Cuando entró en vigor la regulación de los alquileres en Catalunya, el pasado 16 de marzo, la escritora Blanca Llum Vidal llamó al administrador de fincas del piso en el que vive con su hijo en Barcelona. Su contrato, por el que paga 810 euros al mes, vence en 2025. Pero quería anticiparse y asegurarse de que no podrían subirle la mensualidad. La norma así lo establece. Pero la respuesta que obtuvo no fue la que esperaba. 

– Si la regulación nos obliga a bajar el precio, lo alquilaremos por temporadas. Si no, lo subiremos un poco, unos 200 o 300 euros al mes. 

Ese fue el mensaje del administrador. Y, desde ese día, Llum Vidal busca piso. Pero no es la única que se ha visto amenazada o directamente desplazada por el alquiler de temporada. Esta modalidad de contrato, que queda fuera de la regulación de los alquileres, se ha disparado en los últimos meses en la capital catalana, hasta el punto de copar entre un 20% y un 40% de la oferta en portales inmobiliarios como Idealista, según los datos disponibles.

Su auge, según las distintas fuentes consultadas, se viene detectando desde hace años, en paralelo a la aprobación de distintas regulaciones que favorecen al inquilino, como la extensión de los contratos de tres a cinco años o el tope de precios. El alquiler temporal permite al propietario hacer contratos anuales y, por lo tanto, tener más libertad para encarecerlos o extinguirlos. 

Pero en el caso barcelonés influyen, además, la llegada creciente de trabajadores extranjeros –la mayoría nómadas digitales– que recalan en la ciudad por su buen clima. Así como la celebración de eventos como la Copa América de vela, que supone el desembarco de 2.500 personas –solo contando los equipos y la organización– desde primavera hasta finales de año. “Es una tormenta perfecta que se suma a la crisis de vivienda que sufre la ciudad desde hace años”, resume Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Radiografiar el boom del alquiler de temporada no es sencillo debido a la falta de datos oficiales. Un informe de Idealista para el tercer trimestre de 2023 hablaba de subidas “meteóricas” hasta alcanzar el 28% del mercado de arrendamientos en la capital catalana, solo superada en España por San Sebastián. Otro estudio del Observatori de l’Habitatge de Barcelona (OH-B), con anuncios de la misma empresa y del mismo período, dejaba el porcentaje en 19%, pero con algunos barrios, como Barceloneta, rozando el 50%.

Desde entonces no se han publicado más estudios. Pero un análisis más reciente de elDiario.es confirma la tendencia al alza. Desde octubre de 2023 a marzo de 2024, este diario ha contabilizado todos los anuncios disponibles en Idealista cada día 15. El resultado es que, de media, los usuarios se encuentran con un 46% de anuncios de rentas temporales. Y en algunos barrios del centro rondan el 60% (en Barceloneta, Hostafrancs, Esquerra de l’Eixample o Sant Antoni).

A pesar de las diferencias entre informes, lo que señalan los expertos es que no hay duda de su crecimiento. “Hay un desplazamiento claro de viviendas que se ofrecían como alquiler residencial y que ahora son de temporada o turísticos”, constata Helena Cruz, geógrafa y autora del estudio del OH-B. En él comparaban también la evolución de la oferta convencional y la temporal y turística entre 2022 y 2023. Mientras la primera baja en 895 pisos, la segunda sube 830. Su conclusión es que se trata de vasos comunicantes.

A ello hay que añadir unos precios más elevados. Según el cálculo de elDiario.es, los alquileres temporales son un 17% más caros que los residenciales. El OH-B, por su parte, comprobó que los pisos de menos de 1.000 euros al mes correspondían solo al 6% de los anuncios de rentas largas, mientras que entre las temporales eran el 1% del total. Superiores a 1.600 euros, en cambio, eran el 46% y el 65,4%, respectivamente.

Sin cambios a la vista, puede que el piso actual de Blanca Llum Vidal acabe engrosando esa bolsa de contratos temporales. “Parece que los grandes propietarios siempre encuentran la manera de asfixiar a la gente”, lamenta esta escritora de 38 años. Su casera es una gran tenedora que posee varias fincas, entre ellas la suya de más de 15 pisos. “No necesita 300 más al mes, mientras que para mí significan poder pagar o no el piso”, añade. 

Una vía de agua… y ¿un fraude de ley?

Para las asociaciones de inquilinos, la existencia del alquiler temporal se ha convertido en una auténtica vía de agua en la Ley de Vivienda que está tensionando –todavía más– el mercado del alquiler y que la Administración debería taponar. Pero no hay regulación a la vista para ello. El Ministerio de Vivienda creó en diciembre una comisión para estudiarlo y por ahora se ha reunido una sola vez, mientras que la Generalitat asegura que estaba redactando una nueva normativa, pero que no se podrá aprobar por las elecciones anticipadas del 12 de mayo.

Actualmente, en los 140 municipios catalanes en los que rige el tope de los alquileres, las subidas de precio están limitadas. De ahí que algunos propietarios hayan visto el alquiler de temporada como un atajo para subir precios. Pero los juristas especializados en vivienda advierten de que si se hace con inquilinos que usan la vivienda como domicilio, los caseros estarían incumpliendo la ley. “Hay propietarios que anuncian alquileres de temporada, y que así lo estipulan en los contratos, pero realmente alquilan a personas que usan esa vivienda como residencia habitual, y eso es hacer un uso fraudulento de esa figura”, advierte Elga Molina, asesora jurídica en materia de vivienda.

Ese es el caso de Paula Fernández, una joven de 28 años que comparte piso con otras tres chicas en Cerdanyola del Vallès, en el área metropolitana de Barcelona. A pesar de que viven en esa casa desde hace cuatro años y que están empadronadas en ella, tienen un contrato de temporada. Antes de la nueva Ley de Vivienda tenían un alquiler residencial, pero cuando tocó renovarlo el propietario les dijo que o firmaban por un año o nada.

“Nos pilló desprevenidas y acatamos por miedo a quedarnos sin casa”, explica Paula. Era septiembre de 2022. Un año después, el contrato caducó y les tocó volver a firmar. Su casero proponía de nuevo doce meses de vigencia, pero después de la insistencia de Paula acordaron uno de dos años, a condición de que constaran como estudiantes (aunque no lo son).

La figura del alquiler de temporada está muy poco desarrollada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero la norma al menos deja bien claro que está pensada para usos distintos al de vivienda. Por ejemplo, estudiantes y doctorandos de paso, profesionales con alta movilidad o nómadas digitales, gente que tiene su casa en obras… “El motivo, y no la duración de la estancia, es lo que determina si un contrato es de temporada y así debe acreditarse, incluso aportando el contrato laboral”, añade Molina.

Pero nadie pidió a Fernández que demostrara que era estudiante. No lo hubiera podido hacer. “Es un contrato cuyo único objetivo es saltarse la ley y cobrar más”, se lamenta. Desde que firmaron el alquiler de temporada, pagan 120 euros más al mes, hasta llegar a los 1.120, cuando su piso, según el tope marcado por el Índice del Gobierno, debería valer entre 600 y 700 euros.

“Es horrible, todo el rato pendiente de los movimientos que hacemos. Cada vez que nos quejamos, la inmobiliaria nos asedia con llamadas y mails amenazando con rescindir el contrato”, se lamenta Fernández.

Arcarazo, del Sindicato de Inquilinas, asegura que cada vez les llegan más casos de arrendatarios como estas jóvenes con lo que describe como “contratos basura”. 

Casa Orsola, baluarte de la resistencia

Si hay una finca que simbolice la resistencia vecinal contra la especulación con la vivienda y la gentrificación, esta es la Casa Orsola, un edificio modernista en el barrio del Eixample cuya propiedad quiere desalojar. En su historia también juega un papel el alquiler de temporada. 

El inmueble lo adquirió un fondo inmobiliario catalán cuando ya se conocía la intención del gobierno de Ada Colau de peatonalizar su calle, Consell de Cent. Hoy esa vía está entre las diez mejores del mundo, según la guía del ocio Time Out, y los 19 vecinos que quedan se resisten a aceptar que deben irse.

Algunos de ellos tienen contratos indefinidos, a otros les vence en unos pocos años y otros ya están fuera de contrato, pero siguen viviendo en sus casas (pagando sus alquileres en los juzgados). Elisenda Paños, que habita ese inmueble desde hace 35 años con su pareja y su hijo adolescente, y Josep Torrent, son dos de ellos. Y ambos tienen fecha de juicio para su desahucio. 

Desde la terraza de la finca, Paños y Torrent lamentan que la propiedad se haya “cerrado en banda” ante su propuesta de negociación. Los cinco pisos que ya han quedado vacíos están reformados y se alquilan con contratos de temporada. Si Josep o Elisenda pagan entre 600 y 800 euros al mes por su casa, los nuevos temporales oscilan entre los 2.000 y los 2.400 euros. Más los honorarios, que son unos 1.000 euros, y la fianza, que va de los 4.000 a los 5.000. “Claro que nosotros no les interesamos”, comenta con sorna Paños. “Si pudieran hacernos alquileres por días, lo harían”, apunta Torrent. 

La Casa Orsola, según los propios vecinos, es también un mirador que permite observar cómo el barrio se ha ido vaciando de conocidos para acoger a jóvenes extranjeros con elevado poder adquisitivo y con los que apenas se saludan. Ana, la única inquilina de renta antigua de la finca, se ve en pocos años “sola y rodeada de turistas”. Ha subido a la terraza a charlar con sus vecinos y gozar de una de las primeras tardes calurosas de la primavera. “Lo único bueno de esta situación es que los vecinos nos hemos unido”, explica Elisenda Paños, hecho que contrasta con el poco contacto que tienen con sus vecinos temporales, que ni siquiera conocen sus reivindicaciones. “No quieren saberlo. Para ellos, la ciudad es un decorado. Solo les interesa que haga buen tiempo y que no les roben, pero no se dan cuenta de que el robo es que les cobren 2.400 euros de alquiler”, remacha Josep Torrent. 

Mientras esperan ganar el pulso a la propiedad, algunos en Casa Orsola van buscando piso. Pero en la Nova Esquerra del Eixample, la zona más barata del distrito, el alquiler cuesta de media 1.200 euros. “El barrio está muy bonito, pero piensas ¿para quién?”, se pregunta Paños, mientras sale del portal y echa una mirada su alrededor, donde las lavanderías y las cafeterías han sustituido el comercio local. 

La demanda “extraordinaria” de la Copa América

Desde el sector inmobiliario barcelonés, por su parte, descartan que el trasvase masivo hacia los alquileres de temporada se deba a que los caseros quieran eludir la nueva regulación. “Hay que evitar que haya fraude, pero Barcelona es una ciudad universitaria con estudiantes, profesores, nómadas digitales, trabajadores desplazados temporalmente… Y el alquiler de temporada es una necesidad”, argumenta Carles Sala, portavoz de Colegios y Asociaciones de Agentes Inmobiliarios (API) de Catalunya. 

Una de las inmobiliarias especializadas en vivienda de alto standing para extranjeros, Engel & Volkers, defiende también que no se entendería el aumento de este alquiler de corta duración sin el crecimiento de una demanda que aseguran que es real. “El cliente extracomunitario ha aumentado de forma exponencial; los norteamericanos son ahora mismo el número uno y antes de 2022 eran residuales”, detalla Albert Gonzalez, director de la división de alquileres de Barcelona de la firma, que lo atribuye también a la aprobación de la llamada Ley de Startups, de diciembre de 2023, que facilitó la llegada a España de nómadas digitales. 

