El Tribunal Constitucional viene de vivir una de sus épocas más convulsas en sus más de 40 años de historia. La crisis por la renovación parcial del organismo fracturó por la mitad un pleno que tendrá una mayoría progresista, al menos, durante más de un lustro y que tiene por delante decisiones que cruzan sus caminos con los de la política. La ley trans, la reforma del solo sí es sí, las modificaciones del Consejo del Poder Judicial o el derribo de Valdecañas son algunos de los puntos marcados en rojo en el calendario de un pleno profundamente dividido.

El mandato del anterior presidente, Pedro González-Trevijano, terminó en enero de este año con uno de los momentos más tensos en un historial ya de por sí plagado de episodios relevantes y polémicos: el sector conservador y entonces mayoritario del Constitucional, de forma inédita, paralizó una ley en el Parlamento a petición del Partido Popular. Una reforma que, además, afectaba directamente al propio tribunal y a varios de sus integrantes al intentar desatascar la renovación de una parte del Constitucional.

Este curso arranca con un pleno diferente, con mayoría progresista e igualmente dividido en asuntos de calado público, como por ejemplo la admisión a trámite de recursos como el de Carles Puigdemont contra su procesamiento o el del PSOE solicitando la revisión de 30.000 votos en Madrid. La diferencia de criterio entre progresistas y conservadores es evidente aunque, por el momento, no ha tenido las consecuencias que hace unos meses llevaron al tribunal de garantías a interferir en tiempo real con la actividad del Congreso y el Senado.

El calendario del Constitucional para los próximos meses recoge algunos de los recursos e hitos políticos de mayor importancia de la última legislatura. Vox, después del batacazo de las últimas elecciones generales, se ha quedado sin el activo político que suponía presentar recursos al peso contra todo tipo de normas e iniciativas, pero las cuatro decenas de impugnaciones presentadas en la última legislatura siguen pendientes de sentencia junto con las presentadas por el Partido Popular.

Entre ellas está la votación de la reforma laboral, aspectos del ingreso mínimo vital, la ley rider sobre el abuso de los autónomos en las plataformas de reparto y la ley Rhodes de protección a la infancia, la reforma de la ley del aborto, la ley trans, la ley Zerolo, la tramitación del decreto de fondos europeos, la ley de memoria democrática, el impuesto a las grandes fortunas o la ley de vivienda. Con ellas la reforma del solo sí es sí, tanto el texto legal en sí mismo como casos concretos como el de la Arandina.

Otras reformas también estarán en la hoja de ruta del Constitucional que el nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, decidió acelerar después de varios mandatos con asuntos como el aborto cogiendo polvo en los cajones de la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Las múltiples reformas que han modificado la capacidad del caducado Consejo del Poder Judicial para hacer nombramientos, la reforma de los delitos de sedición y malversación y casos concretos como los ERE de Andalucía, la condena de Alberto Rodríguez o los múltiples recursos sobre la causa del procés independentista.

Guerra de recusaciones

La llegada de una mayoría y presidencia progresistas al Constitucional por primera vez en una década se ha traducido en una instantánea desacreditación por parte de la derecha de la figura de Cándido Conde-Pumpido, exmagistrado del Tribunal Supremo y fiscal general del Estado durante las dos legislaturas del PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero. El Constitucional, dijo Elías Bendodo (PP) tras su última renovación, es ahora una institución “debilitada por los efectos del sanchismo”.

El cuestionamiento se extiende a las dos últimas incorporaciones al sector progresista del pleno: Juan Carlos Campo y Laura Díez. El primero, magistrado y ministro de Justicia en el ejecutivo de Pedro Sánchez hasta 2021. La segunda, catedrática y alto cargo de Moncloa hasta 2022. Los dos han sido objeto de diversas recusaciones, la última por parte del PP para que no intervengan en el debate sobre la revisión de 30.000 votos claves para el PSOE y una posible investidura de Pedro Sánchez.

Ellos mismos ya se han apartado de varias deliberaciones. Entre otras, de los recursos sobre la votación de la reforma laboral, la ley del solo sí es sí o la norma que regula la presencia del 25% de castellano en las aulas catalanas. La presencia de Cándido Conde-Pumpido en los plenos sobre asuntos relacionados con el procés independentista está comprometida por haberse apartado él mismo en el pasado de estos asuntos. No estará, por ejemplo, en los debates sobre el último recurso de Puigdemont rechazado por una sala de mayoría conservadora.

En el último año, el pleno ha dejado claro que las que no prosperarán serán las recusaciones planteadas contra los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel por haber sido propuestos por el Partido Popular.

Las primeras deliberaciones

El primer pleno del curso está previsto para la semana que viene. Un pleno en el que el Constitucional estudiará, por ejemplo, si el último recurso de Carles Puigdemont debe ser admitido a trámite tal y como pide la Fiscalía. También dictarán sentencia definitiva sobre el caso de Teresa Rodríguez y su expulsión del grupo parlamentario de Adelante Andalucía en 2020 en la asamblea andaluza y rechazarán, previsiblemente, el recurso del PP contra la ley de eutanasia después de que el presentado por Vox corriera esa suerte hace unos meses.

También empezará a analizar otro recurso del PP, este contra la ley catalana de vivienda de 2022 y su regulación de los alquileres sociales, y el que Vox presentó contra el real decreto que en 2021 impuso medidas urgentes para reducir la temporalidad en el sector público.

Está previsto que los asuntos de mayor relevancia pública se vayan acumulando con mayor frecuencia en el orden del día que en mandatos anteriores, con casos que han llegado a estar una década esperando a ser deliberados. En los seis primeros meses de presidencia de Conde-Pumpido, según las cuentas del propio Constitucional, se dictaron 85 sentencias y quedaron resueltos los cinco recursos más antiguos del registro: la ley del aborto de 2010, la designación del Consejo de RTVE de 2018, los derechos de radiodifusión de los partidos de fútbol, la validez de las fórmulas de juramento o promesa de la Constitución en el Congreso y uno sobre las comisiones de investigación en la Junta General del Principado de Asturias.

La ponencia del Tribunal Constitucional que discutirá el Pleno la próxima semana propone suspender cautelarmente la demolición total del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas (Cáceres), ordenada por el Tribunal Supremo, hasta que la corte de garantías resuelva el fondo de los recursos.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el ponente Enrique Arnaldo está a favor de conceder la medida cautelar solicitada por los recurrentes para evitar el perjuicio que supondría derribar el complejo aunque a posteriori se estimaran los recursos de la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios del complejo y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

El pleno que arranca el próximo martes resolverá esta cuestión, cuya admisión a trámite ya tensionó al tribunal en noviembre de 2022 pues salió adelante por un solo voto de diferencia, seis a cinco.

Los magistrados que se opusieron a revisar la sentencia del Supremo fueron el exvicepresidente Juan Antonio Xiol, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán.

Isla de Valdecañas es un complejo turístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una isla de 134,5 hectáreas de superficie en la presa de Valdecañas. El Supremo acordó la demolición del hotel, las viviendas y el campo de golf de la urbanización Marina Isla de Valdecañas por haberse construido en un espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

De esta forma, revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que se que declaró la imposibilidad material de demoler los edificios ya construidos de la urbanización.

El TSJ de Extremadura había acordado la conservación del hotel, 185 viviendas, un campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento al tiempo que había señalado que el coste de demolición de todo lo edificado supondría 144,9 millones entre obras e indemnizaciones. 

La ponencia del magistrado Enrique Arnaldo sobre el recurso del Partido Popular a la Ley del Aborto aprobada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero avala el plazo de 14 semanas para que la madre decida voluntariamente sobre la interrupción del embarazo. El texto de Arnaldo, al que ha tenido acceso elDiario.es, rechaza así este punto y el resto de los incluidos en el recurso que presentó el PP en 2010, a excepción de uno sobre el modo en el que debe recibir información la mujer antes de adoptar la decisión.

Asimismo, la ponencia de Arnaldo declara “extinguido” el recurso de inconstitucionalidad sobre si las menores de 16 y 17 años deben disponer de autorización de sus padres para abortar. La ley de Zapatero eliminó ese requisito, pero un texto posterior del Gobierno de Rajoy, aprobado en 2015, instauró el consentimiento paterno para las jóvenes de esas edad. El magistrado argumenta así que una ley posterior a la que recurre el PP –y que fue aprobada por un Gobierno de este partido– ya resuelve el asunto y que solo cabe, para que el Constitucional se posicione, recurrir ese texto aún en vigor. 

La cuestión carece de consecuencias prácticas para la nueva Ley de Salud Sexual propuesta por el Gobierno progresista y aprobada por el Congreso que recupera el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a no pedir permiso a sus padres para interrumpir su embarazo. La aprobación de la ley está en el trámite del Senado y debe volver al Congreso para su definitiva ratificación. 

“Derechos e intereses legítimos de la mujer embarazada”

En cuanto al sistema de plazos, el magistrado Arnaldo afirma: “Para resolver el conflicto constitucional que la regulación del aborto plantea, ha de tenerse en cuenta no solo el deber del Estado de garantizar la protección de la vida prenatal, sino también de respetar los derechos e intereses legítimos de la mujer embarazada, en particular sus derechos fundamentales (…) conforme se declaró en la sentencia 53/85”, del propio Tribunal sobre la Ley vigente entonces. 

Arnaldo descarta la “inseguridad jurídica” que el PP denuncia respecto a los plazos establecidos. “Existen instrumentos interpretativos suficientes para evitar que, en la aplicación de la norma a los casos concretos, la imposibilidad de mayor precisión legal por razones científicas ajenas al legislador genere inseguridad jurídica”, explica el magistrado. 

El magistrado Arnaldo aduce que la despenalización del aborto en sus primeras catorce semanas “no puede razonablemente interpretarse como una renuncia a la protección de la vida del nasciritus, en la que se da prevalencia sin ponderación alguna a la ‘nuda voluntad o al menor deseo de la madre' [según consta en el recurso del PP]”.

“Cabe apreciar –añade Arnaldo– que el legislador pondera los intereses en conflicto y articula un modelo de protección alternativo al Derecho penal basado en la exigencia de una intervención estatal obligatoria en el proceso de toma de decisión de la mujer, a través del asesoramiento y de la apertura de un periodo de reflexión, al entender que en esa primera fase del embarazo, en la que la vida en formación es completamente dependiente de la vida de la madre, tiene más posibilidades de proteger al nasciturus cuando actúa con la madre y no en su contra”.

Garantizar que la mujer lee las alternativas y consecuencias

En ese proceso de asesoramiento donde interviene el ponente al declarar inconstitucional el artículo 17.5 de la ley de Zapatero, que recoge: “La información prevista en este artículo será clara, objetiva y comprensible. En el caso de las personas con discapacidad, se proporcionará en formatos y medios accesibles, adecuados a sus necesidades. Se comunicará, en la documentación entregada, que dicha información podrá ser ofrecida, además, verbalmente, si la mujer lo solicita”.

El ponente del recurso dice que “ese último inciso [verbalmente, si la mujer lo solicita] posibilita que no se ofrezca esa información a la mujer si no lo solicita de forma expresa, de forma que en tal supuesto no se garantizaría que la gestante preste su consentimiento a la práctica del aborto previamente informada” de distintos aspectos que menciona la propia ley recurrida, tales como “los distintos métodos de interrupción del embarazo, las condiciones para la interrupción previstas en esta Ley, los centros públicos y acreditados a los que se pueda dirigir y los trámites para acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente”.

