El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado este sábado al PP de “gestionar la inercia” durante 40 años. “Nos dicen que la despoblación, la situación de la Sanidad o la Educación es irreversible, a los jóvenes que no hay más salida que salir de su tierra. Hay que decirles que hasta aquí”, ha reclamado en el acto central de campaña, celebrado este sábado en Soria, en un mitin en el que había unas 900 personas, según el partido. El alcalde de Soria ha defendido que el PSOE está “preparado” frente a un candidato del PP -que también estaba en Soria- “indolente” que plantea “más de lo mismo”.

Martínez ha desconfiado de las últimas encuestas y ha confiado en poder ganar el 15 de marzo para empezar a gobernar a partir del 16 de marzo. “No nos han aturdido con encuestas hasta que no se han visto con el agua al cuello. Porque las que estaban dando... estábamos ahí. Y nosotros siempre somos de última hora, apretamos. Y ahora empiezan a bombardearnos con encuestas que les dan algo mejor (PP) en las que pronostican una debacle del PSOE, quedándose igual que hace cuatro años. Las derechas se dividen para ganar. No creo que suba tanto Vox y no baje nada el PP. Es imposible”, ha aseverado.

El socialista ha reconocido que el PSOE asume el territorio de Castilla y León “como un todo, sin exclusiones”, donde las capitales de provincia “busquen la complementariedad en las comarcas”. “No se trata de competir lo pequeño contra lo grande, lo rural contra lo urbano, sino que existe margen de banda ancha de complementariedad para desarrollar que las grandes bolsas de exclusión en el centro de Madrid se resuelven generando oportunidades en los territorios”, ha defendido Martínez, quien ha ensalzado su trabajo al frente del Ayuntamiento de Soria desde 2007.

40 años de modelo “equivocado”

El todavía alcalde de Soria ha pedido a los ciudadanos que depositen su confianza en el PSOE porque pretende “dar un vuelco definitivo” a la Junta de Castilla y León tras 40 años de un modelo “equivocado” para la comunidad que ha derivado en una desigualdad territorial y en una “realidad difícil” que ha sido “invisible” a escala nacional y europea. Martínez se ha fijado el reto de “entender” a una sociedad “envejecida, dispersa” en sus 2.248 municipios, pero con un importante patrimonio natural, histórico y una biodiversidad.

También ha rechazado que se dé “lecciones” al PSOE aquellos que “se atribuyen la defensa íntegra de las provincias”: “El PSOE es el partido más leonesista, sorianista, abulense, segoviano, zamorano, palentino... Porque somos el partido que entiende a la gente y la única alternativa”, ha reivindicado el secretario general del PSCyL, que se presenta en Soria, provincia en la que en 2022 ganó el partido Soria Ya.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aludido a las normas que quisieron impulsar Vox y el PP cuando gobernaron juntos entre 2022 y 2024 como el latido fetal para aquellas mujeres que quisieran abortar o la Ley de Concordia -que no llegó a aprobarse en Castilla y León- o la estrategia de Vox en el Diálogo Social. Sánchez ha defendido que haya “más gobiernos progresistas” en los Ayuntamientos y gobiernos autonómicos para ejercer de contrapeso. “Hay que votar al PSOE y Carlos Martínez tiene que ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León. A votar el 15 de marzo y a gobernar Castilla y León el 16”, ha jaleado.

“Pacto por el futuro”

Carlos Martínez también ha defendido un “pacto por el futuro” que “se asienta en personas, el planeta y la democracia con dos transversalidades: la paz y el feminismo”. El socialista ha sostenido que esta paz implica “buscar la igualdad, estar al lado de los más vulnerables y apoyar a los que se sienten olvidados”. “Cuando gritamos 'No a la guerra', gritamos 'Sí a la paz', desde la acción política y diplomacia. El 'Sí a la paz' es mucho más fuerte que el 'No a la guerra'”, ha zanjado.

La presidenta del PSOE de Castilla y León y ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que la comunidad “necesita futuro” por “higiene democrática” tras “tanto pasado de 40 años de franquismo seguidos de 40 años de PP” que han derivado en una Castilla y León “decadente, decepcionada y chamuscada por los incendios que nos avergüenzan”, que sufre una despoblación que ha afectado especialmente a las mujeres. Un día antes del 8M, Ana Redondo ha reprochado que las mujeres hayan sido una “moneda de cambio” para el gobierno PP y Vox, que querían “amedrentar y hostigar” a las mujeres que quisieran ejercer su derecho al aborto y con una Ley de violencia de género “que lleva años en el cajón de la vergüenza”, o sin una Ley LGTBI. “Nos quieren borrar del mapa, dejarnos en el ámbito de las casas. El pasado no puede avanzar sobre nosotras. No necesitamos tutelas ni tutías”, ha reclamado.

El Ministerio de Igualdad ha impuesto una multa de 25.000 a Vodafone por la caída que el sistema sufrió el pasado 11 de noviembre. Así lo ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes del Ministerio, que insisten que en “ninguna tecnología es infalible” y añaden que “el sistema funciona con normalidad, gracias también a la implicación de la empresa en la prestación del mejor servicio posible”.

El sistema que monitoriza las pulseras de control de maltratadores (Cometa) sufrió un fallo que provocó que los dispositivos dejaran de funcionar correctamente durante varias horas. El Ministerio de Igualdad afirmó entonces que, en cuanto tuvo constancia de la incidencia, las víctimas fueron contactadas para alertarles del fallo del sistema, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la protección de las mujeres. El botón del pánico –que hace saltar una alarma prioritaria– del que disponen las víctimas siguió activo en todo momento, también la posibilidad de hacer o recibir llamadas así como las alertas por proximidad.

Igualdad afirma que “tras la apertura del expediente por las incidencias detectadas en el sistema Cometa durante unas horas el pasado 11 de noviembre, se ha impuesto a la empresa responsable del servicio una penalidad por importe de 25.285 euros”. “Se hará efectiva mediante deducción de cantidades”, esto es, restando dinero de los pagos periódicos que tiene que recibir Vodafone por la prestación del servicio.

El pasado septiembre, el funcionamiento de las pulseras provocó un terremoto político que llevó a la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso. Todo comenzó con un párrafo en la última memoria de la Fiscalía: el Ministerio Público aseguraba que un error técnico durante el trasvase de datos a la nueva empresa adjudicataria del servicio Cometa (una UTE formada por Vodafone y Securitas) hizo que, durante meses, se perdieran los datos anteriores a marzo de 2024. Eso, proseguían, había provocado una “gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos. Se trataba de casos en los que se acusaba al agresor de haber quebrantado una orden de alejamiento, no de los procedimientos por violencia de género en sí.

Tras el revuelo, la Fiscalía aclaraba que el fallo había sido puntual y que “la mayoría” de los procesos fueron reabiertos y “resueltos posteriormente” una vez se recuperaron los datos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también insistía en que los problemas “fueron contados” y los cifraba en el 1% de los casos, aunque el Poder Judicial no ofreció datos concretos. Ocurrió a raíz del cambio de empresa adjudicataria del servicio, que pasó de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas Seguridad España en octubre de 2023, aunque en la práctica fue a principios de 2024 cuando el nuevo sistema comenzó a funcionar y, según las trabajadoras, a “dar fallos”.

En la entrevista de este viernes con elDiario.es, Redondo insiste en que “hubo un problema tecnológico, pero esos fallos nunca supusieron absoluciones, como se dijo”. “Hemos pedido la información de esas supuestas sentencias absolutorias al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía y no ha habido respuesta”, añade.

Ana Redondo (Valladolid, 1966) afronta el 8M con la vista puesta en las prioridades legislativas del Ministerio de Igualdad este año. La lista de pendientes pasa por la Ley de Violencia Vicaria, que el Gobierno esperaba aprobar esta semana, a las puertas del Día Internacional de las Mujeres. Sin embargo, los disensos entre ministerios han alargado un proceso que parece que está a punto de culminar con una nueva forma de incluir el delito en el Código Penal, que según asegura Redondo, será un agravante de género, solo aplicable a mujeres víctimas. “Nuestra intención es sacarla cuanto antes, pero necesitamos que sea intachable para que sea eficaz”, apunta.

La prostitución se erige como otra de las grandes banderas del departamento que dirige, que entre otras cosas busca vetar a las asociaciones no abolicionistas de las ayudas de lucha contra la trata y contra la violencia machista. “No vamos a caer en la incoherencia de subvencionar a quienes no condenan una violencia que denigra”, justifica frente a las críticas de entidades que han amenazado con llevar a los tribunales la medida. Con el mensaje del “no a la guerra” de Pedro Sánchez frente al conflicto de Irán de fondo, Redondo participará este domingo en la manifestación de Valladolid, en un 8M que, asegura, “tiene este año un valor simbólico” porque “el feminismo es pacifismo”.

Diez mujeres han sido asesinadas por violencia machista en lo que va de 2026, la cifra más alta de los últimos cinco años. ¿Qué sigue fallando? 

Es la pregunta que nos hacemos todos los días. Estamos analizando caso a caso. Por un lado, hay una falta de denuncia. Ante el mantra de la extrema derecha de las denuncias falsas, hay que decir que, al contrario, el problema es la infradenuncia. Pero, además, cuando sí se denuncia, a veces falla la coordinación del sistema. También nos encontramos en ocasiones con fórmulas de protección que no son lo suficientemente eficaces y tenemos que ser más escrupulosos en la valoración del riesgo.

Sé que los juzgados van a hacer un esfuerzo extra en calibrar la situación de esa mujer. Esto lo digo porque muchas veces el agresor es un buen vecino, un buen trabajador o un buen amigo, pero es un maltratador y un maltratador no es buen nada aunque a veces busque cómplices con esa apariencia de buen hombre. Con todo, 2025 fue el año con menos casos de la serie histórica. El sistema es mejorable, pero funciona.

A raíz de los fallos detectados en las pulseras de control a hombres acusados de maltrato, este Ministerio anunció una auditoría para evaluar posibles responsabilidades. ¿Cuál ha sido el resultado?

Aún no ha concluido. Es muy compleja porque hablamos de 30 millones de geolocalizaciones y un número elevadísimo de documentos que hay que analizar, pero sí se ha detectado algún fallo en el periodo transitorio entre empresas. Es un primer avance que nos permite mejorar el próximo contrato. El hecho de que no fuera una plataforma oficial del Ministerio fue un hándicap porque la que manejaba la anterior adjudicataria [Telefónica], que lo había sido desde que arrancó el sistema, no era compatible al 100% con los mecanismos de volcado de datos de la nueva [La UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad]. Ahí hubo un problema tecnológico, pero esos fallos nunca supusieron absoluciones, como se dijo. Hemos pedido la información de esas supuestas sentencias absolutorias al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía y no ha habido respuesta.

Se va a imponer una sanción económica a la empresa adjudicataria [Vodafone] por el fallo tecnológico de las pulseras del pasado noviembre

¿De quién es la responsabilidad de esos errores que se han identificado?

La responsabilidad no sé si se puede focalizar en una empresa. Fue un problema de acoplamiento tecnológico entre la saliente y entrante. Eso no se va a poder producir en el futuro porque la plataforma ya es del ministerio, que es un gran avance. Indiscutiblemente, lo que sí hemos valorado es el fallo tecnológico que se produjo en noviembre y en este sentido se va a imponer una sanción a la empresa adjudicataria actual.

Se refiere a la incidencia en el servicio que lo mantuvo inactivo y obligó a activar el protocolo de protección de víctimas. ¿Puede dar más detalles? ¿Qué tipo de sanción va a ser?

Este Ministerio ha hecho una investigación y, de hecho, el mismo 11 de noviembre nos trasladamos in situ porque saltaron todas las alarmas. El resultado de esa investigación va a ser la imposición de una sanción económica que tiene que ver con una rebaja en los pagos trimestrales o semestrales que se hacen a la adjudicataria. Aún se está valorando. Aun así, no podemos poner en tela de juicio el sistema, que funciona y salva vidas a diario. En noviembre se activaron los mecanismos, se llamó a las víctimas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieron alerta. No voy a negar el fallo, pero no tuvo más consecuencias que poner en emergencia todo el sistema y reforzar la protección.

Estaba previsto que la Ley de Violencia Vicaria ya estuviera en torno a estas fechas aprobada en segunda vuelta en el Consejo de Ministros, pero por diferencias en el seno del Gobierno no ha ocurrido. ¿En qué punto está?

Hay una negociación permanente especialmente con Justicia e Infancia y Juventud. Hemos avanzado en perfeccionar el texto y nos hemos vuelto a reunir con asociaciones y expertas. Ahora mismo, fruto de algunas incorporaciones se va a volver a preguntar al CGPJ para que se pronuncie sobre la seguridad jurídica y la correcta técnica legislativa de determinadas disposiciones que no estaban en el texto inicial. Nuestra intención es sacar la ley cuanto antes, pero necesitamos que sea intachable para que sea eficaz.

Vamos a incorporar la perspectiva de género al delito de violencia vicaria en el Código Penal para que no quepa un delito abierto en el que puedan ser condenadas ellas o ellos.

Dos de los puntos polémicos eran la incorporación de un delito de violencia vicaria al Código Penal que las expertas alertaban de que podía ser usado contra las propias mujeres víctimas y la prohibición de los regímenes de visitas. ¿Los cambios tienen que ver con estos elementos?

Efectivamente, se producen cambios en el Código Penal. Lo que hacemos es incorporar la perspectiva de género al delito para que no quepa un delito abierto en el que puedan ser condenadas ellas o ellos. Va a ser un agravante de violencia vicaria con componente de género. La violencia vicaria afecta a las mujeres y es producto de la dominación machista. De esta forma, intentamos cerrar esta cuestión.

¿Eso quiere decir que solo en el caso de que las víctimas sean mujeres va a ser aplicado ese agravante?

Se tiene que interpretar en conexión con la definición del delito, que se corresponde con lo que acabo de decir. Esto es: un delito en el ámbito de la violencia machista, que afecta a las mujeres. El objetivo es hacerles daño a ellas a través de una persona interpuesta, generalmente los hijos e hijas. En este sentido, interpretado conjuntamente el Código Penal y la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, el resultado es ese.

El Ministerio va a exigir a las entidades que quieran acceder a las subvenciones de lucha contra la trata y prevención de la violencia machista que se declaren abolicionistas. Varias asociaciones han presentado alegaciones señalando que podría vulnerar varios principios. ¿Se han recabado informes jurídicos previos para tomar esta decisión?

