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El número de abortos de mujeres jóvenes ha descendido un 30% desde que se aprobó la ley de plazos

Manifestación a favor del derecho al aborto.

Marta Borraz / Raúl Sánchez

El número de abortos de mujeres de entre 15 y 19 años ha descendido un 31,2% desde la entrada en vigor de la Ley del Aborto actual, de plazos, puesta en marcha en 2010. En siete años, las interrupciones voluntarias del embarazo en esa franja de edad han pasado de las 13.696 anuales hasta las 9.410 de 2017, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad. La libre dispensación en las farmacias de la llamada 'píldora del día después', el mayor uso de los anticonceptivos por parte de las jóvenes o una atmósfera social con más información son los factores que pueden estar detrás de este descenso, a pesar de la falta de educación sexual sistemática en las escuelas y la desigualdad entre comunidades a la hora de acceder a anticonceptivos y aplicar los derechos sexuales y reproductivos.

La fuerte bajada de las interrupciones de embarazos entre las más jóvenes también se nota cuando se analiza la tasa de abortos por cada mil mujeres, una fórmula que ajusta el número de intervenciones a la población existente en cada grupo de edad. En las mujeres de entre 15 y 19 años, la tasa de abortos ha caído un 30,4% en siete años. Aunque también descienden las interrupciones en las franjas de entre 20 y 24 años y de entre 25 a 29 años, las caídas no son tan abultadas. 

Si nos detenemos en las más jóvenes, la tasa de intervenciones fue incrementándose progresivamente al inicio de la década de los 2000, con dos bajadas en 2008 y 2009 y dos posteriores subidas en 2010 y 2011. El punto de inflexión es 2012, cuando comienza a descender. Así, en 2017 la tasa se situó en 8,84 abortos por cada 1.000 mujeres siendo en 2010 13,05.

“Yo creo que la clave es que no hay una causa única, puede deberse a una multiplicidad de factores, pero no es algo que se haya estudiado con profundidad aún”, explica Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Todas las expertas coinciden en los avances que en este sentido se han producido en la última década, con un mayor uso de los anticonceptivos, mientras ponen el foco en los déficits que siguen lastrando al sistema. 

De hecho, la Ley del Aborto diseñó todo un armazón para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, pero los colectivos sociales denuncian su falta de aplicación. Así, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que tenía por misión desarrollar la norma, caducó en 2015 y no se ha vuelto a renovar. Al mismo tiempo, los datos demuestran que cada vez más las jóvenes que acceden a los anticonceptivos y cada vez son menos las que aseguran que mantienen sexo sin protección. 



Tal y como demuestra la encuesta bienal elaborada por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), el uso de la píldora anticonceptiva y del preservativo se ha multiplicado en los últimos años entre las mujeres de 15 a 19 años. Así, en 2014 referían utilizar la primera un 8,8% de las mujeres en esa franja, para pasar al 18,9% en 2016 y un 21% en 2018. Por su parte, el uso del preservativo ha escalado del 37,6% de chicas que lo usaban en 2014 al 46% el año pasado –en este caso, en 2016 hubo un descenso de diez puntos–. 

Esta misma encuesta revela que el porcentaje que asegura no utilizar ningún método anticonceptivo en sus relaciones sexuales ha disminuido considerablemente: en 2014 lo decía casi la mitad (un 51,1%) y en 2018 el 30,7%. “Los datos muestran una tendencia a un mayor uso de la anticoncepción, lo que desmonta un poco la idea extendida de que las más jóvenes hacen un peor uso de estos métodos. En general, los jóvenes están más informados que las generaciones anteriores y, en muchos casos, más formados”, señala José Vicente González, ginecólogo y portavoz de la SEC.

La desigualdad entre comunidades

“Hay una sociedad más concienciada, aunque pasa en todos los niveles de edad”, apunta García, de ACAI. Por su parte, Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) califica de “evidente” que ha habido un avance, pero lamenta que aún los derechos sexuales y reproductivos no sean una prioridad. “Ahora está mucho más naturalizado el tema de la prevención y de los anticonceptivos, hay mayor conciencia, pero no podemos decir que todos los jóvenes tienen acceso porque en esto las instituciones no han hecho todo lo que deberían”, remarca.