Arnaldo garantiza que con esa redacción del artículo tampoco se garantiza que la mujer conozca “la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias” y tampoco “las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo”.

Tampoco se garantiza, considera el magistrado, que la mujer que decide interrumpir su embarazo conozca “de las políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad existentes, por cuanto esta concreta información documental se le entrega a la gestante en un sobre cerrado (art. 17.2), sin que conste siquiera que haya sido leída por la interesada antes de adoptar su decisión”. Esto último, añade, “no garantiza el cumplimiento del derecho de la mujer de acceder a la información relevante y suficiente para elegir de forma libre y meditada entre someterse a la intervención médica de interrupción voluntaria del embarazo o proseguir con la gestación”.

En su borrador, un denso texto de 97 páginas, Arnaldo destaca: “Valga insistir en que no se trata de dar respuesta a un conflicto entre el derecho y la moral, sino de resolver si una ley determinada –en concreto la Ley Orgánica 2/2010– es o no conforme con la Constitución, y en esa resolución no hay otro soporte para el Tribunal Constitucional que la propia Norma suprema”. “Por ello –añade– para este tribunal el conflicto que en el presente recurso se le plantea es un conflicto estrictamente jurídico, que con criterios jurídicos ha de ser resuelto. Al Tribunal Constitucional le son necesariamente ajenos los juicios morales, que son por esencia personalísimos”.

División en el TC y dimisión de Gallardón

El recurso del Partido Popular fue presentado en junio de 2010, pero el debate se enquistó en el seno del tribunal. Antes, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón se vió obligado a dimitir después de la movilización ciudadana contra su proyecto de ampliar acabar con el plazo de 14 semanas de la Ley de Zapatero.  

En el retraso de la resolución del Constitucional ha pesado que el magistrado a quien tocó por reparto redactar el borrador, Andrés Ollero, mantenía unas posturas que no suscitaban consenso en todo el bloque conservador, principalmente entre los magistrados propuestos por el PP más próximos a tesis liberales. 

Una vez Ollero cumplió su mandato y fue sustituido, las ponencias de las que se encargaba pasaron, también por reparto, a Enrique Arnaldo, en noviembre de 2021. En la primavera de 2021, Arnaldo ya tenía prevista su propuesta de fallo, pero el entonces presidente, Pedro González-Trevijano, consideró necesario esperar a la renovación del tribunal que ya estaba en fase de negociación. 

Una vez desbloqueada la renovación, y con un tribunal de mayoría progresista, la ponencia de Arnaldo ha sido distribuida este lunes entre los magistrados, que ahora deberán discutir en base a ella. Si Arnaldo aprecia sus posturas en minoría puede ceder la ponencia a un magistrado de la opinión mayoritaria.

Razones médicas, centros públicos y objeción de conciencia

El Partido Popular también recurría el apartado a) del artículo 15 de la Ley de 2010, que alude a las razones médicas y que establece que se puede interrumpir el embarazo en el siguiente supuesto: “Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen”. Arnaldo considera que este apartado “no es inconstitucional”.

En la ponencia, el magistrado también declara “no inconstitucional” el artículo que recoge que “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma” y que “los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia”.

El Tribunal Constitucional ha decidido que no apartará de sus deliberaciones a Enrique Arnaldo y a Concepción Espejel. En un auto, el pleno entiende por unanimidad que sus opiniones pasadas sobre el procés o sus distintas vinculaciones con el Partido Popular no son suficientes para dejarles fuera de las decisiones sobre las condenas a los líderes separatistas catalanes. Un escrito de 15 páginas que, en la práctica, aleja la posibilidad de que en el futuro prospere cualquier tipo de alegación de este tipo en torno a estos y otros magistrados.

El pleno del tribunal de garantías ha estudiado esta semana más de tres decenas de recusaciones presentadas por los líderes independentistas condenados por el procés así como por los antiguos presidentes de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y Joaquim Torra. Recusaciones que ponían encima de la mesa, por ejemplo, varias afirmaciones de Enrique Arnaldo en dos de sus libros, en varios artículos escritos en El Imparcial en 2015 y en 2016 o en el hecho de haber firmado un manifiesto titulado “Parar el golpe” junto con 500 personas unos días antes del 1 de octubre de 2017. Se le atribuía también, entre otras cosas, ser amigo del magistrado Manuel Marchena.

En el caso de Concepción Espejel, las recusaciones hablaban de una vinculación con el Partido Popular y con la Guardia Civil, de una “animadversión” a los líderes independentistas y, sobre todo, de haber firmado un voto particular en el que apostaba por condenar al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la actuación de la policía autonómica durante el referéndum del 1-O. También habían pedido que el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, quedase fuera de las deliberaciones de las recusaciones por su amistad con Arnaldo, con quien ha escrito gran cantidad de libros.

Todos estos argumentos, que también han resonado en el pleno y la comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados en los últimos meses, han sido desestimados por el Tribunal Constitucional sin ningún tipo de fisura entre el sector progresista y el conservador. Los magistrados entienden que es normal que los miembros del tribunal de garantías hayan opinado sobre asuntos que ahora tienen que resolver. Incluso, reconoce, esas opiniones y ese criterio son los que les han llevado hasta allí.

El Constitucional es claro en este punto: “No es poco común ni puede extrañar que, antes de integrarse en el colegio de magistrados, sus miembros se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente sobre materias jurídicas” acerca de las que luego tienen que dictar sentencia. Parafrasea en este punto al Constitucional de 2006 cuando rechazó por primera vez la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps en el estudio del Estatut catalán: “Lo que precisa la función jurisdiccional son Jueces con una mente abierta a los términos del debate”, dijo entonces y repite hoy el alto tribunal con una composición distinta.

El Constitucional explica a las claras cómo llegan los magistrados hasta la calle Domenico Scarlatti de Madrid: “Va en la propia naturaleza de las cosas que un magistrado del Tribunal Constitucional haya sido designado precisamente por sus ideas y opiniones expresadas a través de los instrumentos habituales de difusión jurídica, que conforman su trayectoria profesional y que, por lo tanto, delimitan los principios de mérito y capacidad que le habilitan para el ejercicio de sus funciones”, dice el auto. Por tanto sus opiniones anteriores, para el Constitucional, forman parte de la “pluralidad de la magistratura constitucional”, algo que, consideran, es una “seña de su propia identidad”. 

También dejan en el cajón de las suposiciones sin andamiaje suficiente las alegaciones sobre la cercanía de ambos candidatos al Partido Popular que les ha llevado hasta allí. Aludir a las posiciones ideológicas cercanas al PP, a sus vinculaciones con la Guardia Civil o a su pertenencia a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura son, para el Constitucional, “meras afirmaciones de imposible encaje en un motivo de recusación y huérfanas de todo sustento en hechos concretos”.

Tampoco ven inconveniente en que Concepción Espejel, recién llegada de ocupar la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, firmase un voto particular contra la absolución de Josep Lluís Trapero por el dispositivo policial del 1-O, caso que consideran relacionado con el suyo. El caso de Trapero y la cúpula de los Mossos, explica el Constitucional, fue “un proceso penal objetiva y subjetivamente distinto” al del procés sentenciado por el Supremo.

Procés, aborto, eutanasia...

La llegada de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel ha sido de las más turbulentas en el plano político de la última década. El acuerdo entre PP y PSOE para renovar una tercera parte del organismo venía acompañado de voces discrepantes incluso desde los partidos del Gobierno de coalición. Este Constitucional, y al menos hasta junio, va a tener encima de la mesa asuntos de máximo calado público y político: la Ley del Aborto, la de Protección de la Infancia, la de eutanasia o la última reforma para que el Consejo del Poder Judicial no pueda nombrar magistrados estando en funciones.

El auto que hizo público ayer el pleno del Constitucional cierra la puerta a las especulaciones sobre una posible recusación constante de estos dos magistrados. Ni su ideología ni su supuesta cercanía al PP ni sus artículos, sentencias y votos particulares ponen su imparcialidad en tela de juicio. Es más, para el pleno es algo que enriquece el debate y el funcionamiento del organismo.

En el caso del recurso del PP contra la Ley del Aborto, cuya ponencia ha pasado de Andrés Ollero a Enrique Arnaldo, la posibilidad de una recusación ya era remota por la ausencia de partes implicadas dispuestas a plantearlo. Pero, además, con este auto en la mano las opiniones manifiestamente contrarias a la Ley de este magistrado y de Concepción Espejel no parecen un impedimento para que tengan voz y voto en el pleno cuando llegue a celebrarse.

Este espaldarazo a la imparcialidad de los magistrados a pesar de sus declaraciones públicas choca con lo defendido por algunos de ellos este mismo año y en esta misma causa. El conservador Antonio Narváez y el progresista Cándido Conde-Pumpido se apartaron de la resolución de los recursos de los presos del procés por sendas conferencias que ambos ofrecieron en 2017 pronunciándose sobre este asunto y mostrándose en contra de los pasos que ya entonces daban los políticos catalanes independentistas.

En el caso de Conde-Pumpido, su intervención en la Cámara Baja fue en noviembre de 2017, después de los episodios más relevantes del desafío soberanista de ese año. Una intervención en la que mostró su preocupación ante “la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia”.

Ese mismo mes, Antonio Narváez participó en una conferencia en Granada en la que aseguró que el referéndum ilegal del 1-O y los hechos posteriores constituyeron “un golpe de Estado encubierto mucho más grave” que el golpe de estado fallido de 1981. Los dos lo hicieron para defender la independencia del Constitucional. Narváez, por ejemplo, dejó por escrito que buscaba “explicitar la independencia e imparcialidad del tribunal al que se honra en pertenecer”. En estos dos casos, para cuando los dos magistrados del Constitucional hicieron estas declaraciones ya formaban parte del tribunal de garantías y la Fiscalía ya se había querellado contra el Govern de Carles Puigdemont por un delito de rebelión.

Fuentes del Tribunal Constitucional y del Ministerio Público ya avanzaban hace semanas a este periódico el criterio que ahora ha plasmado por escrito el pleno: que todos los magistrados que acceden al alto tribunal tiene un pasado, a veces incluso político, y que eso no les inhabilita para ejercer como magistrados. Ya entonces aseguraban estas fuentes que el hecho de haber opinado en público sobre determinados temas tampoco inhabilita a un magistrado a después tener que dictar sentencia sobre ello.

El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar la petición de Oriol Junqueras de apartar de su caso a los dos nuevos magistrados propuestos por el Partido Popular: Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Tanto el líder de ERC como el resto de políticos independentistas habían alegado ante el pleno que su relación con el PP era demasiado intensa como para permitirles tomar decisiones sobre este asunto y el pleno, por unanimidad, ha decidido rechazar esos argumentos. El pleno explica que ha rechazado, en total, 33 incidentes de recusación.

Arnaldo y Espejel han sido recusados por los tres líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo cuyos recursos aún no habían sido resueltos: Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. También ha presentado una recusación el expresident Carles Puigdemont, un documento en el que apunta a la “estrecha relación” de ambos con el Partido Popular. Solicita tanto Puigdemont como otros políticos de Junts que los dos magistrados sean apartados de las deliberaciones sobre el procés independentista catalán. Otro expresident, Quim Torra, también ha presentado su propia recusación.

