Ángel Simón asume la presidencia de Indra en un momento de transición delicada, marcado por la salida de Ángel Escribano y por la necesidad de estabilizar una compañía sometida a insostenibles tensiones internas y a una fuerte exposición política. El de Simón era uno de los nombres que sonaban con más fuerza en los mentideros financieros del poder. Próximo al socialismo –ha sido propuesto por el Gobierno a través de la La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el principal accionista con el 28% del capital–, su elección apunta a un perfil con capacidad ejecutiva y experiencia en grandes estructuras corporativas, pero también introduce un elemento de incertidumbre sobre el estilo de liderazgo que imprimirá en una empresa donde el equilibrio entre lo industrial y lo institucional es especialmente frágil.

Con una trayectoria consolidada en la gestión de grandes grupos, como CriteriaCaixa y Veolia (antes en Grupo Agbar y en Suez), Simón no responde al arquetipo del directivo de bajo perfil. Su paso más reciente por CriteriaCaixa, el brazo inversor de Fundación La Caixa, terminó de forma abrupta tras un conflicto con Isidro Fainé que evidenció diferencias tanto estratégicas como de gobernanza. Ese episodio, aunque no define por completo su carrera, sí ofrece una pista sobre su manera de entender el poder empresarial: mayor autonomía en la toma de decisiones y una clara vocación de imprimir dirección propia a las organizaciones que lidera.

Este enfoque puede ser tanto una fortaleza como un riesgo en Indra, tal y como hemos visto con Escribano. La compañía necesita liderazgo para ordenar su estrategia en sectores clave como defensa, tecnología y digitalización, en un contexto europeo de rearme industrial y creciente competencia. Pero al mismo tiempo, su estructura accionarial —con presencia del Estado y otros actores relevantes— exige una gestión especialmente cuidadosa de los equilibrios internos. La capacidad de Simón para moverse en ese terreno será determinante.

También lo será la relación con el –por el momento– consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, también con un marcado estilo de liderazgo. El mandato de De los Mozos, que llegó a Indra en 2023 tras una trayectoria de cuatro décadas en Renault,  vence este mes de junio, cuando se celebre la próxima junta de accionistas, aún sin fecha. Algunas fuentes apuntan que había trasladado al consejo su voluntad de no continuar por la tensión con Escribano.

Pero ahora la fotografía es otra. Y sus condiciones salariales también. En el último consejo de administración ordinario, celebrado el 25 de marzo, Indra elevó un 55% el sueldo de De los Mozos, hasta los 4,9 millones de euros, con el objetivo de asegurar su continuidad hasta 2029. Resuelto el lío en la presidencia, el foco apunta ahora a la posición de CEO. Por el desgaste del actual y porque a Simón le gusta rodearse de directivos de su máxima confianza, como hizo en Criteria. Que el nuevo presidente no tenga funciones ejecutivas –a diferencia de su predecesor– facilitará la cohabitación.

Otra incógnita, mucho más relevante, es ver si, ya sin Ángel Escribano en la cúspide de la compañía, Indra recupera el proyecto de adquirir –y por cuánto, ¿formará parte del pacto entre Escribano y Moncloa para que haya acabado dimitiendo?– su empresa familiar, EM&E, que es lo que ha generado el conflicto de interés que ha desencadenado la convulsa crisis de gobernanza en la compañía semipública.

En términos económicos y de proyecto industrial, el reto de Simón es claro: acelerar la estrategia llevada a cabo hasta la fecha para convertirse en el “campeón nacional” de defensa en España y recuperar credibilidad ante los inversores. El ejecutivo catalán (Manresa, 1957) llega con el mandato implícito de convertir esa expectativa en resultados medibles, algo que no siempre ha sido sencillo en etapas anteriores.

El nombramiento de Simón abre una etapa en la que se espera menos ruido y más dirección, pero no necesariamente menos tensión. El mercado le concederá un margen inicial, aunque condicionado por su historial reciente y por la complejidad del entorno en el que aterriza. En Indra, como en CriteriaCaixa, la cuestión no será solo qué decisiones toma, sino cómo y con quién las toma.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, presentará esta tarde su dimisión de todos sus cargos en la compañía en un consejo extraordinario que celebrará la empresa este miércoles.

Así, tal y como han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press y ha adelantado el diario 'La Razón', este consejo tendrá lugar este miércoles a las cinco de la tarde para abordar el mencionado asunto.

Esta decisión de Escribano llega tras semanas de presiones del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que dejase el puesto de máxima responsabilidad de la firma de tecnología y defensa.

Esta decisión ha provocado la caída de los títulos de Indra, que se apuntan un paso atrás de más del 5% a la espera del consejo de administración extraordinario.

La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio se ha concentrado este miércoles ante las Juntas Generales de Álava, donde los partidos discutían varias mociones sobre la crítica situación de la empresa. El debate partía de una iniciativa presentada por Elkarrekin, pero finalmente se han votado, además de la moción de esta formación, otra de los partidos del Gobierno foral -PNV y PSE-EE- otra de EH Bildu y otra del PP, sin que ninguna haya conseguido votos suficientes para salir adelante. El desencuentro ha llegado entre acusaciones de unos y otros de usar la situación de la empresa y de sus trabajadores para buscar el rédito político, y constituye en cierto modo un espejo del callejón de difícil salida en el que se encuentra la empresa, a la espera de que un milagro en forma de quita de la deuda, permita su viabilidad, al menos en el corto plazo.

El ERE de 301 trabajadores -salvo 27 de Trápaga, la mayoría de la planta de Amurrio- se ha cerrado finalmente con bajas voluntarias, según comunicó la empresa el pasado lunes, pese a que el periodo de consultas se cerró sin acuerdo. Un “cierre en falso”, según los sindicatos que desde el principio han estado a favor de no aceptar las condiciones del ERE -ELA, LAB y ESK-, porque la empresa ofrece a estos trabajadores que se han sumado a las bajas voluntarias unas cantidades de dinero que hoy por hoy no tiene. Estos trabajadores se van prejubilados a los 57 años con un plan de rentas al 70% del salario bruto o en salidas voluntarias con indemnizaciones de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años. Es decir, que todo está pendiente de una renegociación de la deuda, por un lado, y de que entre 'dinero fresco' en la empresa, es decir de un inversor.

Allanar el camino del acuerdo social, era el primer paso. Un ERE aplicado en desacuerdo y probablemente judicializado haría imposible pasar a la renegociación de la deuda. Pero no por eso esa renegociación será más fácil, sobre todo porque asciende a 241 millones de euros, y la Sepi es el principal acreedor. Esto supone que para que la banca y el resto de acreedores admitan una negociación, la primera condición es cerrar un acuerdo con Sepi. Y Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda con Sepi. Renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y ahí pueden entrar muchos factores al margen de la voluntad política que el Gobierno central dice tener para intentar salvar la situación de la empresa. No parece una tarea fácil.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, anunció este martes que propondría una fórmula “extraordinaria” que permitiría “abrir una vía legal” para que la Sepi “pueda reestructurar su deuda” en Tubos Reunidos. Una “fórmula extraordinaria” para responder a “situaciones extraordinarias”, señaló, sin que haya transcendido en qué podría consistir esa vía sin que el trato de la sociedad estatal a Tubos Reunidos entrara en colisión con el que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Sepi siempre ha descartado la posibilidad de entrar en quitas, porque podrían entenderse como ayudas de Estado, aunque sí podría renegociar plazos de pagos.

Hay que recordar que Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros en 2021 concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19. Un préstamo que, además, está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Respecto a la posible ayuda del Gobierno vasco, al margen de renegociar la propia deuda que la empresa mantiene con el Ejecutivo, Jauregi descartó la posibilidad de otorgar un “crédito rápido” a la empresa. “El Gobierno vasco no es el INI [Instituto Nacional de Industria], no tenemos la vocación de hacer este tipo de cosas; nunca la hemos tenido y ahora tampoco vamos a empezar a hacer estas cosas”, indicó. A partir de ahora toca esperar la decisión de Sepi para que la empresa inicie los siguientes pasos de su plan de reestructuración. Mientras, los trabajadores de Amurrio mantienen la huelga indefinida. Quieren que se retire el ERE y que se dé marcha atrás en el cierre de la acería.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga si la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso -vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán- amañaron contratos públicos a cambio de mordidas, ha dictado una resolución que puede suponer un punto y aparte en esta causa: Ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presente en su juzgado “todos los efectos originales intervenidos” en el registro del domicilio de Leire Díez y ha prohibido a esa unidad investigadora usar el contenido de los dispositivos incautados hasta que no se haya realizado un expurgo con el que quiere apartar todo lo que no sea objeto de investigación.

La providencia, fechada el pasado 4 de marzo y a la que ha tenido acceso elDiario.es, es prueba inequívoca de que el magistrado quiere tener el control total sobre la investigación que desarrolla la UCO, misma unidad encargada de las pesquisas del caso Begoña Gómez o del caso Koldo. De hecho, en esta misma resolución, acuerda abrir una pieza separada y reservada para ese expurgo, una medida excepcional teniendo en cuenta que la causa ya está bajo secreto y que el mismo se prorrogó hace escasos días y se prevé que se extienda como máximo hasta el próximo 8 de abril, cuando las partes personadas podrían tener acceso al sumario.

Esta decisión de 'separar el grano de la paja' va en consonancia con otras que ha ido adoptando a lo largo de estos tres meses de instrucción el magistrado. Sin ir más lejos, desde el arranque de este 2026 ha ido autorizando y liberando el uso de determinadas cuentas bancarias para que tanto los investigados como sus familiares puedan hacer frente a gastos ordinarios. Pero, además, el expurgo está directamente relacionado con uno de los últimos escritos presentados por la defensa de la que fuera exconcejal socialista.

En él, además de solicitar la devolución de los dispositivos incautados a Díez y a su esposo en la entrada y registro del mes de diciembre, la letrada solicitaba nuevos desbloqueos de cuentas -de las hijas del matrimonio y de su madre- y, lo que es más relevante, “el expurgo de cualquier actuación procesal, documentación o información que no tenga que ver con los hechos objeto de la causa o con el periodo en que se concretan dichos hechos” -de 2021 a 2023-. Y lanzaba un mensaje al respecto: Las investigaciones prospectivas están prohibidas en un Estado de Derecho.

Al hilo, la defensa explicaba que, en caso de que no se apartara de la causa todo lo que no tuviera que ver con el objeto de la investigación, la UCO podría recabar “diligencias que nada tienen que ver con los hechos” y se podrían emitir “juicios de valor por lo que es, lo que hace, cómo vive o cómo actúa una persona en todo su ámbito personal, profesional o vital”. Esto, añadía, permitiría que “entrara en juego el derecho penal de autor y no de acto, que es el que prima (…), donde solo se persiguen conductas concretas enmarcadas en un periodo de tiempo, sin posibilidad de instrumentalizar el proceso penal para enjuiciar a una persona por su pasado, su presente y su futuro”.

