresa a través de las puertas giratorias”.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, puede acabar ante un jurado conformado por nueve españoles mayores de edad que tengan su residencia en la provincia de Madrid. Ese es el empeño del juez Juan Carlos Peinado, que tomó la decisión de que tanto ella como los otros dos encausados —su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— fueran sometidos al veredicto de un jurado popular. Pero el auto por el que acordaba seguir el procedimiento por ese cauce será revisado desde este lunes por los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los magistrados de esa Sección ya tiraron por tierra esa misma decisión en febrero de 2026 al entender que no fundamentó de manera suficiente su resolución. Subrayaron entonces que Peinado únicamente mencionaba a las personas contra las que se dirigía, pero no hacía un relato que comprendiera los “indicios verosímiles” que les atribuía. Y eso, lógicamente, generaba indefensión. Peinado asumió que debía escribir más y mejor, y volvió a la carga el 20 de marzo con un nuevo auto en el que pedía lo mismo pero en más páginas (47).

En él, Peinado volvía a acusar a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados: Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet; y Cristina Álvarez, su asistente personal, una figura que han tenido todas las esposas de los presidentes del Gobierno.

Asimismo, volvía a insistir en que el jurado popular debía conocer de manera conjunta de todos los delitos que atribuye a Begoña Gómez y el resto de investigados con el argumento de que están “íntimamente entrelazados”. En total, se les envía a juicio por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales. Pero solo dos de ellos, el tráfico y la malversación, entran dentro del abanico de asuntos que juzga un jurado popular.

Esa decisión fue recurrida por la defensa de Gómez, que dirige el exministro Antonio Camacho. En su escrito, al que tuvo acceso elDiario.es, pedía anular esa decisión al entender que el magistrado faltaba “plenamente a la realidad” en un auto “plagado de conjeturas” y “falaz”. Le acusaba de investigarla “con una voluntad inquebrantable” a pesar de no existir indicios, y sólo “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”. La Fiscalía a lo largo de toda la causa ha sostenido que tampoco ve indicios.

Camacho, que atacaba cada uno de los delitos imputados, indicaba sobre el supuesto tráfico de influencias que el juez yerra cuando argumenta que hubo un cambio “inmediato y significativo en la trayectoria profesional” de la investigada tras la llegada de su cónyuge a La Moncloa. Recordaba al juez que ese dato es “absolutamente incorrecto” porque su defendida ya dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid desde 2014, cuando Sánchez no era presidente del Gobierno y ni siquiera secretario general del PSOE. “Es falso que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark”, abundaba.

La composición de la Sección 23

Ahora, la Audiencia Provincial ha decidido que no solo sean tres magistrados sino el pleno de la Sección 23, es decir, los cinco miembros, quienes vean y deliberen desde este lunes sobre las alegaciones presentadas por las defensas. Que sea el pleno al completo y no solo tres jueces no es lo habitual, indican fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, que añaden que suelen juntarse todos para ver determinados recursos, pero generalmente cuando son asuntos relacionados con narcotráfico o con trata de personas.

A pesar de que deliberan desde el lunes, las fuentes señalan que no se conocerá la decisión ese mismo día sino que “habrá que esperar”. Indican que verán, además, otros dos recursos de apelación de menor importancia, y que en esta tanda no entran otros cinco recursos pendientes, entre los que están los interpuestos por las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez contra las medidas cautelares de retirada del pasaporte y prohibición de salir de territorio nacional.

Los magistrados que se sentarán para deliberar sobre el futuro judicial de la esposa del líder del Ejecutivo serán la presidenta de la Sección 23 Rosario Esteban Meilán, y los magistrados Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Bergés de Ramón. Estos tres son los que hasta la fecha han resuelto los recursos de la causa contra Begoña Gómez y que han validado una parte importante de la instrucción de Peinado, aunque también han corregido algunos de sus excesos. A ellos se sumarán otros dos: Carlos Prat Westerlindh y José Sierra Fernández. Prat Westerlindh, curiosamente, es autor del libro 'Relaciones entre el poder judicial y los medios de comunicación: Los juicios paralelos'. Y Sierra Fernández llegó a ser de manera temporal promotor de la Acción Disciplinaria allá por 2017. Peinado tiene asuntos pendientes con ese órgano derivados de su polémica instrucción.

Lo que decidan será clave de cara a un eventual juicio. Si sigue adelante, esos nueve miembros del jurado serán elegidos entre los vecinos de Madrid y permanecerán incomunicados del exterior durante de la deliberación, aunque en un caso tan mediático nada evita que ya conozcan cómo ha transcurrido el procedimiento. La mayoría de las sentencias emitidas por un jurado popular (el 92%) son condenatorias, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que datan de hace una década.

Mientras, el juez Juan Carlos Peinado esperará de vacaciones la decisión de la Audiencia Provincial y a punto de disfrutar a sus 71 años de su jubilación. Se espera su retirada forzosa para el 27 de septiembre, cuando sople 72 velas. Se irá dejando tarea a quien le sustituya: hace escasos días acordaba abrir una nueva pieza separada en la que investiga a Juan Carlos Barrabés por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato público de Red.es.

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, volverá este martes a testificar ante un juez. En este caso el comisionista sanitario lo hará para explicar si fue él quien mandó a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de dos periodistas de El País que habían acudido a las inmediaciones de su domicilio para investigar su caso de fraude fiscal y la compra del piso que comparte con la presidenta madrileña. El juzgado investiga al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso por difundir su imagen y sus identidades entre medios de comunicación que, junto con varios agitadores ultras, acabaron divulgando esos datos.

Los hechos por los que tiene que declarar el comisionista sanitario se remontan a marzo de 2024. elDiario.es había desvelado que la Fiscalía acusaba a González Amador de defraudar más de 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas. También poco después de que este periódico revelara que la presidenta madrileña y su pareja vivían en un piso comprado por el empresario tras perpetrar el fraude fiscal denunciado por la Fiscalía.

En esas primeras semanas la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno fue salir a defender al empresario, cuestionar tanto a Hacienda como a la Fiscalía y atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso. Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, asumió la defensa de González Amador, tanto de forma institucional como en su papel de enlace con los medios de comunicación, y entre otras acciones amenazó por escrito a una periodista de elDiario.es con el cierre del periódico. “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Ayuso redujo estas amenazas a conversaciones con “gente de confianza”.

El jefe de gabinete de la presidenta desarrolló también la estrategia de usar su contacto preferente con decenas de medios de comunicación que siguen la actualidad institucional de Ayuso para atacar a los medios que investigaban el caso. Fue pocos días después de esas amenazas cuando difundió el bulo de que unos periodistas de elDiario.es habían intentado asaltar violentamente su domicilio. También cuando distribuyó entre los medios la foto de dos reporteros de El País que habían acudido a las inmediaciones del inmueble bajo la acusación falsa de haber acosado a los vecinos de la presidenta, incluso a menores de edad.

La información falsa fue publicada en varios medios de comunicación —algunos de los cuales han borrado ese contenido en estos dos años— y algunos agitadores de extrema derecha usaron las fotos que Miguel Ángel Rodríguez puso en circulación para señalar a los dos informadores de El País. Los juzgados, tras una denuncia del PSOE y de los propios periodistas del grupo Prisa, rechazaron en un primer momento abrir una investigación penal por revelación de secretos, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la puesta en marcha de diligencias penales contra el jefe de gabinete de la presidenta madrileña.

“La Policía no me pasó nada”

Miguel Ángel Rodríguez compareció finalmente como imputado en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid el pasado mes de mayo. Ante los medios, a las puertas de su declaración, dijo que las fotos de los periodistas le habían sido remitidas por “un vecino enfadado” de Ayuso y su pareja. Una vez sentado ante la jueza, el jefe de gabinete reconoció que no fue un “vecino” sino el propio Alberto González Amador el que le remitió la imagen de los dos periodistas que posteriormente difundió acompañada de un bulo para su publicación. Ahora será el comisionista el que explique, como testigo y obligado a decir la verdad, si fue él quien sacó y envió esas fotos al jefe de gabinete de su pareja.

En esa comparecencia pública ante los medios tras declarar en el juzgado Rodríguez reconoció que su primera versión no era cierta y que su fuente era González Amador: “Me he expresado mal”. También añadió que no conservaba los mensajes con los que difundió el bulo y la imagen de los periodistas. E hizo una última precisión: “Lo más importante es que la Policía no me pasó nada. La Policía no entra en casa de los vecinos para hacer fotos”.

Los dos reporteros de El País habían sido previamente identificados por los escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el juzgado también quiere saber si Miguel Ángel Rodríguez pudo obtener esos datos de los agentes, y no solo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada que investigó el caso citó a declarar a los dos policías para averiguar si Rodríguez había usado su contacto con los escoltas para obtener datos de los periodistas y difundirlos, aunque suspendió su comparecencia para decidir si debían ser llamados como testigos o como imputados.

La Audiencia Provincial de Madrid estudiará el próximo 13 de julio los recursos interpuestos por la Fiscalía y las defensas contra dos decisiones clave del juez Juan Carlos Peinado: la resolución que propuso juzgar a Begoña Gómez y la que determinó que el caso recaiga en un jurado popular. La sección 23 de la Audiencia madrileña ha señalado ese día para deliberar a puerta cerrada sobre esos recursos y ha decidido que sea la sección en pleno quien lo haga, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Se trata de dos cuestiones clave dentro del procedimiento donde el juez ya ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, por presunta corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación, y al empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros delitos.

Tanto la Fiscalía como las defensas impugnaron la decisión de Peinado de que la causa se desarrollase por el procedimiento del tribunal del jurado, lo que determina que, en caso de que haya juicio, sea un jurado popular de nueve ciudadanos anónimos quien juzgue a la mujer del presidente del Gobierno. También recurrieron la resolución del pasado mes de abril en la que el juez Peinado proponía juzgar a los tres por los mencionados delitos, una cuestión que también evaluará la Audiencia Provincial de Madrid.

La Audiencia Provincial –órgano superior que resuelve los recursos contra decisiones del instructor– ya anuló hace meses la transformación de la causa al procedimiento del jurado, al considerar que Peinado no había reunido “indicios concluyentes y consistentes”. Días después, el juez dictó una nueva resolución en el mismo sentido que será evaluada por la Audiencia el 13 de julio.

En uno de sus recursos, la defensa de Begoña Gómez insistía en que se la ha investigado “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”. El fiscal, por su parte, solicitó que se acuerde el “sobreseimiento libre” respecto a todos los delitos para todos los investigados “al no ser los hechos constitutivos de infracción penal”.