“Son perfiles que no alquilan para siete años, sino por once meses o un año”, prosigue González. “Testean la ciudad y si les gusta deciden si se acaban quedando, incluso comprando”, añade. Son inquilinos que superan en poder adquisitivo a los barceloneses, con ingresos por hogar que con facilidad pueden ser de más de 6.000 euros al mes, precisa. 

Ante esto, la decisión de quien quiere sacar rentabilidad a sus activos inmobiliarios acaba decantándose por los contratos temporales. González hace números para que quede más claro si cabe: “Si un propietario con cinco o seis viviendas las alquilaba 1.500 euros y la regulación le obliga ahora a rebajarlo a 1.000, pues se pasa al temporal y puede cobrar 2.500 al mes, ¿me explico?”. 

A todo ello se le añade además la Copa América, el macroevento deportivo que se celebra desde el 22 de agosto al 20 de octubre y atraerá a miles de personas a la ciudad. “La demanda es extraordinaria”, cita González. Una de las empresas que participa en la competición les ha solicitado ya 250 pisos de alquiler, a poder ser en zonas como la céntrica Ciutat Vella. Por ahora han cerrado 150. 

Si en los próximos meses la Administración no pone coto al alquiler temporal, todos los actores preguntados coinciden en que seguirá creciendo. Este diario ha preguntado a la Generalitat si ha realizado inspecciones específicas para controlar que no se recurra a esta figura de forma fraudulenta, pero en el Departamento de Territorio no han respondido. 

Desde su piso en el barrio de Sarrià, de apenas 70 m2 y sin luz natural, Blanca Llum Vidal explica que, además de dar voces para buscar un alquiler asequible, se acaba de apuntar a una cooperativa de vivienda, un modelo de copropiedad de inmuebles que ha crecido en los últimos años en la capital catalana al abrigo del gobierno de Colau. Quiere escapar, dice, de la “espiral de la especulación inmobiliaria”. “Las grandes ciudades te expulsan hacia afuera y a la vez te atraen, porque es donde hay más posibilidades laborales”, reflexiona. “Estamos atrapados en una contradicción”. 

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Azahara Ortiz se calza las botas y pisa el campo con firmeza, como si llevara media vida esperando a hacerlo. Hacen falta ganas para empezar el entrenamiento de fútbol ya entrada la noche, en un frío día de febrero pasado por agua. Llueve en el barrio de Vallecas, al sur de Madrid, pero eso no frena a Azahara y sus compañeras. “¡Vamos chicas, a correr para calentar!”, les animan los entrenadores dando palmas. Como cada martes y jueves, el equipo femenino Puerto de Vallekas practica jugadas, regates y tiros a puerta de cara al próximo partido y repasa lo que puede mejorar del anterior. Ese fue el primero en el que Azahara no se quedó en el banquillo.

La joven, natural de la ciudad de Algeciras, en Cádiz, jugó como una más aquel partido por primera vez desde que llegó al equipo. Hasta ahora solo participaba en los entrenamientos porque no podía competir al no estar federada. No podía porque aún no había cambiado el sexo masculino que figuraba en su Documento Nacional de Identidad (DNI) por el que siempre ha sentido que le corresponde: el de mujer. Con 29 años recién cumplidos, Azahara por fin se reconoce en el trozo de plástico que cuenta quién es. Un trámite clave para muchas personas trans, que ahora ya no están obligadas a declararse enfermas para que el Estado español admita oficialmente su sexo legal.

Así lo consagró la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como la Ley Trans, que fue sancionada por el Rey el 28 de febrero de hace un año y solo unos días después entró en vigor. Aunque la norma despliega un amplio abanico de medidas, todos los ojos están puestos en la autodeterminación de género, una demanda histórica de la comunidad trans.

El texto ha convertido a España en uno de los 16 países del mundo que cuentan con un proceso de reconocimiento legal del género basado en este principio. Son Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Islandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Suiza, Portugal, Malta, Luxemburgo y Nueva Zelanda. Esto significa que en estos lugares las personas trans pueden modificar sus documentos oficiales sin cumplir con los requisitos médicos que suelen pedir la mayoría de Estados: desde someterse a intervenciones quirúrgicas, hormonales o de esterilización hasta cumplir con pruebas o diagnósticos psiquiátricos.

Desde 2007 ya había una ley en España que permitía la modificación del sexo legal en los documentos, pero esta exigía unas condiciones médicas consideradas “patologizantes” por las organizaciones LGTBI y de derechos humanos: la persona debía contar con un informe psiquiátrico que les diagnosticara disforia de género y haberse sometido a un mínimo de dos años de hormonación. La nueva norma, por el contrario, elimina estos requisitos y permite el cambio en base únicamente “a la voluntad libremente manifestada” de la persona.

Cuando salió la ley fue un alivio. Yo tenía claro desde el principio que tenía que ir y pensé que mejor lo antes posible porque no sabíamos si iba a estar mucho tiempo.

Azahara Ortiz

Aunque a día de hoy Azahara ya cumpliría estas condiciones, no lo hacía cuando la Ley Trans fue una realidad. Por eso, con el nombre ya cambiado gracias a una instrucción de 2018 del Ministerio de Justicia, dejó pasar un par de días e hizo lo propio con el sexo legal. La solicitud debe tramitarse ante el Registro Civil, que cita a la persona a dos comparecencias separadas por tres meses en las que muestre su “disconformidad” con el género asignado al nacer. “Cuando salió la ley fue un alivio. Yo tenía claro desde el principio que tenía que ir y pensé que mejor lo antes posible porque no sabíamos si iba a estar mucho tiempo. La verdad es que tuve mucha suerte y en julio ya tenía la documentación en regla”, explica la joven.

En ese momento, y aunque para federarse ha tenido que esperar a la temporada actual, ya llevaba algunos meses entrenando con Puerto de Vallekas. “Casualidades de la vida, la Ley Trans entró en vigor el 3 de marzo de 2023 y justo ese día fue el primero que empecé con el equipo”, dice orgullosa. “Me dijeron que no había problema en que no pudiera jugar los partidos y que había otras dos chicas trans, así que yo, que nunca he estado en un equipo de nada, me decidí a venir. El primer día iba con un poco de miedo al pensar 'yo no soy alguien que tenga que estar aquí', pero la acogida de ellas fue tremenda”, recuerda sobre sus compañeras.

La ley que parecía que no sería

191 votos a favor, 60 en contra y 61 abstenciones. Es el resultado de la votación con la que el Congreso de los Diputados dio luz verde a la conocida popularmente como Ley Trans. Aquella no fue una sesión cualquiera. La norma llegaba a su último escalón dejando tras de sí una fractura sin precedentes en el movimiento feminista y en el Gobierno de coalición. El meollo fue precisamente la libre determinación de género, que para un sector del feminismo y algunas voces dentro del PSOE, que también se partió en dos, limita y pone en peligro los derechos de las mujeres cis –que no son trans–.

“Hubo varios momentos en los que la ley estuvo en peligro y pensamos que no saldría”, resume la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ Uge Sangil. El papel de los colectivos, que prácticamente funcionaron de mediadores entre las dos alas del Gobierno, fue clave para desbloquear la norma. Finalmente, la versión legislativa que defendía el Ministerio de Igualdad de Irene Montero (Podemos), acabó imponiéndose. Hoy el balance es positivo: “Ha ampliado derechos, no solo a las personas trans, a todo el colectivo LGTBI+. Si hablamos de la rectificación legal, es un paso de gigante para reconocer a las personas tal y como son y nos sitúa a la cabeza a nivel internacional”.

Así lo destaca la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), que señala “una mejora significativa” de la posición de España en su ranking de derechos LGTBI –en 2023 escaló seis puestos hasta el cuarto lugar– gracias “a las amplias protecciones” para el colectivo de la nueva legislación, esgrime Cianan Russell, portavoz de ILGA-Europa. Organismos internacionales como el Consejo de Europa o la Comisión Europea llevan tiempo reclamando procesos basados en la autodeterminación y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó en 2018 de considerar la transexualidad una enfermedad, pero el conflicto no se ha cerrado y tiene ecos a nivel global.

La disputa ha llegado incluso a Naciones Unidas, donde los distintos expertos independientes muestran posiciones contrarias. Contra la ley española se ha posicionado la relatora especial de la ONU para la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, que tras su aprobación afirmó: “Los países deben reflexionar sobre si alguien con un sexo biológico masculino, una vez adquirido su certificado de género femenino, debe poder acceder a todos los programas y categorías pensados para mujeres biológicas”. Por contra, otros nueve expertos firmaron una carta en la que aseguraban que la Ley Trans “elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana”.

Lucía Sobral recuerda el día que inició el trámite como una jornada "de burocracia", pero señala como importante el momento en el que tuvo el DNI en sus manos: "Pone Lucía Sobral, mujer y lleva una foto con la que estoy cómoda".

El conflicto no fue solo un debate de ideas, o no en todos los casos. Había quien tenía dudas sobre la norma y echó en falta más pedagogía para explicarla, pero las propias personas trans han visto también cómo su identidad era puesta en duda de forma virulenta, muy especialmente en redes sociales: “Yo en la vida real no he tenido ninguna situación violenta hasta el momento, esperemos que siga así, pero al final sufres violencia en redes. Me ha pasado de poner tuits que no tienen nada que ver con el tema y venga gente a insultarme por ser trans. Eso afecta, evidentemente”, esgrime Azahara.

Más allá de su caso particular, la joven celebra que la Ley Trans “acoja la diversidad” del colectivo. “No todo el mundo tiene la misma realidad, yo sí estoy en tratamiento hormonal porque así lo he decidido, pero hay gente que no quiere pasar por eso y no hace que sean menos válida o menos persona trans. Al final, yo supe por mi cuenta que era una persona trans, nadie me lo tuvo que decir. Es algo que sabes, puedes tener dudas, puedes tener que reflexionarlo mucho y explorarte, pero es algo que solo vas a saber tú y nadie externo puede decirte si lo eres o no”.

Comparte su opinión Lucía Sobral, que ha intentado “mantenerse al margen” de lo que define como “una ola de odio” a las personas que son como ella silenciando en X (antes Twitter) “todas las palabras relacionadas”. Hace un año su fotografía apareció en varios medios de comunicación: la Ley Trans acababa de entrar en vigor y esta estudiante canaria era la primera persona en pedir el cambio de sexo legal en Madrid. Aquello lo recuerda ahora como “un día de burocracia, nada más, como si me fuera a cambiar el padrón” y como parte de un proceso más amplio de cambio de todos sus documentos que le ha llevado tres años. El momento que sí señala como importante fue en agosto de 2023, cuando por fin pudo tener su DNI: “Pone Lucía Sobral, mujer, y lleva una foto con la que estoy cómoda”.