La petición de expurgo, según ese escrito, era necesaria porque, como muestra un botón, los agentes de la UCO “se incautaron incluso las agendas de 2025 de Leire Díez, que difícilmente, y por ser del año 2025, podrían tener que ver con los hechos investigados”.

Además, la letrada de la exmilitante socialista denunciaba que los agentes modificaron las contraseñas de los correos electrónicos tanto de Díez como de su esposo después de que ambos se las facilitaran. Y esto, añadía, da pie a que la UCO tenga acceso íntegro al correo de ambos en tiempo real con notificaciones del día a día y de toda índole: citas médicas, correos de clientes, datos económicos, etc.

Los contratos investigados

Cabe recordar que en esta causa se pone el foco en hasta cinco contratos o concesiones públicas sobre los que, presumiblemente, los investigados habrían podido ejercer algún tipo de influencia a cambio de comisiones ilegales. Una de ellas, quizá la más relevante, es la del rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos, el grupo vasco dedicado a la fabricación de tubos de acero que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021.

Otro de los contratos investigados tiene que ver con una adjudicación de Mercasa a la empresa Servinabar -empresa participada, según la UCO, por Antxon Alonso y Cerdán- por valor de 18.119,75 euros. El tercero es el relativo a la adjudicación de un contrato público de Enusa (Empresa Nacional del Uranio) a Residuos de Melilla (Remesa) por valor de 17.545 euros. A estos se suma el del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), que habría concedido una adjudicación a la empresa de derribos Erri Berri por valor de 2,8 millones, lo que habría dejado una comisión ilegal de esa empresa a los investigados de 400.000 euros, siempre según la diligencia de ordenación a la que tuvo acceso elDiario.es.

El quinto de los asuntos supuestamente amañados estaría relacionado con Forestalia Arapallet, que habría recibido una ayuda de Sepides, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, por valor de 17,32 millones de euros y por el que los investigados se habrían embolsado 200.000 euros.

“Naturaleza viva”. Con estas palabras describe la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la finca pública 'Dehesa de Castilseras', ubicada entre los términos municipales de Almadén, Almadenejos y Alamillo, al suroeste de la provincia de Ciudad Real. El holding estatal tiene el 100% de las participaciones de esta finca a través de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA). Es esta última quien realiza la explotación de las 9.000 hectáreas de la finca estatal, destinadas fundamentalmente a la ganadería ovina y vacuna, al aprovechamiento cinegético mediante la realización de monterías (caza colectiva), la gestión forestal y el ecoturismo.

Pero lo que pasó en uno de sus cuatro cotos de caza el pasado 25 de enero tiene poco que ver con esa premisa de naturaleza en estado puro. Una montería, organizada, según ha podido saber este medio, por la empresa 'Cinegética Lomas de Teresa', se saldó con la matanza de cerca de mil ciervos, venados y gamos. Se trata de una cifra aproximada que han estimado fuentes locales testigos de los hechos consultadas por este medio. Ni la Guardia Civil ni la empresa pública saben con certeza cuántos animales se abatieron.

La cuestión pasó desapercibida en un principio, pero el alcalde de Almadenejos, Alberto Redondo, dio la voz de alarma cuando hizo públicas algunas fotografías de lo que considera una “masacre total”.

El asunto llegó a manos del Seprona y la Guardia Civil inició una operación para investigar los hechos, constatando que se había abatido un 48% más de los ejemplares autorizados para la montería.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron al sospecharse de un posible incumplimiento de los cupos de extracción autorizados para dicha montería. Este exceso supuso “una alteración significativa” del plan de ordenación cinegética de la zona y un “impacto directo sobre la gestión sostenible de las especies”. Aparte del exceso de capturas, la patrulla interviniente del Seprona detectó otras presuntas infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas.

Asimismo, se detectaron irregularidades relativas a la gestión de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH). Es decir, sobre la recogida de los animales muertos que no se destinaron a la alimentación. Las citadas fuentes locales apuntan que, de esa montería de enero, se dejaron unos 300 ejemplares sin recoger durante varios días.

Por otra parte, fuentes de la investigación han precisado a este medio que todavía se están incoando las actuaciones para determinar el alcance de las responsabilidades, aunque han precisado que es el órgano sustantivo medioambiental del Gobierno regional quien debe determinar las sanciones.

Posibles sanciones y suspensión de la actividad cinegética

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando en coordinación con el Seprona en la investigación de los hechos “para llegar al fondo del asunto”. Desde este departamento precisan que cuando dispongan de toda la información se tomarán las medidas oportunas, entre ellas, la posible suspensión de la actividad cinegética y sanciones económicas al gestor de la montería, en este caso, la empresa arrendataria. El inicio del procedimiento administrativo está a expensas de otras responsabilidades que la investigación podría determinar.

Precisamente, la Guardia Civil ha cursado las correspondientes denuncias por infracciones graves al vulnerarse la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y la normativa vigente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Con carácter general, en Castilla-La Mancha, incumplir el plan cinegético contraviene la Ley regional de Caza. Superar en casi un 50% el límite de capturas permitido puede conllevar expedientes sancionadores por infracciones graves o muy graves. Esta posibilidad contempla multas de entre 50.000 y 300.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza, la inhabilitación para obtenerla por un periodo de entre uno y diez años, la anulación del acotado o zona colectiva de caza en los casos más extremos de infracciones muy graves, e indemnizaciones por daños y perjuicios, que obligan a pagar por cada animal abatido fuera de plan según el baremo de valoración de especies de la comunidad.

El SEPRONA ha solicitado además la realización de un estudio técnico de la población de las especies en la finca: quiere saber si la “presión cinegética” ejercida se adecua a la realidad biológica del terreno o “si ha comprometido la viabilidad de la fauna local”.

Pero, ¿quién está detrás de esta montería y qué pasó? La finca 'Dehesa de Castilseras' tiene externalizada la concesión de la explotación cinegética de sus cuatro cotos de caza desde 2021 y durante un periodo de diez años. Actualmente, según el Portal de Contratación, el pliego de condiciones técnicas y el resultado de la licitación, la empresa encargada es 'Cinegética Lomas de Teresa, S.L.' (anteriormente denominada 'Cinegética Castilseras').

Esta empresa, activa en el Registro Mercantil y con sede en Almadén, tiene como objeto social, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la organización de cacerías en todas sus modalidades: compraventa de animales y comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.

Funciona mediante un contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético licitado por MAYASA desde 2021. Actualmente, ese contrato está vigente. Fue la empresa encargada de la montería. El administrador único de Cinegética Lomas de Teresa es Sebastián Gutiérrez Gañán, pero al cierre de esta información, este medio no ha podido ponerse en contacto ni con la empresa ni con su administrador para recoger los detalles de los hechos o las causas por las que se sobrepasó el cupo autorizado.

Sí se ha pronunciado MAYASA, como “principal perjudicada” de estos hechos. Fuentes de la empresa han indicado a este medio su “profundo descontento” con la compañía que organizó esa caza colectiva, a la que consideran “responsable absoluta”. Esta empresa de la SEPI afirma que está colaborando con el SEPRONA en todo lo necesario y que conoció los hechos con posterioridad debido a su “exposición pública”, ya que, una vez arrendado el aprovechamiento cinegético, la responsabilidad es de la empresa encargada.

Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética

MAYASA

“Es una situación muy desagradable para nosotros. Es la primera vez que ocurre algo así y es enorme el perjuicio que nos ha causado, a nivel cinegético y a nivel de naturaleza, cuando la dehesa es un lugar maravilloso, y más cuando nosotros ni lo hemos promovido, ni hemos mirado para otro lado. Todo lo contrario. Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética”, lamentan.

Efectivamente, este tipo de monterías no solo requieren de la autorización de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sino que también deben ajustarse al contrato firmado con la finca donde se desarrollan. Y en ese contrato, según ha constatado este medio, existe una “declaración responsable” en la que la empresa que las gestiona, en este caso 'Cinegética Lomas de Teresa S.L.', se compromete a cumplir la normativa vigente y con los cupos autorizados, a poner todos los medios necesarios para la recogida de las capturas y, si se comercializa la carne para consumo humano, a tramitarlo con la autoridad sanitaria.

Para rizar más el rizo, la empresa gestora de la montería también puede, a su vez, subcontratar. Y según ese contrato, es la responsable de “todas las acciones, deficiencias o negligencias” de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y obreros y actuaciones realizadas“, así como del cumplimiento de las obligaciones legales. De hecho, añade que nada de lo contenido en este documento ”se entenderá que establece un vínculo o relación entre MAYASA y los subcontratistas“.

Cada vez que se organiza una montería se firma ese contrato y esa declaración, como también fue en este caso. Es decir, la empresa arrendataria asumió con ello la responsabilidad. Y al no cumplir con los requisitos establecidos, es previsible que MAYASA rescinda el contrato con ella e incluso llegue a la vía jurídica si así lo considera. El contrato aduce, entre las causas de incumplimiento, el “exceso respecto de los cupos de captura” en cada temporada.

Sobre las posibles sanciones se ha pronunciado también el Ministerio para la Transición Ecológica para recordar que la competencia es de la comunidad autónoma, cuyo gobierno aprueba los planes de ordenación cinegética, los cupos de capturas, las autorizaciones de monterías y el régimen sancionador. Este Ministerio solo intervendría si hubiera afección a especies protegidas, espacios de la Red Natura 2000 o normativa estatal de biodiversidad, un extremo que por el momento no se ha confirmado.

De cualquier forma, el alcalde de Almadenejos, el que dio la voz de alarma en redes sociales y puso al Seprona sobre la pista de lo que considera una “masacre, una matanza total”, señala que ya no “soporta” la situación. Según afirma, y pese a que MAYASA no le consta, esta montería no es la primera que se realiza por encima de los cupos establecidos.

El alcalde de esta pequeña localidad de unos 400 habitantes afirma que estas prácticas de “cazar por encima de lo permitido” son habituales en la finca pero que en esta ocasión “se les ha ido de las manos”, no solo por el número de animales abatidos, sino también porque han dejado “muchos cadáveres sin recoger” tanto en los caminos de la zona como en las naves de su propiedad. “Todos ahí amontonados”, lamenta.

Precisamente, el contrato y “declaración responsable” de 'Cinegética Lomas de Teresa' con MAYASA también incluye que la primera debe hacerse cargo de la gestión de los cadáveres de los animales, con los remolques y medios necesarios. Pero el hecho de que se superara tan ampliamente el cupo autorizado provocó que muchos de ellos se acumularan en el muladar (un espacio vallado para depositar los cadáveres) y que terminaran por no ser aptos para consumo humano, sino únicamente para aves necrófagas como el buitre. Actualmente están todos retirados.