La futura decisión de la sección 23 de la Audiencia llega con la investigación ya culminada y el auto de apertura de juicio oral ya dictado. Es más, al mismo tiempo que abría juicio oral, el juez acordó imponer a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez las medidas cautelares que solicitó Hazte Oír, en representación de las acusaciones populares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado. Una decisión, esta última, que también está impugnada ante la Audiencia Provincial por las defensas de ambas, quienes han acudido en persona esta semana al juzgado para entregar su pasaporte.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés— queda ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, dependerá del juicio de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Juan Carlos Peinado. Durante los más de dos años que dura la investigación, esos tres jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Este tribunal ha avalado una parte importante de las pesquisas de Peinado, pero también ha corregido algunos de sus excesos. Le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas —como el rescate de Air Europa— por basarse en meras conjeturas, o levantar la imputación de cuatro investigados –el rector de la Complutense, un directivo del IE, el actual Delegado del Gobierno en Madrid y la secretaria general de Presidencia– o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley (…) La resolución no justifica los motivos que llevan a registrar el domicilio (…) tampoco se justifica la necesidad de que el registro se practique a la media hora de la firma del auto, y todo ello considerando que se limitan los derechos del investigado, quien se encontraba ingresado en el Hospital 12 de octubre, tampoco se comprende una medida tan extensa y desproporcionada a los fines de la instrucción (…) Son producto de un juicio de inferencia absolutamente ilógico y arbitrario”, le advirtieron ya entonces los magistrados de la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo rechazó con un portazo la exposición razonada donde Peinado pretendía la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños: “No se aprecia ni un mínimo respaldo indiciario”. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver ahora están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular, o su última decisión de abrir juicio oral por el procedimiento del jurado e imponer medidas cautelares a Begoña Gómez —retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado dos veces al mes—. La motivación del juez para justificar el riesgo de fuga —que los policías que la escoltan diariamente o sus jefes superiores pueden ayudar a huir a la mujer del presidente— desencadenó una denuncia del ministro del Interior ante el Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Isabel Perelló, propuso a la comisión permanente abrir expediente disciplinario al juez por estos hechos. Ese órgano debatirá hoy la propuesta.

Las diligencias del caso Begoña Gómez arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en diversas informaciones de prensa sobre un supuesto tráfico de influencias, sin acreditar, más un bulo sobre una subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Begoña Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional desde que su marido fue elegido presidente del Gobierno. Desde sus másteres y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde 2012, antes de que Sánchez fuera siquiera líder del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta vinculación con el rescate de Air Europa a través de una supuesta amistad con su entonces consejero delegado Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa, hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de la pareja del presidente.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la señora Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos masters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El juez Peinado llegó a citar a Pedro Sánchez como testigo y le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al presidente declarar por escrito “sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo”. Aunque Gómez estaba imputada por un delito de tráfico de influencias, que solo puede cometer porque su marido es presidente del Gobierno, el juez justificó su decisión en que quería interrogar a Sánchez sobre “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo” y logró interrogarle en un despacho de Moncloa, aunque sin ningún resultado. El presidente se acogió a su derecho a no declarar y, pese a ello, el juez Peinado facilitó el vídeo de ese testimonio fallido a las partes. La Audiencia Provincial se lo afeó: “Carecía de cualquier utilidad la entrega de dicha declaración, ya que en dicha diligencia el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, por lo que la entrega y publicación de dicho acto carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran sin necesidad de entregar copia porque el citado contenido carecía de interés ya que solo contenía determinados formalismos”.

La tormentosa instrucción llegó a provocar incluso que las acusaciones populares de ultraderecha pidieran al juez que motivara mejor sus autos para evitar que prosperaran los recursos de la defensa de Gómez y el resto de imputados. Hazte Oír, Vox o Manos Limpias, presentes en la causa, recurrieron en reforma tras la imputación de la asistente de Begoña Gómez con una censura insólita al juez instructor, exigiéndole que aportara “mayor argumentación, todo ello con el propósito de evitar riesgo innecesario de futuras nulidades que pudieran poner en peligro la progresión de la causa”.

Peinado llegó a sancionar con una multa de 5.000 euros al abogado Antonio Camacho, defensor de Gómez, por hacer declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sanción.

Han vivido años de idas y venidas. Primero el asesinato de su madre; luego, un desahucio. Pero las hijas de Miguela Novas Novoa, a la que en 2023 asestaron 45 puñadas hasta acabar con su vida, ya tienen un veredicto oficial para el juicio contra su agresor. Richard Fermín, original de República Dominicana, ha sido declarado culpable por unanimidad, después de confesar el crimen en el primer día del juicio. En una vista pública, el portavoz de un jurado popular ha anunciado la decisión de condenarle por un delito de asesinato con agravante de género, según ha publicado Europa Press.

Finalmente, tampoco se ha aceptado aplicar un atenuante por alteración psíquica, consumo de drogas o su propia confesión de los hechos, tal y como solicitaba su defensa. El juicio arrancó el primer día de junio con la declaración del acusado. Después testificó la única hija mayor de edad de Miguela, Leticia, que relató un historial de violencia, acoso y derribo. La joven, de 22 años, narró cómo conoció a Richard Fermín y las amenazas que este profería a su madre casi desde el inicio de la relación, el año de la pandemia.

Luego llegaron los golpes, que Miguela trataba de disimular ante sus hijas o atribuía a alguna caída accidental, y más tarde el acoso se extendió a su propia familia: “Mi madre quería dejarlo, pero no podía. Si bloqueaba su teléfono él me llamaba a mí, lo hacía mil veces, y me decía que le iba a enseñar a respetar a los hombres”, llegó a expresar ante el juez. Al comienzo del juicio, la Fiscalía pedía para el asesino confeso de esta vecina de 35 años, que vivía en Villaverde, una pena de 25 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco y discriminación por razón de género, tal y como están tipificados estos delitos en el Código Penal.

Pena de prisión e indemnizaciones a la familia

Además, el Ministero Público solicitó indemnizaciones de 241.000 euros para cada uno de los hijos menores de edad, por su condición vulnerable en el momento de los hechos; 111.500 euros para Leticia y 86.000 para la abuela de la víctima, que quedó a cargo de sus nietas. La mayor hija de Miguela aseguró en la Audiencia Provincial de Madrid que, ya una vez empezaron las amenazas o los golpes, la idea cortar la relación empezó a complicarse. “Yo me enfadaba con ella y le pedía que lo dejara, pero tenía mucho miedo”, contó Leticia, reconociendo que en aquella época no se fiaba de las explicaciones de su madre y decidió tomar medidas.

Le revisó el teléfono, leyó conversaciones que, para ella, ratificaron una situación de abuso. Llegó a ir dos veces a la comisaría para presentar una denuncia, pero allí le dijeron que solo la afectada podía interponerla, según testificó ella misma. Tanto la joven como sus dos hermanos menores, un niño de nueve años y otra chica de 11, siguieron viviendo con su abuela Victoria, madre de la mujer asesinada, hasta que a principios de enero fueron desahuciadas de aquella casa. Victoria N.P., que vive con unos 600 euros al mes para mantenerse a ella y a sus nietas, contrajo una deuda hipotecaria con Caixabank que luego fue adquirida por una empresa inmobiliaria, llamada Circleville SL.

A finales de año recibieron un aviso de lanzamiento, y la mayor de las hermanas terminó mudándose con la familia de su pareja para alejarse de la ansiedad que todo aquello le causaba. Cuando comenzó el juicio contra el asesino confeso de su madre habían pasado tres años desde que fue asesinada. Entre medias, un conflicto de papeles relatado por la familia: o no tenían la acreditación oficial como víctimas de violencia de género, o Leticia y su abuela hacían malabares para obtener la custodia de los pequeños, que según ellas pasó a quedar vacía con la muerte de Miguela. Tampoco recibieron las becas públicas de comedor en los colegios donde ambos están matriculados, pese a que existe una categoría específica para víctimas de esta lacra.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el cierre de una decena de pisos turísticos por hacer la vida imposible durante años a una familia del céntrico barrio de La Latina. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, destaca que este matrimonio con dos hijos ha pedido sin éxito a las empresas responsables de los pisos que solucionen los ruidos y molestias que les impiden dormir cada fin de semana y que el cierre total de esa actividad es la única medida eficaz para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos”, a los que además deben indemnizar con un total de 34.000 euros.

El edificio que acoge esta batalla entre vecinos y pisos turísticos se encuentra en el número 77 de la calle Toledo, a unos pocos pasos de la plaza de La Latina y uno de los puntos del centro donde más pisos turísticos se anuncian en la ciudad. Un inmueble que llegó a estar completamente formado por este tipo de alojamientos y que en la actualidad cuenta con unos 40 pisos turísticos. Una propiedad repartida entre distintas empresas vinculadas a miembros de la familia Couret y con una minoría de viviendas donde residen vecinos de forma permanente. Vecinos y familias que llevan varios años denunciando la actuación de los dueños del edificio.

Fue un matrimonio con dos hijos el que decidió llevar a los tribunales a varias de estas empresas por una decena de pisos turísticos alojados en el edificio que “rodeaban” su casa y les tenían sometidos a un “calvario”. Sufrieron ruidos, el constante trasiego de maletas, música, fiestas y despedidas de soltero además de vómitos en la escalera y vandalismo que habían derivado en consecuencias negativas para su salud. Un informe médico certifica que los cuatro integrantes de esta familia padecen diversos trastornos relacionados con el ruido: ansiedad, depresión y un trastorno no orgánico del sueño. Los dos hijos, añade el informe, están sometidos a “un estrés constante” que puede acarrear “graves consecuencias” para su desarrollo.

La familia afectada vivía en el bloque desde 2021, cuando varios pisos turísticos fueron vendidos a otra empresa y finalmente comprados para vivir. Tuvieron que acudir a los tribunales por una vía atípica para buscar el cierre de los inmuebles usados por turistas que molestaban. En franca minoría en una Junta de Propietarios dominada por los herederos de Juana Couret y otras empresas similares, decidieron presentar una demanda civil por afectación de su derecho a la intimidad. Y un juzgado, en primera instancia, decidió dar la razón a esta familia y ordenar el cierre de los diez pisos que daban problemas, una cuarta parte de los que hay en este edificio colonizado por el alquiler turístico.

