Tubos Reunidos recibió en 2021 un rescate de la SEPI de 112,8 millones de euros. La operación está siendo investigada por la Audiencia Nacional por si camufló el pago de alrededor de 250.000 euros en comisiones a la trama Hirurok, conformada por el expresidente de la entidad estatal, Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz, por el empresario Antxon Alonso y por la socialista vizcaína Leire Díez. El presidente de la compañía de Amurrio en aquel momento, Francisco Irazusta, uno de los imputados en el caso, ha negado en un escrito dirigido al juez Pedraz todas las acusaciones.

En contra de los indicios apuntados por la Guardia Civil y la Fiscalía, que sostienen que Fernández Guerrero medió en el rescate a cambio de un “agradecimiento”, la defensa de irazusta sostiene que lo conoció a través de su exdirectivo Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia y de Miguel Ángel Santiago, de la SEPI. “Le presentaron a aquél como expresidente de la SEPI que se ofreció a aconsejarles para que llevaran correctamente el proceso. En ningún caso se habló de abonarle cantidad alguna por ello, ni tampoco que éste tuviera un poder para ejercer presión a la SEPI, ni se le pidió que realizara actividad alguna en esa solicitud ya presentada”, recalza el abogado de Irazusta, Álvaro Amigo.

“Nunca se abonó cantidad alguna al señor Vicente Fernández [Guerrero] para que tramitara la petición del préstamo participativo a la SEPI”, recalca. Añade que mantenían un contacto de “únicamente felicitaciones navideñas” y que no supo nada de él hasta “cuatro meses” después del rescate, cuando se incorporó a la empresa como asesor.

El empresario, que dejó en 2023 Tubos Reunidos y que como todo procesado tiene derecho a mentir para no autoinculparse, añade que nunca habló de un “agradecimiento” para Fernández Guerrero y que nunca supo que los pagos realizados a través de la sociedad Mediaciones Martínez, confirmados ya por la compañía, fueran a parar indirectamente a Hirurok. Esa mercantil de Zaragoza estaba controlada en un 98% por Alonso o relacionada con Servinabar 2000. Sin embargo, sí admite que contrató a Fernández Guerrero como asesor de la empresa y que él pidió hacerlo a través de Mediaciones Martínez.

Según Irazusta, “la concesión del préstamo participativo fue acordada por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, presidido por Dña. Belén Gualda González, y autorizada por el Consejo de Ministros”. “Se trata de un acto administrativo complejo, colegiado y sometido a controles técnicos y jurídicos previos, en el que D. Francisco Irazusta Rodríguez no ostentaba capacidad de decisión alguna. La concesión del préstamo participativo, vino determinado porque la compañía cumplía con todos los requisitos para que se le otorgara ese préstamo, por parte de la SEPI”, añade Irazusta.

Es más, Irazusta añade que esa operación fue “objetivamente perjudicial” para él porque su fijo quedó congelado, se cerró el grifo de los bonus para directivos, incluidos 270.000 euros ya en 2022. “Se vio obligado a aceptar la congelación de su salario y a renunciar a 12 millones de euros de retribución variable. Este dato constituye un indicio de primer orden de la ausencia de cualquier pacto o acuerdo previo de contraprestación. La contratación de Vicente Fernández Guerrero, Ángel Martín y Jorge Montes del Pino como asesores externos de Tubos Reunidos respondió a una necesidad real y legítima de la compañía derivada del compromiso adquirido con la SEPI para los siguientes siete años y de la importancia estratégica de la transición energética. La actuación de Francisco Irazusta se enmarca dentro del ejercicio ordinario de las funciones de un administrador de una sociedad mercantil cotizada. Ninguna de estas conductas reviste relevancia penal”, se subraya en el escrito de defensa.

Otros dos directivos de Tubos Reunidos están imputados. Son el propio Urrutia y el actual CEO, Carlos López de las Heras. Se investiga una posible segunda comisión ya en 2024 cuando tocó renegociar la devolución de unos intereses. En este caso, el pago a Fernández Guerrero fue de 40.000 euros y se analiza si guarda relación con una reunión en Ferraz de los empresarios con el grupo Hirurok y con Santos Cerdán, entonces dirigente del PSOE.

El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha admitido este viernes que se produjeron reuniones relacionadas con el rescate que el ente público concedió a Air Europa antes de que se abriese el plazo de petición de las ayudas. Lora ha negado irregularidades en la concesión del rescate a la aerolínea y ha explicado que los mencionados encuentros tuvieron lugar en julio de 2020.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas a Europa Press tras su declaración como investigado ante el magistrado José María Escribano, que instruye la causa en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que la entidad concedió a la aerolínea en noviembre de 2020.

En estas reuniones de julio de 2020 habrían participado representantes del equipo técnico y jurídico de Globalia, miembros de la SEPI y del Ministerio de Economía, entonces liderado por Nadia Calviño, de acuerdo al relato de las fuentes.

A la salida de su declaración, que ha durado aproximadamente una hora y media, Bartolomé Lora ha rechazado hablar con la prensa, si bien su abogada ha manifestado que su cliente ha contestado “a todo el mundo porque puede contestar a todo el mundo”.

La imputación de Lora parte de una querella de PP y Vox que fue admitida a trámite por el titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. En un auto al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado apreció que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa”.

Escribano acordó, asimismo, requerir a la SEPI para que identifique al secretario del consejo gestor, los vocales con voz y voto en las sesiones del consejo gestor, los invitados a las sesiones del consejo gestor sobre el rescate de Air Europa, los técnicos instructores del expediente y el autor del informe de la Abogacía del Estado que dio luz verde al préstamo, “todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda” tras la declaración de Lora.

De la misma forma, el magistrado reclamó a la SEPI el expediente íntegro relativo al préstamo, las actas íntegras, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales y la presidencia en las reuniones en las que se trató el expediente, los listados de los asistentes a las reuniones, la consulta formulada de los antecedentes remitidos y el informe completo emitido, “especialmente sobre deudas o impedimentos y su interpretación”.

También solicitó los informes de fiscalización o control sobre la operación, las observaciones, reparos, recomendaciones y respuestas de SEPI y el consejo gestor al respecto, además de correos electrónicos, notas internas, minutas, informes ejecutivos y comunicaciones con gabinetes ministeriales relativos al expediente entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Al respecto, fuentes jurídicas han señalado que el vicepresidente de la SEPI todavía no ha hecho entrega de esta documentación.

Al filo del plazo legal que obliga a las empresas a celebrar su junta anual de accionistas en el primer semestre del año, la empresa de Amurrio Tubos Reunidos ha completado el trámite este martes, en segunda convocatoria. La reunión, exclusivamente telemática y cerrada a los medios de comunicación por vez primera, ha durado exactamente 37 minutos, no ha habido ni una sola pregunta y ni se ha mencionado el gran elefante, la investigación por corrupción abierta por el juez Santiago Pedraz en torno al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) de 2021, valorado en 112,8 millones de euros.

El CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, es de hecho uno de los imputados junto con su predecesor, Francisco Irazusta, y con el directivo recientemente dimitido Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. Una denuncia de la Fiscalía inició esta causa a finales de 2025 al conocer, por el móvil del empresario guipuzcoano Antton Alonso, que el grupo autodenominado Hirurok, conformado por Alonso con los socialistas Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y Leire Díez, pudo haber intermediado con la entidad estatal para facilitar la inyección económica a cambio de un “agradecimiento”, según la expresión del propio Fernández Guerrero. Se sospecha que Fernández Guerrero mantuvo una capacidad de influencia en su antigua entidad que permitió superar obstáculos y no solamente en 2021 sino también cuando tocó renegociar el pago de unos intereses en 2024.

La Guardia Civil, que ha registrado la sede de Amurrio en dos momentos y también en una ocasión las oficinas de Bilbao, estima que la comisión ascendió a unos 250.000 euros y que se pagó de dos modos. El primero, a través de la mercantil instrumental de Alonso en Zaragoza Mediaciones Martínez. El segundo, directamente con pagos a Fernández Guerrero. La compañía no niega la existencia de ese flujo de dinero y, de hecho, la secretaria del consejo de administración y responsable jurídica, Inés Núñez de la Parte, ya ha dado explicaciones como testigo sobre esas facturas a lo largo de la investigación de la trama de Hirurok.

Tubos Reunidos, que está en concurso de acreedores carcomida por las deudas y que ha ejecutado centenares de despidos este 2026, ha enviado ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acta de la junta anual. El documento, datado en Amurrio, indica que las pérdidas en 2025 fueron de 160 millones de euros y que los accionistas han aprobado “la gestión social desarrollada y las actuaciones llevadas a cabo por el consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio 2025”

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) obtuvo un beneficio neto de 130 millones de euros en 2025 y una cifra de negocio récord de 7.384 millones, un 16,2% superior a la de 2024, según las cuentas anuales aprobadas por su consejo de administración de las que ha informado este martes el holding público.

Este resultado de 130 millones de euros en 2025 supone la vuelta a beneficios del grupo SEPI tras las partidas extraordinarias que marcaron el ejercicio 2024 por el despliegue de planes estratégicos. Anteriormente, obtuvo resultados positivos de 166 millones en 2021, de 43 millones en 2022 y de 10 millones en 2023.

El 35% de los ingresos de la SEPI en 2025 corresponden al grupo Tragsa, mientras que el 28% los aportó Correos, y el 27%, Navantia. De hecho, el holding público ha atribuido el fuerte incremento de su cifra de negocio en 2025 al incremento de la actividad de los grupos Tragsa y Navantia.

La SEPI ha destacado en un comunicado que sus resultados de 2025 reflejan “la buena evolución” de las empresas mayoritarias del grupo, en especial en lo que se refiere a Correos, que cerró 2025 en beneficios después de un 2024 marcado por el plan estratégico y la provisión aparejada al mismo.

Asimismo, la SEPI también ha resaltado los “buenos resultados” de las empresas de participación minoritaria Airbus, Indra, Redeia y Enagás.

Inversiones de 529 millones de euros

El grupo realizó inversiones en 2025 por importe de 529 millones de euros, cifra un 63% superior a la de 2024. Las más significativas corresponden a Navantia, con 306 millones de euros, destacando la inversión por la adquisición de los activos de las sociedades del grupo Harland and Wolff y las inversiones en la fábrica digital de bloques de Ferrol y la línea de paneles planos.

El holding público también ha resaltado las inversiones de Correos, que ascendieron a 132 millones de euros y se destinaron a mejorar la movilidad, renovación de inmuebles y adaptaciones tecnológicas.

“SEPI ha priorizado el esfuerzo inversor para fortalecer las capacidades industriales de sus empresas participadas en sectores estratégicos como la energía, la defensa y las telecomunicaciones, una apuesta alineada con el objetivo de reforzar la autonomía estratégica de España y Europa”, ha remarcado el holding público.

Al mismo tiempo, el grupo ha destacado que ha “consolidado” su capacidad para garantizar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, “reafirmando su papel como instrumento del Estado al servicio del interés general”.

A cierre de 2025, el grupo SEPI empleaba a cerca de 87.000 profesionales, lo que supone un aumento de casi 2.400 empleados respecto a la plantilla media de 2024.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar a otras 25 personas en el caso Leire, causa en la que investiga no solo las artimañas de la trama para acabar con procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez sino también los presuntos amaños en contratación pública para favorecer a determinadas empresas. El juez toma esta decisión después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, y entre los nuevos imputados está la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, y otros altos directivos de esa sociedad por su vinculación con el rescate público de la mercantil alavesa Tubos Reunidos.

Los indicios recabados a lo largo de la investigación apuntan a la existencia de una dinámica continuada de intermediación ilícita en la contratación pública, según resalta la Fiscalía en un nuevo informe. Los principales investigados Vicente Fernández (expresidente de la SEPI), el empresario Antxon Alonso, la exmilitante socialista Leire Díez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán “habrían actuado como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos, incidiendo en la adopción de resoluciones administrativas, el resultado de procedimientos de contratación pública o la canalización de ayudas financieras, en beneficio propio o de terceros”. Para ello necesitaban “la necesaria e ilícita cooperación de terceras personas”, entre las que están los 25 nuevos imputados, pertenecientes bien al sector público, bien al sector privado.