El juez que frena los fraudes

Aunque aún no hay datos oficiales sobre cuántos cambios de sexo legal se han hecho en España un año después de la aprobación de la ley, los procedimientos han transcurrido, en general, con normalidad. Algunas personas se enfrentan a “retrasos” en los trámites debido al colapso de las oficinas de los registros civiles, pero “no ha habido una avalancha de hombres cambiándose el sexo para entrar en espacios de mujeres, y sí personas trans que han ejercido su derecho”, esgrime Sangil sobre la alerta que hacen algunos sectores feministas. “Los casos que han trascendido mediáticamente no demuestran que la ley tiene fallos, sino que hay quienes la utilizan para ponerla en duda”.

El juez Matías Martínez, que ha denegado seis peticiones por fraude, asegura que algunos le han confesado que "directamente no se sienten mujeres" y otros traen el discurso "más construido", pero "a nada que preguntes, se les cae".

Sí ha habido algunos hombres que han pretendido hacer un uso de la Ley Trans contrario a su objetivo, como el sargento que buscaba un ascenso militar, y también jueces que han bloqueado peticiones por atisbar fraude de ley. Es el caso de Matías Martínez, magistrado de Bartolomé de Tirajana, un municipio al sur de Gran Canaria, que desde la entrada en vigor de la norma ha frenado seis peticiones de rectificación registral al apreciar “intenciones espurias” de los solicitantes: “Los solicitantes que incurren en fraude hacen sus peticiones en otros registros porque saben que yo se lo voy a denegar”, asegura.

Para este juez, el fraude de hombres que buscan beneficiarse de medidas de discriminación positiva que existen para garantizar la igualdad “es evidente” y lo identifica “teniendo en cuenta un conjunto de elementos” que le llevan a valorar “si el sentimiento es real o no”. Con algunos el proceso es muy breve. Directamente le confiesan que “no se sienten mujeres”, otros traen un discurso “un poco más construido”, pero “a nada que uno pregunte un poco, se les cae”. Martínez recela de quienes mantienen un nombre masculino, aunque esto no le basta para denegar el cambio, tampoco se fija en el físico de la persona y cuenta con una batería de preguntas que “de forma inexorable” le permiten llegar a la conclusión “analizando caso por caso y respetando siempre la dignidad de la persona”.

Compañeros de profesión le piden que comparta las cuestiones que pone sobre la mesa en las comparecencias y aunque Martínez atiende sus dudas, cree que el redactado de pautas le corresponde a las instituciones, en concreto al Ministerio de Justicia. El juez considera que “estaba clarísimo” que la norma “iba a traer consecuencias como estas”, pero la valora positivamente. Cree que los requisitos médicos que se exigían antes “eran una injerencia” en la vida de las personas trans, pero piensa que los magistrados deben contar con más mecanismos para identificar el fraude “al igual que hay unos criterios claros con otros temas como pueden ser los matrimonios de conveniencia”, ejemplifica.

El camino por recorrer

Al igual que Azahara y Lucía, Edel Granda tampoco tardó mucho en acudir al Registro Civil Único de Madrid a solicitar el cambio “por miedo a que la norma fuera eliminada por la ultraderecha”. El riesgo de que el Partido Popular y Vox gobernaran España tras las elecciones de junio hizo temer a las personas LGTBI que la ley podía ser derogada, algo que prometieron ambos partidos, pero finalmente el Gobierno de coalición se reeditó. El texto sigue en vigor y la amenaza ha mermado, pero no se ha diluido por completo pues la derecha continúa poniéndola en la diana y cargando contra todo lo que suene a derechos LGTBI.

Aún deben desplegarse políticas activas para el empleo y desarrollar los reglamentos oportunos, como el destinado a las oficinas de extranjería o para que las entidades LGTBI conozcan el régimen sancionador de la ley

Mar Cambrollé — Presidenta de la Federación Plataforma Trans

Aunque Edel buscaba la tranquilidad de tener la documentación cambiada, al mismo tiempo la modificación le hizo sentir un punto de rabia al verse invisibilizado como chico trans. “He luchado en espacios precisamente porque soy trans y no tengo los mismos privilegios que un hombre cis”, acentúa este investigador de 28 años. Su principal motivación fue “evitar situaciones incómodas en el médico o en la administración porque constaba como mujer”, por ejemplo, en la universidad, donde aparecía como profesora o investigadora. Sin embargo, tiene miedo a que figurar con sexo masculino acabe pisoteando su derecho a la salud, algo que ya le ha pasado con algún profesional de ginecología, que le ha llegado a decir que “si me identificaba como hombre no tenía sentido que estuviera allí”.

Las organizaciones LGTBI y trans saben que aún queda camino por recorrer. Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, cree que el nuevo modelo “ha devuelto la dignidad” a las personas trans, pero reconoce que el Ministerio de Igualdad, encabezado ahora por la socialista Ana Redondo, tiene trabajo por delante: aún deben desplegarse políticas activas para el empleo y desarrollar los reglamentos oportunos, como el destinado a las oficinas de extranjería o para que las entidades LGTBI conozcan el régimen sancionador de la ley, enumera.

Cambrollé considera clave que ahora el texto “se implemente de manera efectiva” y reclama que, lejos de dar pasos atrás, se amplíe con las cuestiones que para los colectivos LGTBI quedaron pendientes: Plataforma Trans es uno de los grupos que demanda el reconocimiento de las personas no binarias y el acceso de menores trans por debajo de los 12 años al proceso de rectificación registral.

Tras el debate, la realidad

Detrás de los procesos administrativos, la documentación, la burocracia o los debates sobre las normas, hay personas que, con trayectorias vitales diferentes, solo buscan ser reconocidas tal y como son en una sociedad que ha hablado mucho de ellas pero pocas veces se ha acercado a conocerlas. Así lo siente Azahara, que ha encontrado un “espacio seguro” en Puerto de Vallekas, un equipo autogestionado que no solo juega al fútbol, también teje alianzas con otros colectivos sociales del barrio. “Es complicado. A las personas trans nos han metido el temor de que no podemos jugar con normalidad o vamos a destacar y al final, en realidad, yo soy una jugadora de rotación en una liga provincial, estoy aquí para pasar el rato”.

La joven define su proceso de aceptación como mujer trans como un periodo “muy largo”. Al principio, en la adolescencia, “no tenía claro lo que pasaba” y cuando empezó a entenderlo, comenzó entonces el “bloqueo”. “Lo sabía pero pensaba que no era algo posible, siempre decía que lo haría 'de mayor', ese era mi anhelo, y en realidad ha sido un poco así. Cuando decidí dar el paso y vivir públicamente como Azahara había pasado la mitad de mi vida sabiéndolo”, esgrime la gaditana, que cree que “la posibilidad de tener referentes” le hubiera ahorrado una buena dosis de sufrimiento.

He estado en grupos trans y estoy en un equipo de baloncesto trans y lo que siempre me imagino es que desde fuera lo que se ve es gente pasándoselo bien como cualquier otra.

Azahara Ortiz

Ahora, orgullosa de quien es, pelea por que el resto de la sociedad “entienda” las realidades trans. “He estado en grupos trans y estoy en un equipo de baloncesto trans y lo que siempre me imagino es que desde fuera lo que se ve es gente pasándoselo bien como cualquier otra. Esa es la normalidad que creo que hay que transmitir porque hay mucho estigma, pero al final somos personas normales haciendo cosas normales, personas que, como cualquier otra, hacemos nuestra vida, tenemos nuestras aficiones, nuestros trabajos, hacemos deporte o tocamos un instrumento y por una circunstancia de la vida hemos terminado no identificándonos con el género asignado al nacer”, reflexiona.

Ese derecho a ser es algo que también reivindica Lucía. La estudiante suspira pensando en el cansancio acumulado de los trámites de los últimos años, que por fin le han llevado a ser reconocida oficialmente por el Estado: “Me siento ciudadana, tengo todos los papeles en orden y siento que puedo ser algo más que trans. Tener una vida tranquila y ser anodina y aburrida”, concluye.

Vídeo elaborado por Javier Cáceres, Rocío Bermejo y Nando Ochando.

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La presión se hace notar. La creciente criminalización de activistas climáticos en España ya ejerce un efecto disuasorio en algunas organizaciones tras los arrestos policiales que achacan delitos como el de organización criminal: “Sí, hay muchas compañeras que se han asustado y se han alejado”, resumen para elDiario.es en Futuro Vegetal, unos días después de cerrarse una operación que ha detenido a 22 activistas de este colectivo.

Hace poco, en agosto de 2023, el relator de la ONU para la protección de los Derechos Humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, advertía del “potencial efecto que la severidad de las sentencias puede tener sobre la sociedad civil y los activistas”. Se refería al encarcelamiento de dos personas en Reino Unido por descolgarse de un puente con una pancarta que decía: “Just Stop Oil”.

Después de la acción policial contra Futuro Vegetal –que comenzó en diciembre de 2023 y culminó el pasado 12 de enero– “tenemos claro que a nivel jurídico es una barbaridad, pero está teniendo el efecto negativo de que hay personas que se han desvinculado del colectivo”, relata uno de los detenidos, Bilbo Basterra. Con todo, prosigue, “a las reuniones semanales sigue acudiendo más gente nueva, con lo cual sí que es cierto que se nota la represión, pero no está consiguiendo acabar con nosotras”.

La subida del pistón se activó cuando el movimiento para exigir medidas más decididas a la hora de atajar la crisis climática subió un peldaño. Un momento de inflexión se vivió en octubre de 2022 cuando dos activistas de Just Stop Oil lanzaron un bote de sopa contra el cristal protector de Los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres. Unos días después, dos activistas de Futuro Vegetal pegaron sus manos al marco de Las majas de Goya en el Museo del Prado. Ellas son dos de las personas incluidas en la operación de arrestos que la Policía desgranó el pasado viernes.

Ya en ese momento el analista Will Potter –que ha estudiado el paralelismo entre la persecución de animalistas y la caza de comunistas en EEUU en la década de los 50– aventuraba a elDiario.es: “No me extrañaría que recibieran penas desproporcionadas por las protestas o se les describiera como terrorismo”. La Policía, de momento, ha incluido el delito de organización criminal en los atestados de las detenciones de miembros de Futuro Vegetal.

El aumento de la presión “nos ha impactado a la hora de poder elegir acciones más disruptivas y también para encontrar activistas dispuestos a hacer estas acciones”, explica el responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace, Javier Raboso. “Se persigue desmovilizar a los que ya están concienciados, pero también lanzar un aviso a navegantes para que otros nos se movilicen”.

Nos ha impactado a la hora de poder elegir acciones más disruptivas y para encontrar activistas dispuestos a hacer estas acciones. Se persigue desmovilizar a los que ya están concienciados, pero también lanzar un aviso a navegantes

Javier Raboso — Responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace

Greenpeace tiene un largo historial de acciones. Entre ellas destaca la de un grupo de activistas que penetraron en el perímetro y escalaron por la chimenea de la central nuclear de Cofrentes en 2011. Fueron absueltos en 2014. “Esta nueva situación nos obliga a detraer recursos para defendernos de procesos judiciales y, claro, a nivel personal, incrementa el miedo. Si se acumulan procesos penales, eso obliga a algunas personas a salir de escena y replegarse para evitar acabar en prisión por acumulación. De hecho, en Greenpeace hemos pactado ya con algunos activistas que no participen en determinadas protestas que, en principio, no deberían conllevar mucho riesgo, pero que ahora sí lo tienen”.

