El Partido Popular Europeo está totalmente entregado a las políticas de la ultraderecha en inmigración. Este jueves, los populares han unido su voto a los grupos de ultraderecha del Parlamento Europeo para sacar adelante la medida que permite la apertura de los centros de deportación de personas migrantes que se encuentran en situación irregular fuera del continente, siguiendo la estela de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni en Albania. 

La propuesta salió adelante con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. La votación en el pleno se realizó tras tres solicitudes separadas de los grupos políticos Socialdemócrata, Verdes y La Izquierda, que impugnaron las decisiones del 9 de marzo de 2026 adoptadas en la Comisión de Libertades Civiles.

La votación se produjo tras el fracaso de las negociaciones con los liberales (Renew) y los socialistas en la Comisión de Libertades Civiles (LIBE). Los conservadores ya habían alcanzado acuerdos a puerta cerrada con eurodiputados de extrema derecha para votar conjuntamente a favor de un texto, según reveló la agencia de prensa alemana DPA. Desde Vox se admitió que este texto “es el más contundente de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración”.

La ONG en defensa de los derechos de las personas sin papeles, PICUM ha explicado que “los eurodiputados electos públicamente están eligiendo poner a cientos de miles de personas, incluidos niños, en riesgo de daños irreparables. El texto permite a los Estados miembros detener a menores y adultos, separar familias y enviar personas a centros de deportación en países en los que nunca han estado. Cinco países de la UE – Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia – ya están colaborando en planes para establecer estos centros, aunque aún no se dispone de información sobre los países de destino”.

Según PICUM, esta medida “también otorgan amplios poderes para restringir la libertad de movimiento, registrar pertenencias, imponer medidas de ”seguridad“ desproporcionadas y compartir datos personales con países que carecen de garantías adecuadas”.

La posición del Parlamento se suma a un texto que podría normalizar y aumentar la aplicación de políticas de inmigración al estilo ICE en toda la Unión Europea. La propuesta de la Comisión exigiría a los Estados miembros desplegar medidas amplias e indefinidas para detectar personas indocumentadas, lo que podría derivar en vigilancia invasiva, perfiles raciales y obligaciones para los empleados públicos de denunciar a personas sin documentación. La posición del Consejo sobre el borrador del Reglamento de Retorno respalda redadas policiales en espacios públicos y viviendas privadas, con muy pocas garantías.

Silvia Carta, responsable de incidencia de PICUM declaró que “esta votación marca un punto de inflexión peligroso, ya que las fuerzas de centroderecha rompen el cordón sanitario para alinearse con la extrema derecha y aprobar una agenda profundamente represiva. Esta alianza tóxica allana el camino para la detención masiva, la separación de familias y las deportaciones, normalizando abusos que hemos visto con ICE en Estados Unidos y poniendo en riesgo innumerables vidas”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha necesitado casi tres semanas de bombardeos ilegales de EE UU e Israel sobre Irán para desmarcarse rotundamente. Lo ha hecho en Bruselas, tras reunirse con los líderes del PP continental y antes del Consejo Europeo que analizará la respuesta comunitaria a la guerra iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Eso sí, Feijóo ha mantenido sus ataques al Gobierno español, de quien ha dicho que no está alineado con el resto de Europa. Y ha alentado un nuevo miedo a las personas migrantes: el terrorismo.

Feijóo ha viajado a la capital belga a la habitual cita de partidos previa a la reunión de los gobernantes de los países de la UE. En la rueda de prensa posterior, el líder del PP ha completado el giro gradual sobre su posición ante la guerra de Irán. Si en un primer momento se felicitó por los ataques y la muerte del líder máximo del país asiático, Alí Jamenei, este jueves ha asegurado que Europa tiene “derecho a la neutralidad”.

“El PP Europeo está muy comprometido con la paz. Decimos 'sí' a la paz por convicción, no por oportunismo”, ha añadido “Europa no puede estancarse en melancolía, debe priorizar su autonomía”, ha añadido, en referencia a la dependencia económica y militar que el continente tiene con EE UU.

Pero Feijóo criticó duramente al Gobierno por oponerse a que Trump utilizara para atacar Irán las bases españolas compartidas con EE UU. De hecho, el PP y Vox alentaron bulos contra el Gobierno para atacar su posición.

Una decisión que fue después seguida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. De los grandes países europeos, solo el canciller alemán, Friedrich Merz, mantiene su respaldo público a EE UU e Israel. “Irán es el centro del terrorismo internacional, tiene que ser cerrado y EEUU e Israel lo hacen a su manera”, dijo el pasado día 9.

Con todo, Merz también ha virado su posición en los últimos días, y ayer criticó a EE UU. “No nos ha consultado”, afirmó, “pero le hubiéramos desaconsejado ir por ese camino”, dijo. “Por eso hemos dicho que mientras dure la guerra no nos implicaremos en una misión en el estrecho de Ormuz”, afirmó.

Merz lidera la CDU, partido hermano del PP en Europa. La que expresó ayer es, exactamente, la posición marcada hoy por Feijóo.

“Mi posición es conocida desde el primer instante”, ha asegurado Feijóo este jueves. Lo primero, ha dicho, es “reponer los Derechos Humanos en Irán”. Segundo, “la seguridad para los vecinos de Irán y el libre comercio”. Y en tercer lugar, ha añadido, el “cese del conflicto, la negociación y la diplomacia con el régimen iraní hasta su apertura y consolidación de un régimen democrático”.

“El Gobierno de Pedro Sánchez supone un obstáculo para las tres cosas”, ha afirmado Feijóo, quien ha dicho haber “percibido preocupación por la deriva del Gobierno” español, “que recibe felicitaciones y aplausos de Hamás y Hezbolá, que fingiendo enfrentarse a Trump crea un problema dentro de la UE y que camina en dirección contraria a las reformas que implementa la UE”.

Feijóo alienta el miedo al inmigrante

“Sánchez está alejando a España de las democracias occidentales. Su Gobierno se ha convertido en un problema”, ha afirmado Feijóo, quien ha asegurado que “los socios perciben que la regularización [de personas migrantes] va a afectarles por la libre circulación de personas”. Una afirmación falsa porque las normas europeas no permiten que una persona extracomunitaria se mueva libremente por todo el continente solo por tener permiso de trabajo.

Feijóo ha afirmado que se ha desmarcado ante sus socios europeos de la regularización que apoya en España la Iglesia católica y que el propio PP apoyó en un primer momento en el Congreso. La competición con Vox ha podido más la posición política previa. “Les he dicho que es una irresponsabilidad y que no la apoyamos”, ha dicho.

Pero Feijóo ha dado un paso más al relacionar directa y expresamente la regularización con un posible incremento del riesgo de atentados terroristas. “La guerra de Oriente Medio es un grave problema y en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista”, ha afirmado. En España, ahora mismo el nivel decretado es de 4 sobre 5. Este último implicaría desplegar al Ejército en las calles y solo se ha aplicado una vez: tras el 11M.

Feijóo ha añadido a continuación, enlazando todas sus afirmaciones: “Y en este momento es una temeridad el efecto llamada”.

El líder del PP ha cerrado su intervención intentando desvincularse de su posición inicial sobre los ataques de Trump y Netanyahu. “Nadie ha dicho que la guerra de Irán sea la de Europa”, que “no fue consultada”. “Es una decisión de EE UU e Israel”, ha afirmado.

“La UE tiene muy claro cuáles son nuestros aliados, pero si deciden actuar sin pactarlo con la UE y sin explicación, tenemos derecho a mantenernos neutrales”, ha zanjado.

El Partido Popular Europeo se ha unido con los grupos de la ultraderecha en la Eurocámara, Europe of Sovereign Nations (ESN), European Conservatives and Reformists (ECR) y Patriots (PfE), para sacar adelante la normativa “más dura jamás planteada en materia de retornos y expulsiones de inmigrantes”. Las ONG aseguran que la medida “desmantela garantías fundamentales de derechos humanos”.

En un primer momento se estaba negociando una propuesta entre el grupo de los socialdemócratas y los liberales, pero ante el fracaso para llegar a un acuerdo, los Populares Europeos han presentado un texto alternativo del proyecto de ley, que ha sido respaldado por los grupos de extremaderecha.

La eurodiputada de los Verdes/ALE y ponente del Reglamento de Retorno, Melissa Camara, ha explicado que “el texto adoptado por el comité, con mayoría de derecha y extrema derecha, refleja una ideología racista y populista, y pondrá en peligro vidas y violará la dignidad de las personas. Los principios básicos del estado de derecho se ven ampliamente vulnerados. El PPE ha mostrado nuevamente que sus posiciones sobre políticas migratorias están alineadas con los grupos de extrema derecha”.

Silvia Carta, responsable de la Plataforma para la Cooperación Internacional con Migrantes Indocumentados (PICUM), ha comentado que “esta votación sella una alianza tóxica entre fuerzas de centroderecha y extrema derecha, después de semanas de acuerdos en la sombra para eliminar las últimas salvaguardas. Pone en riesgo a cientos de miles de personas, incluidos niños, de ser detenidas en toda Europa y permite que los Estados miembros separen familias, enviándolas a centros de deportación en países donde nunca han estado”.

La medida pone sobre la mesa actuaciones tan controvertidas como la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación fuera de la UE, incluso para familias con niños. También convierte los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas en situación irregular. Con esta medida se amplía masivamente el uso y la duración de la detención por motivos migratorios, incluso para niños: de 18 a 24 meses, con posibilidad de medidas restrictivas de movimiento y control pasados los dos años. Además, va a exigir que los Estados miembros impongan restricciones geográficas para todas las personas en el procedimiento de retorno.

También introduce medidas como prohibiciones de entrada de duración indefinida que podrían determinarse a nivel nacional (incluido “permanente” en casos donde se invoquen riesgos de seguridad), sanciones económicas o limitación de asistencia financiera y sanciones penales para personas que no cooperen con su deportación. Permite a los Estados declarar situaciones “de emergencia” en las que se ignoren salvaguardas durante la detención, como limitar la revisión judicial de decisiones de detención, incluso para familias y niños, cuando haya “números excepcionalmente altos” de personas esperando su deportación.

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha comentado sobre la medida que “hoy el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita. Es solo el primer paso, pero un gran paso. Europa empieza a reconocer el problema migratorio y a dotarse de herramientas para afrontarlo”.

Por su parte, Sarah Chander, directora de Equinox Initiative for Racial Justice, apunta que “la votación revela el control total de la extrema derecha sobre la política migratoria de la UE. Desde marzo del año pasado, la Comisión, el Consejo y ahora el Parlamento Europeo han complacido voluntariamente los deseos de políticos extremistas en toda Europa. Ahora vemos que ni siquiera se requiere el respaldo de políticos centristas, y Europa legisla su propio marco estilo ICE”.