Anticorrupción recuerda que los indicios recabados apuntan a cinco operativas que están relacionadas con la entidad pública Mercasa, con Enusa, con la sociedad pública Parque Empresarial del Principado de Asturias SL -participada por Sepides-, con Tubos Reunidos y con el grupo empresarial Forestalia. Todos los nuevos investigados tienen relación con esas entidades y con la SEPI. El Ministerio Público incide, como en anteriores informes presentados en la causa, que el grupo investigado habría actuado de forma coordinada mediante reuniones presenciales, comunicaciones telefónicas y mensajería segura “para la consecución de objetivos comunes, con vocación de permanencia” y para obtener “un rédito económico de origen ilícito”.

En el caso de Gualda, la Fiscalía la relaciona con el rescate público de Tubos Reunido en 2021 que se cifró en 115 millones de euros. Explica que, durante la investigación, se han detectado pagos efectuados por la acerera a favor de la mercantil Mediaciones Martínez SL -vinculada a la trama- por importe total de 114.950 euros. Esos pagos responderían, indiciariamente, “a las gestiones realizadas por los integrantes del autodenominado grupo 'Hirurok' en beneficio de aquella entidad, orientadas a la obtención de financiación procedente del denominado rescate articulado a través de la SEPI”.

El rescate de Tubos Reunidos

De hecho, la Fiscalía explica que, de los mensajes intervenidos a los miembros de la trama, pudo conocerse que la organización criminal investigada trabajó en favor de ese rescate, y que hablaban entonces de que Tubos Reunidos contaba con los informes favorables de las unidades de la SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria, “y el compromiso de su presidenta, Belén Gualda González con el CEO de Tubos Reunidos Francisco Irazusta para que su solicitud fuera aprobada por el consejo gestor del fondo” en una fecha determinada. De la mercantil alavesa, el juez ha decidido imputar también a Irazusta al entender que de las conversaciones recabadas se desprende que la trama facilitó “información relevante sobre la tramitación del expediente por cauces ajenos a los previstos oficialmente”.

Tras la aprobación por parte del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) el 13 de julio de 2021 de la operación de apoyo financiero a Tubos Reunidos, se dio un intercambio de mensajes entre los principales investigados de los que se desprende “que dicha concesión habría tenido lugar gracias a su intervención y a sus relaciones personales con diversas autoridades públicas”.

“Esta conclusión se ve reforzada por los mensajes intercambiados con posterioridad (...) en los que Vicente Fernández enfatizaba la relevancia del supuesto encuentro entre Antxon Alonso y el PNV en la resolución del asunto, al haberse producido la aprobación tan solo una semana después”, explica el Ministerio Público. En otro mensaje cruzado, esta vez entre Vicente Fernández e Irazusta, ambos hablaron de la necesidad de concretar una contratación recurrente para Servinavar (empresa de Alonso y también vinculada a la trama) a modo de “agradecimiento” por la labor de los principales investigados.

Ya en noviembre de 2021 mantuvieron una reunión, según recogen los documentos intervenidos, con Irazusta y Jesús Pérez Rodríguez Urrutia -también de Tubos Reunidos- en la que se cerró la “colaboración”. Vicente Fernández, en un mensaje posterior recogía la oferta de la acerera: una cuota mensual de 5.000 euros con Mediaciones Martínez por trabajos de prospección de mercado. La UCO ha localizado 21 facturas referentes a esos trabajos. El importe facturado fue de 127.050 euros, de los cuales habrían sido efectivamente abonados 114.959 euros.

Además de Irazusta, el juez ha imputado de esa mercantil a Pérez Rodríguez Urrutia y al entonces director ejecutivo Carlos López de las Heras, éste último porque habría garantizado “la retribución de las ilícitas gestiones realizadas” por los investigados. A ellos se suma el entonces director corporativo de la SEPI Ángel Santiago Mesa, la directora de participadas de la SEPI y responsable de la tramitación del expediente de Tubos Reunidos Rosario Martín Manzanedo, y Miguel Ángel Figueroa Teva, que fue director de Participadas III entre 2018 y 2021 y que también remitió a Vicente Fernández información sobre la situación de Tubos Reunidos.

De hecho, los investigadores indican que ya desde finales de 2020 hubo contactos de Vicente Fernández con estos miembros de la SEPI “con el fin de recabar y contrastar información sobre el estado de la tramitación”. Y que el expresidente de la SEPI también medió con el fin de gestionar un crédito puente destinado a asegurar el cumplimiento de los requisitos de viabilidad de Tubos Reunidos.

A pesar de las gestiones previas, el 15 de junio de 2021, y una vez se celebró la reunión del Consejo Gestor, Figueroa Teva informó a Vicente Fernández de que la entonces secretaria de Estado de Energía Sara Aagesen -miembro nato de ese consejo gestor del FASEE- había manifestado su oposición a la aprobación de la operación, aparentemente por razones de carácter ecológico. Esto podía truncar el rescate y por eso la trama abrió la vía política con el PNV por medio de Antxon Alonso y Santos Cerdán. La Fiscalía recoge que se celebraron en ese marco una serie de reuniones a nivel político en las que habría participado Belén Gualda con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de la ayuda temporal por parte del fondo FASEE. Finalmente, el Consejo Gestor del Fondo aprobó el 13 de julio de 2021 la prestación de esta ayuda, en forma de crédito participativo, operación que sería finalmente autorizada por el Consejo de Ministros el 20 de julio de 2021.

Tras la concesión, la trama realizó una suerte de seguimiento del asunto que se formalizó con Tubos Reunidos en varios contratos posteriores que buscaban la renegociación de las condiciones del préstamo, la reducción del coste de la deuda, la reducción de intereses, o el aplazamiento de la amortización anticipada del rescate con ocasión de la venta de un inmueble propiedad de la mercantil ubicado en Sestao.

Sobre esa venta hubo de nuevo contactos políticos de la trama con el gobierno vasco, en particular con Mikel Torres, actual vicelendakari. En noviembre de 2024, según el informe, el propio Santos Cerdán habría accedido a mantener una reunión con representantes de Tubos Reunidos en la sede de Ferraz. Finalmente, la SEPI dio su visto bueno a que la venta no tuviera que ser destinada a la amortización del préstamo público, y por estas gestiones Vicente Fernández habría recibido de la empresa vasca 40.000 euros.

El infome de la Fiscalía recoge, por otro lado, que en el requerimiento realizado en la sede del PSOE en Ferraz se intervinieron diversas evidencias, entre ellas una agenda con anotaciones manuscritas relativas a Tubos Reunidos, “vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI”. Indica el Ministerio Público que esas anotaciones pondrían de manifiesto que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos así como del papel desempeñado por los distintos investigados en relación con la obtención de la autorización correspondiente.

No habrá cese de Gualda

Fuentes jurídicas personadas en la causa ponen el foco en que en atestados de la UCO previos no se apuntaba a participación alguna de Gualda en esos esfuerzos de la trama por acelerar el rescate de Tubos Reunidos. Señalan, asimismo, que en el auto de la Audiencia Nacional de diciembre de 2025 que recogía la denuncia de Fiscalía, el nombre de Gualda no aparecía entre los denunciados.

Además, recuerdan que en un reciente informe del Ministerio Público de mayo de 2026 se apuntaba que la trama intentó interferir en la elección del presidente de la SEPI, algo que no lograron porque “el 03 de marzo de 2021 se nombró a Belén Gualda como nueva presidenta”. Tampoco consiguieron, según ese mismo informe, que bebe de atestados de la UCO previos, colocar a Leire Díez como jefa de gabinete de Gualda con el objetivo de “recuperar el control de la SEPI”. Existe al respecto un mensaje entre Vicente Fernández e Ibon Valentín Aperribay -de la empresa SAPA- en el que hablaban de las dificultades que ponía Gualda para enrolar a Leire Díez en su equipo, y contaban con reconducir la situación.

El Gobierno ha descartado este lunes el cese de la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda. Fuentes del Ejecutivo aseguran que la integridad de Gualda no está cuestionada y asumen con “normalidad” la imputación para que pueda dar explicaciones y que se garanticen sus derechos de defensa. También defienden la “pulcritud” del expediente de Tubos Reunidos y la “honestidad” del resto de trabajadores investigados.

Estas mismas fuentes destacan que el funcionamiento del FASEE, que fue quien aprobó el rescate de Tubos Reunidos, ha contado con el control y la fiscalización oportuna. En concreto, recuerdan que la Intervención General del Estado auditó la gestión del fondo y el cumplimiento de la normativa aplicable, dando su opinión favorable a sus cuentas en todos los ejercicios. Que la Comisión Europea avaló en julio de 2020 la normativa que regula el FASEE. Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado en una sentencia de junio de 2024 el régimen de ayudas a otorgar por ese fondo. Y que el Tribunal de Cuentas ha avalado, en su informe publicado el pasado 27 de septiembre del 2024 todas las ayudas concedidas por el FASEE. En su informe concluía que la “SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación”.

La dirección de la empresa Hunosa y los sindicatos SOMA-FITAG-UGT y Comisiones Obreras (CCOO) de Industria han mantenido negociaciones, a lo largo de tres años, que han culminado con un acuerdo con el que se cierra un ciclo de 30 años de reconversión de la compañía.

El acuerdo dará estabilidad a la empresa hasta el año 2050. El documento contempla una inversión de 130 millones de euros y la creación de 160 nuevos puestos de trabajo entre la empresa matriz (Hunosa) y su filial Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera). No obstante, está pendiente de recibir las autorizaciones administrativas.

Las valoraciones

La empresa Hunosa ha valorado positivamente este acuerdo alcanzado en el marco de las negociaciones presididas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ya que contribuirá al desarrollo económico y social de las comarcas mineras, y ha ensalzado el hecho de que por primera vez en décadas crece el empleo neto.

Del mismo modo se han pronunciado los representantes sindicales, quienes han considerado que este acuerdo supone un avance decisivo para dotar a Hunosa de un horizonte industrial estable y de futuro y sienta las bases de su transformación en una empresa pública dedicada a las energías renovables y la gestión medioambiental.

Tres años de negociaciones

Han sido necesarias 47 reuniones, a lo largo de tres años, para que finalmente tanto la dirección de la empresa como los sindicatos sellaran con su firma el documento por el que Hunosa se transformará en una nueva empresa orientada a las energías renovables y a la gestión medioambiental.

La sociedad estatal movilizará más de 130 millones de euros en distintos proyectos, consolidando su papel como “agente descarbonizador, gestor medioambiental y agente dinamizador de su territorio de referencia”.

La conversión de La Pereda

El documento contempla la creación de 80 nuevos puestos de trabajo en la empresa matriz, así como la implementación de un plan formativo específico dirigido a sus propios trabajadores que permita cubrir las necesidades de las nuevas líneas de actuación. El texto también prevé un plan social para el tratamiento de excedentes y un plan de seguridad y salud laboral.

El plan recoge la transformación de la térmica de La Pereda, en Mieres, en una central de biomasa, con una inversión de alrededor de 56 millones de euros, donde se aprovechará una instalación existente para la realización de un proyecto a futuro de carácter renovable. La empresa también aprovechará sus recursos forestales propios, consistentes en unas 3.800 hectáreas de montes.

Parque energético renovable

Entre las inversiones previstas figuran también una línea de acopio, clasificado, astillado y tratamiento de biomasa, destinada a garantizar el suministro de combustible a la Central de La Pereda y a las redes de calor.

En el Pozo San Nicolás/Nicolasa, en Mieres, se impulsará un parque energético renovable que contempla una central de almacenamiento por bombeo reversible en su interior, un proyecto de aprovechamiento hidráulico de los arroyos soterrados bajo plaza y escombrera y un proyecto fotovoltaico en la escombrera existente.

Este proyecto, sujeto a su viabilidad, prevé ser desarrollado más allá del año 2028, y se estiman unas inversiones de 24 millones de euros.

El Centro Nacional de Rescates

Otro de los puntos más relevantes que se incluyen en el documento es la creación de un Centro Nacional de Rescates con base en el pozo Santiago, en Aller, en el que se integrará la Brigada de Salvamento Minero y para el que se estiman unas inversiones de más de tres millones de euros para su puesta en marcha.