“Es duro, aunque sea algo que esperaba desde hace tiempo”, cuenta Basterra. “Estamos pasando unos procesos emocionales muy difíciles. Vivir con miedo al estar en la calle y ver un coche de policía con temor a que vayan a detenernos”, abunda el activista, que añade que todo esto “está haciendo que haya compañeras con cuadros depresivos o ataques de ansiedad”.

Las multas de la ley 'mordaza'

La Fiscalía analizó en su última memoria anual que grupos como Futuro Vegetal están realizando “acciones de mayor calado que, al contrario de las anteriores, ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía”. “Acciones como las llevadas a cabo en diferentes museos, no han sido bien acogidas, siendo numerosas las críticas recibidas”, señala el texto. Los fiscales prevén que “las acciones continúen, incluso se incrementen, al incorporarse cada día más jóvenes a estos grupos que defienden modelos de sociedad sostenible”.

Raboso subraya que, “aunque tenga menos dimensión mediática, las multas que todavía supone la ley mordaza deterioran la capacidad de las organizaciones para ejercer las protestas. Se ha ido aprendiendo a usar esta ley de manera que las sanciones son mayores”.

Mientras los 15 activistas de Rebelión Científica que arrojaron agua tintada de remolacha a la fachada del Congreso siguen pendientes de si se les abre juicio oral y los miembros de Futuro Vegetal esperan que un juez abra un proceso tras las detenciones policiales, Bilbo Basterra confiesa haber tenido “pesadillas y episodios de depresión, sobre todo por la desconfianza que han sembrado dentro del colectivo”. Con todo, asegura: “Esto nos reafirma en que lo que hacemos cumple nuestros objetivos de llamar la atención de las altas instituciones y llegar a un público al que normalmente no se llega. Al final es una prueba de que tenemos esa capacidad”, zanja.

30 de diciembre de 2020. Miles de mujeres desbordan la plaza del Congreso de Buenos Aires. La Cámara acaba de aprobar la tan peleada ley del aborto y la multitud ruge. Para entonces, el pañuelo verde de sus muñecas se ha convertido en un símbolo mucho más allá de Argentina: el símbolo de un feminismo que, como esa plaza, ruge a un lado y otro del Atlántico. La imagen recorre el mundo. Nadie espera lo que sucederá exactamente en ese mismo lugar tres años después. 10 de diciembre de 2023. Javier Milei arenga a sus seguidores desde la escalinata del Congreso. Acaba de tomar posesión como presidente de Argentina. La plaza está hoy tomada por quienes visten colores celestes y lucen camisetas de la selección. El símbolo hoy no es un pañuelo, sino una motosierra, la que Milei, un líder ultra, ha prometido poner en marcha. El antifeminismo es una de sus indudables señas de identidad, y esa motosierra, el arma con la que hacerle frente.

¿Qué ha pasado en solo tres años para que el país que fue clave en el inicio de la cuarta ola feminista termine gobernado por un anarcocapitalista que hace gala de su discurso misógino? En un país que terminó 2023 con un 200% de inflación interanual casi todas las respuestas pasan por esa cifra. Sin embargo, hay un discurso que busca culpar precisamente al feminismo de la victoria de Milei. “Hay una moda en Argentina, que es decir que el gobierno de Alberto Fernández fracasó porque priorizó la agenda de derechos de las mujeres y disidencias. Es una mirada errada y vengativa. Lo que se dio tiene que ver con un profundo deterioro de las condiciones de vida”, asegura la periodista argentina Sonia Tessa.

Después de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri, que adquirió una deuda con el FMI de más de 44.000 millones de dólares que condicionaba profundamente la economía del país, el Ejecutivo de Alberto Fernández y Cristina Fernández llegó con la promesa de recuperación. Sin embargo, el poder adquisitivo del salario registrado siguió cayendo durante su mandato. “Y ni hablar del no registrado, de quienes están en la informalidad. Con la pandemia de por medio y la dificultad de articular políticas entre los distintos sectores de la coalición gobernante, se dio un deterioro de la política. La pandemia cristalizó una idea: que el sector político vivió por encima de la mayoría de la población y Milei articuló a partir de ahí su discurso sobre la casta”, prosigue Tessa. En ese contexto, Milei explotó, de paso, la retórica antifeminista de la extrema derecha y su negacionismo de la desigualdad estructural con declaraciones contra la violencia de género, la brecha salarial o el aborto.

Fabiana Ríos fue la primera mujer en ser gobernadora de una región argentina. Desde 2007 a 2015 gobernó Tierra de Fuego y hoy, a los 59 años, sigue militando en el feminismo desde una organización autónoma. Ríos sostiene que las posiciones económicas y políticas de Milei se aliaron con sectores reacios a los avances de derechos que el país llevaba tiempo viviendo. “Milei no aparece en cualquier momento, lo hace pospandemia, reaccionado ante las decisiones sobre el aislamiento, y es a partir de ahí que construye una idea de libertad desde la perspectiva individual y no como un derecho colectivo. El Gobierno nacional se cerró en vez de abrirse, dejó de debatir y hubo una imposibilidad de dar respuesta a una inflación que venía de la deuda contraída pero también de la emisión que hubo que hacer para sostener la economía pandémica. Hay un momento histórico que resulta funcional a un discurso. En los últimos veinte años hubo una constante política de crecimiento de derechos desde una perspectiva progresista que los sectores más conservadores y reaccionarios, tanto de la política como de la vida social y cultural, percibieron como una amenaza. En este momento encontraron la posibilidad de una alianza estratégica con participación económica, ideológica y política para lograr este triunfo que a nosotras como feministas nos encuentra en shock”, explica.

Esos avances de derechos cristalizaron en la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad trans, el cupo laboral trans, la ley de salud sexual y reproductiva que garantiza la anticoncepción en centros públicos y también la educación sexual integral, las jubilaciones para las amas de casa y, finalmente, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. “El feminismo fue el movimiento de mayor incidencia en esos logros. Fue un error considerar que eran intocables. Ahora se discute lo que creíamos indiscutible, incluido quiénes debían pagar los costos de la crisis”, apunta la exgobernadora. Solo dos meses antes de la victoria de Milei, el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries reunía a miles de personas en la ciudad de Bariloche con el avance de la extrema derecha como punto clave de la agenda, pero ese empuje final no contrarrestó la ola pro Milei.

El shock del que habla Fabiana Ríos y que se siente con claridad entre las feministas argentinas ha llevado a muchas a la reflexión y la autocrítica. Hay, al menos, una conclusión ampliamente compartida: la lucha se desinfló una vez consiguieron la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tras un objetivo común que sirvió de aglutinante, el aborto, había diferentes sensibilidades y posiciones sobre muchos otros temas. Y también mucho cansancio, sobre todo cuando la economía apretó aún más y los mismos cuerpos que sostienen dos o tres trabajos para poder salir adelante son los que tienen que sostener también la movilización. Hay, sin embargo, quien ve claro que la disolución de la campaña por el aborto una vez aprobada la norma fue un fallo estratégico.

Un clima hostil

La retórica de Milei ya ha comenzado a concretarse. El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad ha desaparecido: será una subsecretaría dependiente del llamado Ministerio de Capital Humano, y la continuidad de las políticas para prevenir y atender la violencia de género es incierta. Cecilia Cataldo tiene 40 años y es jueza de instrucción en la ciudad de Río Grande. “Nos preocupa que haya un desfinanciamiento o que al cerrar el ministerio ese fondo que existía para atender a las víctimas no llegue a las provincias y municipios y obligue a tomar medidas que limiten el personal que atiende a las mujeres. Una víctima acompañada desde las instituciones atraviesa mejor el proceso. Les suele costar mucho denunciar por lo que implica, que muchas veces es quedarse sin ingresos o aisladas. El acompañamiento es fundamental para que esas mujeres puedan continuar y sostener su relato”, explica. Cataldo subraya los efectos positivos que las políticas de prevención y acompañamiento han tenido, tanto en los juzgados como, por ejemplo, en las escuelas secundarias, pero ahora todo queda en el aire.

La periodista Luciana Peker lo tiene claro: “Milei tomó el antifeminismo como bandera. La estrategia es tomar a las mujeres que lucharon como enemigo, para decirle a la gente que va a haber ajuste mientras muestra una especie de venganza contra las feministas, como si fuéramos las brujas que hay que quemar para que todo vaya mejor”. El clima antifeminista se ha ido enrareciendo cada vez más y la situación de Peker es un buen ejemplo. Periodista y escritora feminista emblemática, acaba de retirarse unos meses en España después de sufrir graves amenazas que siguen siendo investigadas por la justicia de su país. No es la única que ha padecido amenazas o que ahora, directamente, se queda sin empleo en medios públicos o instituciones.

“La violencia contra mujeres públicas ha sido una estrategia directa”, afirma Luciana Peker, que critica que hombres progresistas hayan aprovechado la marea de la ultraderecha “para sumarse a esa idea de que las mujeres feministas son las culpables” de todo. La periodista sostiene que no todos los cambios que va a vivir Argentina se harán mediante la derogación directa de leyes, sino que habrá “maneras astutas” de ejecutar esos recortes, como vaciar de contenido algunos recursos o eliminar partidas presupuestas que, en la práctica, implicarán desarmar algunas políticas. La virulencia en redes sociales y los discursos agresivos contra el feminismo buscan, añade, coartar la libertad de expresión y la respuesta a esos recortes.

El desafío

Sonia Tessa subraya que el nudo de la derrota electoral de las fuerzas progresistas está en que el anterior Gobierno “no cambió el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población”, pero la fuerte adhesión del voto joven a Milei puede deberse, también, a “sectores de varones jóvenes que sintieron perder privilegios”. Fabiola Ríos se suma a la idea de que el nuevo presidente se ha beneficiado de un “fuerte acompañamiento de una juventud que creció en democracia y que quizá por eso cree que los derechos siempre fueron y no son conscientes de cuántas vidas y luchas costaron”. “Terminan por ser funcionales a un esquema autoritario y retrógrado, anarcocapitalista, con medidas que en el corto medio y largo van a perjudicar a los sectores más vulnerables”, dice.

Magui representa bien el estupor de las feministas más jóvenes. Su despertar político coincidió con la marea verde. Allí acudía con su madre y con amigas. Hoy tiene 20 años y la noche que Javier Milei ganó las elecciones rompió a llorar. “Desde junio de 2018 que fui a mi primera marcha quedé impactada. Creo que si cualquier persona va le pasaría exactamente lo mismo. Ver a cantidad de mujeres de distintas realidades luchando juntas por un mismo objetivo me abrió la cabeza y estoy segura que me cambió la forma de ver y de pensar muchas cosas. Me puso en alerta. Por eso me costó tanto entender como todo mi alrededor votó a favor de este presidente. ¿A nadie le resuenan las medidas patriarcales que propone este tipo?”, se pregunta. La joven sigue afectada por ver cómo gente de su entorno, también en familias progresistas, terminaron por votar a Milei.

Sonia Tessa pone perspectiva: “Ni antes toda la población era feminista solo porque el movimiento feminista tuviera altos grados de movilización ni ahora toda antifeminista. Esta victoria no giró sobre nosotras, pero tampoco podemos dejar de pensar en nosotras. Esta gente viene a vengarse pero tenemos que dejar claro que las urnas no les dieron legitimidad para eso. Hay sectores conservadores que siempre actuaron contra nuestros derechos y que hoy, no solo están empoderados, sino encumbrados en la estructura del estado. Y se viene otro desafío: se están aplicando políticas de shock que vuelven a generar una transferencia inmensa de ingresos de una población muy empobrecida y precarizada hacia las corporaciones y habrá que ver cómo el pueblo argentino acepta o combate esto. Y cómo los feminismos nos plantamos”.

