En la semana recién concluida, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba un anuncio de solicitud de ocupación temporal de terrenos de una vía pecuaria y de varias cañadas reales en la provincia de Ciudad Real pedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para “interés particular”. Este es solo un ejemplo de las decenas de anuncios oficiales que prácticamente todos los días se publican en la comunidad autónoma sobre ocupación de terrenos.

Las vías pecuarias son rutas, cañadas reales, cordeles, veredas o caminos tradicionales utilizados para el tránsito del ganado trashumante, constituyendo un patrimonio histórico y natural que en España supone más de 125.000 kilómetros.

Solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15.000 kilómetros en Castilla-La Mancha, por las que practican senderismo 600.000 personas de la región. Cumplen así una función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, y tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones.

Sobre el papel, son bienes de dominio público, “inalienables e imprescriptibles”, según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deben estar habilitados para el pastoreo, la biodiversidad y el uso recreativo, como senderismo o ciclismo. Se rigen por normativas autonómicas y en Castilla-La Mancha, concretamente, por una ley de 2003 que se modificó hace tres años para otorgarles una mayor protección.

Pero la realidad es muy distinta a lo que dice la normativa. El Observatorio de Ocupaciones Temporales de Vías Pecuarias ha publicado un informe elaborado por el experto y ecologista Sebastián Rivera, sobre la ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, donde se refleja la “pérdida de servicios” a la ciudadanía.

De hecho, la denominación de “ocupaciones temporales”, afirma el autor, no deja de ser un “eufemismo”, porque la principal cuestión es que se alargan el tiempo. Suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización. También remarca la “laxitud” de los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, “que se pueden demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna”.

El estudio, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma, arroja luz sobre las ocupaciones más numerosas en el período 2003-2025, que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, con 1.776 (el 52,6%). Le siguen las relacionadas con el agua, un total de 670 (19,8%); las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), o las de telefonía, 256 (7,6%).

Conducciones, tuberías o redes de saneamiento

Respecto a las ocupaciones por infraestructuras de agua las más abundantes son las conducciones de agua potable, 320 (47,7%), seguidas de las tuberías de agua para riego, 126 (18,8%), de las tuberías sin especificar, 93 (13,9%), y por las redes de saneamiento, 83 (12,4%), las 48 que restan, (7,2%), se refieren a acometidas urbanas, tuberías a la vez de abastecimiento y saneamiento, depuradoras, pozos y piezómetros.

A lo largo del período estudiado se han detectado a través del Diario Oficial de Castilla la Mancha (DOCM) un total de 3.376 ocupaciones, En muchas resoluciones se contemplan más de una afección, ya sea porque afecta a más de una vía pecuaria, a más de un municipio o bien porque se detallan las coordenadas de cada una de las ocupaciones como postes, distintos cruzamientos aéreos o subterráneos o diferentes infraestructuras, en la mayor parte de los casos se ha distinguido cada afección por separado.

De las 3.376 ocupaciones, 2.499 se refieren a nuevas autorizaciones de ocupaciones temporales en dicho período y 877 a renovaciones de ocupaciones temporales o a ocupaciones anteriores a 2003. Algunas de las ocupaciones han sido renovadas varias veces.

Por provincias destacan Toledo con el mayor número de ocupaciones, el 35 % y Ciudad Real por su elevado número de hectáreas ocupadas, más del 53 %.

El Observatorio hace especial hincapié en la gran cantidad de ocupaciones caducadas, tanto de primera ocupación, un total de 1.320, como renovadas, que ascienden a 457, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2025 no aparecen en el Diario Oficial de la comunidad autónoma resoluciones que autoricen su renovación.

Estas ocupaciones temporales caducadas suponen más de 200 hectáreas, es decir, más del 73% de la superficie ocupada. Por provincias destacan Toledo por su alto número de ocupaciones caducadas, el 40%, y Ciudad Real por su elevado número de superficie, el 63 %.

Llama la atención el hecho de que, cuando caducan las autorizaciones de ocupación, en muchos casos, se tarda mucho tiempo en gestionar las renovaciones, y “lo más sorprendente” es que sea la administración quien tiene que recordar y comunicar al ocupador que ha vencido su plazo, “a veces con bastante demora”.

Los expedientes se demoran más en solicitar la renovación, es decir, durante bastante tiempo “se está ocupando ilegalmente un dominio público sin que merezca una sanción o un recargo por parte de la administración”.

Las cinco regiones naturales o comarcas más afectadas son: la Mancha en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con 591 afecciones; la Sagra y Talavera en Toledo, con 400 y 254 ocupaciones respectivamente; la Alcarria en Guadalajara y Cuenca, con 253; Torrijos en Toledo, con 225: centro de la provincia de Albacete con 207; y Campo de Calatrava en Ciudad Real, con 202, lo que representa el 63,2% en todo el periodo.

El canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura

El informe también se detiene en el hecho de que los promotores de las ocupaciones temporales deben pagar una fianza, unas tasas y por último un canon. Este último se paga de una sola vez y por todo el periodo de duración de la ocupación que, salvo en unos pocos casos, es de 10 años. Una vez transcurridos deben solicitar la renovación y volver a pagar de nuevo otro canon, además de las tasas y fianzas correspondientes.

Analizadas las superficies ocupadas y el canon pagado por años, el estudio desvela cómo desde 2003 hasta 2016 la media pagada por los ocupadores era de 4,2 céntimos por metro cuadrado al año. Pero a partir de 2017 hasta 2025 se aumenta el canon y se alcanza una media diez veces superior: 43,6 céntimos por metro cuadrado al año.

“A pesar de este incremento de los últimos años, el canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura”.

Hay postes en vías pecuarias que podrían estar en otros sitios

El estudio destaca que se entiende que los cruzamientos aéreos o subterráneos son inevitables si la infraestructura tiene que atravesar una vía pecuaria, pero “no se entiende tanto” que haya alineamientos, por ejemplo de postes, a lo largo de una cañada u otra vía cuando se pueden colocar fuera del dominio público.

Por otro lado, el Observatorio destaca que desde hace años son “prácticamente inexistentes” las actuaciones de protección de las vías pecuarias como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, por falta de recursos, lo que “facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales”.

En el informe se detalla que era de esperar que con la modificación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo de la normativa hace tres años, se subsanaran estas deficiencias, pero los documentos oficiales no lo constatan.

El estudio se ha hecho público en el marco de la celebración el pasado mes de marzo del Día de las Vías Pecuarias, que surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en 2019, para contribuir a la protección de estas “antiquísimas vías ganaderas y del rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

Este colectivo destaca que el problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la “usurpación” total o parcial, por propietarios colindantes que impide su uso público ante la “dejación de funciones” de las administraciones competentes. También denuncian su “degradación y pérdida progresiva”.

“Estas vías son la base sobre la que se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas y deportivo o recreativas, como el senderismo, carreras de montaña ciclismo; y constituyen o son el medio de acceso a la naturaleza o patrimonio histórico cultural”.

La cita anual busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar las vías pecuarias (y caminos públicos), como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclamar a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

Apenas llega a los nueve habitantes, pero lleva años resistiéndose a su desaparición. Durante generaciones, varias familias de la pedanía de Minas del Horcajo, en el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), han conseguido que menos de una docena de viviendas y una casa rural se mantengan en pie. Se encuentra junto al Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, pero hay un único acceso, un camino público no asfaltado que se inunda a la menor tormenta, y durante décadas sus vecinos han tenido que lidiar con su proximidad a un gran latifundio: esta aldea está a menos de dos kilómetros de la finca La Garganta, propiedad del actual duque de Westminster, de la aristocracia británica, y una de las zonas privadas recreativas y de caza más grandes de España. Parte de su territorio se encuentra, de hecho, en la provincia de Córdoba.

En el Día de los Caminos Públicos y Vías Pecuarias, hablamos con Conchi Díaz Caballero. Tiene 64 años y es vecina de la pedanía, aunque reside en Puertollano. Nació en esta última ciudad, pero desde muy pequeña Minas del Horcajo fue, primero su residencia, donde vivía con sus abuelos hasta que fue escolarizada en la ciudad minera (donde trabajaban sus padres), y después el lugar al que ha acudido durante toda su vida, a la casa que ahora es propiedad de su madre y de su padre. Este último falleció recientemente.

“Nunca he dejado de venir, pese a que la población no ha parado de bajar. Mi padre, en cuanto tenía dos días de descanso, nos traía de vuelta a todos, y todas las vacaciones las hemos pasado aquí. Para mí, es mi sitio, mi lugar, mi vida”, cuenta.

Por eso conoce de primera mano uno de los principales problemas de la aldea. Su único acceso es un camino público de tierra de unos cinco kilómetros que sale de la N-420. Transcurre en paralelo al Arroyo de Caballeros, que cuando llega a la carretera nacional toma el nombre del río Montoro.

Había hasta 13 caminos, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación

“Históricamente, no ha sido así, había otros caminos, hasta 13, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación”.

Porque no se trata solo de que exista un único camino de acceso. Para más inri, parte de su tramo está bajo un puente grande y alto, que se construyó para una antigua línea ferroviaria que transportaba minerales, conocida popularmente como ‘La Eléctrica’, hoy ya cerrada.

La vía se abandonó, pero el puente sigue ahí y por debajo pasan los coches y habitantes de la pedanía. Cuando pueden: a la más mínima tormenta o precipitación, todo se inunda.

“El arroyo empieza a desbordarse, se sale de su cauce, y cuando llega a este puente, confluye con otro. En el verano están secos, pero el resto del año, aquí llueve bastante y eso coge un nivel de metro y medio de agua. Lo suficiente para inundarlo todo y que no sepas ni por dónde va el camino. No puedes cruzar, no ves nada, nos quedamos aislados”, relata.

En este camino hay también una serie de badenes que impiden que pasen los autobuses, porque se quedan “estancados”. “Venían cuando celebrábamos las fiestas de la aldea, pero ahora ya no pueden pasar. Meten el morro y se quedan en vilo, estancados. Imposible que pasen”.

Uno de esos badenes está “pegado” al puente de la antigua vía ferroviaria. Es el punto donde el agua llega a su mayor altura cuando llueve. “Es que incluso el agua puede llegar por encima del capó del coche. Ocurre constantemente, todos los años varias veces”. Después, cuando se seca, todo es barro y “totalmente intransitable”.

La experiencia más reciente la han tenido con el tren de borrascas de enero y febrero, pero también en primavera. Ahora los vecinos temen que al mínimo episodio de lluvias, la situación vuelva a ser la misma.  

De Minas del Horcajo se puede salir por otro camino que está “todavía peor”, lleno de zanjas y sin arreglar ni asfaltar. Tampoco es una solución porque, al final, termina uniéndose (“como en un círculo”) a la primera vía mencionada, por lo que “el problema sigue siendo el mismo”.

Una tercera posibilidad es otro camino que va hacia el sur, hasta la localidad cordobesa de Conquista y desde allí, hay que dar un gran rodeo “porque no se puede atravesar La Garganta”, la finca privada de los aristócratas británicos.   

“Desde hace décadas, desde que yo tengo memoria, se han cortado o vallado hasta 12 caminos públicos y solo nos han dejado de acceso el primero, el del túnel, el que se inunda”. Lo achaca a que Minas del Horcajo está prácticamente “pegado” a la finca.

No quieren que nadie esté cerca de la finca

“Para ellos siempre hemos sido un estorbo y nos tratan como un estorbo. No quieren que nadie esté cerca de la finca, ni sepan lo que ahí se hace. Han intentado siempre por todos los medios que Minas del Horcajo desapareciera”. ¿Cómo lo han hecho? Primero, con los vallados, y después con otras actuaciones disuasorias. “Ibas paseando, y los guardas intentaban que no pasases. Se ponían ahí con sus coches o incluso llegaban a ir detrás de ti, paseando a tu ritmo”.

Afirma que hace años que no ocurre porque los vecinos y vecinas de la pedanía han dado mucho la batalla en los medios de comunicación. Ahora “se han sujetado un poco”, pero “aquí seguimos, casi incomunicados”.

En la aldea apuntan directamente al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, que tiene la competencia en caminos públicos. “No ha hecho nada nunca por facilitar los accesos. Tendrán sus acuerdos con La Garganta y a saber…”. Según explica, hace unas semanas llegaron unas máquinas que echaron carrujo (ramas y rastrojos) en cuatro parches del camino, lo que convirtió la zona “en un barrizal, todavía peor, porque en verano será todo polvareda”.

Para los vecinos de la pedanía, la única solución sería la limpieza del cauce del arroyo, abriendo más zona para su caudal y “para que el agua pueda correr sin salirse e inundar el camino”. “Lo que no puede ser es que tengamos que salir pitando en cuanto vemos que empieza a llover. Si te quedas aislado, aquí no hay servicios públicos de ningún tipo. Es un peligro”.

Tanto Conchi como otras vecinas han dirigido varios escritos al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo para pedir soluciones. Ella incluso ha acudido recientemente a un pleno municipal. “No he conseguido nada, me escucharon y ya”.

Este medio también ha intentado ponerse en contacto con el Consistorio local y con su alcalde, José Lozano García, para recoger sus impresiones sobre la situación de la pedanía y sus relaciones con La Garganta. Por el momento no ha habido respuesta.

Una de las fincas privadas más grandes de España

La Garganta es una de las fincas privadas más grandes y exclusivas de España. Está situada en el sur de la provincia de Ciudad Real, dentro del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, entre los municipios de Almodóvar del Campo y Brazatortas. Tiene aproximadamente 15.000 hectáreas y es conocida por sus monterías y por recibir a miembros de la aristocracia europea.

Aunque hoy es famosa por la caza, la finca tiene origen en la minería del siglo XIX. En la zona existían minas de plomo y plata explotadas por compañías vinculadas a la Río Tinto Company Limited. Para transportar el mineral se construyeron líneas de ferrocarril, estaciones y poblados mineros.