El Batán Recovery -histórico lavadero de Batán en Mieres- operará como una planta de tratamiento de materias primas para el procesado de materiales estratégicos y de interés industrial sostenibles, impulsando pruebas y líneas de trabajo orientadas al reprocesado de residuos, subproductos y escombreras con potencial en materias primas críticas.

Los avances en I+D+i

Además, habrá nuevos proyectos de energías renovables, como son las redes de calor basadas en agua de mina, biomasa y aprovechamiento de calores residuales o los proyectos fotovoltaicos e hidráulicos. En este tipo de proyectos se estiman unas inversiones cercanas a los nueve millones de euros.

Hunosa continuará avanzando en I+D+i, promoviendo proyectos como la planta piloto de captura de CO₂ en La Pereda a la vez que se darán los primeros pasos para el estudio de su escalado industrial o el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y combustibles sostenibles.

Plan de acción de aguas

La gestión de los recursos hídricos de la compañía, con la clausura de los pozos, derivará en la redacción de un plan de acción de aguas 2025-2028 y se realizará exploración de materias primas críticas en paralelo a la gestión y restauración de escombreras o la reversión de las concesiones mineras.

La gestión del patrimonio cultural de la empresa continuará siendo una pieza importante del futuro de la compañía, que mantiene su compromiso con la preservación y promoción del legado minero de Asturias a través de una oferta turística, cultural, deportiva y educativa de alta calidad, con una plantilla dedicada y estrategias enfocadas en la conservación y divulgación.

Nuevos puestos de trabajo

La constitución de Sadim como medio propio también abrirá un nuevo campo de actuación, según explica la empresa. La rehabilitación medioambiental y restauración de espacios afectados por la actividad minera, que comprende actuaciones en proyectos mineros específicos, en cauces fluviales o actuaciones asociadas a la hoja de ruta de materias primas, instalación de calderas de biomasa en edificios públicos o las actuaciones asociadas a mejoras de ecosistemas abre una oportunidad de generación de empleo que se estima alcanzará hasta 80 nuevos puestos de trabajos asociados al incremento de la actividad.

Las sociedades de promoción de la empresa dispondrán de 27 millones de euros de fondos para la financiación de proyectos empresariales con la previsión de impulsar la creación de 700 nuevos puestos de trabajo en el horizonte 2026-2028. Además, se impulsará la comercialización del suelo industrial desarrollado por la matriz en antiguos espacios mineros.

Este martes, a mediodía, la compañía de Amurrio Tubos Reunidos celebra su junta general anual de accionistas. Por vez primera, la convocatoria es únicamente telemática y no será un foro abierto, sino que solamente podrán participar los socios que se hayan registrado previamente. Salvo filtraciones, se desconocerá lo que allí se discuta. La dirección de la empresa ha decidido blindarse al máximo coincidiendo con su entrada en concurso de acreedores y, sobre todo, con la investigación de la Audiencia Nacional por corrupción. Otro detalle: la reunión llega al límite legal, que obliga a hacer esas reuniones dentro del primer semestre del año.

2026 está siendo el 'annus horribilis' de Tubos Reunidos. Centenares de despidos, huelgas y movilizaciones y ahora el concurso de acreedores son la muestra de la delicadísima situación económica, con un pasivo de unos 260 millones de euros. De esa deuda, unos 160 millones corresponden a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Son los 112,8 millones del rescate de 2021 y otros más de 40 millones en intereses acumulados. Y la SEPI es, precisamente, el otro gran problema para la compañía.

El juez Santiago Pedraz inició a finales de 2025 una causa penal para analizar si el rescate de 2021 escondió el pago de comisiones ilegales a quienes lo posibilitaron. Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que vio una sólida base de indicios. ¿De dónde surgieron? En junio de 2025 fue arrestado en Elorrio el empresario guipuzcoano Antton Alonso, amigo del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De su casa y de una oficina en Pamplona, la UCO de la Guardia Civil se llevó decenas y decenas de documentos, aparatos electrónicos e incluso bolsas con dinero en efectivo. Ese material se fue procesando y, en noviembre, la Policía judicial elaboró un atestado para la causa contra Cerdán.

En él, se mencionaba por vez primera que Alonso usaba una aplicación de mensajería supuestamente mejor encriptada que WhatsApp y Telegram, Threema. Allí tenía un grupo llamado Hirurok con dos socialistas, Leire Díez, de Portugalete, y Vicente Fernández Guerrero, andaluz. Éste último había sido presidente de la SEPI desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 hasta su imputación en un proceso sobre Aznalcóllar en Andalucía, en 2019. Sin embargo, se sospecha que mantuvo capacidad de influencia sobre el organismo estatal y que movió los hilos para engrasar la inyección económica a Tubos Reunidos a cambio de un “agradecimiento”, como llamaba a la presunta comisión en un mensaje el propio expresidente de la SEPI.

El sumario del caso muestra que la trama Hirurok se empezó a interesar por Tubos Reunidos en 2020, cuando ya iba barruntando la necesidad de apoyo público. La relación no se cortó hasta noviembre de 2025, hasta el momento previo a que Alonso, Fernández Guerrero y Díez acabaron detenidos. La causa, que ha comportado varios registros policiales en las instalaciones de Tubos Reunidos de Amurrio y de Bilbao, ha permanecido en secreto hasta junio. El sumario ha generado más morbo porque, a la vez, analiza el papel de Díez y Cerdán en las presuntas 'cloacas' del PSOE, pero su origen está en el rescate de Tubos Reunidos, que dobla al de la aerolínea Plus Ultra por el que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según la Guardia Civil, se eleva a 247.459 euros la presunta mordida que obtuvo Hirurok. La compañía no niega que se produjeran los pagos. Se canalizaron por una doble vía. Hay 114.950 euros que se pagaron a través de una pantalla, una mercantil de Zaragoza llamada Mediaciones Martínez. Giraba unas facturas por supuestos asesoramientos que eran “mendaces”, en descripción de la UCO. En realidad, era una sociedad controlada en un 98% por Alonso. Asimismo, Fernández Guerrero obtuvo directamente 130.000 euros más. Los “agradecimientos”, siempre usando la expresión de Fernández Guerrero, se produjeron por facilitar el rescate en 2021 y, tres años después, en 2024, para flexibilizar la devolución de intereses. La empresa obtuvo una inyección de 15 millones por la venta de un terreno en Sestao, tenía que devolver 9,8 a su acreedor, a la SEPI, y presuntamente entró en juego de nuevo la intermediación de Hirurok y de Cerdán a cambio de otro pago, que se cifra en 40.000 euros. Este dato está recogido también en un acta interna de Tubos Reunidos de 2025 a la que ha tenido acceso este periódico.

En este segundo momento, la investigación ha localizado una reunión en Ferraz, la sede del PSOE, con Díez, Cerdán y directivos de la empresa. Allí, en el cuartel general socialista, apareció una “agenda con anotaciones manuscritas” de Cerdán. ¿Qué decían? Estaban “específicamente vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI”, cree la Fiscalía. Añade que “dichas anotaciones pondrían de manifiesto, en conjunto con los indicios recogidos en el atestado [de la UCO de mayo de 2026] que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos”.

La investigación judicial tiene tres focos. Por un lado, está el grupo Hirurok. Cerdán, por el momento, no consta como investigado en este procedimiento. Por otro lado, están los directivos de Tubos Reunidos. Son tres los señalados. Francisco Irazusta es el primero. Era el presidente de la compañía en el momento del rescate y quien conversaba con regularidad con Fernández Guerrero sobre el asunto, como consta en los mensajes del sumario. “Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correo electrónico compartido con la dirección de su empresa.

Pero Irazusta se marchó en 2023. Es más, la trama Hirurok dudó si las facturas que giraba Mediaciones Martínez iban a continuar sin él en la empresa. Sin embargo, lograron mantener la relación con Carlos López de las Heras, su sucesor y todavía primer ejecutivo de la empresa alavesa. Fue él el que gestionó la renegociación de los intereses en 2024. El nexo común entre ambos mandatos era Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, directivo bilbaíno afincado en Andalucía y relacionado con Fernández Guerrero en la mercantil Denarius. Él estuvo en los contactos para el rescate y también en Ferraz por los intereses. Dimitió hace dos semanas tras ser imputado por el juez Pedraz, aunque alegó que era por otras razones profesionales. Según 'El Correo', López de las Heras ha sido apartado de las negociaciones con inversores interesados en reflotar la compañía.

Y, claro, el tercer grupo investigado son los miembros de la SEPI que, supuestamente, se dejaron controlar por su expresidente desde fuera, facilitándole información privilegiada. En otras derivadas del caso, como la relacionada con un contrato en Asturias a la empresa navarra Erri Berri, incluso hicieron movimientos a su dictado, siempre según la Fiscalía y la Policía judicial. “Estoy influyendo”, se jactaba Fernández Guerrero en otro mensaje. Son hasta ocho los diferentes cargos del 'holding' estatal los señalados en los informes policiales.

Mediaciones Martínez, según la Guardia Civil, tuvo una facturación próxima al millón de euros. Entraba dinero también en Servinabar 2000, la principal empresa de Alonso. El sumario muestra que, con esos fondos, Alonso se reformó su casa de Elorrio -160.000 euros de obra-, que Fernández Guerrero siguió comprando pisos en Marbella para alquiler turístico y que Díez cambió de coche.

Hasta hace pocas semanas, ya con la existencia de la investigación de la Audiencia Nacional con un elemento de dominio público, diferentes cargos institucionales han abogado por que la SEPI facilite una quita de la deuda para salvar a Tubos Reunidos, que busca inversores que den continuidad a la actividad industrial en la comarca más tocada de Álava, la de Ayala. El consejero del PNV Mikel Jauregi, de hecho, lo hizo el mismo día que la Guardia Civil estaba realizando registros en el marco de esta operación, a comienzos de junio. Sin embargo, fuentes de la compañía dan por hecho que dadas las circunstancias el organismo estatal no puede hacer ningún movimiento con dinero público que pueda dar a entender que hay un nuevo trato de favor a una empresa bajo la lupa de la Justicia.

El empresario guipuzcoano Antxon Alonso es también el titular del 98,3% de las participaciones de Mediaciones Martínez, la empresa a través de la que Tubos Reunidos canalizó parte de las presuntas comisiones ilegales tras su rescate de 112,8 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según constata la UCO de la Guardia Civil. Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza, también cobró de otros proyectos investigados por corrupción, como los relacionados con la empresa navarra de demoliciones Erri Berri.

En un atestado de finales de 2025 que motivó la apertura de una nueva causa en la Audiencia Nacional en torno al rescate de la empresa de Amurrio, al que ha tenido acceso este periódico, la UCO sitúa al empresario en un papel adicional al que ya se le conocía como principal referencia de Servinabar 2000, en la que aparentemente el dirigente del PSOE Santos Cerdán tenía una participación del 45%.

Alonso conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, y con la vizcaína Leire Díez. Según la tesis de la Fiscalía, que solicitó la apertura de esta nueva causa, Hirurok presuntamente cobraba las comisiones ilegales por intermediación en el rescate de Tubos Reunidos y de otras gestiones con empresas como la navarra Erri Berri. Se sospecha que Fernández Guerrero mantenía en 2021, cuando se sustanciaron estas operaciones, una capacidad influencia en la SEPI a pesar de haber dejado el cargo en 2019.

En ambos casos, Tubos Reunidos y Erri Berri, se ha constatado que los pagos -o parte de ellos- se hicieron a través de Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza. En el caso del rescate, inicialmente se había planteado hacerlo a través de Servinabar 2000 pero, finalmente, se cambió de idea. Los nuevos datos indican que, en realidad, seguía estando detrás la misma persona, Alonso.

La Policía judicial acredita que el 27 de julio de 2021 Alonso adquirió el 98,33% de las acciones de Mediaciones Martínez. Es decir, lo hizo a los pocos días de consumarse el rescate de Tubos Reunidos y un día antes de que, en una cena, Fernández Guerrero le comunicara al primer ejecutivo de la compañía, Francisco Irazusta, que quería un “agradecimiento” por sus gestiones, como detalló la Fiscalía.