El grupo de Compromís en el Parlamento Europeo –integrado en Verdes/ALE– ha votado en contra del informe sobre vivienda impulsado por el Partido Popular en la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo, un texto “pactado con la extrema derecha que, lejos de ofrecer soluciones, apunta a un modelo como el que nos llevó a la burbuja de 2008”. “Este informe, no solo pasa de puntillas por las causas reales de la crisis de la vivienda, sino que sienta las bases para una posible burbuja inmobiliaria que volvería a estallar sobre las espaldas de las familias trabajadoras”, ha denunciado el eurodiputado valencianista, Vicent Marzà.

Según denuncia el europarlamentario de Compromís, “mientras casi la mitad de la población sufre de forma directa la crisis de la vivienda, el acuerdo del PP con la extrema derecha de Meloni prioriza los intereses de grandes propietarios y fondos de inversión”. Así, recuerdan que según datos recientes, el 10% de los hogares más ricos concentra ya casi la mitad del valor de toda la vivienda en España, lo que convierte el parque inmobiliario en el “núcleo de las desigualdades”. “En lugar de frenar esta extracción de rentas de las familias hacia quienes acumulan viviendas como si fueran bonos financieros, el informe legitima la financiarización de la vivienda y se encomienda a los mismos mecanismos de mercado que nos han traido hasta aquí”, ha añadido Marzà.

El texto presentado por el PP, relata el eurodiputado valenciano, “insiste en simplificar trámites, abaratar condiciones para la nueva construcción y ofrecer incentivos fiscales sin condicionalidades sociales claras, pero evita reconocer la especulación y la financiarización como motores de la crisis y no establece límites efectivos a la acumulación de vivienda por parte de grandes inversores”. Además, sostiene, “rechaza plantear la inversión en vivienda social y asequible como una prioridad que pueda quedar fuera de los corsés fiscales del Pacto de Estabilidad, a diferencia de lo que ya se ha hecho con el gasto en defensa”. “Cuando la UE quiere, encuentra la forma de invertir en lo que considera estratégico; lo que nos dice este informe es que para el PP y sus socios la vivienda de la gente no lo es”, ha subrayado el eurodiputado.

Compromís critica especialmente que el informe dedique más esfuerzo a criminalizar a las personas “okupas” que a proteger a aquellos que no pueden acceder a comprar si quiera su primera vivienda. El texto, advierte, llega a plantear que Europol coordine la persecución de la ocupación de viviendas, “como si fuera uno de los grandes problemas de seguridad de la Unión, mientras ignora que los casos de ocupación representan una fracción mínima del parque total de vivienda frente a los millones de hogares atrapados por alquileres desbocados”.

Además, se muestra sorprendido porque el PSOE haya decidido apoyar este informe en la Comisión de Vivienda, “alineándose con un texto que consolida los privilegios de los grandes propietarios y renuncia a situar la asequibilidad en el centro”. “No entendemos que quienes dicen defender el derecho a la vivienda avalen un informe que apuesta por incentivos fiscales a los propietarios sin exigir contrapartidas en forma de alquileres asequibles o límites claros a la especulación”, ha criticado Marzà.

Frente a este enfoque, Compromís reclama que la prioridad de cualquier política europea de vivienda sea la asequibilidad y el acceso universal a una vivienda digna. Sus propuestas pasan por limitar la compra masiva de vivienda por parte de fondos de inversión, gravar las viviendas vacías y secundarias, reforzar de forma estable la vivienda pública, cooperativa y no lucrativa y garantizar que ningún hogar tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a los costes de vivienda. Asimismo, defienden orientar los recursos europeos hacia viviendas que se mantengan asequibles en el tiempo, en lugar de hacia nuevos ciclos especulativos.

“Nuestra oposición a este informe no es el final del debate. Vamos a seguir luchando para mejorarlo antes del voto en el pleno”, subraya Marzà, y concluye: “Europa necesita una política de vivienda que plantee soluciones para una mayoría social y no para unos pocos”.

El anuncio de la regularización extraordinaria, que dará los papeles a cerca de medio millón de personas, ha despertado la alegría de quienes verán reconocidos sus derechos y quienes llevan un lustro defendiendo una medida respaldada por más de 700.000 firmas. Pero, como ya es habitual cuando se habla de inmigración, los bulos y los datos manipulados de las declaraciones de PP y Vox están marcando parte del debate. 

De la supuesta estrategia para aumentar el censo, al retorno del fantasma del “efecto llamada”, la amalgama de cifras manipuladas para generar alarma hasta abonar teorías racistas de la “sustitución” y cuestionar la españolidad de personas nacidas y criadas en España. Muchos de los mensajes en contra de la regularización que suenan en los últimos días se basan en datos falsos o declaraciones categóricas sin contexto sobre procesos migratorios complejos. 

“Un 20% de la población española es de origen inmigrante. En este momento en que la nacionalización por la ley de memoria democrática tiene un efecto de dos millones y medio de personas nacionalizadas y tenemos un pacto migratorio, no es el momento de la regularización masiva”, ha dicho Alberto Feijóo en sus últimas declaraciones. Solo esta frase exige puntualizar varios aspectos que menciona de manera confusa.

“No es el momento”

Uno de los mensajes que está marcando el debate es la idea de que en los últimos años han llegado muchos inmigrantes y, por eso, este no sería el momento de hacer una regularización. Los expertos y el contexto de otras regularizaciones apuntan a lo contrario. Es precisamente el aumento continuado de la inmigración lo que acaba haciendo necesario la necesidad de una regularización, especialmente en un contexto de crecimiento del marcado laboral.

Ocurrió tras el llamado boom de los 2000. Entonces se dio un incremento sin precedentes de la población extranjera. La mayoría entraba en España de manera regular, a través de los aeropuertos pero, una vez expirados sus visados de turistas, se quedaban sin papeles. Así, fue aumentando la población que, pese a que vivía en el país desde hacía años, residía y, generalmente, trabajaba de forma clandestina, sin poder darse de alta en la Seguridad Social ni cotizar. En ese contexto, en 2005, se impulsó el proceso de regularización. 

Actualmente nos encontramos en otro boom migratorio, aunque aún no ha alcanzado los niveles del 2000. La tendencia de las llegadas son muy similares al anterior: inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, llegan de forma regular con un visado de turista. A los 90 días se quedan irregulares e intentan sobrevivir como pueden, hasta que pueden empezar a intentar solicitar un permiso de residencia después de dos años en la irregularidad. En estas circunstancias, ante la acumulación de cientos de miles de personas sin sus derechos reconocidos, se plantea una regularización por razones humanitarias, pero también por razones económicas en un contexto en que las previsiones apuntan a que el mercado laboral, no solo los puede absorber, sino que necesita su trabajo.

La nacionalización de los descendientes de exiliados españoles

Feijóo ha dicho que “no es el momento” para impulsar una nueva regularización extraordinaria por el proceso de concesión de nacionalidad a descendientes de exiliados españoles durante la Guerra Civil y el franquismo, recogido en la Ley de Memoria democrática. Se trata de una política que busca reconocer el derecho a la ciudadanía arrebatado durante décadas a los hijos de quienes tuvieron que huir, generalmente a Latinoamérica, durante la guerra civil y el franquismo. Estas personas deberían haber heredado la nacionalidad de sus padres de no haber sido por la dictadura. Es una política de reparación, no una política migratoria. Se compara con la iniciativa impulsada en el Gobierno de Mariano Rajoy con los sefardíes.

Así, en varias de sus declaraciones, Feijóo ha sumado a las cifras que aporta de población de origen inmigrante en España, la población nacionalizada por ser hijos de españoles. Da un dato: dos millones de personas naturalizadas. Sin embargo, ese es el dato de las personas que han presentado su solicitud y esperan una respuesta. De momento, han sido concedidas 237.145 a fecha de septiembre del año pasado, según los últimos datos del Ministerio de Memoria Democrática. La mayoría de peticiones proceden de Argentina, uno de los principales destinos de los exiliados españoles.

Estas personas, como españolas, tienen todos los derechos de cualquier otro ciudadano por lo que podrían mudarse al país si lo desean. Pero esto no significa que todos aquellos que hayan solicitado el reconocimiento de este derecho hayan decidido dejar su vida en su país y emigrar a España, pues muchos han podido pedirlo por otras razones, como simplemente poder adquirir la nacionalidad de sus raíces o contar con un pasaporte española, lo que suele facilitar por ejemplo los trámites exigidos para viajar por Europa. 

Efecto llamada y conexión con falta de “control de fronteras”

Tanto el PP y Vox insisten en que la regularización acarreará un “efecto llamada”. Sin embargo, los expertos descartan que el aumento de las llegadas de inmigrantes se encuentre entre los efectos probables de esta medida. “No hay evidencia”, indica Joan Monrás, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y autor de un estudio sobre el efecto de la regularización de 2005. En su investigación estudiaron la evolución de los flujos migratorios extracomunitarios —y, por tanto, afectados por la medida— y los comunitarios —a quienes no les influía—: “No vimos ningún cambio, seguían llegando en las mismas proporciones”.

Para Raymond Torres, director de coyuntura del centro de estudios económicos y sociales Funcas, “el efecto llamada se puede producir si se anuncia una regularización con la fecha límite posterior al anuncio de la norma”. Es decir, si la norma no hubiese introducido como requisito haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, sino que dejasen unos meses de más de margen, podría llegar a provocar un incremento de la llegada de personas que intentasen beneficiarse. Pero no ha sido así.

El aumento o reducción de la llegada de inmigrantes, por tanto, no lo marcan medidas políticas como estas, sino que los expertos apuntan que contexto económico suele ser más determinante. Después del proceso de regularización de 2005, por el que unas 600.000 personas obtuvieron de golpe los papeles, el número de nuevos cotizantes extranjeros se mantuvo estable los primeros años tras la regularización de 2005, mientras que cayó a negativo durante la crisis de 2008 y se recuperó a partir de 2014. En la pandemia, volvió a descender y, una vez superada, recuperó la tendencia al alza hasta alcanzar un nuevo pico a partir de 2022.

Las voces que apelan a ese “efecto llamada” suelen hacer referencia en concreto a un supuesto aumento de las llegadas a través de las rutas irregulares de la inmigración, cuando la gran mayoría de las personas que serán beneficiadas por la medida han llegado en avión. La regularización ha sido impulsada en un momento en que las entradas irregulares han caído un 42% en 2025, ante el aumento de control fronterizo por parte de Mauritania y Marruecos, tras diversos acuerdos con España y la UE, criticados por las ONG por las vulneraciones de derechos humanos que suelen conllevar la cesión de la vigilancia fronteriza a terceros países a cambio de aportaciones económicas o concesiones políticas. 

