La investigación de la Audiencia Nacional sobre las maniobras de Leire Díez o Santos Cerdán, que tantos y tantos titulares está copando, tiene su origen en otro hito. Se trata del rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (conocida por sus siglas SEPI) de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Fue una operación de 112,8 millones de euros y se sospecha que encerró el pago de comisiones, el primero de otra serie de negocios similares y que han sido bautizados con el nombre en euskera Hirurok ('Nosotros tres', en castellano) por aglutinar a tres personas del entorno de Cerdán, la propia Díez, socialista vizcaína, Antxon Alonso, empresario guipuzcoano, y Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz y expresidente de la SEPI.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, ha elaborado para el instructor Santiago Pedraz un informe específico sobre este asunto. Tiene fecha de 6 de mayo. Además, menciona el tema en otro dictamen más amplio y más reciente, del 26 de mayo. En él, señala también la “intermediación” de “algún miembro” del PNV en la operación de Tubos Reunidos, aunque no se aporta ningún dato identificativo y deja el rol de estas personas en condicional. No es la primera vez que en las investigaciones de la UCO que rodean al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Cerdán, se menciona al PNV. En otro informe se apuntaba a que los nacionalistas sugirieron unos nombramientos tras apoyar en 2018 la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez.

La empresa ha sido registrada nuevamente este mismo jueves. Ya lo fue durante horas en diciembre de 2025, justo antes de que trascendieran las detenciones de los tres de Hirurok. En aquel momento se llevaron una ingente cantidad de archivos informáticos y buscaron el rastro de dos directivos concretos de la empresa, los mismos que habían mantenido más contacto con Cerdán y Díez.

El rescate fue ejecutado en 2021. En ese momento, el expresidente de la SEPI, Fernández Guerrero, fue contratado por Tubos Reunidos como asesor externo. Cobró 114.950 euros a través de la asesoría zaragozana Mediaciones Martínez, según ha detectado la Policía judicial. La empresa no lo niega. En paralelo, Fernández Guerrero fue dado de alta como trabajador de Servinabar 2000, mercantil pamplonesa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso y en la que Cerdán, aparentemente, controlaba el 45% de forma oculta.

Técnicamente, llevaba más de dos años fuera de su cargo y no había incompatibilidad legal en estas actividades mercantiles, pero los responsables de la investigación sostienen que en el período de 2019 a 2021, aunque formalmente estuvo fuera por otro problema legal relacionado con Aznalcóllar, siguió influyendo en el organismo estatal o intentando regresar. Es más, se sostiene que, cuando Belén Gualda fue elegida ese mismo 2021 para cubrir la vacante, la trama intentó que Díez fuese su jefa de gabinete.

Sobre los hechos de 2021, expone la Guardia Civil que “se pudo comprobar cómo Leire y Vicente, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos y Antxón para impulsar el mismo”. En sus informes, este cuerpo siempre cita a los implicados por su nombre de pila. Agrega que, “previsiblemente como resultado de lo anterior, las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su 'intermediación' con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión”.

Abunda la UCO que, años después del rescate, “se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos”. ¿En qué se basan? El 13 de noviembre de 2024 se celebró en el despacho de Cerdán “en la sede del PSOE, sita en la calle Ferraz”, una cita entre el dirigente socialista, Díez “y dos directivos de Tubos Reunidos”. Después, arreglado el problema, Fernández Guerrero facturó 40.000 euros adicionales a Tubos Reunidos. El expresidente de la SEPI mantuvo su relación económica con la empresa hasta un mes antes de ser detenido, hasta noviembre de 2025, según fuentes de la compañía.

¿Y cómo se conformó Hirurok con gentes de tan variada procedencia? La Guardia Civil ubica el inicio de la relación “personal” entre Fernández Guerrero y Díez en la SEPI, donde ella era responsable de comunicación de la filial Enusa. Era el año 2019. Un poco después, a finales de 2020, ambos conocieron a Alonso por mediación de Cerdán. Para demostrar que Cerdán y Fernández Guerrero también se conocían, la UCO muestra unos mensajes del actual secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales. A finales de 2018, Cerdán le pidió a Morales, con quien mantenía una estrecha relación, que contactara con el entonces presidente de la SEPI.

“Es un favor que nos tienes que hacer”, ponía el socialista vasco. Hace un año, cuando Morales salía mencionado en otro informe sobre las causas que rodean a Cerdán, el PSE-EE desmintió totalmente cualquier implicación en irregularidades. Morales vuelve a ser mencionado en un mensaje de Díez a Fernández Guerrero. “Hoy volveré a ver a Santos porque ayer se reunía con Eneko y Morales”, le decía, en referencia previsible a Eneko Andueza, secretario general del partido en Euskadi. Fuentes del PSE-EE explican que Morales planteaba un favor de índole persona, dentro de la legalidad y sin relación alguna con los hechos investigados.