Dentro del terreno se encuentra la estación de La Garganta, situada en la línea ferroviaria entre Ciudad Real y Badajoz. Históricamente se utilizó para transportar mineral y posteriormente para facilitar la llegada de invitados a las cacerías.

La finca fue adquirida en los años 90 del siglo pasado por Gerald Grosvenor, VI duque de Westminster. Actualmente pertenece a su hijo Hugh Grosvenor, VII duque de Westminster, cuya familia es una de las más ricas del Reino Unido. Allí acuden miembros de la realeza y la aristocracia británica a descansar y cazar.

Entre quienes han pasado por allí se encuentran el rey Carlos III (cuando era príncipe), la reina Camilla, el príncipe William, el príncipe Harry y el rey emérito Juan Carlos I.

En el área habitan especies como el lince ibérico, el buitre negro, el águila imperial ibérica, así como grandes poblaciones de ciervos y jabalíes. Y dentro de la finca aún existen antiguos poblados mineros, casas de ingenieros británicos e infraestructuras ferroviarias que quedaron abandonadas tras el fin de la actividad minera en la zona. Este medio ha intentando ponerse en contacto con los propietarios, sin éxito.

Tanto las denuncias de Conchi y sus vecinas como la situación de la aldea pegada a esta finca son muy conocidas. De ella se ha hecho eco en varias ocasiones la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP). Manuel Trujillo, integrante de este colectivo, apoya las reivindicaciones de Minas del Horcajo: “Es lo mismo que sucede en muchos sitios de España. La peculiaridad de este caso es que la pedanía está pegada a La Garganta, una de las mayores fincas privadas de España y tiene cerrados casi todos los caminos públicos”.

Las fincas subvencionan y patrocinan a los ayuntamientos, y claro, pasa lo que pasa, y casi nadie levanta la voz, son muy pocos

Manuel Trujillo — Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP)

La plataforma denuncia que estas acciones de cerrar caminos públicos por parte de fincas privadas “cercena la libertad de los vecinos” y los ayuntamientos, titulares de los mismos, “no hacen nada para resolver estas situaciones”. “Las fincas les subvencionan y patrocinan, y claro, pasa lo que pasa, casi nadie levanta la voz, son muy pocos”.

El Ayuntamiento también es pequeño y su margen de maniobra es “mínimo”. “Es que incluso aunque quisiera actuar, también lo tendría muy difícil, porque al fin y al cabo tiene pocos medios. Estas fincas pueden contratar a muy buenos abogados. Son nobles con mucho dinero y mucha influencia. Los ayuntamientos tampoco cuentan con mucho respaldo por parte de las diputaciones o de las comunidades autónomas. El caciquismo sigue ahí”.

Precisamente, la PICP ha convocado para este 22 de marzo, varias movilizaciones en toda España, principalmente rutas senderistas, para reivindicar el freno al cierre de caminos públicos y vías pecuarias. En el caso de Castilla-La Mancha, estas acciones se llevarán a cabo en Orgaz (Toledo), Manzanares (Ciudad Real), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Cuenca, Peñascosa (Albacete) y Cifuentes (Guadalajara).

El Día de las Vías Pecuarias surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica en 2019, para contribuir a la protección de estas antiquísimas vías ganaderas y del “rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

“El problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la usurpación total o parcial por propietarios colindantes que impide su uso público ante la dejación de funciones de las administraciones competentes. También la degradación y pérdida progresiva a través de las actuaciones propiciadas o autorizadas de dichas administraciones”, afirman en su manifiesto.

La cita busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservarlas como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclaman a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

Veinte años después de que Aragón se dotara de una ley propia para proteger y ordenar sus vías pecuarias, el balance que trazan organizaciones ecologistas y buena parte de los grupos parlamentarios es contundente: la mayor parte de las históricas cabañeras continúa sin clasificar, sin deslindar y sin una protección efectiva sobre el terreno. Pese a tratarse de bienes de dominio público y de un patrimonio clave para la ganadería extensiva, la biodiversidad y la memoria histórica del territorio, la política pública sobre vías pecuarias sigue siendo marginal y fragmentaria.

La Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón reconoció estas rutas tradicionales como parte de la Red de Vías Pecuarias de la comunidad y estableció la obligación de su defensa, conservación y mejora. Dos décadas después, muchos de los instrumentos previstos en la norma apenas se han utilizado. El resultado es una red de miles de kilómetros de caminos ganaderos degradados, ocupados o directamente desaparecidos en la práctica, especialmente en zonas rurales sometidas a abandono o a una fuerte presión de usos incompatibles.

La última llamada de atención ha llegado desde la confederación estatal de Ecologistas en Acción, que con la participación de decenas de colectivos de todo el país aprobó a principios de diciembre, en su asamblea celebrada en Vigo, una resolución en la que reclama al Gobierno de Aragón la creación de un servicio técnico propio y especializado en vías pecuarias, separado del actual Servicio de Gestión Forestal y dotado de recursos humanos y materiales suficientes. La organización considera que la adscripción actual ha contribuido a que estas infraestructuras queden relegadas frente a otras prioridades administrativas.

El pronunciamiento ecologista se apoya en el balance realizado con motivo del 20 aniversario de la ley aragonesa, cuyos resultados califican de “muy preocupantes”. Según los datos recopilados por Ecologistas en Acción Aragón, en torno a 300 municipios aragoneses, cerca del 40% del total, siguen pendientes de clasificar oficialmente sus vías pecuarias, un trámite básico que permite reconocer su trazado y su carácter público. Al ritmo actual, denuncian, el avance es de apenas ocho municipios por legislatura, lo que prolonga durante décadas una situación de inseguridad jurídica.

Aún más grave es la situación del deslinde y el amojonamiento, los procedimientos que fijan los límites físicos de las vías y las protegen frente a ocupaciones o usurpaciones. Solo alrededor del 3% de las vías ya clasificadas ha sido deslindado y señalizado desde la entrada en vigor de la ley. En la práctica, esto significa que la inmensa mayoría de las cabañeras carece de una delimitación clara sobre el terreno, lo que facilita su invasión progresiva por cultivos, vallados, infraestructuras o edificaciones.

La ley de 2005 incorporó además la figura de las Vías Pecuarias de Especial Interés, pensada para aquellos tramos con un valor ambiental, cultural o estratégico singular. Sin embargo, en veinte años el Gobierno de Aragón no ha declarado ni un solo metro bajo esta categoría, a pesar de que la propia norma la concibe como una herramienta para priorizar la protección y recuperación de los itinerarios más valiosos. Para Ecologistas en Acción, esta inacción refleja la ausencia de una política específica y planificada.

Otro de los indicadores del abandono institucional es el funcionamiento del Consejo Aragonés de Vías Pecuarias, el órgano consultivo y participativo previsto en la ley. Desde su creación solo ha sido convocado una vez, en 2015. La organización ecologista denuncia también una política de autorizaciones que vacía de contenido la protección legal: el 97,4% de las solicitudes de ocupación temporal de vías pecuarias son autorizadas, muchas de ellas para usos que no cumplen el carácter excepcional y temporal que exige la normativa. A ello se suma, según denuncian, el incumplimiento de la obligación legal de destinar los ingresos procedentes de sanciones, ocupaciones y aprovechamientos a la conservación y mejora de las propias vías.

Este diagnóstico ha tenido reflejo directo en el Parlamento aragonés antes de su disolución por la convocatoria electoral para el 8 de febrero. El pasado 1 de diciembre, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de las Cortes de Aragón aprobó una propuesta presentada por Chunta Aragonesista (CHA) que plantea reactivar de forma decidida la política pública sobre vías pecuarias. La iniciativa salió adelante con el apoyo de Vox y Aragón-Teruel Existe y la abstención del PP y del PSOE.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, defendió las cabañeras como “unas infraestructuras que forman una parte esencial de nuestra identidad” y recordó que constituyen “un sistema público de paso ganadero que sirvió con el tiempo para articular la biodiversidad”. Soro denunció el abandono actual de este patrimonio colectivo y apostó por un plan integral que incluya la clasificación y el deslinde pendientes, la creación de un servicio especializado en el Gobierno de Aragón y la reinversión de los ingresos procedentes de sanciones en su mantenimiento y mejora.

Durante el debate parlamentario, los distintos grupos coincidieron en el diagnóstico general, aunque mostraron matices sobre las soluciones. Desde el Partido Popular, José María Giménez señaló las dificultades prácticas de la propuesta y subrayó la reducción de la trashumancia tradicional y la evolución del modelo ganadero. El diputado popular recordó que el Departamento de Medio Ambiente ha invertido más de un millón de euros en la legislatura actual en actuaciones relacionadas con vías pecuarias, y advirtió de la complejidad técnica y jurídica de algunos procesos de deslinde.

El socialista Ángel Peralta puso el acento en el deterioro físico de muchas cabañeras, algunas de las cuales “han dejado de ser vías ganaderas para convertirse en carreteras o caminos asfaltados”. El diputado del PSOE sugirió abrir una vía presupuestaria específica, gestionada por los ayuntamientos, para mejorar su estado y evitar su desaparición definitiva. Desde Vox, Santiago Morón vinculó la conservación de las vías pecuarias con la prevención de incendios forestales, al actuar como corredores abiertos y facilitar el acceso al territorio. Por su parte, Pilar Buj, de Aragón–Teruel Existe, fue especialmente crítica con la ejecución de la ley y reclamó que el Gobierno autonómico no delegue en los municipios una responsabilidad que considera estructural, dado que muchos carecen de medios suficientes.

La normativa vigente en Aragón define las vías pecuarias como rutas tradicionales por donde discurre o ha venido discurriendo el tránsito ganadero y las reconoce como bienes de dominio público. La ley establece procedimientos detallados de clasificación, deslinde y amojonamiento y subraya su función ganadera, ambiental, cultural y territorial. El propio Gobierno de Aragón recoge estos principios en su portal oficial sobre vías pecuarias, donde se señala su papel como corredores ecológicos y elementos vertebradores del medio rural. Sin embargo, la distancia entre el marco legal y su aplicación práctica sigue siendo muy amplia.

Para quienes todavía trabajan con ganadería extensiva, las consecuencias de esta inacción administrativa son cotidianas. Miguel Ángel Bernués, ganadero de ovino en el Prepirineo oscense, explica que la falta de deslinde genera conflictos constantes. “Si una cabañera no está clara sobre el terreno, cualquiera la va ocupando poco a poco. Un año se ara un trozo, otro se pone una valla, y al final el camino desaparece”, relata. Aunque reconoce que la trashumancia larga ha disminuido, insiste en que las vías siguen siendo necesarias para los movimientos de ganado entre términos y zonas de pasto. “Cuando no puedes usar la cabañera, acabas yendo por la carretera con los animales, con el peligro que eso supone”.

Bernués coincide con ecologistas y grupos parlamentarios en que el problema no es solo normativo, sino de gestión. “La ley está bien escrita, pero hace falta gente que se dedique a esto, que vaya al terreno, que deslinde, que amojone y que mantenga. Si no, las cabañeras se pierden aunque sean públicas”, sostiene.

Ecologistas en Acción ya ha trasladado formalmente al consejero de Medio Ambiente y Turismo el acuerdo adoptado en su asamblea confederal y la petición de crear un servicio propio de vías pecuarias con el objetivo de avanzar de forma decidida en su protección y recuperación.

La secretaria general del PSOE de Mora y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de esta localidad toledana, Elena Martín Bravo, se ha reunido con el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén Torres, para abordar la “preocupación e inquietud” que existe en el municipio sobre la posible expropiación de terreno con el deslinde de la 'Cañada de las Sierras de Mora' que afectará a unos 300 propietarios, muchos de ellos agricultores de olivar.

Afecta a más de 130 hectáreas que engloban a centenares de propietarios de fincas, principalmente de cultivos leñosos, y que fueron notificados el pasado mes de mayo de la intención de realizar un procedimiento de deslinde.

A juicio de la portavoz de Mora y tras revisar la orden de 2012, considera “necesario diferenciar las vías pecuarias que se vienen utilizando en su uso inicial, esto es el paso de ganado en muchas localidades de la provincia de Toledo y de la región, de las vías pecuarias que en la actualidad no son necesarias para ese uso”.

Según ha resaltado la secretaria general del Partido Socialista de Mora, su “compromiso y el del PSOE de Mora con el sector y los agricultores morachos ha sido siempre firme y desde que surgió la cuestión la primavera de este año, hemos mantenido contacto directo con muchos de los afectados que se pusieron en contacto con nosotros de forma inmediata para que les ayudásemos con este tema y la incertidumbre que se estaba generando”.

Martín Bravo ha resaltado que “hemos asistido a todas las reuniones con los agricultores y agricultoras de Mora mostrando nuestro apoyo unánime para que esta Cañada, que actualmente no presenta utilidad ganadera, pueda seguir con los aprovechamientos agrícolas que se vienen realizando en la actualidad y se tengan en cuenta los documentos obrantes como por ejemplo los que datan de principios del siglo XX que ya indicaban su innecesaridad”.

Además, asegura que han mantenido conversaciones con el Gobierno de Castilla-la Mancha para que “esta cuestión se esclarezca lo antes posible”.

Una vía pecuaria que se considera “innecesaria”

Elena Martín Bravo ha agradecido al delegado provincial de Desarrollo Sostenible su contacto directo y su disposición con la Asociación de Fincas Rústicas quienes solicitaron una reunión para “presentar toda la documentación que los propietarios de estas tierras están recabando y que justificarían y acreditarían con documentos, escrituras y registros de propiedad, entre otros, la titularidad de las mismas y la exención cargas”. En los documentos obrantes hasta el momento, algunos de los cuales datan de principios del siglo XX, ya se especifica que esta vía pecuaria “es innecesaria”, según explica la portavoz socialista.