Ahí matan todo lo que entra

Alberto Redondo — Alcalde de Almadenejos

“No se puede gestionar todo tan mal. Es un daño inmenso a la fauna y a la naturaleza, y todo ello en una finca que gestiona el Gobierno. Está bien que el SEPRONA ya lo esté investigando, pero ha sido un poco tarde. Y además deberían investigar otras monterías anteriores, porque en diciembre supimos de otra donde también mataron una cantidad enorme de venados y ciervos. Pero esto último ha sido una masacre. Es que ahí matan todo lo que entra”, destaca el alcalde.

De hecho, Alberto Redondo pone el acento en que, en esas monterías, ni la empresa encargada ni la finca supervisan “lo que se mata”. Aduce que no respetan si son hembras preñadas o gabatos (crías de ciervo) que no llegan al año de vida. “Es que no entiendo que se pueda hacer algo así”, insiste.

Pese a que la responsabilidad apunta a la empresa gestora de la montería, el alcalde de Almadenejos se muestra muy crítico con esta finca de MAYASA. “Está muy mal gestionada. Que una finca con 9.000 hectáreas, con unas 8.000 ovejas y 700 vacas, tenga tres o cuatro millones de euros en pérdidas da mucho que pensar. Es difícil saber por qué se permite algo así”. Apunta además que en muchas ocasiones agrupan a todas las ovejas juntas en los establos en vez de repartirlas por todas las hectáreas, dejando vacías otras muchas instalaciones porque “solo las quieren para la caza”.

El alcalde relata por su parte que en la finca llegó a ejecutarse un regadío de maizal y una fábrica de pienso “que era el mejor que había por estos contornos”; y cuando más se producía “se lo cargaron todo”. Añade que ahora los propietarios quieren sembrar olivo y pistacho en unas pocas hectáreas y “seguro que también las acaban abandonando”. “Siempre trabajan a pérdidas. ¿Por qué?”.

El Plan Estrátegico de la empresa pública

La empresa pública, tras la publicación inicial de este reportaje, ha negado todas estas acusaciones. Asegura que es “rentable y viable”. De hecho, el pasado mes de noviembre aprobó su Plan Estratégico, cuyo objetivo es lograr la “rentabilidad y sostenibilidad financiera” a través de los negocios agropecuarios y turísticos, promoviendo el potencial de la 'Dehesa de Castilseras' y del parque minero de Almadén, “un patrimonio histórico nacional asociado a la histórica actividad minera reconocido a nivel nacional e internacional por su valor cultural”.

Esta propuesta estratégica lleva aparejada una inversión de 12,7 millones de euros hasta 2032, destinados a la optimización y diversificación de los negocios, permitiendo así que MAYASA siga siendo “un importante foco de generación de empleo y riqueza para la comarca”. También se estima un crecimiento y evolución de la cifra de negocio, alcanzando los ocho millones de euros al final del marco temporal. La empresa considera que el sector cinegético es importante, pero no es el núcleo de actividad principal de la Dehesa.

Pero, aparte, la indignación de este alcalde le lleva a pedir al Gobierno que permita a cada uno de los tres términos municipales en los que se ubica la finca pública explotar esos terrenos. “Esto es una zona muy empobrecida y podríamos dar más vida a nuestro medio rural si a cada pueblo le dieran la zona de la finca de su término municipal, para que lo gestionáramos desde los ayuntamientos. Ahora seguramente van a cerrar el coto donde se hizo esa montería, pero van a poder seguir cazando, cuando lo que tendrían que hacer es cerrarlo todo y que se repueble”, concluye.

Al margen de los afectados, uno de los pocos colectivos sociales que se han hecho eco de esta polémica ha sido la Plataforma NAC (No A la Caza), que ha calificado de “aberración” una montería que “solo pone de manifiesto la crueldad del sector cinegético”. “Los fines recreativos, especulativos y comerciales que sustentan la actividad cinegética, influyen negativamente en la conservación de las especies acelerando procesos de desequilibrio poblacional, degradación ecológica y extinción”, denuncia Juana Elisabet García, portavoz de la plataforma. 

Según apunta, la ciencia ha demostrado que la caza no regula los ecosistemas sino que los “desestabiliza”, puesto que los “verdaderos gestores naturales” son los 'superdepredadores' como el lobo ibérico, el águila imperial o el lince que controlan las poblaciones en función del territorio y los recursos disponibles. 

“La mayoría de las comunidades autónomas no realizan todo el esfuerzo necesario para el adecuado cumplimiento de la legislación europea. La caza no es un deporte, solo conlleva el sufrimiento de muchos animales. Y no vamos a parar hasta conseguir que se prohíba cualquier actividad cinegética que cause maltrato, explotación o muerte de un ser vivo, promoviendo la protección de los animales y sus derechos y la conservación de la fauna silvestre y la naturaleza”.

Una dehesa histórica

La SEPI recoge en un documento la historia de la 'Dehesa de Castilseras' y cómo está unida a las minas de Almadén, todavía símbolo de esta comarca de Ciudad Real. En el siglo XIV, estas minas formaban parte la Encomienda de Castilseras perteneciente a la Orden de Calatrava, creada a mediados del siglo XII, que no las explotaba por sí misma, sino que, ya por entonces, las arrendaba.

Fueron los Reyes Católicos los que manifestaron al último maestre su intención de que la citada Orden se incorporara a la Corona de España. Por bula papal de 1523, el papa Adriano VI dejó vinculados a perpetuidad los bienes de la Orden de Calatrava a la Corona de España y dos años después comenzaría un largo periodo durante el cual dichos bienes fueron arrendados mediante varios asientos a los banqueros alemanes Fugger, quienes habían ayudado a Carlos I a ser elegido emperador.

Pero en 1778, el superintendente de las minas, Gaspar Soler, suplicó a Carlos III que la Dehesa de Castilseras fuera incorporada al término de Almadén. Esta solicitud venía justificada por la falta de trabajadores para las minas. El rey solicitó al papa Pío VI la incorporación de la Encomienda de Castilseras a la Corona de España, lo que aceptó el Sumo Pontífice. En 1780 Soler tomó posesión de Castilseras.

A principios del siglo XX, Castilseras se dividía en pequeñas parcelas, conocidas como ‘suertes’. Su concesión a favor de los mineros se hacía por períodos de nueve años y la superficie de cada una era, aproximadamente, de 0,8 hectáreas.

Destaca este documento que Castilseras posee terrenos adehesados muy aptos para la ganadería, lo que unido a la climatología ha hecho que esta zona sea desde la antigüedad territorio de invernada de los rebaños trashumantes castellanos del norte. Entre la gran variedad de fauna destaca el águila real, el águila perdicera, el buitre negro, el buitre leonado, la nutria y el jabalí, junto con ciervos, gamos, cigüeñas negras, perdices y tórtolas.

La gestión diaria de Castilseras la realizan 22 trabajadores entre mayorales, pastores, agricultores, tractoristas y guardas.

El PP ha anunciado que citará a la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, María Jesús Montero, en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Senado. Aún sin fecha fijada para esta comparecencia, también tienen previsto llamar a los tres secretarios de Estado de Hacienda y los presidentes del holding empresarial con participación estatal que engloba a algunas de las principales empresas públicas durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares anunciaron en enero la creación de esta comisión para indagar en “la caja negra de la SEPI” ya que, según explicaron, “pudo servir, entre otras cosas, para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescates a empresas” como la aerolínea Plus Ultra, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador.

Además, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, también ha anunciado este viernes que citará por tercera vez a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. En este caso, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a su “intervención” en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas que afecta al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, García ha señalado que las últimas revelaciones son “gravísimas” y sitúan a Pardo de Vera como “protagonista” de la “trama de amaños de contratos y de cobro de comisiones en la contratación de mascarillas”. “En plena pandemia, mientras los españoles estaban confinados, estamos hablando de comisiones ilegales en los contratos de mascarillas”, ha dicho.

Según la portavoz popular, la expresidenta de Adif era “la mano derecha” de Ábalos y una intermediaria política “clave” en la interlocución con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Además, la ha acusado de “borrar mensajes y documentación”, una cuestión por la que su grupo le cuestionará durante su comparecencia en la Cámara Alta, todavía sin fecha definida. “Pardo de Vera está en el ajo de todas las tramas, siempre está su nombre presente, siempre sale”, ha insistido.

El empresario Julio Martínez, citado el 9 de marzo

También ha informado que el empresario Julio Martínez Martínez, a quien vinculan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor vinculado a Plus Ultra, comparecerá el próximo 9 de marzo. “Julito es el que paseaba con Zapatero por El Pardo (Madrid), es el mismo que recibió un chivatazo 72 horas antes de ser detenido; el mismo que devolvió a Zapatero su favor con Plus Ultra a cambio de asesorías fantasmas”, ha dicho García.

El PP citó a Julio Martínez a comparecer la semana pasada en esta comisión, pero el interrogatorio no se celebró finalmente. El PP afirmó en su momento que el Ministerio del Interior no había logrado localizarle porque existían “muchas personas” que se llaman Julio Martínez Martínez en España. “En el caso de que no venga tendremos que recurrir al edicto, como ya hemos hecho en otras ocasiones”, ha avisado García.

El asalto al cielo industrial de los hermanos Escribano —a través de la probable integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)— ha abierto uno de los debates más delicados del año en España. Lo que nació como el sueño de un “campeón nacional” de defensa en plena escalada del gasto militar europeo, se ha convertido en un caso de libro sobre conflictos de interés, gobernanza y control del poder corporativo. Es un auténtico dolor de cabeza para La Moncloa, para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y para el propio consejo de administración de Indra. Las tres partes llevan meses barruntando cómo llevar a cabo una operación que casi todos los círculos económicos y empresariales —incluso los más críticos con las formas— le ven sentido desde un punto de vista industrial. 

La singularidad del movimiento radica en que la familia propietaria de EM&E, los hermanos Ángel y Javier Escribano, no solo aspira a integrar su empresa en Indra, sino que uno de ellos, Ángel, se sienta en el consejo y preside la compañía. Lo nombró el Gobierno hace un año y medio, tras la marcha de Marc Murtra (que era presidente de Indra) a Telefónica en sustitución del cesado José María Álvarez-Pallete. Un movimiento “sorprendente”, según varias fuentes consultadas, cuando La Moncloa ya tenía la idea de llevar a cabo la operación, como así ha reconocido el propio consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos.