Para el Constitucional, las razones esgrimidas por los independentistas para apartar a ambos magistrados son, explica en una nota, “huérfanas de todo sustento en hechos concretos”. El Constitucional, dice, descarta “que pueda fundarse una duda legítima de imparcialidad sea por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular, sea por las manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado”.

Haber opinado en el pasado sobre asuntos que tienen que resolver, dice el Constitucional, es algo normal. Todos los tribunales, afirma, “deben ser integrados por Jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración”.

El pleno explica que si sacan a Arnaldo y Espejel de las deliberaciones se quedan sin el quorum necesario de ocho magistrados exigido para resolver. Es, dice el Constitucional, justifica que “no deba excluirse de la conformación del Pleno a ninguno de sus magistrados presentes (...) pues a la defensa de la jurisdicción del Tribunal todos sus magistrados están llamados, sin que quepa hacer distinciones entre los magistrados recusados y los abstenidos”.

La negativa a apartar a estos dos magistrados del bloque conservador llega después de que otros dos sí lo hicieran a lo largo del último año. Tanto Cándido Conde-Pumpido como Antonio Narváez decidieron no participar en estas deliberaciones después de ser recusados por prácticamente todas las defensas. En el caso del exfiscal general, los acusados ponían encima de la mesa una conferencia prestada en el Congreso en 2017. En el caso de Narváez, también fue recusado por una conferencia prestada ese año en Granada y se apartó antes de que el pleno resolviera el asunto.

Enrique Arnaldo y Concepción Espejel fueron los dos nuevos magistrados del Constitucional propuestos por el PP en un pacto en el que Juan Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán también accedieron al pleno a propuesta del PSOE. El nombramiento del primero generó especial polémica en el Congreso con varios diputados de los partidos del Gobierno de coalición rompiendo la disciplina de voto para no apoyar su nombramiento en el pleno de la cámara baja. Odón Elorza se opuso abiertamente a su candidatura.

Este jueves fueron Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. Y este viernes ha sido el turno para Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. El expresident de la Generalitat y los políticos de Junts han pedido al Tribunal Constitucional que dos de sus nuevos magistrados, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, se aparten de los recursos sobre la causa del procés por su “estrecha relación” con el PP.

En sendos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de los políticos de Junts, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, enumera los motivos por los que, a su juicio, Arnaldo y Espejel carecen de la imparcialidad necesaria para formar parte de las deliberaciones del Constitucional sobre el procés.

Recuerda Puigdemont que Arnaldo y Espejel han sido propuestos como magistrados por el PP, un partido cuyo presidente, Pablo Casado, “ha manifestado un interés notorio” en el encarcelamiento de los políticos independentistas encausados. En estas circunstancias, abundan los escritos, “resulta imposible de sostener” que Arnaldo y Espejel “puedan tener apariencia alguna de imparcialidad”.

Con las recusaciones planteadas por los políticos independentistas, las dudas sobre la idoneidad de Arnaldo y Espejel, que llegó a ser apartada del juicio de Gürtel por su proximidad al PP en su etapa en la Audiencia Nacional, vuelven a primera plana pocos días después de que PP y PSOE cerraran el acuerdo para renovar el Constitucional. Los del procés son los primeros, pero pueden no ser los únicos procedimientos en los que las partes piden apartar a Arnaldo y Espejel por el mismo motivo: su cercanía al PP.

En el caso de Arnaldo, Puigdemont y los políticos de Junts agregan que firmó, en septiembre de 2017, un manifiesto llamado 'Parar el golpe', en el que se pedía que cayera “todo el peso de la ley” sobre el Govern por el referéndum del 1-O, lo que añade otro motivo de pérdida de imparcialidad.

También señala Puigdemont que Arnaldo consideró “enfermos del sectarismo” a quienes discreparan de la decisión de Fiscalía de interponer una querella por delito de rebelión contra los políticos catalanes en 2017. La defensa afirma que son “innumerables” las veces que Arnaldo ha puesto de manifiesto su “absoluta carencia de imparcialidad” sobre la causa.

Otro de los motivos de recusación aducidos por la defensa es que existe una relación de “amistad” entre el juez Arnaldo y el fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien interpuso las querellas por rebelión en 2017, así como con el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, el magistrado de la misma Sala Antonio del Moral, y el letrado de la Junta Electoral Central, Manuel Delgado-Iribarren.

Respecto a Espejel, el escrito apunta su anterior condición de presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, cargo durante el cual tuvo una participación directa o indirecta con algunos pleitos de las causas que afectan a los recusantes. Menciona también la “estrecha vinculación” con el PP y su afiliación a la Asociación Profesional de la Magistratura, que a su juicio ha demostrado una “beligerancia desmedida” contra los políticos independentistas.

Es más, Puigdemont sitúa como motivo de recusación el voto particular que Espejel firmó en su etapa en la Audiencia Nacional favorable a la condena por sedición contra el major Josep Lluís Trapero, si bien no pide que se aparte el magistrado que fue ponente de su absolución, Ramón Sáez, también ascendido al Constitucional tras su reciente renovación.

El Constitucional ya había vivido un episodio similar de recusaciones de de dos magistrados que se habían pronunciado en actos públicos sobre el procés. Tras las recusaciones de los políticos independentistas, los magistrados Cándido Conde–Pumpido y Antonio Narváez se abstuvieron de las sentencias que avalaron la instrucción, el juicio y la condena del Supremo, con el voto particular de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que consideraron desproporcionadas las penas de cárcel.

El presidente de ERC y exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa han pedido recusar a dos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. El objetivo de los políticos de ERC es que ambos se abstengan de participar en la sentencia que el tribunal de garantías todavía tiene que emitir sobre su recurso de amparo contra la condena que les impuso el Tribunal Supremo.

Antes de su renovación, el Tribunal Constitucional ya había resuelto los recursos de amparo sobre la sentencia del procés de nueve de los doce condenados por el Supremo. Restan pendientes de sentencia los casos de Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, todos ellos de ERC. La sentencia del Constitucional es indispensable para que puedan llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como han hecho los otros condenados.

En sus escritos, los políticos de ERC argumentan que Arnaldo y Espejel tiene una “clara predisposición o prejuicio favorable a las tesis defendidas por las acusaciones” que, según los dirigentes independentistas, muestran “tanto sus declaraciones públicas como sus relaciones personales y de afinidad ideológica”, en referencia a su cercanía al PP.

Para los políticos de ERC ambos magistrados adolecen de “falta de imparcialidad” para revisar el caso del procés. Tampoco cuentan, a su juicio, con los requisitos de no tener “ningún interés particular” en el desarrollo del pleito, ni “prejuzgar” de forma previa su resultado a partir de posturas personales.

Cabe mencionar que los políticos de ERC no han recusado al también recién elegido magistrado del Constituconal Ramón Sáez, ponente de la sentencia que absolvió al major Trapero en la Audiencia Nacional, en la que Espejel firmó un duro voto particular partidario de la condena por sedición.

Tanto Carles Puigdemont como los condenados por el Supremo y luego indultados ya habían promovido la recusación de dos magistrados del Constitucional que se habían pronunciado en actos públicos sobre el procés con el objetivo de que, en caso de rechazarse, sirviera de argumento para una condena del TEDH a España. Finalmente los magistrados Cándido Conde–Pumpido y Antonio Narváez se abstuvieron de las sentencias que avalaron la instrucción, el juicio y la condena del Supremo, con el voto particular de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que consideraron desproporcionadas las penas de cárcel.

El Tribunal Constitucional tiene desde hace más de una década un asunto marcado en rojo en su agenda: el recurso del Partido Popular contra la Ley del Aborto. El documento ha salido del cajón después de que el magistrado ponente, Andrés Ollero, haya abandonado el tribunal de garantías y el borrador haya caído en manos del polémico Enrique Arnaldo, contrario a la norma. No es el único miembro del pleno que en el pasado se ha manifestado contra de la Ley: el nuevo presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, fue propuesto por el Partido Popular para participar en la subcomisión del Congreso sobre la norma hace más de una década, aunque no acudió por “problemas de agenda”; la jueza Concepción Espejel elaboró desde el CGPJ un informe contra la ley.

En el caso de Enrique Arnaldo, encargado de la ponencia sobre el recurso, dejó claro en marzo de 2009 lo que pensaba del entonces todavía proyecto legislativo y de la defensa que hacía la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Decía en un artículo publicado en El Imparcial que “el estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza, que es la clave o la razón última del Derecho. Saber a qué atenernos y no depender del ukase o de la ocurrencia del momento. Pero exigir conocimientos en los gobernantes es mucho pedir”.

Su opinión tenía que ver exclusivamente con el hecho de que las menores de edad pudieran abortar sin recabar antes el consentimiento de sus padres, así como con unas declaraciones de Aído unos días antes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dijo entonces la ministra que “si las menores entre 16 y 18 años pueden decidir si se casan o tienen hijos, pueden hacerlo también sobre la interrupción voluntaria del embarazo”. La opinión de Arnaldo llegó pocos días después sin ir más allá sobre el contenido de la reforma, que no fue aprobada hasta un año después.

Arnaldo, cuya aparición en diversos sumarios de corrupción sin consecuencias penales ha convertido su nombramiento en el más polémico de la última renovación, no ha sido el único el pronunciarse sobre esta reforma en los últimos años o tener algún tipo de relación con ella. Concepción Espejel, expresidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013 a propuesta del PP y como tal tuvo que informar sobre la ley que promulgaba el Gobierno socialista. El CGPJ se partió por la mitad y no fue capaz de emitir una opinión: la mitad conservadora del pleno dio su apoyo al escrito firmado por Espejel y Claro José Fernández-Carnicero.

Un informe de 66 páginas planteado en la Comisión de Estudios del CGPJ en la que Concepción Espejel hacía una enmienda a la totalidad del anteproyecto. Críticas, por ejemplo, a los términos “ambiguos, que parecen destilar un cierto contenido más político o sociológico que jurídico” utilizados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellos la ideología y el enfoque de género. Criticaba también la falta de presencia de los hombres en la ley: “El remedio a esta desigualdad no puede venir de una ley sesgada, con un alto contenido ideológico y escasa densidad normativa, con desconocimiento o preterición de los derechos de parte de los afectados por sus disposiciones, como son los varones”. También criticaba la ausencia de referencias a la familia y a la objeción de conciencia de los médicos para no practicar abortos.

Según la opinión jurídica de Espejel en ese momento, el anteproyecto equiparaba el embarazo con una enfermedad y, además, no protegía en absoluto el derecho a la vida de los no nacidos frente al derecho de la mujer a interrumpir un embarazo. Dice ese escrito “que el concebido esté físicamente alojado en su cuerpo no lo convierte en su cuerpo” y que “la vida del concebido encierra así un valor intrínseco, sustantivizado e individualizado por tratarse no sólo de vida, sino de vida humana en fase de gestación”. Para Espejel, la “guía ineludible” para analizar todo este asunto es la sentencia del mismo Tribunal Constitucional de 1985 que retocó la ley de supuestos y otorgó, dice, una “protección reforzada” a la vida del no nacido.