No incumple la normativa europea

El Partido Popular y Vox han intentado convertir en un problema europeo la regularización masiva de inmigrantes que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez. “Va en contra del pacto de inmigración y asilo que han firmado la UE”, ha reiterado el líder del PP en los últimos días, tras anunciar su intención de denunciar la medida ante las instituciones comunitarias. Pero el comisario Europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, ha descartado que la iniciativa choque con la legislación europea ni con el pacto migratorio. “Es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra inmigración ilegal. Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”, ha zanjado. 

No es la primera vez que se utiliza a la Unión Europea como escudo para rechazar la regularización. Hace cinco años, la misma carta sacada ahora por PP y Vox fue utilizada por el mismo Gobierno -en la anterior legislatura- que ahora ha puesto en marcha la medida para favorecer la negociación de los presupuestos con Podemos. 

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, aseguró en el Senado en 2020 que una concesión masiva de documentación no estaba contemplado en las “condiciones especiales” del marco normativo europeo. Ya entonces la afirmación se encontró con el rechazo de expertos, que aseguraban que existen canales para impulsar este proceso tanto en la normativa española como en la comunitaria. Cinco años después, la misma ministra Elma Saiz, que sucedió a Escrivá en el cargo, ha tachado de “bulo” que una iniciativa como esta contravenga la legislación de la UE.

El PP Europeo abordará el viernes en Valladolid el futuro del sector industrial y de la automoción a través de una conferencia política en la que intervendrán el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber; y el presidente de Castilla y León y del PP-CyL, Alfonso Fernández Mañueco.

En este encuentro participarán, además de representantes del PP, dirigentes empresariales y expertos económicos para abordar “uno de los grandes retos de la Unión Europea”, en referencia al refuerzo de la competitividad en un contexto de creciente “presión regulatoria y competencia global”, ha detallado el PP en un comunicado.

Tras la presentación del nuevo Paquete Europeo de Automoción, con el que la Comisión Europea ha activado formalmente la revisión del marco de reducción de emisiones de dióxido de carbono prevista para 2026 y que ha desbloqueado el debate sobre el fin de los motores de combustión más allá de 2035, el PP ha argumentado que este nuevo contexto debe servir para “superar el bloqueo ideológico y avanzar hacia una transición compatible con la competitividad y el empleo”.

Esta conferencia está coordinada por el europarlamentario vallisoletano Raúl de la Hoz y también participará en este foro la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat. El programa del encuentro incluye dos paneles: el primero centrado en competitividad y resiliencia industrial y el segundo enfocado a la automoción y la movilidad.

En el primero de los debates participarán el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar; la directora global de Comunicación y Asuntos Públicos de L’Oréal, Blanca Juti; el economista jefe del Grupo BBVA, Jorge Sicilia; el exeurodiputado y profesor de Políticas Públicas de la London School of Economics Luis Garicano; y el exministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano.

En el segundo panel intervendrán el director de Estrategia, Producto y Programas de Gestión de Renault, Josep Maria Recasens; el director general de Transición Energética, Tecnología e Institucional de Repsol y presidente de FuelsEurope, Luis Cabra Dueñas; el director global de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de IVECO, Michele Ziosi; y la directora de Asuntos Públicos para Europa de Michelin, Coline Lavorel.

El PP ha explicado que la elección de Valladolid como sede de esta reunión tiene que ver con que ven a Castilla y León como un “hub automovilístico de referencia en Europa, con un fuerte tejido industrial y plantas que han sido declaradas Proyectos Industriales Prioritarios hasta finales de 2026”, en referencia a multinacionales como Renault, Michelin e Iveco, entre otras.

“Este foro nace de la necesidad de pasar de las palabras a la acción para proteger un sector fundamental para nuestra economía y nuestros territorios. La transición ecológica solo será un éxito si se hace de la mano de la industria, garantizando competitividad, empleo y seguridad jurídica”, ha señalado el coordinador del encuentro, Raúl de la Hoz.

El Partido Popular ha conseguido incluir en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo que se debatan los casos de acoso sexual en el seno del Gobierno y el PSOE. La votación ha salido a favor, ya que ha incluido los votos a favor de los europarlamentarios socialistas, por lo que se debatirá este miércoles en la sesión plenaria.

La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, solicitó este lunes al comienzo del pleno incluir este punto nuevo en el orden del día del Parlamento Europeo con el fin de abrir un debate “para prevenir y actuar ante el acoso sexual en las instituciones públicas”.

“En España hay una cascada de casos de acoso de cargos públicos y políticos del partido socialista a mujeres. Estamos ante el 'Me Too' del PSOE. Cada día se conoce un nuevo caso, y cada uno es más asqueroso y repugnante que el anterior”, ha señalado la dirigente del PP europeo.

La votación solicitada por el PPE ha salido adelante con 323 votos a favor, 112 en contra y 12 abstenciones.

Los eurodiputados socialistas han votado a favor de incluir el punto. La presidenta socialista de la Comisión de Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo, Lina Gálvez, ha explicado: “Ni el PSOE ni el Grupo Socialista Europeo nos escondemos frente a los casos de acoso ni frente a los debates sobre el acoso sexual. Más bien todo lo contrario. Para eso hemos promovido siempre políticas y hemos puesto en marcha protocolos internos que otros grupos y otros partidos políticos, como el propio Partido Popular, no tiene”.

A pesar de las declaraciones de Gálvez, el PSOE ha tardado cinco meses en dejar caer definitivamente a Francisco Salazar y en admitir “la credibilidad y verosimilitud” de las denuncias de acoso sexual interpuestas contra él por dos mujeres del partido. Con un informe plagado de excusas sobre la dilación del procedimiento y en el que los socialistas lamentan carecer de los “medios técnicos ni legales necesarios” para hacer más comprobaciones, Ferraz dio carpetazo definitivo a un escándalo que ha generado una ola de indignación que trasciende a sus siglas.

“Hemos votado a favor incluso de que el debate se centre solo en España, a pesar de que sabemos que en absoluto es un problema solo de España y en absoluto es un problema solo del PSOE. Si salen el PSOE es porque existen los protocolos, porque existen los canales de denuncia y porque existe una mayor sensibilidad que en otros partidos”, ha insistido Gálvez.

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido haber cometido “errores” ante la acumulación de casos de corrupción y de acoso sexual de su núcleo más estrecho de colaboradores. 

Finalmente, la ultraderecha ha conseguido abrir una nueva etapa en las instituciones europeas. La legislatura europea se puso en marcha con una grieta que podría poner en peligro la estabilidad institucional. La coalición gobernada por conservadores, socialistas y liberales ha tenido más de una crisis ante la debilidad de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, por pactar con la ultraderecha en cuestiones migratorias y de la agenda verde. Este jueves, tras la unión del voto del Partido Popular Europeo (PPE) con las formaciones europeas de ultraderecha que se reparten en tres grupos (Patriots, ECR y ESN) para aprobar una ley con menores exigencias medioambientales para las empresas se ha consumado la fractura.

“Aliarse con la extrema derecha es una señal de que el centro proeuropeo está perdiendo confianza en su propio proyecto, y las consecuencias para los objetivos climáticos y el liderazgo económico de Europa se sentirán durante años”, apunta Tsvetelina Kuzmanova, del Instituto de Liderazgo en Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge.

Tras la votación, los grupos ultras asumieron la situación como un momento de cambio que podría conformar “una nueva mayoría alternativa” en Europa. El líder de Vox en el grupo Patriots del Parlamento Europeo, subrayó tras la votación que “la existencia de una mayoría alternativa que desafía por primera vez el consenso verde izquierdista. Esta no es solo una victoria puntual; es una demostración de que la mayoría alternativa ya está funcionando y de que las políticas patriotas están marcando el rumbo en Bruselas”.

La diputada de La Izquierda, Lynn Boylan, ha explicado que se “ilustra la voluntad del PPE de abandonar a sus aliados centristas tradicionales y seguir adelante con el apoyo de grupos de extrema derecha para aprobar su agenda de desregulación, sentando un precedente para la futura legislación en el Parlamento durante el resto del mandato”.

Esta es la primera vez que una mayoría parlamentaria conformada con los conservadores y la extrema derecha ha votado junta para adoptar un expediente legislativo. Hasta ahora, el PPE solo había coincidido con los ultras en las votaciones de algunas resoluciones no vinculantes y con escaso impacto político.

Aunque no se espera que haya un cambio en la conformación de la Comisión Europea, donde gobierna una alianza de conservadores, socialistas y liberales, la rotura de esta línea roja va a servir a los populares para romper con los avances de la agenda verde que se consiguieron en la anterior legislatura e impulsar una política migratoria más dura. El eurodiputado socialista René Repasi apuntó que “es un día negro para la democracia europea. Estamos caminando dormidos hacia la ruptura de un tabú, cuyas consecuencias son impredecibles”.

Alberto Alemanno, profesor Jean Monnet de Derecho de la UE, explica que “la votación del Parlamento Europeo sobre la Directiva de Simplificación Omnibus redefine la mayoría política que gobernará Europa desde ahora hasta 2029. A partir de este día, la mayoría política de Von der Leyen será solo la derecha y la extrema derecha, con repercusiones devastadoras para la economía, la sociedad y las bases democráticas de la UE, permitiendo a la administración estadounidense intensificar su influencia sobre la UE”.

Otro de los grupos de ultraderecha como ECR, donde se encuentra Fratelli d'Italia, la formación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha resaltado que “esta votación demuestra que es posible una nueva mayoría en Europa, una que prioriza la competitividad, la claridad legal y el espacio para la innovación”.

El copresidente del Grupo ECR en la Eurocámara, Nicola Procaccini, alabó las coincidencias ideológicas del discurso de Von der Leyen en el Parlamento. “Durante años, desde estos escaños, el ECR ha advertido que la Unión se estaba estrangulando, impulsada por un impulso pseudoambientalista autodestructivo. Nos llamaron anti-europeos, nos dijeron que nos faltaba ambición. Hoy, incluso el Consejo está pidiendo una transición 'pragmática' y 'rentable'. Más vale tarde que nunca”.

Martin Schirdewan, copresidente del grupo La Izquierda avisó de que “la coalición Von der Leyen es historia. El PPE ya no tiene un 'muro de contención' hacia la derecha: Votó junto con los tres grupos de derecha, comenzando así a deshacer decisiones centrales de la última legislatura”.

Un mensaje que los conservadores tratan de anular. El presidente de los Populares Europeos en la Eurocámara, Manfred Weber, ha tratado de restar importancia al incumplimiento de su promesa de que sería una línea roja pactar con la ultraderecha, como le recordaron los socialistas cuando sacaron un vídeo suyo alegando que no llegarían a ningún acuerdo con las fuerzas antieuropeistas.