Las participaciones restantes, añade la UCO, “con el aparente objetivo de evitar la unipersonalidad de la sociedad” quedaron en manos de Carmelo Aznárez —el anterior propietario—, que “formalmente asumió el cargo de administrador único” de la sociedad “con el propósito de encubrir la titularidad y administración real de la sociedad, en manos del grupo Hirurok”, apostilla la Guardia Civil. Mediaciones Martínez llevaba años inactiva por aquel entonces. Según la documentación remitida por la Agencia Tributaria a la investigación esta mercantil no contó con personal dado de alta entre octubre de 2021 y mayo de 2025. Así, las facturaciones con conceptos como “prospección de mercado” eran “mendaces”.

Es a partir de la entrada de Alonso en el accionariado cuando, siempre según la UCO, Mediaciones Martínez comenzó a ser utilizada por el grupo Hirurok para el cobro de mordidas. La Guardia Civil cifra en 913.000 euros las comisiones que podrían haber cobrado Alonso, Fernández Guerrero y Díez a través de la empresa. En detalle, a los 114.950 euros de Tubos Reunidos -al margen, Fernández Guerrero cobró a título individual otros 130.000-, y a los 400.000 de Erri Berri cobrados a través la empresa hermana Derribos Olite y Servinabar 2000, se suman 237.033 de VUSA, 77.137 del Grupo Aldesa, 38.720 de Alto Mineral, 24.200 de Madrid Aranda Empresa Constructora, 33.800 de LAAM Arquitectura o 17.545 de SDP Carrillo y Montes Abogados.

La UCO de la Guardia Civil eleva a 247.459 euros las presuntas comisiones cobradas por el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, por sus gestiones para facilitar primero el rescate de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos, una inyección de 112,8 millones de euros, y luego la renegociación de la devolución de intereses tras la obtención de unos ingresos de 15,2 millones por una venta en Sestao.

Fernández Guerrero, socialista andaluz, conformaba un grupo llamado Hirurok con la socialista de Portugalete Leire Díez y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. El grupo, según los mensajes incorporados al sumario, tenía especial interés en hacer ver que tenía mano con el PNV para presionar al Gobierno central en la aprobación del rescate. El partido admite que claro que se preocupa por empresas estratégicas vascas, pero insiste en que “nada tienen que ver” con las “actividades” que “en paralelo” pudieran realizar “terceras personas”.

El caso de Tubos Reunidos lo investiga el juez del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Santiago Pedraz. El arresto de Alonso en 2025 por su presunta relación con la trama de corrupción de su amigo y dirigente del PSOE Santos Cerdán reveló la existencia del grupo Hirurok. Ello derivó en la apertura de esta pieza, a instancias de la Fiscalía, a finales de 2025. Fueron arrestados Alonso, Fernández Guerrero y Díez.

La UCO ha elaborado un atestado específico sobre este rescarte, emitido en mayo. La Policía judicial ha registrado dos veces la empresa, en diciembre de 2025 y ahora, en junio de 2026. Con los tres de Hirurok, están imputados igualmente los altos directivos de la empresa Francisco Irazusta, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia -ya fuera de la compañía- y Carlos López de las Heras. Todos ellos tramitaron pagos a Fernández Guerrero. Una testigo de la empresa ha declarado ya en el proceso que eran facturas gestionadas directamente por los ejecutivos de la compañía.

¿Cómo se gestionaron los pagos? Este periódico ya adelantó, a la luz de un informe de la Fiscalía, que Fernández Guerrero, pese a haber dejado la SEPI en 2019, mantuvo influencia en el organismo y que se ofreció a Tubos Reunidos para engrasar un rescate que se formalizó en 2021. A cambio, pidió un “agradecimiento”, según manifestó él mismo en un mensaje. En otro, llamó “success fee” a otra presunta comisión.

114.950 euros se canalizaron por la vía de la mercantil zaragozana Mediaciones Martínez. Inicialmente, se iba a tramitar a través de la “vasco-navarra” Servinabar 2000, pero se desechó esa opción. Pero la Guardia Civil estima que Fernández Guerrero ingresó directamente otros 132.500 euros.

El informe de la UCO realiza una anatomía a través de los mensajes de Fernández Guerrero, Alonso y Díez de las gestiones que hicieron primero para ganarse la confianza de la empresa -hasta el punto de multiplicar las comidas y reuniones o de presentar a Díez falsamente como “directora de gabinete” de la SEPI- y después para interceder durante la tramitación de la inyección económica de 112,8 millones.

“Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correo electrónico compartido con la dirección de su empresa. Es más, constan en actas internas en las que se discutió sobre el apoyo externo de Fernández Guerrero.

El punto más crítico se dio poco antes de que se confirmara definitivamente el rescate, en julio de 2021. Al parecer, la vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo pusieron dificultades. Es ahí cuando la trama intentó implicar al PNV para que presionara al Gobierno central, dada su labor habitual de apoyo a las empresas vascas. No hay pruebas directas de qué pudo hacer el partido entonces liderado por Andoni Ortuzar o la consejera vasca de Industria de la época, Arantxa Tapia, más allá de estar encima de un tema de interés objetivo para la economía de Euskadi.

Fernández Guerrero, en todo caso, ofrecía a Alonso como una suerte de contacto con el PNV. Lo define ante Tubos Reunidos, en esas horas críticas, como una persona “íntima” de un tal “Aurreku”, en posible referencia a Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización del Euzkadi Buru Batzar durante años, mano derecha de Ortuzar y tan influyente como desconocido ante la opinión pública. En esas mismas fechas, la consejera Tapia habló con Montero de Tubos Reunidos, pero en el sumario no hay indicios de vinculación con los movimientos de la trama Hirurok.

Años después, ya con Irazusta fuera de la compañía, Tubos Reunidos volvió a movilizar a Fernández Guerrero para flexibilizar una devolución de intereses. La venta de una propiedad en Sestao le procuró 15 millones, pero las condiciones del rescate les impedían disponer de la liquidez mientras tuvieran deudas con la SEPI. En concreto, 9,8 millones irían directamente a amortizar el crédito. El plazo para abonarlos se acababa en julio de 2025 y en 2024 ya se movieron las piezas.

Según la Guardia Civil, Fernández Guerrero y Díez empezaron a hacer gestiones. En sus mensajes, se menciona a Mikel Torres, vicelehendakari socialista de Imanol Pradales, o a “Eneko”, presumiblemente Eneko Andueza, líder del PSE-EE. Díez, después, elevó el asunto a Cerdán. Ya se conocía que a finales de 2024 hubo una reunión en Ferraz con directivos de Tubos Reunidos. Antes, Fernández Guerrero se citó con los empresarios en un restaurante vasco de Madrid. La Guardia Civil habla de otra comida en Hortaleza entre Fernández Guerrero, Díez y Cerdán para las mismas “gestiones”. Como detalle, a Díez se le ubica en variados lugares porque se han rastreado sus movimientos a través de la aplicación Waze.

Nuevamente, la trama quiso meter en medio al PNV. El socialista andaluz se ofreció para que los directivos de Tubos Reunidos se vieran con Ortuzar y con Aurrekoetxea. Fuentes del entorno del PNV recalcan que no precisan de nadie para tener interlocución con empresas vascas. La UCO sí da credibilidad a que se celebrara la reunión, ya en 2025, pero no la asocia a ningún movimiento económico.

En todo caso, en febrero de ese año el Consejo de Administración fue informado de otro pago de 40.000 euros a Fernández Guerrero. “El CEO informa al Consejo que desde el 1 de noviembre de 2024 está vigente con el consultor D. Vicente Fernández un contrato de consultoría por el que el mismo está aportando valor al CEO con su conocimiento y experiencia, por lo que el mismo percibirá una remuneración total por su asesoramiento durante estos meses por importe total de 40.000 euros, cuando la compañía pueda disponer de los fondos”, recoge el acta de esa reunión.

Hay correos electrónicos de Fernández Guerrero a López de las Heras, el sustituto de Irazusta, en el que plantea percibir un “success fee” del 2% del ahorro en el asunto de los intereses. Finalmente, recibió como contrapropuesta un 1,5% para el primer 75% y un 2% para el resto. “Por mí de acuerdo. Comenzamos y firmamos cuando quieras”, respondió el expresidente de la SEPI.

Manuel Aarón Fajardo, al que el juez del caso Plus Ultra considera el “enlace” entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Venezuela, ha rehusado responder a ninguna pregunta durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Fajardo, residente desde hace años en Caracas (Venezuela) e hijo del actual senador del PSOE por Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, es definido por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como “el hombre de Zapatero en Venezuela” y habría sido el primer enlace entre la cúpula de la aerolínea Plus Ultra -a la que la Sepi concedió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021, y el entorno del expresidente socialista.

Al comienzo de la sesión, Fajardo ha leído un breve escrito en el que recordaba su colaboración y alertaba de que no pensaba contestar a ninguna pregunta, al no conocer con antelación los hechos sobre los que le iban a interpelar.

Tras algo más de dos horas y media, durante las cuales varios senadores se han referido a sus presuntas labores de intermediación entre Plus Ultra y Zapatero, y a sus actividades privadas en Venezuela, Fajardo se ha quejado de que se hayan vulnerado sus derechos constitucionales.

El compareciente ha destacado, en defensa de su honor, que nunca he ejecutado “acciones sobre ayudas públicas” ni ha cobrado ni se ha beneficiado de nada relacionado con dichas ayudas, de ahí que se haya negado a responder, ya que el objeto de la Comisión es la gestión de la SEPI, con la que él “no ha tenido nunca nada que ver”.

El juez Calama recogía en su auto diversas conversaciones entre Fajardo y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, así como con Julio Martínez Martínez, considerado “el amigo de Zapatero” en Venezuela, en las que se abordaban las gestiones del expresidente del Gobierno acerca del préstamo a la aerolínea.

Fajardo se ha negado a responder a ninguna cuestión y únicamente ha leído una breve declaración, además de indicar que el papel que se le atribuye en la trama “parece más bien una película de Netflix”.

No obstante, la Policía Nacional recoge en un informe numerosos contactos entre la cúpula de la aerolínea y el entorno de Zapatero, que habrían facilitado la concesión del préstamo y que recoge el juez en su auto.

Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia ha presentado este viernes su dimisión como consejero independiente de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. La empresa, actualmente en concurso de acreedores, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su cargo es “incompatible” con otras “responsabilidades”, pero coincide con su imputación en la investigación por corrupción seguida en la Audiencia Nacional en relación al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021, valorado en 112,8 millones de euros. Se analiza si se abonaron comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso.

Según el sumario, el ejecutivo participó en reuniones con Fernández Guerrero en el momento del rescate, cuando el socialista andaluz reclamó un “agradecimiento” por su participación como facilitador de la financiación. Igualmente, participó en un momento posterior en que tocaba renegociar la devolución de intereses y, supuestamente, se celebró un encuentro en Ferraz, la sede del PSOE, en el que también estuvo Santos Cerdán. En el primer momento Fernández Guerrero cobró 114.950 euros a través de la pantalla Mediaciones Martínez, unos hechos ya admitidos por Tubos Reunidos. En el segundo momento se sospecha que se pudo abonar una nueva comisión de 40.000 euros, según un informe de la UCO de la Guardia Civil.

El empresario es bilbaíno de nacimiento pero andaluz de adopción. Según Tubos Reunidos, “cuenta con una amplia experiencia de más de 36 años ejerciendo funciones de dirección en grandes compañías como CEO o de dirección general y dirección financiera”. “A lo largo de su larga experiencia profesional ha sido presidente en España de BNPP Real Estate, CEO de Occidental Hoteles, CFO de Metrovacesa, Director General Corporativo de Grupo Ence y CEO de Planeta DeAgostini así como CFO y secretario general de Abengoa. [Y] Cuenta con amplia experiencia en consejos de administración donde ha pertenecido a los consejos de Abengoa, Befesa,Telvent, Logista, la Socimi francesa Gecina, GMP, Levantina de Mármoles o Denarius, entre otros. Asimismo ha sido presidente en España de BNPRE y consejero de las compañías Project Qsar Investments y Rio Narcea Recursos SA. Actualmente es miembro del consejo asesor de Schindler en España, senior advisor de Denarius Metals en España, miembro del consejo de Vertikal Elevadores, S.L.U. y director general en Madrid de Cesur (Círculo de Empresarios del Sur de España)”, se puede ver en su curriculum.