Igualmente, Elena Martín Bravo ha asegurado que “hay que ser consciente de que la situación de hace décadas e incluso siglos no es la misma que en la actualidad y que Mora es una localidad con muy escaso sector ganadero. Si era coherente hace tiempo que las cañadas, debido al tránsito del ganado y las trashumancias, tuvieran sus vías de paso y sus apeaderos para los animales, en la actualidad la situación de la Cañada de las Sierras de Mora es muy diferente”.

En este sentido, la secretaria general de los socialistas de la localidad ha resaltado que “Mora es un pueblo eminentemente agrícola, es el mayor productor de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) y en nuestro término municipal predominan los olivares. Es por ello que el trazado de esta vía iría en perjuicio directo del sector y entre todos es necesario buscar la solución para asegurar que los agricultores sigan conservando sus propiedades y así puedan seguir con los cultivos actuales y su aprovechamiento como se ha venido haciendo en los últimos tiempos”.

El objetivo de la Junta es “no perjudicar” a los titulares de fincas

Por su parte, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible ha asegurado a Martín Bravo en la reunión que “se seguirá trabajando para no perjudicar a los titulares de las fincas referidas y en ningún caso se obligará a los propietarios a levantar cultivos”. De igual forma, explica que “se ha mantenido contacto con los representantes de los agricultores y agricultoras de Mora en todo momento” y se ha acordado una reunión en las próximas semanas para que con la documentación que tienen, y que se está recopilando y será aportada, se estudie el caso concreto de la Cañada de las Sierras de Mora.

De la misma manera, Martín Bravo ha agradecido la disposición plena del Gobierno regional de Emiliano García-Page, incidiendo en que “desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se está trabajando para evitar perjuicios a los agricultores y agricultoras de Mora” y ha querido “trasmitir, una vez más, un mensaje de tranquilidad al sector dejando constancia de que se está trabajando en este asunto desde el primer momento para garantizar que podrán seguir desarrollando el aprovechamiento agrícola que se ha venido haciendo desde los inicios”.

La Consejería explica: “Nada tiene que ver con un procedimiento expropiatorio”

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha explicado que el procedimiento de deslinde es el acto administrativo por el que se “define el límite exacto de las vías pecuarias que discurren por la Comunidad Autónoma”, delimitando así el dominio público. Se trata de un procedimiento, señalan , delimitando el dominio público, lo cual revierte en beneficio de todos los ciudadanos, conservando y manteniendo este legado tal y como recoge la Ley de Vías Pecuarias 9/2003 de Castilla-La Mancha. Además, este procedimiento, sirve de base fundamental para posteriores acciones, ya sea su amojonamiento, desafectación, permuta, cesión o modificación de trazado.

En este contexto, señalan, “hay que explicar que el procedimiento de deslinde de vías pecuarias nada tiene que ver con un procedimiento expropiatorio”. “El deslinde es un acto administrativo dirigido exclusivamente a identificar y delimitar sus límites conforme a la clasificación existente, garantizando su defensa y conservación”, destacan.

Por eso, señalan, el “único documento válido” que determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas fundamentales de cada vía pecuaria es el Proyecto de Clasificación. Para la elaboración del expediente de deslinde, además de lo señalado en dicho proyecto, se consulta la documentación e información disponible, tanto histórica como actual, entre la que se encuentra cartografía y ortofotografía del Instituto Geográfico Nacional y otras entidades.

En todos los procedimientos de deslinde tramitados en Castilla-La Mancha se ha asegurado, y se continuará asegurando, el pleno derecho de información y defensa de todas las personas interesadas o afectadas, aseguran desde Desarrollo Sostenible.

“En definitiva, el deslinde se desarrolla bajo los principios de transparencia, participación y legalidad, con el doble objetivo de garantizar la correcta delimitación del dominio público y proteger los derechos de los particulares, siempre conforme a la normativa que regula las vías pecuarias”.

El Ayuntamiento toledano de Mora ha propuesto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha permutar los caminos públicos de la localidad, que discurren cerca de una vía pecuaria que se pretende recuperar, para evitar la expropiación de terrenos a los más de 290 propietarios afectados, manteniendo el ancho actual de dichos caminos, que pasarían a ser de titularidad regional.

Con fecha de 28 de mayo de 2025 el Ayuntamiento recibió una notificación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en la que se acordaba iniciar el procedimiento de deslinde de la vía pecuaria denominada 'Cañada de la Sierra de Mora', dentro del término municipal .

Este procedimiento de deslinde, señala el Ayuntamiento en nota de prensa, afecta nada menos que a 290 propietarios de fincas de olivar tradicional en la localidad y tendría una longitud aproximada de 17 kilómetros que discurren entre el Puerto La Jara, Camino Castillo, Puerto Encaramado, Sierra del Buey y la del Risco Mellado, en el término municipal moracho.

A ello añade que el pasado día 7 de julio la Junta citó a los afectados a una reunión para informarles del comienzo de los trabajos de campo de “deslinde y apeo”, a lo cual los propietarios afectados se opusieron frontalmente, “al sentirse indefensos ante la expropiación de sus tierras con una falta clara de justificación y ninguna explicación por parte de los técnicos de la Junta presentes en la reunión”.

“Una aberración por el alto interés agrícola de las explotaciones”

“Es una absoluta aberración, más si tenemos en cuenta el alto interés agrícola de las explotaciones de olivar afectadas por esta expropiación que causaría un gran perjuicio económico, tanto para sus propietarios de estas fincas como para nuestra localidad, ya que la agricultura y, especialmente el olivar, es uno de nuestros principales motores económicos”, explica el regidor moracho, Emilio Bravo.

Según esgrime, la vía pecuaria que se pretende recuperar está marcada como “innecesaria”, aludiendo a “una catalogación que se aprobó, tras décadas de desuso de esta vía, por una Orden Interministerial de 16 de junio de 1931”.

Ante esta situación, el ayuntamiento ha remitido un escrito a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible proponiéndole permutar la vía pecuaria de la Junta de Castilla-La Mancha con los caminos públicos del municipio manteniendo su ancho actual.

“De este modo conseguimos garantizar el derecho histórico de paso de este tipo de vías y, al mismo tiempo, que no se perjudiquen los intereses de la agricultura y olivar como fuente de riqueza ancestral de nuestra localidad”, explica el alcalde.

Los caminos propuestos para la permuta serían el camino del Puerto de la Viña, el camino de la Solana o de Carretas y el camino Risco Mellado. Todos ellos inventariados y reconocidos en las normas municipales como de 'primera categoría', los más anchos con los que cuenta este municipio entre sus más de 300 kilómetros de red de caminos rurales.

El alcalde pide una reunión “urgente” con el delegado provincial del ramo

El regidor moracho ha solicitado al delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, José Rubén Torres, una reunión urgente para tratar los pormenores de esta propuesta y así poder dar una solución “rápida y adecuada” a esta problemática generada a los agricultores y propietarios de la localidad.

En este aspecto, Emilio Bravo confía en una respuesta “positiva”, de cara a buscar una posible solución, “evitando problemas y expropiaciones y la tremenda preocupación de los agricultores morachos”, concluye Bravo.

Las vías pecuarias son caminos, redes viarias históricas con personalidad jurídica que servían y sirven para el traslado de la cabaña ganadera por toda la península. Están clasificadas en cañadas reales, cordeles y veredas. Esta clasificación tiene su origen en la necesidad de acotar el paso de los ganados por zonas de labranza. De esta manera, las cañadas reales tienen como ancho 75 metros, los cordeles 37,5 metros y las veredas 20 metros. Tuvieron su máximo auge durante la Edad Media con el desarrollo de la ganadería trashumante y la exportación de la lana. A finales de 2023, la trashumancia fue declarada por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El 6 de abril se celebra la V edición del Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos. 

Ejemplos de vías pecuarias los encontramos en el Cordel de los Valencianos, que conecta el Noreste, atraviesa la Sierra de la Pila y Molina de Segura, pasa por la falda de Carrascoy, el Puerto de la Cadena y llega hasta el Campo y la ciudad de Cartagena. Otra vía es la Vereda de Poniente que conecta varias áreas incluidas en la Red Natura 2000, como la Sierra de Revolcadores, la Sierra de Mojantes, la Sierra de la Serrata, La Sierra de Casa Alta Salinas, el macizo de Pedro Ponce y Quípar, Sierra Espuña y la Sierra de Carrascoy.

La lucha por su conservación, uso social y colectivo es una campaña que dura varias décadas. Diferentes grupos de presión sociales, lobbies urbanísticos y agrícolas tratan de desarticular estas vías públicas y reducirlas a fragmentos. Las administraciones, que supuestamente las gestionan, han mirado muchas veces hacia otro lado mientras que sectores socioeconómicos las ocupaban, cerraban y modificaban estas propiedades públicas del suelo.

Los grupos ecologistas y ambientalistas de la Región llevan más de veinte años exigiendo reivindicaciones clave para el mantenimiento de las vías pecuarias: la clasificación (declaración de su existencia), deslinde (determinación de sus límites exactos), y el amojonamiento (materialización física del deslinde). Sin embargo, desde la aprobación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias no se ha desarrollado la correspondiente legislación autonómica, ni ninguna otra normativa que implemente la ley estatal. Una buena parte de las vías pecuarias no están deslindadas, amojonadas o señalizadas, en otras caducaron sus deslindes, lo que ha provocado que sean usurpadas, ocupadas, cortadas o cerradas por particulares.

En el Estado español existen 138.146 km de vías pecuarias de los que 113.575 km (82,21 %) se encuentran 23.313 km (20,52 %) deslindados y solamente 11.866,05 de los deslindados (50,89 %) amojonados, Nuestra región tiene un total 2.853 kilómetros de vías pecuarias de las que menos del uno por ciento han sido deslindadas y amojonadas, la ratio de deslinde más baja del país. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene el 40% de sus vías pecuarias deslindadas La situación es preocupante, es necesario un giro radical de las administraciones para acelerar las labores de inventariado, deslinde, rehabilitación, mantenimiento y recuperación de trazados íntegros.

El desarrollo de campañas de información y concienciación sobre la importancia de las vías pecuarias y caminos públicos es una primera etapa, así como la catalogación, defensa y conservación por parte de la administración regional y local. Estos caminos forman parte del patrimonio de dominio público, por los que pueden desplazarse los vecinos para múltiples actividades y para acceso a nuestro patrimonio natural y cultural. El buen mantenimiento de las mismas permite una buena comunicación entre municipios cercanos y un acercamiento imprescindible al medio natural. Las vías pecuarias también son indispensables para vertebrar las comunicaciones locales, evitando el despoblamiento y el aislamiento.

La red de vías pecuarias y caminos públicos también es esencial para nuestra biodiversidad como corredores biológicos por las que las especies se desplazan de unas zonas a otras. En este sentido, también es urgente la concienciación de la ciudadanía sobre la necesidad de su catalogación y conservación. Estas vías son importantes infraestructuras verdes para actividades pecuarias, deporte, ocio y turismo en la naturaleza, con todo lo que significa de mejora sostenible del desarrollo rural. Defender y mejorar las vías pecuarias y caminos públicos supone también una mejora de la calidad de vida y del bienestar de la ciudadanía murciana.

La ocupación sin permiso de la costa por la vivienda de la pareja del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado la atención sobre las invasiones del dominio público. En su caso son 210 m2 del ámbito marítimo-terrestre. Sin embargo, es tierra adentro donde el dominio público como el que componen los caminos, los cauces o las vías pecuarias se ven más cortados u ocupados sin autorización. Esas privatizaciones de facto no se miden ya en cientos sino en decenas o centenares de miles de metros cuadrados de suelo.

Casos que ilustren el fenómeno y sus dimensiones hay muchos. En la localidad de Brunete, al sur de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, una finca propiedad de una empresa dedicada a la cría de caballos ocupó durante muchos años unos 270.000 m2 de varias vías pecuarias hasta que, tras ser denunciada por los agentes forestales en 2003, consiguió que –por motivos ganaderos y ambientales, según el Gobierno autonómico– se modificara el trazado de las vías en 2019. Las cañadas y veredas pasarían por otros terrenos. Solo un año después de aquello, en la misma zona, se detectó otra presunta usurpación de 54.000 m2 de la vía pecuaria Descansadero Sur.

“La usurpación de dominio público en las vías pecuarias es más impune todavía que en la costa”, afirma Luis de Andrés del Pozo, vocal sobre vías pecuarias de Ecologistas en Acción en el Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. “Es más fácil ocupar ese terreno y luego muy difícil revertirlo porque deriva en pleitos que se alargan mucho. Además –insiste– al hablar de una red tan grande y llena de recovecos se hace más complicado incluso detectar que se ha ocupado ilegalmente”.

La usurpación en las vías pecuarias es más impune todavía que en la costa. Es más fácil ocupar y luego muy difícil revertirlo. Además en una red tan grande y llena de recovecos se hace más complicado detectar que se ha ocupado ilegalmente

Luis de Andrés del Pozo — Vocal de Ecologistas en Acción en el Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

La Red Nacional de Vías Pecuarias abarca 125.000 km y más de 460.000 hectáreas de fácil invasión (4.600 millones de m2). Se trata de rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, según la ley. ¿Su ancho? 20 metros si son veredas, 37,5 m si son cordeles y hasta 75 metros las cañadas. En la actualidad, “se las considera valiosos corredores ecológicos”, según amplía el programa LIFE-Cañadas. Todas son bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables –justo como el litoral que ocupa la propiedad de la pareja de Alberto Núñez Feijóo–.

Aunque se creó por ley en 1995, el decreto que desarrolla el reglamento de la red salió a información pública el pasado mes de noviembre de 2024. Ese texto indica que debe conseguir “el mantenimiento de la integridad territorial” de las vías “para evitar intrusiones y ocupaciones ilegales a lo largo de todo su recorrido”. Para ocupar basta con acercar la valla de las fincas colindantes al eje de la vía y usar ese suelo para más cultivos o construir algo sobre él. La aprobación y entrada en vigor de la norma están pendientes.