Una reciente macroencuesta del CIS nos decía que la mayoría de la población, en torno al 70%, entiende que la prostitución es violencia hacia las mujeres y que afecta a sus derechos. No podemos subvencionar aquello que es claramente contrario a la dignidad de las mujeres desde un Ministerio como este. Es un cambio en línea con lo que venimos defendiendo, no vamos a caer en la incoherencia de subvencionar a quienes no condenan una violencia antigua y que denigra. Lo teníamos muy claro y ahora está confirmado sociológicamente por la encuesta.

Es este un debate todavía abierto en la sociedad, la política y el movimiento feminista. Puede darse el caso de entidades con amplia experiencia en la lucha contra la violencia de género que no se definan explícitamente como abolicionistas, quizá porque incluso no han tenido ese debate en su seno, y que sean excluidas.

No lo creo.

¿Cómo se va a asegurar que esto no ocurra? Hay asociaciones que no tienen experiencia en prostitución ni la mencionan en sus estatutos, pero sí hacen, por ejemplo, programas sobre violencia vicaria. ¿No teme que esta medida reduzca en última instancia los recursos disponibles para las propias víctimas?

Estoy segura de que tanto el Instituto de las Mujeres como la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género van a valorar cada uno de los proyectos. Se hará, lógicamente, en atención a las bases, pero se evaluarán en un sentido amplio, sabiendo cuál es su contenido y finalidad. Y tampoco son las únicas líneas de subvención. Aun así, todas las alegaciones presentadas se están estudiando.

Una de sus prioridades este curso político es una ley con la que, según ha afirmado, se pretende abolir la prostitución. En otras ocasiones que el Congreso ha visto un texto similar, no ha habido apoyos suficientes y el PSOE se ha quedado solo.

Hay una falta de mayoría amplia, pero espero que pueda ser debatida y finalmente aprobada. Estamos trabajando en paralelo con la Ley de Trata, que es una ley muy compleja que necesita además pasar por los filtros del Ministerio del Interior y Justicia, y la de abolición de la prostitución, que es un compromiso socialista. Más aún después del refuerzo de la encuesta del CIS. Lamentablemente, no hay consenso en torno a este tema en el Congreso, pero sí lo hay en la sociedad. El escollo es que el pacto de Estado contra la Violencia de Género avala la Ley de Trata, pero no así con la de prostitución.

Creo que es un porcentaje muy muy reducido el número de mujeres que libremente ejercen la prostitución y lo hacen generalmente por motivos económicos y de necesidad.

¿Prevé incluir en la ley multas a los clientes?

Sí. No se penaliza a las mujeres, pero sí se sancionaría a los proxenetas, las personas que se benefician de la prostitución ajena y también a los puteros.

Se refería antes al consenso social derivado de la encuesta del CIS, pero en este punto, el de las multas a los clientes, se concluye que solo una minoría de la población estaría de acuerdo con ello.

Es verdad. Muchas veces detrás del avance político viene el avance social y lo hemos visto a lo largo de los gobiernos progresistas. Recuerdo perfectamente que el mundo se iba a acabar con la prohibición del consumo de tabaco en bares y finalmente lo aplaudimos. Hay que avanzar en lo que es moral, ética y jurídicamente digno.

Hay voces, entre ellas de prostitutas o asociaciones que trabajan con ellas, que apuntan a que estas multas pueden tener efectos negativos para las propias mujeres y conllevar más clandestinidad y desprotección. ¿Han evaluado estos riesgos?

Hemos testado lo que ha ocurrido en Francia y Alemania, que tienen legislaciones diferentes. Hemos visto que en aquellos países en los que se regula crecen la prostitución y el proxenetismo. España, que ha demostrado que la igualdad es la columna vertebral de nuestra democracia, no puede ser ajeno al sufrimiento de las mujeres. La mayoría de las mujeres en situación de prostitución son mujeres tratadas, prácticamente privadas de todos sus derechos y cuya dignidad está apaleada desde el primer momento del día, que se las explota y se las reduce a trozos de carne. En este camino vamos a seguir trabajando porque es una cuestión de derechos humanos.

La afirmación de que la inmensa mayoría de prostitutas son víctimas de trata es cuestionada por algunos estudios e investigaciones. Hacer este tipo de asunciones ¿podría restar eficacia a las políticas de lucha contra la explotación sexual que sí es forzada?

Me he reunido con el sindicato de mujeres prostitutas y las he escuchado. Creo que es un porcentaje muy, muy reducido el número de mujeres que libremente ejercen la prostitución. No digo que no lo haya, pero es una minoría y lo hace generalmente por motivos económicos y de necesidad. Este gobierno gobierna para la mayoría y la mayoría de la población condena la prostitución como violencia de género y la mayoría de las mujeres en situación de prostitución son vejadas. Es algo que no podemos permitir como sociedad democrática avanzada.

Respecto a la encuesta del CIS, hay algunas investigadoras de diferentes universidades que han cuestionado estos días la “validez metodológica” de la investigación. ¿Ha podido ver estas críticas?

Yo sinceramente creo en la profesionalidad del CIS. No tengo nada que decir. El CIS es profesional y utiliza los criterios que considera. Hay que tener en cuenta que son más de 10.000 encuestas.

Después de que el Congreso rechazara la iniciativa de Vox para prohibir el burka, tanto Junts como el PP han presentado sus propuestas. Es un tema que, previsiblemente, volverá a debatirse en la cámara. ¿Cuál va a ser la posición del PSOE?

Huir de la simplificación y de la manipulación de la igualdad. Este no es un problema real en España. No deberíamos entrar en el marco conceptual de la extrema derecha, que utiliza a las mujeres para promover discursos xenófobos y racistas en contra de la democracia y en contra de la convivencia. La ultraderecha es negacionista de la igualdad, el feminismo y la violencia de género. Ahí no nos van a encontrar.

El debate debe darse de forma dialogada y sensata. El burka es una cárcel para las mujeres, pero lo que jamás haré será culparlas, señalarlas u hostigarlas. La cuestión fundamental es la libertad de las mujeres, habrá quienes decidan incorporar a su indumentaria determinados símbolos religiosos (la cruz lo es y muchas mujeres lo llevan con orgullo). Lo que tenemos que identificar es dónde termina la libertad y empieza la imposición de una cultura patriarcal machista. En todo caso, hay que ser muy respetuosos. Igual que el burka impide mirarnos a los ojos o identificarnos, otro tipo de símbolos o indumentarias pueden ser perfectamente reflejo de una libertad personal. Hace falta mucho diálogo, mucho respeto y mucha profundidad.

Para PP y Vox la educación afectivo sexual es ideológica, a pesar de que hablamos de formación en igualdad y respeto que, cuando no existe, lo que hay es una deformación afectivo sexual muy peligrosa.

El Gobierno ha centrado este 8M en la denuncia de discursos que promueven una vuelta a los estereotipos de género en redes sociales. ¿Qué hacer ante estas narrativas que a la izquierda le está costando tanto contrarrestar?

Nos encontramos con una realidad digital que es un continuo de la analógica, donde se campa sin controles y reglas. Tenemos que establecer la democracia también en este espacio, que es público y global, por lo que controlarlo con mecanismos propios de la soberanía nacional es más complicado. España ya está poniendo encima de la mesa este debate y medidas interesantes. Se ha aprobado recientemente la Carta de Derechos Digitales y estamos trabajando en una ley de protección de los menores frente a la pornografía en Internet, que es fundamental porque lamentablemente el porno está sustituyendo a la educación afectivo sexual.

Debemos incorporar también controles a la Inteligencia Artificial. No puede ser que nos encontremos a nuestras hijas e hijos desnudos en Internet porque una aplicación lo puede hacer. Por otro lado, la prohibición de que los menores de 16 año accedan a redes sociales es absolutamente necesaria. Estamos dando pasos importantes.

Se refería a la educación afectivo sexual, una asignatura pendiente que no acaba de ponerse en marcha. ¿Se ha abandonado este objetivo?

Estamos trabajando con el Ministerio de Educación en una guía de formación que permita al profesorado tener herramientas, pero hablamos de una competencia autonómica y para PP y Vox, la derecha extrema y la extrema derecha, esta educación es ideológica, a pesar de que hablamos de formación en igualdad y respeto. Me preocupa enormemente porque cuando no hay educación afectivo sexual, lo que hay es una deformación afectivo sexual muy peligrosa.

En ciudades como Madrid hay dos manifestaciones este 8M, como ha sido habitual en los últimos años. ¿A cuál irá?

Estaré en Valladolid, que es mi ciudad y donde siempre he acudido a la manifestación y que este año especialmente tiene un valor simbólico muy importante porque el feminismo es pacifismo. Nos estamos jugando la paz, la democracia y los valores esenciales sobre los que hemos construido las sociedades más desarrolladas de los últimos siglos. Con independencia de los acentos y las especifidades de cada protesta, más allá de que se compartan o no, hay algo muy superior, que es la defensa de las mujeres en la paz y la democracia.

En un marco de “violencia creciente” tanto en Internet como fuera. Es el principal diagnóstico que hace el Gobierno de cara al próximo 8M, Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el próximo domingo. Lo ha apuntado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado una declaración institucional y ha dado cuenta de un informe elaborado por su departamento en el que se evalúa lo que califica de “campaña orquestada” en el ámbito digital “contra los derechos de las mujeres”.

“Celebramos este 8M en un marco de violencia creciente”, ha empezado diciendo Redondo, que ha hecho referencia a conflictos como el de Irán, Afganistán, Gaza o Ucrania para pasar a describir el auge de discursos en redes sociales que “vulneran los principios básicos de nuestra democracia” y que ponen el foco en las mujeres. Con ello se ha referido a la llamada 'manosfera', las comundiades digitales de hombres habitualmente asociadas a la ultraderecha que promueven mensajes misóginos y ultraliberaes. “Todo esto está provocando un ascenso importante de movimientos autoritarios e ideologías reaccionarias”, ha añadido.

La ministra ha hablado de “efectos dramáticos e impactantes” de este fenómeno, tanto a nivel personal para las propias mujeres –desde la “autocensura al abandono de las redes o problemas psicológicos”– como a nivel general. “Este tipo de campañas y de violencia provocan una disminución del pluralismo en redes sociales y de la posibilidad de un debate abierto y respetuoso entre quienes piensan diferente”. Según ha cifrado, el 70% de las denuncias que llegan al canal prioritario para contenidos sensibles en Internet de la Agencia Española de Protección de Datos, se corresponde a “violencia digital contra las mujeres”.

Redondo ha explicado lo que en el informe presentado ante el resto de ministros se define como el modus operandi de esta narrativa en auge: por un lado, el auge de las campañas de desinformación y bulos que “plantean una realidad alternativa” en la que la realidad y la opinión “se confunden”. Por otro lado, lo que ha calificado de “violencia cultural” que se concreta en una “resignificación terminológica” en relación con las mujeres: “Las brujas del siglo XIV y XV son las 'charos'”, un término despectivo popularizado en entornos digitales para ridiculizar a mujeres de mediana edad feministas.

La ministra, que ha asegurado que se trata de un “ataque masivo y global”, ha apuntado también a una “violencia sexual explícita” que ha encuadrado en la “pornografía” y en la utilización de la Inteligencia Artificial para “despersonalizar y deshumanizar el cuerpo de las mujeres”. Además, ha señalado a la plataforma OnlyFans como espacios de “utilización de las mujeres” que, ha añadido, se están generalizando. Por último, se ha referido a la “romantización de roles tradicionales” y la recuperación de estereotipos presentes en conceptos como las mujeres y hombres “de alto valor”, que son habitualmente usados en entornos vinculados a la manosfera y que han centrado la campaña de Igualdad para este 8M, protagonizada por la actriz Ángela Molina.

El Gobierno ha informado, además, de que este martes el presidente Pedro Sánchez entregará a Gisèle Pelicot la Orden del Mérito Civil. La francesa, violada durante una década por su marido junto a decenas de hombres y convertida en un icono contra la violencia sexual, está de visita en España para presentar sus memorias, Un himno a la vida –Lumen–.

El 69% de los españoles se muestra bastante o muy de acuerdo con la afirmación de que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, un porcentaje que se eleva hasta el 75% cuando son las mujeres las que responden, según una encuesta impulsada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y que ha llevado a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio, elaborado a partir de 10.019 entrevistas a población de 16 años para conocer las percepciones sociales sobre prostitución y pornografía, apunta a que el 79% consdiera que la prostitución “pone en riesgo la dignidad de las personas” que se prostituyen y más del 75% asevera que la mayor parte de las mujeres son víctimas de explotación sexual.

Por otro lado, más de tres cuartas partes de la ciudadanía creen que la prostitución no es un trabajo “como otro cualquiera” y el 79,8% se opone la idea de que es “una forma de ejercer la libertad sexual”. Además, a un 63% le parecería mal que un hombre de su familia pagase por mantener relaciones sexuales, un rechazo que es más marcado entre las mujeres, situándose en el 71,1%. Del mismo modo, existe una clara oposición de las mujeres a mantener una relación de pareja con una persona que pague por mantener relaciones sexuales, con un 91,2% que afirman no tener ninguna disposición a ello.

Los resultados de la encuesta han sido presentados por el Ministerio de Igualdad este jueves por la ministra Ana Redondo, que ha asegurado que la ciudadanía “no entiende la prostitución como una actividad económica sino como una expresión de la desigualdad”. El ministerio, que tiene entre sus prioridades impulsar medidas abolicionistas de la prostitución, ha recalcado que las conclusiones del estudio “indica una orientación social afín a los planteamientos abolicionistas” que defiende la cartera.

La encuesta se ha dado a conocer en medio de la polémica por la intención del ministerio de vetar a las entidades no abolicionistas de la prostitución de las ayudas públicas para prevención de la violencia machista y lucha contra la trata. La idea de Igualdad es modificar los requisitos de acceso a las subvenciones para establecer que solo pueden presentarse las entidades que en sus estatutos o mediante experiencia acrediten que consideran la prostitución una forma de violencia machista. Más de medio centenar de asociaciones se oponen a la medida.