En la causa judicial está imputado también Francisco Irazusta, el presidente de la compañía en el momento del rescate y que presuntamente cenó con Fernández Guerrero a finales de julio de 2021 para acordar la mecánica de los pagos, según describió la Fiscalía en un documento adelantado por este periódico. Cesó en 2023 y, por lo tanto, no participó ya en la siguiente fase. Hay un tercer directivo de Tubos Reunidos investigado que acompañó a Pérez Rodríguez-Urrutia a Ferraz, siempre según el sumario.

La empresa, sumida en concurso de acreedores, ha comunicado también a la CNMV que entrará al consejo Carmen Motellón. Será presidenta de la comisión de auditoría. Ingenera de formación, es funcionaria del Estado y cuenta con “amplia experiencia”, según la compañía.

El 6 de julio suele ser un día de bullicio en Pamplona: es el día del chupinazo de San Fermín. Pero en 2021, como un año antes, no hubo fiestas por la COVID-19. Sin embargo, en Servinabar 2000, la empresa domiciliada en Pamplona en la que presuntamente el dirigente del PSOE Santos Cerdán tenía una participación del 45%, se produjo una reunión clave. Era la víspera de la autorización del rescate de 112,8 millones de euros a la empresa alavesa Tubos Reunidos y los asistentes, aparentemente, querían recaudar una comisión por su intermediación.

El orden del día de ese encuentro en “Pamplona-Iruña” ha aparecido por triplicado en la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a raíz de una denuncia de finales de 2025 de la Fiscalía Anticorrupción. La UCO de la Guardia Civil encontró el Word en el teléfono móvil de Antxon Alonso, el empresario guipuzcoano dueño de Servinabar 2000 y amigo de Cerdán. A su vez, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, lo envió también por la aplicación Threema. Y, finalmente, una versión aderezada con notas manuscritas forma parte del abundante material que se le ha incautado a la vizcaína Leire Díez. Ese papel, de 29 puntos, esboza los negocios que el trío, que se hacía llamar Hirurok en euskera (y más adelante Hirurok Berriro), tenía en cartera en ese momento. De su lectura, así como de otras notas incorporadas al sumario, se deduce que Alonso ejercía como una suerte de 'comercial' con empresas vascas.

El relativo a Tubos Reunidos es el vigesimonoveno y último punto del orden del día. Ahí ya se menciona la posibilidad de que Alonso (al que se refieren en todo momento como Antton y no como Antxon) pudiera interceder con el PNV. Otro de los puntos hace mención a Teknei. Esta compañía llegó a Bilbao en 2019 desde México. Su fundador, Joseba Lekube, era el presidente del PNV en México. La empresa ha adquirido gran notoriedad en 2025 por ser parte de la 'cuadrilla' que, de la mano del Gobierno vasco, lideró la recompra de Ibermática a Ayesa. Se puede leer más aquí sobre esta firma.

Sobre Teknei, el grupo Hirurok aboga por tener una “relación preferente”. “Antton y Teknei se reunirán a corto plazo. Antton fijará fecha”. En otro documento que la Guardia Civil halló en posesión de Díez, se apostillaba: “Tienen un proyecto grande y bonito, pero es un proyecto suyo. En la comida: al principio había reticencias y dijeron que no, posteriormente dijeron que sí. Pretendían una reunión con Calviño [Nadia, vicepresidenta del Gobierno de España] o algo así para tener algo grande. Eso no le gustó a Antton, que le planteó que xa [para] hacer eso, nosotros comprábamos una empresa y gestionábamos directamente. Trabajar xa otros, es jodido”. Por el momento, los informes de la UCO o las resoluciones judiciales no han concretado nada más sobre este asunto.

La trama menciona igualmente ITP, gigante aeronáutico que en aquella época cambió de dueños. Rolls Royce vendió su participación al fondo Bain Capital, liderado por SAPA y JB Capital. Fue una operación de 1.700 millones. “Cada vez más complicado el tema” o “hay que seguir observando la operación” son algunas de las anotaciones. Aluden a que “la oferta compradora” no incluía a Talde. En los cuadernos de Díez hay más menciones a Talde —“Antton ya ha enviado los contratos”—y a SAPA, particularmente a la familia Aperribay. “Llegada de Antton en avión. Comida con Ibon y Jokin. Quién ha ayudado en el tema ITP”, expone Díez. Jokin Aperribay es el presidente de la Real Sociedad. El informe de la Hacienda de Navarra sobre las cuentas de Servinabar 2000 acreditaba una relación mercantil entre esta empresa y SAPA. Los pagos ascendieron a unos 145.200 euros. En 'El Mundo', Ibon Aperribay explicó que las facturas que respondían a un “tema puntual inmobiliario”.

En el negocio de Erri Berri en Asturias con la SEPI, donde la Fiscalía ve pruebas claras del abono de comisiones por la mediación sobre todo de Fernández Guerrero —“estoy influyendo”, escribió textualmente en un mensaje sobre las vicisitudes de una adjudicación—, aparece la firma VUSA como una de las empleadas para canalizar los pagos. Esta compañía, en 2019, fue objeto de controversia en Hondarribia en relación al fallido proyecto de Zaldunborda y por haber fichado al exalcalde del PNV Aitor Kerejeta.

La lista de asuntos en los que Servinabar 2000 tenía interés era más larga. Se menciona, por ejemplo, una “papelera del Cadagua y residuos de purines” en Bizkaia O el traslado de Mercabilbao: “Intentar que sea en Mungia o en Amorebieta, no en Abanto y Ciérbana. Liberación de suelos en Basauri”. La realidad desmiente estos planes porque, en 2022, se eligió Ortuella por parte del Gobierno vasco. Sin embargo, este año este periódico ha explicado que ni siquiera están adquiridas las parcelas para el traslado.

Varios cargos públicos, como el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, el ahora presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, antes en el Ente Vasco de la Energía, el exvicepresidente navarro Félix Taberna o las presidentas María Chivite y Uxue Barkos han admitido que conocían a Alonso por haber venido en nombre de Forestalia, como su representante. Esta empresa aragonesa promovía una línea eléctrica para trasladar energía renovable desde Zaragoza hasta Vitoria pasando por Navarra. En la documentación aparecida ahora se menciona que “VCT”, por Fernández Guerrero, iba a preparar un “papel” para que “Santos”, presumiblemente Cerdán, intentara que el Ministerio aprobara el plan. En 2026 quedó frustrado el proyecto por su impacto ambiental. Las anotaciones del sumario sitúan también a “Antton” preguntando por “seis parcelas en Derio” relacionadas con “Blackstone-Aliseda”.

Esta investigación de corrupción se fundamenta en una denuncia de la fiscal Elisa Lamelas basándose en pruebas halladas en otra causa, la que inició el Tribunal Supremo contra Cerdán y Alonso. La mayoría de las primeras evidencias fueron localizadas en el domicilio de Elorrio del empresario cuando fue arrestado en junio del pasado año por la Guardia Civil o, en su defecto, en la oficina de Servinabar 2000 en la plaza del Castillo de Pamplona. Después, tras el escrito de la Fiscalía, Alonso fue de nuevo arrestado, como también Fernández Guerrero y Díez. Fue entonces cuando se conoció la existencia de Hirurok, como llamaban a su grupo de Threema. En algún momento le tuvieron que cambiar el nombre y optaron por Hirurok Berriro, pero su misión y componentes era la misma, según los responsables de la investigación.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los indicios apuntan a la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias y organización criminal. El asunto, que permaneció bajo secreto hasta hace una semana, acabó recayendo en el juez Pedraz y esta parte económica ha quedado opacada porque derivó en una ampliación de la investigación para indagar en la actividad llevada a cabo por Díez para atacar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La tesis del ministerio público es clara: el grupo Hirurok “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública, habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros”. Además, se analiza si Cerdán, que mantenía contacto con los tres, coordinaba de alguna manera esta operativa.

El expresidente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), Vicente Fernández Guerrero, maniobró en el año 2021 para que la empresa navarra Erri Berri, especializada en demoliciones, fuese la adjudicataria de un contrato de 2,85 millones de euros para el derribo de las Baterías de Cok en Avilés, en Asturias. A cambio, según la Fiscalía Anticorrupción, Fernández Guerrero habría pactado una comisión de 400.000 euros. Los pagos se camuflaron a través de una mercantil de Zaragoza, Mediaciones Martínez (ahora renombrada como Ku-Ma), de VUSA y de Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. No respondían a un servicio real, sino a la contraprestación del expresidente de la SEPI por haber maniobrado para la consecución del contrato, siempre según esta documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Según Anticorrupción, Erri Berri, con sede en Olite, abonó de manera “indirecta” a Mediaciones Martínez y Servinabar 2000 un total de 575.857 euros, de los que 400.000 se corresponderían a la intermediación de Fernández Guerrero para el contrato en Asturias. Dicho contrato fue licitado por el Parque Empresarial Principado de Asturias SL (PEPA), una sociedad participada en su integridad por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES), sociedad cuyo capital social pertenece a su vez en su totalidad a la SEPI, de la que Fernández Guerrero fue su presidente entre 2018 y 2019, aunque se investiga si mantuvo su influencia en años posteriores.

Las obras para la demolición de las baterías habían sido adjudicadas en un primer momento el 26 de abril de 2021 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Lezama-Los Álamos, pero Erri Berri, que se había presentado a la licitación, presentó un recurso. Lo hizo después de que Leire Díez enviara un mensaje en el grupo de la aplicación Threema 'Hirurok', que compartía con Fernández Guerrero y Alonso, en el que proponía decirle al administrador de Erri Berri Félix Azcona la manera de poder anular el concurso. “Nos deberían algo [...] Aunque no se pueda cuantificar”, añadió Díez en el mismo foro. Así, el 7 de mayo, Fernández Guerrero envió un documento de Word a Alonso en el que se recogía como posible motivo para la impugnación de la licitación el hecho de que una de las vocales de la mesa de contratación hubiese participado anteriormente en la redacción de los pliegos. Erri Berri presentó su recurso y el 9 de agosto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo estimó.

Así, el 11 de agosto el PEPA ordenó el reinicio de la licitación. Esta vez, Erri Berri, que en el anterior pliego había presentado una oferta económica de 6,5 millones de euros, hizo una de 2,5 millones, rebajándola así en 4 millones de euros. Esta oferta “anormalmente baja” hizo que se le fuera requerida una justificación por parte de la mesa de contratación. Unos días antes de que terminase el plazo para el envío de la documentación, Fernández Guerrero escribió a Alonso preguntándole si en Erri Berri tenían controlados los plazos. “No debe haber problemas con lo que he hablado”, respondió Alonso. “Si es necesario, que la gente de Erri Berri lo contraste también con nosotros. Nos jugamos (todos) mucho”, añadió Fernández Guerrero.

El 26 de octubre el expresidente de la SEPI volvió a escribir a Alonso para informarle de que la oferta a la baja había sido admitida. Lo hizo antes de que los técnicos firmaran el informe de admisión de la oferta y dieran cuenta a la mesa de contratación, circunstancia que para la Fiscalía Anticorrupción refuerza las sospechas de la influencia que tenía Fernández Guerrero en la SEPI para la adjudicación de contratos. Finalmente, el 27 de octubre la mesa de contratación propuso a Erri Berri como adjudicataria del contrato.

Pero la UTE Lezama-Los Álamos, que había sido adjudicataria de la primera licitación presentó un recurso. Y de nuevo Fernández Guerrero maniobró para que no prosperase. “He quedado con la Presidenta del Tribunal de Contratos para que esté alineada con nosotros cuando se produzca el recurso por parte de Lezama-Los Álamos”, expuso en el grupo 'Hirurok'. La presidenta del Tribunal de Contratos a la que se refiere es María de la Concepción Ordiz Fuertes, quien previamente había trabajado en la SEPI con Vicente Guerrero. “Estoy influyendo para que lo inadmitan x (sic) fuera de plazo y xq (sic) el contrato ya estaba formalizado. [...] El abogado [...] que lleva la defensa de Erri Berri está coordinándose con nuestro hombre en SEPIDES”, apostilló.