Caminos cortados para no molestar a la cacería

Once años y cuatro pleitos le costó a Mari Carmen García recuperar los caminos del pueblo del que era alcaldesa cortados por los dueños de varios cotos de caza situados en La Pesquera (Cuenca). Inició su cruzada en 2011 y triunfó en 2022 cuando se abrieron los senderos por orden judicial.

Primos de la vías pecuarias, los caminos también son calificados por la ley como dominio público. “Los cierres de los caminos son innumerables y no son tan evidentes como en las costas”, explica el coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, Manuel Trujillo. “El litoral está ahí, todo el mundo lo ve, pero con los caminos ocurre que alguien tiene que decir que es público y mientras eso pasa, se cierra y luego queda así hasta que una administración puede revertirlo”.

Los cierres son innumerables y están principalmente asociados al bosque mediterráneo donde suelen darse grandes fincas. Lo más frecuente es que sea en una gran finca cinegética a la que no le interesa que pase nadie por el terreno

Manuel Trujillo — Coordinador de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos

Trujillo, que ha calculado que solo el 10% de los caminos históricos de Sierra Morena son utilizables actualmente, cuenta que los cortes de caminos “están principalmente asociados al bosque mediterráneo donde suelen darse grandes fincas. Y lo más frecuente es que sea en una gran finca cinegética a la que no le interesa que pase nadie por el terreno”. Oeste de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y en cierta medida Madrid son las zonas más habituales.

“Cuando los caminos empezaban a entrar en desuso y pasaban por una finca, pues se cortaban y no ocurría nada. Se terminaban perdiendo. Ahora, si se reivindica la apertura, la resistencia más potente suele ser de los grandes propietarios”, reflexiona el activista de Ecologistas en Acción Juan Clavero.

Clavero sabe bien de lo que habla. En 2017 le colocaron 47 gramos de cocaína en su coche para luego ser detenido y acusado por la posesión de la droga. Todo tras las campañas de Clavero contra, precisamente, la apropiación de caminos en la sierra de Grazalema (Cádiz). Finalmente, se destapó la trampa y siete años después, en 2024, la Audiencia Provincial declaró culpables de acusación falsa al gerente de una de las fincas por las que discurre unos de los caminos reivindicados y a la persona que colocó la cocaína. La pena para ellos, eso sí, se limitó a un año de prisión.

“Estamos hablando de los terratenientes de toda la vida y de nuevos ricos que se han dedicado a comprar inmensas fincas”, abunda el ecologista. “Es una cuestión de prestigio social. Algo político más que económico: tener grandes fincas para organizar allí fiestas y cacerías. Por eso no quieren que pase nadie y cierran la finca, que es lo que pasó aquí con el conflicto que me montaron”.

Estamos hablando de los terratenientes de toda la vida y de nuevos ricos que se han dedicado a comprar inmensas fincas. Es una cuestión de prestigio social. Algo político más que económico

Juan Clavero — Activista de Ecologistas en Acción

“Ahora estamos en un juicio por una gran finca cinegética en Córdoba cuyos propietarios, que no tienen interés en explotarla, nos han dicho que ”con caminos la finca vale la mitad“ a la hora de venderla, añade Manuel Trujillo. ”Prefieren ir a juicio que admitir los caminos“.

La ribera es de todos

En España hay unos 39.000 kilómetros de ríos. Sus cauces –junto con los lechos de lagos y embalses o los acuíferos– son bienes del dominio público hidráulico. Además, más allá de la ribera de los cursos se extiende una zona de policía de hasta 100 metros en la que los cinco primeros son de servidumbre, ambas con condiciones, aunque sea suelo privado.

Sin embargo, las ocupaciones de cauces sin permiso, los daños a las riberas por obras o vertidos y las extracciones de agua subterránea (que pueden conllevar una infraestructura plantada sin permiso) están a la orden del día.

La asociación ecologista Jarama, que hace recuento de las ocupaciones ilegítimas de dominio hidráulico en la Comunidad de Madrid, considera que “se producen aprovechamientos muy diversos, desde explotaciones agrícolas que cultivan hasta el borde del cauce” a “zonas residenciales, industriales o polideportivos” en la zona de policía.

En este sentido, no es raro leer en las actas de los consejos de ministros acuerdos de sanción por una variedad de agresiones muy graves (las graves las resuelve el Ministerio de Transición Ecológica y las menos graves las confederaciones hidrográficas).

En 2024 puede rastrearse cómo el Consejo de Ministros rechazó los recursos contra una sanción de 500.001 euros y 290.000 de indemnización por daños al dominio público hidráulico por “alumbramiento de aguas” que se había decretado en mayo de 2023

El año anterior, por ejemplo, el Ejecutivo aprobó una sanción de 600.000 euros “y la obligación de realizar las labores de restauración” al Gobierno de Aragón por dañar la ribera del río Osia con unas obras para, en teoría, reparar una carretera. De arreglar 50 metros de vía se pasó, adujo, a alterar 800 metros donde se anularon ramales del río, se extrajeron sedimentos o se estrechó el cauce.

Ese mismo año, el Tribunal Supremo confirmó la sanción de un millón de euros impuesta por el Consejo de Ministros al Ayuntamiento de San Cibrao Das Viñas (Ourense) en 2021 por vertidos al cauce público con carga contaminantes excesiva.

Hay aproximadamente 140.000 kilómetros de vías pecuarias y alrededor un millón de kilómetros de caminos públicos En España. Estas figuras están protegidas legalmente: desde la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, hasta la norma estatal sobre vías pecuarias y las regulaciones autonómicas que existen en algunas regiones. La gestión de las vías pecuarias es competencia de las comunidades autónomas y la de los caminos públicos, de los ayuntamientos.

El marco parece muy claro, pero lo cierto es que desde hace décadas el mapa de estos trazados se ha ido borrando. Se cierran, se “usurpan” o se ocupan, para asfaltarlos, convertirlos en carreteras o para dejar vía libre a la caza.

Es lo que constatan desde la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), que trabaja desde hace 16 años con el objetivo de defender estas figuras y que ha celebrado en Sigüenza (Guadalajara) del 25 al 27 octubre un nuevo foro estatal para analizar la situación actual, en colaboración con Ecologistas en Acción y WWF. Estos colectivos han puesto en valor el potencial de “las arterias que conectan el medio natural”, corredores de la biodiversidad que “atesoran además vestigios de otras épocas y de la actividad sociocultural, económica y oficios de las comunidades locales”.

Manuel Trujillo, miembro de la Junta Directiva de PICP, resalta que Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha son las tres comunidades donde más vías pecuarias y caminos públicos se han cerrado o están amenazados. “Ha habido avances de procesos de recuperación de terrenos, pero la tendencia general es la contraria. Los cierres, ocupaciones y usurpaciones se extienden cada vez más y hay un claro objetivo de que su uso no sea ecológico o de senderismo. La intención es desmantelarlos y que pasen a ser carreteras y zonas para cazadores”, argumenta.

Pero ¿quién está detrás de todo ello? La plataforma apunta a varios actores: las administraciones (tanto la central como las autonómicas y locales) por un lado, y los propietarios privados y empresas, por otra parte.

Incluso con legislación, las administraciones hacen “poco o nada”

Los gobiernos autonómicos hacen “poco o nada” en la defensa de las vías pecuarias que son de su competencia, incluso en aquellas donde hay legislación propia. Y en cuanto a los ayuntamientos, en la mayoría de los casos ni siquiera tienen inventariados, como obliga la ley, sus caminos públicos. “Los particulares y las empresas se aprovechan de esta situación, a veces sin saberlo, pero otras veces aprovechando esta dejadez”.

Uno de los últimos casos más polémicos y que ha centrado buena parte del mencionado foro nacional es la reforma legislativa que el Gobierno de Castilla-La Mancha llevó a cabo a principios de año para permitir actividades cinegéticas en el patrimonio caminero. Se hizo “de tapadillo” y a través de la reforma de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales, pero desató una oleada de protestas que todavía colean.

La propia Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, junto a Ecologistas en Acción y la Federación de Deportes de Montaña, denunciaron durante meses esta medida ante el Ministerio de Transición Ecológica. Finalmente, la Administración General del Estado notificó al Tribunal Constitucional la creación de una Comisión Bilateral con el Gobierno castellanomanchego para analizar esa reforma legislativa, que otorga derechos de caza a titulares de terrenos cinegéticos en vías pecuarias. Así se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha al pasado mes de junio.  

El plazo máximo para acordar una solución al conflicto de constitucionalidad es de nueve meses desde que se publicó la modificación legislativa. Eso fue en marzo. Y en caso de que no se alcance un acuerdo entre ambas administraciones, la Administración General del Estado habría de formular el correspondiente recurso de inconstitucionalidad.

Para estos colectivos hay al menos dos cuestiones de “dudosa constitucionalidad”: el incumplimiento de la Ley estatal de Vías Pecuarias en el sentido de que “no sería legal otorgar derechos de caza sobre las mismas”; y, en segundo lugar, que se puedan celebrar actividades cinegéticas que son “incompatibles con los usos que sí son propios de estas infraestructuras verdes como el ganadero, el medioambiental y el uso público”.

Aunque el plazo para que esta comisión arroje sus conclusiones termina a finales de año, este medio se ha puesto en contacto con el Gobierno regional para conocer algún detalle más. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible confirman que ha habido una primera reunión de la Comisión Bilateral para “acercar posturas” y que “la sensación es positiva”. El Ejecutivo autonómico prevé así evitar el conflicto con el Tribunal Constitucional, aunque apela a la prudencia.

En una entrevista con elDiarioclm.es, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, explicó en su momento que tanto en la legislación estatal como en la de la comunidad autónoma hay un apartado específico relacionado con la seguridad de las personas cuando se lleva a cabo una cacería.

“Se establecen medidas de distancia para lograr que las personas que discurren por caminos y vías pecuarias tengan protección. Pero cuando hay una montería, puede suceder que los animales atraviesen estos caminos y aunque se dispare desde lejos, puede haber algún tiro en la zona por donde pase algún viandante”. Esto, argumentó la consejera, “preocupa mucho” al Gobierno regional, por lo que decidió “blindar” esos caminos con “medidas muy estrictas” que se desarrollarían posteriormente para su incorporación al Reglamento de Caza.

Se está partiendo del hecho de que estas vías y caminos públicos no sirven para nada, y que si alguien las quiere, pues que se las quede

Otro caso que menciona Manuel Trujillo y que también se analizarán en el foro estatal es la intención de los gobiernos de Andalucía y de la Comunidad de Madrid de “convertir en carreteras” algunos de estos espacios. “Se está partiendo del hecho de que estas vías y caminos públicos no sirven para nada, y que si alguien las quiere, pues que se las quede”.

No ayuda a esta situación la falta de inventarios de caminos públicos en los ayuntamientos. La plataforma está realizando un estudio por entidades locales para conocer más al detalle la situación, y solo en Andalucía, constata que alrededor del 80 por ciento no lo tienen, y casi la mitad “ni saben lo que son”. Y hay más: los registros que hay en tan solo el 20% de ayuntamientos “no son válidos ni se han realizado en condiciones”. “Sabemos que la situación en España es similar y que incluso puede ser peor”, avisa Manuel Trujillo.

Frente a esta situación y a “la expansión de las amenazas”, la plataforma defiende como factor positivo el hecho de que cada vez hay más conocimiento social del tema y que aumenta el número de personas concienciadas que defienden estos espacios. Aunque es “una batalla difícil”, agrega.

Un medio natural “cada vez más tensionado”

El año pasado, las Jornadas de la PICP se celebraron en Montánchez (Cáceres) en el mes de abril y la Asamblea General avaló por unanimidad la candidatura de Emiliana Rubio, de Hinojosa del Duque (Córdoba), como nueva coordinadora, agradeciendo a Manuel Trujillo y su equipo la labor realizada como coordinador. Es la primera mujer que asume la coordinación de esta plataforma estatal que integra a asociaciones, federaciones, clubes deportivos y demás entidades en defensa de los caminos públicos.

La PICP defiende con estas jornadas un patrimonio caminero relevante para la ganadería en trashumancia y como corredores de biodiversidad en un medio natural “cada vez más tensionado”. Pero también quiere que sean “palanca de cambio para la promoción de hábitos saludables, propuestas de turismo sostenible”.

Por eso su preservación, dinamización y mantenimiento constituye “una fuente de riqueza y de empleo para la comunidad”, especialmente en el área rural, y es positiva para la ordenación del territorio y en caso de emergencias para facilitar el acceso a medios de extinción de incendios o al personal sanitario.

Dos individuos han sido condenados a un año de prisión por urdir una trampa que tenía como única finalidad que el ecologista Juan Clavero, muy activo en la defensa de los caminos públicos de la Sierra de Grazalema, acabara dando con sus huesos en la cárcel. José Miguel Herrera, gerente de la finca Breña del Agua (por la que atraviesa uno de esos caminos), y Manuel Alcaide, quien dejó la droga en el vehículo, han sido condenados por un delito de denuncia falsa siete años después de que el activista se viera sorprendido por la Guardia Civil trasportando en su coche 47 gramos de cocaína que le habían colocado ahí. Los otros dos acusados, a los que la Fiscalía una colaboración en los hechos, han sido absueltos.

La sentencia, que puede ser recurrida, acota el delito al responsable material de colocar la droga y al urdidor del plan. Ambos se coordinaron para colocar la droga tras el asiento de copiloto de la furgoneta de Clavero y asegurarse de que la Guardia Civil la encontraba. “Ambos conocían que los hechos que denunciaban eran falsos”, concluye la resolución, que subraya que su interés en que la droga fuera descubierta y se imputara un delito a Clavero “desborda el interés normal que cualquier ciudadano pueda tener”.

Fiscalía pedía que cada uno de los cuatro acusados fueran condenados a año y medio de prisión por denuncia falsa, mientras que Clavero pedía siete años de prisión, al considerar que también se habían cometido delitos de detención ilegal y organización criminal. Finalmente, dos de los acusados (antiguos encargados de la finca) han quedado eximidos de responsabilidad y los otros dos (uno de ellos, el gerente) han recibido una condena rebajada (tanto en la pena de prisión como en la multa) al aplicárseles la atenuante de dilaciones indebidas.