Qué hacer con la prostitución

La encuesta incluye una parte destinada a conocer la opinión de la población sobre qué hacer con la prostitución. En ese sentido, solo tres de cada diez encuestados creen que castigar a quienes pagan por la prostitución y a quienes se lucran por la prostitución ajena sería una medida eficaz y especifican que no se debe imponer castigo alguno a las mujeres. En cuanto al tipo de castigo, casi la mitad de quienes consideran que hay que imponerlo entienden que dicha conducta debería acarrear sanciones educativas y económicas. 

Además, también la mitad de la población estima que la medida más necesaria es el refuerzo de la educación en igualdad, la sexualidad y los derechos humanos desde la infancia. Sin embargo, el 32% apuesta por legalizar la prostitución como una actividad laboral más y la mayoría de la población, el 85,6%, estima que castigar a quienes se eriquezcan de la prostitución ajena “contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”.

Respecto a la pornografía, el 70% de los encuestados considera pagar por visualizar actos sexuales en plataformas en línea como una forma de prostitución y casi la totalidad (el 94%) opina que las plataformas digitales deberían tener la obligación de eliminar el contenido sexual no consentido que se publique en ellas. En esa misma línea, el 71,6% asegura que la pornografía fomenta la violencia contra las mujeres, el 77 % que distorsiona la percepción de las relaciones sexuales y no debe considerarse una forma de entretenimiento, y el 85,2% no la ve como una forma saludable de explorar la propia sexualidad.

Más de 50 organizaciones se han unido para denunciar el cambio que el Ministerio de Igualdad quiere aprobar para vetar a las entidades que no se declaren abolicionistas de la prostitución de dos de las subvenciones públicas que concede periódicamente. Los colectivos han presentado alegaciones a la consulta pública que el departamento dirigido por Ana Redondo abrió para explicar las modificaciones de las bases y advierten de que, si el ministerio no da marcha atrás, tomará “las acciones legales oportunas” contra la decisión. Las objeciones han sido suscritas por 54 entidades.

Las ayudas afectadas son las que Igualdad otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo de víctimas de trata. A través de dos órdenes ministeriales, el ministerio pretende modificar sus bases reguladoras para reclamar a las asociaciones que, si quieren concurrir, deben reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres” o bien en sus estatutos o acreditando experiencia previa. Un cambio que los colectivos que han impulsado las alegaciones califican de “inconstitucional” y consideran “contrario” al principio de igualdad, de neutralidad ideológica y pluralismo democrático.

“Esta exigencia supone imponer una posición ideológica concreta como requisito para acceder a fondos públicos y vulnera principios básicos que deben regir cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho”, ha apuntado Cumbre Sánchez, mediadora comunitaria del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), en una rueda de prensa convocada junto a otros colectivos para oponerse al cambio. Entre ellos hay organizaciones de trabajadoras sexuales como el sindicato OTRAS o AFEMTRAS, pero también entidades no abolicionistas como la Asamblea Feminista de Madrid, Acción en Red, Alianzas Rebeldes, La Laboratoria o Voces Feministas por los Derechos.

Las convocantes, apoyadas también por Amnistía Internacional, exigen al Ministerio de Igualdad que “elimine” las exigencias que pretende introducir en las ayudas públicas y garantice que “que los criterios de concesión sean exclusivamente técnicos, objetivos y no discriminatorios”. Los colectivos se reconocen “comprometidos de forma firme e inequívoca” con la lucha contra “todas las formas de violencia”, incluida la trata y la explotación sexual, y “precisamente por eso” consideran “imprescindible” lo que definen como un “intento de instrumentalizar políticas públicas destinadas a la protección de víctimas para imponer una determinada agenda ideológica”.

El ministerio justifica los cambios propuestos en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” que “orientan” las políticas públicas que lleva a cabo, apunta en la memoria de impacto de la modificación legislativa. La nueva redacción incorpora a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores la exigencia de acreditar que las entidades tienen entre sus fines y objetivos su oposición a “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”.

Una obligación que los colectivos creen que “tendrá consecuencias” porque, entre otras cosas, “reducirá el número de entidades” que podrán acceder a las ayudas públicas, independientemente de cuál sea su posición sobre la prostitución. “Excluir a aquellas que no tienen una posición abolicionista debilita los recursos y los medios para intervenir en contextos de gran complejidad. En muchos colectivos lo que existe es una diversidad de posiciones, obligarles a que tengan uno concreto es un ataque al derecho a la libertad de asociación”, ha esgrimido Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid.

“Independientemente de si nos declaramos abolicionistas o proderechos, muchas organizaciones de las que no hemos sumado preferimos centrarnos en lo que sí nos une”, ha añadido Mamen Briz, portavoz de Alianzas Rebeldes, que ha calificado la posición del ministerio de “antidemocrática” porque “ahonda en el estigma y la exclusión”.

Mónica Martín, secretaria general de OTRAS, y Ninfa Meza, de AFEMTRAS, han lamentado, además, que la decisión se haya tomado “sin consultar” a las organizaciones formadas por prostitutas. “Habéis tomado decisiones desde vuestros cómodos despachos, con vuestros sueldos fijos, sin tener una idea real de nuestras necesidades ni de nuestra realidad. ¿Por qué nos estáis excluyendo de las decisiones que afectan directamente a nuestras vidas?”.

Igualdad defiende el cambio

Fuentes de Igualdad aseguran que las bases de la convocatoria que quiere aprobar son “jurídicamente sólidas, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente”. El departamento dirigido por Ana Redondo responde así a las exigencias de las asociaciones, apuntando a que considerar la prostitución una forma de violencia machistas “no constituye una imposición ideológica ni una restricción indebida de la concurrencia competitiva, sino una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público hacia fines de igualdad y de protección de los derechos humanos en línea con las orientaciones estratégicas” del ministerio.

Las mismas fuentes señalan que la orden es “necesaria, proporcionada y adecuada” y aclaran que “se ha optado de manera expresa por un modelo abolicionista de la prostitución” que asegura que “va en línea” con recomendaciones y resoluciones de ámbito europeo que “señalan que el enfoque abolicionista es el que mejor resultados ofrece para reducir la demanda de prostitución, disminuir la trata con fines de explotación sexual, proteger a las mujeres y avanzar en igualdad entre mujeres y hombres”.

Las organizaciones que se han unido para alegar contra la medida y que destacan que la prostitución “no está tipificada como delito” apuntan, por su parte, a que los instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio de Estambul “no califican la prostitución en sí misma como una forma de violencia, sino que instan a combatir la violencia, la explotación y la trata desde un enfoque basado en derechos humanos, sin discriminación ni estigmatización”.

Desde Voces feministas por los derechos, una red de investigadoras en prostitución de una veintena de universidades públicas que se ha unido a las alegaciones, sostienen que “no existe un consenso académico internacional en considerar toda prostitución como violencia machista per se” y consideran el paso dado por el ministerio como “una instrumentalización política de un debate importante, no una decisión basada en la evidencia científica”.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al nuevo contrato para gestionar el sistema que monitoriza las pulseras de control a maltratadores (Cometa). Ya estaba previsto que el actual contrato, de 30 meses de duración, finalizara en mayo, pero el cambio llega después de la crisis que atravesó el Ministerio de Igualdad por los fallos detectados en su funcionamiento tras el cambio de empresa adjudicataria. Entre las principales novedades, se incluye un aumento del 42% del presupuesto destinado al servicio, que pasa de ser de 50 millones a 71, y la sustitución de las pulseras por tobilleras.

La ministra Ana Redondo ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el contrato incorpora “mejoras” para las mujeres que portan estas pulseras y que pueden ser tanto víctimas de violencia de género en el seno de la pareja como víctimas de violencia sexual. El actual contrato, adjudicado en noviembre de 2023 a la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España, vence el próximo 6 de mayo. El nuevo tendrá una duración de tres años, que pueden ser prorrogables hasta los cinco, en cuyo caso el presupuesto se incrementará a los 110 millones de euros.

El cambio se produce después de que se tuviera constancia pública de los fallos del sistema, que ocurrió en en septiembre del año pasado. Entonces, la Fiscalía denunció en su memoria anual que había ocurrido una pérdida de datos durante la migración de sistemas al cambiar de adjudicataria, que anteriormenta era Telefónica. El Ministerio Público advirtió de que esto había provocado absoluciones y sobreseimientos en casos de quebrantamientos de órdenes de protección, aunque después aclaró que el fallo fue “puntual” y que “las mujeres estuvieron protegidas en todo momento”.

Las denuncias, sin embargo, se amplificaron por parte de las trabajadoras del servicoi, que alertaron de una situación de “caos” y numerosos problemas internos. El servicio llegó a sufrir una incidencia que lo mantuvo inactivo durante el pasado 11 de noviembre que obligó a activar el protocolo de protección de víctimas. 4.300 mujeres llevan actualmente uno de estos dispostivios, que avisan cuando el agresor se acerca a ellas o accede a las zonas de seguridad previamente establecidas. Igualdad siempre ha defendido que “el sistema funciona”, pero ha abierto una auditoría para comprobar si las empresas cumplen el contrato.

Redondo ha hecho un recorrido sobre lo ocurrido el año pasado y ha explicado que, tras pronunciarse la Fiscalía sobre los fallos, solicitó al Ministerio Público que “nos reportara” las sentencias de las que tuvieran constancia. “A fecha de hoy seguimos esperando”, ha afirmado la ministra, que ha reconocido que el Gobierno “fue consciente” de que “había que mejorar el contrato” e incorporar las mejoras detectadas “que las investigaciones nos trasladaron”. Más allá del vacío de datos, las trabajadoras dejaron constancia en informes internos desde el principio de los errores técnicos y de geoposicionamiento que daba el sistema y que atribuían al cambio de empresa.

Tobilleras “menos manipulables”

La ministra ha detallado que las pulseras, que son los dispositivos que portan los acusados, van a pasar a ser tobilleras porque “según nos indican los técnicos, son más fiables y menos manipulables”. Además, van a incorporar “mecanismos antivandálicos” y los teléfonos móviles a los que van asociadas dispondrán de una tarjeta eSIM “que no puede ser extraída” y que “facilitará el seguimiento de la geolocalización”. Por otro lado, los dispositivos “tendrán una mayor autonomía de batería” y una mejor “resistencia al agua”.

Los pliegos también incluyen un incremento en el número de dispositivos en stock que “va a permitir cambiar” los que estén manipulados “en tiempo récord”. Así, a lo largo del contrato se deberán adquirir un total de 17.660 y fija en 2.000 el “mínimo” de pulseras que tienen que estar siempre disponibles que para que puedan ser sustituidas en un máximo de 24 horas en cualquier punto del territorio. También el pliego exige un tiempo máximo de tres meses para que cualquier dispositivo que esté roto o no funcione, sea reparado. Habrá, además, nuevas “medidas de seguridad” para evitar la “simulación, el falseamiento o la manipulación” de los datos que se envían a Cometa desde los dispositivos.

Las tobilleras tendrán “geoposicionamiento de manera autónoma” y no solo dependiente del teléfono móvil y “mejoras de seguridad criptográfica” para que los dispositivos de la víctima y el agresor “estén permanentemente relacionados y no se pueda romper esa relación”. Según ha apuntado la ministra, los nuevos pliegos incluyen un “exhaustivo sistema de seguimiento” y el “refuerzo” de los planes de contingencia pensados por si hay caídas del sistema como la ocurrida el pasado noviembre.

También habrá cambios en el ámbito laboral. Aunque el contrato vigente se inició con 70 trabajadoras –la inmensa mayoría son mujeres–, actualmente son 151 las personas que trabajan en la sala Cometa, una cifra que los nuevos pliegos exigen como mínima. El contrato incluye por primera vez dos puestos de especialistas en psicología pensadas por si las víctimas requieren una atención más especializada y crearán la figura del coordinador/a de suminisrtos, gestión y mantenimiento de los dispositivos.

Además, habrá una coordinadora más de la sala –actualmente es una por turno– y se crearán dos figuras más: responsable del desarrolo y mantenimiento del software del sistema y otra de infraestructuras y procesamiento de datos. En caso de que la empresa adjudicataria sea diferente a la actual, la compañía saliente debe diseñar un plan de transición tres meses antes de la finalización del contrato en el que detalle cuestiones como la migración de usuarias, la gestión de las tobilleras y el intercambio de información entre empresas.

Las trabajadoras del 016 —el servicio de información y asesoramiento jurídico sobre la violencia de género que depende del Ministerio de Igualdad— llevan años sufriendo llamadas machistas y amenazantes por parte de hombres. “Os vamos a matar”, “ojalá que te violen” o “¿quién os va a proteger si Vox gana?”. Algunas trabajadoras dicen que reciben una cada dos o tres días, otras que es a diario: “Lo hemos normalizado, pero esto es una mierda y no podemos más”.

Para esas trabajadoras es psicológicamente desagradable y agotador recibir insultos y amenazas prácticamente todos los días, pero ahora se suma un miedo real sobre su seguridad física. El nuevo contrato para el servicio incluye que la ubicación concreta desde la que atienden esas llamadas.

El servicio se adjudica cada cuatro años mediante concurso público a una empresa externa a través del Ministerio de Igualdad. Uno de los cambios entre el anterior contrato y el nuevo, que se ha adjudicado el 13 de noviembre de 2025, es que se ha hecho pública la sede del edificio, lo cual ha generado una mezcla de miedo, inquietud y perplejidad entre las trabajadoras. Seis de ellas han aceptado hablar con elDiario.es con la condición de mantener su anonimato, por lo que todos los nombres de los testimonios son ficticios.

“Eres una zorra”, “ojalá te apuñalen cuando salgas de trabajar”, “os vamos a matar”, “ojalá que te violen”, “ojalá os quemen a todas vivas”, son los insultos y amenazas más violentos que pueden llegar a recibir. El actual pliego de prescripciones técnicas, que regula cómo debe funcionar el servicio, incluye en su protocolo de gestión de las llamadas una derivación para aquellas consideradas “maliciosas”. La solución descrita en el contrato consiste en desviar la llamada “a una grabadora convenientemente configurada y cuya locución avisará al llamante de que, por el contenido de su mensaje, el número de teléfono y su llamada están siendo registrados”, de acuerdo con lo que dispone el Reglamento europeo sobre protección de datos. Sin embargo, en este punto finaliza la protección a las trabajadoras, según explican seis de ellas.