Hirurok como tal nace en 2021. Es un grupo de Threema, una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp. Se crea el mismo día en que Fernández Guerrero es dado de alta como trabajador de Servinabar 2000. Sin embargo, operaba de antes, según la tesis de la Guardia Civil.

La UCO sostiene que cobraron 117.612 euros en comisiones de otros dos negocios además de Tubos Reunidos. Menciona 18.119,75 euros ingresados en Servinabar 2000 por una adjudicación en Mercasa y 99.492,25 euros de la empresa navarra Excavaciones Erri-Berri por unos trabajos en Asturias. Se menciona, igualmente, que Forestalia “pactó” el pago de 200.000 euros a Hirurok para que Sepides aprobara una inversión de 17,32 millones para Arapellet, una filial. Alonso ejerció de representante de Forestalia ante numerosos cargos públicos y Fernández Guerrero también participó en reuniones, siempre según la Guardia Civil. Por otro lado, Díez creó en Marbella una sociedad llamada “Andalukadi”, en probable referencia a la unión de Andalucía y Euskadi.

Por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, agentes de la UCO de la Guardia Civil han realizando registros este jueves en la sede central de Tubos Reunidos, en la localidad alavesa de Amurrio, y en las oficinas de la compañía en el centro de Bilbao, según fuentes internas. Es ya la segunda operación policial en esta compañía, ya que en diciembre los agentes ya se personaron en Amurrio. Se buscan nuevas pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en el rescate de la empresa propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, de 112,8 millones. La empresa contrató ese año y hasta 2025 como asesor al expresidente del organismo estatal, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.  Los agentes de la UCO también tiene orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la SEPI, en Madrid.

A falta de detalles de la operación policial, en diciembre se buscaron correos electrónicos de un período temporal muy amplio y se analizó el papel de dos directivos de la empresa. Ahora se desconoce el alcance de las nuevas pesquisas. El registro de Amurrio ha sido breve, de apenas unos minutos. Ambas entradas han comenzado a la vez. El de Bilbao ha terminado hacia las 18.30 horas.

Se da la circunstancia de que los últimos meses han sido muy duros para Tubos Reunidos, que ahora mismo está en concurso de acreedores y que llegó a plantear 300 despidos a comienzos de 2026. En estos meses se han sucedido las huelgas y movilizaciones tanto en Amurrio como en otra planta vizcaína, la de Trapagaran. La SEPI es el principal acreedor, con créditos por valor de 160 millones sumados los intereses que ha generado el rescate de 2021.

El rescate de Tubos Reunidos es el origen de la investigación del juez Pedraz sobre el entorno de Leire Díez, una socialista de origen vizcaíno, aunque actualmente los nuevos datos hayan revelado temas completamente diferenciados. Aunque Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, se analiza si seguía manteniendo influencia en 2021 para propiciar la inyección económica millonaria, el doble de la de Plus Ultra. Fernández Guerrero conformaba con Díez y con un tercero, el empresario vasco Antxon Alonso, un grupo de Threema llamado Hirurok, en euskera, que aparentemente coordinaba estas operaciones a cambio de comisiones. Threema es una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp o Telegram.

El expresidente de la SEPI estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos. Eso sí, habían pasado los dos años que marca la ley para evitar conflictos de intereses. La cantidad facturada por Fernández Guerrero en Amurrio ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según contaron fuentes de la empresa a este periódico. Después, hubo nuevas facturas ya a título individual cuyas cantidades concretas no se conocen aún.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

El registro buscaba en Tubos Reunidos indicios de anotaciones manuscritas halladas en poder de Leire Díez, quien conformaba con Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, un grupo llamado Hirurok creado aparentemente para cobrar comisiones. Dos directivos de la compañía que habían mantenido reuniones con miembros de esta trama están siendo investigados, aunque su identidad no ha trascendido.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos, con sede en Amurrio, en Álava, y rescatada por la SEPI en 2021 con una inyección de 112,8 millones de euros. Según ha adelantado también 'El Mundo', la cantidad facturada por Fernández Guerrero ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según añaden fuentes de la empresa.