Weber ha argumentado que se ha cumplido una promesa electoral para desmantelar la burocracia. “Nuestras propuestas para aliviar la carga de las pequeñas y medianas empresas han obtenido una clara mayoría en el Parlamento Europeo. Los votos de la AfD no fueron decisivos en este caso”.

Los ultraderechistas alemanes de AfD pertenecen al grupo Europa de las Naciones Soberanas (ESN), que votaron junto al PPE.  La eurodiputada Pascale Piera, del grupo ultra Patriots, aseguró: “Por supuesto, hemos estado en contacto con el PPE. Nos han llamado todos los días para asegurarse de que votaríamos por las enmiendas, y por supuesto, íbamos a votarlas ya que eran nuestras. Así que reclamamos esta victoria”.

Ya no hay líneas rojas ni cordones sanitarios. El PP Europeo ha votado junto a los grupos de la ultraderecha para reducir las exigencias medioambientales a las empresas. Se rompe así el compromiso que mantenían los conservadores para evitar alinearse con los ultras. El Partido Popular español se ha unido doblemente con los ultras. Además de apoyar la simplificación de las exigencias medioambientales, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo también se ha adherido al negacionismo climático que lidera la ultraderecha y se ha posicionado en contra de la reducción de emisiones contaminantes del 90% en 2040.

El paso dado por el PP Europeo no solo complica el desarrollo del Pacto Verde que se firmó la pasada legislatura, también abre un cisma entre conservadores y liberales frente a socialistas y verdes, que han conformado una mayoría que otorgaba estabilidad a las instituciones europeas.

Las formaciones ultraderechistas han insistido en que “no es solo una victoria puntual; es una demostración de que la mayoría alternativa ya está funcionando y de que las políticas patriotas están marcando el rumbo en Bruselas”.

Los conservadores europeos han justificado su voto alegando que es “un buen día para las empresas europeas y la competitividad. El PPE prometió a los votantes reducir la burocracia, simplificar las regulaciones existentes y eliminar cargas innecesarias para las empresas europeas. ¡Hoy lo logramos!”.

El líder del PP Europeo, Manfred Weber, ha declarado en la red social X: ¡Promesa hecha, cumplida y entregada! ¡Hoy es el día del “Fin de la Burocracia Europea”! El PP Europeo prometió reducir la burocracia, simplificar las reglas y eliminar cargas innecesarias para las empresas. Cumplimos. ¡Por un futuro europeo brillante para sus innovadores, trabajadores y emprendedores!“.

Sin embargo, los socialistas le han recordado su compromiso de mantener un cordón sanitario con la ultraderecha al principio de la legislatura, cuando Weber aseguró que no iba a colaborar con partidos como el alemán Afd o la formación de Marien Lepen, Rassemblement national.

Los socialistas han acusado a los conservadores de unirse a los ultras “para eliminar la responsabilidad de las empresas por los daños que causan a las personas y al planeta”.

Entusiasmo en la ultraderecha

La ultraderecha ha mostrado su entusiasmo por el resultado de la votación. Jorge Buxadé, europarlamentario de Vox, ha comentado que “la existencia de una mayoría alternativa desafía por primera vez el consenso verde izquierdista”. “El PP es un partido sin ideas. Siempre ejecuta lo que dicta la izquierda. Pero cuando somos los patriotas los que marcamos el ritmo, ganan las empresas, ganan los trabajadores y gana Europa”, ha señalado Buxadé.

Otro de los grupos de ultraderecha como ERC, donde se encuentra Fratelli d'Italia, la formación de la presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha resaltado que “esta votación demuestra que es posible una nueva mayoría en Europa, una que prioriza la competitividad, la claridad legal y el espacio para la innovación”.

Mientras, Vula Tsetsi, copresidenta del Partido Verde Europeo, ha acusado directamente al líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber de cometer “un grave error histórico al cruzar el cortafuegos histórico contra la extrema derecha”. Ciarán Cuffe, también eurodiputada verde, ha comentado que “junto con la extrema derecha, el Partido Popular Europeo está desmantelando reglas vitales que protegen a las personas, nuestra salud y el medio ambiente. La votación de hoy abre la puerta al trabajo infantil y la deforestación. Es un paso en la dirección equivocada”.

Las enmiendas del PP europeo han hecho que solo las grandes compañías tengan que informar sobre su huella ambiental y elimina los planes de transición climática obligatorios para las empresas.

El PP español, contra la reducción del 90% de emisiones

Los populares españoles han roto la disciplina de su grupo parlamentario, el Partido Popular Europeo, que en su mayoría ha votado a favor de la reducción de emisiones. La iniciativa fue aprobada con 379 votos a favor, 248 en contra, entre los que se encontrarían los 22 eurodiputados españoles del PP, y 10 abstenciones. Fuentes del PP español aseguran que también han votado en contra dentro del PP europeo los polacos así como los italianos y los franceses.

Fuentes del PP en el Parlamento europeo han señalado que con su voto en contra son “coherentes con lo que defendemos, una política medio ambiental realista y que no perjudique a la competitividad de la UE”. Según las mismas fuentes, “el PP defiende la lucha contra el cambio climático. Defendemos una reducción lineal, por eso entendemos que un objetivo entorno al 77,5% es lineal y realista. El objetivo de reducción de emisiones del 90% en 2040 no es realista y es poco creíble”.

“La posición del Partido Popular en materia de transición ecológica es clara: ni con los alarmistas ni con los negacionistas. Defendemos la protección del medioambiente con sentido común, sin dogmas que pongan en riesgo el empleo, la competitividad o el poder adquisitivo de las familias. Apostamos por una transición ordenada, basada en la innovación, la eficiencia y la responsabilidad, no en prohibiciones ni penalizaciones”, añaden desde el Partido Popular español.

El Partido Popular español ya rompió este lunes la disciplina de voto junto a sus homólogos polacos y votaron con la ultraderecha en contra del objetivo de una reducción de emisiones contaminantes del 90% en 2040 en la comisión de medioambiente de la Eurocámara. Mientras la mayoría de los miembros del PP Europeo votaron a favor, los eurodiputados conservadores españoles unieron sus votos a la ultraderecha negacionista climática, aunque no lograron tumbar la iniciativa, que salió adelante con 55 votos a favor y 32 en contra.

En el Parlamento Europeo están acostumbrados (y cansados) de la españolización de los debates, que es la estrategia que los de Pablo Casado, primero, y Alberto Núñez Feijóo, después, han llevado a cabo desde que gobierna Pedro Sánchez. Ahora el nivel ha escalado jerárquicamente. Dolors Montserrat era la encargada de esa ofensiva como jefa de la delegación española, pero ahora, como secretaria general del Partido Popular Europeo, no ha abandonado ese rol.

El presidente del PPE, Manfred Weber, siempre ha hecho seguidismo de las maniobras del PP español, que ha instrumentalizado el Parlamento Europeo para atizar al Gobierno desde 2018. En un gesto prácticamente inédito, él mismo aprovechó la presencia de Sánchez en la institución con motivo de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE que le correspondía a España en 2023 para entrar en el cuerpo a cuerpo. Le reprochó la amnistía e incluso amenazó con una comisión en el Parlamento Europeo “para ver lo que está pasando en España”.

Para Weber el PP español es una pieza clave. Es la segunda delegación más grande, por detrás de la alemana, y su apoyo es fundamental –al igual que España se ha convertido en uno de los pocos países que se le resiste a su familia política–. De ahí que haya premiado a los de Feijóo con la todopoderosa secretaría general del PPE. Y mantiene el aval a la estrategia que ahora sigue desarrollando Montserrat, pero como número dos de todos los populares europeos.

“Europa nació también como una promesa contra la impunidad y la corrupción, pero esa promesa se rompe cuando uno de sus Estados miembros está dirigido por un presidente que no gobierna, sino que resiste en el poder porque maniobra y ataca a la democracia”, espetó Montserrat, que podría haberse referido al ultraderechista Viktor Orbán, a quien el Parlamento Europeo, con los votos del PPE y del resto de fuerzas proeuropeas (sin la extrema derecha), acusó de haber acabado con la democracia plena en Hungría. Pero no.

“Pedro Sánchez viola cada día los valores europeos, es el responsable de una organización criminal corrupta, cuyos cabecillas eran sus dos hombres de máxima confianza: uno pagaba prostitutas con dinero público y el otro está en la cárcel por cobrar mordidas millonarias”, continuó Montserrat el pasado 9 de julio en un debate en Estrasburgo sobre las conclusiones del último Consejo Europeo tras mencionar someramente temas como Ucrania, la inmigración o la incorporación de Bulgaria al espacio Schengen.

“Ha llegado el momento en que, desde aquí en Europa, exijamos detener toda esta corrupción en España”, culminó Montserrat. No era la primera vez que intervenía en esos términos ya como secretaria general del PPE. “Pedro Sánchez es el primer y último responsable de una organización criminal corrupta en España. Es el jefe de una red de poder, dinero y silencios que implica a cargos públicos, ministros y hasta a su propia familia. Es el mayor escándalo político que ha visto este Parlamento”, afirmó en un debate sobre la corrupción en España que albergó la Eurocámara a instancias del PP con el apoyo de los tres grupos de la ultraderecha.

“Sánchez asaltó su propio partido amañando las elecciones internas. Su número dos repartía contratos —y fondos europeos— a cambio de comisiones millonarias”, agregó Montserrat, a pesar de que no hay constancia de que se haya malversado dinero procedente de la UE.

En ese debate, fue Montserrat la que llevó la voz cantante del PP y no Esteban González Pons, que ha sido su sucesor al frente de la delegación española. Desde que asumió ese nuevo puesto, el nuevo portavoz ha mantenido un perfil bajo respecto a la arena política nacional y no ha intervenido en los debates parlamentarios. ¿La razón? Ha querido mantener su puesto como vicepresidente de la Eurocámara y ese puesto requiere de una cierta apariencia de neutralidad.

Montserrat también se limitó a hablar de España en un debate sobre el informe del estado de derecho en la UE: “Vengo a decirles lo que este informe sobre el estado de derecho calla: España está secuestrada por un autócrata”. “Llevamos siete años denunciando en esta Cámara cada atropello a la justicia y al Estado de Derecho”, añadió la eurodiputada, que acusó a Sánchez de “comprar su investidura”. “Señor comisario, actúe antes de que nos roben la democracia en la cara”, remató Montserrat, que también aludió a la amnistía, una ley contra la que el PP lanzó toda su artillería en Bruselas y que ha sido cuestionada por los servicios jurídicos de la Comisión Europea en la vista de las prejudiciales del Tribunal de Justicia de la UE, pero contra la que el gobierno comunitario no ha iniciado ningún procedimiento de infracción.