Ahora ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha ratificado la mayor parte de esta sentencia, salvando de la condena al piso de una de las empresas llamada Tealrentas SL porque no hay pruebas, directamente, de que sea de uso turístico en ese edificio de la calle Toledo. Pero confirma que los cinco pisos explotados por Tolesanta SL, los dos de Mundi Quo-Vadis SL y el piso de Cavanna Real State SL deben echar el cierre como única solución posible tras años de enfrentamiento y de “caso omiso” de estos grandes tenedores frente a las reclamaciones de los vecinos.

La sección civil del tribunal entiende, por un lado, que la familia ha conseguido probar que los problemas causados por estos pisos son reales, y no unas “quejas exageradas” como llegaron a decir las empresas demandadas. “Las molestias son notorias y ostensibles, no una pequeña dificultad o trastorno, sino que son graves, afectando de manera importante a la pacífica convivencia”, dice la Audiencia Provincial. Y ordenar el cierre es la única solución posible para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos” después de años de “caso omiso” por parte de los empresarios a sus “continuas denuncias y requerimientos”.

El “cese total” de los nueve pisos turísticos

El “cese total” de la actividad de estos nueve pisos turísticos, zanja el tribunal, es la vía para que las “graves perturbaciones” se acaben y los ruidos y molestias dejen de invadir el día a día de los vecinos.

La Audiencia Provincial ha tomado esta decisión después de una primera sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid en el verano de 2025. Una resolución que ya entonces avaló tanto las pruebas que había presentado la familia afectada como el testimonio de otros vecinos y el propio portero. “Tenemos miedo por las noches, en una ocasión encontramos una jeringuilla”, explicó una de ellas que también se mudó al edificio en esas fechas.

Varios testigos coincidieron en señalar que daban cuenta de todo esto al presidente de la comunidad de vecinos pero que apenas se tomaron medidas. Una presidencia de la comunidad de propietarios que, junto con la mayoría aplastante de la junta, recaía en los propietarios de estas empresas y de los pisos turísticos. Algunos de estos pisos, relataron los vecinos, eran “constantemente sancionados” por las autoridades sin que cesara su actividad.

La mayor parte de los pisos turísticos que esta sentencia ordena cerrar, y que siguen funcionando a fecha de hoy tal y como confirman fuentes del caso a elDiario.es, pertenecen a empresas ligadas a los descendientes de la familia Couret, que también han explotado pisos similares en Santa Ana tras la escisión de la empresa original, Arrendamientos Urbanos Couret.

El caso llega al Tribunal Supremo

La causa ya está en manos del Tribunal Supremo y ahora la Sala de lo Civil debe decidir si admite a trámite el recurso presentado por las empresas. Entre otros argumentos, apuntan estas fuentes, denuncian que solo se ha cuestionado la continuidad de una decena de pisos turísticos en un inmueble donde hay más de cuarenta. Uno de los múltiples argumentos que ya han sido rechazados tanto en primera como en segunda instancia.

Ante la Audiencia Provincial, las empresas responsables de los pisos se limitaron a exponer ese argumento y también que en ese procedimiento no se podía cuestionar la legalidad de estos inmuebles. Pero ante el juzgado fueron más allá y llegaron a culpar a la propia familia afectada de la situación por haberse ido a vivir a un edificio donde la mayoría de los pisos eran turísticos.

En un momento dado, estas empresas llegaron a acusar a esta familia de actuar con egoísmo por obstaculizar su negocio de pisos turísticos. “Pretenden de forma brusca y egoístamente, truncar y abortar en su totalidad y en beneficio exclusivo suyo esa actividad muy mayoritaria en el edificio con gravísimo perjuicio de las sociedades propietarias de aproximadamente tres cuartas partes del mismo edificio”.

Llegaron incluso a cuestionar que tanto el matrimonio como sus dos hijos se hubieran visto afectados por el supuesto ruido, a pesar de los informes médicos que han presentado. “Si sufriesen realmente esos trastornos y perjuicios que describen en su demanda y relatan al médico, no hubiesen antepuesto el interés de esos hijos a cualquier otro criterio y hubiesen ya abandonado con carácter inmediato ese piso”.

Las dos sentencias del caso, a falta de un procesamiento definitivo del Tribunal Supremo, rechazaron estos argumentos y avalaron el cierre de los pisos. Los tribunales, recuerdan, llevan varios años permitiendo imponer límites a los pisos turísticos y más tiempo todavía estableciendo que un vecino no tiene por qué aguantar ruidos excesivos.

Mari Carmen y Juan esperaban disfrutar de una segunda luna de miel con su jubilación. Con sus dos hijas adultas y completamente independizadas, no había nada que les hiciera pensar que no podría ser así. Pero una intervención médica innecesaria y de cuyos riesgos y alternativas no fue informada cambió el destino de la mujer y su familia. Un juzgado ha condenado a la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud a indemnizar a esta paciente con 820.000 euros, en una sentencia que está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan a 2022, cuando Mari Carmen tuvo un susto de salud: un problema pulmonar, que se resolvió satisfactoriamente tras unas semanas de ingreso en el hospital de Móstoles. En una de las pruebas que le realizaron en este centro, los sanitarios encontraron un aneurisma sacular, una pequeña protuberancia de una arteria cerebral, que no tenía nada que ver con su dolencia.

“Cuando se recuperó y le dieron el alta, la derivaron al hospital de Puerta de Hierro, para que le vieran el aneurisma”, relata su hija Vanesa. Ahí empezó su calvario, que ha dejado a la mujer, que tiene ahora 69 años, con una discapacidad grave, problemas cognitivos y totalmente dependiente. “Nos dijeron que [si no se operaba] le podía dar un infarto cerebral y que [la intervención] era muy sencilla, que se hacían muchas. Un día de UCI y a casa. Nos lo puso tan fácil como sacarle una muela”, recuerda Juan, su marido.

Esa operación, a la que Mari Carmen accedió creyendo que era como sacarse un diente, derivó en un ictus durante el postoperatorio, que la ha dejado postrada y con secuelas de por vida. “Ahora depende para todo de mi padre”, lamenta Vanesa. La mujer duerme en un sillón para evitar los dolores. Y en la butaca de al lado, su marido, que no quiere dejarla sola.

La familia decidió ponerse en contacto con la asociación Defensor del Paciente, que ha pilotado el caso, después de que una médica amiga y hasta el de cabecera de la mujer les dijeran que había “algo raro” en el procedimiento médico. “Le llevo toda la documentación a Álvaro [Sardinero, el abogado] y unos días después me llama para hablar, tras ponerse en contacto con un perito”, continúa la hija de Mari Carmen. De aquella conversación la familia sale con dos ideas claras: “Es un aneurisma que no se opera y, además, no aparece la autorización de la intervención”, que es obligatoria porque implica que se ha informado a la paciente.

Con estos datos, deciden iniciar una vía legal para que se reconozca la negligencia y se indemnice a la mujer. En julio de 2025, el juzgado de 1ª Instancia número 51 de Madrid condena a Relyens, la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a Mari Carmen por los daños ocasionados y las secuelas que padece con la cantidad de 821.166,96 euros.

La sentencia, recurrida ante la Audiencia Provincial por la reaseguradora, señala que “no existe prueba que acredite que a la paciente se le informó de las alternativas terapéuticas ni tampoco del riesgo que conllevaba la intervención”. Y, como recuerda el propio texto, “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado”, que deberá prestarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, entre otras.

El magistrado considera que “la falta de información a la paciente (...) causa, además, un daño efectivo y real como consecuencia de la cristalización del citado riesgo, por cuanto la actora se vio privada de la posibilidad u oportunidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando sus riesgos, máxime cuando existe controversia sobre la necesidad de haberse operado”.

La sentencia va más allá de esa controversia, al señalar que “en este caso también ha quedado acreditada la mala praxis, no en la operación, sino en la decisión de acometerla”. Se basa, principalmente, en la información aportada en el informe pericial judicial, a partir de las pruebas aportadas al caso, que muestran un aneurisma con diámetros aproximados de 3x4 milímetros, que además no había mostrado síntomas.

El informe pericial señala que los aneurismas menores de 10 milímetros en pacientes asintomáticos no requieren tratamiento inmediato, pero deben ser monitorizados ante posibles crecimientos. Algo que, en el caso de Mari Carmen no ocurrió, al ser directamente intervenida. De hecho, el Estudio Internacional de Aneurismas Intracraneales No Rotos —ISUIA, por sus siglas en inglés— señala que el riesgo de rotura en aneurismas de menos de 7 milímetros en esa zona es del 0% a los cinco años.

Un contrato de 35 millones de euros

La demanda, como indican desde el Sermas, es una acción directa en la vía civil contra la compañía aseguradora Relyens, como se prevé en la Ley de Seguros. Esta redacción se ha puesto en contacto con Relyens, para conocer los motivos del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, pero desde la compañía han declinado responder a las preguntas de este medio.

Esta empresa se encarga de cubrir las indemnizaciones derivadas de casos como estos y en ella lleva confiando la Comunidad de Madrid durante años. El presupuesto de la última licitación del servicio de póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud ascendió a un total de 35 millones de euros por dos años. Pero la colaboración se alarga más allá. De hecho, la mutua, antes denominada Sham, lleva encadenando contratos millonarios para la cobertura de las responsabilidades derivadas de los profesionales y los centros sanitarios de la Comunidad desde 2016.

Según ha publicado la propia compañía, el Grupo, que desarrolla su actividad en España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, recibió 1.160 millones de euros en primas en 2024, los últimos datos disponibles. Esto supone un aumento del 7,3% respecto a 2023 y un volumen de negocio de 674 millones, un 6,9% más.

Mientras tanto, en casa de Mari Carmen han tenido que ajustarse también en lo económico. En la hoja de nuevos gastos suma terapias, rehabilitación y cremas, entre otras partidas, a cargo de una pensión “mileurista” y de las aportaciones de Susana, la otra hija del matrimonio, quien, “económicamente, es la que puede ayudar”, lamenta su hermana, que en este momento se encuentra de baja.

Por eso, aunque la indemnización no va a devolver a la mujer a su estado de salud previo sí puede facilitar su día a día, darle acceso a terapias sin mirar la factura o acceder a un coche mejor, para que se traslade de forma más cómoda a las consultas y las sesiones de rehabilitación. “Estamos esperando a que la Audiencia Provincial nos dé la razón, pero un juez de primera instancia ya nos la ha dado”, reivindica Vanesa.