Ángel Escribano ha defendido desde el minuto uno la necesidad de ganar masa crítica para competir en los grandes programas europeos y consolidar capacidades tecnológicas en sistemas, sensores y electrónica avanzada. Desde esa lógica, una fusión o integración profunda tendría sentido industrial: permitiría unir músculo tecnológico, acelerar sinergias y reforzar la posición internacional del grupo. El problema es que la operación no se produce entre sociedades independientes, sino entre una empresa cotizada estratégica y la sociedad privada de su propio presidente que podría reforzar estructuralmente el peso de la familia en el grupo resultante. Eso ha encendido todas las alarmas en los ministerios económicos y en buena parte del sector. 

El Estado tiene la llave de todo porque, a través de la Sepi, es el principal accionista de Indra, con el 28% del capital. EM&E controla el 14,3%. Otro accionista relevante, aunque significativamente más pequeño que los anteriores, es el grupo industrial vasco SAPA Placencia Holding, de la familia Aperribay. Junto con un grupo de consejeros independientes, SAPA se opone a la operación, especialmente a la idea de que Indra adquiera o fusione EM&E.

“Sin sospechas y manteniendo el control”

El debate no es solo empresarial. El Estado considera a Indra un activo estratégico, igual que Telefónica, que controla a pachas con La Caixa, con un 10% cada uno. Pero no quiere que la operación con Escribano se lleve a cabo de cualquier forma. “No puede haber ni la simple sospecha de corrupción o conflicto de interés y, en paralelo, el Estado tiene que mantener el control como accionista de referencia de la empresa resultante”, asegura una fuente conocedora. “Encajarlo todo no es fácil pero o es así o no hay operación”, añade.

 El mercado está mirando, hasta el punto de que el PP, que hasta ahora no había abierto la boca al respeto, hace diez días aseguró, a través de su vicesecretario económico del partido, Alberto Nadal, que estará “altamente vigilante” a la operación y a las asignaciones de contratos “sin concurso público” a Indra, sin descartar acudir a los tribunales si detectan alguna cuestión que “no fuera legal”.

En la Moncloa llevan ya algún tiempo con las líneas rojas trazadas. En primer lugar, que no haya conflicto de interés y que la valoración de EM&E sea impecable para que no pueda cuestionarse. Por otro lado, que la integración no se lleve a cabo mediante una fusión por absorción. Eso implicaría que Indra ampliaría su capital con la emisión de acciones nuevas que se entregarían a EM&E y, en consecuencia, la participación de la Sepi en la nueva empresa se diluiría y el Gobierno perdería el control en favor de los Escribano, transformándolos de proveedores en dueños y señores de la mayor empresa de defensa del país. El abrazo del oso.

Esa es la opción preferida por la familia Escribano, pero es solo una de las alternativas que el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, presentó en el último consejo de administración, celebrado a finales de enero, con el objetivo de que la operación acabe cristalizándose, según fuentes conocedoras. 

Una filial de defensa para Indra

Hay otras dos que gustan más a la Sepi. Una es que Indra acabe comprando una parte mayoritaria de EM&E (con el 51% bastaría) para convertirla posteriormente en una filial. El problema es que eso supondría que la familia Escribano se quedaría en minoría tanto en una como en otra compañía, y no parece que vayan a aceptarlo. La otra, que es la preferida del Gobierno, es que Indra cree una filial solo de defensa y que la fusión con EM&E la lleve a cabo esa filial, pero el control lo seguiría teniendo la matriz, Indra, controlada por la Sepi y manteniendo la misma estructura accionarial. 

Cada una de las opciones redistribuye poder de forma distinta. La primera maximiza integración y sinergias, pero eleva la tensión; la segunda es un punto intermedio con exigencias estrictas de gobernanza; la tercera es la más cómoda para el Ejecutivo, aunque quizá menos ambiciosa en términos industriales. Ángel y Javier Escribano están abiertos a escuchar todas las propuestas, según fuentes cercanas citadas por Expansión. 

Indra las debatirá en el consejo de administración convocado para este miércoles, 25 de febrero, el mismo día que presentará los resultados anuales correspondientes a 2025. Las expectativas son “buenas”, han dicho a EFE fuentes conocedoras, que no han querido anticipar datos, pero que han recordado que ya se han sobrepasado las previsiones marcadas en el plan estratégico.

Además, ya se han firmado los contratos previstos correspondientes a los Programas Especiales de Modernización (PEM) con el Ministerio de Defensa.

En total, se le han concedido más de 16.000 millones de euros en préstamos directa o indirectamente a la compañía repartidos en varios contratos, algunos de los cuales han sido llevados por parte de la empresa Santa Bárbara a los tribunales.

El ruido y las presiones no cesan, pero los Escribano no están solos. El fondo activista Third Point entró en el capital de Indra la semana pasada defendiendo que la integración generaría valor. En una carta remitida a la Sepi, el director ejecutivo del fondo, Dan Loeb, advierte de que retrasar un acuerdo con EM&E “correría el riesgo de una erosión del valor, una distracción operativa y la posible pérdida de una oportunidad única en una generación de construir un líder de defensa español globalmente relevante en un momento en el que la demanda, la financiación y el apoyo político están alineados de manera única”.

El fondo Amber Capital, controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian, dueño del grupo Prisa, también respalda la operación en los mismos términos que los Escribano. Sorprendió hace unos días la venta del 2% de las acciones de Indra, hasta quedarse con el 5% del capital. La operación, si finalmente se lleva a cabo, se tendría que votar en el futuro en una junta de accionistas, por lo cual todos los porcentajes —también el de Amber— serían claves.

Las acciones de Indra subieron un 5,7% la semana pasada, hasta cerrar el viernes a un precio de 54,05 euros. En los últimos 12 meses, la acción ha subido más del 188%, lo que le ha otorgado a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 9.500 millones de euros.

El papel de De los Mozos

En medio de todo este pulso, la figura de José Vicente de los Mozos, próximo al PP pero que mantiene una estrecha relación con el hoy ministro Óscar López, trata de hacer equilibrismos con todos los focos apuntándole.

El consejo de administración de Indra creó un protocolo para regular la posible operación con EM&E y evitar el conflicto de interés que afecta a la familia Escribano. Hasta ahora se conocía la salida de los dos hermanos de las reuniones del consejo cuando se aborde el tema y la creación de una comisión ad hoc formada por consejeros independientes. Este viernes se conoció que Indra otorga poderes al consejero delegado para que “presente los términos de la Operación al Consejo de Administración en la forma que considere más conveniente para los intereses de Indra” y al consejo para pactar la fusión con Escribano sin la aprobación de la comisión independiente, según reza el protocolo publicado este viernes por Indra por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

El desenlace de este culebrón corporativo y político podría marcar el mapa de la defensa española para la próxima década. Mientras tanto, en algunos mentideros financieros suena con fuerza un nombre, el de Ángel Simón, directivo próximo al socialismo y defenestrado hace diez meses por Isidro Fainé al frente de CriteriaCaixa, el holding industrial de Fundación La Caixa, como posible relevo para una presidencia que ha quedado demasiado expuesta al conflicto de intereses. 

El fondo activista Third Point ha aflorado una participación en el capital social de Indra, de la que no se ha revelado el porcentaje exacto, y ha mostrado su apoyo a la adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), según ha informado Bloomberg News y han confirmado fuentes del mercado a Europa Press.

Los inversores deben informar sobre las participaciones en empresas cotizadas que alcancen o superen el 3% de los derechos de voto, establece la legislación española.

En concreto, la entidad ha remitido este lunes una carta al consejo de administración de la compañía tecnológica y de defensa española en la que expresa su apoyo al presidente de Indra, Ángel Escribano.

En la misiva, adelantada por Bloomberg, el director ejecutivo de Third Point, Dan Loeb, deja claro que su empresa apoya la adquisición por parte de Indra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) “para crear un campeón de defensa español”.

“Creemos que una combinación de Indra y EM&E claramente genera valor y está alineada con los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los accionistas, los empleados, los clientes y el Estado español”, ha destacado Loeb.

En la carta, remitida también a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --principal accionista de Indra con un 28% del capital-- Loeb considera que retrasar un acuerdo con EM&E “correría el riesgo de una erosión del valor, una distracción operativa y la posible pérdida de una oportunidad única en una generación de construir un líder de defensa español globalmente relevante en un momento en el que la demanda, la financiación y el apoyo político están alineados de manera única”.

Portavoces de Indra y Sepi declinaron hacer comentarios a Bloomberg.

Un fondo activista es un tipo de fondo que adquiere una participación significativa en una empresa cotizada con el objetivo explícito de influir en su gestión, estrategia o gobernanza para aumentar el valor de sus acciones. Actúan forzando cambios, ya sea de forma amistosa o combativa.

Las acciones de Indra han culminado la sesión de este lunes con una subida del 3,42%, hasta intercambiarse a un precio unitario de 52,85 euros, después de haber rozado casi el 6% de subida tras conocerse el movimiento de Third Point. En los últimos 12 meses, la acción ha subido más del 200%, lo que le ha otorgado a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 9.500 millones de euros (11.300 millones de dólares).

 La intervención de Third Point se produce en medio de una creciente tensión entre los accionistas de Indra por la posible adquisición de EM&E, propiedad de Escribano y su hermano Javier.

En enero pasado, el consejo de administración de Indra autorizó a su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a que negocie la estructura de una eventual operación con EM&E, tras insistir en que la fusión era “coherente” con la estrategia del grupo.

El 5 de febrero, Ángel Escribano desmintió las informaciones que indicaban que el gobierno —principal accionista de Indra con el 28%— le había pedido su dimisión por motivos de conflicto de intereses. Posteriormente, Indra publicó un comunicado en el que afirmaba que seguía analizando la posible adquisición de EM&E.

«Aunque la prensa ha cuestionado posibles conflictos de intereses relacionados con esta transacción, nuestro análisis nos lleva a la conclusión contraria», escribió Loeb. «La creación de un campeón nacional de defensa situaría a España a la vanguardia de la defensa europea».

Los Escribano son el segundo mayor accionista de Indra, con aproximadamente el 14%; Sapa, otra empresa de defensa, posee alrededor del 8%, y el fondo Amber Capital,  controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian --dueño de Prisa-- posee aproximadamente el 7%.

Al igual que sus pares europeos, Indra se está beneficiando de un rearme histórico que está en marcha a medida que la región busca reducir su dependencia del hardware militar estadounidense

En otra entrevista, Loeb dijo: “¿Quiere España su propia Rheinmetall, su propia Lockheed Martin, su propia General Dynamics? Ahora mismo no las tiene, e Indra puede ser su líder nacional. Es bueno para Europa y la UE tener más líderes nacionales en defensa”.

La plantilla de Escribano ronda los 1.700 empleados, 1.300 de ellos en la sede de Alcalá de Henares (Madrid) y el resto repartidos entre las instalaciones de Córdoba, Cádiz, Jaén, Valencia, Huesca, Barcelona y Asturias.

