El magistrado del Constitucional recusado por tildar el 1-O de golpe de Estado se aparta de los recursos del procés

El magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez ha decidido apartarse de la deliberación de los recursos presentados por los presos del procés. Narváez, enmarcado en el sector conservador del tribunal, ha tomado esta decisión antes de que el pleno de la institución debatiera este martes si debía apartarse de estos asuntos tal y como habían solicitado las defensas de Carles Puigdemont y los condenados por el 1-O al entender que no era imparcial para resolver estos asuntos.

Los líderes independentistas condenados y otros procesados como el expresidente de la Generalitat de Catalunya —huido en Bélgica— pidieron apartar a este magistrado alegando falta de imparcialidad por una conferencia que pronunció en Granada en 2017. En aquella exposición, titulada “El problema catalán, perspectiva constitucional”, el magistrado aseguró que el proceso independentista en Catalunya era “un golpe de Estado encubierto mucho más grave por sus consecuencias que el golpe de Estado que se dio en 1981 en la medida en que ahí no estaba en cuestión algo esencial como es el principio de soberanía y el principio de la unidad de España dentro de su diversidad”. 

Este martes, antes de que se analizaran las recusaciones tramitadas, Narváez ha presentado su renuncia, que ha sido aceptada por unanimidad. En consecuencia, se ha acordado el archivo de todas las piezas de recusación planteadas. El magistrado Narváez considera que con esta decisión contribuye a “explicitar la independencia e imparcialidad del tribunal al que se honra en pertenecer”, según ha explicado en un comunicado de la institución. Tras esta decisión ha declinado las ponencias de los recursos de amparo de Dolors Bassa  y de Carme Forcadell, que le habían correspondido.

El tribunal consideraba prioritario resolver la recusación antes de abordar el primer recurso contra la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo, el de la exconsejera catalana de Gobernación Meritxell Borràs, condenada a un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 60.000 euros por un delito de desobediencia.