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique ha defendido este viernes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid que el tuit sobre “deportar” a sacerdotes pederastas por el que Abogados Cristianos le reclama un año de cárcel por un posible delito de odio fue una “ironía”. “Es imposible que una persona que no odia a sacerdotes católicos emita un mensaje de odio hacia ese colectivo. Eso, sumado al verbo deportar, hace evidente el significado real del tuit. Juzgar una ironía como si fuera algo literal nos llevaría a un terreno complejo”, ha añadido el ex secretario de Organización de Podemos en su última palabra. 

La asociación ultracatólica denunció a Echenique por un tuit en el que comparaba los abusos en la Iglesia católica con los delitos sexuales que cometen los migrantes. “Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, escribió Echenique en mayo de 2024. 

El exdiputado respondió con este comentario a un mensaje en el que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, afirmaba que España no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles porque, según dijo, “caben los que caben”. Durante la vista, la Fiscalía ha reclamado la absolución de Echenique al considerar que el comentario en ningún caso supuso un “peligro real” para los sacerdotes. “No todo lo odioso es un delito de odio”, ha sostenido el fiscal en el inicio de su informe. 

También la defensa de Echenique, que ejerce el abogado Gorka Vellé, ha solicitado la absolución de su cliente, así como la imposición de las costas a la entidad ultracatólica. Durante su informe, el letrado ha defendido que el exdirigente de Podemos se pronunció en “un sentido irónico, sarcástico” sobre un asunto de interés público que era objeto de debate. “La deportación de sacerdotes como tal no parece factible en la medida de que tienen la nacionalidad española”, ha aseverado.

Además, el letrado ha defendido que el colectivo de los sacerdotes españoles no es un grupo vulnerable, que es uno de los requisitos que exige la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para considerar que se ha cometido un delito de odio. Y ha insistido en que el comentario está amparado por el derecho a la libertad de expresión. 

En contraposición, la letrada de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha sostenido que el comentario de Echenique no fue “fortuito” y ha dicho que se trató de un “ataque deliberado a la Iglesia católica, a la que tiene manía”. Según Castellanos, el exdiputado de Podemos hizo esa afirmación con la “intención particular de humillar”.

En la vista ha comparecido como testigo el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que ha contextualizado las conclusiones del informe Una respuesta necesaria, en el que el Defensor del Pueblo reconocía las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” que han funcionado en muchas congregaciones y órdenes religiosas respecto a los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia.

En su interrogatorio, la abogada de Abogados Cristianos ha tratado de desacreditar las conclusiones de ese documento, que incluyó una encuesta que reveló que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país. “En el informe no juzgamos a una institución, estamos pensando en las víctimas, en su reparación y su reconocimiento”, ha defendido Gabilondo.

La vista tuvo un momento tenso cuando la presidenta del tribunal, la magistrada Adela Viñuelas cortó el interrogatorio de uno de los testigos, el corresponsal en Roma de El País y uno de los periodistas que ha liderado en ese periódico la investigación sobre la pederastia en la Iglesia. El redactor viajó desde Italia para acudir a esta vista, pero el tribunal apenas le permitió responder a un par de preguntas. Tras haberla aceptado, la presidenta consideró que su declaración era “innecesaria” por la “dirección” que habían tomado las preguntas de la defensa. Y no permitió siquiera que entrara en la sala otro periodista que también había sido citado.

Cuando el abogado Gorka Vellé apuntó que se estaba generando una “indefensión absoluta”, la magistrada le pidió que se callara. “Yo ordeno el juicio y a la vista de lo que se pretende, la declaración es innecesaria”. “Esto no es un debate político, es un juicio”, apuntó después la otra magistrada del tribunal. 

La acusación había reclamado la comparecencia como testigo de María García Ayuela, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Es una organización vinculada a la letrada de Abogados Cristianos, que forma parte de su consejo asesor. Ante el tribunal, García Ayuela ha asegurado que, según un informe realizado por su organización, en 2024 aumentaron un 25% los “ataques” a la libertad religiosa y dos de cada tres se producen contra personas cristianas.

Sin embargo, a respuestas de la defensa, García Ayuela ha admitido que su organización ha llegado a considerar como un caso de “laicismo beligerante” y un ataque a la libertad religiosa la denuncia contra varias diócesis españolas que estaban impartiendo cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+.

Abogados Cristianos atribuyó al exdiputado un delito de odio al considerar que su comentario supuso una “incitación” al odio al “señalar a los sacerdotes católicos como agresores sexuales, realizando un señalamiento y una estereotipación negativa generalizada de todo un colectivo de manera evidente” y “pedir la deportación de los sacerdotes católicos españoles”. A juicio de esta organización, el mensaje de Echenique llegó incluso a generar “una situación de peligro abstracto para los sacerdotes católicos en España” y a “atemorizar” al conjunto de los fieles católicos españoles. 

El instructor del caso fue el magistrado Carlos Valle, el mismo juez que también intentó llevar al banquillo por el mismo delito al humorista Héctor de Miguel, conocido como 'Quequé', por bromear en un programa de la Cadena SER con apedrear curas pederastas. En el caso de 'Quequé', la Audiencia Provincial archivó el caso al considerar que el comentario no incitaba al odio contra los religiosos.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a dos años, un mes y 15 días de prisión a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, por maniobrar con dos policías municipales del Ayuntamiento de Madrid para conseguir información de matrículas de coches “para obtener ingresos paralelos”. Le condena como inductor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y como autor de un delito de cohecho activo. 

El tribunal estima parcialmente el recurso de Gómez de Iglesias y acepta que concurre en el caso la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, y no solo simple como determinó la Audiencia Provincial de Madrid. Por ello, rebaja un grado la pena y reduce a la mitad las condenas de prisión que estableció la Audiencia madrileña, que sumaban cuatro años y tres meses de prisión.

El Supremo argumenta al respecto que la sentencia recurrida admite “que la fase previa tardó en tramitarse casi diez años y otros tres las fases preparatorias y de juicio oral”, “lo que arroja un resultado concluyente: trece años de prolongación de la causa hasta sentencia”, periodo que es extraordinario y que justifica la aplicación de la atenuante como muy cualificada.

Por otro lado, absuelve a Gómez de Iglesias como inductor de un delito de violación de secretos oficiales, por el que fue condenado a una pena de multa, al haber absuelto como autor del mismo al que entonces era coordinador de seguridad municipal.

La sentencia confirma la pena de 2 años, 1 mes y 15 días también a los dos policías municipales que facilitaron los datos a Gómez Iglesias, en su caso como autores de revelación de secretos y por delito de cohecho activo. A ambos les reduce a la mitad las penas que impuso la Audiencia de Madrid por aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Asimismo, absuelve a un guardia civil destinado en la Casa Real del delito de revelación de secretos por el que había sido condenado a 15 meses de prisión.

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, cumple ya 23 meses imputada por cinco delitos en la causa penal que instruye Juan Carlos Peinado en el juzgado número 41 de Madrid. Su asistente, Cristina Álvarez, acumula 14 meses en parecida situación. El juez la investiga por tres delitos, entre ellos, el de apropiación indebida de un software que, según su abogado, intentó registrar la asistente a nombre de la Universidad Complutense. El mundo, al revés. “Un disparate”, según la defensa de la asistente.

La investigación del caso avanza entre sobresaltos. Al juez Peinado le han mostrado tarjeta roja por juego sucio más de diez veces en casi dos años de instrucción. El último rapapolvo anuló la decisión de seguir el procedimiento por el tribunal del jurado. Pero el juez sigue adelante con la causa, escarbando en todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, según dejó escrito en un auto convertido en símbolo de las investigaciones prospectivas que suelen rechazar los tribunales.

Muy pocas causas penales tienen un historial de anomalías durante la instrucción tan grosero: hubo imputaciones basadas en declaraciones que nunca se produjeron o motivadas por nombramientos que no hicieron los implicados. Tres altos cargos de Moncloa fueron imputados sin motivo, al igual que el rector de la Universidad Complutense o un directivo del IE.

A Peinado le quedan seis meses de trabajo antes de su jubilación forzosa porque cumple 72 años en septiembre. Pero antes concluirá la instrucción del caso para sentar en el banquillo a Begoña Gómez, según creen casi todas las partes involucradas en este proceso.

Los indicios de los cinco delitos atribuidos a la mujer del presidente y de los tres delitos que mantienen imputada a su asistente son vaporosos.

1 - Apropiación indebida

Una herramienta tecnológica de uso gratuito para pequeñas y medianas empresas fabricada durante las actividades de la cátedra –era uno de los objetivos para su creación– que nunca se inscribió a nombre de Begoña Gómez, como pudo comprobar la Universidad Complutense tras consultar al Registro de la Propiedad Intelectual. La esposa del presidente solo puso a su nombre, y por indicación de la propia universidad, el dominio web en el que se alojó la herramienta tecnológica.

Pese a que todos estos hechos han sido acreditados durante la investigación, el juez mantiene la imputación de Begoña Gómez y de su asistente por apropiación indebida. “Resulta sorprendente que se investigue como apropiación indebida el registro del software a nombre de Begoña Gómez, pero se atribuya una intervención en el hecho delictivo a mi patrocinada por intentar registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid”, se lamenta el abogado de Cristina Álvarez en el recurso. Y concluye: “Su participación va en la dirección contraria del delito. Es modélica, solo intervino en hechos tendentes a hacer lo correcto, es decir, registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid. Es como imputar por el atraco a un banco al policía que intervino deteniendo a los atracadores. Es un disparate”.

El fiscal del caso también censuró al juez por esta imputación a la asistente de Begoña Gómez: “La supuesta participación de Cristina Álvarez por mandar un correo a los órganos de la Complutense para abordar el tema de la cesión de derechos en favor de la universidad, que precisamente estaban tratando de realizar. No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”.

2 - Tráfico de influencias

El juez se basa para investigar este delito en una carta de apoyo a una empresa privada firmada por Begoña Gómez en calidad de directora de cátedra en la Universidad Complutense. El empresario Juan Carlos Barrabés, que dio varias clases en esa cátedra, incluyó dentro de su oferta a un concurso público la carta firmada por Gómez junto a otras 31 de idéntica redacción, una de ellas firmada por un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP.

Ninguno de los trabajadores y altos cargos de Red.es que intervinieron en la adjudicación del concurso ha sido imputado, ni siquiera llegaron a declarar ante el juez para explicar los hechos.