El PP Europeo utiliza el informe de la Guardia Civil que la jueza de la dana cuestiona para cargar contra Teresa Ribera en Bruselas. La secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidenta del grupo EPP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha presentado una pregunta parlamentaria en la que interpela a la Comisión Europea sobre su presidenta, la exministra de Transición Ecológica, empleando la tesis del “apagón” informativo que la jueza instructora ha descartado.

La líder popular hace alusión a “revelaciones”, según el comunicado del partido, en referencia al informe de la Guardia Civil que, apunta, “contradice” la declaración ofrecida por Teresa Ribera durante su audiencia previa a su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea respecto a las alertas en la dana del pasado 29 de octubre, que provocó la muerte de 228 personas en Valencia.

En concreto, según el texto remitido por el PP, Montserrat solicita a la Comisión “que aclare si considera compatible con los principios de transparencia y confianza institucional el hecho de que, según el informe oficial, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dirigida por Ribera en su etapa como ministra, no emitió ninguna alerta entre las 16:15 y las 18:43 horas durante la trágica DANA que costó la vida a 228 personas en la Comunidad Valenciana. Este apagón técnico, se produjo precisamente en las horas y zona más críticas, obstaculizando la activación de medidas de protección civil”, dice el comunicado.

La europarlamentaria arremete contra la exministra, que fue severamente cuestionada por la cúpula del PP en los primeros días tras la dana -líderes que actualmente siguen cuestionando la actuación de los órganos del ministerio- y cuestiona la legitimidad de su elección. La información que da el informe de la Guardia Civil, y que la jueza instructora de la causa cuestiona, fue, para el PP “ocultada intencionadamente” durante el proceso de evaluación parlamentaria de Ribera. “Estas nuevas revelaciones confirman que Teresa Ribera se escudó en una cuestión de competencias para no asumir su responsabilidad en la gestión de las inundaciones de Valencia cuando ella era responsable en el momento de la tragedia de las cuencas, de la política hídrica, del organismo de control del clima y de las construcciones en zonas inundables”, ha indicado Montserrat.

La teoría del apagón está “plenamente superada”, según la instructora

La magistrada instructora de Catarroja, Nuria Ruiz, reclamó a la Guardia Civil una cronología de las alertas para incorporarla a la causa. La magistrada ha rechazado imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y argumenta que la “teoría” del apagón informativo que maneja el PP está “plenamente superada” y ha sido “descartada judicialmente”. En un auto, tilda de “erróneo en sus consideraciones y apreciaciones” el informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, un informe que considera que “en el peor momento” de la dana la CHJ no controló el caudal del barranco del Poyo, en cuya cuenca se encuentran gran parte de las víctimas mortales.

En su resolución, la instructora carga contra el informe y considera que los agentes del Instituto Armado se extralimitaron y elaboraron una pericial que “no se corresponde” con lo acordado; simplemente había pedido una cronología de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos, excluyendo la valoración de la responsabilidad de las administraciones que solicitaba el Ministerio Fiscal.

La magistrada arremetió de plano contra la Guardia Civil y explica que “cualquier valoración exclusivamente policial de las negligencias o incumplimientos estaba condenado al fracaso, porque el análisis se sustentaría siempre en un análisis limitado exclusivamente a la prueba documental”. El informe, apuntó, excluye las declaraciones en el marco de la causa de peritos de “especial relevancia” e “indudable prestigio” que “expresan conclusiones radicalmente distintas a las expuestas e incluidas indebidamente en la cronología”. El informe del Instituto Armado remitido a la jueza instructora emplaza a “preguntar” a los “responsables” del organismo “cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales”.

La legislatura europea echó a andar con mal pie. La desconfianza llegó a un punto álgido cuando el PP europeo, pilotado por Manfred Weber, se dejó arrastrar por la estrategia de Alberto Núñez Feijóo y puso en cuestión a Teresa Ribera como vicepresidenta de la nueva Comisión Europea. Han pasado ocho meses de aquel momento, que pareció un punto de no retorno, y las heridas siguen sin cerrarse. Socialistas y liberales, que tuvieron que 'tragarse el sapo' de tener un vicepresidente de Giorgia Meloni en el Colegio de Comisarios por el empeño de Ursula von der Leyen, llevan desde entonces viendo cómo Bruselas asume la agenda del PPE –y de la extrema derecha– en temas como la migración o la agenda verde, más allá del flirteo con las fuerzas ultras en la Eurocámara, sin mucho margen de maniobra para presionar.

Por eso aprovecharon la moción de censura contra Von der Leyen, impulsada por 77 eurodiputados de la ultraderecha. El pretexto fue la sentencia contra la ocultación de los SMS de Von der Leyen con el CEO de la farmacéutica Pfizer durante el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. Aunque no había ninguna posibilidad de que la iniciativa saliera adelante, dado que requería de una doble mayoría de dos tercios de los eurodiputados que representaran a la mitad de la Eurocámara, socialistas y liberales echaron en cara a la presidenta de la Comisión Europea su flirteo con la ultraderecha y negociaron algunas medidas de cara a los presupuestos.

Y es que las grietas en el seno de la 'coalición que gobierna la UE' se abrieron antes incluso de que el Colegio de Comisarios estuviera constituido, ante la intención de Von der Leyen de impulsar centros de detención de migrantes como los de Meloni fuera de la UE. Aunque socialistas, liberales y verdes se revolvieron contra esa opción, la propuesta ha seguido adelante por parte del gobierno comunitario siguiendo el endurecimiento que marcan una mayoría de países miembros.

Después siguieron los ataques a la agenda verde, que fue uno de los leitmotiv de la anterior legislatura. Bajo el eufemismo de la 'simplificación', la Comisión Europea está rebajando la exigencia de las normativas medioambientales ante la presión de las industrias y el auge de la extrema derecha, con su agenda negacionista. Dentro del gobierno comunitario, la batalla la da la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, pero el margen de maniobra es escaso, teniendo en cuenta que su composición es una de las más derechizadas de las últimas décadas.

Las batallas: agenda verde y migración

La penúltima pelea en ese frente tuvo que ver con el intento de la Comisión Europea de retirar una ley contra el 'greenwashing' ,el blanqueo verde. La maniobra puso en pie de guerra a los socios de coalición. Y la última, con la propuesta de la Comisión sobre los objetivos de reducción del 90% de las emisiones de carbono en 2040, que incluye “flexibilidad” entre sectores y los denominados “créditos de carbono”, que básicamente permitirán a los estados miembros pagar a los países pobres para seguir contaminando. En el Parlamento Europeo la negociación de ese expediente la liderará el grupo ultra Patriotas por Europa, del que forma parte Vox, y que ha dejado claro su rechazo a esa norma. Hacerse con la tramitación de ese dosier le permite jugar con los plazos, después de que el PP europeo y la extrema derecha rechazara tramitarlo de urgencia.

En medio de ese panorama, y a las puertas de presentar el Marco Financiero Plurianual, que es el proyecto de presupuesto para el periodo 2028-2034 de la UE, se presentó la moción de censura. Los presupuestos constituyen una de las negociaciones más duras en el bloque comunitario y la pretensión de Von der Leyen es acometer cambios sustanciales que inquietan a las fuerzas progresistas. Y también a un buen número de países, que se oponen radicalmente, por ejemplo, a que se centralice en las capitales la gestión de los fondos de cohesión. El temor se ha extendido incluso al reparto de la Política Agrícola Común (PAC).

El grupo socialdemócrata, liderado por Iratxe García, llegó amenazar con abstenerse en la moción de censura. Apoyarla era impensable porque supondría votar con los ultras. Pero aprovechó para apretar un poco las tuercas a Von der Leyen, que se comprometió a conservar el Fondo Social Europeo, que en el periodo 2021-2027 supuso una inversión de 142.700 millones de euros para políticas de empleo, sociales, educación y formación. La pretensión del gobierno comunitario era diluirlo en el nuevo marco presupuestario.

Aunque no se plantearon siquiera la abstención, los liberales también se revolvieron contra Von der Leyen, a quien reclamaron que garantice que la condicionalidad de los fondos para que los países cumplan con los valores europeos y el Estado de derecho no pongan en peligro que el dinero llegue a la sociedad civil.

Las concesiones

Pero detrás de todo, lo que planea es el acercamiento de la presidenta, y fundamentalmente del PP europeo, a las fuerzas de la ultraderecha, con las que han votado en varias ocasiones desmarcándose de la 'mayoría Von der Leyen'. “Esta moción liderada por la ultraderecha no contará con el voto a favor de mi grupo. No porque defendamos el rumbo de la Comisión Europea sino porque no vamos a regalar ni un voto a quienes como Le Pen, Orbán o Abascal quieren destruir la UE”, dijo García. “Frente a ese asalto no caben dudas”, recalcó. La portavoz liberal, Valérie Hayer, recordó a la alemana que no puede dar por hecho su apoyo siempre y le instó a “poner orden” en su partido.

En su discurso durante la moción de censura, la alemana empleó un tono muy duro contra la extrema derecha, aunque en su caso hace una distinción, ya que no mete en el saco a fuerzas como los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, que comparten grupo con los polacos de Ley y Justicia o con el AUR rumano, que impulsó la iniciativa.

Von der Leyen acusó a los ultras de “polarizar a la sociedad y erosionar la confianza en la democracia con falsas afirmaciones sobre la intromisión en las elecciones” y de “intentar reescribir la historia de cómo Europa superó con éxito una pandemia mundial, (...) dando vueltas a conspiraciones desacreditadas”, a pesar del varapalo de la justicia europea, que rechazó la ocultación de sus mensajes con el dueño de la farmacéutica. “No puedo prometer que en el futuro estemos siempre de acuerdo en todo. Pero lo que sí puedo prometer es que siempre estaremos dispuestos a trabajar por el compromiso y la unidad”, dijo, tendiendo la mano a sus aliados.

También el líder del PP se vio obligado a reivindicar el acuerdo con socialistas y liberales al recordar que en el 90% de las ocasiones votan juntos. “Teresa Ribera, Stéphane Séjourné y también Ursula von der Leyen representan una Comisión equilibrada basada en la elección de 200 millones de votantes el año pasado”, puso en valor Weber, que unos meses antes había alentado la estrategia de Alberto Núñez Feijóo contra la propuesta de elegir a Ribera como vicepresidenta. Una jugada que dejó heridas y que, sumadas al flirteo con los ultras y una derechización de la agenda, pueden no cerrarse en lo que queda de legislatura.