Fernández Guerrero tuvo una relación económica para Tubos Reunidos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025. Las fechas son relevantes. Sobre la de inicio, Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, de modo que cumplió con la espera legal de dos años para que exaltos cargos no incurran en incompatibilidades. Y, sobre la de final, fue justo antes de que fuera arrestado por ser parte de un grupo llamado Hirurok, en euskera, del que formaban parte también el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista vizcaína Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analiza si este grupo influyó en la SEPI para garantizar el millonario rescate de la empresa de Amurrio, que es de más del doble de cantidad que el de Plus Ultra, por ejemplo. Esta operación es el origen de la investigación más amplia de la pasada semana que incluyó la entrada en Ferraz o en el domicilio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, al que se sitúa indiciariamente como coordinador del grupo Hirurok. En uno de los mensajes se alude “Andalukadi”, un posible juego de palabras sobre Andalucía y Euskadi, el origen de los integrantes de Hirurok, que se comunicaba en Threema, una plataforma de mensajería supuestamente mejor cifrada que WhatsApp.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, acudió a las instalaciones de Amurrio en diciembre de 2025, antes de trascender los arrestos de Fernández Guerrero, Alonso y Díez. Después de horas de registro, clonaron abundantísima cantidad de documentación y correos electrónicos. Se espera que el secreto de sumario de esa causa pueda ser levantado de forma inmediata después de varias prórrogas.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

La de Tubos Reunidos, en todo caso, coincide con un momento crítico para la empresa. Acaba de entrar en concurso de acreedores. Ha vivido un arranque de 2026 marcado por una propuesta de 300 despidos que finalmente se han concretado en 242 y que han acarreado huelgas y movilizaciones. Los intereses del rescate de la SEPI elevan ya a 160 millones el montante adeudado al Estado, que es el principal acreedor de un pasivo total de unos 260 millones. Las instituciones vascas y alavesas, dirigidas por el PNV, demandan a la SEPI que flexibilice su deuda con Tubos Reunidos.

La investigación de la Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero choca con algunas de las explicaciones que el expresidente del Gobierno ha dado hasta el momento sobre su labor cómo consultor, su relación con Plus Ultra y los negocios de su amigo Julio Martínez Martínez, al que otros investigados identifican como su “lacayo”. Así lo evidencia el análisis de las casi cuatro horas de escrutinio a las que se sometió el que fuera líder del PSOE el pasado marzo en el Senado y la entrevista que concedió en Onda Cero.

Entonces, Zapatero admitió que sabía que su amigo Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó que él trabajara para la aerolínea o que hubiera influido en su rescate con dinero público. También aseguró que él no conocía a los socios de la aerolínea. E insistió en que desconocía quiénes eran los clientes de la consultora de su amigo, de cuya creación también se desvinculó. “Yo no tengo el dato de quiénes eran los clientes, no lo tengo, porque no pertenezco a esa sociedad”, dijo a preguntas del periodista Carlos Alsina. 

Los documentos del sumario que sustentan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta ahora, ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por el presidente derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate de 53 millones. Sin embargo, comunicaciones incautadas en 2021 por Estados Unidos al antiguo dueño de la aerolínea, Rodolfo Reyes, un ciudadano venezolano que está en busca y captura por llevarse parte del dinero del rescate a paraísos fiscales, incluyen “referencias constantes” a recurrir a Zapatero para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda e incluso a conversaciones o encuentros entre el expresidente del Gobierno y accionistas de Plus Ultra. 

En el inicio de la pandemia, el 30 de abril de 2020, hay un mensaje en el que el entonces presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, avisa a Reyes de que Zapatero le “va a llamar”. Poco después, Reyes confirma a un tercero esa comunicación: “Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo”. En ese momento, los directivos de la aerolínea estaban intentando que diferentes bancos les consiguieran un crédito ICO. Llegaron a enviar una carta al Banco Santander en la que indicaban expresamente en su encabezado que se ponían en contacto “siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero”. 

Esa opción no prosperó, así que optaron por activar la vía de buscar el rescate. En julio de 2020, apenas 24 horas después de aprobarse el fondo de la SEPI, el vicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, le comunicó a Rodolfo Reyes que ya se había puesto en marcha para conseguir esa ayuda: “Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen)”.

Meses después, el 6 de febrero de 2021, un mes antes de que el Consejo de Ministros aprobara el préstamo público, Reyes escribió otro mensaje a Martínez Sola: “Puedes organizar una comida con el tocayo, tu y Camilo. Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa”. “Lo sabía. De hecho, me pregunto el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilio en Plus (sic)”, responde Martínez Sola. El “tocayo” al que se refieren es el citado Julio Martínez Martínez.

Además, el propio Reyes había dejado constancia de que él estaba seguro de que Zapatero estaba ayudando a Plus Ultra el 22 de julio de 2020. Ese día se escribió con un abogado que se acababa de reunir con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para plantear la situación de la compañía. El abogado le dijo: “Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. Y Reyes contestó: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. 

En el Senado, Zapatero negó tajantemente que conociera al citado Camilo Ibrahim Issa, un hombre clave en la aerolínea. Y, cuando fue preguntado por Martínez Sola, afirmó: “No he tenido ninguna relación con él. Si le he saludado alguna vez… Yo saludo a miles de personas”. “O sea, que él no le ha llamado para pedir ayuda”, le preguntó la senadora de UPN Mar Caballero. “No, en absoluto, ninguna relación. Cero”, contestó el expresidente. 