Además de la pena de cárcel, que será probablemente suspendida al ser inferior a dos años y medio, la Audiencia Provincial de Cádiz impone a los condenados el pago de una multa de 2.700 euros a cada uno y una indemnización conjunta de 20.000 euros a Clavero, que pasó una noche en el calabozo sin saber por qué, y diez días expuesto ante los medios como presunto narcotraficante.

Los magistrados creen que la víctima de aquel plan pudo ser cualquier ecologista implicado en la defensa de los caminos públicos, pero resultó Clavero, un activista de reconocido prestigio en Cádiz, antiguo director del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Para Ecologistas en Acción, las penas “no se corresponden con la gravedad de los hechos que han quedado acreditados en el juicio”. Clavero tiene una sensación “agridulce”: está satisfecho por que se haya corroborado la existencia de un complot, pero lamenta la escasa entidad de la condena, por lo que sus abogados están estudiando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.

“Detrás del asiento de copiloto. Borra esto”

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, recoge un relato que sitúa el origen de los hechos en un acuerdo entre los dos condenados para “ocasionar problemas” a miembros de la asociación de Ecologistas en Acción y de la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos de la Sierra, que estaban siendo muy activos en la protesta por la usurpación de los caminos públicos que atraviesan distintas fincas rústicas de la zona, entre ellas Finca La Breña.

De esta forma, cuando José Miguel Herrera, gerente de la finca, se enteró de que se había convocado una marcha para atravesar el terreno recorriendo el camino público, se conchabó con Manuel Alcaide para que este participase en la ruta haciéndose pasar por simpatizante del grupo ecologista y que, disimuladamente, introdujera drogas en el vehículo de alguno de los activistas, para a continuación avisar a la Guardia Civil.

Así ocurrió, y el 26 de agosto Alcaide acudió a la marcha, se presentó a Juan Clavero y, al terminar, pidió que le llevasen de vuelta a un punto, si bien se apeó antes del vehículo. Para entonces, Alcaide ya había colocado la droga en el interior del coche y Herrera se había reunido con un agente del Seprona al que conocía, al que había contado que un “infiltrado” en la marcha le había dicho que los participantes ocultaban una importante cantidad de droga en la furgoneta de Clavero.

Poco después de esta reunión entre el agente y el gerente de Finca La Breña, la comandancia recibió una llamada desde un teléfono público: “Hola, buenas tardes, mire, yo llamaba para informar que hoy, entre las cuatro y media y las siete de la tarde, va a entrar en el pueblo de Benamahoma una furgoneta Volkswagen blanca, con una importante cantidad de droga para ser consumida en las fiestas del Coto de Bornos”.

Para redondear su plan, Herrera se cercioró de que la Guardia Civil cazaba al ecologista con un par de mensajes de Whatsapp al agente que conocía: “Van para ti en 2 minutos” y “un coche solo”. Una patrulla esperaba ya a Clavero, al que los agentes engrilletaron y detuvieron casi de inmediato, después de unos minutos en que fueron incapaces de localizar el paquete. Tuvieron que telefonear nuevamente a Herrera, para que este indicase el lugar exacto donde la habían escondido: “Detrás del asiento del copiloto, borra esto”. Acabaron encontrando 29 papelinas con 47 gramos de cocaína y ocho posturas de hachís con un peso bruto de cuatro gramos.

Rebaja de penas y exenciones de responsabilidad

El agente de la Guardia Civil no llegó a ser acusado por su posible participación en los hechos y de los cuatro que sí lo fueron, dos han sido absueltos, pues el tribunal entiende que no está acreditada su participación en los hechos, que el fiscal sí apreciaba. Uno de ellos acudió a la reunión con el agente del Seprona y del otro se sospechaba que pudo ser quien realizó la llamada desde el teléfono público, pero no han sido condenados al no haberse aportado el vídeo y el audio en el que se constata esta participación.

La sala rebaja la pena en seis meses (respecto a lo que pedía Fiscalía) por las dilaciones indebidas. La investigación judicial empezó en diciembre de 2017, los acusados declararon como investigados en marzo de 2018 y no se les ha juzgado hasta octubre de 2024. “La tramitación ha sido singularmente extensa sin motivo justificado”, señala la sentencia. “La lentitud de la justicia, y maniobras dilatorias de las defensas, terminan beneficiando a los delincuentes y perjudicando a sus víctimas”, han lamentado los ecologistas en un comunicado.

La Audiencia también ha rebajado notablemente las expectativas de condena que tenía Clavero al limitar el objeto del juicio al delito único de la denuncia falsa. Según el tribunal, los acusados no supieron durante la instrucción que lo que habían hecho también podía ser constitutivo de detención ilegal e integración en organización criminal, de modo que exponerlos a una condena por esos delitos podría atentar contra su derecho a la tutela judicial efectiva.

Los magistrados rebajan también las pretensiones indemnizatorias de Clavero, quien durante una semana se vio en los medios como un presunto narcotraficante, y rechazan por completo las de Ecologistas en Acción, la entidad de la que es notorio integrante, y que entendía que su imagen también se vio dañado por el episodio.

Tampoco condenan a Finca la Breña a abonar subsidiariamente la indemnización. La entidad es titular de la finca por donde pasa el camino público usurpado que los activistas reivindican, y estaba administrada por Herrera, urdidor del plan. Sin embargo, los magistrados la eximen de cualquier responsabilidad por entender que la denuncia falsa que formuló Herrera, su gerente, no entra en el “ejercicio normal o anormal” de sus funciones, y que la entidad no podía prestar su conformidad con lo que hiciera Alcaide, con quien no tenía relación. “Muy sorprendente”, señalan desde Ecologistas en Acción.

La decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de otorgar derechos de caza a los titulares cinegéticos en las vías pecuarias y caminos públicos ha generado un conflicto ante la Administración General del Estado que considera que la norma puede ser inconstitucional.

Lo ha denunciado Ecologistas en Acción después de que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha haya publicado esa semana una resolución de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales que recoge el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado- Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 1/2024, de 15 de marzo, de Medidas Administrativas y de Creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha. Es la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad autónoma para este año.

Se aprobó el pasado 14 de marzo en las Cortes de Castilla-La Mancha y cambió, de golpe, quince leyes. Lo hizo modificando pequeños aspectos pero uno de ellos supone que se pueda cazar en las vías públicas y había generado mucha polémica. En concreto, en este caso, se cambió el artículo 18 de la Ley regional de Caza para otorgar a las personas titulares de aprovechamientos cinegéticos la posibilidad de cazar en las vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizados y vías pecuarias, cuando estas atraviesen por el interior de un terreno cinegético.

El Gobierno de Castilla-La Mancha esgrimió que la iniciativa trataba de mejorar la seguridad, pero la organización Ecologistas en Acción criticó no solo que se colase este cambio “a escondidas”, sino que “esta normativa permitiría cortar sin previo aviso ni publicidad rutas por las que transitan personas y ganadería y que a día de hoy constituyen una importante infraestructura verde para actividades pecuarias, deporte, ocio y turismo en la naturaleza, con todo lo que ello conlleva de perjuicio para el desarrollo rural”.

Ahora el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha iniciarán negociaciones “para resolver las discrepancias suscitadas” en relación con los artículos 13.Dos y 18 de la Ley 1/2024, de 15 de marzo, de Medidas Administrativas y de Creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha.

Se designará un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación “la solución que proceda” y se comunicará de forma posterior al Tribunal Constitucional, de acuerdo a la resolución que firman el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez y el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero.

La figura de la Comisión Bilateral de Cooperación comenzó a funcionar a finales de los años ochenta, cómo órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Su objetivo es evitar que los conflictos jurídicos lleguen ante el Tribunal Constitucional y puedan resolverse antes.

Ecologistas en Acción: “Un gran paso” contra una ley que defiende solo “intereses privados”

Contra la medida que permite cazar en vías públicas ya se habían recogido más de 5.000 firmas - hoy hay más de 13.000- en una campaña que llevaron a cabo varias organizaciones ecologistas. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha negado siempre las acusaciones y en una entrevista con elDiario.es Castilla-La Mancha afirmó que se trata de una decisión para “blindar” los caminos públicos y vías pecuarias y proteger a los usuarios.

Ahora, la decisión tomada por la Administración General del Estado le da la razón a los grupos ecologistas. Hoy recuerdan que se produce después de las denuncias presentadas ante el Ministerio de Transición Ecológica por Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos y la Federación de Deportes de Montaña. “Se inicia el procedimiento de recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha”, advierten.

Estas organizaciones conservacionistas lo “celebran” y explican que la Administración General del Estado disponía de tres meses desde que el 21 de marzo pasado se publicó la modificación de la Ley de Caza para que se notificara al Tribunal Constitucional las discrepancias con la normativa castellanomanchega y la creación de una Comisión Bilateral con la Junta de Castilla-La Mancha para intentar resolverlas.

Ahora se abre un plazo máximo para acordar una solución al conflicto de constitucionalidad de 9 meses desde que se publicó la modificación de la Ley. En el caso de que no se alcance un acuerdo entre ambas administraciones, la Administración General del Estado tendría que formular el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal.

Para las entidades denunciantes este “es un gran paso que valida los argumentos que se vienen esgrimiendo contra una ley que va en contra del uso público y del medio ambiente y en favor de unos intereses meramente privados, como son los del lobby cinegético”.

Aunque no se conoce el contenido y alcance exacto de las discrepancias que se van a plantear al Gobierno de Castilla-La Mancha, dicen que “al menos debe haber dos cuestiones de dudosa constitucionalidad”. Por un lado, el incumplimiento de la Ley estatal de Vías Pecuarias “en el sentido de que no sería legal otorgar derechos de caza sobre ellas” y, en segundo lugar, el hecho de que “se puedan celebrar actividades cinegéticas que son incompatibles con otros usos que sí son propios de estas infraestructuras verdes como el ganadero, el medioambiental y el uso público”.

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos y la Federación de Deportes de Montaña recuerdan que las denuncias vienen avaladas por informes jurídicos, así como por las firmas de más de 100 entidades suscriptoras del 'Manifiesto en Defensa del Uso Público de las Vías Pecuarias, Caminos y Senderos de Castilla-La Mancha' y las de más de 13.000 personas que han firmado en contra de la medida.

La Junta cree que “la caza es necesaria y compatible con usar vías pecuarias”

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible confirman la próxima creación de la comisión bilateral para abordar “dos discrepancias”. No solo con el artículo 13 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la región que modifica la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, sino con el citado artículo 18, que modifica la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. “En relación a este punto se debate la concesión del aprovechamiento cinegético en vías pecuarias, no se hace ninguna consideración a los caminos con los que no existen ninguna discrepancia”, explican las mismas fuentes.

 “Daremos nuestro puesto vista y defenderemos los intereses de nuestra región. Por ejemplo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática afirma en su escrito que la actividad cinegética no es un uso tradicional compatible y nosotros expondremos nuestro desacuerdo”.

El Gobierno de Emiliano García-Page mantiene que “la caza es una actividad tradicional, necesaria y compatible con el uso principal de las vías pecuarias”. En cualquier caso, abundan, “esperamos llegar a un entendimiento con la Administración General del Estado”.

Eleuterio González Rubio, natural de Puebla del Príncipe, acaba de transhumar con su ganado la provincia de Cuenca y, a su paso por Cañada del Hoyo viniendo desde Jaén y rumbo a Teruel, ha relatado en declaraciones a Europa Press su tránsito, que, como cada día, “trae algo nuevo”, ya que ninguna jornada “es igual a la anterior”.

“Ni en verano ni en invierno”, lo que provoca enfrentarse a jornadas calurosas, pero también “de lluvia y de frío”. “Vamos batallando con lo que nos viene”, relata.

Tras casi 30 días de trayecto, González asegura que con todo, se le hace corto. Con Vilches como punto de partida, el objetivo es abordar la Sierra de Albarracín en Teruel.

Con 400 cabezas de bovino bravo y tras una primavera “muy buena” en cuanto a las lluvias y la disponibilidad de alimento, la compañía del pastor tiene como objetivo criar a toros con destino a fiestas y espectáculos.

Tal y como asegura, el animal bravo se mantiene “tranquilo en su hábitat”, ya que “es muy noble y no suele dar problemas”. “Suele haber alguna oveja negra, como siempre, pero no da problemas”.

Según define, para sacar adelante la vida transhumante es necesario tener afición al campo. “Es dura, pero si tienes afición, es una experiencia. No sé si durará mucho, pero esperemos que sí”.

El Gobierno de Castilla–La Mancha celebra cada paso hacia adelante en el expediente administrativo del futuro Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina, declarado Proyecto de Singular Interés (PSI) en esta comunidad autónoma, que se ubicará fundamentalmente en la pedanía talaverana de Gamonal. Y así ha sido también con motivo de publicarse la resolución de los bienes y derechos afectados por este proyecto, promovido por la empresa Zarza Networks S.L, propiedad de la matriz de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.

Se trata de un trámite de información pública en el que se exponen todos los bienes públicos y privados a los que afectará este proyecto de inteligencia artificial, conocido como 'Meta Data Center Campus', tanto en lo referente a su extensión como a las líneas eléctricas fuera de su zonificación y a la propuesta de modificación de trazado de dos vías pecuarias: Cordel de Merinas y Colada del Camino Real.

Según el texto publicado en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha (DOCM), la empresa promotora ha realizado una serie de “ajustes” en el diseño, principalmente en la línea de alta tensión. Esto conlleva la relación definitiva de parcelas afectadas y también la supresión de otras tantas que finalmente no se verán afectadas debido a la modificación del trazado.

Por ello, se incorpora una nueva relación de propietarios que ser verán afectados según las notas simples obtenidas en el Registro de la Propiedad por la entidad promotora durante el transcurso de la tramitación del expediente.