El 20 de enero de 2022 el Tribunal de Contratos desestimó el recurso de la UTE Lezama-Los Álamos. “Conchita [por María de la Concepción Ordiz] ha cumplido”, celebró Fernández Guerrero en el chat de Threema compartido con Díez y Alonso. “Ha sido un año de trabajo, de gestiones con unos y con otros [...] gracias al esfuerzo de los tres, cada uno en su ámbito [...] hemos hecho mucho porque conseguir revertir la inicial adjudicación a Lezama-Los Álamos parecía casi imposible. Y el resultado ha sido enormemente bueno. Este es el camino”, añadió.

Por este servicio, la mercantil Mediaciones Martínez emitió una factura a una empresa vinculada a Erri Berri, Reciclajes y Derribos Olite SL, por importe de 99.825 euros más IVA (120.000 en total) bajo el concepto de “trabajos de obra civil realizados relativos al mantenimiento de Pamplona durante el periodo junio 2021 a enero de 2022”. Pero la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la cifra pactada fue mayor por un mensaje que Fernández Guerrero envió a Alonso el 14 de marzo en relación con otras gestiones en favor de Erri Berri. “No quiero avanzar hasta que veamos los 400 k (o una parte de ellos) de Félix [Félix Azcona, administrador de Erri Berri]”. Un día después, el 15 de marzo, Erri Berri abonó la factura.

El 27 de mayo, Mediaciones Martínez emitió una segunda factura a Derribos Olite por importe de 61.213 euros, con el mismo concepto que la anterior pero modificando las fechas, y que no se abonó hasta un mes después, el 27 de junio. En esa misma fecha re emitió una tercera con el mismo importe, 61.213 euros, que fue abonada el 1 de agosto. En total, las tres facturas sumaron un total de 201.000 euros. Otros 100.000 fueron abonados a través de una tercera sociedad ajena a Erri Berri, VUSA, con la que según la Fiscalía Anticorrupción se pretendía “desvincular” el origen de los fondos “supuestamente ilícitos” percibidos por Mediaciones Martínez.

Los 100.000 euros restantes de los 400.000 supuestamente pactados fueron abonados, sostiene la Fiscalía, a través de facturas emitidas por Servinabar 2000 a Erri Berri en diciembre de 2023 y enero de 2024 de 50.215 y 49.277 euros respectivamente. Son los pagos que la Hacienda de Navarra recogió en el informe que envió al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre la contabilidad de la mercantil propiedad de Alonso y presuntamente, también de Cerdán. Se da la circunstancia de que Fernández Guerrero estuvo dado de alta también en Servinabar 2000. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra.

Erri Berri explicó en diciembre de 2025, tras el registro de la Guardia Civil en sus oficinas de Olite, que esos pagos a Servinabar 2000 respondían a unos trabajos de “servicios y gestiones” por parte de esa entidad enmarcados en el proyecto de demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, obras en las que Erri Berri fue subcontratada por Acciona para esas labores.

“Aparentemente y considerando los elementos expuestos, unido al hecho de que no se han localizado por la policía Judicial otros datos o documentos de los que se evidencie cualquier tipo de actividad relacionada con el objeto de las facturas, se considera que el verdadero objeto de los pagos habría sido abono de parte del pago acordado -aparentemente 400.000 euros- como consecuencia de las gestiones efectuadas por el grupo Hirurok”, concluye Anticorrupción, que añade que “la operación de Avilés supuso el inicio de la relación mercatil entre Erri Berri, Mediaciones Martínez y Servinabar 2000”.

El expresidente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, pactó en una cena de finales de julio de 2021 con el presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, un “agradecimiento” de 5.000 euros mensuales más IVA que, según la Fiscalía Anticorrupción, era una comisión ilegal por su mediación para que la compañía con sede en la localidad alavesa de Amurrio obtuviera, unos días antes de ese encuentro, un rescate de 112,8 millones de euros por parte de la SEPI. Los pagos cesaron cuando Irazusta dejó la empresa en 2023, se camuflaron a través de una mercantil de Zaragoza, Mediaciones Martínez (ahora renombrada como Ku-Ma), pero no respondían a un servicio real, siempre según esta documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico.

¿De dónde sale esta información que ahora investiga el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional? En junio de 2025, la UCO de la Guardia Civil arrestó en la localidad vizcaína de Elorrio al entonces desconocido empresario guipuzcoano Antxon Alonso. En ese registro aparecieron tres elementos fundamentales. Uno, dinero en efectivo en bolsas. Dos, un papel que vinculaba al entonces dirigente del PSOE Santos Cerdán con su empresa, Servinabar 2000, con oficina en el centro de Pamplona. Y, tres, un teléfono móvil con varias cuentas de correo electrónico y una aplicación de mensajería llamada Threema, pretendidamente más segura que WhatsApp o Telegram. En noviembre, este periódico publicó que los secretos de ese dispositivo iban a arrojar luz sobre adjudicaciones relacionadas con el PSOE.

Esto llevó, en diciembre de 2025, a otro arresto de Alonso, al de Fernández Guerrero y al de Leire Díez, natural de Bizkaia. Se registró también Tubos Reunidos. ¿Por qué? En el Threema había un grupo conformado por Alonso, por Fernández Guerrero y por la socialista vizcaína. Se llamaba Hirurok, en euskera. Después, crearon otro, Hirurok Berriro. Aparentemente, usaban ese foro para coordinar su intervención en diferentes negocios para recaudar mordidas. La investigación trata de determinar qué grado de influencia mantenía Fernández Guerrero en la SEPI, ya que había abandonado el cargo en 2019 por su imputación en otro proceso penal sobre Aznalcóllar. Y también si Cerdán, socio de Alonso, era el coordinador de estas actividades.

La fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas presentó ante la Audiencia Nacional el pasado 9 de diciembre de 2025 una denuncia que derivó en esos arrestos. Achaca a la terna los delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias y organización criminal. El asunto, que permaneció bajo secreto hasta hace una semana, acabó recayendo en el juez Pedraz y derivó en una ampliación de la investigación para indagar en la actividad llevada a cabo por Díez para atacar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pero antes de las cloacas estuvieron los tubos. Antes de este giro que copa titulares y tertulias, estuvo el millonario rescate de Tubos Reunidos, la gran operación del grupo Hirurok y que dobla en cuantía al de la aerolínea Plus Ulta. En esa denuncia inicial, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que ahora ya ha sido ampliada con un nuevo informe de la UCO de mayo y nuevos registros, la fiscal explica que la trama, desde 2021, “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la fúnción pública, habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros”. Enumera cinco operaciones, pero la principal es de la de Tubos Reunidos.

En el móvil de Alonso hay una primera mención a la empresa a mediados de junio de 2021, pocas semanas antes de confirmarse el rescate. Fernández Guerrero quería saber qué opinaba el PNV de ese negocio, porque el secretario de Estado de Economía (socialista, Gonzalo García) estaría “dificultando la operación”. Después, el 3 de julio Fernández Guerrero colgó en Hirurok un documento con detalles del cronograma del rescate y explicaba que la nueva presidenta de la SEPI, Belén Gualda, había dado el visto bueno aunque persistían las dudas en el Ministerio de Economía. La SEPI cuelga de Hacienda. El andaluz añadía en ese mensaje que “ligaba su contribución al rescate de TR a la consecución de una retribución”. Repitió la misma idea en varios correos electrónicos.

El 6 de julio de 2021, Servinabar 2000 organizó una reunión en Pamplona, de normal colapsada en esa fecha por el chupinazo de San Fermín pero que no celebró sus fiestas ese año por la COVID-19. Fernández Guerrero era empleado de la firma de Alonso en la que Cerdán era socio. Tuvieron un orden del día de 29 puntos en esa reunión. El vigésimo noveno y último era Tubos Reunidos: “Los 112,8 MM € comprometidos por la SEPI están en el aire. Hoy 6/Jul, pese a la promesa de la presidenta de la SEPI no se va a aprobar la operación. Posibilidad de que Antton [Alonso] lo confirme ante el PNV, demostrando que cuenta la información fidedigna. Presión del PNV ante el Gobierno. ¿Compensación para Servinabar? Vct [Fernández Guerrero] tiene hilo directo con Presidente de TR, Francisco Irazusta”.

La Fiscalía, como también mantiene la UCO, no descarta Alonso intermediara con el PNV para desbloquear la financiación. Cerdán siempre ha dicho que su amigo, con el que niega cualquier relación mercantil, era cercano a la formación nacionalista y a su coalición en Navarra, Geroa Bai. En todo caso, el rescate se concretó el 13 de julio. En Threema, Fernández Guerrero destacó el papel de Alonso con el PNV “en la resolución del asunto”. El 18 de julio, el expresidente de la SEPI ya hablaba con sus compañeros de Hirurok de poder recibir un “agradecimiento” y planteaba mostrar sus cartas en una cena con Irazusta, el primer ejecutivo de la compañía.

Según la documentación judicial, esa cena tuvo lugar el 28 de julio y, al día siguiente, Fernández Guerrero ya tenía una fórmula para que Servinabar 2000 girase facturas a la empresa alavesa. Finalmente, la “colaboración” se firmó en noviembre de 2021, aunque se optó por camuflar los pagos a través de una empresa de Zaragoza, Mediaciones Martínez. La “oferta” era de una “cuota mensual” de 5.000 euros. Las facturas a Tubos Reunidos estaban en el buzón de correo electrónico de Servinabar 2000 con conceptos como la “prospección de mercados”. “En ninguna de las evidencias obrantes en el procedimiento se han observado elementos de los que se pueda concluir que se llevaron a cabo gestiones de prospección de mercado”, estima la Fiscalía. Y es “especialmente significativo” que los pagos se cortaron cuando Irazusta dejó la empresa. Anunció su renuncia en julio de 2023 y la de agosto fue la ultima minuta.

Fuentes de Tubos Reunidos confirman los pagos a Mediaciones Martínez. Añaden que también hubo pagos a título individual a Fernández Guerrero. La pasada semana se abrió una nueva línea de investigación porque, tras la marcha de Irazusta, dos directivos buscaron de nuevo ayuda de Hirurok para flexibilizar los pagos de intereses del rescate. En 2024 se produjo, según la Guardia Civil, una reunión en Ferraz para tratar el asunto. Estaba Cerdán y Díez, pero aparentemente quien recibió de nuevo una gratificación fue Fernández Guerrero. Se analiza si fueron 40.000 euros. La compañía admite que mantuvo los pagos al expresidente de la SEPI hasta noviembre de 2025, es decir, hasta su arresto.

En Euskadi, Tubos Reunidos ha copado titulares este 2026. La empresa ha entrado en concurso de acreedores. Acumula un pasivo de 260 millones y la SEPI es el principal acreedor. El rescate ha acumulado intereses y alcanza los 160 millones de euros. En estos meses tras la aparición en escena de Fernández Guerrero ha habido 242 despidos, huelgas y movilizaciones. El PNV ha insistido en reclamar una quita a la SEPI, extremo que en la empresa dan por imposible dadas las circunstancias.

El diputado general de Álava, Ramiro González, del PNV, ha confiado en que la investigación judicial por presunta corrupción en Tubos Reunidos “no influya en el futuro” de la empresa, que necesita de “la llegada de un inversor” y de “la reestructuración de la deuda”. La compañía, con sede principal en Amurrio, fue rescatada en 2021 por la SEPI y se analiza si la inyección de 112,8 millones escondía el pago de comisiones ilegales.

“Evidentemente, esta investigación judicial no es positiva para el futuro de la empresa. El deseo de la Diputación Foral de Álava es que no interfiera, no tenga ninguna influencia y que el proceso que se lleva a cabo dentro del procedimiento concursal pueda acabar como todos deseamos, que es con la continuidad de la actividad empresarial”, ha manifestado este martes en rueda de prensa, según informa Europa Press.

Tubos Reunidos está ahora mismo en concurso de acreedores. Ha sido un 2026 de despidos, huelgas y movilizaciones. Sin embargo, antes, en diciembre de 2025, la compañía fue registrada por la UCO de la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional. Fueron también arrestados el expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, que cobró de la compañía a través de una mercantil de Zaragoza, la vizcaína Leire Díez y el guipuzcoano Antxon Alonso, socio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

El pasado jueves, de nuevo por orden judicial y por los mismos hechos, la Guardia Civil se volvió a personar tanto en la planta de Amurrio como en las oficinas de Bilbao. La empresa envió el viernes un comunicado a toda la plantilla informando de la entrada de la Policía y exhibiendo voluntad de “colaborar” con la Justicia. La nota estaba en castellano, euskera e inglés.