También suscitan dudas los más de 900.000 euros que Plus Ultra pagó de forma directa o indirecta en cinco años a Julio Martínez Martínez. Y el hecho de que, en ese mismo periodo de tiempo, la consultora de este empresario al que otros investigados también apodaban “el banco del jefe”, abonara más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. Además, la agencia recibió otros 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón.  

Las dos sociedades que pagaron a las hijas de Zapatero comenzaron a operar con un mes de diferencia. Ninguna de las dos tiene una actividad real, según Hacienda, la Policía y el juez. Pero entre ambas pagaron más de 800.000 euros a Whathefav entre 2020 y 2025 a pesar de que los investigadores consideran que no aportaba ningún “valor técnico especial”. 

Así, sostienen que su única función era recibir los informes de consultoría que elaboraba un tercero, “maquetarlos” y enviarlos a un listado de clientes que el propio Zapatero les había proporcionado. “Esa falta de coherencia organizativa podría no corresponder con necesidades empresariales reales y estar orientada a la canalización de pagos”, afirman los investigadores.

En el Senado, Zapatero defendió que la contratación de Whathefav fue una “propuesta” suya y que “formaba parte del acuerdo” con su amigo. Además, mantuvo que sus hijas hacían tareas de “marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor” y que sus trabajos, en ocasiones, se materializaron en “informes orales”. También afirmó que tras dar el “visto bueno definitivo” a los informes que elaboraban un tercero y él, estos se enviaban a la empresa de sus hijas que, a su vez, se los enviaban a su amigo Julio Martínez Martínez. 

La investigación, sin embargo, ha constatado que era la agencia de las hijas la que se encargaba de enviar esos trabajos a un listado de clientes que el propio Zapatero les había proporcionado. Durante la investigación, la Policía intervino varios archivos de Excel que recogen listados con supuestos clientes que el expresidente envió a Julio Martínez Martínez. La Policía afirma que no se trata de “un simple listado”, sino que esos documentos reflejan una “planificación previa y sirven como herramienta logística”. Y que eso evidencia que era Zapatero quien establecía los “criterios de actuación”. 

Esos listados que facilita Zapatero incluyen relevantes empresarios del país y las direcciones donde se les puede contactar. Entre ellos hay clientes que tenían suscritos contratos mensuales de asesoramiento con Análisis Relevante y otros que no, a los que el expresidente habría informado a la consultoría a favor de enviarles informes. Pese a ello, Zapatero le dijo al periodista Carlos Alsina: “Yo no tengo el dato de quiénes eran los clientes, no lo tengo, porque no pertenezco a esa sociedad”. 

Entre los supuestos clientes que sí habían suscrito esos contratos la UDEF cita Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos. También aparecen mencionadas las sociedades Softgestor y Grupo Aldesa, que abonaron 145.200 y 127.050 euros, respectivamente, a la consultora del amigo del expresidente. En el listado figuran otros nombres vinculados a la aerolínea Plus Ultra, como los citados Julio Martínez Sola o Camilo Ibrahim Issa. Así como relevantes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Beatriz Corredor (REE), Josu Jon Imaz (Repsol), Javier Hidalgo (Globalia), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Víctor Madera (Quirón Salud) o directivos de la tecnológica Huawei.

La conclusión de la UDEF es que esos informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos por Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, “se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos”, como a otros destinatarios de los que “se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago”. Lo que evidencian los listados, en todo caso, es que Zapatero puso su agenda de contactos a disposición del empresario.

La tesis de los investigadores es precisamente que la red de contactos del expresidente habría servido para influir en la concesión de ayudas públicas. Y que al expresidente se le compensaba después con los contratos y facturas simuladas que sustentarían los ingresos poco claros recibidos tanto por él como por la agencia de marketing de sus hijas. Guiado por las provisionales, pero contundentes conclusiones de la Policía, el juez José Luis Calama llega con ello a la conclusión de que Zapatero es el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.

La operación lanzada este miércoles por la Audiencia Nacional otorga una nueva dimensión al caso de las maniobras presuntamente urdidas por la exmilitante socialista Leire Díez para buscar material contra fiscales y mandos policiales. El auto del juez Santiago Pedraz atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo de ese grupo que buscaba “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE y apunta al propio partido como financiador de esas maniobras. Agentes de la Guardia Civil permanecieron durante 12 horas recabando documentación del caso en la sede de la formación, en la calle Ferraz de Madrid. 

El juez Pedraz identifica el origen de estas maniobras en la reflexión de cinco días que anunció Pedro Sánchez en abril de 2024 tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado. Fue en ese periodo de reflexión cuando el exsecretario de Organización Santos Cerdán convocó una reunión en la sede federal del partido a la que acudieron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y el entonces director de comunicación, Ion Antolín.