Para la magistrada conservadora, interrumpir un embarazo en las primeras catorce semanas a petición de la mujer implica que “el Estado hace dejación de su deber, de su obligación, como dijera el Tribunal Constitucional y antes se ha expuesto, de proteger la vida prenatal”. Entre sus recomendaciones y apuntes está, incluso, que las mujeres que deciden abortar sean informadas puntualmente del estado de su embarazo: “Resulta aconsejable incluir dentro de los extremos que han de ser objeto de información, aquellos particulares relativos al desarrollo del proceso gestacional”.

Desde la aprobación de la ley y hasta la fecha los datos oficiales demuestran que los abortos en España han experimentado un descenso pronunciado. Los datos de 2020 dejaron 88.269 interrupciones voluntarias del embarazo frente a las 118.611 de 2011, aunque las gráficas experimentaron un leve ascenso entre 2017 y 2019.

Trevijano, propuesto por el PP

La documentación del Congreso de los Diputados recoge cómo el Partido Popular propuso en 2008 a Pedro González-Trevijano para formar parte de la subcomisión parlamentaria sobre la ley del aborto. González-Trevijano era entonces rector de la Universidad Rey Juan Carlos y, según recogió en ese momento Europa Press, no acudió finalmente por “problemas de agenda”. Su nombre no figura en el de los intervinientes en esa subcomisión cuyo funcionamiento fue duramente criticado posteriormente por Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz del PP.

Pedro José González-Trevijano fue elegido presidente del Tribunal Constitucional hace unos días por consenso de los bloques conservador y progresista después de la salida de su predecesor, Juan José González Rivas. González-Trevijano fue propuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy para llegar al tribunal de garantías en 2013 y ahora tiene en sus manos la gestión del recurso del PP contra la ley de 2010 aunque su mandato, si se cumplen los plazos, no será muy largo: su tiempo en el tribunal expira en junio del año que viene.

No existen muchas referencias del magistrado que se puedan consultar sobre la normativa actual de interrupción del embarazo. Su currículum refleja que participó en dos mesas redondas en Madrid en octubre y noviembre de 2008, fechas en las que fue constituida la subcomisión del Congreso a la que fue propuesto por el PP. Sobre lo que sí se pronunció largo y tendido fue sobre la ley de supuestos de 1985, a la que quiere retornar el Partido Popular. Fue en 1992 cuando escribió “Curso de derecho constitucional Español” con Jorge de Esteban, en cuyo segundo volumen era muy crítico con la norma de 1985.

En ese libro, González-Trevijano y De Esteban entendían que “la intención del Constituyente” fue que el derecho a la vida amparase también al no nacido, aunque reconocía una “ambigüedad” que “no permite deducir de manera clara esa protección”. La Ley de 1985, a la que el PP asegura que quiere volver, tampoco era de su agrado en su vertiente penal: aseguraba que “se ha establecido una situación de absoluta desigualdad” entre las mujeres sin recursos y las que, por ejemplo, podían acudir a clínicas privadas. A González-Trevijano le parecía entonces que la ley de supuestos del Gobierno llevaba a un “panorama absurdo” por no incluir, por ejemplo, “la razón convincente de la situación socioeconómica de la mujer”.

A favor de la norma

Dos de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional también se han pronunciado en el pasado a favor de la norma que ahora deben sentenciar. Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Andalucía propuesta por el PSOE, fue también vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013 y, como Espejel, también tuvo que informar sobre el anteproyecto. En su caso, sin embargo, su voto fue a favor de un informe que avalaba la constitucionalidad de la norma al entender que el sistema de plazos “no supone la desprotección penal del bien jurídico que constituye la vida del nasciturus”, pero sí pedía aumentar el papel de los padres en el caso de menores que quieran abortar.

El informe, que recibió el apoyo de la mitad del pleno, llamó a “atribuirle también el derecho a ser oídos por el facultativo” aunque exigió “evitar una puerta abierta a los abortos clandestinos de menores de edad”. Algo que, según el informe que votó Montalbán, se podía evitar retirando este papel de los padres “en circunstancias excepcionales” como “en caso de violencia doméstica acreditada, desarraigo familiar, agresiones o abusos sexuales, u otros demostrativos de graves incumplimientos de los deberes de la patria potestad”. 

También se ha pronunciado a favor de la norma en varias intervenciones públicas. En esta entrevista con el diario Ideal de Granada, aseguraba que la reforma que intentó hacer posteriormente el ministro Alberto Ruiz-Gallardón suponía “un retroceso de 30 años”. En febrero de 2012, en un encuentro digital con los lectores de Diario de Sevilla, Montalbán se refería a esta reforma y aseguraba que “una sociedad democrática madura, como la española, ha de dejar tiempo para que las leyes se implanten”. “En mi opinión, la actual ley da seguridad jurídica y evita abortos clandestinos, que provocan mucho sufrimiento a las mujeres”, añadía .

Algo similar sucede con Cándido Conde-Pumpido, nombrado a propuesta del PSOE en el Senado en 2017. Fue fiscal General del Estado entre 2004 y 2011 y por tanto también estaba al frente del Consejo Fiscal cuando tuvo que informar sobre la norma de 2010. La mayoría conservadora impulsó por un voto de diferencia un informe que apuntaba a la inconstitucionalidad de la norma. Los otros cinco miembros del Consejo, entre los que se encontraba Conde-Pumpido, emitieron un informe en minoría en el que avalaban la constitucionalidad, aunque pusieron numerosas pegas al texto.

Ese “informe alternativo”, según recoge el informe elaborado posteriormente por el Consejo de Estado, ponía una pega principal relacionada con el consentimiento prestado por menores de edad. Entiende ese informe suscrito por Conde-Pumpido que “se ha de añadir a la información previa que reciba la mujer una explícita y razonada invitación a informar a sus padres o tutores de la situación”.

El derecho al aborto es nuestro Vietnam

Gloria Steinem

Lo bueno de los nombramientos es que son reales y producen un poder real. Da igual que se produzcan entre la tormenta mediática o que te los entreguen con pinza o sin ella. Por eso aguantar el tipo tiene sentido. Lo saben los que nombran y lo saben los nombrados. Lo sabía Casado cuando hizo el órdago y Enrique Arnaldo cuando se amarró al palo mayor. Apenas unos pocos ingenuos piensan que un mal rato, unos cuantos titulares o un revuelo puedan hacer rechazar nueve años de mandato. Si no tuviste mucha vergüenza antes, tampoco es cuestión de hacerte el estrecho después. Los nuevos magistrados del Constitucional han tomado posesión y Arnaldo y Espejel pueden ya hacer un concierto de trompetas con los pitidos de sus oídos mientras Alaska les hace los coros. 

En la primera sesión del pleno del Tribunal Constitucional (TC) con la nueva composición, tras la elección de Pedro González-Trevijano como presidente aparentemente efímero de la institución, se procedió al reparto de las ponencias de procedimientos que tenían los magistrados salientes. Digo lo de la fugacidad porque su presidencia solo debería extenderse hasta junio del año que viene, en el que está prevista la renovación de otro tercio del Constitucional, su salida del tribunal y la llegada de la mayoría progresista. El pequeño detalle es que para que esto suceda el Consejo General del Poder Judicial debe estar renovado. Esa es la carta que el PSOE y UP han cambiado por la pinza y no tengo todas conmigo de que no los vuelvan a dejar como primos. Me da que pensar que la mayoría conservadora no se haya decantado por un presidente con más años por delante con el riesgo de perder la presidencia en junio…

Repartieron las ponencias, por estricto orden de antigüedad en la vida, es decir, de edad. Las carpetas de la más antigua saliente, Encarnación Roca, las heredó el más antiguo entrante, Ramón Sáez. Con un mes de diferencia en el nacimiento, el polémico Enrique Arnaldo se quedó con las de Andrés Ollero y entre ellas la del recurso 4523/2010 presentado por el PP contra la Ley del Aborto de 2010. Arnaldo, que como sabemos, porque la compañera Alicia Gutiérrez lo rastreó entre sus cientos de artículos, se opone radicalmente a la posibilidad de que las menores puedan tomar la decisión sin consentimiento paterno, lo que constituye uno de los pilares del recurso cuya tesis de resolución se ve abocado a preparar. 

Todo esto del recurso de la Ley del Aborto es aparentemente un lío tremendo que afecta exclusivamente a las propias dinámicas internas de la derecha y a sus tensiones entre familias ideológicas y, por eso, la mayor parte de los ciudadanos de este país viven perfectamente tranquilos con la ley en vigor sin que consideren para nada una prioridad volver a entrar en esta cuestión. Tan es este un asunto cuya polémica solo afecta a los equilibrios de poder dentro de la derecha que el recurso abanderado por el opusino Trillo lleva 11 años durmiendo el sueño de los justos en el TC. La derecha liberal no quería meterse en este jardín de nuevo. Es un huerto en el que dan tirones las facciones ultra católicas de su espectro pero que, saben los liberales y los conservadores de corte europeo, no tiene un camino de vuelta atrás en las sociedades democráticas occidentales. Recuerden que a Gallardón le costó el puesto de ministro de Justicia de Rajoy haber redactado un anteproyecto de ley del aborto que restringía incluso el aborto por graves malformaciones del feto. 

El tal lío de la derecha está formado por tres corrientes: la de los teocráticos que quieren la penalización absoluta de cualquier tipo de aborto, la de la derecha más conservadora que quiere, al menos, restringirlo a una serie de supuestos fuera de cuyo paragüas seguiría siendo delito -en esa vuelta a la ley de 1985 se ha situado a veces Casado-, y, por último, los más pragmáticos, liberales y posibilistas, que consideran que es un asunto que no hay que revolver y que no hubieran promulgado esta ley pero que tampoco hacen bandera de montar una guerra social por ella. 

La abstinencia en la resolución del TC era una demostración práctica de esta situación. Era una patata caliente que podía desatar muchas iras a sabiendas de que los activistas antiabortistas reales son una minoría, que intenta hacer ruido, pero minoría. Pero las cosas se mueven y si algo ha movido las cosas en el PP es el crecimiento de Vox. La ultraderecha se ha mostrado abiertamente beligerante con el tema del aborto porque, y se olvida demasiado frecuentemente, la ultraderecha española tienen la particularidad de estar directamente relacionada con los movimientos ultracatólicos tan propios de este país. En Francia, Marine Le Pen evolucionó mucho en este campo y nunca estuvo de acuerdo ni con su padre al que reprochó su postura: “¿Tú nos ves llevando ante los tribunales a mujeres que han abortado?”. Su evolución posterior hasta no querer tocar apenas la ley actual le costó una pelea a muerte con su sobrina Marion Maréchal Le Pen y un lío enorme dentro del Frente Nacional. La que ha montado una escuela en Madrid con Vox ha sido Marion, no lo olviden. 

Aquí es donde le ha empezado a apretar el zapato a Casado que, aunque reculó de sus intenciones de volver a la ley de 1985 en una entrevista en 2019, ahora nota cómo le tiran de la chaqueta. Esta revuelta interna llevó a los sectores más ultra a presentar una querella en el Tribunal Supremo contra los magistrados del Tribunal Constitucional por no resolver el recurso que ha sido inadmitida. Así que ellos que no creen mucho en esas cosas se han ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que obligue al TC español a resolver ese recurso. 