“Las llamadas maliciosas, si son amenazantes, se tienen que tipificar como tales, pero no hay ningún protocolo de seguridad por parte de la empresa”, afirma Irene. Para ella se trata de algo muy desagradable pero no muy preocupante. La cuestión es que el 5 de marzo de 2026 empieza el nuevo contrato, que incluye el traslado a un edificio de Madrid, cuya dirección es pública. “El problema es que ahora ese idiota [que nos amenaza] va a saber dónde estoy”, reconoce. “Lo hemos hablado con nuestra jefa, pero no está dispuesta a absolutamente nada”, lamenta Paula. Se refiere a las responsables de Atenzia (Servicios de Teleasistencia, S.A.), la empresa adjudicataria tanto del contrato en vigor como del que se inicia el 5 de marzo. “Este cambio puede ser un punto de inflexión”, añade la afectada.

El servicio del 016 está estructurado en dos departamentos especializados: uno de información general y otro de asesoramiento jurídico. Cuando dé comienzo el próximo contrato, el primero se dividirá en dos: información general y atención psicosocial.

El servicio de información general funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Las trabajadoras de esta área facilitan atención e información personalizada, adaptada a las circunstancias de cada mujer. A partir del contenido de su consulta, es informada sobre sus derechos, prestaciones, ayudas y recursos a los que puede acceder en caso de ser víctima de las diferentes formas de violencia de género, también a sus hijos e hijas. El asesoramiento incluye información sobre el lugar de prestación de los derechos, servicios de emergencia y asistencia, atención, acogida, apoyo, recuperación integral, etc. Además, esta área también atiende las llamadas puntuales que “por razones de emergencia” y por la situación de violencia contra las mujeres referida requiera “una atención psicosocial inmediata”.

En cuanto al servicio jurídico, funciona todos los días del año, de ocho de la mañana a diez de la noche. Atiende las llamadas que necesitan asesoramiento en materia de asistencia sanitaria (en particular, en casos de agresiones y delitos contra la libertad sexual); penal (derecho a denunciar, tipo de delito, posibilidad de pedir medidas cautelares, orden de protección, etc.); civil (separación y divorcio, conflictos familiares, custodia, pensión, etc.); laboral; medidas integrales de atención y asistencia a las víctimas de delitos y extranjería (residencia en España, inmigración, asilo), así como en materia de protección de datos personales. El nuevo contrato, que empieza el 5 de marzo de 2026, ha sido adjudicado por 2,3 millones de euros a Servicios de Teleasistencia. S.A., sociedad que opera bajo la marca de Atenzia.

“Hemos normalizado las amenazas”

Las trabajadoras consultadas lamentan que no hay respuesta institucional ante los insultos y las amenazas. Según su versión, ni por parte de la empresa, ni por parte del Ministerio de Igualdad. Ante una llamada de este tipo, afirma Lucía, se activa una locución que afirma que se recogen los datos, pero que solo se trata de una “medida disuasoria”. “Ni el Ministerio ni la empresa ponen denuncias ni investigan nada”, asegura. “Prácticamente todos los días que trabajo [recibo amenazas]”, responde. En una de las últimas que recuerda hubo un hombre llamando y amenazando durante todo el día. La mayor parte de las empleadas consultadas aseguran que se trata mayoritariamente de hombres de entre 40 y 60 años.

Julia, otra empleada del servicio, cree que son hombres que creen que no tienen los mismos derechos que las mujeres u hombres cuyas parejas son víctima de violencia de género. “Y se creen con el derecho de llamar al teléfono y amenazarnos también”, explica. En una de esas llamadas, recibe el siguiente mensaje: “El día que me cabree os vais a enterar”. Aunque supone una carga psicológica y emocional evidente, hasta ahora no sentía miedo real porque alguien fuera a ejecutar sus amenazas. La ubicación del edificio no es pública. “Da miedo que todo el mundo sepa dónde trabajas”, reconoce. “Lo hemos normalizado, pero esto es una mierda y no podemos más”, afirma Vero, otra de sus compañeras.

En el actual contexto de legitimación del discurso de odio promovido por partidos y movimientos ultraderechistas en todo el mundo, reciben mensajes explícitos sobre la presunta desprotección que sufrirían si Vox llegara a gobernar. “¿Quién os va a proteger si Vox gana?”, les preguntan.

“No todos los días, pero cada dos o tres, sí”, explica Teresa, otra de las afectadas. “La inquietud principal no es tanto la amenaza en sí, sino que se haga pública la ubicación del edificio”, reconoce. Esta trabajadora, como el resto de sus compañeras entrevistadas, asegura que ahora mismo no hay posibilidad real de ejecutar las amenazas, pero si finalmente el 016 se traslada a Alcorcón, la situación podría cambiar. Ella, como otras empleadas del servicio público, lamentan que su opinión no importe. “Lo hemos comentado de manera más informal con nuestras jefas, pero no nos han preguntado qué nos parece”, atestigua y añade que en el pliego de condiciones del servicio, ya adjudicado, tampoco figuran recursos económicos específicos destinados a garantizar la seguridad.

Consideran, además, que el motivo principal por el cual no se pueden comunicar directamente con el Ministerio de Igualdad es porque las responsables de la empresa que gestiona el 016 no están a favor. Por esta razón, afirman no estar seguras de que el Ministerio esté al tanto de la situación, y temen posibles represalias de la empresa adjudicataria —en forma de despedidos— por hablar con este diario.

“Desconozco si va a haber seguridad, pero aunque la hubiera, el personal no te va a acompañar hasta el metro”, señala Julia. Durante las vacaciones es cuando hay “muchos repuntes de llamadas”, tanto por parte de mujeres que narran diferentes episodios de violencia hacia ellas, como de los propios hombres amenazando e insultando a las trabajadoras. También reciben más llamadas de este tipo coincidiendo con determinados momentos políticos, como cuando se aprobó la ley integral contra la violencia de género, más conocida como “ley del solo sí es sí”, o la ley trans.

“Un día entró un señor en el edificio”

Algunas de las trabajadoras recuerdan un episodio concreto: cuando un hombre entró en el edificio en el que trabajan actualmente. Subió hasta la primera planta, donde ellas trabajaban: “Entró un señor hasta la planta uno, intentó abrir la puerta y nos acojonamos”, afirma.

Las trabajadoras consultadas por este hecho, atestiguan que este hombre pudo encontrar la puerta entreabierta, o alguien la abrió pensando que se trataba de un trabajador de la empresa. En el edificio hay otro servicio, de atención a personas mayores, que nada tiene que ver con el 016. Según el testimonio de las empleadas preguntadas, cuando informaron a sus superiores, la respuesta que recibieron es que se encerraran con llave. Lo que pedían, en cambio, era poder teletrabajar. “La solución que nos dieron fue subir a la tercera planta a trabajar con los de teleasistencia”, indica Paula. “Pedimos volver a casa —como durante la pandemia— o seguridad, y seguridad dijeron que no iban a poner, por lo que basándonos en lo que hemos vivido, no pensamos que vaya a haber seguridad en el nuevo edificio”.

A este hecho se suma que, aunque el 016 cuenta con servicio de atención psicológica, no se produce con la continuidad que necesitan, ni tampoco de forma individualizada, según su versión. “A veces se hacen dinámicas grupales muy puntuales pero no me aporta nada en relación con mi bienestar. Mi psicóloga me la pago yo”, afirma Lucía y añade que necesitan una atención “más continua e individual”. “No entran en detalles: cómo te afectan las llamadas, si estás agobiada o sobrecargada emocionalmente”, lamenta.

En estas sesiones, en las que se abordan aspectos como el burnout, Paula asegura que hay “falta de directrices claras”. “En una jornada te puede decir que alargues las llamadas y en la siguiente que tienes que acortar”, detalla. “No hay seguimiento real porque después no vuelven a preguntarte cómo estás”, asegura Julia. Es decir, entre una y otra sesión, no preguntan a las trabajadoras sobre cómo se sienten debido al peso emocional que soportan por su trabajo. “No es un espacio personal”, apunta Teresa, que explica que en cada sesión se escoge un tema pero que se trata de una atención teórica y general.

Finalmente, piden que su opinión sea tenida en cuenta cuando se toman decisiones que puedan afectar a su bienestar, como ocurre con el traslado a Alcorcón a partir de marzo, un cambio que fue redactado en los pliegos, pero que no tuvo consenso. “Uno de los aspectos que más me quema de mi trabajo es que no cuenten con nosotras para participar en la toma de las decisiones”, concluye una de ellas y añade que se trata de un problema “estructural”, no “puntual”.

El Ministerio minimiza las amenazas

elDiario.es ha consultado al Ministerio de Igualdad sobre por qué razón se hacía pública la ubicación del edificio donde se prestará el servicio, y si existía algún informe o fundamentación técnica que respaldara esta decisión. Fuentes del Ministerio se limitan a responder que durante el desarrollo del nuevo contrato “se prevé que la prestación del servicio se traslade al Centro Estatal de Coordinación del Servicio de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Machista situado en Alcorcón”. Las mismas fuentes detallan que este contrato entrará en funcionamiento próximamente, y que las instalaciones serán responsabilidad y gestión del Ministerio. “Por tanto, se dejará de prestar en edificios privados de la empresa adjudicataria”, indican.

El Ministerio no aclara si ha informado o consultado a las trabajadoras del 016 sobre la decisión, y sus posibles implicaciones en materia de seguridad, y responde que “garantizará que la prestación del servicio se realice en las mejores condiciones para el personal, al mismo tiempo que se desarrollarán al máximo los recursos públicos”.

Sobre si se van a aplicar medidas de seguridad a partir de marzo de 2026, tanto en el edificio como en su entorno, debido a las amenazas que sufren a través de las llamadas, el Ministerio asegura que en 2025 esas llamadas “representaron un 0,14% del total”. “Las llamadas de contenido malicioso y/o toda comunicación de contenido inapropiado se gestiona según el protocolo habilitado a su efecto: se procede a derivar la llamada a una locución que informa sobre las actuaciones legales derivadas del uso indebido del servicio”, afirma. “En caso de producirse una situación grave, se establecería comunicación urgente con la DGVG (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género) para acordar las medidas necesarias a tomar según el caso”, responden.

Este diario también ha consultado si existen mecanismos que garanticen que las trabajadoras puedan expresar sus preocupaciones sobre su seguridad y condiciones laborales, sin temor a sufrir represalias laborales —incluido el despido—. El Ministerio responde que se contemplan “reuniones de seguimiento individuales y grupales con cada miembro del equipo”. “En estas sesiones se abordan cuestiones de índole profesional y personal relacionadas con el servicio para la mejora del mismo y el bienestar del equipo”, apuntan. Además, indican que la comunicación anónima con el personal responsable del servicio, con el personal directivo de la empresa adjudicataria e incluso con la DGVG “siempre es posible”.

Por último, sobre el servicio de atención psicológica de las trabajadoras, el Ministerio explica que se realizan sesiones individuales y grupales para garantizar el bienestar emocional de las trabajadoras. Estas sesiones “tienen una periodicidad mensual y trimestral que se va adaptando en función de las necesidades del servicio y de las propias trabajadoras”. Así, afirman que la responsable de formación, calidad y supervisión psicológica dispone de un teléfono accesible para todas las trabajadoras en el que pueden contactar con ella para tratar cualquier situación que consideren necesaria “de manera urgente y ordinaria, de forma telefónica o presencial”. Finalmente, no consideran necesario “reforzar o modificar el servicio, pues no se han constatado quejas oficiales sobre el mismo hasta la fecha”.

Este diario ha enviado siete preguntas a Atenzia, la empresa adjudicataria, que ha declinado comentar nada. En su defecto, han remitido a enviar cualquier consulta relacionada con el servicio del 016 a un correo electrónico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

No es un compromiso novedoso, ha sido anunciado casi como definitivo en varias ocasiones esta legislatura e intentado un par de veces sin éxito en el Congreso, pero la ley abolicionista de la prostitución del Gobierno puede estar cerca. Es al menos la intención del Ministerio de Igualdad, que arranca 2026 con la vista puesta en esta normativa y en la de lucha contra la trata, otra de las que tiene pendientes. Ambas son compromisos del PSOE en las que la parte socialista del Ejecutivo lleva tiempo trabajando y que después de contradecir la idea inicial de llevarlas al Consejo de Ministros este otoño, quedarán ya para el nuevo año.

El departamento dirigido por Ana Redondo hace suya así la posición abolicionista que el PSOE ha mantenido sobre la prostitución y que hace ya cuatro años cristalizó en el compromiso de impulsar una ley integral. Los trabajos –y las declaraciones públicas– se aceleraron el pasado verano para intentar rebajar el escándalo de los audios entre José Luis Ábalos y Koldo García en los que se repartían mujeres con las que citarse. Fue entonces cuando la ministra anunció que el anteproyecto se aprobaría antes de que finalizara el año, pero ha permanecido encallada.

El ministerio es consciente del complejo debate que atraviesa la propuesta debido a las diferentes posiciones que conviven tanto en el movimiento feminista como en el Congreso e incluso en el propio Gobierno. De hecho, Sumar, socio de la coalición, ya votó en contra de la iniciativa para perseguir el proxenetismo que los socialistas presentaron en 2024 y que incluía las medidas más polémicas, las que tienen que ver con el Código Penal, que también ahora busca incorporar a la nueva ley. En concreto, las multas a los clientes de prostitución y la llamada tercería locativa, que penaliza a quienes alquilen espacios donde se ejerza.

La intención de Igualdad es, además, penalizar “todas las formas de proxenetismo”, incluido el que, a su juicio, “está en alza” y se lleva a cabo en espacios digitales como la plataforma OnlyFans, según ha ejemplificado en varias ocasiones Redondo sin detallar aún cómo lo hará. Lo que parece claro es que el PSOE tendrá que afanarse si quiere recabar los apoyos porque la formación se quedó sola en el Congreso con su última propuesta sobre prostitución, que ya también había intentado llevar a la ley del 'solo sí es sí' sin éxito.

Los socios de investidura consideraron entonces que, más allá de posiciones abolicionistas o regulacionistas, las multas y sanciones sin medidas de acompañamiento, soluciones habitacionales o la derogación de la Ley de Extranjería, pueden perjudicar a las mujeres y “hacerlas más vulnerables”, según defendieron ERC o Bildu para justificar su voto en contra. Lo que sí reclamó buena pare del arco parlamentario fue el impulso de la ley de lucha contra la trata, una asignatura pendiente que ya pasó por Consejo de Ministros en la anterior legislatura y que Igualdad retomó hace un año y nueve meses sin que haya visto la luz.