De hecho, el acceso a la anticoncepción sigue siendo muy discrecional dependiendo de la comunidad autónoma de residencia, según ilustra un informe de 2016 de la FPFE. El estudio pone de manifiesto las diferencias entre unas y otras en cuanto a la financiación de los anticonceptivos o el desarrollo de programas específicos: 9 comunidades disponen de una normativa propia sobre anticoncepción, “en cuyo marco se han desarrollado planes específicos o se han revisado y actualizado los antiguos”, muchos de ellos puestos en marcha a partir de 2012, pero no así en el resto. “Tenemos constancia de que algunas comunidades como Asturias, Navarra, Valencia o Baleares han hecho un esfuerzo en los últimos años para facilitar el acceso a los anticonceptivos, pero falta mucho en otras...”, reflexiona Serrano.

La píldora del día después sin receta

Las expertas señalan además que ahora las jóvenes acceden más a la llamada 'píldora del día después', que en 2009 comenzó a dispensarse en las farmacias libremente, también a las mujeres menores. De hecho, los datos disponibles dibujan un escenario en el que ha aumentado su uso: según cifras de la SEC, en 2011 era un 14,1% la proporción de jóvenes de entre 14 y 24 años que refería haber tomado la píldora de urgencia en alguna ocasión; en 2018 el dato escaló 15 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 29,55%. No existen estadísticas desglosadas para poner el foco en las menores de 19 años, pero también en la franja de edad de los 20 a los 24 años el número de abortos ha descendido considerablemente: un 12,1% desde 2010.

“Yo creo que la libre disposición de la píldora es importante y ha influido”, señala Isabel Santamaría, médica sexóloga que trabaja en un dispositivo de atención a jóvenes del Ayuntamiento de Madrid. Coincide con ella Serrano, de la FPFE, que apunta a que, a pesar de que cuando empezó a dispensarse libremente hubo voces conservadoras que cuestionaron la decisión y aseguraron que sería usada como método anticonceptivo, la realidad “nos ha demostrado que no y que es justo al contrario: se requiere un nivel de responsabilidad alto para usarla”. Así, la ginecóloga explica que su uso se ha normalizado y se han desterrado algunos mitos.

Algunos otros datos son reveladores. La Sociedad Española de Contracepción destaca a través de sus sondeos que el porcentaje de jóvenes que dicen haber usado métodos anticonceptivos en su primera relación sexual es mayor que el de las generaciones de mujeres adultas. En 2018 lo aseguró un 96,7% de las chicas de entre 15 y 19 años, el 91,9% de las mujeres de entre 36 y 39 años y el 85,1% de las que se sitúan en la horquilla de los 45 y 49 años. 

Dificultades de acceso

No obstante, y teniendo en cuenta el avance de los últimos años, las expertas insisten en poner el foco en lo que todavía queda por lograr. Sigue habiendo grandes segmentos de población joven en riesgo de embarazo no deseado y de enfermedades de transmisión sexual, explica Vicente. Coincide Santamaría, que hace hincapié en las dificultades que aún sigue encontrándose “la mayor parte de jóvenes” para acceder a anticonceptivos y denuncia la falta de educación sexual de las y los adolescentes. De hecho, el adelanto electoral hizo que se quedara en el tintero el proyecto del Gobierno de incluir educación sexual en todas las etapas, una de las reivindicaciones del movimiento feminista.

“Sobre este tema debemos pedir responsabilidades a las administraciones. La formación de todos los jóvenes es fundamental, pero además deben hacer accesibles y financiar los anticonceptivos en todas partes”, afirma Santamaría, que denuncia que las instituciones “siguen sin llegar a sectores de la población en exclusión” que “cuentan con mayores dificultades y barreras para acceder a determinados servicios”. Todas las expertas llaman la atención, además, sobre la necesidad de generalizar los centros de atención para población joven.

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