La empleada que logró la sentencia del TC sobre las comisiones de investigación exige disculpas al parlamento asturiano
Argentina Cuendias reclama una disculpa pública de la Junta General del Principado y de forma individualizada de aquellos diputados que la señalaron “con nombre y apellidos”, le imputaron actuaciones delictivas en el ejercicio de su profesión que no cometió e incluso consideraron que era “inconcebible” que no fuera investigada, expedientada o despedida como trabajadora de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación del Principado de Asturias (GITPA).
Sin ese perdón asegura que no se siente resarcida moralmente por la presión a la que le sometió la comisión de investigación parlamentaria de la Junta General del Principado y la sospecha que sembró sobre su profesionalidad.
Consciente de que su lucha contra la institución no iba a ser fácil acudió al asesoramiento profesional de la abogada Ana García Boto que se encontró ante un caso novedoso por la falta de jurisprudencia. La letrada sólo vio cierto paralelismo de su caso con la sentencia del accidente del metro de Valencia y las dos sopesaron pros y contras y finalmente decidieron seguir adelante con la presentación de un recurso de amparo.
El recurso se interpuso el 25 de abril de 2019 y fue admitido, un año después, dada su especial trascendencia constitucional porque abordaba un aspecto novedoso. En 2022, la Sala Primera propuso que fuera al Pleno y el pasado 20 de junio se dictó la sentencia.
Ahora, siete años después de que Argentina Cuendias compareciera por primera vez ante “sus señorías” y cuatro años desde que presentó el recurso de amparo, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) por unanimidad le ha dado la razón y ha declarado que la comisión parlamentaria de la Junta General del Principado ha vulnerado su presunción de inocencia y con ello su derecho al honor.
“Los diputados usurparon la función de los jueces”
La sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso, sostiene que las comisiones de investigación parlamentarias no pueden suplantar a los tribunales de justicia. Y, por tanto, reconoce que invadió las competencias del poder judicial tanto en el proceso indagatorio como en el dictamen de conclusiones donde se le atribuían varias actuaciones delictivas que la recurrente siempre aseveró que no cometió.
“El recurso lo presentamos hace cuatro años, y en todo este tiempo se ha puesto en duda mi reputación. Los diputados usurparon la función de los jueces y se saltaron la separación de poderes. Actuaron como jueces y me atribuyeron irregularidades que yo no cometí”, señala Argentina Cuendias.
Hasta en tres ocasiones diferentes, llegó a pedir amparo ante el cariz que tomaban los interrogatorios de los diputados, pero en todas ellas el presidente de la mesa, el entonces diputado del PP David González Medina, se lo denegó.
La comisión de investigación se había constituido a iniciativa del PP para depurar las posibles responsabilidades políticas sobre la actividad de Gitpa. Cuando ya se llevaban realizando varias comparecencias, aparecieron unos correos anónimos sobre presuntas irregularidades en la facturación al Principado de sobrecostes en las obras ejecutadas en la extensión de la red troncal de cable de occidente tras encargarse -desde 2006- de la puesta en marcha de la red Asturcón de servicios de internet, televisión por cable y telefonía en toda Asturias.
Nunca la citaron como investigada o testigo en el juzgado
“En teoría decían que la comisión era para investigar irregularidades en unas obras concretas, pero al final preguntaban sobre todas las obras, todos los expedientes. Llegaron a analizar más de 50 expedientes sobre la gestión de la empresa desde su constitución, en 2006, y a mí me interrogaron sobre esos correos electrónicos anónimos que nunca me llegaron a exhibir, por lo que desconocía su contenido”, explica Argentina Cuendias.
Al terminar su interrogatorio, le informaron de que los correos se trasladarían a la Fiscalía para su análisis. A lo largo de toda la instrucción penal, jamás la Fiscalía o el propio titular del juzgado citaron a Argentina Cuendias en sede judicial para prestar declaración ni como investigada, ni como testigo. Finalmente el juzgado archivó la causa.
No ocurrió lo mismo con la vía parlamentaria, donde PP y Podemos siguieron adelante con la comisión. También se abrió una investigación por parte de la Sindicatura de Cuentas que finalizó en su archivo.
Los diputados, por el contrario, no sólo vieron indicios de irregularidades sino que directamente apuntaron a la trabajadora como una de sus responsables. En su dictamen final la reprobaron públicamente al calificar como “incomprensible” en sus conclusiones que el Principado no le abriera investigación alguna, ni expediente sancionador, y “lo que es más inconcebible” añadían, era que se la mantuviera en el mismo puesto de trabajo.
El dictamen atribuía además responsabilidades políticas al ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces y a los ex consejeros Ana Rosa Migoya, Graciano Torre y Francisco Blanco. Fue aprobado con los votos de PP, Podemos y Ciudadanos.
“La comisión de investigación parlamentaria llegó a citar a 70 comparecientes y a mí me citó en dos ocasiones: el 16 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017”, explica Argentina Cuendias.
“Todo estaba viciado desde el principio”
En el dictamen final, que se dictó en septiembre de 2018, imputaba en sus conclusiones a la trabajadora unos hechos que revestían carácter delictivo, haciendo uso de una forma de actuar que, según declara el TC, “constituye toda una declaración de culpabilidad” que considera lesiva del derecho a la presunción de inocencia.
“Todo estaba viciado desde el principio. No tenían ni acusaciones. Sólo tenían unas fotocopias de supuestos correos que habían recibido de forma anónima y que a mí no me exhibieron pero sobre los que me preguntaban. En mi segunda comparecencia me limité a ratificar mi declaración de la primera comparecencia. Y los diputados entendían que no quería hablar”, explica.