Esto sí que excita más los nervios en el TC. Así que con la renovación y la ponencia de Arnaldo vamos a asistir, sin duda, a un revival de una batalla que las mujeres españolas ya habíamos dado por ganada hace mucho tiempo. Espejel también dejó claro en un voto realizado al informe del CGPJ a la ley que la considera inconstitucional y ahora se pronunciará sobre ella.  “No olvidéis nunca que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Deberéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida” dijo Simone de Beauvoir con clarividencia. Lo estamos. Por eso hay que anunciar que esa ponencia recaída en Enrique Arnaldo, la presión de los sectores más ultra del PP y la pinza de Vox pueden convertirse en un nuevo Vietnam para las mujeres españolas, usando las palabras de la Premio Príncipe de Asturias, Gloria Steinem. Parece increíble volver a mandar tropas a estas alturas o sacar del armario la chaqueta metálica, pero lo único que no podemos hacer es desaparecer en combate.  

Hay cierto tiempo. El asunto en el Tribunal Constitucional no puede ir rápido. Ollero ni siquiera dejó un mínimo borrador. Habrá que encargar informes y estudios y, según se maneja de forma interna, pasarán entre dos y tres trimestres hasta que se pueda tener un borrador de texto que comenzar a deliberar. Esto nos lleva a mediados del año que viene y, evidentemente, nos aproxima a la precampaña electoral que, sin duda, Casado emprenderá sin haberla dejado nunca. Rajoy tuvo en sus manos, con mayoría absoluta, derogar o reformar la ley que había impugnado por inconstitucional y no lo hizo pero el actual liderazgo del PP es tan líquido que puede querer diferenciarse de Vox o bien competir por los votos que este tema pueda darles. Por si acaso nos ha colado a Espejel y a Arnaldo y mucho me temo que no va a consentir que en junio del año que viene haya mayoría progresista en el TC y que lo hará impidiendo la renovación de un Consejo que tiene ahora prohibido hacer nombramientos y que debe nombrar a dos miembros. 

Vigilantes y preparadas. No podemos consentir que de las batallas internas de la derecha salgamos perdiendo las mujeres y, sin embargo, es lo que suele pasar, que perdemos todas las guerras, incluso aquellas en las que no participamos. La involución es una amenaza que deben valorar muy bien aquellos que tienen el poder de legislar ahora y el poder de pactar renovaciones y, en general, el poder. Las fuerzas de involución son muy potentes y las de progreso andan a veces un poco perdidas. 

Nosotras, las mujeres, seguimos al pie del cañón, vigilantes.  

El Tribunal Constitucional tiene cuatro nuevos miembros. Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Juan Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán han tomado posesión de sus sillones en el tribunal de garantías en una jornada en la que, entre otros, se ha despedido su presidente Juan José González Rivas. El saliente ha asegurado en su discurso que los magistrados del Constitucional deben “dar ejemplo” y ha omitido sobre la marcha alusiones que su discurso escrito tenía sobre “el desafío de la independencia de Cataluña” así como las alusiones a la “virtud y la decencia” de los magistrados.

González Rivas ha cedido la presidencia de forma provisional a Santiago Martínez-Vares hasta que Pedro González-Trevijano sea elegido nuevo presidente durante el medio año que le queda de mandato por consenso de los sectores progresista y conservador. A la ceremonia en el Constitucional han acudido, entre otras autoridades, las ministras de Justicia y Defensa, Pilar Llop y Margarita Robles, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

En su discurso, González Rivas ha ensalzado el trabajo desarrollado durante su mandato y ha asegurado que “los magistrados constitucionales deben dar ejemplo” y que los tribunales constitucionales “han de estar a la altura de unos estándares muy exigentes”. Ha omitido las alusiones que su discurso escrito recogían sobre que los magistrados “deben ser ejemplo de virtud y decencia”. Posteriormente ha añadido que “las legítimas aspiraciones profesionales y el prestigio personal del magistrado deben ponerse al servicio de la Justicia Constitucional”.

Palabras pronunciadas ante la plana mayor del Constitucional y ante los nuevos magistrados. Entre ellos, Enrique Arnaldo, cuya candidatura salió adelante en virtud del acuerdo entre PP y PSOE con los votos favorables de Unidas Podemos pero con una parte de sus diputados mostrando su disconformidad con el nombramiento. Odón Elorza, portavoz socialista en la comisión de nombramientos, llegó a calificar de “trágala” el nombramiento de Arnaldo para desbloquear la renovación del tribunal.

La alusión a la “virtud y decencia” no ha sido el único cambio que el presidente del Tribunal Constitucional ha hecho sobre su discurso escrito. Se ha referido a las sentencias relativas al procés y ha omitido también sobre la marcha la alusión que su discurso escrito hacía a que “tuvimos que responder al desafío de la independencia de Cataluña”. Sobre esto, ha señalado que en varias de sus sentencias quedaron claras “la supremacía de la Constitución y la unidad de la nación española”.

Esta legislatura está cogiendo un tono tan boomer que hasta ha vuelto una de las expresiones que hicieron fortuna en la Transición: tragarse un sapo. Que entonces aún tenía algún sentido. Pero ahora ni siquiera está muy claro qué significa. 

Los socios de Gobierno han pasado una semana de calvario entre el “cariño, esto no es lo que parece” y el clásico “es por tu bien”. Todo han sido lamentos y crujir de huesos en una coalición que pasa de la risa al llanto con más facilidad que una pareja de 'First Dates'. 

En el PP han festejado que se cumpla lo que quisieron pactar, cuándo quisieron pactarlo, cómo quisieron pactarlo y para quién les convenía pactarlo. La victoria ha resultado tan incontestable que hasta Díaz Ayuso ha pedido hora para que la llamen, porque ya no va a estar comunicando. No es que Génova siempre gane. Es que gana por goleada. 

Lo peor de situar a alguien como Arnaldo en el Tribunal Constitucional (TC) no reside únicamente en el daño que causa al árbitro constitucional situar dentro a semejante perfil, tan fuera del equilibrio y la contención institucional que exige una democracia de calidad. Puede acabar resultando aún más nocivo el daño que semejante apaño pueda provocar en el votante de izquierdas, que se había creído lo de la regeneración y la diferencia. El discurso de que “todos son iguales” no mella a la derecha y resulta tóxico para la izquierda. Ha sido así siempre y siempre lo será. 

En los cuentos infantiles se besa al sapo para convertirlo en príncipe. Cuesta ver la ventaja de besar a Arnaldo, que no llega ni a conde o marqués de opereta; mucho menos a príncipe del Hola. Hay algo aún peor que tragarse un sapo: hacerlo para nada. Su sabor se vuelve insoportable. 

Si al menos estuviera asegurado renovar el CGPJ quedaría el consuelo de la realpolitik. Pero, en el mejor de los casos, la cosa anda al 50 por ciento y bajando. A Pablo Casado le vale renovar el CGPJ en sus términos y condiciones. Si no, le sale más a cuenta dejarlo como está y mantener una mayoría artificial en el TC y en el gobierno de los jueces hasta las próximas elecciones generales. 

El pragmatismo tiene sentido cuando hay algo medible y tangible que ganar. Cuando se alimenta de esperanza, no suele acabar bien.

Este jueves en el Congreso de los Diputados se ha votado la renovación del Tribunal Constitucional, con los votos favorables del PSOE, PP y Podemos a una propuesta pactada en el despacho entre el PSOE y el PP. 

Y que el PSOE y el PP pacten los órganos de la alta magistratura no es novedad. De hecho lo de hoy es antesala de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y a pesar de que en las sesiones de control simulen ser gobierno y oposición para modificar las encuestas, cuando se trata del gobierno de los jueces todos van a una. Dos para ti y dos para mí. Y si uno está vinculado a la FAES, a casos de corrupción varios, y a otra se la recusa en la Gürtel, yo tengo los míos. 

La novedad de hoy es Podemos. Y no porque sostengan una votación complicada en la coalición –ha habido otras, como la inexistente subida de impuestos a las rentas altas o la bajada de impuestos a las eléctricas. Hoy la noticia es que Podemos decide avalar un pacto de despachos en el Tribunal Constitucional. Hoy el fin del ciclo del 15M es una realidad tangible. La casta, la democracia secuestrada, y el gobierno de las togas han pasado a un plano discursivo. Ya no es condición necesaria para gobernar, ahora ya son discursos vagos. 

Y es una mala noticia. Democrática. De izquierdas. E incluso independentista. Ya no queda nadie con más de 10 diputados en España que esté por la democratización honesta de este Estado que vuelve a ser una mazmorra de derechos. Y da miedo. Mucho.  

La independencia se vuelve una cuestión de principio democrático, en un estado en el que se encarcela a gente por hacer referéndums y se salvan sistemáticamente personajes de las altas esferas del estado de casos de corrupción, de malversación de fondos, y que son devotos de la democracia militante de la extrema derecha. 

¿Por qué se avala un Tribunal Constitucional que hace décadas que torpedea cualquier atisbo de apertura democrática? 

 En una entrevista en elDiario.es el Fiscal Carlos Castresana se preguntaba dos elementos claves para entender la tesis que expongo. 

¿No podría el TC haber hecho una interpretación garantista y de derechos de la ley de amnistía del 1977 en vez de sellar las torturas del franquismo? 

¿No podría el TC haber hecho un puente constitucional entre la Constitución de 1931 y la de 1978? 

En vez defender la doctrina de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional se ha dedicado a anular leyes del Parlament de Catalunya de forma obsesiva, a dar por buena la ley mordaza y las devoluciones en caliente, o a permitir la prisión permanente revisable. 

Los discursos del PSOE en la cámara han sido de responsabilidad de estado para la renovación. Y los de Podemos de desbloquear la renovación de los órganos judiciales. 

¡Ay del país en el que la razón de estado es exclusivamente la del poder!  

¡Ay del país en el que los mandatos de orden se olvidan de los derechos fundamentales! 

Ya lo decía Gil de Biedma: de todas las historias de la Historia la más triste es la de España porque termina mal. Como si el hombre harto ya de luchar con sus demonios, quisiera terminar con esa historia de ese país de todos los demonios. 

Y lo peor de todo, es que si este es el mejor gobierno posible para una España de izquierdas, la extrema derecha tiene el camino despejado. La alternativa son ellos.  

Lamentablemente, hoy, el 15 M ha muerto.

Proponer a Enrique Arnaldo como miembro del Tribunal Constitucional era una provocación. El PP no podía ignorar que ese nombre era infumable, pero quería comprobar que la izquierda no lo iba a rechazar. Que, para su regodeo político, lo iba a tragar. Como ha venido tragando tantas cosas en los últimos tiempos. Entre otras, que se pospusiera una negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial, que era, y es, la clave del asunto. Pero, ¿por qué la derecha está teniendo la mano en el ritmo y los pasos de la política general, estando en clara minoría en Las Cortes?

Una primera respuesta a esa pregunta es obvia: porque la izquierda está más débil de lo que parece o, cuando menos, porque teme que cualquier movimiento de enfrentamiento abierto con la derecha le reporte consecuencias muy negativas. O, como se piensa en los círculos de Pedro Sánchez, que aleje de sus perspectivas electorales a votantes de centro que pueden ser decisivos en las próximas generales. Y porque Unidas Podemos, con alguna diferencia al respecto entre sus varios sectores, se encuentra en un momento de recomposición que aconseja potenciar su imagen menos belicosa. Ya aprendió en carne de Pablo Iglesias qué puede pasar si se afronta a pecho descubierto al rival.