“Cuando los servicios de rescate de Fuerteventura llegaron, ya había personas en el agua. El mar se tragó los cuerpos de las fallecidas”. El 11 de septiembre de 2023, el avión de Salvamento Marítimo localizó una embarcación con 38 supervivientes rumbo a Canarias. La neumática estaba rota, con el lado izquierdo completamente deshinchado. Al llegar a tierra, los migrantes confirmaron la tragedia: al menos doce personas se ahogaron horas antes de que llegaran los equipos de salvamento. El Archipiélago volvió a ser el año pasado ''la región migratoria más letal del mundo''. En doce meses perdieron la vida 6.007 personas intentando cruzar el Atlántico.

Las cifras de la ruta canaria superan los datos del resto de rutas de acceso a España. En 2023, 147 personas murieron en el Estrecho; 30 en el mar de Alborán y 434 en la ruta argelina, según los datos publicados este martes en el Monitoreo del Derecho a la Vida de 2023 del colectivo Caminando Fronteras. De las 6.618 personas que fallecieron tratando de llegar a España, 363 eran mujeres y 384 eran niños y niñas.

En la mayoría de los casos, las embarcaciones desaparecen con todas las personas a bordo. “En muchas de las tragedias documentadas no se activaron medios de búsqueda y de rescate. Si se hizo, fue con una tardanza importante que puso en riesgo la vida de las personas”, reza el documento. Según Caminando Fronteras, existe un “sesgo migratorio” en la activación de los rescates, provocado por la externalización de las fronteras. “El Estado español presiona para que los rescates sean efectuados por terceros países, incluso si el otro país no tiene medios suficientes, capacidades o voluntad de hacerlo. El enfoque es de interceptación migratoria y no de rescates de personas”, añaden. 

La ruta de Agadir a Dajla

La ruta que conecta Marruecos y el Sáhara Occidental con Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote se ha cobrado la vida de 1.418 personas. Octubre fue el mes más mortal, con 436 víctimas, seguido de junio (371) y febrero (229). Las salidas desde la zona que va desde Agadir a Dajla marcaron la reapertura de la ruta canaria en 2019. “Es una zona militarizada. Las redadas son mucho más fuertes y luego te abandonan en el desierto”, cuenta un refugiado maliense.

Las embarcaciones de madera o fibra fueron sustituidas por neumáticas, un tipo de barcaza más inestable y peligrosa. Esta travesía también la protagonizan las mujeres que viajan con sus hijos, muchos de ellos nacidos durante el camino. “Mendigo para que puedan comer, no tienen ni registro de nacimiento ni nada. Lo único que puedo decir es que no puedo ir hacia atrás, solo hacia adelante”, narra una madre camerunesa. 

Caminando Fronteras apunta a la falta de coordinación entre España y Marruecos como una de las causas de las tragedias. El colectivo pone como ejemplo el naufragio del 21 de junio, que se saldó con la muerte de 39 personas y que está siendo investigado por la Fiscalía. “Sabíamos que no iban a ir, sabíamos que se iban a morir. Lo sabíamos porque es nuestro día a día en la frontera”, afirma una portavoz de la comunidad migrante en el informe. 

Tiroteos en los puntos de salida

La represión hacia las personas migrantes es cada vez mayor. El 25 de mayo, 43 personas llegaron a Gran Canaria en una patera. En el muelle, un superviviente declaró haber recibido disparos a pie de playa. Los médicos constataron que tenía heridas de bala. “Empezaron a disparar cuando estábamos en la zódiac, conté hasta cuatro ráfagas. En la orilla había un chico muerto”, relata un superviviente. Era un chico maliense.

“Aún no puedo dormir por la noche, escucho los disparos, veo su cara, me pregunto si sus padres sabrán que ha muerto y dónde está su cuerpo”, añade. Caminando Fronteras afirma que el cadáver está en la morgue de El Aaiún. Otras tres personas resultaron heridas en el tiroteo y, aunque pudieron montarse en la patera, murieron en el trayecto. 

La ruta de los cayucos 

La ruta que conecta Senegal con Canarias ha tenido en 2023 un “terrible protagonismo”. Miles de personas han salido del país escapando de la inestabilidad política que atraviesa. La travesía que emprenden los cayucos arrastra 3.176 víctimas solo el año pasado en 55 tragedias diferentes. 

Detrás de estas cifras hay miles de familias que aún no encuentran respuestas. “Aún no hemos asumido las pérdidas de vida del año 2006. En este barrio son cientos de pescadores que se fueron y nunca volvieron. No sabemos qué va a pasar con estas nuevas víctimas, qué va a hacer el pueblo de Senegal con su memoria”, cuenta en el informe una activista senegalesa. 

En Senegal se han creado asociaciones que trabajan el duelo. Estos espacios también surgieron en la crisis de los cayucos de 2006 y están conformados en su mayoría por mujeres. “De aquella época no hay datos de personas muertas, pero en el barrio se ven los huérfanos que ya crecieron. Querríamos que el Estado elaborase las cifras de los que han salido y desaparecido, pero es imposible”, plantea una activista por los derechos de las personas migrantes.  

La inestabilidad política y social en Senegal comenzó a agravarse en los primeros meses de 2023, con el encarcelamiento del líder de la oposición, Ousmane Sonko. Desde entonces, las desapariciones de jóvenes nacionales se multiplican. Un pescador de una cofradía senegalesa recuerda que denuncian desapariciones ''todas las semanas''. ''Hay muchísimas personas que se han preparado para abandonar el país, que se siguen preparando incluso ayer, hoy'', apunta. Ante la represión que sufren quienes protestan en las calles, muchos menores han optado por abandonar sus hogares. ''Muchos adolescentes no están listos para embarcarse en un viaje así, pero lo intentan de todos modos'', señala el informe.

Durante el segundo semestre de 2023 aumentaron las salidas desde Mauritania hacia El Hierro. y Gran Canaria. En esta ruta se contabilizaron 10 tragedias con 395 víctimas y siete embarcaciones desaparecidas. Entre Gambia y el Archipiélago se produjeron 1.018 muertes, de personas nacionales de Gambia, Senegal, Mali, Guinea Bissau y Guinea Conakry. “Sin el cuerpo no se cierra la herida, es como si siempre la cicatriz estuviese blanda y pudiese abrirse en cualquier momento”, concluye el informe. 

Una marea de pellets de plástico está llegando desde mediados de diciembre a las costas gallegas, después de que un barco, el Toconao, perdiese parte de su carga frente a las costas del norte de Portugal. Las pequeñas bolas se han ido encontrando con el paso de los días en un territorio cada vez más amplio y han llegado ya a Asturias y Cantabria. Todo empezó hace un mes, pero el plan de contingencia de la Xunta para casos de contaminación marítima no se activó hasta el 5 de enero. La razón dada por el presidente gallego, Alfonso Rueda, es que no tuvo comunicación oficial hasta dos días antes. Las conversaciones entre administraciones lo desmienten: el Gobierno gallego lo sabía desde que se encontraron los primeros residuos, el 13 de diciembre. Cuatro días después de activar el plan, Rueda ha rectificado y ha elevado finalmente el nivel de emergencia para poder recibir ayuda del Gobierno. Antes que Galicia, lo había hecho ya Asturias.

Durante esas primeras semanas sin el plan de contingencias autonómico activado, las tareas de limpieza las asumieron en solitario los sucesivos ayuntamientos afectados. Ante el reguero de hallazgos por la costa gallega, un incipiente movimiento de voluntarios se empezó a desplazar a algunas playas para la laboriosa tarea de retirar diminutas bolas dispersas. El Gobierno gallego aseguró que el material no era “tóxico ni peligroso” en base a un informe de una sola página y firmado por un experto de una empresa. Un segundo estudio más detallado sí avisa de que debe tratarse con cuidado: “No inhalar, evitar el contacto con piel, ojos y ropa”. El Gobierno gallego dice ahora que ha movilizado a 200 efectivos. Y, tras resistirse durante cuatro días, ha elevado la emergencia a nivel dos y ha reclamado, tras un intercambio de declaraciones sobre quién debería determinar cuántos medios hay que destinar, recursos al Gobierno central. La factura, insiste la Xunta, se le va a pasar a la empresa armadora, una sociedad con sede en Bermudas. Estas son las claves del episodio de contaminación.

¿Qué son los pellets?

Son bolas de pocos milímetros que se utilizan como materia prima para elaborar diferentes productos de plástico. Se les llama también nurdles o lágrimas de sirena. Son muy ligeros y en la arena se dispersan fácilmente y complican la labor de retirarlos. Biólogos y ecologistas avisan del riesgo para los organismos marinos, que ingieren estos elementos porque los confunden con alimentos. Se les acumulan en el sistema digestivo y les pueden provocar infecciones o inanición, según explica Liliana Solís, bióloga de la Cofradía de Pescadores de Noia. La Xunta, por su parte, sostiene que no son “tóxicos ni peligrosos”. El documento en el que la Xunta se ha basado para negar la peligrosidad de los plásticos no lleva la firma de ningún instituto científico, según ha podido saber elDiario.es, y lo firma un técnico experto en reciclaje de plásticos que trabaja para la empresa Valtalia.

Por su parte, la empresa cuyo nombre aparece en los sacos es Bedeko Europe. La compañía, con sede en Polonia, se dedica a la fabricación de este tipo de materiales. No aclara la composición de los pellets que están apareciendo en las playas y se limita a señalar que no son tóxicos y que uno de los usos es fabricar “productos que entran en contacto con alimentos”. Se desvinculan de cualquier responsabilidad en el episodio de contaminación en Galicia porque, afirman, los propietarios de la mercancía no son ellos, sino un fabricante indio. La responsabilidad por la caída al mar de los contenedores se la atribuyen a la empresa de transporte Maersk, que, a su vez, asegura que ninguno de los seis contenedores perdidos, en ruta entre Algeciras y Rotterdam, contenía sustancias clasificadas como peligrosas y que están investigando el motivo por el cual el barco perdió parte de su carga.

8 de diciembre: el origen de todo

El 8 de diciembre de 2023 el buque Toconao, con bandera de Liberia, navegaba frente a las costas del norte de Portugal, a 80 kilómetros de Viana do Castelo. Perdió seis de los contenedores de mercancías con los que iba cargado. Uno de ellos estaba lleno de sacos de pellets de plástico. El Gobierno central ha indicado que las estimaciones dadas por el abogado de las empresas armadoras son que llevaba 1.000 sacos de pellets -unas 28 toneladas de material- y que desconocen si el contenedor se ha hundido o no. Sobre el contenido de los otros contenedores, el ministro de Transporte, Óscar Puentes, ha indicado que había materiales como neumáticos, metales y pasta de tomate. La empresa propietaria del buque es Polar 3 Ltd, con sede en Bermudas, un paraíso fiscal, aunque como dirección ofrece la de otra sociedad, Columbia Shipmanagement Ltd, con sede en Chipre y cuyo propietario es el empresario alemán Heinrich Schoeller.