“¡Una presencia completa del Partido Popular Europeo en esta votación es absolutamente obligatoria!”. Es la orden que ha dado la dirección del grupo parlamentario popular en la Eurocámara ante el debate de la moción de censura contra Ursula von der Leyen que se celebrará la próxima semana en Estrasburgo. La iniciativa, impulsada por un eurodiputado de la extrema derecha de Rumanía, ha contado con el respaldo de una décima parte de los parlamentarios, que es el requisito para que se introduzca en la agenda. No obstante, no tiene visos de prosperar.

Aún así, el PPE quiere hacer una demostración de fuerza en un momento en el que Von der Leyen tiene enfadados a sus socios de coalición por la marcha atrás en la agenda verde, así como por los planes respecto al presupuesto europeo que la Comisión Europea presentará la próxima semana y que prevé una centralización de los fondos en las capitales. También las regiones están en pie de guerra y 14 de los 27 estados miembros han elevado la presión para intentar cortocircuitar esos planes.

Con ese panorama y en plenas negociaciones con EEUU para intentar suavizar la guerra desatada por Donald Trump, se discutirá la moción de censura que en el PPE y también la dirección de los Reformistas y Conservadores (ECR), especialmente el presidente, Nicola Procaccini (del partido de los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni) intentaron frenar antes de que se analizara en la Conferencia de Presidentes (el organismo análogo a la Junta de Portavoces del Congreso, pero en la Eurocámara). Aunque una eurodiputada checa del PPE retiró su firma, según indican fuentes parlamentarias, la iniciativa siguió adelante al lograr el aval de una décima parte de los eurodiputados.

La dirección del grupo popular ha enviado una circular a sus eurodiputados en la que notifica formalmente que se producirá ese debate el próximo lunes y que se votará el jueves, cuando acaba el último pleno antes del parón del verano. Y aprovecha el texto para tocar a rebato a sus 188 eurodiputados, aunque también confía en que el debate pueda decaer en el último momento si alguno de los firmantes se echa atrás.

La moción de censura no tiene prácticamente visos de salir adelante en ningún caso. Para que tenga éxito, se requiere de una doble mayoría: que la secunden la mayoría de los eurodiputados que componen la Cámara (son 719 ante la negativa de la Junta Electoral Central a reconocer a Toni Comín como parlamentario) y que supongan dos tercios del total de votos emitidos. De ahí que el PPE quiera todos los votos posibles en contra.

La votación es nominal, es decir, que se conocerá qué ha votado cada eurodiputado. A pesar del malestar que se ha generado con el resto de socios de la 'coalición que gobierna la UE', no hay apetito entre los socialistas, liberales y verdes de secundar una moción de censura que se ha impulsado desde la ultraderecha.

La batalla por la marcha atrás en la agenda verde se ha reabierto en la Comisión Europea y amenaza con convertirse en un problema para Ursula von der Leyen. Los grupos que constituyen la 'coalición que gobierna la UE' –socialistas, liberales y verdes, salvo el PP europeo– se han revuelto contra el amago de la Comisión de retirar la ley contra el greenwashing por la presión de la derecha y la ultraderecha. También en el seno del Colegio de Comisarios se ha revivido el malestar, personificado en la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, que ya se opuso al recorte de las exigencias medioambientales en el primer paquete de la eufemística 'simplificación' burocrática que ha puesto en marcha el gobierno comunitario.

La Comisión Europea anunció el pasado viernes su intención de retirar la ley contra el greenwashing que impulsó en marzo de 2023 con el objetivo de poner coto a los falsos reclamos verdes, como los vuelos climáticamente neutros o las etiquetas bio fake. La directiva siguió su curso legislativo: el Parlamento Europeo aprobó su posición negociadora con una amplísima mayoría para prohibirlo, y lo mismo hicieron los estados miembros en el Consejo de la UE. A partir de ahí comenzaron las conversaciones entre las tres instituciones (Comisión Europea, Parlamento y Consejo) para intentar pactar una posición común.

Se han producido dos reuniones de los denominados trílogos y, a las puertas de que se celebrara la tercera reunión este lunes, la Comisión anunció la retirada de la propuesta legislativa, en una decisión muy inusual. Ante la zozobra de la iniciativa, la cita se suspendió. El gobierno comunitario no dio entonces ninguna explicación sobre esa maniobra, que se produjo justo después de una carta que enviaron a la Comisión Europea el Partido Popular Europeo y los tres grupos de la extrema derecha en la que aseguraban que, con esa legislación, se “corre el riesgo de obstaculizar indebidamente la comunicación sobre sostenibilidad mediante procedimientos excesivamente complejos, administrativamente gravosos y costosos”.

“Demasiadas dudas y confusión”

“Dadas las circunstancias no celebraremos la reunión este lunes. Hay demasiadas dudas y confusión sobre el expediente”, reconocían fuentes de la presidencia polaca, a la que corresponde pilotar las conversaciones en el Consejo de la UE: “Respecto a los próximos pasos, nos falta claridad, así que estaremos en contacto con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para ver las posibilidades”.

El mismo lunes, la Comisión Europea reculaba hasta cierto punto sobre la retirada de la propuesta, que ya no daba del todo por hecho y la dejaba en standby hasta la próxima reunión con las otras dos instituciones, que por ahora no tiene fecha. “Una de las prioridades de esta Comisión es reducir las cargas administrativas de las pequeñas empresas”, señaló la portavoz, Paula Pinho, que justificó la intención de retirar la propuesta en la introducción de una enmienda que, a su juicio, afectaría precisamente a esas empresas añadiéndoles “cargas indebidas”: “En este contexto, si se mantiene la enmienda que se refiere específicamente a las microempresas, retiraríamos la propuesta legislativa”.

Para entonces, la batalla ya se había desatado. Dentro del Colegio de Comisarios, la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, que tiene a su cargo la cartera de Transición Limpia, presionó para mantener la propuesta, según ha publicado Politico.

“Puedes reivindicar ser verde o puedes decidir no hacerlo. Pero los consumidores merecen respeto. Debemos honrar su confianza y garantizar un servicio de información fiable”, expresó la vicepresidenta en la red social BlueSky el lunes sin mencionar expresamente el conflicto abierto en el seno de la Comisión Europea, pero sin otro margen a la interpretación.

La vicepresidenta española ya se enfrentó al comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, hace unos meses por los recortes en las exigencias medioambientales y la reducción de las multas a las empresas en el marco del proceso que ha iniciado su departamento para 'simplificar' los procesos administrativos. Bajo esa premisa se esconde un desmontaje de políticas verdes y sociales.

La pelea en esta ocasión no se circunscribe al interior del gobierno comunitario. Las intenciones de la Comisión Europea han incendiado los ánimos de los grupos que sustentan la 'mayoría Von der Leyen', los socialistas, liberales y verdes, que fueron imprescindibles para que sacara adelante su reelección. De hecho, el compromiso de la alemana con la agenda verde fue uno de los argumentos que les llevó a apretar el botón del 'sí' en julio del año pasado.

“Esto es incorrecto desde todas las perspectivas. La Comisión Europea no tiene poder de veto y menos en esta fase”, denunció el eurodiputado liberal Sandro Gozi, que es uno de los negociadores de la ley contra el greenwashing y recordó que el ejecutivo comunitario tiene obligación de independencia en las negociaciones. “Tenemos la impresión de que seguía órdenes de tres grupos”, agregó el francés en referencia al PPE y la ultraderecha.

“Este modus operandi podría sentar un peligroso precedente para el proceso legislativo y los procedimientos institucionales, conduciendo a un enfrentamiento innecesario y evitable entre colegisladores. No creemos que sea justo privar al Parlamento de la oportunidad de finalizar las negociaciones sobre una directiva tras dos años de proceso legislativo e incontables horas de trabajo”, lamentaron los ponentes de la iniciativa, Anna Cavazzini (Verdes) y Antonio Decaro (Socialistas).

No es la primera crisis de la 'coalición' que gobierna la UE. Y la anterior también tuvo que ver con el alineamiento de Von der Leyen con las políticas de la ultraderechista Giorgia Meloni. En concreto, socialistas, liberales y verdes se revolvieron contra el planteamiento de la presidenta de la Comisión Europea de impulsar los centros de detención de migrantes fuera de la UE, como los que Meloni creó en Albania. A pesar del enfado de los tres grupos, esa apuesta sigue adelante en la UE.

La 'agenda verde' europea está en riesgo. Los intereses económicos, que han arrastrado al Partido Popular Europeo contra el Pacto Verde que fue una de las banderas del anterior mandato de Ursula von der Leyen, y el auge de la ultraderecha negacionista siguen surtiendo efecto en la legislación europea. La Comisión Europea ha sucumbido a la presión y ha retirado una propuesta de directiva contra el denominado 'greenwashing', los falsos reclamos 'verdes' o ecológicos que utilizan las empresas.

“En el actual contexto, la Comisión Europea tiene la intención de retirar la propuesta de directiva”, ha reconocido un portavoz del gobierno comunitario en respuesta a los periodistas en la rueda de prensa diaria en Bruselas en la que el ejecutivo comunitario no ha dado más detalles sobre esa decisión, que se produce justo después de el Partido Popular Europeo y el grupo de los Reformistas y Conservadores (ECR), que lideran los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, lo reclamaran en una carta.

Los argumentos que daban los dos grupos tienen que ver básicamente con el aumento de la burocracia que suponía esa normativa para las compañías dado que estarían obligadas a justificar y verificar las alegaciones medioambientales que utilizan como reclamo y, de esta forma, proteger a los consumidores de engaños que les lleven a adquirir productos que se venden como ecológicos o medioambientalmente sostenibles cuando no lo son, como los denominados “vuelos neutros para el clima” o las falsas etiquetas.

“La directiva corre el riesgo de obstaculizar indebidamente la comunicación sobre sostenibilidad mediante procedimientos excesivamente complejos, administrativamente gravosos y costosos”, recogía la carta de PPE y ECR recogida por Euroactiv y que parafraseaba así la opinión del exprimer ministro italiano Mario Draghi en su informe sobre la competitividad de la UE. Entre las cuestiones que ven dañinas es el requisito de aprobación previa para las alegaciones medioambientales.

Sin dar ninguna explicación al respecto, la Comisión Europea ha decidido dar marcha atrás y retirar la propuesta, que es un gesto muy poco habitual dado que la directiva se estaba negociando con el Consejo de la UE, donde están representados los estados miembros, y el Parlamento Europeo. De hecho, había una reunión prevista de los negociadores el próximo lunes.

La retirada de la directiva contra el 'greenwashing' es un paso más en la cruzada del PPE, junto a la ultraderecha, contra la agenda verde. Recientemente arremetieron contra las ONG medioambientales, y también han ido descafeinando las ambiciosas propuestas para luchar contra la emergencia climática. Y la Comisión Europea ha cedido a la presión en numerosas ocasiones. Por ejemplo, ha retrasado las multas para los fabricantes de coches por las emisiones de CO2.