Si esas actitudes se mantienen, la derrota en 2023, si es que no llega antes, está garantizada. Ningún maná económico va a alejar ese designio, aparte de que el crecimiento está siendo menos intenso de lo que se creía y el paro, agente electoral decisivo, no va a reducirse en la medida esperada por los más optimistas. La Comisión Europea acaba de arruinar sin paliativos los supuestos de aumento del PIB sobre los que están montados los presupuestos y veremos si eso no motiva reflexiones ulteriores.

Los socios de la coalición de gobierno, cada uno por su lado y al unísono, tienen que entonar un nuevo discurso. Que sea menos complaciente con lo que está pasando y que sea más agresivo con unos rivales cada día más peligrosos. Ya no puede tragar más. Tiene que recuperar la mano. Si no, se la van a quitar para siempre.

Lo que está claro es que los problemas internos de la derecha, la batalla entre Pablo Casado y Miguel Ángel Rodríguez por el liderazgo del PP, con la señora Ayuso como estrella invitada, y con Vox por lo mismo, no están favoreciendo para nada la situación de la izquierda. Primero, porque ni el PSOE ni Unidas Podemos pueden hacer mucho por agravar ese conflicto interno en favor de sus posiciones y, segundo, porque en las filas electorales del PP existe el convencimiento generalizado de que, al final, cuando se acerquen las elecciones, las tensiones desaparecerán como por ensalmo, aunque puedan volver a surgir después de las generales.

La debilidad relativa de la izquierda, la endeblez de su discurso, no se va a superar recurriendo a agentes externos. Tampoco las medidas sociales van ayudar menos y menos si el ministro Escrivá genera cada día más dudas sobre el futuro de las pensiones. La reacción tiene que salir de su propio seno. Y no con una maniobrita publicitaria, sino con un cambio de planteamiento de verdad. Que en las últimas semanas estuvo al alcance de su mano y se dejó escapar. Porque Sánchez podía perfectamente haberse negado a negociar la renovación de los órganos constitucionales en las condiciones que el PP ofrecía y que eran previsibles desde hace meses, cuando Casado se negaba una y otra vez a hablar de asunto.

¿No resulta una triste paradoja sobre la relación de fuerzas el que hace un año el argumento del PP para no negociar fuera que Podemos no podía entrar en el CGPJ y que ahora haya impuesto a un amiguete de dudosas credenciales democráticas y de aún más dudosa trayectoria profesional… al servicio del PP?

¿Qué saca el Gobierno con que se haya renovado el Tribunal Constitucional para que su mayoría siga siendo de derechas? ¿Quién es el guapo que puede vender eso a efectos electorales? ¿Y qué seguridad tiene la izquierda de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial no va a seguir el mismo derrotero que la del Constitucional?

Pedro Sánchez tiene que dar un golpe encima de la mesa y Yolanda Díaz tiene que secundarlo. Lo más pronto posible. Y haciendo frente a ese monstruo tan poderoso y decisivo que son los medios de derechas, seguramente un agente político más determinante que el propio Partido Popular.

La fuerza de ese entramado mediático es cada día mayor. En sus televisiones, sus radios, sus diarios, sus publicaciones digitales trabajan cada día contra la izquierda, ridiculizan o anulan sus mensajes, aíslan al gobierno entre la gente, sin que los medios que no son derechas, que no son tantos ni tan influyentes como sus rivales -salvo en algunas élites- puedan compensar esa presión. Si es que quieren hacerlo, que no está claro en algunos casos.

Hágase el ejercicio de preguntar a la gente corriente que se conoce, del trabajo, del bar o del gimnasio, por qué medios se enteran de lo que está pasando en la política o en la sociedad. Y la respuesta será abrumadoramente mayoritaria de que por los de derechas. O por una RTVE que cada día se esfuerza más en no distinguirse demasiado de ellos. Así se consigue tener la mano en el día a día de la política. Porque el rival no se atreve a ir contra esa marea. A menos que alguien le haga ver que callándose, siendo bueno, sin reaccionar de verdad, se va al desastre.

Bite the bullet es una expresión inglesa que define la acción de hacer algo desagradable y que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados heridos eran intervenidos sin anestesia y se veían obligados a morder una bala para soportar el dolor. Tan intenso, al parecer, como el que padecieron muchos de los diputados del PSOE y de Unidas Podemos este jueves al emitir su voto favorable en el Congreso a la candidatura del cuestionado Enrique Arnaldo como miembro del Constitucional.

Ninguno quería, pero todos dijeron sí, a excepción de 11 diputados que votaron en conciencia. Fuera sapo o fuera cocodrilo, el resto aceptó el trágala. Y eso que no existe mandato legal que obligue a un parlamentario a cumplir con la disciplina de voto dictada por un partido. De hecho, la Constitución dice todo lo contrario y salvaguarda jurídicamente el voto en conciencia con el artículo 67.2, donde se puede leer que los “miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. El 79.3 añade además que el voto de senadores y diputados “es personal e indelegable”.

Bien que lo sabían, en octubre de 2016, los 15 diputados del PSOE  que votaron contra la investidura de Mariano Rajoy, en señal de protesta por lo decidido en el Comité Federal de su partido, entonces dirigido por una gestora que presidía el asturiano Javier Fernández. ¿Recuerdan? El 'no es no', el voto en conciencia, los principios por delante de las consignas, las convicciones más profundas, la altura moral... 

Aquellos, los de entonces, los de aquel PSOE que se rebeló contra la disciplina de voto por una cuestión de principios han exigido ahora a sus diputados el certificado de voto para comprobar que no hubiera díscolos, a pesar de que se trataba de una votación secreta. Una decisión de la dirección del Grupo Parlamentario de dudosa constitucionalidad y que no emularon, eso sí, los morados. De ahí que en buena medida se pueda colegir que el principal foco de las fugas registradas durante la votación  -se registraron 232 síes frente a los 240 esperados de la suma de PSOE, PP y Unidas Podemos- procediera de sus filas.

Hoy es más necesario que nunca interpelar a la conciencia de los representantes socialistas y de Unidas Podemos que, en privado, se muestran escandalizados por el beneplácito de sus partidos a un candidato que no es idóneo ni imparcial para el cargo de garante de la Carta Magna. Y no por su afinidad ideológica sino por su estrecho vínculo con los populares; por su incumplimiento de la Ley de Universidades al simultanear la docencia en un centro público con otro privado; por sus negocios con las administraciones gobernadas por el PP y por su bochornosa conversación en 2016 con el inefable y entonces investigado por la Justicia Ignacio González, en la que se le escuchó decir al ex presidente madrileño que se estaba moviendo para colocarle “un fiscal bueno”.  

Sobraban razones para decir no a Arnaldo y votar en conciencia. Pero entre tragarse el sapo o perpetuar el bloqueo que el PP mantenía a la renovación de los órganos constitucionales, eligieron lo primero. A costa de sus principios, de su coherencia y de la pureza de una superioridad moral que queda en entredicho.

El ejercicio de cinismo es superlativo. La conciencia ni se compra ni se vende… ni se somete a los dictados partidistas. Si uno está en contra, vota en consecuencia y asume el resultado de su congruencia, que en este caso sería pagar una multa por romper con la disciplina o marcharse a su casa y renunciar al escaño. El único que ha confesado públicamente que no votó a favor de Arnaldo ha sido el socialista Odón Elorza, que sí lo había hecho con anterioridad en la Comisión de Nombramientos. 

La imagen que deja el Parlamento es poco edificante para la ya tan malhadada independencia de la Justicia y no digamos para la política. Unidas Podemos se ha sumado a una insólita y vergonzante alianza de PP y PSOE que, de no haber estado en el Gobierno, jamás hubiera suscrito. Los que venían a regenerar la política han avalado con su voto a un candidato del que sobran los motivos para impedir que se siente en el Constitucional. Los que se forjaron en las instituciones como herederos del 15-M al grito de “sí se puede” han mordido la bala para evitar el dolor y la humillación de saberse partícipes de un sistema de elección que ellos mismos cuestionaron tanto por el procedimiento en sí como por los adulterados criterios que manejaba el viejo bipartidismo en cada renovación. 

Tan cierto es que permitir que persistiera el bloqueo hubiera supuesto blindar el control de los populares sobre la cúpula de la Justicia como que todos aquellos que han confesado que votaron con la “nariz tapada” -y han sido unos cuantos- han quedado señalados por jalear su malestar en los medios de comunicación y no en los órganos internos de sus respectivos partidos pero, sobre todo, por sumarse con su voto a una mayoría que avala la presencia en el Constitucional de personajes con la trayectoria de un Enrique Arnaldo que ni es imparcial ni es en absoluto idóneo para el cargo.

No existen precedentes conocidos en la historia reciente del parlamentarismo español de una votación secreta como la que tuvo lugar este jueves en el Congreso de los Diputados en la que se produjeran tantas rupturas de la disciplina de voto. Menos aún de que esas rupturas se dieran en las filas de los mismos grupos que habían logrado un pacto para renovar órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, tras tres años de bloqueo, y del Tribunal de Cuentas, en situación de interinidad desde julio.

Los partidos involucrados en el acuerdo, PSOE (120 diputados), PP (con 88, más uno de Foro) y Unidas Podemos (con 34, a falta de que se sustituya a Alberto Rodríguez), suman 243 escaños en la Cámara Baja. Pero el candidato más polémico, Enrique Arnaldo, propuesto para magistrado del Constitucional por los populares y cuestionado desde la izquierda precisamente por sus múltiples vinculaciones con el partido de Pablo Casado, obtuvo 232 votos, once menos de los esperados. La otra candidata del PP, Concepción Espejel, para ese mismo tribunal –y que también ha sido polémica por su afinidad con los populares– logró 237 (seis menos de los previstos), y los propuestos por el PSOE, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel, 240, tres menos.

Esos cuatro nombramientos, el del nuevo Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el de los seis nuevos miembros del Tribunal de Cuentas, lograron en todo caso superar el umbral de tres quintos de los votos –210 diputados de 350– exigidos para este tipo de elecciones. Los diputados tuvieron que escribir sus nombres a través de la intranet del Congreso, ya que por acuerdo de la Mesa todas las votaciones fueron telemáticas.

Pero tras conocer el resultado en boca de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en torno a las 16.30 horas de este jueves, en el patio y en los pasillos del hemiciclo todos los comentarios de diputados y periodistas fueron de sorpresa ante esas indisciplinas que en ningún momento se esperaron las direcciones de PSOE, PP y Unidas Podemos pese a las polémicas que rodearon especialmente a Arnaldo y Espejel desde que se conocieron sus respectivas candidaturas a magistrados del Constitucional.

El precedente de la investidura de Rajoy

El precedente más cercano de una fuga de votos semejante se dio en la votación de la investidura de Mariano Rajoy, en octubre de 2016, en la que 15 diputados socialistas rompieron la disciplina de voto del grupo y evitaron abstenerse como mandató la dirección del PSOE pilotado entonces por una gestora. Pero el contexto de esa votación, con un PSOE abierto en canal tras la polémica expulsión del hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su insistente “no es no” a permitir a Rajoy llegar a la Moncloa, lo hace incomparable con el escenario de este jueves. Más recientemente, en 2018, dos supuestos errores en una votación y dos ausencias –lejos también, por tanto, de las indisciplinas del Pleno de esta semana– tumbaron la renovación del Consejo de Administración interino de RTVE forzando a la elección de Rosa María Mateo como administradora única.