Los errores de las pulseras

Junto a estas dos leyes, la cartera de Redondo tendrá que afrontar la elaboración del nuevo pliego para adjudicar el sistema que monitoriza las pulseras de control a maltratadores (Cometa). Ya estaba previsto que el actual contrato finalizara en mayo, pero el cambio llega después de la mayor crisis que ha tenido que navegar el ministerio este año y que tiene que ver con los fallos detectados en el servicio tras el cambio de adjudicataria, que pasó de Telefónica a la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España.

Además de la pérdida de datos que ocurrió durante la transición de compañías, las trabajadoras denunciaron una situación de caos y numerosos problemas internos que han puesto el foco en un servicio de protección que actualmente llevan 4.300 mujeres y los hombres acusados de maltratarlas. El servicio llegó a sufrir una incidencia que lo mantuvo inactivo durante el pasado 11 de noviembre. Igualdad siempre ha defendido que “el sistema funciona”, pero ha abierto una auditoría para comprobar si las empresas cumplen el contrato y se ha comprometido a “incluir mejoras” en los futuros pliegos.

Hay unos cuantos proyectos de ley que el Consejo de Ministros está pendiente de aprobar antes de remitirlos al Congreso, algunos de ellos en los que Igualdad comparte liderazgo con otros ministerios: la ley de violencia vicaria incluye un delito específico para perseguir el maltrato que se ejerce contra otras personas del entorno de las mujeres, fundamentalmente los hijos. En lo que va de año, tres menores han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres.

Además, incluye la posibilidad de que los jueces puedan impedir a los asesinos difundir información de los crímenes durante un tiempo, una medida impulsada al calor de la polémica por el libro en el que José Bretón confirmaba haber matado a sus hijos. Sin embargo, la norma levantó recelos entre las expertas, por lo que habrá que esperar a ver de qué forma acaba saliendo del Gobierno y si incorpora cambios.

Blindar el aborto

Está también pendiente el blindaje del aborto en la Constitución, una medida anunciada por Pedro Sánchez para marcar perfil político ante los pasos atrás de PP y Vox, fundamentalmente en Madrid. La idea del Gobierno es hacer un añadido al artículo 43 de la Carta Magna e incorporar el derecho dentro de los “principios rectores de la vida social y política” y no como derecho fundamental, lo que implica una reforma ordinaria menos exigente desde el punto de vista de los apoyos y evita la disolución de las Cortes. Aun así, requiere una mayoría para la que es imprescindible el voto a favor del PP, que ya anunció su oposición, por lo que el recorrido de la reforma no se atisba muy largo.

En el Congreso está tramitándose la reforma del Código Penal para convertir en delito las terapias de conversión, que ahora implican sanciones administrativas a la luz de la Ley Trans. Una iniciativa del PSOE que, al menos en la toma en consideración, contó con un amplio respaldo, solo a excepción de Vox, el único partido que votó en contra. Este año el Gobierno también se ha apuntado el tanto de lograr que el Tribunal Constitucional suspendiera una parte de la reforma de la ley LGTBI impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y está pendiente de lo que ocurra con la valenciana, que también el Alto Tribunal está estudiando.

El departamento dirigido por Ana Redondo deberá afrontar el desafío que precisamente ha declarado el Gobierno madrileño contra el plan para reconocer oficialmente a víctimas de violencia sexual sin necesidad de denuncia, el último capítulo con el que las políticas de igualdad cierran el año. El Ejecutivo regional votó en contra del acuerdo alcanzado el pasado noviembre por el Gobierno y las comunidades y actualmente se niega a enviar la relación de centros que pueden emitir informes y acreditar a las víctimas para que accedan a derechos y ayudas. Es la única comunidad en la que no figura ningún servicio habilitado porque, según ha declarado, tiene la intención de desarrollar un sistema propio.

Cuando pensábamos que nada podía superar en incredulidad todo lo ocurrido durante los últimos días, ayer conocimos que un cirujano plástico ha sido detenido y enviado a prisión provisional acusado de haber violado a una paciente mientras estaba anestesiada. Dos enfermeras grabaron la agresión en un hospital de Murcia y lo denunciaron a la Policía. La Justicia investiga ahora si hay más víctimas. Al parecer, ni siquiera estaríamos a salvo sedadas en un quirófano.

Como sabréis, estamos viviendo un año negrísimo en violencia machista, con 45 mujeres asesinadas, una estadística especialmente atroz durante las últimas semanas. En solo quince días, seis mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Jennifer, Rosemary, Oriana, María Ángeles, Concha y Victoria. Así se llamaban. 

En paralelo, los de acoso sexual dentro del PSOE están poniendo en evidencia el fallo estructural en los protocolos del partido, pero también cómo de arraigada está la dinámica machista y la deslegitimación de las quejas internas en cualquier estructura de poder, sea o no progresista. Escribía Elvira Lindo el otro día que “hemos aceptado que con soltar de vez en cuando el término patriarcado algunos políticos ya han ganado el aprobado”. Y, efectivamente, muchos se han amparado y se siguen amparando en adargas meramente conceptuales o en el escudo de sus siglas políticas, mientras otros tantos creen que mensajes de profunda consternación son suficientes para tapar evidencias conocidas tiempo atrás.

Adicionalmente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo (desaparecida, por cierto, en pleno escándalo de sus compañeros), presentaba la pasada semana los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, que señala que el 12,7% de las mujeres residentes en España de más de 15 años ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de la pareja en algún momento de su vida. 

Y, mientras todo esto sucede a los ojos de todos, el debate mediático continúa instalado en las denuncias falsas (que suponen un porcentaje cercano al 0,01%) a raíz de la publicación de un libro. Las denuncias falsas existen, joden vidas, son una lacra evidente, pero una cosa es admitir y señalar el terrible problema de las denuncias falsas, otra bien distinta es suponer que sean comunes (no lo son) y otra si cabe más peligrosa es equiparar esta problemática con la violencia de género estructural (y mortal). Pero hay un problema de fondo mucho más profundo: el a veces maniqueísta discurso feminista está sirviendo de pretexto para amparar la victimización y el negacionismo de algunos hombres. 

Pues con todo este panorama ciertamente desolador uno termina naufragando en la gran paradoja de nuestro tiempo: a medida que aumenta la reacción de las mujeres, especialmente en formas que desafían las normas de género, disminuye su simpatía social; a medida que aumenta la reacción de las mujeres aumenta también una especie de incredulidad sistémica hacia ellas. ¿Cuántas mujeres hacen falta para igualar, y ya no digamos superar, la credibilidad de un hombre? ¿Cuántas denuncias, cuántos mensajes, cuántos comentarios, cuántas quejas internas, cuántos datos, cuántas condenas, cuántas pruebas?

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido al anuncio de la Xunta de que dejará de utilizar a la policía autonómica para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista si el Ministerio del Interior no aumenta el número de plazas de esa unidad adscrita. En un mensaje en la red social X, Redondo ha asegurado que su departamento no va a consentir “amenazas” y que exigirán “el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y la correcta ejecución de los fondos del Pacto de Estado”.

Fue el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien este jueves anunció que la policía autonómica se limitaría a realizar las labores de su competencia y ejemplificó las que dejaría de cubrir —“somos la única comunidad que ejercía esa función”— usando el caso concreto de las víctimas de violencia machista. Lo hizo en el marco de las negociaciones con Interior para renovar un convenio con el que el ejecutivo autonómico pretende aumentar el número de efectivos de los 388 actuales hasta 500. Las diferencias proceden de que la Xunta quiere cambiar las condiciones actuales: en lugar de pagar el coste al 50% entre ambas administraciones, propone que sea Madrid quien se encargue de sufragar las nuevas plazas.

El primero en responderle, sólo horas después, fue el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien exigió a Calvo que rectificase su actitud “intolerable” y pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que lo desautorizase, porque lo contrario significaría que el ejecutivo autonómico “está dispuesto a poner en iresgo la protección de las víctimas de violencia machista para presionar en una negociación con el Estado”. Para él, “las víctimas no son una moneda de cambio ni un instrumento de chantaje político”.

No tardó en sumarse el líder del PSdeG. Para José Ramón Gómez Besteiro, la Xunta “traspasa todas las líneas rojas” al usar a las víctimas como arma política. Tildó de “indecentes y vergonzosas” las palabras de Calvo a quien acusó de emplear su proteccion para “presionar al Ministerio y evitar la firma del convenio de la policía adscrita caducado desde 2008”.

La postura del conselleiro —a última hora de la mañana del jueves, Rueda todavía no había hablado del asunto— indignó también al BNG. Su diputado Iago Tabarés se sumaba a la petición de los socialistas para que el presidente desautorizase a Calvo —a quien acusó de “cruzar todos los límites de lo admisible en la estrategia de confrontación de un PP cada vez más radical— y ”garantizase“ la protección de las víctimas. Además, achacó a la ”sumisión“ de la Xunta a ”los dictados de Génova“ su renuncia a contar con una policía gallega ”similar a las de Euskadi, Cataluña, Navarra y Canarias“.

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo este lunes para aprobar el procedimiento común para la acreditación administrativa de las situaciones de violencia sexual. La medida, que estaba pendiente desde la entrada en vigor de la ley 'del sólo sí es sí', permite a las víctimas que hayan sufrido agresiones sexuales acceder a derechos y prestaciones sin necesidad de que hayan presentado denuncia, un sistema que ya existe desde hace años para las víctimas de violencia de género en el seno de la pareja o expareja.

Según ha informado el departamento dirigido por Ana Redondo en un comunicado, la acreditación administrativa de víctima de violencias sexuales acordada en la Conferencia Sectorial facilitará el acceso a los derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal y servirá en todo el territorio español.

El artículo 37 de la ley especifica que, a ojos de la Administración, será una víctima de violencia sexual quien tenga sentencia condenatoria, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que declare la existencia de la agresión o acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima.

Pero, además, recoge otras vías de acreditación sin necesidad de denuncia: mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia sexual de la Administración pública competente, de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social o por sentencia recaída en el orden jurisdiccional social.

El Ministerio de Igualdad ha explicado que podrán solicitarla las mujeres y menores de edad víctimas de violencia sexual y quienes ejerzan su representación legal. De esta forma, tendrán acceso a la medida las víctimas que no hayan presentado denuncia previa, aquellas cuyo procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído, quienes hayan interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté en trámite, o las que cuentan con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por cualquier causa, siempre que haya transcurrido el plazo de cinco años a contar desde el día siguiente al de su notificación.

La acreditación con título administrativo tendrá una vigencia de cinco años, a contar desde el día siguiente a su emisión o desde que la víctima cumpla la mayoría de edad si la acreditación se emitió siendo esta menor de edad. Transcurrido ese plazo de cinco años, podrá solicitarse nuevamente.

La Feria Provincial de Mujeres Empresarias (Fepme) de Sevilla ha arrancado este viernes su 19 edición, y nunca ha tenido una inauguración con tanto relumbrón institucional. A la habitual presencia de Javier Fernández, presidente de la Diputación (institución que impulsa y acoge en su sede este evento hasta el domingo) se han unido esta nada menos que dos ministras, la de Igualdad, Ana Redondo, y la de Hacienda, María Jesús Montero, que también es vicepresidenta primera del Ejecutivo. Ante el calibre de la representación, la propia Redondo ha bromeado con la posibilidad de que el año que viene esté allí el Gobierno en pleno.

Ante las empresarias que han traído su negocio al patio de la Diputación (37 emprendedoras de 32 municipios), Montero ha lanzado un mensaje de orgullo feminista: “Las mujeres queremos mandar, sabemos mandar y queremos una oportunidad para hacerlo”. Todo ello en un discurso trufado de guiños, como que “no hay futuro sin mujeres”, que son “la mayor fuerza capaz de conseguir nuevos derechos”.

“Si nos dejan, seremos más felices y haremos más felices a la sociedad”, un mensaje de “empoderamiento” sobre la base de reivindicar “la inteligencia de las mujeres”, que “tienen talento, están comprometidas y son equilibristas” para conciliar los ámbitos profesional y personal. Y además de reivindicar la discriminación positiva, para así compensar las dificultades que se encuentran las mujeres por el mero hecho de serlo, ha incidido en la necesidad de “ganarnos la vida por nosotras mismas” ante la evidencia de que “no hay igualdad sin independencia económica”.

“La igualdad es un buen negocio”

Montero fue la encargada de cerrar el turno de discursos antes de inaugurar –corte de cinta incluido– esta Feria de las Empresarias, con una visita a los stands que ha truncado la lluvia pero que no ha impedido a la vicepresidenta departir con una artesana de mantones de Manila, prenda que previamente había confesado que es una de sus favoritas. El evento (decano de España en su segmento y referencia nacional) se desarrollará hasta el domingo en horario de mañana y tarde, con una cascada de presentaciones, demostraciones y conciertos.

Antes que la vicepresidenta ha intervenido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha destacado que en las 18 ediciones anteriores han participado 880 empresarias de 100 municipios sevillanos, datos que se completan con los de 89.000 visitas y 1.500 contactos empresariales. “La igualdad es un buen negocio”, y aunque se ha avanzado mucho “no somos ingenuas” y reconoce que todavía hay brechas importantes, como la salarial con respecto a los hombres, que se ha reducido pero que todavía es del 17%.

Redondo ha puesto a las emprendedoras presentes en Fepme como ejemplo de “poderío, potencia y capacidad”, como “orgullo de ser marca España”. Todo ello, enmarcardo en un “momento complejo” ante la “ola reaccionaria que nos quiere devolver 50 años atrás”, conectando así con el mensaje que María Jesús Montero había lanzado previamente ante los medios de comunicación: “La igualdad se conquista cada día, y cada día se está en peligro de retroceso”.

Crece la cifra de empresarias

El anfitrión, Javier Fernández, ha subrayado que en 41 pueblos de la provincia de Sevilla ya se dan de alta como autónomo más mujeres que hombres, lo que hace que las empresarias ya supongan el 42% frente al 25% que eran cuando nació esta feria. A este ritmo, ha calculado que como mucho para 2028 ya estarán las cifras igualadas, aunque con el déficit de que todavía hay sectores con escasa presencia femenina, como el tecnológico o el industrial.