La relación entre Santos Cerdán y Leire Díez se remontaba a años atrás. Según el juez, ambos formaban parte junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández de la supuesta trama de cobro de mordidas a cambio de contratos públicos que quedó al descubierto el pasado diciembre, cuando Leire Díez fue detenida. De hecho, el magistrado atribuye a Cerdán un papel “estratégico” y de “jerarquía superior” en esa presunta red cuya investigación permanece bajo secreto. Y revela que intentó sin éxito mantener su influencia en la SEPI tras la salida de Vicente Fernández por su implicación en el caso Aznalcóllar.

Cuando Pedro Sánchez amagó con dimitir ante “la campaña de acoso” contra su esposa, Cerdán “encargó” a Leire Díez la “coordinación y ejecución” de diferentes “actuaciones” para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE. El auto revela que, antes de ese encargo, la exmilitante llevaba tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. 

Este apunte concuerda con las declaraciones públicas de la propia Leire Díez y del empresario Pérez Dolset, según las cuales este último montó y pagó a un grupo de una veintena de personas dedicadas a buscar pruebas sobre supuestas irregularidades en las causas judiciales que se siguieron durante el Gobierno del PP. Pérez Dolset está convencido de que él es una víctima más de la brigada política, al nivel de los líderes independentistas o Podemos.

Decenas de reuniones en Ferraz

Tras esa primera reunión durante los días de reflexión de Sánchez, el auto documenta otros 39 encuentros. Al menos 22 de ellos se habrían realizado en la sede de Ferraz, lo que a juicio del juez evidencia que el partido sufragó la “logística” que soportó estas maniobras. El partido pagó también cuatro viajes a Leire Díez y uno a Pérez Dolset relacionados con estos movimientos contra quienes investigaban a sus dirigentes. 

En febrero, cuando compareció ante el juez de Madrid que investigaba a la exmilitante, Santos Cerdán dijo que se había reunido solo en dos ocasiones con Leire Díez y desvinculó sus supuestas maniobras de la cúpula del PSOE. Dijo que se había visto con ella porque ofrecía información sobre la brigada política del Partido Popular que podía ser “relevante” para el partido. En concreto, sobre unos audios en los que el comisario José Villarejo facilitaba al Gobierno de Mariano Rajoy datos sobre supuestos negocios de saunas del suegro de Pedro Sánchez.

A pesar de lo que dijo Cerdán, la tesis del juez es que el PSOE contribuyó directamente a financiar esas maniobras a través de varias vías. Una de ellas fue a través del exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, también imputado en este caso, que prestó su sociedad como “vehículo” para los pagos. En concreto, su consultora Zaño pagó a la exmilitante un total de 16.000 euros durante cuatro meses a partir de junio de 2024. En los mensajes interceptados, Leire Díez expresó sus dudas sobre el método elegido para el dinero que le quería “pagar” Cerdán. “No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar”, escribió la exmilitante.

Tras cesar los pagos a Leire Díez a través de la empresa de Zarrías, el juez sostiene que esos abonos empezaron a canalizarse a través del abogado Ismael Oliver, que defendió a Koldo García. Esa operativa se habría realizado “falseando una nota de encargo” suscrita por la gerente del partido y por la que el PSOE abonó 27.225 euros a una de las empresas de Oliver. Para “romper la trazabilidad de los fondos”, Oliver transfirió posteriormente esa misma cantidad a Leire Díez utilizando otra de sus sociedades. “Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece?”, le escribió Oliver a Leire Díez. Tanto la gerente como Oliver están imputados.

Además, el partido pagó “una cuantía cercana a los 20.000 euros” a Crónica Libre, un medio que tuvo una “intervención preponderante” en la difusión de la información recabada por la exmilitante. En concreto, grabaciones con origen en los archivos del comisario Villarejo y otros elementos que guardaban relación con distintas causas. El PSOE también hizo pagos por valor de 125.000 euros al letrado Jacobo Teijelo a través de “un soporte documental aparente y una facturación falaz”.

Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán, defiende al guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado en un caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de prebendas. El letrado trató de anular esa causa al acusar a la Guardia Civil de un “caprichoso manejo” de varias causas judiciales, pero el juez Pedraz, también instructor de ese caso, lo rechazó. 

“Atacar” investigaciones

Según recoge el auto de Pedraz, en la ejecución de ese plan para “destruir” procedimientos se realizaron ofrecimientos de remuneraciones o favores a “funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos”. Y resalta que la premisa era “atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores”, entre las que estaban las del caso del hermano de Pedro Sánchez, la del caso de los ERE de Andalucía y el caso de la esposa de Pedro Sánchez. 