Primeros hallazgos

El primer aviso es del 13 de diciembre, cuando un particular encontró pellets en una playa de Ribeira (A Coruña). Había sacos enteros y también bolas ya sueltas. En los siguientes días fueron encontrándose en más playas hacia el interior de la ría de Muros e Noia, en la parte sur, en concreto en puntos del municipio de Porto do Son. El día 3 de enero aparecen en Muros, en el norte de la ría. Y en las jornadas posteriores se localizan en otros puntos por toda Galicia: en la Costa da Morte, A Coruña y la Mariña de Lugo. El lunes 8 de enero se encontraron también en Asturias y al día siguiente se localizaron algunos en Cantabria. La asociación Noia Limpa ha ido recogiendo sobre un mapa todos los puntos en los que se ha informado de que han aparecido pellets dentro de Galicia.

¿Quién está limpiando la costa?

La administración que reaccionó en primer lugar ante la aparición de estos plásticos en la costa fue la local. Los ayuntamientos a los que pertenecen los tramos de costa afectados enviaron a sus equipos de emergencias y de limpieza, a pesar de lo limitado de su capacidad en algunos casos, en cuanto tuvieron noticia de que habían llegado a las playas. La alcaldesa de Muros, María Lago, indicaba el día 4 que solo tenía disponibles a dos trabajadores para recoger estas diminutas bolas en los arenales. La limpieza de las playas con carácter general corresponde a los ayuntamientos. El Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina establece una activación por fases que permite destinar a estas labores medios de otras administraciones en función de la gravedad o la extensión del episodio. Si los medios de los municipios no son suficientes o se ven afectados varios ayuntamientos, la previsión es activar el siguiente nivel, el 1, en el que ya intervienen los medios de la comunidad autónoma. La Xunta tomó esta decisión, la de activar la emergencia de nivel 1, el 5 de enero, cuando hacía semanas que constaba la presencia de plásticos en al menos dos municipios. Cuatro días después, pese al rechazo inicial, accedió a elevar el nivel al 2, el que le permite pedir medios a los ministerios.

El fin de semana del 6 y el 7 de enero, grupos de voluntarios empezaron a acudir a las playas a retirar por su cuenta los pellets. Ahora ya hay grupos orzanizándose a través de Telegram y Whatsapp. Algunas asociaciones ecologistas han empezado a dar recomendaciones para la tarea y a coordinar a quienes se acercan a la costa. Greenpeace avisa en su decálogo de que no se deben extraer otros elementos que hay en la playa, como conchas o algas, y que el material acumulado no se debe depositar en los contenedores habituales porque son residuos industriales.

¿Es la primera vez que ocurre algo así?

Hace dos años y medio un vertido afectó a las costas de Sri Lanka después de que el barco X-Press Pearl ardiese y se hundiese. En este caso, el buque iba cargado también con sustancias químicas, entre ellas ácido nítrico, además de pellets plásticos que cubrieron parte de la costa del país. Desde 2012 se han registrado en torno a una decena de incidentes en los que se perdieron cargas de pellets que iban en barcos en puntos del Mar del Norte, Sudáfrica o Hong Kong.

Maersk perdió a finales de diciembre de 2023, en medio de la tormenta Pia, 46 contenedores frente a las costas de Dinamarca, según recuerda Bedeko. En estos no había granulados, pero a las costas llegaron neumáticos y zapatos.

Cruce de acusaciones

El episodio de contaminación ha derivado en críticas a la Xunta, que ha reaccionado atribuyendo las responsabilidades sobre quién debe dar la respuesta a ayuntamientos y Gobierno central. La Consellería do Mar acusa al Ejecutivo estatal de haber ocultado información y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó que la primera comunicación oficial es del 3 de enero. Sin embargo, las conversaciones entre administraciones desmienten esa afirmación y evidencian que la Xunta tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo 21 días antes de lo que dice.

El Gobierno central ha hecho un repaso de las fechas: el hallazgo del 13 de diciembre en una playa de Ribeira fue comunicado al 112, un servicio que gestiona la Xunta. El 112 pasa el aviso a Salvamento Marítimo. El 20 de diciembre, añade, el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra comunica que su investigación apunta a una pérdida de carga del buque Toconao. Esa información se la traslada también al subdirector del servicio de Gardacostas, que depende de la Consellería do Mar. Ese mismo día, el abogado de la naviera se pone en contacto con Salvamento y confirma que el 8 de diciembre se cayeron seis contenedores de ese buque al mar. En su recuento de comunicaciones, el Gobierno añade que el 26 de diciembre Protección Civil de la Delegación del Gobierno recibe información de que hay pellets en el parque natural de Corrubedo –competencia de la Consellería de Medio Ambiente– y se pone en contacto con el responsable del parque para darle el contacto de la empresa naviera –que debería asumir el coste de la limpieza, aunque el embrollo del Prestige demostró que no siempre es una tarea sencilla–. Al día siguiente, personal de la Consellería de Medio Ambiente pide más información al citado departamento de Protección Civil.

¿Qué dice el Sistema Nacional de Respuesta sobre las fases de emergencia?

Distingue dos ámbitos: el marino –con competencias exclusivas del Estado, a través del Ministerio de Transportes– y la costa, en donde hay una activación por niveles. Hay una primera fase de emergencia, que es la 0, para episodios de contaminación “de pequeña magnitud y peligrosidad”. Se aplica cuando los efectos se limitan a una entidad local. Es decir, en este caso, cuando solo hay un municipio afectado.

La situación 1 –la declarada inicialmente por la Xunta– implica una magnitud media, en la que se dan circunstancias como que los medios de la fase 0 no sean suficientes o que la contaminación afecte a varios municipios limítrofes. En este caso tiene que entrar en juego la comunidad autónoma. Podría activarse, de ser necesario, el Plan Marítimo Nacional. El Gobierno central no lo ha hecho porque “se activa cuando en el mar se detecta una emergencia y se puede actuar contra ella”, pero en las inspecciones realizadas por mar y aire “no se descubrió ningún material, al tratarse de plástico casi indetectable en alta mar”.

La siguiente es la situación 2, la que la Xunta terminó activando este martes, día 9, pese a su rechazo inicial. Se produce si los medios ya movilizados no son suficientes o si la zona es especialmente vulnerable. Cuando se pasa a este nivel, el real decreto sobre el sistema de respuesta en caso de contaminación marina indica que se le pueden pedir medios al Ministerio de Fomento –ahora denominado Transportes– y al competente en Medio Ambiente –en este caso, el de Transición Ecológica–. Pero la primera comunidad en activarlo antes que Galicia ha sido Asturias, que en los últimos días ha comenzado a avistar estos pequeños plásticos en sus playas.

En Galicia el paso de un nivel a otro abrió otro enfrentamiento con el Gobierno central: la comunidad se negó al principio a concretar qué medios pedía, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica replicaba que les correspondía comunicar cuáles eran sus necesidades. Horas después se produjo otra rectificación de la Xunta, que decidió pasar la lista de peticiones: un submarino, siete lanchas, cuatro barcos, un avión y dos helicópteros. La respuesta no se hizo esperar y fue negativa para el grueso de los medios reclamados: el equipo que depende de Pedro Sánchez replica que la vigilancia del vertido de pellets con aviones y barcos ya está siendo realizada por Salvamento Marítimo con resultado negativo. Madrid informa a Galicia de que también se han estado usando satélites y, concretamente, de que se han analizado hasta 57 pases sobre la zona donde se volcaron los contenedores sin posibilidad de apreciar ningún resto de esa carga. También se remite al informe de la Organización Marítima Internacional que concluye que tratar de recoger los restos en el mar no se ha demostrado una vía eficaz. Con respecto a la puesta en servicio de efectivos en tierra el Gobierno da el visto bueno a la escasa reclamación de Galicia: un retén de guardia y formación para voluntarios.

Por último, en el Sistema Nacional de Respuesta está la situación 3, para episodios de “gran magnitud o peligrosidad”, y a la que se pasa cuando hay varias comunidades autónomas afectadas, cuando puede haber impacto en estados limítrofes o cuando haya peligro para la seguridad de personas y bienes y el Ministerio del Interior declare la emergencia de interés nacional.

Caso abierto

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Noia (A Coruña) ha acordado incoar diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el vertido de pellets en la costa gallega tras la pérdida de carga de un buque frente a Portugal el 8 de diciembre. Lo hace después de las demandas presentadas por Podemos Galicia, Ecoloxistas en Acción, la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia y la Fundación Montescola.

“La publicidad es un reflejo de la sociedad de su época”, reza un conocido mantra repetido hasta la saciedad en los estudios sociológicos e históricos sobre marketing. Aceptada como universalmente cierta, esta frase también explica, a grandes rasgos, la evolución de los anuncios dirigidos a las mujeres a lo largo de las últimas décadas.

Como sabemos, en los años 70 las mujeres españolas necesitaban la autorización de su marido o de su padre para abrir una cuenta bancaria. Esta desigualdad flagrante se veía reflejada a nivel publicitario en eslóganes como “Ayude a su mujer, pórtese como un hombre, y cómprele una lavadora Kelvinator”, que mostraban sin tapujos el machismo imperante.

Con el paso de los años, muy poco a poco, conforme la reivindicación de los derechos de las mujeres ha ido consiguiendo ciertos avances, los anuncios han ido adoptando actitudes algo diferentes. La presión de la sociedad (y no tanto el estar de acuerdo con la lucha feminista) ha hecho que las grandes marcas sientan que es necesario adaptarse a una nueva realidad que, sin embargo, en ocasiones no acaban de comprender del todo, lo que sigue provocando errores de bulto.

Según el estudio Meaningful Women II, presentado este año por la empresa Havas Media Group España, las mujeres de nuestro país todavía no se sienten plenamente representadas en la publicidad actual. “La puntuación sobre si se representa a la mujer de forma adecuada en los anuncios fue de un 6,3 sobre 10 tras el visionado de una amplia muestra de spots por parte de más de 2.000 mujeres”, explica Dionisia Mata, Insights Director de Havas Media Group España y responsable del estudio. “Por su parte, la identificación con los modelos de mujer y las situaciones que reflejan las creatividades sólo llega al aprobado (5,3)”.

El estudio, sin embargo, sí que reconoce que ha habido algunos avances en el modelo de representación de las mujeres respecto a épocas pasadas. “Se tiende al equilibrio de la presencia de hombres y mujeres en la publicidad. Hay un porcentaje importante de spots en el que se muestra a la mujer en roles independientes y de autonomía personal (trabajo, ocio, consumo…) y los casos de sexualización explícita son ya minoritarios”, afirma Mata. “No obstante, aún hay un no desdeñable 24% de anuncios en los que la mujer está representada solo como madre, cuidadora o responsable de las tareas del hogar. En todo caso, muchas más de las que el hombre aparece en esos roles. Hay por tanto un sesgo notable aún en cuanto a reparto de tareas”.

En definitiva, las mujeres ven cambios positivos en el binomio igualdad-publicidad, pero no suficientes. “Los cambios se perciben muchas veces forzados, con ejecuciones un tanto artificiales, con las que no terminan de identificarse”, continúa Mata. “Piensan que es una publicidad que ha evolucionado hacia lo ‘políticamente correcto’ para no ser señalada como discriminatoria, pero a la que le falta valentía, espontaneidad y escucha social para reflejar los modelos de mujer actual e incluso ser vanguardia en el avance social en temas de igualdad de género”. Parece difícil, por tanto, calificar a esta publicidad como realmente feminista.