EM&E esperaba alcanzar durante 2025 una facturación de 480 millones de euros, una cifra que su presidente, Javier Escribano, aseguró que le gustaría superar. 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido a todos los agentes implicados en la crisis de Tubos Reunidos “remar en la misma dirección para garantizar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial, así como del empleo industrial”. La firma confirmó este lunes a los sindicatos que su plan es presentar un ERE que afectará a 301 trabajadores así como el cierre de la acería de Amurrio, donde se concentran la mayoría de saldas. Para el lehendakari, la noticia es un “mazazo preocupante”.

Pradales ha asegurado que el Gobierno vasco está “al lado” de las 301 personas afectadas y de sus familias, y de la comarca de “Aiaraldea, que está viviendo una situación difícil” por otros casos como Maderas de Llodio o Guardian. “Nadie merece vivir una situación así”, ha señalado en el acto de clausura del congreso Leaders Meeting. Tras referirse a Tubos Reunidos como “una empresa de referencia”, “puntera y especializada en un sector que es y será clave para la descarbonización de la economía y para la transición energética, en Euskadi y en Europa”, ha afirmado que Euskadi “necesita seguir contando con una empresa así en el futuro”.

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de que “todos los agentes implicados” boguen “en la misma dirección para garantizar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial, así como del empleo industrial”. “Para superar la actual situación, todos debemos remar en la misma dirección: dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones”, ha insistido. “Nuestro objetivo es asegurar el futuro de Tubos Reunidos”, ha señalado, para lo que ha afirmado que desde el Gobierno vasco está “en contacto” con la dirección y con el Gobierno español. “Y esta misma semana nos reuniremos con el comité de empresa para decidir los siguientes pasos”, ha abundado.

Sin nombrarlo de forma expresa, el lehendakari ha mandado en su intervención un mensaje entre líneas a la SEPI, que es uno de los principales acreedores de la empresa. Tubos Reunidos acumula en estos momentos una deuda de 263,2 millones de euros, que debe intentar renegociar si quiere mantener la viabilidad, ya que acumula pérdidas de 71,3 millones de euros. Parte de esta deuda se corresponden con la devolución del crédito de 112,8 millones del rescate estatal de hace cinco años tras la pandemia de COVID-19, a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), que entonces salvaron a la compañía de la quiebra. Pero hay que devolverlo. Es decir, es una petición para que se autorice esa devolución con más flexibilidad.

El propio consejero de Industria, Mikel Jauregi, se refirió a este tipo de créditos en su intervención en el Congreso Nacional de Industria que se celebró la semana pasada en Bilbao con la presencia del ministro del ramo, Jordi Hereu. Jauregi se refirió a esos préstamos como “un salvavidas” tras la pandemia, pero que se han convertido en un “ancla” que puede “hundir” a las empresas que recibieron esos créditos “en el fondo marino”, y pidió “más flexibilidad” en la gestión de esas deudas.

Por otra parte, la petición de “remar en la misma dirección” va dirigida también a los sindicatos de la empresa, que este martes celebrarán una asamblea para decidir las medidas a tomar. ELA, mayoritario en el comité que se ha constituido para negociar el ERE propone una huelga indefinida para rechazar los despidos, que desde el Ejecutivo consideran que puede ser muy perjudical en momentos delicados de negociación para la compañía. Las centrales se reúnen con el Gobierno vasco el día 13 para analizar la situación.

La construcción del campeón nacional de la industria de defensa española va camino de caso de despropósito en las escuelas de negocios. Las piezas claves para levantar ese nuevo gigante son: Indra Group, con unos ingresos de 3.851 millones y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), que factura 91 millones de euros, es decir 42 veces más, según las cuentas de 2022. El Estado tiene la llave de todo; es el accionista principal de Indra (28%) y casi el único cliente de Escribano, propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano. Sin embargo, Escribano puede acabar tomando el control de Indra. No es que el pez pequeño se coma al grande, es el suministrador de las puertas del avión A-320 tomando el control del grupo Airbus.

Con las cuentas de 2022 recién cerradas, los hermanos Ángel y Javier Escribano se lanzan a comprar acciones de Indra. El 15 de mayo de 2023 se ven obligados a retratarse ante la CNMV, puesto que han alcanzado el 3% de capital. A finales de noviembre ya acumulan un 8%, con una inversión total de 182 millones. Ojo, el doble que su facturación de 2022. Es ahí cuando la historia de crecimiento de estos empresarios metalúrgicos de Alcalá de Henares entra en el imaginario público.

En el Informe de Gestión de EM&E de 2023 expresan con claridad el objetivo de esa inversión: “La adquisición de una participación del 8% en el accionariado de Indra Sistemas va a permitir a la Sociedad participar en aquellas decisiones que pudieran afectar a la Organización”. Este parrafito, que no necesita interpretación, lo escriben en mayo de 2024, mes en el que el presidente de EM&E (Ángel Escribano) y el director general ejecutivo (Javier Escribano) firman las cuentas de su empresa y en el que Javier es nombrado consejero de Indra. A finales de 2024, ya controlan el 14,3% de la compañía.

En medio de este camino se cruzan movimientos de alcance global y local inimaginables, que catapultan a los hermanos Escribano. El 18 de enero de 2025, José María Álvarez-Pallete es cesado, desde el Palacio de la Moncloa, de presidente de Telefónica y le sustituye Marc Murtra, que era el presidente de Indra. Dos días después, el lunes 20, Ángel Escribano y Donald Trump asumen la presidencia de Indra y Estados Unidos; por ese orden. Son dos nombramientos que no deberían entrar en la misma frase, pero que estarán muy relacionados.

Trump da un giro histórico a la política internacional de bloques del mundo, utiliza el comercio como instrumento militar y, desde esa lógica, sitúa a Europa como un competidor y enemigo. Como promotor de la OTAN, exige a sus socios (principalmente europeos) que multipliquen el presupuesto militar, hasta el equivalente del 5% del PIB, y les exige que asuman la defensa de Ucrania frente a Rusia.

La consecuencia práctica de la amenaza de Trump, el primer presidente de Estados Unidos que coquetea con el de Rusia, es que los países europeos no sólo tienen que gastar mucho más en defensa, sino que se ven obligados a crear su propia industria militar. Nadie garantiza que Estados Unidos vaya a defender a Europa de una hipotética invasión de Rusia, como sí hizo en el siglo pasado.

Es el mejor escenario que podría imaginar un empresario de material militar. Los hermanos Escribano están en el momento adecuado y en la mejor posición posible, liderando en el consejo de administración de la “compañía global de referencia en los sectores de defensa, aeroespacial y tecnologías digitales avanzadas”, que así se define Indra. Por eso, las acciones de las empresas proveedoras de los ejércitos se disparan en Bolsa. Indra lleva una anodina década cotizando alrededor de 10 euros por acción. Arranca 2023, cuando entran los Escribano, a 11,2 euros y el pasado 12 de enero alcanzó su máximo histórico: 58,9 euros.

La llegada de Ángel Escribano al frente de Indra (hace un año) conduce a que se plantee la fusión de Indra y Escribano. Estalla una guerra en el consejo que provoca en dimisiones/ceses entre los que ven lo obvio: hay conflicto de intereses. No tragan con que los dueños de un proveedor del Ministerio de Defensa tomen el control de Indra, una empresa controlada por ese Estado, cuando su tamaño es infinitamente menor.

En 2024, últimos datos públicos, Escribano factura 355 millones de euros, frente a 4.843 millones de Indra. Para los amantes de la innovación como argumento de expectativas de ingresos, señalar que Indra gastó 427 millones en I+D+I en 2024 y EM&E, 15 millones. Todo esto dando por buenos los datos de EM&E. En 2024, los Escribano acuerdan que Advanced Manufacturing Enginnering se convierta en la cabecera del grupo, integrando el balance y las cuentas de EM&E, EM&E Investment, EM&E Properties y EM&E Chips. Si solicita al Registro Mercantil las cuentas de esta sociedad de 2024 se encontrará con el mensaje de que “la información solicitada no está disponible”. Curioso para un contratista del Estado.

Los números son muy relevantes, puesto que al final todo va de cuál es el valor del grupo Escribano, lo que se pretende integrar en Indra, bien sea mediante una fusión o una adquisición pura y dura. Resulta irónico que el activo más relevante de este grupo, en términos de valor económico, sea su participación de Indra. El 14,3% de esta compañía vale 1.230 millones de euros, lo que supone unas plusvalías teóricas de más de 860 millones, que los hermanos Escribano comparten con JP Morgan, ya que parte de las acciones están compradas con derivados que les permiten disfrutar de los derechos políticos (el voto), pero no de los económicos (dividendo y plusvalías o minusvalías).

Antes de realizar cualquier operación, lo primero que deberían hacer es separar las acciones de Indra de la actividad industrial, de la que es preciso tener números actuales, reales y auditados. A esto se añade la expectativa de futuro del grupo Escribano, que claramente depende de los contratos adjudicados y esperados del Gobierno de España, que en buena medida se han construido en el último año. Por tanto, el Estado terminará pagando, a través de Indra, todo el valor que ha creado con el material que les ha encargado. Para hacerlo fácil, Escribano ha creado mucho valor por ser proveedor clave del Estado, mientras que Santa Bárbara (antigua empresa pública y hoy de la americana General Dynamics) destruye valor por quedarse fuera de los nuevos contratos y enfrentarse al Gobierno en los tribunales.

Cualquiera ve que todo debería haber empezado al revés. Si Escribano era tan estratégica para el Ejército de España, la SEPI debería haber comprado este grupo hace años, en lugar de abrirles de par en par Indra. No tiene pase que sea el Gobierno quien añada valor a Escribano adjudicándole contratos para que se lo cobren, da igual si es en acciones de Indra o en efectivo. Esto que muchos llaman conflicto de intereses de Ángel y Javier Escribano, por estar en el lado comprador y vendedor, es calificado por otros como mero desplazamiento patrimonial, desde los Presupuestos Generales del Estado a unos particulares. Nada de esto es posible sin el concurso del Palacio de la Moncloa, allí donde han quitado y puesto a presidentes de Telefónica o Indra. Y el PP; ¿qué opina de esto?

El relevo del presidente de Indra, Ángel Escribano, “no está sobre la mesa” de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en este momento, según informa EFE de fuentes conocedoras, aunque desde el conglomerado público -primer accionista de la compañía con un 28%- apuntan que esperarán al próximo consejo para abordar cómo culminar la integración de la empresa con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Las dudas sobre la permanencia de Ángel Escribano en su puesto al frente de Indra han provocado un desplome de la cotización de la compañía en bolsa de un 15% en las últimas jornadas, después de un 2025 en el que casi triplicó su valor, al calor del aumento de las inversiones en Defensa y de la inestabilidad geopolítica. La SEPI es primera accionista de la compañía con un 28% de los títulos, pero Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la firma con la que se valora integrar y que es propiedad del presidente de Indra y su hermano, posee el 14%.