El magistrado describe algunas de las actuaciones concretas que pudo desarrollar la trama. La mayoría ya eran conocidas dado que formaban parte de la investigación judicial abierta contra Leire Díez en un juzgado de Madrid. Es el caso del plan para obtener información del fiscal anticorrupción José Grinda que pudiera afectar al fiscal jefe Alejandro Luzón.

A cambio de archivar diversas casas judiciales, la trama le llegó a prometer, por medio de un encuentro con un periodista, un puesto de trabajo en el extranjero “o, incluso, un ofrecimiento con trascendencia económica, existiendo anotaciones que aluden a la cifra de 300.000 euros”. Sin embargo, fuentes del entorno del fiscal Grinda indican a elDiario.es que a él nunca se le ofreció esa cantidad, si bien entienden que pudiera ser lo que la trama entendía que podía costarles acabar con un problema legal que preocupaba al fiscal. De hecho, la UCO localizó en el registro una anotación manuscrita que recoge literalmente “300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor” (sic).

Otro de los episodios tuvo lugar en marzo de 2025, cuando Leire Díez ofreció al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba pagarle la defensa en el caso Koldo y recuperar su carrera en el cuerpo colocándole en puestos de máxima responsabilidad “tras la purga que harían”. A cambio, Leire Díez le reclamó “cuanta información tuviera” del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO. El agente redactó hasta dos notas de esos encuentros con Leire Díez y dejó constancia de que la exmilitante socialista buscaba información del teniente coronel Antonio Balas y del capitán Juan Vicente Bonilla, además de un mando policial “involucrado en la operación Cataluña”. 

La trama también se acercó al fiscal que investigó el caso Villarejo, Ignacio Stampa, en mayo de 2025. En este caso, le ofrecieron cuestiones profesionales, como su retorno a la Fiscalía Anticorrupción, de donde fue retirado durante el mandato de Dolores Delgado. También “la intercesión en un determinado pleito que el fiscal mantenía abierto”. 

Lo más novedoso del auto en referencia a estos episodios es la reunión que Leire Díez, Pérez Dolset y el abogado Teijelo mantuvieron en diciembre de 2024 con el citado Sánchez Yepes. Este les ofreció información reservada “sobre la estructura interna de la UCO” y aportó datos sobre el teniente coronel Antonio Balas, quien se convirtió en objetivo de la trama. A raíz de ese episodio con Yepes tuvo lugar otra de las reuniones centrales que se investigaba ya en la causa abierta en Madrid, la que mantuvieron con el empresario Alejandro Hamlyn en el despacho del abogado Teijelo. 

Supuesto soborno a una empresaria

La resolución del juez Pedraz también alude a la figura de la empresaria Carmen Pano, quien sostenía que había realizado hasta dos entregas de dinero en la sede socialista de Ferraz por un montante total de 90.000 euros. Según el auto, se habría ofrecido a Pano la cantidad de 50.000 euros para modificar su testimonio. Hasta ese momento sólo habría declarado ante la UCO y se buscaba evitar que declarara en sede judicial.

Antes de esa declaración, el abogado Ismael Oliver se puso en contacto con Leire Díez, quien le indicó que “negociara” con ella. “Tras lograr la autorización de Leire, ambos comienzan a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como negociación, evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su compra: Esta se vende. Debemos saber comprar”, recoge el auto. El juez defiende que el ofrecimiento se materializó. En la tarde del miércoles, la letrada hizo público un comunicado en el que tilda de “completamente falso e infundado” ese apunte del auto.

A las 10.35 horas de este miércoles, el consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, enviaba al Parlamento Vasco una respuesta a preguntas de la coalición Sumar sobre la situación de la empresa Tubos Reunidos, que ha entrado recientemente en concurso de acreedores y que antes presentó un ERE para centenares de trabajadores. Su tesis fundamental era insistir en que el Estado, la Sepi, debería flexibilizar la deuda que reclama a la compañía, que asciende ya a unos 160 millones de euros.

La petición, que no es nueva, ha coincidido con la operación anticorrupción de la UCO de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz y en otros puntos lanzada a primera hora de la mañana. Se trata de una causa de la Audiencia Nacional que deriva de otra iniciada en diciembre del pasado año (con número 89/25) precisamente con el rescate de Tubos Reunidos a cargo de la SEPI como epicentro. En aquel momento fueron arrestadas tres personas, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, la socialista vizcaína Leire Díez y el expresidente de la Sepi, el andaluz Vicente Fernández Guerrero. Se trataba de un grupo que se hacía llamar 'Hirurok', en euskera, en una plataforma de mensajería llamada Threema, aparentemente más segura que WhatsApp.

El rescate de Tubos Reunidos se produjo en 2021 y estuvo cuantificado en 112,8 millones de euros, más del doble que el de la línea aérea Plus Ultra investigado en otra causa, la que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El resto hasta 160 son los intereses acumulados.