Una breve historia del ‘femvertising’

Según cuenta Isabel Menéndez, catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UOC y autora del libro ¿Puede la publicidad ser feminista?, la publicidad feminista o femvertising, existe desde hace décadas, aunque sus inicios fueron algo tímidos, y pone como ejemplo la conocida campaña de la muñeca Ruby de The Body Shop que resultó muy rompedora en los años 90 o las del jabón Dove a principios de los 2000 en las que se mostraba a mujeres de todas las tallas. “Sin embargo, el término es mucho más reciente”, explica. “Surgió hace algo menos de diez años, en un Salón de la Publicidad celebrado en Nueva York en 2014, y apareció por primera vez en el informe SheKnows Media que se presentó en aquella ocasión”.

No obstante, los estudios sobre este tipo de marketing resultan todavía escasos, más todavía hace seis años, cuando Menéndez comenzó a interesarse por el tema. “El femvertising no había despertado mucho interés, porque apenas encontré unos pocos artículos, casi todos publicados en el extranjero y en inglés”, recuerda. “A partir de ahí he seguido profundizando en el tema, lo que me ha llevado a publicar bastantes artículos y ahora el libro, el primero que se publica en España y uno de los poquísimos que se han escrito en todo el mundo sobre esta cuestión”.

La profesora define la publicidad feminista como “aquella que elimina los estereotipos sexistas y que, además, ofrece mensajes inspiradores a las mujeres, destinados a incrementar su autoestima y autonomía (eso que solemos llamar ‘empoderamiento’). Además, debe utilizar la diversidad en todos los sentidos (mujeres de todos los tipos, tamaños, orígenes…) y no abusar de la edición de imágenes para evitar construir ideales imposibles. En suma, una publicidad con responsabilidad social, que busca el cambio social. A mi juicio, es la respuesta a las reclamaciones del fin de la publicidad sexista”, explica.

El eterno acecho del ‘feminiwashing’

Si antes decíamos que la publicidad tiene una gran capacidad para adaptarse a los tiempos, también suele desplegar unas excelentes habilidades para captar las tendencias e intentar asociarlas a las marcas que está promocionando en ocasiones de forma gratuita. Ocurre con mucha frecuencia con el tema del cambio climático, el conocido como greenwashing, pero también con el feminismo. En este caso, hablamos de feminiwashing.

“Siempre existe la sospecha porque las firmas hoy en día pueden desear abrazar el feminismo, ya que ha adquirido un prestigio social que no tenía antes”, sostiene Menéndez. “No es fácil distinguirlo y parecería necesario una especie de Test de Bechdel para hacerlo. Algo así he construido en el libro: propongo una serie de preguntas para detectar el feminiwashing (inspirándome en literatura que ha estudiado el greenwashing o el pinkwashing)”. La profesora plantea cuestiones como “¿La causa tiene que ver con la marca?”, “¿La empresa está invitando a la reflexión?” o “¿La marca se compromete para siempre?”, para detectar estos casos de uso ventajoso del femvertising.

No obstante, Menéndez no condena totalmente al feminiwashing ya que, según ella, puede tener ciertos beneficios. “Desde el punto de vista de las consumidoras es mejor un mensaje no lesivo, comprometido con la igualdad e inspirador para las mujeres, aunque la empresa anunciante no se lo crea o lo haya construido por moda o por oportunismo”, explica. “Las consumidoras estamos muy cansadas de los mensajes insultantes, degradantes, estereotipados o anacrónicos. Desde el punto de vista de la empresa es más complejo, ya que se expone a una crisis de reputación que quizá no le convenga. Particularmente, no recomiendo usar el feminiwashing por oportunidad, porque si no forma parte de la visión/misión de la empresa, pronto se descubrirá la falta de honestidad”.

“Por otro lado”, continúa, “puede quizá contribuir a cierta banalización del mensaje feminista, a construir un feminismo light, que no molesta y que está muy alejado de la auténtica agenda feminista, esa que sí incomoda y que estamos lejos de alcanzar. Pero creo que el mayor riesgo es para las marcas. El feminismo lleva bregando tres siglos con el viento en contra y seguirá haciéndolo con mayor o menor resistencia”.

¿Qué es lo que quieren las mujeres?

Según los datos del informe Meaningful Women II, las mujeres consideran que sigue existiendo una presión corporal muy fuerte, con exhibición de cuerpos delgados y bellos y escasa diversidad racial y de orientación de género. Esta carencia es muy evidente en sectores concretos. “La tecnología o la automoción, apenas se han incorporado o directamente no están haciendo femvertising”, sostiene Menéndez. “Por otro lado, el sector de la cosmética es el que más la utiliza, así que es más fácil encontrar ahí muy buenos ejemplos, aunque también algunos con mucho margen de mejora. Esto se ha criticado mucho porque se restringe a productos tradicionalmente femeninos (moda, cosméticos, dietas, productos higiénicos) y por ello no rompe con el binomio masculino/femenino”.

“Las mujeres demandan una publicidad más espontánea y que se atreva a reflejar modelos y comportamientos de la mujer que ya son normales en la sociedad”, apunta Mata. “Uno de los mayores retos de la comunicación publicitaria en la representación de la mujer es la naturalidad: no basta con introducir personajes femeninos, sino justificar su presencia en la trama narrativa. De ahí que sea necesario incorporar miradas diferentes que reflejen los nuevos valores de la mujer, más allá de la igualdad laboral y la corresponsabilidad en el hogar, reivindicando otros como la flexibilidad, la emocionalidad o la sororidad, sin caer en la idealización ni en la trampa de la ‘superwoman’”. Y es que, según Mata, se abusa del modelo de la mujer muy “empoderada” y “masculinizada” (en el ámbito laboral), mientras que en las tareas del hogar y cuidado de los hijos no se representa bien la corresponsabilidad total, sino que en demasiadas campañas el hombre aún aparece en rol de ayuda a la mujer en el hogar, mientras que es ella la que aparece como prescriptora y experta en productos de limpieza.

“Hacer femvertising no es fácil porque, antes de nada, hay que saber sobre feminismo”, remarca Menéndez. “No niego la buena intención de algunas marcas, pero sus resultados demuestran que descarrilaron al elaborar sus propuestas. Simplificando mucho, para hacerlo bien hay que abordar las necesidades reales de las mujeres, incorporar personas auténticas y lemas motivadores, trascender los roles de género y alinear toda la política de la marca con los principios de igualdad entre hombres y mujeres. Y hacer esto compensa. Las encuestas indican que las mujeres apoyan a las marcas que adoptan femvertising”.

Un gran poder (de las marcas) implica una gran responsabilidad

La profesora Menéndez se muestra optimista respecto a la relación entre publicidad y feminismo e incluso defiende que la primera puede contribuir al avance del segundo. “La publicidad influye en las personas, nos propone modelos de éxito y valores socialmente deseables, así que no es irrelevante qué mensaje nos traslada”, explica. “Si el mensaje es de autonomía, libertad o vida sin violencia, sin duda eso tendrá una lectura positiva en las consumidoras. Si en lugar de proponernos adornar con nuestro cuerpo desnudo una excavadora nos habla de tú a tú, con inteligencia, sin ofendernos ni degradarnos, inevitablemente será positivo. La publicidad no cambia el mundo, pero ayuda a pensarlo”.

“No es que se demande a las marcas que abanderen la causa feminista de una forma militante y activista”, reconoce Mata respecto a los resultados de su informe, “sino que aporten su gran capacidad formativa y socializadora, mostrando en su comunicación modelos de mujer, situaciones y valores que reflejen igualdad real. Las marcas, a través de su comunicación y sus mensajes, tienen una gran influencia y una gran responsabilidad en la evolución y mejora de la sociedad, también en el tema de la igualdad de la mujer. Así se lo reconocen las propias mujeres, que demandan claramente a las marcas que utilicen este ‘superpoder’ y sean palancas movilizadoras para la transformación social”, concluye.

Este martes se ha presentado en Bruselas la nueva plataforma Display Europe, un proyecto del que forma parte elDiario.es y que nace con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos europeos, a través de un gran portal de contenidos, información de calidad, fiable y desde perspectivas que a menudo no tienen cabida en otros medios de comunicación convencionales.

El proyecto nace de la colaboración entre la European Culture Foundation y una red de medios de comunicación independientes que comparten la preocupación por acercar a la ciudadanía información comprometida, fiable, contrastada y veraz, alejada de otro tipo de intereses. Historias contadas por medios que entienden el periodismo como un servicio público.

Esta plataforma cuenta con un portal de información de acceso totalmente gratuito que crecerá para albergar multitud de contenidos generados por los medios participantes en 15 idiomas, desde especiales temáticos, a revistas de prensa por regiones o proyectos originales multimedia sobre temas de relevancia europea. El portal de Display Europe también contará con contenidos audiovisuales y un programa semanal de análisis. Así, el objetivo es ofrecer una visión completa y a la vez distinta del panorama europeo. Todos sus contenidos se ofrecerán de forma gratuita y sin ningún tipo de muro de pago.

Toda la tecnología del proyecto Display se basa en software de código abierto y protocolos abiertos que siguen procesos que respetan la privacidad de los usuarios. Con este tipo de tecnología, se asegura la independencia del proyecto frente a las grandes tecnológicas y plataformas convencionales. Su experiencia de navegación será mixta y equilibrada, alejada de los grandes algoritmos de recomendación de contenidos que acaban ofreciendo información sesgada. Además, con transparencia respetando la privacidad, solo se recogerán datos de los usuarios si ellos dan su consentimiento expreso, pudiendo en todo momento rechazar que los datos de navegación sean recolectados.

Display Europe busca proporcionar una perspectiva paneuropea, siendo un portal que tiende puentes informativos entre los distintos países. Uno de sus objetivos es servir como faro informativo que una a las distintas regiones, en un momento en el que la desinformación y la polarización impulsada por los populismos ponen en riesgo las democracias y la supervivencia de los medios de comunicación independientes.

elDiario.es se suma a este proyecto porque, en una Europa en la que regresan los ecos de un pasado que dividió al continente, es más importante que nunca crear plataformas europeas que conecten a los ciudadanos más allá de las fronteras nacionales. Además de compartir una selección de nuestros artículos más relevantes a nivel internacional, en elDiario.es realizaremos para Display coberturas especiales y multimedia con la vista puesta en las próximas elecciones europeas de junio.

Display Europe está cofinanciado por la Unión Europea y gestionado por un consorcio formado por la Europe Culture Foundation (ECF), Cultural Broadcasting Archive (CBA), Fairkom, Eurozine, Voxeurop, Hostwriter, Krytyka Polityczna, Good Conversations, Public Spaces, Community Media Forum Europe (CMFE), Human, VPRO, Sound & Vision, YEPP Italia, Fanzingo, Schuman Show y elDiario.es.

En los 34 años que Toni Quintana lleva trabajando sus tierras no recuerda una sequía igual. A estas alturas del curso, sus 55 hectáreas de terreno deberían estar cubiertas de cereal, el cultivo de invierno, pero sin lluvias apenas crece nada. “Estamos tirando el dinero”, se lamenta, recostado en una acequia vacía. Por esa zanja suele discurrir el agua en primavera, cuando el embalse de Darnius abre compuertas para el riego generoso de miles de hectáreas de la comarca gerundense del Alt Empordà. Pero hoy esa imagen parece formar parte del pasado. 