Escribano ha remitido un comunicado a Bloomberg donde niega que se le haya pedido su dimisión o que haya en marcha algún plan en relación con su sustitución, tal y como señala El Confidencial en una información publicada este jueves.

“Voy a ser claro: Nadie me ha pedido que dimita ni hay ningún proceso en curso en ese sentido”, afirma el directivo en el citado escrito, en el que añade que tampoco ha sido convocado a reunión alguna por parte del Gobierno para tratar ese asunto.

La SEPI “tiene opinión” sobre las alternativas de la operación Indra-Escribano

SEPI no ha querido hacer comentarios sobre este asunto, aunque sí lo ha hecho sobre su posición con respecto a la compra de EM&E -controlada al 100% a partes iguales por el presidente de Indra y por su hermano Javier- para afirmar que aún no tiene una decisión tomada.

El Consejo de Administración de Indra -en el que SEPI está representada- aprobó en diciembre por unanimidad buscar un encaje estratégico de EM&E. La semana pasada se autorizó a su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a negociar distintas alternativas, ya que no está claro que sea a través de una fusión de ambas firmas.

SEPI ha dicho este jueves que se pronunciará sobre la operación donde corresponde, es decir, en los órganos de gobierno de la compañía.

“Evidentemente SEPI tiene opinión sobre las distintas alternativas, unas las apoyaríamos y otras no. Pero esa decisión se tomará cuando el asunto sea sometido al Consejo de Administración”, ha dicho.

El consejo de administración de Indra, en la reunión del pasado jueves, le dio el visto bueno al consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, para que negocie con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) la estructura de una operación que, en principio, apuntaba a ejecutarse como una fusión por absorción, aunque ahora se plantean alternativas como, por ejemplo, la adquisición de una participación mayoritaria de EM&E en efectivo, según ha adelantado el diario 'Expansión' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

Cabe recordar que la operación presenta diversos conflictos de interés debido a que los propietarios de EM&E son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano, que también es consejero dominical de Indra debido a que EM&E posee el 14,3% del capital de Indra.

De hecho, EM&E es el segundo mayor accionista de Indra después del Gobierno, que posee un 28% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De este modo, se prevé que De los Mozos se reunirá en los próximos días con Javier Escribano para empezar a estructurar la operación.

En este contexto, uno de los principales aspectos que determinará el modo en el que se ejecute finalmente la operación tiene que ver con la valoración final de EM&E, dado que, entre otras cuestiones, determinaría el tipo de canje de acciones que se efectuaría en una potencial fusión por absorción y, por tanto, el peso que tendría la empresa familiar de los Escribano en el capital de Indra.

Si bien el Gobierno era el principal valedor e impulsor de la operación, al Ejecutivo le han entrado dudas acerca de la idoneidad del movimiento tal y como estaba planteado desde un principio y, más allá de los conflictos de interés presentes desde el inicio del proceso, lo que quiere evitar es perder el control de la principal empresa nacional de defensa, sobre todo en un contexto geopolítico como el actual.

Es por esto que la valoración de EM&E, la cual se prevé que se conocerá cuando se auditen las cuentas correspondientes a 2025 de ambas empresas, tiene tanta importancia, dado que en una potencial fusión por absoción la participación de los otros accionistas se diluirá más o menos en función de ese factor, que determinará la ecuación de canje.

Sin embargo, más allá de esa opción también está la alternativa de que, en lugar de absorber el 100% de EM&E, Indra tome una participación de control —a partir del 50,01%— en efectivo o en acciones.

En caso de una toma del control en acciones (en lugar del 100%) la mencionada dilución de los otros accionistas sería menor, algo que encajaría, por ejemplo, en el objetivo del Gobierno de no perder el control de la principal compañía nacional de defensa.

En este contexto, otra posibilidad con la que se especula tiene que ver con que Ángel Escribano dé un paso un lado para despejar las dudas en torno a los conflictos de interés que conlleva la operación.

Sin embargo, esta misma semana De los Mozos destacó el conocimiento que tiene Escribano de la industria de la defensa y puso en valor el tándem que forman al resaltar que, entre ambos, están “transformando” la empresa.

“Con la entrada de Ángel Escribano, juntos, estamos transformando esta empresa. Con su 'know-how', conoce la industria, y eso nos ha permitido, con los diferentes proyectos (...) tomar decisiones arriesgadas como 'El Tallerón' (la fábrica adquirida a Duro Felguera en Gijón para producir blindados en ella) y la fábrica de radares en Córdoba”, afirmó De los Mozos durante su intervención ante la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en un desayuno de trabajo celebrado en Madrid.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha destacado este viernes el conocimiento de la industria de la defensa del presidente de la compañía desde hace poco más de un año, Ángel Escribano, y ha resaltado que, entre ambos, están “transformando” la empresa.

“Con la entrada de Ángel Escribano, juntos, estamos transformando esta empresa. Con su 'know-how', conoce la industria, y eso nos ha permitido, con los diferentes proyectos (...) tomar decisiones arriesgadas como 'El Tallerón' (la fábrica adquirida a Duro Felguera en Gijón para producir blindados en ella) y la fábrica de radares en Córdoba”, ha resaltado De los Mozos durante su intervención ante la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en un desayuno de trabajo celebrado en Madrid, recogido por Europa Press.

Las palabras de De los Mozos llegan en un momento en el que se apunta a la posibilidad de que Escribano pueda llegar a dar un paso a un lado para facilitar la potencial fusión por absorción de su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), y apartar así las dudas en torno a los conflictos de interés que conlleva la operación.

De los Mozos ha recalcado que la intención de la compañía es competir con los gigantes del sector en Europa –como la italiana Leonardo o la alemana Rheinmetall–y que para ello es necesario trabajar y cooperar con toda la industria nacional.

Con ese mensaje, de generar una cadena de valor que incluya a toda la industria de la defensa del país, el directivo también ha querido responder a las críticas que apuntan a una concentración del sector en Indra, que, por ejemplo, ha sido el principal adjudicatario de los programas de modernización militar impulsados por el Gobierno, que controla el 28% de la empresa.

Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics, prevé recurrir en el Tribunal Supremo los dos grandes contratos de artillería que el Ministerio de Defensa ha adjudicado recientemente a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano por un importe conjunto de 7.240 millones de euros.

El Gobierno se defiende. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, defendió recientemente en el Congreso la legalidad de los préstamos al 0% de 14.200 millones que el Gobierno ha adjudicado a dedo al sector en los últimos meses porque “la normativa no se ha modificado” y “estamos haciendo exactamente lo que hacen nuestros socios europeos”, acogiéndose a la excepción que permite el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exime a los Estados miembros de cumplir las normas de publicidad en las contrataciones para proteger la seguridad nacional.

De los Mozos ha reconocido que para la empresa es “triste” escuchar comentarios de ese tipo, a pesar de lo cual ha afirmado que tanto él como Escribano tienen claro “el camino” y la responsabilidad de la empresa, que es, a su juicio, “mejorar la soberanía de España”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que Indra “quiere trabajar con las empresas” nacionales y ha recordado que esta colaboración se refleja en decisiones como haber concentrado cerca del 80% de las compras de la compañía en España.

“El mundo está cambiando muy rápido y la industria de la defensa tiene que adaptarse”, ha subrayado el directivo, que también ha pedido “más confianza”, dado que, desde su punto de vista, “España tiene una gran capacidad”.

Asimismo, ha adelantado que “próximamente” la compañía suscribirá nuevas alianzas con “empresas europeas relevantes”, si bien no ha entrado en detalles.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha defendido este martes en el Congreso la legalidad de los préstamos al 0% de 14.200 millones que el Gobierno ha adjudicado a dedo al sector en los últimos meses porque “la normativa no se ha modificado” y “estamos haciendo exactamente lo que hacen nuestros socios europeos”, acogiéndose a la excepción que permite el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exime a los Estados miembros de cumplir las normas de publicidad en las contrataciones para proteger la seguridad nacional.

Tubos Reunidos pondrá en marcha un ERE en sus plantas de Amurrio (Álava) y Trápaga (Bizkaia) ante la “compleja situación económica y el contexto internacional”. La empresa -que cotiza en Bolsa- ha enviado la comunicación este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a los comités de empresa de ambas plantas productivas a los que ha citado a una reunión el próximo 9 de febrero en las instalaciones de la planta alavesa, que es la más grande, con 850 trabajadores.

La dirección asegura que se trata de buscar “la viabilidad y el mantenimiento la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, con el menor impacto social posible”. Será en la reunión del día 9 cuando la empresa presente a los comités de empresa cómo afectarán los despidos a cada una de las plantas.

El anuncio de ERE llega justo un día después de que la empresa comunicara cambios en la dirección. El pasado jueves el consejo de administración de Tubos Reunidos nombró a Joaquín Fernández de Piérola presidente no ejecutivo de la compañía, tras la dimisión de Josu Calvo, que ocupaba este puesto. Calvo explicó que su dimisión se debió a circunstancias “sobrevenidas”, debido al “aumento considerable” de la dedicación que requiere la sociedad, lo que le impediría desempeñar el cargo “en las condiciones de excelencia y compromiso que exige el buen gobierno corporativo”.

La empresa no pasa por su mejor momento. El primer semestre de 2025 lo cerró con unas pérdidas de 28,4 millones de euros, como consecuencia de la política arancelaria de Donald Trump. Acumula una deuda de 244 millones de euros. Esto le llevó a aplicar un ERTE en su planta de Amurrio, donde trabajan 859 desde el 1 de septiembre de 2025. En Trápaga trabajan otras 550 personas. En octubre tuvo que cesar la actividad de la planta que tiene en Estados Unidos porque en ella se trata el producto final y los tubos exportados desde Euskadi tienen que pagar aranceles. El mercado americano es uno de los más importantes para la empresa, de ahí el impacto de la política arancelaria en su cuenta de resultados.

Tubos Renidos fue rescatada por la SEPI hace cinco años tras la pandemia de COVID-19. Recibió en 2021 un total de 112,8 millones de euros concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), que salvaron a la compañía de la quiebra, ya que en 2020, en plena pandemia, los números rojos superaron los 101 millones de euros, el doble que en 2019. Precisamente ese préstamo, que se hizo esperar y que permitió a la empresa volver a los números positivos -en 2022 ganó 43,5 millones de euros, el mejor resultado del grupo desde el año 2008- está ahora en el punto de mira judicial. La Audiencia Nacional investiga presuntas 'mordidas' pagadas por la empresa, de hasta 114.950 euros según el magistrado instructor, supuestamente para engrasar el rescate de la SEPI y que finalmente se concediera. El juzgado trata de determinar si fue el expresidente de SEPI, Vicente Fernández Guerrero, reconvertido en asesor de Tubos Reunidos “hasta hace unos meses”, el que medió a cambio de dinero para ello, según se desprende de la documentación conocida de la causa abierta, y en la que están imputados también Leire Díez y el empresario vasco Antxon Alonso.