3 - Malversación de fondos públicos

La asistente de Gómez la ayudó en algunos de los trámites relacionados con su colaboración en la Universidad Complutense de Madrid, como ha quedado acreditado por varias decenas de correos electrónicos que envió Cristina Álvarez a las autoridades universitarias en nombre de la mujer del presidente del Gobierno. El juez Peinado, que negó hace meses imputar a ambas mujeres por malversación de fondos públicos, corrigió su decisión y mantiene a Begoña Gómez y Cristina Álvarez imputadas por malversación de fondos públicos. El abogado de Gómez explica que “es habitual que en el horario laboral, los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos”. “Difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación de caudales públicos. Es una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad”.

Y añade: “Para que la posible dedicación de mi patrocinada a tareas privadas de doña Begoña Gómez fuese constitutiva de delito de malversación, sería necesario que doña Cristina 'cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada'. No consta dato ni indicio de que mi patrocinada haya desatendido sus funciones por haberse dedicado a tareas privadas de doña Begoña Gómez. Al contrario, ha cumplido con sus obligaciones de manera exquisita, con una dedicación intensa, prácticamente sin horario, y muy por encima de lo que cabría esperar por su escueto salario. Y no consta desatención ninguna de sus obligaciones”.

4 - Intrusismo profesional

Begoña Gómez propuso a la Universidad Complutense crear una cátedra entre cuyos objetivos estaba la investigación de aplicaciones informáticas que ayudarán a pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad. Para desarrollar la nueva tecnología, de uso gratuito, Gómez logró la colaboración a favor de la universidad de las compañías Google, Telefónica e Indra. La directora de la cátedra firmó los pliegos de condiciones para adjudicar un contrato de consultoría vinculado a la nueva herramienta tecnológica. El juez Peinado sostiene que Gómez carecía de cualificación profesional para firmar esos pliegos de condiciones y la imputa por intrusismo profesional. Durante la investigación, el instructor pudo escuchar como la interventora de la Universidad Complutense declaró que las normas obligaban a que la directora de la cátedra, Begoña Gómez, firmase los pliegos de condiciones. Además, la asociación de Abogados del Estado contestó al juez que no había intrusismo profesional en aquellos hechos. Gómez sigue imputada.

5 - Corrupción en los negocios

Begoña Gómez dirigió durante cuatro años una cátedra en la Universidad Complutense y logró más de medio millón de euros en subvenciones al proyecto educativo público. En todo ese tiempo no cobró por su trabajo -preguntó, pero le contestaron que al no ser trabajador de la Universidad no podía recibir salario alguno-. Está imputada por corrupción en los negocios. Su actividad privada desde que inició su colaboración con la Complutense en 2012, según la investigación del juez Peinado, nunca le reportó unos ingresos anuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional. Su abogado recordó al juez que la Cátedra de Transformación Social Competitiva “no era remunerada” y que los fondos de empresas privadas se obtuvieron para la Universidad Complutense y no para Begoña Gómez.

La investigación no halló en todo este tiempo de instrucción ni una sola prueba de intervención de Begoña Gómez en el amaño de contratos, ni de enriquecimiento ilícito, ni de hacer negocio con su actividad, por la que ingresó solo en el mejor de los años, el salario mínimo interprofesional. La Guardia Civil investigó el supuesto tráfico de influencias y elaboró un informe al comienzo de la causa que descartaba el delito. Pero el juez no hizo ni caso. La Audiencia Provincial, que avaló entonces seguir con la investigación, tampoco.

“No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”. Palabra de fiscal.

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado las decisiones del juez Juan Carlos Peinado por las que transformó el procedimiento contra Begoña Gómez en uno que llevaría a la mujer del presidente del Gobierno y el resto de investigados a ser juzgados por un tribunal popular. La instancia superior ha resuelto en un auto cuatro recursos de las partes que se concretan en la decisión de retrotraer las actuaciones a un momento anterior a la transformación del procedimiento en el del tribunal del jurado.

A juicio de los magistrados de la Audiencia Provincial, los autos por los que el juez optó derivar la causa hacia un posible tribunal compuesto por ciudadanos “carecen de la necesaria fundamentación” y motivación para justificar el cambio de procedimiento. Subrayan que “únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles” que les atribuye. Concluyen, por tanto, que se ha vulnerado el derecho de los investigados a la tutela judicial efectiva, que incluye obtener una resolución debidamente motivada.

Además, le advierten de que no puede escudarse en la simple sospecha inicial para hacer avanzar la causa hacia el Tribunal del Jurado. Así, los jueces de la Audiencia Provincial recuerdan a Peinado que, tras un año y medio de investigación, la mera “verosimilitud” de la denuncia original ya no es suficiente y que es imprescindible que esas sospechas se hayan transformado en “indicios racionales suficientes”. “No es de recibo indicar, tras año y medio de instrucción, que para la incoación del procedimiento basta la mera verosimilitud y que esta ya ha sido avalada en diversas ocasiones por la esta Sala”, dice la resolución.

El pasado octubre, el juez Peinado decidió derivar ante dos jurados populares la investigación abierta contra Begoña Gómez. Su pretensión era mantener, por un lado, un procedimiento sobre el delito de malversación que le atribuye por las tareas realizadas por su asistente en la Moncloa. Y, por otro, uno en el que seguir indagando en su actividad en la Universidad Complutense y sus relaciones con el empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior anularon esa decisión y descartaron que, en el caso de que la causa avanzara hasta el juicio, se celebraran dos vistas contra la mujer del presidente. 

En su recurso, la defensa de Begoña Gómez alegó que el juez se limitó a transcribir artículos de la Ley del Jurado y a citar resoluciones de forma genérica, sin concretar “ni un solo indicio” de que hubiera cometido los delitos imputados tras 19 tomos de investigación y calificó la decisión de “prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental”. 

La denuncia por intento de soborno presentada por un comisario jubilado, testigo clave en el juicio pendiente por el acoso, las amenazas y agresiones a la doctora Elisa Pinto, no será investigada. Los jueces consideran que no hay delito en el ofrecimiento que recibió el comisario retirado Jaime Barrado por parte de otro mando jubilado, que le prometió 20.000 euros si se comprometía a no declarar contra Javier López Madrid, el empresario al que la Fiscalía pide 13 años de cárcel. Según el auto de la Sección Tercera, el intento de soborno no pasa de constituir “una propuesta poco ética” y no cabe abrir una causa judicial por ello.

Barrado grabó a Fernando Moré, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, ofreciéndole dinero de parte de López Madrid. El comisario jubilado presentó una denuncia ante la Guardia Civil con dos audios y varios intercambios de WhatsApp que retratan el intento de soborno. Sin embargo, la magistrada María del Coro Monreal apreció que no había delito en la maniobra. La Fiscalía recurrió en dos ocasiones y la Audiencia Provincial de Madrid ha dado finalmente la razón a la magistrada, cerrando la puerta a cualquier investigación.

Los jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial consiguen dar carpetazo al asunto sin mencionar una sola vez al empresario Javier López Madrid, yerno del ya fallecido Juan Miguel Villar Mir. Y no le mencionan pese a que dan por hecho que el ofrecimiento se produjo y que su autor, el comisario jubilado Moré, asegura en las grabaciones que está concertado con López Madrid. 

“Esta propuesta responde a una actuación que puede considerarse poco ética, al no acudir directamente a una negociación con la abogada de la querellante como resultaría adecuado, y elegir, en cambio, una vía de acceso indirecta a través de una persona a la que se reconoce una potencial influencia derivada de su posición de especial autoridad y también de su estrecha relación con la investigación de los hechos. Pero esta conducta ciertamente censurable es atípica penalmente”, escriben los jueces de la Audiencia Provincial. 

Los magistrados de la segunda instancia optan por ignorar una parte de los hechos denunciados y documentados en dos atestados de la Guardia Civil. El comisario que ofreció el dinero, Fernando Moré, no solo pedía a Barrado que influyera en la doctora Pinto para que retirara la denuncia y el juicio no se celebrase, como exponen los jueces. También ponía sobre la mesa que Barrado no fuera a declarar al juicio. 

En una de las grabaciones, que publicó este medio, se puede oír a Moré indicando a Barrado lo que debe trasladar a Pinto y su abogada: “[Diles]: 'Que yo estoy jubilado y no quiero saber nada. Yo no voy a ir a declarar en contra de nadie ni meterme en líos. Yo ya estoy fuera de eso. Y por lo que estoy viendo, y por lo que puede pasar, yo os aconsejo que lleguéis a un buen acuerdo económico y aquí paz y después gloria. Punto'”.

La Fiscalía no comprende que la jueza haya dado carpetazo sin investigar. En su recurso ante la Audiencia Provincial, el representante del Ministerio Público alegó que “existen indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial, motivo por el cual el sobreseimiento libre de las actuaciones es precipitado”.

“Se ha intentado alterar un proceso judicial”

La Fiscalía recuerda que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogen unos supuestos para el sobreseimiento. “En el presente caso [afirma la Fiscalía] no se ha practicado diligencia de ningún tipo, siendo precipitado el sobreseimiento libre acordado”. La Fiscalía pedía que se tomara declaración al denunciante, Jaime Barrado. “Existen, por tanto, indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial”, razonó la Fiscalía sin éxito. 

En el archivo provisional de la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 34 había argumentado que el ex jefe de la UDEF, Fernando Moré, no contactó con Jaime Barrado para que “influyera” en Elisa Pinto sino únicamente para que hablara con la abogada de Pinto con el objeto de “intentar llegar a un acuerdo y quizás evitar el proceso”. Para que hubiera delito de obstrucción a la justicia, razonaba la jueza María del Coro Monreal, Moré debería haber pedido a Barrado que alterara su testimonio en el juicio. 

Jaime Barrado fue el policía que descubrió la presunta implicación del comisario Villarejo en el acoso a Elisa Pinto y organizó en 2015 una rueda de reconocimiento fotográfico donde la doctora identificó al policía como el autor del pinchazo que recibió en abril de 2014 mientras el agresor le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo y López Madrid se enfrentan a 13 años de cárcel en un juicio pendiente de celebrarse doce años después de los hechos. 

Las grabaciones y la denuncia del comisario jubilado están apoyados por dos atestados de la Guardia Civil en los que se recogen hechos que apuntan a la presunta comisión de los delitos de cohecho y/o contra la administración de Justicia. Los agentes llegaron a requisar las imágenes de la cafetería donde se produjo el intento de soborno, informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. 