El Alt Empordà es la zona cero de la peor sequía que ha vivido Catalunya en toda su historia. Tras tres años de escasez de lluvias, y con unos embalses al 17,7% de su capacidad, la Generalitat asume que en diciembre deberá declarar oficialmente la emergencia y endurecer las restricciones a la mayor parte de la población catalana, incluida el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Mientras se prepara el peor escenario y se adapta el Puerto de la capital catalana ante la posibilidad de traer agua en barcos cisterna, hay unos 140.000 catalanes que ya conviven con ese estadio de alerta máxima por falta de reservas. Se trata principalmente de los vecinos de 34 municipios de esa comarca del noreste de Girona que dependen del acuífero de los ríos Fluvià y Muga y, sobre todo, del pantano de Darnius, que está al 14% de su capacidad. No es toda la comarca, pero sí donde se concentran los mayores núcleos de población.

Con el agua de ambos ríos se abastecen ciudades como Figueres y pueblos costeros como Roses o Castelló d’Empúries. Según las previsiones de la Agencia Catalana del Agua (ACA), el embalse tiene reservas solo para ocho o diez meses, siempre y cuando se cumpla con el gasto máximo por habitante decretado. Un umbral de 200 litros por persona y día que sin embargo –con los últimos datos de octubre, primer mes de vigencia de las restricciones de emergencia– sobrepasaron hasta 16 de los 34 municipios en riesgo.

Aunque no hay cortes de agua para los hogares –una restricción que sí viven en hasta 70 otros pueblos catalanes, por distintas razones–, algunas localidades del Alt Empordà sí han empezado a reducir la presión del grifo. Las fuentes están cerradas, no se pueden regar jardines ni llenar piscinas, el consumo industrial se debe recortar un 25% y el riego agrícola directamente se ha suprimido.

Algunos alcaldes se muestran alarmados porque no saben qué pasará si en los próximos meses no llueve, especialmente en los pueblos que viven del turismo y ven peligrar una campaña que en 2023 salvaron por los pelos. 

“Estamos muy preocupados porque no sabemos cuál es el plan B”, expresa Lluís Espadas, concejal de Medio Ambiente de Roses. En su municipio viven 20.000 personas, pero en verano alcanzan una población flotante de casi 100.000. En Castelló pueden llegar a los 75.000. “Esto no se soluciona con cuatro camiones cisterna, estamos hablando de un volumen muy importante”, agrega. 

Desde el ACA señalan que se continuará aplicando el Plan de Sequía, que en caso de emergencia “extrema” obligaría a reducir el consumo medio a 160 litros por habitante y día. Por ahora, traer agua en barcos al Alt Empordà está descartado. “Se está estudiando recuperar algunos pozos que se construyeron en la última sequía o abrir nuevos”, señalan. Solo para perforaciones para encontrar agua subterránea, añade el ACA, se han destinado 10 millones de euros, además de 50 para otras infraestructuras de mejora del abastecimiento.

Los agricultores se quedan sin agua para regar

“Los payeses somos los primeros en encajar los golpes de la sequía y los últimos en recibir la atención de las administraciones”, se lamenta Quintana. Él es el vicepresidente de la comunidad de regantes del margen derecho del río Muga. A ambos lados de su cauce se extienden unas 4.500 hectáreas cultivables que normalmente en verano, la campaña más importante, se inundan de agua para regar la alfalfa y el maíz. Una producción que luego se convierte en pienso para la ganadería local. “Así ha sido desde que se inauguró el pantano en 1969”, explica Quintana. 

El paisaje de la zona es otro desde hace dos veranos. Ya no abundan ni el maíz ni la alfalfa. La sequía obligó en 2022 a reducir el riego a un 60% de la extensión, y en 2023, al 20%. En 2024, si no llueve, no habrá ni una gota de agua circulando por las acequias. “Sembraremos cereal y lo poco que cosechemos será para el ganado propio”, dice Quintana, que tiene unas 150 vacas que ahora mismo son su “salvación económica”.

Pero su principal preocupación es otra. “Es que debajo de la tierra tampoco hay agua”, constata. Sus dos pozos se han secado. “Es muy serio, estamos acojonados”, alerta el agricultor. 

A sus 65 años, Quintana reconoce que el modelo agrícola de la zona, basado en el riego “a manta” de los campos, quizás no sea sostenible en el futuro. En una comarca seca, donde sopla el viento, con una cuenca –la de la Muga– muy pequeña y sin altas montañas en las que nieve, el agua nunca ha abundado. Y a ello se le suman grandes consumidores como el turismo o las numerosas macrogranjas de cerdos.

Además, la emergencia climática amenaza con peores y más largas sequías. “Todo cambia en este mundo y se puede avanzar en riegos gota a gota o con aspersores”, señala. Al margen de las innovaciones, Quintana apunta hacia la Administración por no acometer muchas de las inversiones prometidas en 2008 tras la última gran sequía.

El ojo puesto en jardines y turismo

Sin cortes en el agua del grifo, la vida en emergencia por la sequía transcurre en el Alt Empordà sin alterar la cotidianidad de la población. “Las restricciones no se notan a nivel social e individual, por lo que mucha gente hace lo que quiere; si quieren regar el jardín, lo riegan. No hay una supervisión efectiva”, critica Arnau Lagresa. Geógrafo de profesión, este vecino de Figueres es portavoz de la entidad naturalista Iaeden, que denuncia que las medidas actuales para paliar la sequía son “insuficientes”. Prueba de ello es que 16 de los 34 municipios incumplieron los límites establecidos (y otros 9 directamente no aportan datos). 

Sobre esta cuestión, fuentes del ACA explican que están haciendo un “seguimiento individualizado” de los consumos municipales y que prefieren inicialmente recurrir a requerimientos antes que a multas. Por ahora, no han abierto ningún expediente sancionador a ninguno de los ayuntamientos de las localidades que se saltan el umbral. “Pero podrían incoarse durante las próximas semanas”, advierten.

Al ser el máximo una media de 200 litros por habitante y día, algunos municipios se disparan debido a que albergan infraestructuras importantes –un ejemplo es el pueblo de Llers, que tiene la cárcel de la provincia de Girona–. También están por encima de lo permitido la mayoría de destinaciones turísticas, aunque de momento no hay datos que permitan distinguir los usos de este sector del doméstico, lo que ha despertado las quejas de las entidades de defensa del medio ambiente.

Entre los que doblan el consumo permitido está Perelada, que con sus 1.800 habitantes alberga el núcleo del imperio de la familia Suqué Mateu: el Castell de Perelada con su casino, la flamante nueva bodega de 18.000 m2, y el Club de Golf en cuyo complejo se extiende una urbanización de decenas de chalés. 

De ahí que todas las miradas se dirigieran a este municipio cuando se comenzaron a conocer los excesos de consumo en sequía. Sin embargo, su alcalde, Miquel Brugat, de Junts, niega la mayor e incluso asegura que se les ha “criminalizado” desde la Agencia Catalana del Agua al ponerles como ejemplo de incumplimientos.

“Nadie nos ha llamado para conocer la realidad del municipio”, asegura el edil, que alega que el consumo se puede deber a extranjeros que tienen su segunda residencia en Perelada o a jubilados que viven en la localidad pero que no figuran en el padrón y alteran la media. Además, añade que el riego del campo de golf se hace con aguas regeneradas.

El ACA organizó una reunión con los Ayuntamientos en emergencia mediados de noviembre, pero Brugat lo ve insuficiente para abordar la casuística de cada pueblo. A nivel municipal, este alcalde asegura que están cumpliendo con todas las prohibiciones. Pero lo que ocurra en cada casa, dice, no lo puede controlar.

“No se está supervisando ni se hará, porque no tenemos los medios para hacerlo. Si la Generalitat nos quiere ayudar con inspectores, que vengan y les daremos un plano del pueblo”, declara el edil, visiblemente enojado. “¿Quieren que vaya yo a mirar si riegan jardines a las cuatro de la mañana? ¿Que vaya un concejal?”, se lamenta. 

Para las entidades naturalistas, sin embargo, no hay duda de que los excesos de municipios como Peralada proceden del riego de jardines. “Evidentemente no podemos decir si se debe a un chalé o a un casino, pero lo que sí sabemos es que aquellos pueblos con más consumo son los turísticos y los que tienen rentas per cápita muy altas”, asevera Lagresa. 

Perelada pertenece a los municipios que captan agua del acuífero de los ríos Muga y Fluvià, no del pantano. Si antes extraían el agua a seis metros de profundidad, hoy lo hacen a 15. Y aun así se pueden sentir afortunados, puesto que casi toda la comarca es zona vulnerable por contaminación de nitratos. En 10 de los 24 puntos de control de aguas subterráneas que hay, el agua no es apta para consumo humano debido a la contaminación de los purines, que proceden principalmente de granjas de cerdos. 

“No puede ser que todo el Empordà dependa del pantano”

A 20 kilómetros de Perelada hacia la costa, en el Ayuntamiento de Roses también miran al cielo con angustia. En su caso, aseguran que sí están tratando de controlar el consumo doméstico a través de los contadores. “Hemos detectado algunos excesos y estamos estudiando multas”, dice el concejal Lluís Espadas. La localidad registró en octubre 221 litros por habitante y día, todavía por encima de lo permitido. Además, explican que han pedido un plan de ahorro a los “grandes consumidores”: hoteles, clubes náuticos y parques acuáticos. 

Consciente de que la mayor parte de su población vive de la campaña turística, Espadas pide no llegar al extremo de realizar cortes de agua el verano que viene. “Si para cualquier ciudadano es un drama, imagínate para un negocio turístico, el daño puede ser brutal”, advierte.

Pero Espadas sabe que quizás no haya otra solución. “No puede ser que todo el Alt Empordà dependa del pantano. Nos lo jugamos todo a una carta. Alguna gente mayor solía decir ‘ay el día que el embalse se quede sin agua’... Y nos reíamos. Pues bien, parece que ese día ha llegado”, concluye el edil de Roses. 

Para algunos expertos, el Alt Empordà es sencillamente una comarca cuyo modelo económico demanda más agua de la que en el futuro podrá tener. Sin desaladoras ni potabilizadoras que puedan salir al rescate (como sí ocurre actualmente en las cuencas que abastecen Girona y Barcelona), esta zona seguirá a merced de la lluvia.

“A corto plazo hay poco que hacer, pero a medio plazo habría que incrementar la reutilización de agua y replantear el modelo agrícola y de turismo”, diagnostica Annelies Broekman, consultora del sector e investigadora de Agua y Cambio Global del centro CREAF. Por muy eficientes que sean los sistemas de riego y de aprovechamiento de agua en los hoteles, argumenta, “la eficiencia tiene límites”. 

Desde su masía en Figueres, junto a los campos de cereales que no acaban de brotar, Quintana asume el futuro con resignación. Sabe que la próxima campaña será mala, pero también que esta sequía pasará. “Entonces, ya veremos si todas las inversiones que se están prometiendo ahora se llevan a cabo o si los políticos se olvidan rápidamente del tema”, concluye.