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha defendido este martes en el Congreso la actuación de este organismo y el papel del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas lanzado para hacer frente a la pandemia en 2020, que “salvó 62.000 empleos en un momento en el que el país tenía dificultades enormes” y tenía unas condiciones “muy exigentes”. “SEPI cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”, ha dicho a los diputados, en respuesta a las investigaciones judiciales sobre los rescates de Plus Ultra, Air Europa y Tubos Reunidos.

Gualda comparecía en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para informar sobre las instrucciones dadas a los miembros del consejo de administración de Indra ante los ceses y nombramientos de la sociedad o el posible conflicto de interés en la operación de compra de Escribano. Pero la judicialización de varios rescates del FASEE ha copado gran parte de su intervención, tras conocerse el lunes que un juez ha admitido una querella del PP y Vox por el rescate de Air Europa y ha citado como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, que lleva décadas en el holding público.

Gualda, que preside el holding público desde marzo de 2021, ha subrayado que “la SEPI no ha sido registrada en ningún momento”, aunque ha recibido “muchos requerimientos” de la UCO y la UDEF en relación con esas investigaciones, que “respetamos profundamente”. “Estamos colaborando absolutamente con la Justicia. Es una prioridad para mí y para la organización”. Y “vamos a tener contundencia” contra “cualquier persona” que haya podido cometer un ilícito si se demuestra en esos procesos judiciales, que “nos tomamos muy en serio”.

Ha recordado que el funcionamiento del fondo lo regulaba “una ley que se aprobó en el Congreso” y “todos” los órganos que han “fiscalizado” los expedientes, del Tribunal de Cuentas al Tribunal de Justicia de la UE, han determinado “que las ayudas estaban bien otorgadas”. Había “enorme preocupación” entre las empresas por la judicialización “de una de las ayudas” y desde patronales o partidos políticos se trasladó “la necesidad” de que “continuara” ese instrumento, que “no es un rescate, es un préstamo”.

“Sepi cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”. “Entiendo sus preocupaciones, estamos colaborando con la justicia”. “La SEPI que yo presido en estos cinco años ha velado por el interés general”.

La presidenta de la SEPI ha señalado que el fracaso del proyecto europeo FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para desarrollar un avión caza de sexta generación entre España, Alemania y Francia, tras años de negociaciones ante las diferencias existentes entre los socios, “podría no ser una buena noticia” y SEPI hará “lo posible” por que “lo que se plantee o replante no tenga ninguna merma para la autonomía estratégica” europea. El holding ha pedido a Indra, que participa en este proyecto y en la que es primer accionista con un 28%, “que analice y nos traslade su análisis inmediato” del impacto de esta decisión, que ha propiciado una caída del 5% en la cotización de la empresa.

Sobre la abortada fusión de Indra y su ex accionista Escribano, la empresa del anterior presidente de la cotizada, Ángel Escribano, ha dicho que “tuvo mucha literatura” y ahora Indra “verá ventajas e inconvenientes” de esa eventual operación si vuelve a ponerse sobre la mesa, aunque ha instado a “esperar” al nuevo plan estratégico que está preparando la nueva dirección de Indra, una vez se incorpore el nuevo consejero delegado, José María Recasens.

Ha recalcado la “importante experiencia” del nuevo presidente de Indra, Ángel Simón, cuyo rol, ha recalcado, no es ejecutivo, y ha señalado que el trabajo de la comisión ad hoc creada el pasado verano por Indra para analizar la fusión “no había sido suficiente” para evitar el conflicto de interés que existía por ese papel de Escribano a ambos lados de la mesa.

Gualda ha subrayado que las operaciones corporativas “se gestan en el seno de las propias empresas”, a las que corresponde “definir la estrategia” en sus órganos societarios, que SEPI contribuye a orientar “desde una perspectiva institucional”, con visión “a largo plazo” y velando por el “interés general”. Ha recordado que SEPI trasladó en marzo al mercado su preocupación por la incidencia que “a pesar de las importantes medidas de mitigación” adoptadas estaba teniendo ese conflicto de interés en Indra, que el holding público pidió que se “despejase definitivamente”. Pero luego la “retirada” de la oferta por parte de Escribano hizo que se paralizara la operación.

La presidenta de la SEPI Ha instado en fijarse en la revalorización de Indra en los últimos tres años, con una subida del 188% solo en 2025. “Lo importante es la estabilidad de los proyectos, no las personas que vamos pasando por los puestos de responsabilidad, Indra ha dado un salto de escala impresionante con un récord de cartera”.

Evitar una opa hostil

Ha subrayado que la SEPI representa una herramienta imprescindible de colaboración público privada para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y ha defendido la vuelta del Estado a Telefónica con un 10%, “una inversión que ya se ha revalorizado, que sigue siendo un activo propiedad de todos los españoles”, da “protección” y “evita una opa hostil de inversores o de intereses particulares que puedan poner en peligro una empresa sistémica para nuestra seguridad nacional”.

Gualda ha defendido que SEPI opera “respetando siempre la gobernanza y las reglas de mercado” y “con criterios de interés público”. En sus participaciones mayoritarias en 14 empresas públicas (de Correos a Navantia o la Agencia EFE), entre otras, “tiene el papel determinante” de fijar la estrategia en unas sociedades que en 2024 tuvieron una cifra de negocios de 6.355 millones, un 36,4% más que en 2020, y cuentan con más de 87.000 empleados, tras un “trabajo de salto de escala y de reconversión industrial” en los últimos años.

En las 11 empresas en las que SEPI tiene participaciones minoritarias (Telefónica, Indra, Airbus o Redeia, entre otras), presentes en ámbitos “de especial relevancia estratégica”, el valor de esa cartera se ha “duplicado” desde 2020, hasta 13.400 millones. Esas empresas, ha subrayado, tienen una cifra de negocios de 155.000 millones, un 125% más que en 2020, 300.000 empleados, “en un contexto marcado por sucesivas crisis”, y han aportado a la SEPI 1.406 millones en dividendos en estos años.

En Navantia, que Gualda presidía antes de ser nombrada presidenta de la SEPI, “me encontré con un agujero de 1.500 millones” y “ha duplicado sus ingresos anuales” en cinco años, con un equilibro financiero “muy cercano” después de “muchos años en pérdidas”. En Correos, “hemos conseguido después de diez años de pérdidas, reconducir la reconversión” y lograr su “equilibrio financiero” “con un proyecto estratégico que ha apoyado SEPI” para convertir sus oficinas en “ventanillas” del Estado para los ciudadanos.

La investigación de la Audiencia Nacional sobre las maniobras de Leire Díez o Santos Cerdán, que tantos y tantos titulares está copando, tiene su origen en otro hito. Se trata del rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (conocida por sus siglas SEPI) de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Fue una operación de 112,8 millones de euros y se sospecha que encerró el pago de comisiones, el primero de otra serie de negocios similares y que han sido bautizados con el nombre en euskera Hirurok ('Nosotros tres', en castellano) por aglutinar a tres personas del entorno de Cerdán, la propia Díez, socialista vizcaína, Antxon Alonso, empresario guipuzcoano, y Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz y expresidente de la SEPI.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, ha elaborado para el instructor Santiago Pedraz un informe específico sobre este asunto. Tiene fecha de 6 de mayo. Además, menciona el tema en otro dictamen más amplio y más reciente, del 26 de mayo. En él, señala también la “intermediación” de “algún miembro” del PNV en la operación de Tubos Reunidos, aunque no se aporta ningún dato identificativo y deja el rol de estas personas en condicional. No es la primera vez que en las investigaciones de la UCO que rodean al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Cerdán, se menciona al PNV. En otro informe se apuntaba a que los nacionalistas sugirieron unos nombramientos tras apoyar en 2018 la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez.

La empresa ha sido registrada nuevamente este mismo jueves. Ya lo fue durante horas en diciembre de 2025, justo antes de que trascendieran las detenciones de los tres de Hirurok. En aquel momento se llevaron una ingente cantidad de archivos informáticos y buscaron el rastro de dos directivos concretos de la empresa, los mismos que habían mantenido más contacto con Cerdán y Díez.

El rescate fue ejecutado en 2021. En ese momento, el expresidente de la SEPI, Fernández Guerrero, fue contratado por Tubos Reunidos como asesor externo. Cobró 114.950 euros a través de la asesoría zaragozana Mediaciones Martínez, según ha detectado la Policía judicial. La empresa no lo niega. En paralelo, Fernández Guerrero fue dado de alta como trabajador de Servinabar 2000, mercantil pamplonesa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso y en la que Cerdán, aparentemente, controlaba el 45% de forma oculta.

Técnicamente, llevaba más de dos años fuera de su cargo y no había incompatibilidad legal en estas actividades mercantiles, pero los responsables de la investigación sostienen que en el período de 2019 a 2021, aunque formalmente estuvo fuera por otro problema legal relacionado con Aznalcóllar, siguió influyendo en el organismo estatal o intentando regresar. Es más, se sostiene que, cuando Belén Gualda fue elegida ese mismo 2021 para cubrir la vacante, la trama intentó que Díez fuese su jefa de gabinete.

Sobre los hechos de 2021, expone la Guardia Civil que “se pudo comprobar cómo Leire y Vicente, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos y Antxón para impulsar el mismo”. En sus informes, este cuerpo siempre cita a los implicados por su nombre de pila. Agrega que, “previsiblemente como resultado de lo anterior, las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su 'intermediación' con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión”.

Abunda la UCO que, años después del rescate, “se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos”. ¿En qué se basan? El 13 de noviembre de 2024 se celebró en el despacho de Cerdán “en la sede del PSOE, sita en la calle Ferraz”, una cita entre el dirigente socialista, Díez “y dos directivos de Tubos Reunidos”. Después, arreglado el problema, Fernández Guerrero facturó 40.000 euros adicionales a Tubos Reunidos. El expresidente de la SEPI mantuvo su relación económica con la empresa hasta un mes antes de ser detenido, hasta noviembre de 2025, según fuentes de la compañía.

¿Y cómo se conformó Hirurok con gentes de tan variada procedencia? La Guardia Civil ubica el inicio de la relación “personal” entre Fernández Guerrero y Díez en la SEPI, donde ella era responsable de comunicación de la filial Enusa. Era el año 2019. Un poco después, a finales de 2020, ambos conocieron a Alonso por mediación de Cerdán. Para demostrar que Cerdán y Fernández Guerrero también se conocían, la UCO muestra unos mensajes del actual secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales. A finales de 2018, Cerdán le pidió a Morales, con quien mantenía una estrecha relación, que contactara con el entonces presidente de la SEPI.

“Es un favor que nos tienes que hacer”, ponía el socialista vasco. Hace un año, cuando Morales salía mencionado en otro informe sobre las causas que rodean a Cerdán, el PSE-EE desmintió totalmente cualquier implicación en irregularidades. Morales vuelve a ser mencionado en un mensaje de Díez a Fernández Guerrero. “Hoy volveré a ver a Santos porque ayer se reunía con Eneko y Morales”, le decía, en referencia previsible a Eneko Andueza, secretario general del partido en Euskadi. Fuentes del PSE-EE explican que Morales planteaba un favor de índole persona, dentro de la legalidad y sin relación alguna con los hechos investigados.

Hirurok como tal nace en 2021. Es un grupo de Threema, una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp. Se crea el mismo día en que Fernández Guerrero es dado de alta como trabajador de Servinabar 2000. Sin embargo, operaba de antes, según la tesis de la Guardia Civil.

La UCO sostiene que cobraron 117.612 euros en comisiones de otros dos negocios además de Tubos Reunidos. Menciona 18.119,75 euros ingresados en Servinabar 2000 por una adjudicación en Mercasa y 99.492,25 euros de la empresa navarra Excavaciones Erri-Berri por unos trabajos en Asturias. Se menciona, igualmente, que Forestalia “pactó” el pago de 200.000 euros a Hirurok para que Sepides aprobara una inversión de 17,32 millones para Arapellet, una filial. Alonso ejerció de representante de Forestalia ante numerosos cargos públicos y Fernández Guerrero también participó en reuniones, siempre según la Guardia Civil. Por otro lado, Díez creó en Marbella una sociedad llamada “Andalukadi”, en probable referencia a la unión de Andalucía y Euskadi.