La sentencia del TC le da la razón a Argentina Cuendias en su petición de amparo al considerar probada la vulneración de la presunción de inocencia y su derecho al honor que quedaba subsumido en la misma.
Quiero que desaparezcan las referencias sobre mis dos comparecencias donde me atribuían con nombre y apellidos unas actuaciones por una responsabilidad política que no tenía. Fueron años de mucha presión
Argentina Cuendias y su abogada Ana García Boto decidieron separar en este recurso cualquier posible indemnización que pudiera corresponderle del tema de la vulneración de derechos, pero ahora que ya el TC les ha dado la razón en que la comisión de investigación invadió las competencias de los tribunales de justicia se están planteando la posibilidad de iniciar un procedimiento para solicitar que se fije una cuantía indemnizatoria.
“Quiero que desaparezcan las referencias sobre mis dos comparecencias donde me atribuían con nombre y apellidos una responsabilidad política que no tenía. Además, lo hicieron con todo despliegue de medios y publicidad, a través de ruedas de prensa donde se me imputaban delitos. Fueron años de mucha presión y aparte del daño personal, también tengo familia, amigos y todos me preguntaban”, especifica la trabajadora.
“La Junta General también queda tocada”
Argentina Cuendias lamenta no sólo el daño causado en su reputación, sino también el daño que se ha ocasionado a la Junta General del Principado como institución.
“El daño reputacional se lo hicieron ellos mismos. Hay que cuidar las instituciones porque la Junta General también queda tocada ya que la propia sentencia recoge que no se trata de actuaciones individualizadas sino en su conjunto”.
La abogada Ana García Boto estudia actualmente con Argentina Cuendias la posibilidad de reclamar una indemnización por el daño moral causado.
"Sus señorías deben bajarse de sus escaños y aunque sean inviolables en el ejercicio de sus funciones si cometen errores deberían pedir disculpas por vulnerar la presunción de inocencia. Tienen que reconocerlo públicamente porque pública fue la ofensa
“Sus señorías deben bajarse de sus escaños y aunque sean inviolables en el ejercicio de sus funciones si cometen errores como todo el mundo deberían pedir disculpas porque se ha hecho una vulneración de un derecho constitucional como es la presunción de inocencia”, comenta la letrada.
Si una vez transcurridos los 20 días de plazo para la ejecución de la sentencia, no se ha producido ese resarcimiento moral, Ana García Boto podría plantear un incidente de ejecución ante el TC para que el alto tribunal requiera la información necesaria a la Junta General del Principado sobre cómo se ha resarcido a la recurrente.
“Actualmente estamos planteándonos esta opción. Los diputados tienen que reconocerlo públicamente porque pública fue la ofensa”, zanja Ana García Boto.
La sentencia no deja lugar a la duda. El pleno del TC asegura que la Cámara asturiana se extralimitó en sus funciones, porque su forma de actuar excede de las facultades de una comisión de investigación. Asimismo, destaca la “inacción de la mesa de la comisión” que, según recoge el alto tribunal, “permitió con su pasividad la vulneración sucesiva de los derechos fundamentales de Cuendias”.
Unas conclusiones que, según expone la resolución, “van más allá de un juicio ciertamente severo” de su proceder profesional para integrar una verdadera imputación de hechos que revisten evidentemente carácter delictivo“
El TC argumenta que tanto la actividad investigadora de la comisión como las conclusiones aprobadas por ésta y por el Pleno vulneraron el derecho a la presunción de inocencia “en amparo en su vertiente extraprocesal o como regla de tratamiento”. Es decir, que garantiza el derecho “a no ser tratado como culpable sin que exista una sentencia de condena” y al imputarle actuaciones ilícitas con trascendencia penal se constata que por parte de la comisión “hubo una extralimitación de funciones”.
La sentencia obliga a la Junta General del Principado a anular las manifestaciones recogidas en el Diario de Sesiones de la comisión de investigación de Argentina Cuendias “como autora de actos o hechos con trascendencia jurídico penal”.
Cofiño: “El Parlamento y los diputados deben tomar nota”
El actual presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, no se ha quedado indiferente ante la sentencia del Tribunal Constitucional que da un auténtico varapalo a la forma de actuación de la comisión de investigación.
La segunda autoridad del Principado es abogado y sus primeras palabras al ser preguntado por la resolución del pleno, adoptada por unanimidad, ha señalado que el Parlamento asturiano y el conjunto de sus diputados deben “tomar nota”.
En su opinión, “el modo de cumplir” por parte del Parlamento asturiano será la publicación de la sentencia íntegra en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y “tomar nota los parlamentarios y la Junta en su conjunto de que los debates no pueden desbordar algunos ámbitos” dado que el TC deja claro que en ese caso se invadieron desde la Cámara competencias reservadas al poder judicial y se lesionaron los derechos de algunas de las personas que comparecieron ante la comisión.
Por el contrario, el portavoz adjunto del PP, Álvaro Queipo, considera que el trabajo de la comisión se llevó a cabo “con la mayor de las responsabilidades y buscando respuestas a preguntas que las necesitaban” y, a su juicio, la labor parlamentaria estuvo siempre “dentro de los límites que la propia Cámara estableció”.
“No vemos que haya habido ningún acto de mala fe y, si los tribunales han dictaminado de esa manera, lo estudiaremos en conjunto en la Cámara porque es una reflexión que corresponde a la Junta General en su conjunto”, ha concluido.
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