Debido a la posibilidad de que, entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva del proyecto, se produzca alguna exclusión o inclusión más en los bienes y derechos afectados por la expropiación, la Consejería de Fomento somete a información pública, durante el plazo de un mes, la relación completa de las parcelas necesarias para la ejecución del proyecto.

La mayoría de parcelas, propiedad del Ayuntamiento y SEPES

En total, según el anexo del listado de bienes y derechos afectados dentro del límite del ámbito del Proyecto de Singular Interés del Meta Data Center Campus, son hasta medio centenar las áreas afectadas, prácticamente todas propiedad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES).

Pero, por otra parte, el texto también incluye el listado de los bienes afectados por las conexiones “exteriores” fuera del límite de las futuras instalaciones del futuro megacentro de datos. Se refiere en concreto a las líneas eléctricas de alta tensión. En este caso se trata de medio centenar de áreas de titularidad privada y una docena de carácter público.

Por otro lado, la resolución publicada incorpora la “desafectación” de dos vías pecuarias. Esto significa que ambas, de dominio público, dejan de considerarse como tales. Lo hace en virtud de la modificación que el Gobierno castellanomanchego aprobó a finales de marzo de la normativa regional de vías pecuarias a través de la ley de 'Acompañamiento' de los Presupuestos autonómicos. Mediante este cambio, el Ejecutivo de Emiliano García-Page facilitaba el cambio de trazado de estas vías.

En el caso del proyecto de Meta, se hará con las vías denominadas Cordel de Merinas y Colada del Camino Real en el término municipal de Talavera de la Reina. Junto a su desafectación incorpora la modificación del trazado de ambas rutas pecuarias, que se llevarán a cabo ya el próximo mes de julio.

“No hay excusa ambiental o de agua para el que proyecto no se instale”

No es la primera vez que la promotora realiza cambios sustanciales en el proyecto. El pasado mes de diciembre se hizo público que la nueva planta se llevará un 8% del agua asignada cada año a Talavera de la Reina por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El proyecto inicial iba a consumir casi la mitad (un 48%) de la asignación a toda la ciudad.

A finales de marzo se publicó también la Declaración de Impacto Ambiental del futuro Centro de Datos, donde la empresa recibía luz verde para su proyecto una vez que incorporada la posible reducción de las demandas hídricas. La rebaja de las previsiones de Meta se producía después de que hace un año, en sus alegaciones al proyecto, SEO/Birdlife reclamara un ajuste en el consumo, así como medidas compensatorias en la cuenca hidrográfica afectada.

Sin embargo, el Gobierno regional alegó en esta declaración de impacto ambiental que la valoración que hace sobre este asunto la Confederación Hidrográfica del Tajo, la significativa reducción en cuanto a las necesidades hídricas y el “esfuerzo en eficiencia” en el uso del agua, permite considerar que este aspecto ambiental “está tenido en cuenta de forma apropiada por el promotor”.

La cuestión del consumo de agua en los centros de datos no es menor y provoca controversia y posiciones diversas. Según un informe del propio Gobierno regional la instalación consumirá algo más de quinientos millones de litros de agua al año (medio hectómetro cúbico), pero el centro de datos tiene atribuidos solo 40,6 millones de litros de agua al año (40 millones en agua potable y 0,6 en aguas industriales). El resto, los otros 463 millones de litros de agua potable, está asignado al “resto del ámbito” de la instalación.

elDiario.es ha preguntado en varias ocasiones a Meta por los usos concretos que tendrá esa última categoría de su campus, pero no ha atendido a los requerimientos, informa Carlos del Castillo. El informe del Gobierno de Castilla-La Mancha refleja que el proyecto incluye un “parque fluvial”, así como una parcela de uso terciario y cuatro de equipamientos. “El proyecto que Meta plantea para Talavera de la Reina incorpora un sistema de refrigeración de aire seco que consumirá poco o nada de agua, utilizando un 100 por cien de energías renovables en su actividad”, informó el Ejecutivo cuando anunció la aprobación del informe definitivo de impacto ambiental.

Miguel Ángel Sánchez, de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche en Talavera de la Reina reconoce que “llama la atención” la cantidad de agua potable que utilizará la instalación. “No sé para qué la querrán utilizar porque que se sepa no están previstos desarrollos de vivienda o similares ni en Gamonal, ni en Velada o Calera y Chozas”.

En la zona donde se instalará el centro de datos es, explica, “un polígono parcelado, con su arroyo de por medio y restos arqueológicos que habría que proteger. La zona está preparada para un polígono industrial, sin valor ecológico” y en cuanto al consumo de agua futura apunta que “es alto pero asumible ahora mismo por el actual sistema de abastecimiento de Talavera” y es que, recuerda, el polígono industrial Torrehierro del que formará parte este centro dispone de un gran depósito que “no sirve para abastecer a este tipo de instalación” y por eso, añade, “hay que enchufar directamente a la red de abastecimiento de Talavera. Y es capaz de proporcionar ese agua. Sin mayor problema”.

Apunta, Sánchez, eso sí, que lo óptimo sería “disponer de un sistema separado para los usos que no requieran de agua potable. Al lado pasa el canal bajo del río Alberche, con cantidades todavía significativas de agua, aunque sea de riego”.

Otra cosa, dice, es el consumo de agua per se. “Te puede gustar o no, pero por ley desde los años 80, la cuenca del Tajo es excedentaria y por lo tanto cualquier elemento productivo que se instale en la cuenca de este río, sean 2.000 hectáreas de regadío o crecimientos urbanísticos, tienen derecho a tener agua. La que se va fuera a través del trasvase es excedentaria pero también puede usarse en la propia cuenca del Tajo”.

En este aspecto pone un ejemplo. “Si mañana en Aranjuez se abre una planta de papel que necesita 100 hm3, el agua será prioritaria dentro de la propia cuenca, frente a las aguas excedentarias que son las que salen fuera”.

Según Miguel Ángel Sánchez, el volumen de agua que necesitará Meta no es relevante, “te guste o no te guste la empresa”, porque en esta zona “agua hay teniendo en cuenta que por el Tajo cada año pasan una media de 5.000 hm3. Otra cosa es en qué se quiera invertir ese agua disponible. Lo que necesitará el centro de datos es lo que se va por el trasvase Tajo–Segura en ocho o diez horas”.

Pone el foco también en el ámbito local. Según el Plan Hidrológico del Tajo recién aprobado el agua destinada a regadío en la vega de Talavera de la Reina se ha reducido en 15 hm3. “Eso supondrá crear más reservas para la Comunidad de Madrid”, comenta.

Insiste en que la cuestión está en elegir entre agua para regar o para otros usos. Reconoce que el proyecto no le convence por motivos personales –es conocido su activismo ecologista– pero dice que “objetivamente no hay excusa medioambiental o relacionada con el agua para que este proyecto no se instale”.

Mientras, en el Ejecutivo regional no ocultan su euforia. Tanto el presidente, Emiliano García-Page, como la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han asegurado esta semana que la publicación en el DOCM supone “el último proceso administrativo” en la tramitación del Proyecto de Singular Interés (PSI). De hecho, han adelantado que su aprobación definitiva, una vez superado este último trámite, la abordará el Ejecutivo autonómico “en las próximas semanas”. 

Es una “amenaza pionera” en España. Esta una de las conclusiones a la que las organizaciones ambientales y ecologistas han llegado sobre la polémica reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que permitirá cortar vías pecuarias y caminos públicos para que se practique la actividad cinegética. Esta medida, aprobada “de tapadillo” en la denominada 'Ley de Acompañamiento' de los Presupuestos regionales, todavía tiene que desarrollarse en un futuro reglamento y debatirse en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Pero su controversia no ha cesado desde hace dos meses. Los ambientalistas y ecologistas quieren pararla y estudian llevarla a los tribunales.

El argumento principal que defienden los contrarios a esta medida es que esta reforma otorga derechos cinegéticos a los cazadores, a titulares privados de cotos, frente a un bien público como son los caminos y frente a derechos constitucionales como el libre tránsito de la ciudadanía.

Así lo van a detallar Ecologistas en Acción y WWF en las IX Jornadas de Vías Pecuarias, Caminos Públicos y Ganadería Extensiva que se celebran este sábado en Maranchón (Guadalajara). Parten del hecho de que el deber de las administraciones es respetar los caminos públicos, de titularidad municipal, y las vías pecuarias, de titutlaridad autonómica.

No aceptan que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya defendido esta reforma amparándose en la seguridad de la ciudadanía, como explicó la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una entrevista con elDiarioclm.es. Principalmente, porque si así fuera no se hubiera incluido “de tapadillo”. “Eso ya significaba algo: cuando intentas encubrir es que no quieres darle publicidad porque algún problema puede haber”, indica a este periódico Juan Carlos Tomás, coordinador de las jornadas.

Atenta directamente contra un derecho fundamental y al mismo tiempo otorga derechos cinegéticos a unos titulares privados

Juan Carlos Tomás — Ecologistas en Acción de Guadalajara

“Las excusas son bochornosas y engañosas. Se trata siempre de fomentar la caza y esta región es pionera en coartar. Primero se ampararon en el control de poblaciones de animales, después defendieron la seguridad del propio cazador y ahora hablan de la seguridad de los viandantes. Pero esto último es un claro engaño, porque esa seguridad ya está garantizada con la prioridad del viandante sobre los cazadores, incluso con distancias de seguridad”, argumenta.

Para el también miembro de Ecologistas en Acción, el frontal rechazo de las organizaciones ambientalistas parte de que la reforma no solo supone cortar caminos y prohibir el paso. “Es que atenta directamente contra un derecho fundamental y al mismo tiempo otorga derechos cinegéticos a unos titulares privados, lo de los cotos de caza. Esto es muy importante. Nunca se ha otorgado un derecho a titulares privados sobre dominios públicos y más para una explotación económica”.

Para Juan Carlos Tomás, esto supone la “transgresión de derechos constitucionales” y de normas básicas de las propias legislaciones de vías pecuarias y caminos públicos. “Estas vías son de titularidad de la ciudadanía, de uso público. ¿Por qué ahora se le da prioridad a la escopeta frente al uso del ciudadano de un bien público, frente a sus derechos constitucionales?”, se pregunta.

Es el motivo por el que estas organizaciones están estudiando la vía judicial. “A nivel de derechos constitucionales, estamos en el mayor rango”. Es decir, es posible que terminen recurriendo la reforma ante el Tribunal Constitucional. También acudirán al Defensor del Pueblo, porque aunque sus recomendaciones no son vinculantes, “suelen tenerse en cuenta”. En paralelo, ya se han dirigido a los ministerios implicados y siguen recabando apoyos para incrementar la “presión social”.

“Mucha gente lo rechaza. No hablamos únicamente de viandantes, senderistas o ciclistas. Hay también empresas y entidades privadas que están apoyándonos. Nos llenamos la boca con el tema de la despoblación, cuando todo el turismo activo que se está desarrollando se basa en la utilización de estos caminos públicos. Hay empresas que viven de ello y que se echan las manos a la cabeza. Es una hipocresía dedicar inversiones a fijar población cuando luego atentamos contra eso. Lo único que lo explica es el poder del lobby cinegético, de una minoría que se impone a una mayoría”,

Hay comunidades autónomas como Extremadura en las que está regulada la posibilidad de cortes temporales de este tipo de vías, con permiso especial de la administración, pero, según Juan Carlos Tomás, es la primera vez que se otorga un derecho cinegético a un titular privado sobre un uso público. “Somos, desgraciadamente, pioneros en coartar”.

Uno de los temas que se abordarán en las jornadas y que preocupan especialmente a las organizaciones ambientalistas es la “desprotección” de los caminos públicos. Según la ley, deberían estar inventariados y registrados en cada ayuntamiento, para otorgarles legalidad cuando se producen cortes. Pero la gran mayoría no lo está.

“Las grandes fincas privadas tienen mayor poder judicial cuando se inician litigios mientras que la mayoría de ayuntamientos no disponen de esos recursos. Esto sucede porque no se cumple la obligación del inventario. Propusimos una línea de ayudas para fomentar estos registros, pero no ha llegado a ningún sitio”.

Otras amenazas “clásicas” y el papel de las fotovoltaicas

En el evento de este sábado también van a analizarse “amenazas clásicas” de los caminos públicos y vías pecuarias, como son las “ocupaciones ilegales, las inclusiones en determinadas fincas y en zonas agrícolas, o su utilización ”vertederos escondidos“.

A todo ello se unen también los proyectos de instalaciones de energías renovables, en especial los fotovoltaicos, porque con ellos se cortan y se vallan estas vías.

“Hasta hace un tiempo las empresas intentaron la compra de caminos públicos mediante procesos de desafectación, convirtiéndolos en privados. Hemos conseguido que se haga retroceder en algunos de estos trazados, pero ahora la nueva moda es arrendar el camino público directamente. Se alquilan durante 30 años, se coarta el paso y cuando pasen tres décadas, ya nadie se acuerda de que por ahí había un camino. También estamos luchando contra ello”, concluye el coordinador de las jornadas.

En este acto colabora también la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) y la Asociación Micorriza. El objetivo es difundir “las graves amenazas que se ciernen sobre este patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos”. Intervendrán historiadores, representantes de la PICP, de Ecologistas en Acción, de WWF, ganaderos y apicultores locales. También se realizará un homenaje al histórico ecologista recientemente fallecido Suso Garzón.

El domingo se realizará una marcha apta para todos los públicos por el Camino Real de Aragón acompañando a un rebaño de ovejas, y al mediodía finalizarán las jornadas con migas de pastor para todos los asistentes.

Ya es el noveno año en que estas organizaciones reivindican y exigen a las administraciones que cumplan con sus deberes legítimos de protección, recuperación y mantenimiento de estos bienes públicos. Quieren, ante todo, que “puedan cumplir con su función de conexión entre los distintos pueblos de nuestra geografía”.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha y la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos Castilla-La Mancha, van a recurrir ante el Defensor del Pueblo y el Gobierno central la aprobación de una modificación de la Ley de Caza de esta comunidad autónoma que permite las actividades cinegéticas en vías pecuarias y caminos públicos.

