La Asamblea de Madrid recurre el impuesto a las grandes fortunas ante el Constitucional a petición de PP y Vox

La Asamblea de Madrid ha presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central, aprobado por el Congreso de los Diputados en diciembre. El parlamento madrileño lo hace a petición de PP y Vox, que instaron en el Pleno regional del 2 de marzo a la Cámara autonómica a presentar dicho recurso de inconstitucionalidad. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya presentó un recurso contra este mismo impuesto el pasado 1 de febrero.

Los argumentos de la Asamblea de Madrid son parecidos a los que ya utilizó el Gobierno regional. La reclamación de la Cámara madrileña se basa en que dicho gravamen “vulnera” la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid, “al dejar sin efecto la bonificación del impuesto sobre el patrimonio que recoge la normativa regional, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas”, asegura la institución en un comunicado. Dicha ley, defiende, “reconoce la potestad de las comunidades autónomas para gestionar los tributos cedidos por el Estado”.

El Parlamento regional califica de “fraudulenta” la tramitación del impuesto a las grandes fortunas, arguyendo que se introdujo a través de una enmienda que, además de que no guardaba relación con el texto enmendado, eliminaba la posibilidad de que se debatiera en el Pleno de la Cámara. El documento dirigido al Alto Tribunal incide, asimismo, en que el impuesto quebranta el “principio de igualdad que ha de inspirar el sistema tributario, […] al establecer un diferente tratamiento jurídico de los ciudadanos, que no atiende a la capacidad económica del sujeto pasivo sino a la residencia fiscal”.

Para la Asamblea de Madrid, otro de los principios vulnerados, según consta en el recurso del Parlamento regional, es el de seguridad jurídica, en la medida en que la nueva figura tributaria “entró en vigor el 29 de diciembre de 2022, sólo tres días antes del devengo”. A este respecto, el legislativo madrileño considera que el carácter retroactivo de la norma, cuya aplicación se extiende al resto del año, impide “el conocimiento efectivo de las normas válidas y vigentes por los sujetos pasivos del impuesto”. “La creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas”, aduce el texto, “difícilmente […] resultaba previsible en un marco normativo previo”.

Ante este impuesto, el Gobierno de Ayuso lleva este jueves a la Cámara regional su ley para atraer inversión extranjera basada en subvencionar con una deducción del 20% en el IRPF del tramo autonómico cualquier inversión que realice un extranjero en Madrid. La medida, por el momento, tiene pocos visos de prosperar este jueves durante el pleno regional. Vox, único socio posible del PP en parlamento regional, ha anunciado este martes que no dará sus votos al proyecto, argumentando que favorece a los extranjeros frente a los españoles.