El presidente de la Diputación ha puesto el foco en lo complejo que es ser empresaria, porque “a la dificultad de ser emprendedor se una la dificultad de ser mujer”, lo que se traduce por ejemplo en que ellas tienen más dificultades que ellos para acceder a un préstamo bancario. De ahí la importancia de Fepme, con tres objetivos básicos: facturar, poner en el escaparate y resaltar el valor de las asociaciones empresariales de mujeres, que ya han conseguido tener “personalidad propia” y no limitarse a “un despachito” en las agrupaciones de hombres.

Por ello, y con el convencimiento de que “una sociedad que no crece en igualdad no es ni justa ni saludable”, ha incidido en el papel de dos de los motores de la feria, la Asociación de Mujeres Empresarias de Sevilla y la de Mujeres Cooperativistas Empresarias de Andalucía. Sus presidentas, Vanesa Muñoz y Carmen Perea, han coincidido en la importancia de Fepme para “dar visibilidad” a las emprendedoras, y que eso se nota en la expectación que genera año a año: “Ahora nos peleamos por tener un stand en este espacio”.

El sistema que monitoriza las pulseras de control de maltratadores (Cometa) ha sufrido un fallo este martes que ha provocado que los dispositivos dejaran de funcionar correctamente durante varias horas. El Ministerio de Igualdad asegura que, en cuanto tuvo constancia de la incidencia, las víctimas fueron contactadas para alertarles del fallo del sistema, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la protección de las mujeres. El botón del pánico -que hace saltar una alarma prioritaria- del que disponen las víctimas ha estado activo en todo momento, también la posibilidad de hacer o recibir llamadas así como las alertas por proximidad.

El fallo se producía este martes por la mañana y el Ministerio de Igualdad activaba el protocolo de protección “previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas”, asegura el departamento de Ana Redondo. El servicio está en manos de una UTE entre Vodafone y Securitas Seguridad España desde finales de 2023, cuando se hicieron con la nueva licitación del contrato, hasta entonces en manos de Telefónica.

La ministra y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con las empresas y han acudido personalmente a la Sala Cometa en la que trabajan las operadoras “para conocer de primera mano la incidencia”. Igualdad asegura que ya se ha detectado el origen del problema y que el sistema “está en proceso de recuperar la normalidad”.

“La ministra de Igualdad quiere dejar claro a las víctimas, con las que se solidariza, que el sistema de protección va más allá de los dispositivos telemáticos e incluye una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica”, dice el comunicado del Ministerio. “Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Además, investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas”, ha señalado Ana Redondo.

La polémica

En septiembre, el funcionamiento de las pulseras provocó un terremoto político que llevó a la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso. Todo comenzó con un párrafo en la última memoria de la Fiscalía: el Ministerio Público aseguraba que un error técnico durante el trasvase de datos a la nueva empresa adjudicataria del servicio Cometa (una UTE formada por Vodafone y Securitas) hizo que, durante meses, se perdieran los datos anteriores a marzo de 2024. Eso, proseguían, había provocado una “gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos. Se trataba de casos en los que se acusaba al agresor de haber quebrantado una orden de alejamiento, no de los procedimientos por violencia de género en sí.

Tras el revuelo, la Fiscalía aclaraba que el fallo había sido puntual y que “la mayoría” de los procesos fueron reabiertos y “resueltos posteriormente” una vez se recuperaron los datos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también insistía en que los problemas “fueron contados” y los cifraba en el 1% de los casos, aunque el Poder Judicial no ofreció datos concretos. Ocurrió a raíz del cambio de empresa adjudicataria del servicio, que pasó de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas Seguridad España en octubre de 2023, aunque en la práctica fue a principios de 2024 cuando el nuevo sistema comenzó a funcionar y, según las trabajadoras, a “dar fallos”.

A partir de ahí, sin embargo, salió a la luz que el cambio de empresa adjudicataria había disparado las incidencias del sistema. “Las y los operadores estuvimos desde el principio del cambio de empresa avisando de los fallos”, aseguraba a elDiario.es una trabajadora, que explicaba que algunas de las incidencias tenían que ver con la geolocalización de los dispositivos o con “señales que llegan tarde” a Cometa.

Aunque este tipo de incidencias ya sucedían a veces, varias empleadas y exempleadas confirmaron que el cambio de adjudicataria supuso un punto de inflexión. El servicio siempre había estado en manos de Telefónica, que no se presentó al concurso público que el Ministerio de Igualdad licitó en 2023. Cometa quedó, finalmente, en manos de una UTE de Vodafone y Securitas Seguridad España (la única oferta que se presentó al concurso), que pusieron en marcha su sistema a comienzos de 2024.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que el sistema nunca había dejado de funcionar y de proteger a las víctimas, y señalaba que buena parte de este exceso de alarmas se había producido porque los nuevos dispositivos tenían más sensibilidad que los anteriores y había llevado tiempo ajustar su funcionamiento. “En todo momento la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género trabaja con el operativo que se está desarrollando y hemos estado trabajando codo con codo con la empresa. Hemos estado en todo momento insistiendo en que había que corregir, en que había que mejorar. Pero hay una cosa muy importante: la tecnología falla, en este servicio y en cualquier otro. Cuando se produce una incidencia técnica, hay protocolos de reacción inmediata. Junto con el dispositivo, hay todo un protocolo, todo un servicio muy complejo a disposición de la seguridad de las víctimas”, explicaba Redondo en una entrevista.

Actualmente, 4.515 hombres portan una de estas pulseras. Se trata de acusados o condenados por agresión sexual o por violencia de género. Los dispositivos están conectados a la sala Cometa, desde la que trabajan las operadoras –la mayoría son mujeres– que gestionan las alertas y la comunicación con víctimas, agresores y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular y sacada adelanto con los votos de Vox, UPL-Soria ¡Ya!, Por Ávila, el procurador Francisco Igea y dos los procuradores no adscritos, para pedir el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras los “graves fallos” del sistema de control mediante pulseras anti-maltrato. Solo el PSOE y Unidas Podemos votaron en contra de la iniciativa.

Según la procuradora 'popular', Inmaculada Ranedo, estas deficiencias habrían provocado “multitud de sobreseimientos provisionales y fallos absolutorios a agresores”. Ranedo ha calificado la gestión del Ministerio de Igualdad como “una negligencia culpable”, asegurando que Redondo fue advertida de los problemas “pero no hizo caso y siguió adelante”.

El PP ha reclamado al Gobierno información detallada sobre el número de víctimas afectadas en cada provincia de Castilla y León y ha demandado también la adopción de medidas urgentes para “solventar cuanto antes los graves perjuicios”. Durante su intervención, Ranedo ha vinculado además el caso con escándalos de prostitución en el entorno del PSOE.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urban, ha afeado al PP su “bajeza moral” por “instrumentalizar a las víctimas de violencia machista para aterrorizar a las mujeres con bulos y mentiras”. La procuradora ha defendido la actuación de Redondo, que “ha pedido disculpas” a las afectadas y ha mostrado “solidaridad y empatía”.

Gómez Urban ha señalado también que el PSOE ha expulsado a quienes han tenido comportamientos reprobables, mientras que “en el PP siguen tapando a quienes gastaron dinero público en prostíbulos o celebraron resultados electorales con comentarios machistas”.

Desde Vox, la procuradora Fátima Pinacho ha calificado el fallo en el sistema de control mediante pulseras anti-maltrato como “el enésimo escándalo del Gobierno más feminista de la historia”, acusando al Ejecutivo de “corrupción moral” por “soltar a los violadores” y “dejar desprotegidas a las mujeres maltratadas”. Asimismo, ha apostillado que los fallos del sistema eran conocidos por los ministerios de Justicia, Interior e Igualdad, “y ninguno hizo nada”.

Por su parte, el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha apoyado la iniciativa del PP al considerar “lamentable” la gestión del Ministerio, aunque reprochó al partido su “hipocresía” al mencionar prostíbulos.

Fernández (Unidas Podemos) y Heras (PP) discuten la violencia de género

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández y el procurador el PP, Pedro Antonio Heras ha protagonizado una discusión tras acabar el pleno. El origen del choque entre ambos ha comenzando cuando Fernández, durante la PNL para pedir el cese de la ministra Redondo, estaba en el estado.

El 'popular' interrumpía al procurador de Unidas Podemos y éste le espetaba a Heras que estaba “como para saber hablar de violencia de género”. “Es usted especialista, como la Victoria Rosell de la violencia de género...me lo tengo que tomar a risa”, ha ironizado para zanjar su reproche a Heras.

Tras acabar su intervención, ya desde su escaño Fernández ha insistido en que el sistema de pulsera ha logrado que ninguna víctima haya fallecido. De nuevo, Heras le habría replicado, “Si el señor de Soria dice que sí, que es especialista en violencia de género, dice que sí, así le va al PP, más votos para Vox”, ha apuntado.

Fuentes del PP han trasladado a EFE que, como consecuencia de esta última frase, al finalizar el pleno, Heras se ha dirigido hacia el escaño de Fernández para pedirle explicaciones, al considerar podía estar vinculándole con algún caso de violencia de género, lo que ha derivado en un enfrentamiento verbal entre ambos.

En ese momento, Fernández ha remarcado que había tirado de ironía para sostener que Heras “no tiene ni idea” de cómo abordar el tema de la violencia de género y le ha retado a que vaya al juzgado si considera que en su ánimo estaba vincularle con algún caso de violencia sexual o machista.

Consultado por EFE, Fernández ha enmarcado esta situación en que “el PP está perdiendo los papeles” y ha descartado que esas palabras tengan nada que ver con una vinculación de Heras con algún caso de violencia.

Ventajas fiscales europeas para zonas despobladas

Las Cortes de Castilla y León también han aprobado este miércoles una PNL de Soria ¡Ya! que insta al Gobierno central a aplicar las medidas europeas aprobadas en 2021 para reducir hasta un 20 % los costes laborales de las empresas de Soria, Teruel y Cuenca, provincias especialmente afectadas por la despoblación. La propuesta, que ha contad con una enmienda socialista para mantener de forma indefinida la bonificación de la cuota de autónomos mientras no se supere el umbral de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, ha salido adelante con el apoyo de toda la oposición salvo Vox, que se abstuvo. El primer punto, dirigido al Gobierno de España, ha sido respaldado también por el PP y los procuradores no adscritos, mientras que los acuerdos que afectaban a la Junta fueron rechazados por los 'populares'.

El portavoz de Soria ¡Ya!, José Ángel Ceña, ha señalado las dificultades estructurales de las empresas sorianas —falta de mano de obra, proveedores e infraestructuras— y ha defendido que estas ayudas “no son un privilegio”. Desde el PP, Pedro Antonio Heras ha acusado al Gobierno de retrasar la aplicación de las medidas por la falta de presupuestos, mientras que el PSOE reprochó a Soria ¡Ya! centrarse solo en los empresarios y defendió la “alta sensibilidad” del Ejecutivo con estas provincias, recordando los 25 millones en ayudas concedidos. Vox ha pedido extender las bonificaciones a otras provincias despobladas, e Igea ha criticado el abandono del principio de redistribución por parte del PSOE y la continuidad de Carlos Martínez como alcalde de Soria pese a ser candidato a la Junta.

El Ministerio de Igualdad ha iniciado una investigación interna “exhaustiva” para analizar si las empresas que gestionan las pulseras antimaltrato cumplen con los pliegos del contrato. Así lo ha afirmado la ministra Ana Redondo en el Senado, donde ha comparecido este miércoles por los fallos detectados tras el cambio de adjudicataria de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas Seguridad. “La investigación podrá derivar en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas”, ha dicho Redondo.

La ministra ha seguido la línea defendida por el ministerio desde que se hicieran públicos los errores técnicos que llevaron a un vacío de datos temporal durante la migración de la información entre sistemas. Redondo ha reiterado que el fallo ya está solucionado y ha defendido que el servicio “opera actualmente con total normalidad y sin incidencias relevantes, consolidándose como un servicio estable, seguro y mejorado respecto al modelo anterior”. Mientras, las trabajadoras siguen apuntando a que, aunque la situación ha mejorado respecto al año pasado, siguen detectándose disfuncionalidades.

“Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo”, ha comenzado su intervención en la comparecencia, solicitada por el Partido Popular.

Redondo ha explicado a los senadores cómo funcionan los dispositivos y cómo se produjo el cambio de empresa tras una licitación a la que solo se presentó Vodafone. “Resultaba imprescindible un plan de transición controlada mientras se cambiaba de adjudicatario y eso permitió que el servicio nunca se interrumpiera”, ha afirmado la titular de Igualdad, que ha aclarado que “las dificultades detectadas” afectaron a procedimientos judiciales por quebrantamientos de órdenes de protección y ha remarcado que el ministerio “no tiene constancia” de “un elevado número” de absoluciones ni sobreseimientos, como en su momento advirtió la Fiscalía para después matizar sus palabras.

La ministra también ha desmentido algunos de los bulos que han surgido a raíz de la polémica y que han sido repetidos por Vox en la sesión plenaria del Senado. “Tengo que insistir en las mentiras que se están difundiendo. No es cierto que en 2024 ni 2023 fuera asesinada ninguna mujer portando el dispositivo. No es cierto que los dispositivos sean de Aliexpress, es radicalmente falso, están diseñados para Cometa y es imposible encontrarlos en el mercado”, ha comenzado enumerando antes de añadir: “No es verdad que las incidencias temporales hayan en puesto en riesgo a ninguna mujer, no es cierto que los datos los tenga una empresa israelí ni que hayamos desoído las incidencias técnicas”.

Redondo se ha dirigido a la oposición para señalar “las falsedades” y lamentar que a pesar de ello “el efecto es real” y a su juicio contribuye “a aumentar el miedo, sembrar desconfianza y poner en duda una herramienta que salva vidas cada día”. “Cuando se pone en duda este sistema no se ataca al ministerio o al Gobierno, sino a la confianza de las mujeres que hoy dependen de estos dispositivos. Con esta estrategia solo se añade sufrimiento, se les hace creer a las mujeres que su seguridad no está garantizada y eso no es hacer oposición, es cruel, irresponsable e indigno”.

La titular de Igualdad ha explicado también ante los senadores algunos de los cambios que incorporará el ministerio en los nuevos pliegos para gestionar Cometa a partir de mayo 2026, que es cuando vence el actual contrato. Redondo ha puesto sobre la mesa “mejoras técnicas” como una aplicación de consulta “en tiempo real” que sea accesible para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la obligación de que las empresas adjudicatarias sean las responsables de reparar y mantener los dispositivos a pesar de que son propiedad del ministerio, la puesta en marcha de “un módulo específico” de gestión de quejas y el refuerzo del personal, desde psicólogos a coordinadores jurídicos, supervisores y “otros responsables”.