La jueza Monreal defendió que al estar ambos comisarios jubilados, tanto el que ofrece el soborno como el que lo rechaza, no puede haber un delito de cohecho a un funcionario público. La magistrada concluyó que tampoco se podía dar un delito de obstrucción a la justicia porque no hubo “empleo de violencia o intimidación”.

La Audiencia Nacional absolvió recientemente a López Madrid, a Villarejo y a un colaborador de este por el supuesto encargo del empresario al policía cuando este se encontraba en activo. El tribunal especializado no encontró pruebas suficientes del supuesto contrato entre el empresario y el comisario. Los hechos constitutivos del acoso –las amenazas, las coacciones y dos agresiones con arma blanca– serán juzgados en otra vista para la que todavía no hay fecha. La celebración se ha aplazado ya en tres ocasiones y puede que no tenga lugar hasta entrado 2027.

Hace una década Javier López Madrid y el comisario Villarejo estuvieron cerca de librarse del juicio por el acoso y agresión a la doctora Elisa Pinto que se celebrará el próximo febrero. Una jueza archivó la causa contra ellos con un informe policial que daba la vuelta al caso. La culpable, según la Policía, era la mujer. Hasta que en 2018, la Audiencia de Madrid se percató de las maniobras para forzar aquella conclusión y ordenó reabrir el caso contra el empresario y el comisario. Los máximos responsables policiales de aquella actuación han declarado como testigos esta semana en el primero de los dos juicios contra López Madrid y Villarejo. Son un matrimonio de policías. Ella ha admitido que fue su marido, el comisario descubierto arropando a López Madrid y filtrándole los avances del caso, quien le ordenó confeccionar el informe que describía a Pinto como una mujer obsesionada con el yerno de Villar Mir.

En mayo de 2015, la doctora Pinto había reconocido a Villarejo entre una decena de fotografías de hombres similares como el que la había pinchado en el costado mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo no era un policía cualquiera. El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz había salido a defender en público su trayectoria tras aflorar los oscuros negocios del comisario, entonces en activo. Pieza fundamental de la brigada política, la cúpula de la Policía se movilizó para que Villarejo no fuera imputado en el caso de acoso a Elisa Pinto. 

En ese contexto, el entonces inspector jefe Alberto Carba recibió el encargo de rehacer la investigación desde el principio. La doctora estaba imputada en un juzgado de Madrid como consecuencia de la denuncia de López Madrid. El policía arrancó sus pesquisas basándose en los indicios contra ella y despreciando los que había contra el empresario en otro juzgado. En julio tendría listo un informe que responsabilizaba a la mujer del acoso y que, en consecuencia, exculpaba a López Madrid y al comisario José Manuel Villarejo Pérez. 

Alberto Carba es hoy jefe de la Policía Judicial en Madrid. La investigación de cualquier delito grave o especializado, diferente del terrorismo, depende de él. En el momento de su participación en el caso de acoso era jefe de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía a nivel nacional.

El atestado policial de Carba recogía afirmaciones contrarias a las evidencias sobre algunos comportamientos de las víctimas en una situación de hostigamiento. Carba decía que es incompatible el acoso y que la víctima continuara con el trato con el agresor. “A juicio de esta Sección de Secuestros y Extorsiones no es habitual estos contactos en un contexto de temor sino más bien lo contrario, se prefiere la lejanía por su seguridad”, escribió el hoy comisario. La doctora explicó en el juicio que tenía miedo del poder de Javier López Madrid y del daño que le pudiera hacer a su vida personal y carrera profesional y que por eso no se atrevía a cortar la comunicación con él. 

Durante el acoso, la doctora ingresó un millón de euros en un fondo de inversión en el que participaba López Madrid. Carba escribió: “A juicio particular de esta Sección cualquier denunciante por hechos tan graves como ser víctima de dos apuñalamientos y de una campaña de mensajes amenazadores, de poder permitírselo, contrataría a personal de seguridad privado pero jamás invertiría dinero en la empresa que dirige quien despierta sus sospechas”.

El cuestionado 'Minority Report' de la Policía

Su informe llevaba adjunto otro confeccionado por el Servicio de Análisis de la Conducta, una estructura policial creada en 2011 e inspirada en las que tienen el FBI y Scotland Yard. Este servicio elabora hipótesis a través de un análisis psicológico de la actuación criminal. A él pertenece la mujer de Carba. Fue él quien encargó al Servicio de Conducta participar en su investigación, según han reconocido esta semana ante el tribunal. 

Fue la propia policía quien aseguró el miércoles ante el tribunal que la Sección de Secuestros y Extorsiones les encargó el informe de conducta de Pinto. La abogada de la dermatóloga le preguntó: “El inspector que estaba dirigiendo la investigación, ¿es su esposo o era entonces su pareja de hecho?”. La policía le corrigió: “Inspector jefe y es mi esposo, lo era entonces y en este momento lo es”. Una vez ofrecida la respuesta, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, intervino para aclarar que la testigo no deponía para aclarar sus circunstancias personales. “Gracias, señoría”, se apresuró a decir la policía del Servicio de Conducta.

En 2015, la esposa de Carba extrajo unos cuantos mensajes recibidos por López Madrid en su teléfono y mostró como “conclusiones” una lista de conjeturas acerca de que la autora tenía que ser una mujer “con un sentimiento de despecho” y que, por tanto, se trataba de “una persona muy cerca a Elisa Pinto o incluso la propia Elisa Pinto”. La agente ha asesorado a al menos una autora de novelas policiacas.

En los mensajes del móvil de Javier López Madrid aparecían algunos con amenazas como los siguientes: “Si quieres te damos nombres de más amigos tuyos que nos van a dar juego” o “Picha brava sin escrúpulos”. Del análisis del contenido de los mensajes, la Sección de Conducta de la Policía especulaba: “El ataque es el fin último de los mensajes. Se puede corresponder con un sentimiento de despecho hacia Javier López Madrid, entendiendo esta emoción como la animadversión hacia alguien por ser el culpable de un desengaño. Para que esta reacción se produzca es necesario que la relación entre ambas personas haya sido muy cercana, probablemente íntima, por lo que se podría aventurar que el autor de los mensajes es una mujer”.

Los informes policiales de Carba y su esposa provocaron el inmediato archivo de la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Pero en 2018, el recurso de la defensa de la doctora fue resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. Villarejo y López Madrid volvían a estar imputados y ya veían el camino del banquillo. Otra sección de esa misma instancia judicial pediría después explicaciones a la Policía por las conjeturas y especulaciones contenidas en sus informes. 

Para empezar, los jueces querían saber quién había elaborado el informe del Servicio de Conducta. Carba lo había entregado como un anexo a su informe, por lo que no se identificaba a su esposa ni al otro funcionario que lo escribió. Pero la Policía tuvo que identificar posteriormente a los dos policías que lo elaboraron por orden del juzgado. Uno de ellos resultó ser la policía con carnet profesional 125.756, la esposa de Carba. La retransmisión del juicio en Youtube autorizada por el tribunal mostró a Carba declarando de espaldas. A quien sí se pudo observar frente al tribunal, también como testigo, fue a su mujer. La policía 125.756 sigue destinada en el Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía. 

En diciembre de 2018, la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid cuestionaba la capacitación de los policías de ese impactante servicio policial al que algunos medios habían bautizado como el ‘Minority Report’ español, en alusión a la película protagonizada por Tom Cruise en el que una unidad policial anticipa los crímenes antes de que se cometan. 

Los jueces decían en su auto: “No se especifica el objeto del estudio, ni la cualificación o formación de las personas que lo realizan, ni el método o conocimiento técnico o científico utilizado para llegar a las conclusiones que se realizan”. La Audiencia Provincial ordenaba a la Policía que aclarase a qué se dedicaban los policías que realizaron el informe; “si están dados de alta como peritos judiciales” y desde cuándo; cómo llegaron hasta ahí (concurso, libre designación o comisión de servicios); y, en el caso de que fuera por libre designación, que se identificara al funcionario que adoptó tal decisión.

Cuatro años después, en 2022, otros magistrados, los mismos que habían obligado a reabrir la causa contra López Madrid y Villarejo, se empleaban en términos similares al hablar de la actuación policial. Resolvían los recursos contra el procesamiento que presentaron el empresario y el policía y dejaban por escrito que los informes de Carba y su mujer tenían una “fiabilidad empañada”. 

Último intento de soborno

La postración de un grupo de mandos policiales ante el poderoso empresario Javier López Madrid ha atravesado el caso de presunto acoso a la doctora Pinto, desde antes de que arrancase en 2013 y hasta prácticamente hoy. Está pendiente que un juzgado de Madrid decida sobre la denuncia presentada por el comisario que se atrevió a investigar la implicación de Villarejo después de que otro policía jubilado le haya hecho llegar recientemente una oferta económica para que influyera en la doctora Pinto, esta retirara su acusación y el juicio por el acoso y agresión de febrero no llegara a celebrarse. El autor de la oferta, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, dice en una grabación publicada por elDiario.es que actúa por orden de López Madrid. 

Uno de esos mandos policiales que tuvo una polémica relación con el empresario fue Alberto Carba. La UCO de Guardia Civil detuvo en abril de 2017 a López Madrid por un asunto muy diferente, su implicación en el caso de corrupción del PP madrileño denominado ‘Lezo’, por el que el empresario aún debe sentarse en el banquillo. Los guardias se incautaron del teléfono de López Madrid que volvió a ser una caja llena de sorpresas. Mientras Carba investigaba el caso de acoso, el inspector jefe escribía a López Madrid: “Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. 

En el momento de aquella publicación, Carba no quiso ofrecer su versión a este medio. Ante el tribunal que está juzgando por cohecho a López Madrid y Villarejo, el policía aseguró el miércoles pasado que estaba aplicando el Estatuto de la Víctima al empresario y que, en el momento en que se produjo ese intercambio, López Madrid estaba muy nervioso informándole de que se iba a suicidar. “Eran las tres de la tarde, López Madrid me llamó gritando y llorando. Me estoy subiendo a la azotea de mi edificio y me voy a tirar. Como negociador de la policía que era intenté calmarle”, relató ante el tribunal el comisario Carba. 

El comisario aprovechó para expresar su malestar por lo que considera una mala interpretación de la afirmación “este partido lo vamos a ganar”. “Significa ‘mantenga la fe en la justicia y en la investigación que estamos haciendo’ porque temía que se fuera a suicidar. Era una obligación moral”, añadió.