Una vez que en el día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha esta medida, por lo que se otorgan “derechos de caza a titulares cinegéticos en vías públicas y pecuarias, caminos y senderos”, las organizaciones ambientales, deportivas, económicas y sociales que vienen movilizándose contra esta medida anuncian “acciones administrativas y legales para revertirla”.

“Dado que esta norma contraviene derechos fundamentales de la ciudadanía, como el de libre circulación, y normativa estatal básica, como la que regula las vías públicas y pecuarias, los caminos y los senderos públicos, se va a reclamar la intervención tanto al Defensor del Pueblo como de la Administración General del Estado a través de los Ministerios con competencias en materia de vías pecuarias y de vías y caminos públicos”, anuncian.

Las denuncias, que ya están en fase de borrador, estaban pendientes de la publicación de la modificación de la Ley de caza en el DOCM, acto a partir del cual se puede reclamar la intervención de estos organismos a nivel estatal en un proceso que puede terminar en el Tribunal Constitucional.

Hacia un “conflicto a mayores”

Las organizaciones denunciantes lamentan que el Gobierno y el PSOE de Castilla-La Mancha hayan hecho “caso omiso” a las propuestas de diálogo y concertación que se les han trasladado para evitar un “conflicto a mayores que en nada beneficia la imagen de esta comunidad autónoma y que perjudica a la mayor parte de quienes la habitan y la visitan”.

Asimismo critican las explicaciones dadas “a posteriori” para justificar la nueva norma, que tratan de desviar la atención sobre los verdaderos motivos que la justifican, “a la par que confundir y amedrentar a la ciudadanía sobre sus derechos de circulación y uso de zonas de dominio público en el medio rural”.

“Simplemente no es cierto que con esta norma se pretenda garantizar la seguridad de quienes no cazan y hacen uso pacífico de estas vías. Eso no estaba en la motivación del cambio normativo, y solo surge a partir de las masivas críticas recibidas. La verdad es que responde a una reiterada petición de los grandes cotos de caza incluida en el Pacto por la Caza de Castilla-La Mancha, cuyo fin es apropiarse del derecho de caza de terrenos que no les pertenecen y para asegurarse que ninguna mirada incómoda sea testigo de sus acciones”.

Según estos colectivos, la seguridad de terceros está ya garantizada legalmente por la normativa que regula las zonas de seguridad y la nueva norma lo que hace en realidad es “generar inseguridad jurídica sobre su aplicación y, por lo tanto, también mayor inseguridad sobre el terreno”.

“La forma en la que se ha tramitado el cambio normativo también acompañará los argumentos de las quejas y denuncias, ya que es un lamentable ejemplo de ausencia de transparencia y de participación. Cabe señalar al respecto que el Tribunal Constitucional ha estimado denuncias de casos similares a este”, concluyen.

Hace casi un mes que Ecologistas en Acción dio la voz de alarma sobre la aprobación “a escondidas” de una nueva medida del Gobierno de Castilla-La Mancha que permitiría cazar en vías pecuarias y caminos públicos. Tras hacerse público, esta organización y partidos políticos como Izquierda Unida iniciaron una campaña de iniciativas y protestas contra la nueva norma. Hoy se ha aprobado en el pleno de las Cortes regionales: se ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales de 2024, que ha recibido luz verde del pleno.

Concretamente, se modifica el artículo 18 de la Ley regional de Caza para otorgar a las personas titulares de aprovechamientos cinegéticos ejercer el derecho de caza en las vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizados y vías pecuarias, cuando estas atraviesen por el interior de un terreno cinegético.

Pero añade que este derecho se podrá ejercer únicamente durante las horas que dure la cacería y siempre que cuenten con la autorización de la persona titular de la infraestructura para cortar el acceso de personas y se encuentre debidamente señalizado, “garantizando el o la organizadora de la cacería que no hubiera peligro para personas, ganado, animales domésticos o especies de fauna silvestre no cinegética”.

Esta reforma de la Ley de Caza, a través de otra normativa, pero que deberá desarrollarse posteriormente en el Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha, es lo que ha provocado, en primer término, el malestar de Ecologistas en Acción, en cuanto a las formas. En cuanto al fondo, considera que con ello, a efectos prácticos, esta modificación de la normativa cinegética supone “dejar sin sentido” la “esencia” de las zonas de seguridad en el uso público de caminos y vías pecuarias

Un “perjuicio para el desarrollo rural”

“El cambio de esta normativa permitiría cortar sin previo aviso ni publicidad rutas por las que transitan personas y ganadería y que a día de hoy constituyen una importante infraestructura verde para actividades pecuarias, deporte, ocio y turismo en la naturaleza, con todo lo que ello conlleva de perjuicio para el desarrollo rural”, añade.

Supone por tanto un “lamentable ejemplo” como lo sucedido en la ruta del Chorro que encauza un número muy importante de visitas al Parque Nacional de Cabañeros, y en la que la disposición de los puestos de caza de una montería “suponía un riesgo para quienes accedían a ella”.

“Con la nueva normativa los titulares de la actividad de la caza podrían ser autorizados para cortar la ruta. Todo ello en línea con lo que el lobby cinegético viene pidiendo desde hace años para dar prioridad a la caza frente al uso público principalmente en las comarcas con más actividad de caza mayor y de cuarteles de caza comercial”.

El Gobierno de Emiliano García-Page niega este extremo. En una entrevista con elDiarioclm.es, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, explicó que tanto en la legislación estatal como en la de la comunidad autónoma hay un apartado específico relacionado con la seguridad de las personas cuando se lleva a cabo una cacería.

“Se establecen medidas de distancia para lograr que las personas que discurren por caminos y vías pecuarias tengan protección. Pero cuando hay una montería, puede suceder que los animales atraviesen estos caminos y aunque se dispare desde lejos, puede haber algún tiro en la zona por donde pase algún viandante”.

Esto, afirmó la consejera, “preocupa mucho” al Gobierno regional, por lo que ha decidido “blindar” esos caminos con “medidas muy estrictas” que se desarrollarán posteriormente y se incorporarán al Reglamento de Caza. Con ello también se reformaría la normativa regional.

Entre esas medidas concretas que contempla el Ejecutivo castellanomanchego se encuentra la posibilidad de informar al titular de ese camino público o de esa vía pecuaria de que se quiere cortar un tramo concreto y “se tendrá que dar una autorización específica con medidas de seguridad” como señalética o un seguro de responsabilidad civil y penal para ese trazado. 

Respecto al hecho de que esta medida no haya sido consultada con los miembros del Consejo de Medio Ambiente, Mercedes Gómez recuerda que las enmiendas no conllevan ese procedimiento, pero que sí será así cuando se realice el decreto de modificación del Reglamento de Caza.  

“Ahí se convocará el Consejo y se atenderán las demandas que se quieran proponer. Además, ahí es donde tenemos que definir cómo lo vamos a hacer y para qué”, ha precisado. Y ha concluido: “Son medidas de seguridad. No estoy dispuesta a que le pase nada a nadie porque no hayamos tomado todas las medidas de seguridad necesarias para poderlo evitar estando en nuestra mano”.

Marchas senderistas de protesta

A principios de marzo, más de 5.000 firmas apoyaron la campaña lanzada por varias organizaciones ecologistas para paralizar esta propuesta. Se entregaron en la sede del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha y en las Cortes regionales tras haber agotado “hasta el máximo” el diálogo con la Junta de Comunidades, como una “petición expresa” para la retirada de la enmienda para paralizar un procedimiento que, en su opinión, “coarta” el uso del espacio público.

Además, el próximo domingo, día 17 de marzo, está convocada la cuarta edición del Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos con el objetivo de denunciar, a través de la organización de marchas senderistas de protesta, el “grave ataque” que sufrirán estos espacios con la aprobación de esta medida.

Las organizaciones convocantes consideran que esta modificación de la legislación de caza “atenta contra el dominio público y contra los derechos más elementales de libre tránsito de la ciudadanía”. Alegan que no solo es “injusta y privatizadora”, sino que “violaría derechos y principios constitucionales al ir contra de normativa estatal básica y al derecho de libre circulación”.

Por todo ello, el 17 de marzo se han convocado marchas senderistas, a las que se invita a participar a toda la ciudadanía en un día reivindicativo pero también de disfrute. En Castilla-La Mancha hay convocadas siete marchas en cuatro provincias (en Higueruela en Albacete, en las Lagunas de Ruidera entre Albacete y Ciudad Real, en Solana del Pino y Piedrabuena en Ciudad Real, en Cifuentes en Guadalajara y en Ventas con Peña Aguilera y Torrijos en Toledo). Aquí pueden consultarse todas.

El próximo 17 de marzo se celebra la cuarta edición del Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos, que convocan conjuntamente la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Ecologistas en Acción.

El objetivo de este día es reivindicar, a través de la organización de marchas senderistas a lo largo y ancho de España, la importancia del patrimonio que representan las vías pecuarias y caminos públicos como red que vertebra el medio rural y facilita el libre acceso al ocio y deporte saludable en el medio natural, con beneficios sociales y económicos evidentes en todos los municipios.

Su protección y defensa “es una necesidad urgente”, afirma Ecologistas en Acción. Por ello, esta edición centra su mensaje en el “grave ataque” que están a punto de sufrir estas infraestructuras verdes de la mano de la iniciativa del gobierno y de los grupos políticos de las Cortes de Castilla-La Mancha de aprobar una enmienda a la legislación de caza que, “como reza literalmente el texto de la misma, permitiría otorgar derechos de caza a titulares cinegéticos en vías pecuarias, caminos públicos y senderos señalizados”.

Explican que este cambio normativo, que “obedece a una reiterada pretensión de las organizaciones cinegéticas”, va más allá de lo que pedían hasta ahora en esta y en otras comunidades autónomas: que se cortaran estas vías públicas durante las cacerías.

“Impide el libre ejercicio del acceso y el tránsito al medio rural y natural”

“Ahora se otorgaría el derecho de cazar en terrenos de dominio público donde la normativa básica no lo permite, lo que no solo implicaría el corte de vías rurales públicas, sino el ejercicio de un derecho privativo que impide el libre ejercicio del acceso y el tránsito al medio rural y natural. Ello provocaría, además, una gran incertidumbre y un riesgo para la seguridad de las personas que quieran transitar por estas vías para ir a sus fincas, trasladarse de un pueblo a otro, hacer deporte o simplemente pasear”

Las organizaciones convocantes consideran que esta modificación de la legislación de caza “atenta contra el dominio público y contra los derechos más elementales de libre tránsito de la ciudadanía”. Alegan que no solo es “injusta y privatizadora”, sino que “violaría derechos y principios constitucionales al ir contra de normativa estatal básica y al derecho de libre circulación”.

Por todo ello, el 17 de marzo se han convocado marchas senderistas, a las que se invita a participar a toda la ciudadanía en un día reivindicativo pero también de disfrute. En Castilla-La Mancha hay convocadas siete marchas en cuatro provincias (en Higueruela en Albacete, en las Lagunas de Ruidera entre Albacete y Ciudad Real, en Solana del Pino y Piedrabuena en Ciudad Real, en Cifuentes en Guadalajara y en Ventas con Peña Aguilera y Torrijos en Toledo). Aquí pueden consultarse todas.

Más de cinco mil firmas apoyan la campaña lanzada por varias organizaciones ecologistas para paralizar la enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2024 que “quiere permitir” la caza en caminos públicos y vías pecuarias de Castilla-La Mancha. La enmienda ha sido tachada de “injusta”, “dañina”, incluso “ilegal” o “inconstitucional” por Ecologistas en Acción.

Las firmas se han entregado este lunes en la sede del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha y en las Cortes regionales tras haber agotado “hasta el máximo” el diálogo con la Junta de Comunidades, como una “petición expresa” para la retirada de la enmienda para paralizar un procedimiento que, en su opinión, “coarta” el uso del espacio público.

“En esta enmienda se ha hurtado la participación pública, porque se ha incluido a última hora junto a otra que no tiene nada que ver”, resaltó Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha. La modificación de la Ley de Caza regional se ha incluido entre el paquete de enmiendas realizadas a la  Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2024, y señala que se podrá “conceder a la persona titular del aprovechamiento cinegético ejercer el derecho de caza en las vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizados y las vías pecuarias, cuando estas atraviesen por el interior de un terreno cinegético”.

“Consideramos que es ilegal, contraviene derechos constitucionales y supone una grave afección al uso público y al medio rural”, resaltaba Hernández en declaraciones previas al registro de las miles de firmas. “Hablamos de zonas que son de dominio y uso público, que no se pueden privatizar. Están hechas para el tránsito ganadero, en el caso de las vías pecuarias, y de personas, todo en actividades pacíficas”, recordó el portavoz.

"Esta enmienda se ha hurtado a la participación pública"

Miguel Ángel Hernández — Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha

“Pegar tiros en un terreno que es de todos”

“Tal como está redactado, no hay limitación al derecho de caza. Sí parece que [hay una limitación] horaria, pero no está bien especificado. En el fondo, da igual. Hablamos de cortar caminos en una situación que se podría resolver de otra manera”, afirmaba Hernández, quien lamentaba que se haya resuelto todo “a mayores”.

“Se da la opción no solo de cortar el camino, sino de cazar en él. De pegar tiros en un terreno que es de todos, y se le da un derecho privativo a un señor o señora de cazar. Y nos preguntamos por qué no podemos optar a ese derecho el resto de la ciudadanía”, reflexionaba.

Además, desde la organización de la campaña afirman que no se ha entregado “ninguna justificación” o “informe jurídico” que avale esta reforma, por parte de los diversos interlocutores con los que se han reunido, como el Grupo Parlamentario Socialista o la Consejería de Desarrollo Sostenible. Lamentan, de esta manera, la “ausencia de respuestas” al respecto, en una situación que “coarta un derecho común” de uso de la vía pública.