Por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, agentes de la UCO de la Guardia Civil han realizando registros este jueves en la sede central de Tubos Reunidos, en la localidad alavesa de Amurrio, y en las oficinas de la compañía en el centro de Bilbao, según fuentes internas. Es ya la segunda operación policial en esta compañía, ya que en diciembre los agentes ya se personaron en Amurrio. Se buscan nuevas pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en el rescate de la empresa propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, de 112,8 millones. La empresa contrató ese año y hasta 2025 como asesor al expresidente del organismo estatal, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.  Los agentes de la UCO también tiene orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la SEPI, en Madrid.

A falta de detalles de la operación policial, en diciembre se buscaron correos electrónicos de un período temporal muy amplio y se analizó el papel de dos directivos de la empresa. Ahora se desconoce el alcance de las nuevas pesquisas. El registro de Amurrio ha sido breve, de apenas unos minutos. Ambas entradas han comenzado a la vez. El de Bilbao ha terminado hacia las 18.30 horas.

Se da la circunstancia de que los últimos meses han sido muy duros para Tubos Reunidos, que ahora mismo está en concurso de acreedores y que llegó a plantear 300 despidos a comienzos de 2026. En estos meses se han sucedido las huelgas y movilizaciones tanto en Amurrio como en otra planta vizcaína, la de Trapagaran. La SEPI es el principal acreedor, con créditos por valor de 160 millones sumados los intereses que ha generado el rescate de 2021.

El rescate de Tubos Reunidos es el origen de la investigación del juez Pedraz sobre el entorno de Leire Díez, una socialista de origen vizcaíno, aunque actualmente los nuevos datos hayan revelado temas completamente diferenciados. Aunque Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, se analiza si seguía manteniendo influencia en 2021 para propiciar la inyección económica millonaria, el doble de la de Plus Ultra. Fernández Guerrero conformaba con Díez y con un tercero, el empresario vasco Antxon Alonso, un grupo de Threema llamado Hirurok, en euskera, que aparentemente coordinaba estas operaciones a cambio de comisiones. Threema es una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp o Telegram.

El expresidente de la SEPI estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos. Eso sí, habían pasado los dos años que marca la ley para evitar conflictos de intereses. La cantidad facturada por Fernández Guerrero en Amurrio ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según contaron fuentes de la empresa a este periódico. Después, hubo nuevas facturas ya a título individual cuyas cantidades concretas no se conocen aún.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

El registro buscaba en Tubos Reunidos indicios de anotaciones manuscritas halladas en poder de Leire Díez, quien conformaba con Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, un grupo llamado Hirurok creado aparentemente para cobrar comisiones. Dos directivos de la compañía que habían mantenido reuniones con miembros de esta trama están siendo investigados, aunque su identidad no ha trascendido.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos, con sede en Amurrio, en Álava, y rescatada por la SEPI en 2021 con una inyección de 112,8 millones de euros. Según ha adelantado también 'El Mundo', la cantidad facturada por Fernández Guerrero ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según añaden fuentes de la empresa.

Fernández Guerrero tuvo una relación económica para Tubos Reunidos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025. Las fechas son relevantes. Sobre la de inicio, Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, de modo que cumplió con la espera legal de dos años para que exaltos cargos no incurran en incompatibilidades. Y, sobre la de final, fue justo antes de que fuera arrestado por ser parte de un grupo llamado Hirurok, en euskera, del que formaban parte también el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista vizcaína Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analiza si este grupo influyó en la SEPI para garantizar el millonario rescate de la empresa de Amurrio, que es de más del doble de cantidad que el de Plus Ultra, por ejemplo. Esta operación es el origen de la investigación más amplia de la pasada semana que incluyó la entrada en Ferraz o en el domicilio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, al que se sitúa indiciariamente como coordinador del grupo Hirurok. En uno de los mensajes se alude “Andalukadi”, un posible juego de palabras sobre Andalucía y Euskadi, el origen de los integrantes de Hirurok, que se comunicaba en Threema, una plataforma de mensajería supuestamente mejor cifrada que WhatsApp.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, acudió a las instalaciones de Amurrio en diciembre de 2025, antes de trascender los arrestos de Fernández Guerrero, Alonso y Díez. Después de horas de registro, clonaron abundantísima cantidad de documentación y correos electrónicos. Se espera que el secreto de sumario de esa causa pueda ser levantado de forma inmediata después de varias prórrogas.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

La de Tubos Reunidos, en todo caso, coincide con un momento crítico para la empresa. Acaba de entrar en concurso de acreedores. Ha vivido un arranque de 2026 marcado por una propuesta de 300 despidos que finalmente se han concretado en 242 y que han acarreado huelgas y movilizaciones. Los intereses del rescate de la SEPI elevan ya a 160 millones el montante adeudado al Estado, que es el principal acreedor de un pasivo total de unos 260 millones. Las instituciones vascas y alavesas, dirigidas por el PNV, demandan a la SEPI que flexibilice su deuda con Tubos Reunidos.

La investigación de la Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero choca con algunas de las explicaciones que el expresidente del Gobierno ha dado hasta el momento sobre su labor cómo consultor, su relación con Plus Ultra y los negocios de su amigo Julio Martínez Martínez, al que otros investigados identifican como su “lacayo”. Así lo evidencia el análisis de las casi cuatro horas de escrutinio a las que se sometió el que fuera líder del PSOE el pasado marzo en el Senado y la entrevista que concedió en Onda Cero.

Entonces, Zapatero admitió que sabía que su amigo Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó que él trabajara para la aerolínea o que hubiera influido en su rescate con dinero público. También aseguró que él no conocía a los socios de la aerolínea. E insistió en que desconocía quiénes eran los clientes de la consultora de su amigo, de cuya creación también se desvinculó. “Yo no tengo el dato de quiénes eran los clientes, no lo tengo, porque no pertenezco a esa sociedad”, dijo a preguntas del periodista Carlos Alsina. 

Los documentos del sumario que sustentan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta ahora, ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por el presidente derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate de 53 millones. Sin embargo, comunicaciones incautadas en 2021 por Estados Unidos al antiguo dueño de la aerolínea, Rodolfo Reyes, un ciudadano venezolano que está en busca y captura por llevarse parte del dinero del rescate a paraísos fiscales, incluyen “referencias constantes” a recurrir a Zapatero para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda e incluso a conversaciones o encuentros entre el expresidente del Gobierno y accionistas de Plus Ultra. 

En el inicio de la pandemia, el 30 de abril de 2020, hay un mensaje en el que el entonces presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, avisa a Reyes de que Zapatero le “va a llamar”. Poco después, Reyes confirma a un tercero esa comunicación: “Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo”. En ese momento, los directivos de la aerolínea estaban intentando que diferentes bancos les consiguieran un crédito ICO. Llegaron a enviar una carta al Banco Santander en la que indicaban expresamente en su encabezado que se ponían en contacto “siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero”. 

Esa opción no prosperó, así que optaron por activar la vía de buscar el rescate. En julio de 2020, apenas 24 horas después de aprobarse el fondo de la SEPI, el vicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, le comunicó a Rodolfo Reyes que ya se había puesto en marcha para conseguir esa ayuda: “Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen)”.

Meses después, el 6 de febrero de 2021, un mes antes de que el Consejo de Ministros aprobara el préstamo público, Reyes escribió otro mensaje a Martínez Sola: “Puedes organizar una comida con el tocayo, tu y Camilo. Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa”. “Lo sabía. De hecho, me pregunto el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilio en Plus (sic)”, responde Martínez Sola. El “tocayo” al que se refieren es el citado Julio Martínez Martínez.

Además, el propio Reyes había dejado constancia de que él estaba seguro de que Zapatero estaba ayudando a Plus Ultra el 22 de julio de 2020. Ese día se escribió con un abogado que se acababa de reunir con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para plantear la situación de la compañía. El abogado le dijo: “Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. Y Reyes contestó: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. 

En el Senado, Zapatero negó tajantemente que conociera al citado Camilo Ibrahim Issa, un hombre clave en la aerolínea. Y, cuando fue preguntado por Martínez Sola, afirmó: “No he tenido ninguna relación con él. Si le he saludado alguna vez… Yo saludo a miles de personas”. “O sea, que él no le ha llamado para pedir ayuda”, le preguntó la senadora de UPN Mar Caballero. “No, en absoluto, ninguna relación. Cero”, contestó el expresidente. 

También suscitan dudas los más de 900.000 euros que Plus Ultra pagó de forma directa o indirecta en cinco años a Julio Martínez Martínez. Y el hecho de que, en ese mismo periodo de tiempo, la consultora de este empresario al que otros investigados también apodaban “el banco del jefe”, abonara más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. Además, la agencia recibió otros 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón.  

Las dos sociedades que pagaron a las hijas de Zapatero comenzaron a operar con un mes de diferencia. Ninguna de las dos tiene una actividad real, según Hacienda, la Policía y el juez. Pero entre ambas pagaron más de 800.000 euros a Whathefav entre 2020 y 2025 a pesar de que los investigadores consideran que no aportaba ningún “valor técnico especial”. 

Así, sostienen que su única función era recibir los informes de consultoría que elaboraba un tercero, “maquetarlos” y enviarlos a un listado de clientes que el propio Zapatero les había proporcionado. “Esa falta de coherencia organizativa podría no corresponder con necesidades empresariales reales y estar orientada a la canalización de pagos”, afirman los investigadores.

En el Senado, Zapatero defendió que la contratación de Whathefav fue una “propuesta” suya y que “formaba parte del acuerdo” con su amigo. Además, mantuvo que sus hijas hacían tareas de “marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor” y que sus trabajos, en ocasiones, se materializaron en “informes orales”. También afirmó que tras dar el “visto bueno definitivo” a los informes que elaboraban un tercero y él, estos se enviaban a la empresa de sus hijas que, a su vez, se los enviaban a su amigo Julio Martínez Martínez. 

La investigación, sin embargo, ha constatado que era la agencia de las hijas la que se encargaba de enviar esos trabajos a un listado de clientes que el propio Zapatero les había proporcionado. Durante la investigación, la Policía intervino varios archivos de Excel que recogen listados con supuestos clientes que el expresidente envió a Julio Martínez Martínez. La Policía afirma que no se trata de “un simple listado”, sino que esos documentos reflejan una “planificación previa y sirven como herramienta logística”. Y que eso evidencia que era Zapatero quien establecía los “criterios de actuación”. 

Esos listados que facilita Zapatero incluyen relevantes empresarios del país y las direcciones donde se les puede contactar. Entre ellos hay clientes que tenían suscritos contratos mensuales de asesoramiento con Análisis Relevante y otros que no, a los que el expresidente habría informado a la consultoría a favor de enviarles informes. Pese a ello, Zapatero le dijo al periodista Carlos Alsina: “Yo no tengo el dato de quiénes eran los clientes, no lo tengo, porque no pertenezco a esa sociedad”. 

Entre los supuestos clientes que sí habían suscrito esos contratos la UDEF cita Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos. También aparecen mencionadas las sociedades Softgestor y Grupo Aldesa, que abonaron 145.200 y 127.050 euros, respectivamente, a la consultora del amigo del expresidente. En el listado figuran otros nombres vinculados a la aerolínea Plus Ultra, como los citados Julio Martínez Sola o Camilo Ibrahim Issa. Así como relevantes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Beatriz Corredor (REE), Josu Jon Imaz (Repsol), Javier Hidalgo (Globalia), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Víctor Madera (Quirón Salud) o directivos de la tecnológica Huawei.

La conclusión de la UDEF es que esos informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos por Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, “se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos”, como a otros destinatarios de los que “se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago”. Lo que evidencian los listados, en todo caso, es que Zapatero puso su agenda de contactos a disposición del empresario.

La tesis de los investigadores es precisamente que la red de contactos del expresidente habría servido para influir en la concesión de ayudas públicas. Y que al expresidente se le compensaba después con los contratos y facturas simuladas que sustentarían los ingresos poco claros recibidos tanto por él como por la agencia de marketing de sus hijas. Guiado por las provisionales, pero contundentes conclusiones de la Policía, el juez José Luis Calama llega con ello a la conclusión de que Zapatero es el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.