Pese a que los tribunales han enviado a López Madrid y a Villarejo al banquillo porque consideran, indiciariamente, que las conclusiones culpando a la señora Pinto son, cuando menos, erróneas, el policía insistió ante ellas esta semana en la Audiencia Nacional. López Madrid y Villarejo se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 13 años de cárcel por coacciones, amenazas y agresión. La jueza que investigó a Elisa Pinto archivó las actuaciones contra ella. La Audiencia Provincial confirmó esa decisión en marzo de 2024.

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la orden del juez Juan Carlos Peinado de recabar todos los correos de la dirección utilizada en Moncloa por Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno y hasta la fecha de la providencia.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces de la instancia superior vuelven a reprochar al juez que no haya razonado la instrucción de recabar los correos y anulan igualmente la orden de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realice un informe de acuerdo a su contenido.

“La citada resolución, por utilizar la forma de providencia, no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos, lo que viene a dar la razón a los recurrentes, que resulta una medida carente de la justificación necesaria, incumpliendo los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”, recoge el auto de la Sección 23, resolviendo así los recursos interpuestos por la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía.

Peinado, según los magistrados, debería haber realizado “una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios y sobre la intervención de los investigados, y sobre la necesidad de la medida”. La aprehensión de los correos afecta a un derecho fundamental y la Sección 23 hace una analogía con los pinchazos telefónicos, cuya conveniencia no debe dejar el juez instructor a criterio policial. “Es el juez, manejando esos datos objetivables [aportados por la Policía], el llamado a realizar sus propias deducciones, que podrán coincidir o no con las policiales”, añaden sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La misma sección dio la semana pasada la razón a Peinado en cuanto a una de sus decisiones más polémicas y clave en la investigación, llamar a declarar a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, acusadas de un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal consideraba “dudoso” e incluso potencialmente delictivo que Álvarez sea “amiga íntima” de la esposa del presidente del Gobierno y no un “funcionario experto” y avala que se investigue si existió una “desviación de sus funciones” para, por ejemplo, ayudar a Gómez en la organización de su trabajo en la Universidad Complutense.

La instrucción judicial más irregular de los últimos tiempos mantiene imputada por hasta cinco delitos a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y sigue viva gracias a algunas controvertidas decisiones de tres magistrados. Se trata de María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández y Enrique Jesús Berges, integrantes de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid y encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta contra Begoña Gómez. Desde hace año y medio, cuando se inició esta causa, los tres magistrados sostienen a duras penas un proceso judicial plagado de irregularidades. Pese a su esfuerzo argumental, los tres magistrados no han tenido más remedio que anular hasta tres imputaciones: el actual delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín; un directivo del IE, Juan Jose Güemes; y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El juez Peinado intentó también que se encausará por malversación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, pero el Supremo lo impidió al no encontrar ni el más mínimo indicio de delito en la actuación del dirigente socialista.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial iniciaron su trabajo de revisión de las decisiones del juez Peinado apenas dos meses después de comenzar la investigación. Analizaron la causa y encontraron que la “deslavazada” querella del grupo ultraderechista Manos Limpias que admitió a trámite el juez Peinado estaba basada en “hechos erróneos”, “conjeturas” y recortes de prensa con algunas noticias falsas. Pero dejaron a Peinado que siguiera con la causa porque al menos había un indicio para investigar: la mujer del presidente del Gobierno había firmado como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense una carta de apoyo a una empresa que había logrado contratos millonarios de la administración central.

Cuando los tres magistrados firmaron su primer auto sobre la causa autorizando al magistrado a seguir con la investigación ya existía un informe de la UCO que anulaba, tras un exhaustivo análisis, el valor como indicio de la carta de apoyo. La UCO descartó irregularidades en el concurso ganado por una empresa que incluía en su oferta 32 cartas de apoyo, una de ellas firmada por Begoña Gómez. El análisis de la UCO no le importó a Peinado ni a los tres magistrados de la Audiencia Provincial, la causa siguió y fue acumulando nuevos delitos sin que aparecieran nuevos indicios.

Los tres magistrados fueron validando el trabajo de Peinado pese a que, a la vez, iban anulando imputaciones y limitando el campo de la investigación: el instructor no podía investigar el rescate de Air Europa, pese a que lo sigue intentando todavía hoy, ni podía usar el material requisado al empresario Juan Carlos Barrabés en un registro que, según la Audiencia Provincial, vulneró los derechos del imputado.

Es difícil encontrar una instrucción con tantos accidentes del juez que dirige la investigación.

El último empeño del juez Peinado es demostrar que Begoña Gómez usó a su asistente, María Cristina Álvarez, para trabajos privados, lo que implicaría una malversación de fondos públicos por parte de ambas mujeres. La Audiencia Provincial ya dijo en uno de sus autos anteriores que la asistente nunca podría cometer ese delito, pero ahora respalda que se la tome declaración en calidad de investigada por eso mismo. Una nueva pirueta jurídica en un proceso plagado de triples saltos mortales.

Los trabajos privados que Peinado considera delictivos consisten básicamente en decenas de correos electrónicos que la asistente mandaba desde su cuenta personal a directivos de la Complutense en nombre de Begoña Gómez. Eran correos relacionados con la búsqueda de patrocinios privados para la cátedra que codirigía la mujer del presidente a cambio de cero euros, porque no podía cobrar por esa función al no ser personal universitario.

Nadie ha calculado aún cuánto dinero suponen unas horas de trabajo para enviar esos correos electrónicos sobre siete años de sueldo público de la asistente. La Audiencia Provincial de Madrid ha escrito lo siguiente: “Probablemente la actividad de María Cristina Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”. Por lo investigado no parece que Cristina Álvarez haya desatendido la agenda y asuntos protocolarios de Begoña Gómez. No hay ni una sola prueba de esa circunstancia.

Por otra parte, los asuntos lucrativos de Begoña Gómez consistían en lograr dinero de empresas privadas para financiar actividades de la universidad pública dentro del proyecto de investigación de una cátedra que codirigía sin sueldo alguno. Cuando la Complutense decidió anular la cátedra, en la caja de esta universidad pública quedó un saldo positivo de 25.000 euros. Un negocio privado de Gómez que sólo rindió beneficios a un centro público de educación.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial emulan las irregulares prácticas del juez Peinado que ellos mismos han anulado en otras resoluciones. Ahora sostienen la causa con afirmaciones carentes del mínimo rigor, como hace Peinado. Si el juez instructor llegó a imputar al directivo del IE, Juan José Güemes, por la declaración de una testigo que nunca se produjo en esos términos. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid incurre en un defecto semejante para apuntalar la malversación en esta causa: “Resulta dudoso, y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del Presidente de Gobierno haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo”. No es la primera vez sino la última, porque esto ha ocurrido siempre. Los asistentes de las parejas de los presidentes del Gobierno no han sido funcionarios expertos en protocolo ni se han elegido teniendo en cuenta esa circunstancia.

El asistente de la esposa de Mariano Rajoy fue un licenciado en historia del Arte, Jaime de los Santos, hoy diputado nacional del PP.

La asistente de Ana Botella, mujer de José María Aznar, fue Cristina Alonso Mateo, que antes había sido la secretaria del expresidente del Gobierno. Los magistrados no acaban de explicar cómo el nombramiento de una inexperta en protocolo puede ser un indicio de malversación de fondos públicos. ¿Si la asistente de Begoña Gómez no hubiera enviado esos correos electrónicos, de qué manera podría ser un indicio de malversación el hecho de ser amiga de quien la contrató y de ser inexperta en protocolo?

Pero los magistrados, en el auto escrito por Enrique Jesús Berges, siguen escalando la montaña de lo irracional cuando llegan a censurar que el puesto, de libre designación según la Ley, “se hace recaer en una persona de su máxima confianza”. Y añaden sin una sola prueba que respalde su opinión: Begoña Gómez “no” contrató a su asistente “para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse el fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público”. Sin embargo, el patrimonio público de la Universidad Complutense resultó mejorado por las gestiones de Begoña Gómez para lograr patrocinio para la cátedra. Y en ese afán, su asistente en Moncloa le ayudó enviando algunas decenas de correos electrónicos.

La causa penal contra la mujer del presidente del Gobierno sigue viva y embarrada por decisiones judiciales extravagantes sostenidas sobre argumentos peregrinos cuando no directamente falsos.

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este martes a un pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste, al que acusa de apropiarse de más de 516.000 euros pertenecientes a la comunidad religiosa entre los años 2016 y 2018. Según la Fiscalía, el acusado tenía autorización para operar en la cuenta corriente de la iglesia, abierta en una sucursal de Bankia en la calle Chapinería de Madrid.

Aprovechando su posición como pastor y responsable autorizado, habría ordenado múltiples transferencias desde la cuenta de la entidad religiosa hacia su cuenta personal. El escrito detalla más de una veintena de reintegros y transferencias realizadas entre febrero de 2016 y noviembre de 2017, con importes que oscilan desde pequeñas cantidades hasta operaciones de 90.000, 100.000 o incluso 150.000 euros. En total, el presunto perjuicio económico asciende a 516.271,83 euros, procedentes principalmente de donaciones de los fieles.

La Fiscalía sostiene que el acusado no percibía nómina alguna pese a que las transferencias se justificaban bajo conceptos como “nómina”, “donación”, “ofrenda” o “gastos”. Con parte del dinero, afirma el Ministerio Público, T.G.M. habría adquirido un vehículo a su nombre y entregado cantidades a su hijo para la compra de una vivienda en Boadilla del Monte.

Según los primeros indicios, los miembros de la iglesia no tuvieron conocimiento del destino de las donaciones hasta 2020. El Ministerio Fiscal solicita por un delito continuado de apropiación indebida cuatro años de prisión, diez meses de multa con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste en 516.271,83 euros, más los intereses legales correspondientes, por las cantidades presuntamente desviadas y no recuperadas.

Corría el año 2017 cuando Ana Belén Pintado Lucas-Torres comenzó a sospechar que era una “bebé robada”. Tenía entonces 44 años y vivía en Campo de Criptana (Ciudad Real). Sus padres habían fallecido. La casualidad al tener que consultar unos documentos para vender un inmueble y sus pesquisas le permitieron descubrir no solo que era adoptada, sino que había sido sustraída a su familia biológica. “La que yo creía que era mi madre era estéril”.