Pasaron de considerar que 10 o 15 alarmas al mismo tiempo era “un pico de trabajar” a tener acumuladas 700 “o más”. La llegada de la nueva empresa adjudicataria encargada del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), una UTE de Vodafone y Securitas, y la transición con la anterior, Telefónica, provocó el caos durante meses: los dispositivos no dejaron de funcionar, pero varias trabajadoras relatan a elDiario.es un aumento muy relevante de las incidencias y numerosos problemas internos que, temían, llegaran a poner en peligro el sistema. Aunque la situación, cuentan, ha mejorado, aseguran que el volumen de alarmas sigue siendo muy complicado de gestionar.

“Era un desastre, no paraban de entrar llamadas por todo: porque les pitaban los dispositivos, señales de proximidad que no eran, saltos de GPS… Y al tener que atenderlas casi no podíamos gestionar con rapidez las señales”, cuenta una empleada. Otra relata que, si con la anterior adjudicataria la media de alarmas que se les acumulaban por atender eran unas 15, la llegada de Vodafone y Securitas hizo que esa cifra escalara a 700 “e incluso más”. Otras dos personas que han trabajado en Cometa confirman esas cifras a elDiario.es.

Esa misma empleada asegura que al inicio de la implantación del nuevo sistema “era un caos” intentar gestionar todas las alertas acumuladas y las llamadas que se iban sucediendo casi sin interrupción. La acumulación de señales revela, en parte, los fallos que las trabajadoras comenzaron a denunciar desde el cambio de empresa, más allá del vacío de datos denunciado por la Fiscalía y ya solucionado. Los errores han llevado a que este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sea reprobada en el Congreso con el apoyo de PP y Vox y la abstención de ERC y Junts.

Este tipo de incidencias que deben gestionar las operadoras desde Cometa y que, aseguran, se acumulan hasta hacerse “ingestionables” pueden ser de dos tipos: las prioritarias, que alertan de cuando un acusado ha entrado en una zona prohibida o se aproxima a su víctima, y otras menos urgentes que tienen que ver con asuntos técnicos como la batería. “Muchas señales tienen que ver con que falla el Bluetooth de los dispositivos y entonces salta como si el usuario se hubiera separado del dispositivo y no es verdad o por pérdidas de cobertura”, cuentan las trabajadoras.

Aunque muchas de esas incidencias no implicaban que las mujeres estuvieran en peligro, la plantilla no podía saber a qué se debía la alarma hasta que no atendía la incidencia. Por otro lado, el aumento de las alarmas alertaba con más frecuencia a las mujeres. “Lo peor de todo esto es que estamos revictimizando a las víctimas porque estamos llamándoles por señales que a lo mejor no son reales y preocupándoles sin necesidad”, explica una empleada.

Un extécnico del servicio confirma que esa fue la situación durante meses: “Por mucho que quisiéramos no dábamos abasto”. Al principio y durante mucho tiempo trasladaron los problemas a la empresa verbalmente, pero su respuesta, se quejan, siempre era la misma. “Nos decían que estaban trabajando en ello, que vendrían mejoras, pero ya costaba creerlo”, agrega.

Las trabajadoras reconocen que la situación ha mejorado, pero mantienen que muchos de los fallos siguen produciéndose con frecuencia. “Sigue siendo imposible sacar adelante todas las señales que se acumulan”, dice una de las empleadas que sigue a día de hoy en Cometa. En la actualidad, el número de alertas que se acumulan pueden llegar a ser entre 150 y 200, coinciden las fuentes.

Fuentes del Ministerio de Igualdad subrayan que que existan más alertas quiere decir que el sistema actual es “más robusto” porque existe un “mayor control del individuo y de cualquier casuística que se pueda dar”, algo que la tecnología actual, “más avanzada”, permite detectar. elDiario.es se ha puesto en contacto tanto con Vodafone como con Securitas pero no ha tenido, de momento, respuesta.

“Resulta agotador”

Según varios documentos internos a los que ha accedido elDiario.es, adelantados por El País, en septiembre de 2024 la plantilla de Securitas dedicada al sistema Cometa recogió sus quejas y demandas para trasladarlas a la empresa. “Debido al elevado volumen de llamadas entrantes, a menudo no podemos gestionar una señal de seguido, lo que, sobre todo en casos de proximidades, puede comprometer la protección de la víctima”, escribieron las operadoras del turno de tarde en uno de esos documentos.

Según explican las trabajadoras, las quejas fueron generalizándose a lo largo del año pasado y comenzaron a tener reuniones con la compañía. En un acta de un encuentro fechada el 18 de septiembre de 2024, puede leerse cómo representantes de la empresa se reunieron con personal del proyecto para hablar de estas incidencias. En otra se refleja la reunión del 18 de diciembre de 2024 entre los trabajadores, las empresas –Vodafone y Securitas– y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, cuando la situación ya había escalado.

“Resulta agotador no tener herramientas ni recursos para explicar ciertas cosas, como pulseras apagadas sin ninguna señal, dispositivos sin posición, usuarios que se encuentran en la calle sin señales, posiciones a kilómetros de distancia de la ubicación real actual”, dejan escrito operadoras del turno de tarde en uno de los documentos.

Problemas laborales

Otro corresponde a personal del departamento técnico y de planificación. En él mencionaron la falta de personal como uno de los problemas más acuciantes. “Durante los últimos meses, los operadores hemos manifestado la urgente necesidad de aumentar la plantilla”, se recoge en el texto, en el que aseguran que la solución que planteó la empresa —un cambio de rotación en el personal no subrogado— no había servido para mejorar la situación, sino incluso para empeorarla. Entre los problemas laborales que mencionan, incluyen turnos de siete días seguidos de trabajo y cambios de turno “sin consentimiento del operador”, así como días de descanso asignados “de manera aislada”.

Desde Igualdad aseguran que el personal de la sala se ha ido ajustando al volumen de las alertas y que de 100 operadores con la anterior empresa se han pasado a 160 en la actualidad.

En este documento, los problemas laborales se entrelazan con las dificultades para ofrecer un servicio rápido y eficaz. Los operadores hablan de “la sobrecarga de trabajo y las constantes interrupciones”, de fallos en la comunicación interna cuando se cambian formas de actuar, o de carencia de material y de operativos para mantener los dispositivos.

La plantilla hablaba de problemas con los dispositivos, que generaban alarmas muy rápidamente, aun después de haber pasado por mantenimiento unas horas antes, algo que, decían, “no nos deja en buen lugar” de cara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Hay que dejar claro que lo peor de esto no es el aumento de carga de trabajo para el departamento, sino el creciente hastío de los usuarios, cuerpos de seguridad y unidades de protección, así como la decreciente confianza de las víctimas hacia nuestro servicio”, escribieron.

Parte de la plantilla ha hecho pública estos días una carta en la que denuncia “el uso interesado y partidista que se está haciendo sobre los fallos del sistema” y apunta a que “la responsabilidad afecta tanto al Ministerio como a las empresas adjudicatarias”. “Llevamos un año y medio siendo testigos de las consecuencias de migrar un servicio, como tantos otros, que acaba perdiéndose en la externalización a través de empresas privadas cuyo objetivo es maximizar su margen de beneficios en algo tan delicado como es el trato y la protección a víctimas de Violencia de Género”, aseguran las empleadas en la misiva, en la que lamentan que no se hiciera un proyecto piloto del cambio de sistema.

Ana Redondo (Valladolid, 1966) afronta estos días la polémica generada alrededor del funcionamiento de las pulseras de control telemático de maltratadores, el sistema Cometa. Redondo admite incidencias, pero insiste en que el servicio siempre ha funcionado razonablemente bien. La ministra subraya que, desde que se produjo el cambio de empresa adjudicataria, su departamento ha trabajado codo con codo con las empresas para estar al tanto de los problemas que surgían y buscar soluciones.

¿Ha fallado el sistema Cometa de vigilancia telemática de maltratadores?

El sistema ha funcionado razonablemente bien en todo momento, las mujeres han estado protegidas. Hemos pasado de proteger a 1.800 mujeres en 2018 a más de 4.500 en 2025. Afortunadamente, y por el trabajo riguroso de todo el sistema, ninguna de las mujeres con dispositivo han sido asesinadas. Eso hay que valorarlo, hay que trasladar la convicción de que el sistema funciona. Ha habido, desde luego, disfunciones técnicas que hemos resuelto, y ahora mismo todo el sistema funciona correctamente.

El sistema ha funcionado razonablemente bien en todo momento, las mujeres han estado protegidas. Ha habido disfunciones técnicas que se resolvieron convenientemente el año pasado, y ahora mismo todo el sistema funciona correctamente

Por un lado, la Fiscalía incluyó en su última memoria que hubo un fallo en el trasvase de datos entre la empresa adjudicataria saliente, Telefónica, y las nuevas adjudicatarias, Vodafone y Securitas. Ese fallo hizo que se perdiera temporalmente la información sobre las posiciones de los maltratadores anterior a marzo de 2024. ¿Qué pasó exactamente y cuándo tuvo el Ministerio de Igualdad conocimiento de este fallo?

Desde 2009, que es cuando se pone en funcionamiento el sistema Cometa, hay una única empresa que ha estado al frente de los dispositivos, Telefónica. En 2024 se produce una transición a una nueva empresa, que es la única que concurre al pliego de condiciones del servicio: una UTE de Vodafone con Securitas, que comienza a asumir el servicio. Hay una transición para que toda la migración de datos se produzca correctamente. Esa transición ha sido compleja y no se han transmitido los datos con la fluidez y la agilidad que nos hubiera gustado. Es posible que en esa transmisión haya habido, puntualmente, situaciones en las que no se hayan podido ofrecer los datos de triangulación o de geolocalización en tiempo y forma en los procedimientos por quebrantamiento de condena.

Esos datos no son la única forma de prueba que tiene el juez para valorar si efectivamente ha habido un quebrantamiento. Junto con los datos de geolocalización hay, y seguramente ha habido en esos procesos, el atestado policial o las testificales de las propias trabajadoras de Cometa. Es decir, que hay otra serie de elementos de prueba que pesan en el ánimo del juez a la hora de establecer una absolución en casos, como digo, no de maltrato, sino de quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Hemos solicitado la información de cuántas son las sentencias absolutorias en estos casos tan concretos y no hemos conseguido que la Fiscalía ni el Consejo General del Poder Judicial nos los ofrezcan. Creo sinceramente que van a ser casos puntuales y que incluso puede que no exista ninguno. Otra cuestión que es importante es que muchas veces esos sobreseimientos son temporales, a la espera de que puedan facilitarse esos datos de geolocalización. En cuanto se han tenido esos datos, lógicamente se han ofrecido al juzgado, con lo cual han podido valorarlo a la hora de las sentencias.

En 2024 se produce una transición del servicio a una nueva empresa. Esa transición ha sido compleja y no se han transmitido los datos con la fluidez y la agilidad que nos hubiera gustado. Pero esos datos no son la única forma de prueba que tiene el juez para valorar si efectivamente ha habido un quebrantamiento de la orden de alejamiento

Entonces, a día de hoy, ¿no hay cifras sobre cuántos casos por quebrantamiento de condena no tuvieron en tiempo y forma esos datos de localización?

Se lo hemos pedido, como digo, a la Fiscalía. La Fiscalía tuvo que rectificar y lo hizo públicamente, dándose cuenta de que habían generado una alarma absolutamente innecesaria y que no se sostenía en datos reales. Hemos solicitado al Consejo General del Poder Judicial cuántas han sido las sentencias absolutorias y no hemos recibido respuesta. Es más, nos dicen que es muy difícil tenerlos porque lógicamente hay mujeres que llevan la pulsera, pero la inmensa mayoría no la lleva. Y pueden ser, por supuesto, también protagonistas de esas órdenes de alejamiento.

¿Cuándo tienen conocimiento de este fallo?, ¿cuándo les informa la empresa de que esto ha sucedido y cómo y cuándo se resuelve?

El contrato de la empresa nueva comienza en marzo del año 2024. Ahí empezamos a ver que había algunas dificultades en la migración de datos. Estuvimos en todo momento encima del dispositivo Cometa y todo el sistema TIC estuvo acompañando a la empresa para que no hubiera ningún fallo importante. Y a mediados de noviembre del año pasado entendimos que las incidencias estaban razonablemente ya corregidas.

A partir de ese fallo que la Fiscalía señala en la memoria, que luego matiza, se han hecho públicos otro tipo de incidencias que ha tenido Cometa: fallos de posición, alarmas injustificadas... Las trabajadoras cuentan que desde que empieza la nueva adjudicataria a prestar el servicio, ellas avisaron de que existía un aluvión de fallos. Es lo mismo que dice el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. ¿Cuándo tiene conocimiento el Ministerio de que existen estos fallos, más allá del trasvase de datos, y cuáles son esos fallos?

En todo momento la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género trabaja con el operativo que se está desarrollando y hemos estado trabajando codo con codo con la empresa. Hemos estado en todo momento insistiendo en que había que corregir, en que había que mejorar. Pero hay una cosa muy importante: la tecnología falla, en este servicio y en cualquier otro. Estamos hablando, además, de un momento en el que se pasa del 2G al 5G, por lo tanto, hay cuestiones tecnológicas que también están pivotando sobre esta herramienta. Lo que quiero trasladar es que cuando se produce una incidencia técnica, porque lamentablemente no hay tecnología que no falle nunca, hay protocolos de reacción inmediata. Por ejemplo, si la pulsera suena porque el agresor pasa por la calle, en un autobús o en un taxi, sin dolo de abordar a la víctima. La pulsera no discrimina si el agresor está cerca porque tiene una voluntad de hacer daño a la víctima o porque simplemente pasaba por allí. Igual si la batería se descarga o si un dispositivo se moja. El protocolo se activa y eso significa que la encargada de ese dispositivo va a llamar inmediatamente a la víctima, a la policía, y se avisa también al agresor. Junto con el dispositivo, hay todo un protocolo, todo un servicio muy complejo a disposición de la seguridad de las víctimas.

"Cuando se produce una incidencia técnica, porque lamentablemente no hay tecnología que no falle nunca, hay protocolos de reacción inmediata. Junto con el dispositivo, hay todo un protocolo, todo un servicio muy complejo a disposición de la seguridad de las víctimas

Las trabajadoras insisten en que esas incidencias que siempre han existido se multiplicaron con la llegada de la nueva empresa adjudicataria.