El desmontaje de las políticas verdes fue precisamente la primera batalla del nuevo Colegio de Comisarios después de que el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, intentara dejar las obligaciones medioambientales de las empresas prácticamente en papel mojado en el marco del primer paquete de 'simplificación' de los procedimientos administrativos. Esta semana, Bruselas también ha reducido los requisitos ecológicos que se le exigen al sector de la defensa en una de las iniciativas para facilitar que los gobiernos disparen el gasto militar.

El Partido Popular, de la mano de las tres fuerzas de la ultraderecha europea, volvió este miércoles a 'españolizar' un debate en el Pleno de la Eurocámara con la intención, en esta ocasión, de presentar al Gobierno de Pedro Sánchez en Europa como una “mafia” a raíz de las investigaciones por corrupción que afectan a los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El hemiciclo de Estrasburgo, prácticamente vacío como sucede en este tipo de sesiones, se dividió en dos grupos que se asemejaban a los hinchas de los partidos de fútbol: los de la camiseta azul, en contra del Gobierno español y los de la camiseta roja, a favor de la respuesta que ha dado el líder socialista. Entre medias, los partidos que sustentan al Gobierno en España hacían equilibrios entre las críticas a los dos (PP y PSOE), mientras Podemos les acusaba de “robar a manos llenas”.

El PP de Alberto Núñez Feijóo consiguió que varios eurodiputados de otras nacionalidades atizaran a Sánchez y reclamaran su dimisión. Y lo mismo hicieron los socialistas, que tienen como presidenta de grupo a Iratxe García. La novedad en este caso es que el primero en disparar fue, por la bancada popular, el sueco Tomás Tobé. “Tenemos un problema grave con el Estado de derecho en España. Corrupción. Abuso de poder. Debilitamiento de las instituciones”, expresó, antes de asegurar que, con una crisis como la que vive Sánchez, el primer ministro “habría dimitido”. “Esta Cámara y la Comisión ya no pueden seguir en silencio”, recalcó.

En su respuesta, la Comisión Europea evitó entrar en la confrontación. El comisario de Justicia, el liberal irlandés Michael McGrath, se limitaba a hablar del informe del Estado de derecho que se publicó el pasado año y lo enfocó en las recomendaciones respecto al sistema judicial, dado que el título del debate era 'Salvaguardar el Estado de Derecho en España, garantizando una fiscalía independiente y autónoma para luchar contra la delincuencia y la corrupción'. La intención del PP era que se hablara del procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero es un tema que prácticamente se quedó viejo con el terremoto provocado por Cerdán.

McGrath ni siquiera se metió con el modelo de elección del fiscal general, sino que recordaba que en la UE hay “distintos modelos” y la gran petición fue que la duración de su mandato se separe de la del Gobierno, para intentar que no siempre coincida el 'color'.

Esta petición está recogida en la reforma de la Fiscalía planteada por el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y que cuenta con la oposición del PP y de la parte conservadora del Poder Judicial. El comisario apuntó a que está siguiendo la reforma en marcha del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y puso en valor que España haya dado “ciertos pasos” para dar seguimiento a esas recomendaciones.

El PP volvía a usar así las instituciones europeas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez más. Lo hizo el pasado mes de mayo, cuando convirtió con Vox un debate sobre el apagón en un ataque al Ejecutivo y a las renovables. También en abril intentaron recabar apoyos en contra de la reforma de la acusación popular en España. En marzo, aseguró en Bruselas que el “problema del Estado de derecho en España es su Gobierno” y Vox reitera que es “el peor de la historia”.

Pero se puede ir más atrás, incluso a la pasada legislatura, cuando el PP de Pablo Casado, primero, y de Alberto Núñez Feijóo, después, maniobraron para que España no recibiera fondos de recuperación de los programas puestos en marcha por Bruselas para la recuperación económica tras la pandemia. O cuando Feijóo reclamó a Ursula von der Leyen que impidiera los impuestos especiales a los beneficios logrados por energéticas y banca tras la invasión rusa de Ucrania. La presidenta de la Comisión no solo no criticó, sino que los puso como ejemplo. Por supuesto, la ley de amnistía ha sido otro de los objetivos del PP en Europa.

Informe inminente

El objetivo de la derecha será ahora el informe que se publicará la primera quincena del mes que viene sobre los progresos desde julio del año pasado, cuando los esfuerzos del PP de Feijóo se centraron en que la Comisión Europea cuestionara la amnistía al procés, sin éxito porque entonces pasó de puntillas. Ahora ha habido un pronunciamiento en el marco de la cuestión prejudicial que tendrá que resolver el Tribunal de Justicia de la UE en el que Bruselas critica cuestiones de esa ley, pero descarta que afectara a los intereses económicos de la UE, que es uno de los asuntos clave.

Las palabras del comisario fueron, por tanto, bastante tibias para tratarse del “mayor escándalo de corrupción que ha visto el Parlamento Europeo”, según lo definió la secretaria general del PPE, Dolor Montserrat, quien ha acusado a Sánchez de ser un “cobarde sin escrúpulos”.

“Sánchez asaltó su partido amañando las elecciones internas”, agregaba la catalana en referencia al mensaje de Cerdán a su colaborador Koldo García, hoy imputado, para que introdujera dos papeletas en una urna de las primarias de 2014. “Su 'número dos' repartía contratos y fondos europeos a cambio de comisiones millonarias, seleccionaba prostitutas, las situaba en empresas públicas, las denigraba. Todo pagado con dinero público”, agregó.

No sobran las críticas a lo ocurrido en el PSOE, pero lo que reprochaban algunos eurodiputados del otro lado es que se volviera a nacionalizar un debate en la Eurocámara. Y, ya que estaban en Europa, Vox aprovechaba la ocasión para reclamar a los populares que rompan sus acuerdos con los socialistas, que junto con los liberales, forman parte de la coalición que 'gobierna' la UE y sustenta a Ursula von der Leyen.

“Muy de acuerdo con el PP en que aquí tenemos a los representantes de una organización criminal, pero ustedes hoy han votado todo con ellos”, recriminó Hermann Tertsch, que mencionó expresamente el informe sobre el estado de derecho en el que las fuerzas que sostienen la mayoría han denunciado la situación en la Hungría de Viktor Orbán, a quien Vox defiende, pese a la persecución de los homosexuales prevista para la próxima marcha del Orgullo LGTBI.

En ese informe, que salió adelante con los votos de populares, socialistas (incluidos los españoles), liberales, verdes y la izquierda (aunque se han abstenido Podemos, Compromís, ERC, BNG y los comunes), figura una alusión genérica a que “los procesamientos por motivos políticos como las leyes de amnistía y los procedimientos de indulto impulsados por intereses políticos socavan la confianza pública en los principios constitucionales y las normas de la UE”.

El PP y la ultraderecha introdujeron una enmienda que muestra la “preocupación por los ataques reiterados contra jueces y fiscales que llevan a cabo investigaciones políticas de alto nivel relacionadas con casos de corrupción y abuso de poder perpetrados contra opositores políticos”. Para los de Feijóo, se refieren al caso de García Ortiz.

Los socialistas se defendieron, también tirando de colegas de otras nacionalidades que aplaudieron la “contundencia” con la que ha actuado Sánchez. El eurodiputado gallego Nicolás González Casares preguntó a un parlamentario del PP polaco que había criticado la corrupción del partido de Sánchez qué le parecía que Isabel Díaz Ayuso mantenga a su número tres, que está imputada, o las fotos de Feijóo con el contrabandista Marcial Dorado. Y obtuvo una respuesta genérica porque probablemente no sabía de qué le hablaba. El interés por la política española tiene un límite.

Tras afear que ese debate se desarrollara en Estrasburgo, el jefe de la delegación del PSOE recordó que el caso del que hablaban es el de “un ciudadano, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha defraudado a la Hacienda y un investigador que investiga”. “Quieren poner el foco en el investigador por una presunta filtración de la que no hay pruebas”, agregó, antes de recordar que “defender al delincuente es una práctica habitual del PP”. “Ninguna organización está libre de casos de corrupción. La diferencia entre ustedes nosotros es cómo se ataja”, dijo antes de recordar los “martillazos” para destruir el ordenador del extesorero del PP Luis Bárcenas y el 'Luis, sé fuerte' que le mandó Mariano Rajoy: “Ustedes protegen la corrupción, nosotros la combatimos. Actuamos con humildad, pidiendo perdón y, con contundencia”.

También el eurodiputado de los comunes Jaume Asens aprovechaba para recordar los casos de corrupción del PP: “Que el PP venga aquí a hablar de corrupción es como Netanyahu hablando de pacifismo”. “Hay que tener la cara de cemento armado para que sean ustedes los que denuncian”, dijo la parlamentaria de ERC Diana Riba. Menos benévola con los socialistas se mostró la de Podemos Isa Serra, que aseguró que “mientras el bipartidismo roba quienes sí luchan por la democracia son perseguidos”, en referencia a organizaciones sociales y a sí misma, quien recordó que fue condenada por participar en una movilización contra un desahucio.

El de este miércoles no se recordará en la historia de los debates del Parlamento Europeo, como tampoco lo harán todos los intentos anteriores de las derechas de hacer oposición a Sánchez en Europa.

Las críticas por la decisión de que la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) dejará de utilizar UPV y a partir de ahora será solo EHU en su nueva marca han llegado este miércoles al Parlamento Vasco después de que el PP y el PSE-EE preguntaran por esta cuestión al rector, Joxerramon Bengoetxea, durante su comparecencia en la comisión de Ciencia, Universidades e Innovación para presentar las principales líneas de trabajo, prioridades y necesidades de la Universidad para el sexenio 2025-2031. La primera de las voces críticas sobre la nueva marca ha sido la de la parlamentaria del PP Muriel Larrea quien ha considerado el uso de solo EHU “la exclusión de parte de la sociedad vasca”.

“Entendemos que suprimir las siglas UPV transmite un mensaje de exclusión hacia una parte importante de la comunidad universitaria y de la sociedad vasca porque consideramos que la Universidad debería ser un espacio de convivencia que represente la realidad de dos lenguas oficiales y nunca de imposición de una sobre otra. Creemos que la apuesta de la imagen institucional debe reflejar el bilingüismo y la pluralidad lingüística de la UPV/EHU y de la sociedad vasca”, ha señalado para después preguntar por “el coste de la inciativa”. Tras Larrea, la parlamentaria del PSE-EE Patricia Campelo también ha cuestionado la decisión. “Creo que la sociedad vasca es una sociedad bilingüe y que la Universidad lo es y la verdad es que me sorprendió ese cambio y así lo manifiesto”, ha señalado durante su intervención. Es una cuestión a la que no han hecho referencia el resto de representantes de partidos como EH Bildu, Sumar o el PNV.