Fernández Guerrero fue presidente de la SEPI entre 2018 y 2019. Después de dejar la entidad estatal, en 2021, cuando se efectuó el rescate, estuvo dado de alta como trabajador de la mercantil Servinabar 2000, con oficinas en Pamplona y detrás de la que está Alonso y, aparentemente, también el exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. Asimismo, después de esa etapa, en diciembre de 2025, Tubos Reunidos confirmó que había realizado también pagos directos a Fernández Guerrero hasta pocos meses antes. Se trataba de “un contrato de asesoramiento con cantidades estándar”.

El auto de la nueva pieza secreta del juez Santiago Pedraz explica que el grupo 'Hirurok', sobre el que sitúan a Cerdán como una suerte de coordinador, pretendió mantener el control de la Sepi tras la salida de Fernández Guerrero. Estima que “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencias” quisieron “orientar” determinadas operaciones -y no solamente la de Tubos Reunidos- “con una finalidad lucrativa”. Según el magistrado, “fundamentalmente” operaron en 2021. Siempre según esta resolución judicial, Díez pretendió ser jefa de gabinete de la sustituta de Fernández Guerrero. Antes, había estado en Enusa, una sociedad de la Sepi.

Desde Tubos Reunidos, que ha copado titulares en los últimos meses por la propuesta de ejecutar 300 despidos -finalmente fueron 242- y la entrada en concurso de acreedores con una deuda de más de 260 millones y pérdidas de 118 millones en 2025, se insiste en que no tienen constancia de nada nuevo por parte de la Audiencia Nacional. Aseguran que han ido aportando a la autoridad judicial toda la documentación que se les ha requerido y recalcan que así lo seguirán haciendo.

Lo último que ha trascendido es que el juez instructor prorrogó el 8 de mayo durante un mes más el secreto de sumario de este procedimiento. Ha emitido varias resoluciones de ese mismo tenor. Entretanto, continúa la partida de ajedrez para salvar una empresa histórica, ya que tiene su origen en el siglo XIX. Teniendo en cuenta que la SEPI es el principal acreedor, el Gobierno vasco asegura que sigue “manteniendo contactos” con el Ejecutivo central “para explorar alternativas de reestructuración”. El consejero Jauregi, que ya ha aludido públicamente a que hay “inversores” interesados en el proyecto, destaca la importancia de esta compañía para el “empleo industrial”. La caída de Tubos Reunidos se suma a otras empresas en crisis en la comarca de Ayala, al norte de Álava, como Guardian, Maderas de Llodio o Tubacex, aunque también tiene planta en la zona vizcaína de Trapagaran.

La invasión rusa de Ucrania y el distanciamiento de Estados Unidos convencieron a Europa de la necesidad de construir sus propias capacidades de defensa. Al tiempo, Donald Trump exige a sus socios en la OTAN que gasten un 5% del PIB en defensa, aunque España lo ha toreado como ha podido, para comprometer el 2% del PIB, que son 34.000 millones de euros al año. Esa demanda de inversión esconde la descarada pretensión de que Europa compre aún más material a la poderosísima industria militar americana.

Francisco Javier Sánchez, presidente de Airbus España, aseguraba en una conferencia que uno de los grandes problemas de la industria de defensa europea es su fragmentación y dependencia. Fragmentación, porque en Europa se producen 179 sistemas diferentes de armas (aviones, barcos, tanques, armas, etc.), frente a 33 en Estados Unidos; y dependencia de este país, porque Europa le compra el 80% del material, mientras que ellos se autoabastecen.

Por tanto, la conclusión evidente es que Europa necesita integrar sus empresas militares, para hacerlas más grandes, innovadoras y competitivas, de manera que sean capaces de suministrar a sus ejércitos y no depender del producto Made in USA. Para alcanzar ese objetivo, el primer paso es fusionar las industrias nacionales, para luego ir a un proceso supranacional, como en otros sectores. Es el camino para preservar localmente los empleos en una industria puntera en tecnología de uso militar y civil, y mantener cierta autonomía.

Este contexto llevó al Gobierno a promover un campeón nacional de la industria militar alrededor de Indra, compañía cotizada en Bolsa y participada al 28% por el Estado, a través de la SEPI. Se trata de homologarse con los grandes países europeos. Alemania cuenta con Rheinmetall, fabricante de tanques, misiles, artillería y sistemas aéreos antimisiles. Italia, con Leonardo, más enfocado en industria aeronáutica, con aviones de entrenamiento y helicópteros, o satélites. Y Francia, cuenta con Thales, la más parecida a Indra, puesto que está más centrada en transformación y seguridad digital, así como aviónica, radares, satélites, simuladores o señalización.