Ahora mismo esas incidencias son prácticamente inapreciables.

Tanto el Observatorio como las trabajadoras hablan de incidencias recientes, de este mismo año.

Las incidencias se han ido corrigiendo y a fecha de hoy el servicio funciona razonablemente bien.

¿Fueron las empresas transparentes desde el primer minuto?, ¿les contaron las empresas lo que estaba sucediendo?

En esa transición hubo problemas derivados también de la pugna empresarial. Sé que desde el operativo Cometa estuvieron muy encima e hicieron todo lo posible para mediar entre las empresas y que esa transición fuera lo más suave y lo más fácil posible.

En esa transición hubo problemas derivados también de la pugna empresarial. Sé que desde el operativo Cometa estuvieron muy encima e hicieron todo lo posible para mediar entre las empresas y que esa transición fuera lo más suave y lo más fácil posible

La plantilla ha contado que avisó a las empresas de que estaban sucediendo esas incidencias desde el primer momento, ¿las empresas trasladaron al Ministerio esta información?

La delegación del Gobierno ha trabajado con el dispositivo Cometa en todo momento. Es decir, no hemos abandonado a las empresas a su suerte. Hemos estado trabajando junto con ellas porque para nosotras la prioridad era salvar vidas y estar atentas a cualquier incidencia que se pudiera producir y que pusiera en riesgo a las mujeres. Por eso hemos estado trabajando sobre todas las incidencias que se iban produciendo. Ha habido reuniones mensuales y cuando se produjo el problema más importante había reuniones prácticamente semanales. No se ha producido ningún asesinato, eso es un bulo que se ha dicho, igual que si las pulseras eran de Aliexpress. Afortunadamente, las mujeres están protegidas y cada vez son más las protegidas. Se generan dudas que se sostienen sobre mucha falsedad, sobre mucho bulo. No digo que no haya habido incidencias, claro que las ha habido, pero las hemos ido corrigiendo y hemos ido mejorando en todo momento el sistema.

¿Ha empeorado el servicio con Vodafone y Securitas?

En la transición de una empresa a otra, sí que pasó por un momento delicado, tuvimos que reforzar con nuestros equipos del Ministerio todo el operativo para que cuanto antes se resolvieran las incidencias y cuanto antes pudiéramos restablecer el servicio con normalidad. Ahí nos hemos exprimido, se ha trabajado muchísimo con las trabajadoras del Ministerio, con las trabajadoras de las empresas, con las policías. Se ha trabajado con todo el mundo precisamente para que no hubiera ningún efecto realmente importante.

¿Cuál era ahí la labor del Ministerio?

Acompañar en todo momento, estar al tanto de las incidencias, abrir investigaciones sobre cada una de las incidencias, explicar por qué se habían producido y cuáles eran las soluciones, qué deberíamos hacer, ver cómo mejorar...

¿Por qué se cambian los dispositivos?, ¿por qué las pulseras que al parecer funcionaban bien se sustituyen por unos dispositivos nuevos?

Esos dispositivos no eran propiedad de la empresa ni del Ministerio, eran dispositivos alquilados. Ese alquiler en el nuevo contrato no parecía que fuera la mejor opción. Los dispositivos pasan a ser propiedad del Ministerio, con lo cual podemos comprar nuevos, podemos mejorarlos, podemos rechazar aquellos que funcionan defectuosamente... Ahí se ha mejorado. Los dispositivos anteriores eran uni-agresor; en la actualidad son multi agresor, es decir, que una misma víctima no tiene por qué llevar dos dispositivos si tiene dos agresores que pueden ponerla en peligro. El botón del pánico era otra de las mejoras. Quien redactó el pliego consideraba que estas eran mejores prestaciones para que el servicio fuera mejorando, que es de lo que se trata que un servicio que lleva desde 2009 funcionando ha ido mejorando en cada contrato.

En la transición de una empresa a otra, sí que pasó por un momento delicado, tuvimos que reforzar con nuestros equipos del ministerio todo el operativo para que cuanto antes se resolvieran las incidencias y cuanto antes pudiéramos restablecer el servicio con normalidad. Se ha trabajado con todo el mundo precisamente para que no hubiera ningún efecto realmente importante

¿Esos dispositivos son mejores que los anteriores?, ¿no es cierto que no son sumergibles o que se quitan con más facilidad?

Son dispositivos con una tecnología que no es perfecta porque no hay tecnología perfecta. Si yo digo que es resistente al agua, pero me sumerjo a siete metros haciendo submarinismo con la pulsera probablemente me vaya a dar un fallo. Estamos hablando de que son dispositivos que son mejores tecnológicamente, pero no son infalibles. En el momento en que encontrábamos alguna disfunción, cambiábamos el dispositivo. Eso lo permite el actual contrato, porque los dispositivos son propiedad del Ministerio y, por lo tanto, cuando detectamos un problema cambiamos el dispositivo en 24 horas. Es decir, que el sistema ha ido mejorando precisamente porque, entre otras cosas, los dispositivos ya son del Ministerio. Otra mejora es que la plataforma también es del Ministerio. Ya no depende de las empresas y creo que hay que ir hacia una asunción pública de este servicio. Eso es lo que nos gustaría, ir hacia una asunción de todo el servicio desde lo público. No ha sido así en el pasado. En este contrato tampoco lo es y probablemente en el siguiente avanzaremos en ese camino, en el camino de hacer público un servicio tan delicado y del que depende la vida de las mujeres.

Entonces, ¿el servicio actual idóneo?, ¿es adecuado?

Como digo, el servicio creo que debería ser público. Ahora mismo, el servicio está funcionando razonablemente, correctamente.

¿Ha pedido el Ministerio explicaciones a las empresas?

Es que hemos estado trabajando con ellas constantemente. Siempre que había una incidencia se les preguntaba, el trabajo ha sido constante. Ha habido reuniones mensuales y ha habido muchas reuniones semanales, pues en el momento en que encontrábamos una incidencia o nos preocupaba la situación o el cariz de algunas de las cuestiones, inmediatamente hablábamos para ver qué estaba pasando, cómo se podía resolver... Lo importante también es que los protocolos de seguridad han funcionado y se activan de forma inmediata cuando un dispositivo falla, cuando un dispositivo pita, eso las mujeres lo tienen que saber. Me parece indigno y ruin que se ponga en tela de juicio un servicio tan complejo que inmediatamente se llama a la víctima, inmediatamente se llama a la policía y también al agresor.

Valoraremos si efectivamente se han cumplido todas las cláusulas contractuales o si hay algunas que no se han cumplido y exigiremos, por supuesto, la reparación

¿Han incumplido algún punto del pliego de condiciones las empresas adjudicatarias con estas incidencias?

Lo valoraremos al final del contrato. Valoraremos si efectivamente se han cumplido todas las cláusulas contractuales o si hay algunas que no se han cumplido y exigiremos, por supuesto, la reparación.

¿En algún momento el Ministerio se ha planteado rescindir el contrato?

Hay que darse cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de proteger vidas de mujeres maltratadas, de mujeres vulnerables. Si yo denuncio el contrato en medio de esta situación, ¿dónde dejo el servicio? Para mí la prioridad es salvar vidas, la seguridad de las mujeres. Hemos trabajado con discreción porque se trata de asuntos muy delicados. Poner en tela de juicio un sistema tan delicado que salva vidas a diario me parece una irresponsabilidad. Y quien se quiera cargar este sistema tendrá que decir por qué. Yo, desde luego, voy a defenderlo porque ahí están los resultados. Ni una mujer asesinada con el dispositivo, ni una mujer asesinada. Y quiero que siga siendo así.

¿Su intención es, entonces, convertir en público este sistema?, ¿cómo?

Yo creo que se ha avanzado en esa forma de gestión pública. Se ha avanzado en cuanto a que los dispositivos ya pertenecen al el Ministerio. La plataforma de datos, que es lo que nos generó tantos problemas, ya es propiedad del Ministerio y vamos a avanzar en que esa colaboración público privada sea una colaboración cuanto más pública, mejor.

¿También el 016?

El 16 no ha tenido esos problemas. Hay que recordar que el PP, con Dolors Montserrat, quiso cargarse el sistema y lo infrafinanció. Se trata de reforzar todos los sistemas que son complementarios de apoyo a las víctimas. Y en eso vamos a seguir trabajando.

Entrevista Completa

Vídeo Lourdes Jiménez y Adrián Torrano

El Ministerio de Igualdad licitará “en unos meses” un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos Cometa de control telemático de agresores machistas, que incorporará “mejoras técnicas” como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos. Así lo ha explicado este lunes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un videocomunicado en el que ha vuelto a enviar un mensaje tranquilizador a las víctimas.

“Las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente, salva vidas a diario, está en conexión inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, realizamos un gran trabajo salvando vidas a diario”, ha dicho la ministra.

Fuentes de Igualdad han precisado a EFE que la licitación, que incorporará “muchas mejoras”, no es extraordinaria. Se trata del nuevo contrato para gestionar el servicio a partir de mayo 2026, que es cuando vence el actual. El futuro contrato tendrá una duración mayor, de tres años con dos prórrogas. En él, se incorporarán mejoras diseñadas a partir de disfunciones detectadas durante la prestación del servicio Cometa.

En el videocomunicado, la titular de Igualdad se ha mostrado muy crítica con el Partido Popular, al que ha criticado por utilizar el miedo y amedrentar a las víctimas “como ariete político contra el Gobierno”, “simplemente para ganar un puñado de votos”, algo que ha calificado de “ruin, mezquino y absolutamente injusto”.

Ha lamentado la oposición “radicalmente irresponsable” del PP, que “ya no se diferencia de Vox” y que “ha dejado de ser un partido de Estado” e incluso ha dicho que al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo “le dan lo mismo las víctimas y le da lo mismo el sufrimiento y el miedo que puedan estar padeciendo”. “Generar alarma, miedo y sobre todo bulos y mentiras es lo último que las víctimas necesitan”, ha señalado la ministra, para quien esto son cuestiones “muy delicadas” sobre las que hay que “trabajar con discreción” para “resolver cada problema”.

Redondo ha insistido en que las mujeres han estado protegidas y a salvo en todo momento y ha sostenido que es “absolutamente falso que estas pulseras se compraran por AliExpress” porque están diseñadas para el sistema Cometa y homologadas en la Unión Europea. También ha negado que los datos relativos a estos dispositivos estuvieran en manos de una empresa israelí, porque son propiedad del Ministerio y ha lamentado que con “tantas falsedades y tantas mentiras” se “amedrenta” y “asusta a las víctimas”. Ana Redondo, además, ha insistido en que su departamento ha estado en todo momento “encima de esta cuestión”, que “se resolvió hace meses”.

El PP ha registrado este viernes en el Congreso una moción para pedir la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a cuenta de los fallos en las pulseras antimaltratadores que provocaron, según la Fiscalía, la absolución de algunos acusados de vulnerar las órdenes de alejamiento de sus parejas . Así lo ha anunciado este viernes la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, quien ha indicado que se votará la semana que viene en el Pleno del Congreso.

El fallo se produjo en la migración de datos entre Telefónica, la antigua contratista, a la nueva, formada por la UTE Vodafone-Securitas. El cambio de empresa adjudicataria del servicio derivó en la pérdida de datos anteriores a marzo de 2024, lo que povocó una absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos, aunque la Fiscalía ha minimizado luego los efectos.

Según Igualdad, se vieron afectados un 1% de las pulseras (47) y el problema “ya ha sido solucionado”. La Fiscalía, en cuya memoria anual se hace referencia al fallo en las pulseras, ha asegurado que este fue “puntual” y la “mayoría” de casos se resolvió después. “Las mujeres estuvieron protegidas en todo momento” porque las pulseras no dejaron de funcionar y el problema se resolvió a finales de 2024, apunta en un comunicado. Fuentes del Ministerio Público confirman que en el transcurso de este 2025 no se ha producido ninguna incidencia. Actualmente, el sistema “funciona con total normalidad”, añaden fuentes del departamento dirigido por Ana Redondo.

Sin embargo, Muñoz ha acusado a Igualdad al Ministerio de Igualdad de que “sabiendo” lo que pasaba “no lo hayan arreglado”. Algo que ha tachado de “negligencia” y “gravísimo” porque “mujeres que se sentían seguras no lo estaban”. “Tiene que haber consecuencias”, ha zanjado.

Feijóo compara los fallos en las pulseras con “la redacción del solo sí es sí”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al Gobierno de cometer una “negligencia de enorme gravedad”. En la clausura del campus de FAES, acompañado por José María Aznar, el líder popular ha comparado esta situación con “la que se cometió con la redacción del solo sí es sí, que liberó a más de 1.000 agresores sexuales antes de tiempo”. “No puede quedar así. Es incompetencia, se desoyeron las advertencias, se escondieron los efectos. Es mala fe porque a esta hora el Gobierno se esconde y no da información”, sostiene.

Asimismo, ha advertido de que el Ejecutivo está “tan absorbido que no defiende ni al que más lo necesita” y “ha acabado por no darse cuenta de que ha librado de ellas a depredadores sexuales”. “Gobernar desde la incompetencia lo pone en peligro todo, a las mujeres sin duda”, ha concluido.

El PP ha anunciado además que su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, se pondrá este mismo viernes en contacto con Redondo “para que le concrete el número de mujeres que quedaron desprotegidas por el fallo en las pulseras”. “La alarma social y la preocupación de miles de mujeres requiere una explicación urgente inmediata y esa ha de producirse en la mañana de hoy”, concluyen desde el PP.

Los populares, que califican la situación como “de extrema gravedad”, urgen al Gobierno a que de una respuesta de inmediato: “La agenda de la ministra en el día de hoy se limita a un acto en Valladolid a las 12:30 de la mañana y, por tanto, tiene tiempo para recopilar esa información y concretar las medidas adoptadas hasta la fecha, las decisiones que va a implementar el Gobierno y las responsabilidades que piensa depurar”, aseguran.

Por su parte, Miguel Tellado, secretario general del PP, se sumó el pasado jueves a las críticas contra el Gobierno durante la Junta Autonómica del PP en Murcia, donde lo ha acusado de promover un “feminismo de Aliexpress”. “Son tan sectarios como negligentes. Son un meme de sí mismos y nosotros tenemos la obligación de echarlos”, ha añadido.