El PSOE contabilizó, oficialmente, tres diputados que se saltaron la disciplina de voto en los nombramientos de los órganos constitucionales. A pesar de que la votación de nombramientos es secreta, la dirección pudo conocer qué había votado cada parlamentario porque envían el justificante del voto una vez emitido cuando se realiza de forma telemática. Odón Elorza no votó a Enrique Arnaldo, según dijo en Twitter, “en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del Tribunal Constitucional y del Congreso”. Sí apoyó al resto de candidatos, pero el PSOE emitió un comunicado adelantando que “estudiará en los próximos días” una posible sanción al diputado. El exministro José Luis Ábalos confesó haberse equivocado y votó en blanco en todos los nombramientos y, según fuentes socialistas, los votos del diputado Mariano Sánchez fueron nulos por un error en el orden de los nombres.

Nada se ha podido confirmar acerca de la identidad de los otros ocho parlamentarios rebeldes que no apoyaron a Arnaldo o de los seis que evitaron votar a Espejel. Fuentes de Unidas Podemos y, también del PP, insisten en que la dirección del grupo no tiene forma de conocer si hubo alguien en sus filas que rompió la disciplina de voto porque la votación fue secreta y, a diferencia del PSOE, la formación confederal y la de los populares no exigieron a sus diputados que dijeran qué habían votado.

La mayor sospecha está en las diputadas de Unidas Podemos Meri Pita y Gloria Elizo, que el miércoles publicaron un duro artículo en El Periódico de España en contra de los nombramientos. Pero ni ellas ni el grupo confederal quisieron confirmar a este diario que habían roto la disciplina de voto. Sí es conocido, en cualquier caso, que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, apoyó a los candidatos propuestos por el PSOE para el Constitucional y a Ángel Gabilondo, pero no a Arnaldo y Espejel.

El malestar en la coalición y entre sus socios

La votación llegó tras varias semanas de polémica por los perfiles de estos dos candidatos del PP. Las múltiples vinculaciones con el PP de Arnaldo, que colaboró con la Fundación FAES, llegó a estar vinculado a algunas de las causas por corrupción en las que se ha visto implicado el partido en los últimos años, como Palma Arena –causa en la que llegó a estar imputado– o Lezo, y hacía negocios con cargos populares o trataba de influir en los nombramientos judiciales, generaron un fuerte malestar entre los socios parlamentarios del Gobierno, pero también en sectores del PSOE y en Unidas Podemos.

Espejel, por su parte, estuvo recusada en el caso Gürtel y fue apartada de varios juicios por haber sido en el pasado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con los votos favorables del PP en el Senado. Entonces la sala rechazó expresamente que tuviera que ser recusada porque la exsecretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, se refiriese a ella como “querida Concha” en un acto público en 2014, algo que se le reprocha ahora por parte de la izquierda.

Todo ese malestar se reflejó en el debate previo a conocer el resultado de la votación de este jueves. Socios habituales del Gobierno como el PNV o ERC y EH Bildu directamente se negaron a participar en lo que, en una rueda de prensa improvisada fuera del hemiciclo, calificaron como “una infamia” por el “reparto” de puestos entre PP y PSOE y por los perfiles de Arnaldo y Espejel.

Dentro de la Cámara Baja, se escucharon reproches similares. “Han entrado en las malas prácticas del bipartidismo”, denunciaba Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos. “Se les tiene que caer la cara de vergüenza. No se suban nunca más a dar lecciones”, insistía, dirigiéndose a la bancada de PSOE y PP. “Hoy el Congreso huele a amaño, huele a obscenidad, huele a escándalo, por eso muchos diputados han necesitado esta pinza para votar”, añadía, por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, enseñando una pinza en el atril del Congreso. “Posiblemente el señor Arnaldo sirva para hacer negocios pero no sirve para estar en el Constitucional”, concluía. “Hoy se van a votar candidatos que no son idóneos por diputados que saben que Espejel no es idónea y que Arnaldo no es idóneo”, agregaba después Íñigo Errejón, de Más País.

El PSOE se justifica sosteniendo que “acordar es la esencia de la democracia”

“Hoy [por este jueves] tenemos una votación difícil”, reconocía el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Antón Gómez-Reino. A su juicio, Espejel y Arnaldo “nunca debían haber sido propuestos por el PP”, porque “implícitamente son dirigentes del PP sin carné”. No obstante, justificó el apoyo de su grupo a su nombramiento para desbloquear la renovación de las instituciones. “Solo había dos opciones, un acuerdo mejor o peor de tres quintas partes de la Cámara o continuar el bloqueo de las instituciones”, añadía. “Nuestro voto nunca va a ser un voto a favor de Arnaldo o Espejel, es en contra del secuestro de las instituciones por parte del PP”, matizaba. Los diputados de Vox se pusieron en pie al finalizar su intervención al grito de “sí se puede” a modo de mofa.

El portavoz de Justicia del PSOE, Francisco Aranda, defendía, por su parte, que era necesario avalar el pacto, incluyendo a Arnaldo, para recuperar el “normal funcionamiento de las instituciones” y respetar la Constitución, sobre todo frente a los “lobos de la ultraderecha”, que están “al acecho de la democracia”. También reivindicó que su grupo sí ha cumplido con el principio de proponer candidatos con “conductas ejemplares”, y defendió que “acordar es la esencia misma de la democracia”. Con todo, Aranda justificó que, pese a los “palos en las ruedas”, la votación de este jueves suponía “fortalecer” la democracia, al acabar con la interinidad de varios órganos constitucionales.

El PP, en cambio, habló del “prestigio” de los candidatos y reafirmó su apuesta por “instituciones fuertes”. A juicio de Vicente Tirado, el diputado popular encargado de participar en el debate, su acuerdo con el PSOE “responde al compromiso de elegir a profesionales de conocido prestigio” y remarcó el “sentido de Estado” de su partido. Para el PSOE el pacto con el PP “es la responsabilidad de gobierno por encima de los intereses de partido”.

Enrique Arnaldo, el polémico jurista propuesto por el Partido Popular como nuevo miembro del Tribunal Constitucional, mantiene una estrecha relación con Pablo Casado desde hace años, hasta el punto de que fue él quien acompañó al hoy líder del PP en su aterrizaje en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, donde Casado aprobó 12 asignaturas que le faltaban para licenciarse en apenas cuatro meses. No fue un cambio de universidad al uso sino que Casado se presentó al llegar al responsable de su nuevo Centro de Estudios, Alberto Pérez de Vargas, según ha confirmado él mismo esta tarde a la Cadena Ser.

Fuentes del PP consultadas por elDiario.es han asegurado que la información, confirmada por el propio Pérez de Vargas, es “mentira”. Pero Pérez de Vargas ya dijo lo mismo en 2018 en una entrevista en El Mundo, cuando elDiario.es publicó que Casado aprobó el 70% de Derecho en dos años y mientras trabajaba como asesor del Gobierno de Esperanza Aguirre. El exdirector del centro se retractó luego de parte de sus declaraciones, pero mantuvo entonces y ahora que el dirigente del PP llegó acompañado de esas dos personas. De hecho, Pérez de Vargas dijo en una entrevista en Cuatro que “se trataba de un personaje que iba avalado por unos profesores del centro”.

ElDiario.es se puso anoche en contacto con Pérez de Vargas, quien refrendó lo dicho en 2018: que Arnaldo y un catedrático ya fallecido introdujeron a Casado en el centro, aunque él no conoció realmente ahí al hoy líder del PP, sino en un funeral celebrado en fechas anteriores.

El hoy líder del PP había comenzado su carrera de Derecho en 1999 en la Universidad Pontificia de Comillas (más conocida como Icade) y cinco años más tarde, en 2004 se cambió al Colegio Universitario Cardenal Cisneros, un centro adscrito a la Universidad Complutense donde logró superar las 12 asignaturas que le quedaban en tan solo cuatro meses. Según ha contado de Vargas, que fue director del centro entre 2005 y 2013, fue Arnaldo quien acompañó a Casado al centro, junto con otro catedrático ya fallecido, y quien le habló de su llegada al entonces director del centro.

En el Centro de Estudios Cardenal Cisneros Casado convalidó 7 asignaturas, con lo que debía aprobar 18 de las 25 totales. Así, se pudo sacar en tan solo dos cursos el 70% de la carrera, cuando se trataba de una licenciatura de cinco años, tal y como contó en 2018 elDiario.es. Durante esos años en Cisneros, el líder del PP figuraba como asesor político a jornada completa del exconsejero de Justicia de Esperanza Aguirre Alfredo Prada.

El Tribunal Constitucional no ha alcanzado la unanimidad para avalar el nombramiento de cuatro nuevos miembros del pleno. Nueve magistrados han votado a favor de reconocer la idoneidad de los cuatro candidatos aprobados por el Congreso mientras que uno, en una votación secreta, se ha pronunciado en contra. Por el momento no se conoce la identidad del miembro del tribunal de garantías que considera que los cuatro futuros magistrados no cumplen los requisitos exigidos por ley.

El pleno del Tribunal Constitucional se ha reunido hoy para examinar a los cuatro futuros miembros del organismo. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional explica en su artículo 10.1.i que se encargan de “la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional”.

La votación, en sintonía con todas las deliberaciones relevantes del último año, no ha sido pacífica. En una votación secreta uno de los miembros del pleno ha votado en contra de reconocer que los cuatro futuros magistrados cumplen los requisitos exigidos por Ley. Ni Enrique Arnaldo, ni Concepción Espejel, ni Inmaculada Montalbán ni tampoco Juan Ramón Sáez. El tribunal de garantías explica en un comunicado que “dicho acuerdo se ha adoptado en los cuatro casos por mayoría de 9 votos favorables y uno en contra”.

Los cuatro candidatos acordados por PP y PSOE para renovar una tercera parte del Constitucional han recibido hoy también un aval polémico del Congreso de los Diputados. El nombre de Enrique Arnaldo, la propuesta más polémica por su relación sin consecuencias penales con casos de corrupción, ha recibido el aval de la cámara baja pero con once votos menos de los esperados. Los nombramientos, en cualquier caso, han salido adelante con la mayoría de votos de las bancas de PSOE, PP y Unidas Podemos.

Uno de los diputados que han reconocido haber roto la disciplina de voto ha sido Odón Elorza. El parlamentario socialista ya había explicado en diversas entrevistas e intervenciones que votaría con “una pinza en la nariz” y finalmente no ha apoyado a Arnaldo.

El nombramiento de Enrique Arnaldo es el que más polémica ha levantado en las últimas semanas, incluso por encima de Concepción Espejel, presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional apartada del caso Gürtel por su cercanía con el PP. Arnaldo fue imputado en su momento en el caso de corrupción Palma Arena junto con Jaume Matas pero el caso fue archivado por prescripción de los hechos y nunca fue juzgado.

Posteriormente su nombre volvió a aflorar en el caso de corrupción Lezo cuando los investigadores interceptaron una conversación con el presidente madrileño Ignacio González. En esa conversación Arnaldo aseguraba que iba a intentar un cambio en la Fiscalía para favorecer los intereses de González.