El PP ha anunciado este lunes que creará una comisión de investigación en el Senado para indagar en “la caja negra de la SEPI”, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que según ha asegurado su portavoz en la Cámara alta, Alicia García, “pudo servir, entre otras cosas, para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescates a empresas” como la aerolínea Plus Ultra, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador. “Mientras Sánchez protege a una dictadura, en España la justicia investiga si el Gobierno utilizó dinero público para beneficiar al Gobierno de Maduro”, ha afirmado.

Los populares han convocado un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al estar los departamentos “bajo sospecha” por “la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro”. Además, han exigido al embajador de Venezuela en España que también de “explicaciones” en el Senado y que “permanezca” en el país.

García ha acusado a María Jesús Montero de estar “al mando” de la “caja negra” que ha calificado de “cajero automático para pagar favores políticos, incluso internacionales”. Ha afirmado que la vicepresidenta ha convertido a la empresa de participaciones en un “pozo sin fondo para el despilfarro y la corrupción” en la que “colocó a su gran amigo, colaborador y trabajador, Vicente Fernández, hoy imputado y que incluso estuvo detenido”. Fernández fue uno de los tres detenidos el pasado mes de diciembre junto con la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE, Santos Cerdán. Los líderes de la oposición sitúan ahora a la SEPI en el “centro” de “la trama corrupta del 'sanchismo', que afecta a contratos, subvenciones, ayudas públicas, y que gira en torno a altos cargos y dirigentes del PSOE”.

Alicia García ha destacado que “un tercio” de los más de 2.600 millones de euros que fueron concedidos por la SEPI a 28 empresas durante la pandemia se encuentran ahora bajo investigación judicial. Estos rescates beneficiaron a empresas como Plus Ultra, Air Europa, Avóris oTubos Reunidos.

La creación del nuevo organismo y la convocatoria del pleno extraordinario llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso el pasado mes de diciembre, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

El PP ya hizo comparecer en el Senado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. El senador Balseiro Orol le preguntó acerca del rescate a Plus Ultra, ante lo que el vicepresidente aseguró que la aerolínea “cumplía los requisitos y era estratégica”: “Todas las aerolíneas, grandes y pequeñas, para el hub de Madrid, eran estratégicas por el sector en el que estaban operando”, aclaró.

Fuentes del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco han confirmado a este periódico que la Agencia Vasca del Agua (URA) ha derivado funciones de su competencia a un organismo estatal, Tragsatec, dependiente de la Sepi, por tener una plantilla “limitada”, como publicó este periódico. Sin embargo, estas mismas fuentes del área que dirige el consejero Mikel Jauregi, del PNV, indican que en ningún caso se renuncia a las labores de “control”, ya que las decisiones últimas “siempre” son “tomadas por personal de URA”.

En pleno debate de reclamación al Estado de más competencias, URA acaba de proponer un acuerdo con una sociedad estatal para que asuma misiones relevantes en tareas como la gestión de los vertidos en 2026 y 2027. Y le pagará cerca de 250.000 euros cada uno de esos ejercicios. Se da la circunstancia de que en 2024 y 2025 se había realizado una encomienda similar -aunque por unos 190.000 euros anuales, más barata- y de que en 2024 también se tiró de Tragsatec para cubrir otras labores de aprovechamientos con un presupuesto de 446.437 euros.

“Tenemos algún contrato de asistencia técnica con Tragsatec, al igual que tenemos con otras empresas privadas”, ha confirmado el Ejecutivo. Sin embargo, insisten en que “en ninguno de estos contratos se delegan funciones de control, puesto que la decisión siempre es tomada por personal de URA”. “Al tener una plantilla limitada en personal, aumentamos nuestra capacidad de acción mediante la contratación de asistencias técnicas, que adelantan y desbrozan tareas y estudios para que luego sean completadas por el personal propio”, justifican sobre el encargo a un organismo estatal.

¿Por qué ha trascendido ahora? “Al final de año se hacen estos contratos, todos juntos, mediante una figura administrativa llamada 'encomienda', por ser entre administraciones. Sin embargo, no se encomienda la responsabilidad ni el control, por lo que el término 'encomienda' puede generar confusión. Es importante tener en cuenta que Tragsatec tampoco es una empresa privada al uso. Está regulada por un real decreto”, informan desde Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

El director de Internacionalización de la Economía de la Agencia Trade, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, ha sido cesado en la Junta de Andalucía a raíz de su relación con una de las empresas investigadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la trama en la que está implicado el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la exmilitante socialista Leire Díez.

El pasado 16 de diciembre, el alto cargo de la Junta de Andalucía comunicó a la Consejería de Hacienda, de la que depende la Agencia Trade, su cercanía con una de las empresas que está siendo investigada y perteneciente al exinterventor Vicente Fernández, según ha adelantado Público. El cese fue realizado con “efecto inmediato” a causa de los “posibles daños reputaciones” que pudiera ocasionar el vínculo societario. Por tanto, se ratificará el trámite en el consejo rector de Trade en la que trabajaba hasta el momento este mismo martes.

El ingeniero de Telecomunicaciones coincidió con Vicente Fernández entre los años 2012 y 2016, cuando ambos estaban en la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía de la Consejería de Economía andaluza. Tras la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla, en 2019, fue nombrado director de Inversiones Estratégicas de la Agencia Trade hasta su destitución de hace dos semanas.

Ferrero, según los documentos oficiales consultados por el medio, aparece como socio fundador de La Bola Innovación SL, una de las empresas donde figura como administrador el expresidente de la SEPI. Un negocio de hostelería situado en La Cartuja de Sevilla, en la que también participan Dilma-Cleia Loli, esposa de Fernández, y Francisco José Manzano Balas. El 11 de diciembre, la UCO registró el negocio en el marco de la operación en la que se investigan delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Investigación de la UCO

El establecimiento podría haber sido utilizado presuntamente para el blanqueo de fondos. En todo caso, fue creado en 2014 por la pareja del expresidente de la SEPI y fue su administradora hasta junio de 2023. Ese mismo año, pasó a manos de Vicente Fernández, momento en el que alcanzó una facturación un 30% superior al ejercicio anterior, según informó Efe.

Durante la jornada, los investigadores de la Guardia Civil también registraron el despacho de abogados SDP Estudio Legal, ubicado en la avenida Cardenal Bueno Monreal, con motivo de un supuesto asesoramiento en las operaciones mercantiles. La operativa, dirigida bajo secreto por el juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, conllevó 19 registros en varias provincias, entre ellas, Madrid, Sevilla y Zaragoza.

Cabe recordar que Vicente Fernández estña siendo investigado dentro de la operación de la UCO. El exdirigente fue interventor general de la Junta de Andalucía y coincidió con María Jesús Montero, actual vicepresidenta del Gobierno y candidata socialista al Ejecutivo andaluz, durante su etapa como consejera. A posteriori, presidió entre 2018 y 2019 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero cuando se reabrió el caso Emérita tuvo condición de investivado, motivo por el que se suspendió su cargo, hasta que se archivó la causa.

El pasado 10 de diciembre fue detenido acusado de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal en relación con la adjudicación de cinco contratos públicos por importe de 133 millones de euros entre 2021 y 2023. El juez Antonio Piña investiga si Fernández cobró comisiones a cambio de influir en contratos públicos y operaciones con empresas estatales. 

El mayor ajuste laboral de Telefónica en la última década ya es oficial. Dirección y sindicatos han estampado su firma este lunes en los acuerdos que sellan la paz social en la operadora y activan la salida de 4.525 trabajadores en España. El acto de rúbrica ha traído una sorpresa de última hora, ya que la compañía ha aceptado reducir ligeramente el perímetro del despido colectivo en sus divisiones globales, salvando 14 puestos de trabajo más respecto a la oferta que se consideraba definitiva la semana pasada.

Según ha comunicado UGT tras la reunión, la afectación final en las unidades globales de la compañía desciende hasta las 585 personas. La rebaja se reparte entre la matriz, Telefónica S.A., que pasa de 301 a 294 salidas; la filial de innovación (TID), que baja de 186 a 182; y Telefónica Global Solutions (TGS), que cierra el cupo en 109 frente a las 112 previstas. Con este último movimiento, el mapa definitivo del ERE queda configurado con 3.765 salidas en las filiales centrales de la compañía (España, Móviles y Soluciones), 585 en las unidades globales y 175 en Movistar+.

En total, el ajuste afectará a un 25,6% menos de plantilla de lo que la empresa planteó al inicio de las negociaciones, cuando puso sobre la mesa más de 6.000 despidos. Con los acuerdos firmados, se activa la cuenta atrás para los empleados que quieran acogerse a las prejubilaciones y bajas incentivadas.

Los plazos de adscripción voluntaria arrancan en plenas fiestas navideñas para el grueso de la plantilla. En el bloque principal, formado por Telefónica de España, Móviles y Soluciones, el plazo para solicitar la baja voluntaria se abrirá el 29 de diciembre y se extenderá hasta el 29 de enero. Para las Unidades Globales la ventana de solicitud también comenzará el 29 de diciembre, pero finalizará unos días antes, el 26 de enero. Posteriormente, la empresa comunicará la aceptación de las solicitudes entre el 12 y el 16 de febrero. El proceso más tardío será el de Movistar+, que habilitará su periodo de solicitud entre el 7 de enero y el 6 de febrero.

La firma de este lunes no solo ejecuta los despidos, sino que blinda las condiciones laborales de los que se quedan. Junto a los ERE, se ha ratificado la prórroga de los convenios colectivos hasta el año 2030 y la extensión de la jornada laboral de 36 horas semanales a las filiales que aún no la disfrutaban. Telefónica cierra así un capítulo decisivo para su plan estratégico, aligerando su estructura de costes y rejuveneciendo la plantilla, tras comprometerse a una tasa de reposición de en torno al 10-15%, bajo la vigilancia del Estado, que ha dado su visto bueno implícito a través de la SEPI a un proceso que prioriza la voluntariedad y evita la conflictividad laboral.

En pleno boom del sector de defensa, la empresa española de soluciones criptográficas Epicom, el guardián de la información clasificada del Ejército o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), está registrando resultados récord tras recibir el apoyo accionarial del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), socia desde 2021 de esta firma, calificada por el holding público como “estratégica para la Seguridad Nacional”.