“El que se haga un ejercicio de caza en estos espacios, impide su uso para el resto de la ciudadanía”, afirmó igualmente. Junto a Ecologistas en Acción, han participado en la campaña diversas organizaciones como la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos de Castilla-La Mancha o la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Castilla-La Mancha.

Estos colectivos aseguran entender que pueda haber demandas de sectores como el cinegético, pero que en este caso se ha tomado una decisión en “clara contravención” a “muchas normativas”. Incluso, advierten, puede llegar a un grado de “inconstitucionalidad si la norma se aprueba”.

La Junta aclara de que se trata de “blindar” los caminos

En una entrevista con elDiarioclm.es, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha negado las acusaciones de estos colectivos. Ha explicado que tanto en la legislación estatal como en la de la comunidad autónoma hay un apartado específico relacionado con la seguridad de las personas cuando se lleva a cabo una cacería.

“Se establecen medidas de distancia para lograr que las personas que discurren por caminos y vías pecuarias tengan protección. Pero cuando hay una montería, puede suceder que los animales atraviesen estos caminos y aunque se dispare desde lejos, puede haber algún tiro en la zona por donde pase algún viandante”.

Esto, afirma la consejera, “preocupa mucho” al Gobierno regional, por lo que ha decidido “blindar” esos caminos con “medidas muy estrictas” que se desarrollarán posteriormente y se incorporarán al Reglamento de Caza. Con ello también se reformaría la normativa regional.

Entre esas medidas concretas que contempla el Ejecutivo castellanomanchego se encuentra la posibilidad de informar al titular de ese camino público o de esa vía pecuaria de que se quiere cortar un tramo concreto y “se tendrá que dar una autorización específica con medidas de seguridad” como señalética o un seguro de responsabilidad civil y penal para ese trazado. 

¿Por qué no hubo consulta al Consejo de Medio Ambiente?

Respecto al hecho de que esta medida no haya sido consultada con los miembros del Consejo de Medio Ambiente, Mercedes Gómez recuerda que las enmiendas no conllevan ese procedimiento, pero que sí será así cuando se realice el decreto de modificación del Reglamento de Caza.  

“Ahí se convocará el Consejo y se atenderán las demandas que se quieran proponer. Además, ahí es donde tenemos que definir cómo lo vamos a hacer y para qué”, ha precisado. Y ha concluido: “Son medidas de seguridad. No estoy dispuesta a que le pase nada a nadie porque no hayamos tomado todas las medidas de seguridad necesarias para poderlo evitar estando en nuestra mano”.

Medidas tras la aprobación de la enmienda

La campaña en contra de la medida no cesará, incluso tras la previsible aprobación de la reforma. Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción, ha asegurado que se pueden seguir “varios pasos”, como informar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o acudir al Defensor del Pueblo para informar de que se “trasgredirán” derechos ciudadanos.

“No nos vamos a parar aquí”, resaltó, apuntando a que son muchas las organizaciones que están contra esta medida. “Más allá de tener razón en el punto de vista legal, es importante la reivindicación social. El apoyo va a ser cada vez mayor”, afirmó Hernández. “Cualquiera que lea el texto verá que no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó.

Óscar Lancha, de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Castilla-La Mancha, afirma que no es que estén “en contra de la caza”. “No sabemos cómo va a funcionar. ¿Cómo planificamos un calendario de actividades en el medio natural si organizamos una actividad con 200 personas que quieran hacer senderismo y llegan los cazadores que podrán hacer el uso de la ley y cortan el camino? ¿Qué previsión podemos hacer?”, se pregunta. Para Lancha lo “clave” sería retirar la palabra “cazar” de la enmienda. “No entendemos que se pueda cazar dentro del camino”, concluye.

Desde la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos de Castilla-La Mancha, Mariano Gómez afirma que la medida supondrá una “merma importante en los derechos de todos los que queremos acceder a estos espacios públicos”. “Va a crear mucha inseguridad. El sentido común dice que en una vía de uso público, el paso debe estar libre y si ahora los cazadores se van a ver apoyados y respaldados por la norma, tememos que usen este espacio para lo que no es y que se creen conflictos”, concluye.

Izquierda Unida se ha hecho eco de la enmienda proyecto de Ley de Medidas Administrativas para modificar la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y permitir el ejercicio de la caza en las vías pecuarias, caminos públicos y senderos señalizados. Acusa al PSOE regional de haberla promovida en “connivencia con PP y Vox”.

De ahí que la federación de izquierdas, a través de mociones, vaya a llevar a los ayuntamientos de la región el debate sobre el uso privativo y privilegiado de los caminos públicos de la región “que el PSOE quiere regalar al lobby de la caza, a través de una reforma de la Ley de Caza.

IU ha alertado de que, de esta forma, se autorizará el uso “privativo y privilegiado de una actividad”, como es la caza, en estos espacios, donde hasta ahora estaban declaradas zonas de seguridad y estaba prohibida “por evidentes razones de seguridad al estar presente el uso de armas de fuego”.

Destaca que este hecho supone una “agresión directa” a las zonas rurales y a su desarrollo, ya que estas vías son utilizadas por agricultores y ganaderos para actividades agropecuarias, deporte, ocio y turismo de naturaleza. De llegar a prosperar la enmienda, los titulares de la actividad de la caza estarían autorizados para cortar dichas vías, lo que supone “una clara concesión del PSOE castellanomanchego al lobby de la caza”.

Page “se pliega los caprichos del sector más reaccionario”

“Emiliano García Page, una vez más, se pliega a los caprichos del sector más conservador y reaccionario de Castilla-La Mancha, anteponiendo los intereses del lobby cinegético a la seguridad de los usuarios de estas vías y poniendo en evidente peligro otras actividades económicamente importantes, como el turismo rural ligado al senderismo y al cicloturismo y la seguridad de miles de personas que tan solo quieren usarla como ocio”, han criticado desde IU.

“Ante la insensibilidad demostrada por el Gobierno regional, y el secretismo con el que se ha tramitado en las Cortes regionales, IU Castilla-La Mancha va a llevar el debate a los plenos municipales, donde esperan una mayor receptividad hacia la seguridad de sus vecinos y vecinas y de los visitantes que reciben para hacer uso de sus caminos públicos”, han añadido.

También ha pedido a Pablo Bellido, presidente de las Cortes regionales, que abra el debate a la sociedad y renuncie a este tipo de “acuerdos de mesa camilla”, que cada vez son más frecuentes en nuestra región, y abra un periodo de alegaciones y exposición pública que permita a la sociedad castellano manchega opinar sobre la conveniencia de la medida“.

Igualmente, la organización de izquierdas ha firmado el manifiesto promovido por Ecologistas en Acción, la Federación de Deporte de Montaña y PICP Castilla-La Mancha para paralizar la norma que permitiría cazar en caminos públicos y vías pecuarias de Castilla-La Mancha, y ha pedido a su militancia y a la ciudadanía en general que apoye la iniciativa.

El Gobierno de Castilla-La Mancha promueve “a escondidas” una norma para permitir cazar en caminos públicos y vías pecuarias. Lo ha denunciado Ecologistas en Acción, quien señala que el Ejecutivo regional está tramitando esta iniciativa como enmienda en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024. Con ello, alegan, “impide la participación y trata de ocultar del conocimiento público las cessiones al lobby cinegético”.

Concretamente, esta organización detalla que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha va realizar con esta enmienda un “cambio sustancial” de la Ley de Caza que tiene como finalidad el permitir la práctica de esta actividad en los caminos públicos, senderos y vías pecuarias, hasta ahora espacios declarados zonas de seguridad y en los que por lo tanto no se puede cazar.

La forma de llevar a cabo este cambio normativo es un “lamentable ejemplo de ausencia de transparencia y de participación”, ya que en lugar de seguir los procedimientos habituales y reglados para modificar la ley, se ha previsto que esta se cambie en el trámite de la Ley de Medidas Administrativas y de creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha iniciado en la Cortes regionales el pasado 6 de febrero.

El Grupo Parlamentario Socialista plantea una enmienda al borrador de Ley de Medidas Administrativas a través de la cual se modifica la Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha incorporando un nuevo apartado c) en el artículo 50 dedicado a las zonas seguridad.

Este nuevo apartado habilita a la Consejería de Desarrollo Sostenible a “conceder a la persona titular del aprovechamiento cinegético ejercer el derecho de caza en las vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizados y las vías pecuarias, cuando estas atraviesen por el interior de un terreno cinegético”.

“Durante las horas que dure la cacería”

Establece que únicamente podrá realizarse esta práctica “durante las horas que dure la cacería y siempre que cuenten con la autorización de la persona titular de la infraestructura para cortar el acceso de personas y se encuentre debidamente señalizado”. También establece la condición de que se garantice que no haya “peligro para personas, ganado, animales domésticos o especies de fauna silvestre no cinegética”.

Para Ecologistas en Acción, a efectos prácticos, esta modificación de la normativa cinegética supone “dejar sin sentido” por la vía de la autorización de las Direcciones Provinciales la “esencia” de las zonas de seguridad, cuya incorporación a la Ley de Caza responde a la necesidad de preservar la seguridad de las personas y de garantizar el uso público y la conservación de espacios públicos como son los caminos y las vías pecuarias.

“El cambio de esta normativa permitiría cortar sin previo aviso ni publicidad rutas por las que transitan personas y ganadería y que a día de hoy constituyen una importante infraestructura verde para actividades pecuarias, deporte, ocio y turismo en la naturaleza, con todo lo que ello conlleva de perjuicio para el desarrollo rural”, añade.

Supone por tanto un “lamentable ejemplo” como lo sucedido en la ruta del Chorro que encauza un número muy importante de visitas al Parque Nacional de Cabañeros, y en la que la disposición de los puestos de caza de una montería “suponía un riesgo para quienes accedían a ella”.

“Con la nueva normativa los titulares de la actividad de la caza podrían ser autorizados para cortar la ruta. Todo ello en línea con lo que el lobby cinegético viene pidiendo desde hace años para dar prioridad a la caza frente al uso público principalmente en las comarcas con más actividad de caza mayor y de cuarteles de caza comercial”.

Ecologistas en Acción ha comenzado ya los contactos con otras organizaciones y entidades que se puedan sentir afectadas por este cambio normativo para intentar pararlo. Asimismo se ha dirigido al Grupo Parlamentario Socialista para solicitar una reunión urgente para que retiren la enmienda o para que, cuando menos, “la tramiten a través de una vía que permita la participación pública de todos los sectores interesados”.

La Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha resuelto retrasar seis meses el procedimiento de deslinde de la vía pecuaria Vereda de Salteras a su paso por el término municipal de Guillena atendiendo a las alegaciones de los agentes sociales.

La propuesta de deslinde que realizó el Gobierno andaluz suponía dejar tres cuartas partes del trazado de la Vereda de Salteras en manos privadas, e incluía un error: la modificación del trazado original para superponerlo al emplazamiento de la antigua línea del ferrocarril de Minas de Cala a San Juan de Aznalfarache, donde la Junta de Andalucía no tiene competencias, ni la titularidad de los terrenos.

En una resolución fechada el pasado 22 de septiembre, la Consejería ha dispuesto frenar la propuesta de deslinde que realizó la Delegación Territorial en Sevilla “vistas las alegaciones presentadas durante el trámite de exposición y audiencia pública”.

El Gobierno andaluz sostiene que “resulta necesario realizar modificaciones sustanciales respecto al trazado inicialmente propuesto” para habilitar “la opción de alegar sobre la base de un deslinde cierto”.

Sobre una parcela del Estado

Agentes sociales diversos que van desde clubes deportivos o asociaciones locales, aunados en la asociación caminera Asedeca -integrada en la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos en Andalucía, la asociación Andalus para la supervivencia de la Naturaleza y el Medio Ambiente, o Ecologistas en Acción- alegaron el proceso de deslinde propuesto para la Vereda de Salteras tras detectar irregularidades y errores que debían enmendarse.

Así, las entidades expusieron que si prosperaba la propuesta de la Junta de Andalucía se acometería una reducción de hasta el 73% de los terrenos que históricamente ocupa la vía pecuaria Vereda de Salteras, así como la modificación de su trazado para llevarlo a 200 metros del original y superponerlo al del antiguo tren minero de Cala. Una parcela, la del ferrocarril, que es de titularidad del Estado, y que el deslinde había obviado, pese a suponer una modificación de trazado no informada.

Vías pecuarias, vías de dominio público

La propia administración expuso que el trazado intervenido se encontraba en un 70% usurpado. En las alegaciones, las organizaciones expusieron que la medida favorecía “a los intereses de las fincas usurpadoras de las vías pecuarias, que son bienes de dominio público inalienables, imprescriptibles e inembargables conforme a la Constitución Española”.

Al mismo tiempo, reclamaron que la reducción del trazado se proponía sin considerar los usos ligados a las vías pecuarias: para el tránsito ganadero y agrícola, turístico-recreativo, y también como enlace de espacios protegidos generadores de biodiversidad y corredores de fauna y flora salvaje entre el Guadiamar y Doñana. Por ello, defendieron que se preserven los terrenos de dominio público y se ponga fin a las usurpaciones de terceros, devolviéndoles la función que legalmente tiene encomendada la vía pecuaria Vereda de Salteras en su integridad.

Ahora, en la respuesta a estas alegaciones firmada por Juan Ramón Pérez Valenzuela, director general de Política Forestal y Biodiversidad, pasa en primera instancia por la ampliación en seis meses del plazo fijado para dictar una resolución respecto al deslinde de esta vía pecuaria en virtud del artículo 21.4 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

La Consejería ha informado también a los colectivos que alegaron que en este plazo se podrá “rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos”, así como “ordenar la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido”.

Con todo, la administración andaluza ha resuelto retrotraer el procedimiento de deslinde al acto de operaciones materiales en los tramos sobre los que pretendía intervenir para atender a las alegaciones formuladas en el trámite de exposición pública.