Sus padres adoptivos nunca le dijeron nada. Comenzó entonces la búsqueda de su familia biológica y tan solo un año después, en 2018, conoció a su madre biológica, Pilar, natural de Lanzahíta, un pueblo de Ávila. La había tenido con 24 años, pero le dijeron que su hija había muerto a las pocas horas de nacer. También se reencontró con su padre José Luis, que falleció en agosto de 2024, y con sus dos hermanos y sus sobrinos.

Siete años después sigue luchando para que se reconozca judicialmente lo que ocurrió. “Llegaremos hasta donde podamos, estamos en nuestro derecho”, reivindica.

En el camino se han interpuesto varias denuncias. En enero de 2019 se presentó una querella criminal contra José María Castillo, el médico que presuntamente estuvo detrás de la adopción de la 'bebé robada'. Ya falleció, así que en su caso el camino en los tribunales quedó cerrado. “Esto no se tiene que quedar aquí, quiero llegar hasta el final y que se haga justicia porque hay muchos casos como el mío”, relataba entonces Ana Belén en una entrevista con elDiario.es Castilla-La Mancha.

En 2022 interpuso otra querella contra el director del Centro de Maternidad Santa Cristina de Madrid, en el momento de los hechos, alegando presuntos delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, falsedad documental y también de alteración de paternidad y maternidad, en el marco de crímenes de lesa humanidad.

“La querella ha sido archivada hasta en dos ocasiones, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que hay que seguir investigando”, explica Ana Belén. El caso se reabrió en marzo pero el procedimiento quedó en suspenso por la falta de un expediente.

Este jueves, tres declaraciones ante el juzgado de instrucción

El caso sigue en proceso de instrucción, pero ahora se muestra de nuevo ilusionada ante la posibilidad judicial de avanzar. Este jueves 11 de diciembre la madre biológica de Ana Belén ha sido citada a declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Madrid, en calidad de testigo. Una citación que también han recibido una administrativa y dos matronas de la maternidad Santa Cristina contra la que se querelló.

Una de las matronas declarará como investigada, ya que en su momento dirigió el centro, según ha explicado la abogada de Ana Belén Pintado, en declaraciones a este medio. Itziar Bilbatua sigue pendiente de que se practiquen varias diligencias, como por ejemplo la que permitirá disponer del expediente de adopción, clave para el caso. Fuera del proceso de declaraciones ha quedado otra persona -que también fue director de la maternidad- y que alegó “falta de capacidad para declarar y entender las repercusiones del procedimiento”, detalla la abogada.

Ana Belén Pintado mantiene la esperanza de que “se haga justicia”. “Es lo que busco y que quien haya hecho mal, que lo pague. Por tantísima gente como yo, y que no encuentra a su familia. Me tienen como referente, me preguntan cómo lo he hecho y eso me motiva a seguir adelante”.

“Somos personas normales, a veces no tenemos ni recursos para seguir y es a nosotros a los que nos tratan de 'malos'. Hay gente poderosa, con nombre y apellidos. Creo que ya es hora, tiene que conocerse”, argumenta.

Somos personas normales, a veces no tenemos ni recursos para seguir y es a nosotros a los que nos tratan de 'malos'. Hay gente poderosa, con nombre y apellidos. Creo que ya es hora, tiene que conocerse

El pasado octubre Ana Belén y su madre Pilar estuvieron entre las personas homenajeadas en un acto celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid con motivo del Día de Recuerdo Víctimas de la Dictadura. El evento buscaba reconocer a diversas víctimas del franquismo, con una mención especial a los casos de bebés robados. “Fue muy emotivo”, recuerda.

Ese día, según cuenta, tuvo ocasión de conversar con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante unos instantes. “Le dije que estábamos muy agradecidas, muy contentas pero... que faltan cosas por hacer”. Le pidió “abrir los archivos, tanto los de la iglesia como los de las clínicas, o poner en marcha un banco de ADN”.

Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se convirtió esta semana en el tercer investigado en la causa que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta contra Begoña Gómez al que la instancia superior retira la imputación. Los tres magistrados de la Audiencia Provincial que revisan las decisiones de Peinado suscribieron un auto en el que afirman que no hay ni “el más mínimo indicio” contra el alto cargo del Ejecutivo. A pesar de ello, ha permanecido imputado durante medio año. 

El nombre de Francisco Martín se une a los de otros damnificados a los que el juez Peinado investigó de forma injustificada, según la instancia superior. Se trata del directivo del IE Juan José Güemes, que fue consejero de la Comunidad de Madrid con el PP y al que imputó tras tergiversar el testimonio de una testigo después de que él negara un trato de favor a la esposa de Pedro Sánchez. Estuvo seis meses investigado. 

El tercero es el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, al que llegó a mantener imputado durante más de diez meses hasta que la Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa. Goyache se desvinculó de la creación de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Complutense y siempre negó haberle dado trato de favor. La Audiencia Provincial afirmó que la decisión del juez de investigarle carecía de “fundamento” y levantó su imputación ante la “ausencia de datos objetivos incriminatorios”. 

En el caso de Francisco Martín el juez acordó imputarlo el pasado mayo tras admitir una querella que Vox había presentado en diciembre de 2024. Esa querella se basaba en la existencia de dos correos electrónicos que la asesora Cristina Álvarez envió en 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivas de Reale, entidad aseguradora que financiaba la cátedra que la mujer de Sánchez dirigía en la Complutense en relación con un evento en el que iba a participar. Según la formación de extrema derecha, el envío de esos dos correos era suficiente para atribuir al actual delegado al Gobierno, a la asesora y a Begoña Gómez delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. 

Peinado admitió la querella solo contra Francisco Martín y únicamente por el delito de malversación, aunque meses después, en pleno agosto, cambió de criterio e implicó también por este delito a la esposa de Sánchez y la asistente. El juez argumentó que el delegado —que entre 2021 y 2023 fue secretario general de la Presidencia del Gobierno— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” en las que Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. 

La Audiencia Provincial le dice ahora al magistrado que la querella de la formación de Santiago Abascal no proporcionaba ni “el más mínimo indicio” de que Francisco Martín hubiera participado en el presunto delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por la asesora y tampoco de que tuviera una “supuesta función de control” sobre esas tareas, por lo que debió rechazarla de plano. Ante el juez, Martín dijo que no participó en la contratación de la asesora en 2018, cuando era jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presidencia, y que tampoco conoció de “ningún incumplimiento” en el ejercicio de sus funciones cuando ascendió a secretario general de Presidencia. 

“Resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quién debiendo de limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada”, dicen los jueces de la instancia superior. Esta afirmación parece contradecir lo afirmado por estos mismos jueces en mayo, cuando sostuvieron que la asistente no podía ser investigada por un delito de malversación, pues ese delito solo puede cometerlo quien “destina, aprovecha o consiente” ese mal uso de los servicios públicos, pero no “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado”. La atribución a Begoña Gómez y su asistente de un delito de malversación también está recurrida por sus defensas a la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado al respecto. 

El revés del Supremo

La decisión de la Audiencia Provincial obligará al juez a mover ficha y levantar la imputación de Francisco Martín. Hasta ahora, Peinado no había dado este paso a pesar del revés que encajó el pasado julio, cuando el Tribunal Supremo se negó a encausar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también en la ramificación del caso relativa a la asesora de Begoña Gómez. Bolaños era secretario general de Presidencia cuando la asesora fue contratada y Francisco Martín fue su predecesor. Los jueces del Supremo acusaron a Peinado de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al ministro, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

En el interrogatorio, el ministro negó cualquier irregularidad. Pero el juez insistió en pedir al alto tribunal que abriera una causa contra él por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente. Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado. 

El juez también mantuvo imputada durante 11 días a la actual secretaria general de Presidencia, Judith González, a la que atribuyó el mismo delito de malversación que a sus dos predecesores en el cargo. En su caso, el juez acordó sacarla de la causa justo después de interrogarla. La alto cargo dijo que el puesto de la asesora no depende de la estructura que ella dirige, sino del Gabinete. Un día después, el juez confirmó esa decisión en un auto con una somera explicación. “Resulta plenamente acreditado que la investigada no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos”, escribió.

Esta misma semana, la Fiscalía pidió al juez que levantara la imputación de Francisco Martín dado que su situación es “idéntica” a la de Judith González, que fue quien lo sustituyó en el cargo. “Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada. Uno, imputado; y otro sobreseído libremente...”, escribió el fiscal. El juez optó por preguntar a las partes antes de tomar una decisión que ahora estará obligado a adoptar tras la resolución de la instancia superior.  

“Todos los actos”

La decisión de la Audiencia Provincial sobre el delegado del Gobierno es el último hito de una causa que Peinado inició tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas. En uno de sus primeros autos, el juez dejó claro que su pretensión era investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España” contenidos en esa denuncia. 

La causa ha ido expandiéndose después de que la querella inicial acusara a Begoña Gómez de favorecer a Air Europa en su rescate millonario durante la pandemia por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la aerolínea; y de beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet adjudicatario de contratos públicos. 

Las sospechas sobre Air Europa fueron refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. La Audiencia Provincial ha dicho hasta en tres ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios pese a la insistencia del juez en seguir investigando un asunto que el PP ha convertido en una de sus principales armas políticas. El juez siguió alimentando titulares de prensa durante meses hasta que la instancia superior le prohibió expresamente continuar con esa línea de investigación.

Tras el revés con Air Europa, Peinado también perdió el control sobre la segunda pata de la querella inicial, la relativa a la supuesta influencia en los contratos de Barrabés, porque la Fiscalía Europea asumió esa parte de las pesquisas. Peinado optó entonces por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en otros contratos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. La Audiencia Provincial avaló esa parte de la investigación, aunque también reprendió a Peinado por registrar la casa y la oficina del empresario mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces le advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio” y anularon ese registro. En su momento, el juez también intentó interrogarlo durante ese ingreso.

De ahí, el magistrado pasó a buscar irregularidades en la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. Investigó primero si su contratación en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias, lo que motivó la citada imputación del rector. Esa línea ha derivado en una macroinvestigación en la que se indaga, por un lado, si incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la universidad y, por otro, si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en la Complutense y por los que cobraba 15.000 euros anuales. 

Entre las líneas de investigación a las que la instancia superior ha ordenado dar carpetazo está también la contratación de Begoña Gómez por parte del IE, donde el tribunal sostiene que no hay delito porque fue la propia compañía la que “quiso contar con sus servicios”. Y, en consecuencia, no hay indicios de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial también le obligó a archivar la causa para Juan José Güemes.