En este sentido, Bengoetxea ha explicado que entienden algunas de las reflexiones planteadas, pero que están a favor del bilingüismo de la Universidad. “Nosotros estamos a favor del bilingüismo de la Universidad, sin ninguna duda, y de que se introduzca una tercera o cuarta lengua también. El nombre oficial seguirá siendo el mismo: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Lo que hemos hecho ha sido solo el cambio de la marca. Es la continuación de un proceso ya empezado desde antes. No es priorizar el euskera sobre el castellano. No es el objetivo que hemos tenido. Nuestro objetivo es la modernización de la marca, para ello quitar la barra y reducir las siglas, pero manteniendo el logo de Chillida. Puede que a algunos les produzca nostalgia ver desaparecer la marca UPV, pero estad seguros de que la Universidad del País Vasco seguirá existiendo”, ha argumentado.

Al igual que en el anuncio de la nueva marca, el rector ha explicado los problemas que acarreaba compartir siglas con la Universidad Politécnica de Valencia. “Tanto en los medios de comunicación, como en este Parlamento, al hablar de la Universidad, se ha nombrado como UPV, pero la UPV es la Universidad Politécnica de Valencia. Y eso nos trae grandes problemas. Yo mismo me he sentido confundido con las siglas. En ránkings y a la hora de identificar a autores si solo se pone UPV los créditos van para la Universidad Politécnica de Valencia en lugar de a la nuestra. Estamos hablando de algo muy importante. No tenemos nada en contra de las siglas UPV, pero queremos crear nuestra propia marca”, ha detallado para después añadir que no supondrá ningún coste añadido. “No tenemos intención de quitar las marcas y los logos que existen, iremos de forma progresiva introduciendo la nueva marca, pero no tomaremos ninguna medida para borrar los UPV/EHU que haya en ningún centro. Al crear nuevos productos iremos introduciendo la nueva marca, pero no habrá ningún impacto presupuestario”, ha aseverado.

Tras sus palabras, Larrea ha continuado de forma crítica sosteniendo que existen “dos lenguas oficiales a las que hay que cuidar” y que la Universidad pública “pertenece a toda la sociedad vasca y todos tienen que sentirse incluidos en ella”. Sin embargo, después de escuchar la intervención del rector Campelo ha rebajado su tono. “La intención de este grupo y de esta portavoz no es introducir polémicas, sino poner encima de la mesa alguna reflexión que lleve a explicaciones y a comprender. A veces la pedagogía en este tipo de cambios es importante porque lo simbólico tiene mucho peso y más en esta sociedad”, ha indicado.

La falta de financiación de la Universidad, a debate

Los parlamentarios de EH Bildu, Ikoitz Arrese y Edurne Benito del Valle, y del PNV, Ainara Zelaia, no han debatido sobre esta cuestión, mientras que el parlamentario de IU y de la coalición Sumar, Jon Hernández, ha lamentado que haya “intereses cruzados para utilizar la polémica políticamente”. “Yo no quiero añadir nada a esa polémica, solo lamentar que desgraciadamente tanto entre los partidos políticos como de los medios de comunicación lo que suele pasar es que mientras se está ocupando una parte importante del debate público a una cuestión como esta no se ocupa a otras cuestiones fundamentales”, ha sentenciado.

Sobre esta última cuestión, todos los partidos salvo el PNV han hecho referencia a la falta de financiación de la Universidad del País Vasco. El rector ha lamentado que “el actual proceso de financiación no es bidireccional” y al comparar la evolución de los últimos años “se observa que el proceso de financiación ha limitado, estrechado y restringido la autonomía de la universidad” y que no llega al 1% del PIB establecido por la ley. “Se puede concluir que la UPV/EHU no hace uso de su correspondiente autonomía para ejercer sus competencias y negociar la financiación a través de la colaboración y el diálogo. La financiación universitaria asciende actualmente al 0,5% del PIB. Según el estudio ”Universidades financieramente sostenibles“ de la Asociación de Universidades Europeas, las universidades europeas creen que la financiación pública no aumentará en los próximos años. Así, si no alcanzamos el 1% previsto por la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) estaremos en una situación precaria y en desventaja competitiva frente a las universidades que parten de una base del 1%”, ha criticado Bengoetxea.

La parlamentaria del PNV, Ainara Zelaia, en este sentido ha recordado que la ley se refiere al “1% del PIB del Estado y no de cada comunidad autónoma” y se ha cuestionado qué ocurre con el déficit de la Universidad que “después costea el Gobierno vasco”. “Creemos que la financiación es correcta, ya que no habéis hablado del déficit que ha habido en los últimos años. Un déficit que el Gobierno vasco cuyo coste ha garantizado de una forma u otra. Entendemos que hay una suficiencia en la financiación. La detección de futuras necesidades dará lugar a la valoración por parte del departamento, sobre todo ahora que tenemos un departamento específico destinado a universidades para la detección y valoración de esas necesidades”, ha concluido.

El PP y los tres grupos de la ultraderecha han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “atacar” el estado de derecho y la separación de poderes. Lo han hecho en el Parlamento Europeo, donde tienen mayoría, a pesar de que los conservadores mantenían el cordón sanitario a dos de los grupos de la extrema derecha (Patriotas por Europa, del que forma parte Vox; y Soberanistas, que lidera Alternativa por Alemania).

Vox ha aprovechado el informe sobre la actividad de la Comisión de Peticiones en el año 2023 para incluir una enmienda que “lamenta los ataques al Estado de Derecho y la separación de poderes perpetrados por el Gobierno español”. Esa enmienda ha salido adelante con el apoyo 298 votos a favor (el Partido Popular Europeo y los tres grupos de la ultraderecha), 273 en contra (socialistas, liberales, verdes y la izquierda) y 15 abstenciones.

La utilización que el PP de Alberto Núñez Feijóo hizo de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que presidía Dolors Montserrat ha dado sus frutos dado que el informe anual de la actividad de ese organismo ha recogido el “incremento repentino de peticiones de origen español que se produjo en la segunda mitad de 2023 acerca de los riesgos que para el Estado de Derecho en España representaba la voluntad del Gobierno de España de aprobar una ley de amnistía contraria al ordenamiento constitucional y europeo”.

Otra de las enmiendas que ha salido adelante con el apoyo de la derecha y la ultraderecha tiene que ver con la inmersión lingüística en Catalunya. “Lamenta que las autoridades competentes en materia educativa de la región no hayan aplicado las recomendaciones emitidas por la Comisión de Peticiones en su informe de 19 de marzo de 2024 posterior a la misión, orientadas a proteger los derechos lingüísticos de los estudiantes y sus familias”, señala el texto. Las fuerzas progresistas plantaron aquella misión para denunciar la utilización que estaba haciendo la derecha, en aquel momento con el apoyo de los liberales de Renew (que albergaban al hoy extinto Ciudadanos) de la Comisión de Peticiones. Años antes habían solicitado, sin éxito, amparo a la presidencia de la Eurocámara.

El conjunto del texto que analiza la actividad de esa comisión ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular Europeo, las fuerzas de la extrema derecha y seis eurodiputados liberales. En contra de la resolución se han posicionado socialistas, verdes y la izquierda. En el caso de los liberales, se han abstenido mayoritariamente aunque la parlamentaria del PNV, Oihane Agirregoitia, lo ha rechazado.

En el debate, la portavoz del PP, Rosa Estarás, ha puesto en valor el “trabajo magnífico” que se hizo en la comisión de peticiones, en la que la derecha ha maniobrado durante toda la legislatura. La eurodiputada del PSOE Sandra Gómez ha apelado al resto de delegaciones del PP europeo por hacer 'seguidismo' de la española, a la que ha acusado de “manosear la comisión”. “La estrategia que fue politizarla, usarla para la propia agenda del PP”, ha dicho la valenciana, que ha recordado que el PP y las fuerzas ultras han vetado peticiones como la de las víctimas de la DANA “por intereses partidistas”.

“La derecha y extrema derecha se han dedicado a silenciar el trabajo importante que llevó a cabo la comisión de peticiones en 2023”, ha denunciado la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que también ha asegurado que se “ideologizó” esa comisión: “El PP español ha cambiado de estrategia, lo que están haciendo ahora es ir de la mano de la extrema derecha y poner freno a cualquier iniciativa que surja de cualquier otro lado del hemiciclo”. Tanto Miranda como Gómez han acusado a los conservadores de romper “el consenso” en esa comisión.

El Partido Popular Europeo junto a los grupos de la ultraderecha han torpedeado la implementación del organismo con el que la UE pretendía reforzar sus reglas éticas y de transparencia para combatir, entre otras cosas, las puertas giratorias, la recepción de regalos o los conflictos de interés en la relación con los lobbies. Los eurodiputados de esos partidos han votado en contra de los cambios del reglamento del Parlamento Europeo para su puesta en marcha.

La negociación de ese organismo se remonta al menos a 2023 y coincidió en el tiempo con el escándalo del Qatargate, que acabó con varios exparlamentarios en prisión preventiva por haber supuestamente recibido sobornos a cambio de defender al emirato y también de que se revelara que ese país pagó viajes a un alto cargo de la Comisión Europea.

Hace un año ocho instituciones europeas, entre ellas la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, a través de su presidenta, Roberta Metsola (del PPE), pero también el BCE o el Tribunal de Cuentas, llegaron a un acuerdo para impulsar ese nuevo cuerpo ético a través del trabajo de sus representantes y cinco expertos independientes.

La intención era fijar nuevos mínimos de transparencia y ética comunes a sus cargos políticos en relación a la publicidad de declaraciones de intereses financieros y no financieros, actividades remuneradas durante el ejercicio del cargo, regalos o viajes recibidos, premios y honores, puertas giratorias o reuniones con lobbies.

La Comisión Constitucional de la Eurocámara ha votado este miércoles los cambios necesarios en el reglamento para dar cabida a ese nuevo órgano, pero PPE, Patriots (el grupo de Vox), ERC, y Soberanistas lo han rechazado.

“Desde el inicio, han entorpecido y retrasado las negociaciones dejando de nuevo clara su postura y su problema con las normas éticas y la transparencia”, ha criticado el eurodiputadodel PSOE Juan Fernando López Aguilar: “La confianza en la democracia europea es demasiado valiosa para ser objeto de juegos políticos partidistas”.

También los liberales de Renew cargan contra la posición del PPE, que choca con la posición que han mantenido Metsola o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “La burbuja del PPE ha estallado”, ha afirmado el eurodiputado Sandro Gozi (Movimiento Demócrata, Francia): “Han intentado debilitar el Órgano de Ética y paralizar su aplicación, pero la votación de hoy demuestra que están en contra del propio principio y dispuestos a trabajar con la derecha radical para acabar con él”.