Epicom, cuyo primer accionista (40%) es la SEPI, está especializada en diseñar soluciones criptográficas para proteger comunicaciones críticas para las instituciones del Estado. En 2024, y de acuerdo con las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil, facturó un récord de 14,15 millones, un 9,3% más. Su cifra de negocios se ha triplicado en comparación con 2020, antes de la entrada del holding público, cuando era de unos 4,5 millones.

El pasado ejercicio sus ganancias fueron de 2,78 millones, un 5,6% por debajo del récord de 2,94 millones de 2023, según la información disponible en Insight View. Responsables de la empresa han definido en alguna entrevista el ejercicio 2025, a punto de cerrarse, como “un año de consolidación y crecimiento”. La empresa ha declinado responder a elDiario.es sobre sus previsiones para el ejercicio que está a punto de cerrarse.

Con unos 55 empleados a cierre de 2024, las ventas de suministros criptográficos supusieron ese año el 86,1% de la facturación de Epicom. Entre sus clientes, según su web, están los ministerios de Defensa, Interior o Asuntos Exteriores, el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, organismos como la OTAN, la Casa Real o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y empresas como Airbus, Hisdesat, Navantia, Red Eléctrica, Telefónica, Vodafone y sus otros dos accionistas, Indra y Oesía (dueñas de un 30% cada una).

En 2024 Epicom obtuvo de España el 90% de su cifra de negocios. En 2023 el porcentaje era del 98%. “La práctica totalidad de los ingresos se producen con sociedades del entorno del sector público, tanto en España como en el extranjero”, indica en sus cuentas. “El 56% de los ingresos del ejercicio se producen con dos organismos gubernamentales relacionados con la defensa nacional”, frente al 64% de 2023. 

En 2024, los proyectos que recibieron más recursos de Epicom para su desarrollo fueron “los relativos a la modernización de los cifradores IP para que incorporen la nueva criptografía post-cuántica que resolverá la amenaza a la que se enfrentan las soluciones de criptografía tradicional con la nueva era de ordenadores cuánticos”, explica en sus cuentas. La computación cuántica, aún en fase comercial incipiente, usa los secretos de este campo de la física para crear máquinas capaces de procesar información y resolver problemas mucho más rápido que los ordenadores tradicionales.

En 2024, indica en su último informe de gestión, Epicom “ha fortalecido su posicionamiento como empresa suministradora de equipos de soluciones de cifrado para el Ministerio de Defensa y la Administración Pública y ha hecho un esfuerzo para ampliar sus capacidades tecnológicas e invertir en la modernización de los cifradores para adaptarse a las nuevas tecnologías post-cuánticas, preparándose para ofrecer al mercado una amplia gama de cifradores IP modernizados que permitan al Ministerio de Defensa la renovación de la totalidad de su planta instalada”.

En 2024 Epicom aumentó “significativamente la inversión propia en I+D para posicionar a la Sociedad en el mercado de la cifra con una nueva familia de productos adaptada a las nuevas necesidades post-cuánticas, siguiendo siempre las prescripciones del CNI para que estos nuevos productos tengan las acreditaciones necesarias para manejar información clasificada de alto nivel en los ámbitos nacional y OTAN”. También arrancó la elaboración de un nuevo Plan Estratégico que “afiance su posición de liderazgo nacional en materia de soluciones de cifrado y tecnología criptográfica”. Fuentes de la compañía declinan comentar las líneas de ese plan dado el carácter “discreto” que tiene esta firma.

Epicom tiene más de tres décadas de existencia. En 2020, cuando todavía pertenecía a la asturiana Duro Felguera, trasladó su sede a unas oficinas en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, contiguas a la del grupo Oesía, que convirtió en su accionista desde 2023 y tiene una filial con un objeto muy parecido al de Epicom, Cipherbit.

SEPI se convirtió en socio de Epicom en marzo de 2021. El holding público adquirió un 40% a Duro Felguera en paralelo al rescate que el Estado concedería ese mismo mes a la ingeniería asturiana mediante el Fondo de Solvencia de empresas estratégicas que el Gobierno puso en marcha durante la crisis del coronavirus, gestionado por la propia SEPI. 

Ese acuerdo de compra se cerró días antes de la llegada de Belén Gualda a la presidencia de la SEPI. El puesto llevaba casi año y medio vacante tras la dimisión de Vicente Fernández, entonces imputado en el caso Aznalcóllar (del que ha sido absuelto recientemente) y actualmente envuelto en un escándalo de supuesta corrupción junto a la ex militante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, socio en la empresa Servinabar y vinculado al anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El acuerdo de adquisición de ese 40% de Epicom (por 3,54 millones) incluía una opción de compra sobre el restante 60%. SEPI la ejerció en septiembre de 2023 pero en lugar de tomar el 100% de la compañía dio entrada a Indra (de la que a su vez el hólding público es el mayor accionista con un 28%) y a Oesía, con un 30% cada una.

Habilitación especial

Para poder participar en programas, proyectos o contratos clasificados del Ministerio de Defensa en los que se vaya a manejar información clasificada de grado “confidencial” o “superior”, Epicom mantiene la habilitación de seguridad de empresa “a nivel de secreto” o “reservado”, explica en sus cuentas.

En su última comparecencia en el Congreso, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, puso en valor la importancia de esta firma “como una empresa fundamental en soluciones criptográficas avanzadas” que maneja “tecnología disruptiva. Su objetivo es proteger información clasificada y, por primera vez, Epicom, gracias a la participación accionarial de la SEPI”, subrayó, “ha entrado en el programa cripto dentro de los PEM”, los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa.

Epicom ha sido una de las empresas seleccionadas por el ministerio en los préstamos a dedo al 0% que el Ejecutivo ha adjudicado este año al sector a través del Ministerio de Industria mediante los PEM, cuyo encaje legal defendió la secretaria de Estado porque “la normativa no se ha modificado”.

El Gobierno va a prestar 67 millones a una unión temporal de empresas entre Epicom y Cipherbit (de Oesía) para participar en el desarrollo del nuevo Criptosistema Nacional de Defensa: el programa Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio (CCMM), que desarrollará un cifrador nacional embarcado sobre plataformas aéreas, en cooperación con el Centro Criptológico Nacional. La prefinanciación se concederá entre este año y 2028. Epicom ha declinado comentar este asunto.

El programa busca dotar a las Fuerzas Armadas de una solución nacional para proteger las comunicaciones tácticas terrestres, navales y aéreas, garantizando la seguridad de las misiones y la soberanía tecnológica de España en el ámbito de la defensa y las comunicaciones cifradas.

Tubos Reunidos no pasa por su mejor momento. La investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre presuntas 'mordidas' pagadas por la empresa, de hasta 114.950 euros según el magistrado instructor, supuestamente para engrasar el rescate de la SEPI tras la pandemia, pilla a la compañía de Amurrio de nuevo en números rojos, con la plantilla en ERTE y con el crédito participativo de la SEPI ahora motivo de investigación que está aún por terminar de devolver.

Los aranceles de Donald Trump a la exportación de acero afectan directamente a la producción de esta compañía para la que Estados Unidos es su principal mercado. Trump ha vuelto a poner el agua al cuello de la empresa que salvó la SEPI hace cuatro años, ya que en el primer semestre de este año ha perdido 28,4 millones de euros y acumula 244 millones de euros de deuda. Como añadido, la investigación abierta ahora por posibles comisiones coloca en el punto de mira a una de las empresas que ha sido buque insignia de la industria vasca.

Cuando la SEPI dio el visto bueno al rescate de Tubos Reunidos, la empresa, perteneciente al sector del acero, fundamental en el entramado industrial vasco, estaba en claro declive y encadenaba su sexto año en pérdidas. En 2020, en plena pandemia, los números rojos superaron los 101 millones de euros, el doble que en 2019. Así que los 112,8 millones de euros concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19, llegaron con una especie de maná a finales de 2021. Ese mismo año redujo las pérdidas a 64 millones y en 2022 la compañía volvió a la senda de los beneficios, con 43,5 millones de euros en positivo, el mejor resultado del grupo desde el año 2008, aunque la situación de la plantilla ha seguido sometida a vaivenes de ERTE en función de los pedidos, algo que siempre se ha denunciado desde los sindicatos, que consideran que una inyección de dinero público de estas características debe contar garantías para el empleo.

El dinero de la SEPI estaba destinado a financiar el plan estratégico de la empresa hasta 2026, con el que quería retomar el camino que se truncó en la pandemia hacia la transición energética y la descarbonización con la intención de “abordar nuevos mercados y sectores de actividad con especial presencia en energías limpias e hidrógeno”, y se presentó como algo absolutamente necesario para garantizar la continuidad de la empresa. En aquel momento, se descartó que la ayuda de la SEPI supusiera un asiento para la sociedad estatal en el consejo de administración de la compañía, y así fue, aunque fuentes de la empresa señalan que el organismo ha estado informado en todo momento del destino de la ayudas.

Lo cierto es que la ayuda de la SEPI se hizo esperar. Pasaron seis meses antes de que el Consejo de Ministros diese luz verde al rescate. En esos momentos la SEPI pasaba momentos convulsos. La polémica política sobre la ayuda de 53 millones de euros aprobados a Plus Ultra Líneas Aéreas, pese a que la aerolínea en 2019, justo antes de la pandemia, apenas operó 823 vuelos, el 0,03% del total, dejó en cierta pausa la actividad de la sociedad pública. La ayuda se concedió bajo la presidencia en la SEPI de Belén Gualda, después de que el anterior presidente, Vicente Fernández Guerrero, hubiera dimitido por su implicación en el ´caso Aznalcóllar´.

Pese a la espera, había otras empresas en la cola de las ayudas a las que Tubos Reunidos adelantó. Será el juzgado el que determine ahora si fue el expresidente de SEPI, Fernández Guerrero, reconvertido en asesor de Tubos Reunidos “hasta hace unos meses”, el que medió a cambio de dinero para ello, según se desprende en la escasa documentación conocida de la causa abierta, todavía secreta y en la que están imputados también Leire Díez y Antxon Alonso. Desde Tubos Reunidos sólo han confirmado que fue asesor de la empresa “hasta hace unos meses”, pero que no se ha especificado desde cuando prestaba estas labores de asesoría para la empresa.

En el camino desde la concesión de las ayudas de la SEPI, en 2023, la empresa mudó la presidencia. Francisco Irazusta dimitió como presidente de Tubos Reunidos para asumir “un nuevo reto profesional en una compañía internacional fuera de España”. Le sustituyó en el cargo Josu Calvo. Fundada en 1892, está especializada en la fabricación de tubos de acero inoxidable sin soldadura y tiene unos 1.200 empleados.