No es la primera vez en que el Tribunal Constitucional rompe la unanimidad para cuestionar el currículum de un futuro magistrado. Ya en 2013 el pleno se partió por la mitad para declarar la idoneidad de Enrique López, actual consejero del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. López, que venía de la Audiencia Nacional y de ser vocal en el Consejo General del Poder Judicial, necesitó del voto de calidad del presidente del Constitucional, Pascual Sala, para obtener el beneplácito de sus compañeros. Dejó el cargo poco después tras ser detenido conduciendo en moto borracho por Madrid.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el nombramiento de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos el del polémico Enrique Arnaldo, propuesto por el Partido Popular, que en los últimos días había dividido a la izquierda por su demostrada vinculación a los populares. Esa relación había generado un fuerte malestar entre los socios parlamentarios del Gobierno y también en sectores del PSOE –que pactó los nombramientos con el PP– y en Unidas Podemos, aunque finalmente la inmensa mayoría de los diputados de los dos partidos del Ejecutivo de coalición han apoyado su nombramiento.

Pero de los 243 escaños que suman PSOE (120), PP (88), Unidas Podemos –teniendo en cuenta que aún no se ha sustituido a Alberto Rodríguez, por lo que el grupo confederal tiene ahora 34 diputados– y Foro (1) –que también respaldó los nombramientos–, en la votación de Arnaldo, que ha sido telemática y secreta, ha habido 232 votos para el magistrado, por lo que faltaron once. Tal y como establece la Constitución, la elección de los miembros del Constitucional por parte del Congreso exigía el apoyo de tres quintos de la cámara, que suman 210 diputados, y para alcanzar esa mayoría reforzada eran necesarios los votos de los partidos que llegaron al acuerdo –PP y PSOE–, pero también de Unidas Podemos.

Pese a ser secreta la votación, los socialistas exigieron a todos sus diputados un comprobante de que habían votado, como siempre hacen en el caso de las votaciones telemáticas, en el contexto de una renovación que ha incluido la designación de otros tres miembros del Constitucional, la elección como Defensor del Pueblo del socialista Ángel Gabilondo y el nombramiento de los nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas.

Uno de los que no ha apoyado al polémico letrado ha sido precisamente el diputado socialista por Gipuzkoa Odón Elorza, que ya había mostrado su rechazo al nombramiento y que finalmente no le ha votado según ha anunciado él mismo en un mensaje de Twitter. “Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso”, ha asegurado.

Elorza sí ha votado a los otros tres candidatos acordados entre PP y PSOE que también han resultado elegidos magistrados del Constitucional: Concepción Espejel (238 votos, seis más que Arnaldo) –propuesta por el PP y también rodeada por la polémica– y Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán (con 240 votos para ambos, ocho más que Arnaldo), los dos propuestos por el PSOE. La dirección del PSOE “estudiará en los próximos días” la ruptura de la disciplina de voto de Elorza ante una posible sanción “y tomará una decisión al respecto”.

Del resto de los disidentes se sabe que el exministro José Luis Ábalos votó en blanco por error y que a otro diputado socialista, Mariano Sánchez, se le dio por nulo su voto por equivocarse en el orden de los nombres. Pero de los otros ocho se desconoce su filiación política, y si ha sido por estar en desacuerdo con la elección. Quienes no han participado en la votación han sido el PNV y los partidos independentistas, que han mostrado su rechazo al reparto de puestos entre PSOE y PP. Entre duras críticas, tampoco apoyaron los nombramientos Vox –que pidió a los diputados a romper la disciplina de voto– y Ciudadanos, mientras Navarra Suma ha votado en blanco. Compromís y Más País apoyaron la mayoría de nombramientos pero no los de Arnaldo y Espejel.

“Han entrado en las malas prácticas del bipartidismo”, denunciaba Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos. “Se les tiene que caer la cara de vergüenza. No se suban nunca más a dar lecciones”, insistía, dirigiéndose a la bancada de PSOE y PP. “Hoy el Congreso huele a amaño, huele a obscenidad, huele a escándalo, por eso muchos diputados han necesitado esta pinza para votar”, añadía, por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, enseñando una piza en el atril del Congreso. “Posiblemente el señor Arnaldo sirva para hacer negocios pero no sirve para estar en el Constitucional”, concluía. “Hoy se van a votar candidatos que no son idóneos, por diputados que saben que Espejel no es idónea y que Arnaldo no es idóneo”, agregaba después Íñigo Errejón, de Más País.

Unidas Podemos: “Espejel y Arnaldo nunca debían haber sido propuestos por el PP”

“Hoy tenemos una votación difícil”, reconocía el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Antón Gómez-Reino. A su juicio, Espejel y Arnaldo “nunca debían haber sido propuestas por el PP”, porque “implícitamente son dirigentes del PP sin carné”. No obstante, ha justificado el apoyo de su grupo a su nombramiento para desbloquear la renovación de las instituciones. “Solo había dos opciones, un acuerdo mejor o peor de tres quintas partes de la Cámara o continuar el bloqueo de las instituciones”, añadía. “Nuestro voto nunca va a ser un voto a favor de Arnaldo o Espejel, es en contra del secuestro de las instituciones por parte del PP”, matizaba.

El PP, en cambio, habló del “prestigio” de los candidatos y reafirmó su apuesta por “instituciones fuertes”. A juicio de Vicente Tirado, el diputado popular encargado de participar en el debate, su acuerdo con el PSOE “responde al compromiso de elegir a profesionales de conocido prestigio” y remarcó el “sentido de Estado” de su partido. Para el PSOE el pacto con el PP “es la responsabilidad de gobierno por encima de los intereses de partido”.

La polémica generada por la elección de Arnaldo como candidato propuesto por el PP se debe a que su nombre ha aparecido en sumarios de corrupción, de los que salió indemne, pero que mostraban su cercanía a los cargos populares, con los que hacía negocios o trataba de influir en los nombramientos judiciales. El letrado colaboró con la Fundación FAES y llegó a estar vinculado a algunas de esas causas como Palma Arena –causa en la que llegó a estar imputado– o Lezo.

El propio Pedro Sánchez reconocía este miércoles en el Pleno del Congreso que no le gustaban “algunos” de los candidatos del PP al Tribunal Constitucional, en clara alusión a Arnadlo. A renglón seguido, sin embargo, Sánchez alababa la posición de PSOE y Unidas Podemos al secundarlos para “salvar el acuerdo” con Pablo Casado.

El más crítico con los nombramientos había sido el diputado Elorza, que cargó contra la designación del letrado el miércoles de la semana pasada, en la comisión consultiva de nombramientos del Congreso. Además, en un artículo publicado en El Periódico de España, dos diputadas de Unidas Podemos, Meri Pita y Gloria Elizo –que es además miembro de la Mesa del Congreso– y un exparlamentario del grupo confederal, Eduardo Santos, insinuaron este miércoles que ellas votarían en contra de la designación de Arnaldo, un aspecto que no ha podido ser confirmado por este diario. “Cada voto afirmativo es una ignorancia deliberada”, sostuvieron, tras recordar algunas de las últimas noticias conocidas acerca del letrado y su vinculación con el PP y la corrupción.

Tras casi tres años de bloqueo

Los nombramientos de este jueves se han producido 1.073 días después de que se agotara el mandato de cuatro jueces del Tribunal Constitucional y tras casi tres años de bloqueo por parte del Partido Popular. La renovación, fruto del acuerdo entre PSOE y PP suscrito el pasado 14 de octubre también alcanzó al Tribunal de Cuentas, en este caso en situación de interinidad desde julio.

El nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional es una vergüenza democrática. Entre todos los juristas, el Partido Popular tenía cientos de nombres mejores para elegir, igualmente conservadores. ¿Es mucho pedir que un candidato al Constitucional no tenga esas manchas en la toga? ¿Era muy difícil encontrar a alguien que no se dedicara al pluriempleo siendo funcionario, que no pasteleara con imputados por corrupción sobre los nombramientos en la Fiscalía, que no se hubiera librado de una investigación penal por estar los hechos prescritos? 

Al lado de Enrique Arnaldo, alguien tan sesgado como Concepción Espejel parece un ejemplo de independencia judicial, digna del Tribunal de La Haya. Y eso que hablamos de “querida Concha”, como la llamaba Cospedal cuando la condecoró: una jueza que debe toda su carrera al PP –en este artículo anterior repaso su vida y milagros– y que fue apartada del caso Gürtel por sus propios compañeros de la Audiencia Nacional por su evidente afinidad con el PP. 

En palabras de varios políticos del Gobierno, votar los nombramientos de Arnaldo y Espejel supone “tragarse un sapo”. Uno muy gordo; uno muy feo y desagradable. Pero conviene recordar de dónde salió ese sapo. Quién es su dueño. Quién lo puso sobre la mesa. 

Lo que ha pasado y sigue pasando con el Tribunal Constitucional, con el Poder Judicial, con el Tribunal de Cuentas o con el Defensor del Pueblo se entiende mejor con una metáfora: es un secuestro. El Partido Popular ha tomado todos estos órganos constitucionales como rehenes. Y se niega a cumplir con su obligación legal, desde hace ya más de tres años. 

No es siquiera novedad. El PP lo hace siempre que pierde las elecciones. Porque le conviene: porque así prolonga artificialmente un poder que perdió en las urnas. Y también porque puede: porque le sale gratis.

El PP solo ha aceptado, a regañadientes, renovar una parte de esos órganos constitucionales. Terminar con una parte de ese secuestro –el del CGPJ continúa–, pero cobrando un rescate.

Ese rescate consiste en el nombramiento de alguien tan inapropiado para el Tribunal Constitucional como es Enrique Arnaldo. Todo esto, mientras Casado nos da lecciones sobre “despolitizar la Justicia”.

Llegados a este punto se ha abierto uno de esos encendidos debates tan habituales en la izquierda, que con razón se exige a sí misma una coherencia y una pureza en los valores con las que rara vez se castiga a sí misma la derecha. Unos creen que hay que plantarse y no ceder al chantaje. Otros apuestan por lo malo frente a lo peor: tragarse el sapo, pagar el rescate.

Entiendo ambas posiciones y les confieso mis dudas. No sé qué haría si estuviera en los zapatos de esos diputados progresistas que este jueves tendrán que votar estos nombramientos con una pinza en la nariz. No sé si el Gobierno tuvo margen para un acuerdo mejor, que no pasara sí o sí por Arnaldo. Pero el propio debate que se ha desatado en la izquierda, en contraste con la falta de presión sobre el PP, explica muchas cosas.

Si fuera Unidas Podemos o el PSOE quien se negara a cumplir la Constitución desde hace más de tres años, sus líderes ya estarían enfrentándose a un juicio por prevaricación. O por sedición. O por desacato a la autoridad. O por todos los delitos anteriores y algún otro. 

Y si Enrique Arnaldo fuera un candidato al Tribunal Constitucional propuesto por la izquierda, no habría nombramiento, porque se habría descabalgado su candidatura hace semanas. Solo el PP puede aguantar este chaparrón: porque llueve en otros barrios, que no son los suyos.

Hace días que el debate ético sobre el nombramiento de Enrique Arnaldo es el tema principal en los medios progresistas, y en las tertulias que escuchan y ven los votantes de la izquierda. No encontrarán algo similar en los medios y tertulias de la derecha. Se da el absurdo de que el nombramiento de Arnaldo tiene más desgaste político para el PSOE y Unidas Podemos que para el PP y Pablo Casado, los dueños del sapo.

Es lo de siempre: unos practican el ballet, otros juegan al rugby. El campo de juego mediático está completamente desequilibrado, y la portería de la izquierda está siempre cuesta abajo.