Rheinmetall es una compañía privada, con un accionariado muy atomizado. En cambio, Leonardo y Thales están, al igual que Indra, participadas y controladas por el Estado, que cuenta con participaciones del 30% y del 26,6%. El caso francés es peculiar porque el Estado tiene un socio, Dassault Aviation, que tiene su misma participación; sin embargo, el primero tiene el 36,7% de los derechos de voto y el segundo el 29,9%. Es llamativo que el socio privado sea además relevante en medios de comunicación, ya que el Grupo Dassault es el dueño de Le Figaro, el principal periódico conservador de Francia. Esto rememora el caso de Amber Capital, principal accionista y gestor del Grupo Prisa, con un 29,9%, que además es socio clave de Indra, con un 7,24%.

Ahora bien, la diferencia de tamaño (facturación) y perspectivas (tecnología) de unas compañías y otras queda patente en su valor bursátil. La capitalización de Rheinmetall es de 55.000 millones de euros, la de Thales 47.000 millones, la de Leonardo 30.000 millones y la de Indra 9.200 millones. Por tanto, queda claro que la empresa española elegida para liderar la industria de defensa Made In Spain tiene mucho que recorrer para homologarse con sus vecinos.

El problema está en que el plan para levantar ese líder español está resultando un desastre, producto de una improvisación propia de aficionados. El Gobierno ha pretendido construir en Indra un accionariado estable y de confianza, a la vez que absorbe empresas del sector que completen su gama de productos militares. En esa dinámica, Indra absorbió la pública Hispasat; entró en el capital de la vasca ITP (9,5%), que fabrica y mantiene motores de aviación, y tomó la mayoría de Tess Defence, una alianza nacional para fabricar tanques, que avanza con dificultades, dado que sus socios son íntimos enemigos, (Indra/Escribano y General Dynamic). A la vez que montaban el puzzle industrial, repartían quesitos de capital a los socios industriales. La familia vasca Aperribay, dueña de SAPA, se hizo con el 7,9% de Indra y el 16,3% de Tess Defence y la familia Escribano llegó a sumar el 14,3% y el 16,3% de esas mismas compañías.

El error es que la casa se comenzó por el tejado, sin un plan estratégico bien trazado, y con los ministerios de Industria y Defensa de mera comparsa. El manejo del plan se hizo desde Moncloa, de la mano de Manuel de la Rocha Vázquez, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 en la Presidencia del Gobierno. Así las cosas, en enero del año pasado, al descabalgar a José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica y colocar a Marc Murtra, quedaba vacante la presidencia de Indra y no se le ocurrió otra cosa que colocar a Ángel Escribano, que ya tenía a su hermano Javier en el consejo representando al paquete familiar. A partir de ahí, Indra ha ido de lío en lío, con cambios de presidente, consejero delegado (José Vicente de los Mozos está en la puerta) y directivos de todo ámbito.

Si el proceso se hubiera hecho con un diseño racional, Indra habría adquirido Escribano en 2023, para convertirla en la filial de mecánica, con los hermanos al frente. Indra se habría ahorrado mucho dinero y no habría estado parada más de un año tratando de justificar lo injustificable: que los Escribano podían ser comprador y vendedor de su propia empresa, una compañía engordada con contratos del Estado, que pagaba la fiesta y diluía su poder. Los hermanos Escribano han estado a punto de quedarse con el control y la gestión de una compañía que en 2022 facturaba 42 veces más que la suya. Hubiera sido un escándalo de dimensiones cósmicas.

De la Rocha, el impulsor oficial de la fusión Indra-Escribano se cayó del caballo y, en un giro de guion, promovió la destitución de Ángel Escribano al frente de Indra para colocar a Ángel Simón, que se encontraba en paro desde hace un año, cuando Isidro Fainé le despidió de CEO de CriteriaCaixa por exceso de celo. Es como si De la Rocha devolviera a Simón el favor que le hizo cuando le prestó los votos en Telefónica para ejecutar a Pallete.

Esta batalla tiene dos beneficiarios, los Escribano y JP Morgan, que han ingresado alrededor de 1.300 millones, con un beneficio y reparto que sólo saben ellos. Eso sí, los hermanos Escribano no se han visto en otra igual. A ver qué hacen con tanto dinero ganado rápido y fácil. Parece que la industria de defensa y los medios de comunicación maridan bien, pues hay pocos misiles con tanta puntería. Mientras, Indra y la industria española de defensa llevan dos años perdidos y Rheinmetall, Thales y Leonardo siguen alejándose.

La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI ha acogido este miércoles la comparecencia del auditor que analizó las cuentas de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de dinero público en la pandemia y que está en el punto de mira de la Justicia. El auditor Jesús Ángel Carbajo ha reconocido que durante esos trabajos vio “alguna factura” de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero que estuvo contratado por la aerolínea como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela y que, a su vez, contrató los servicios del expresidente por supuestos informes geoestratégicos.

Según información de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) aportada a la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Plus Ultra pagó a Análisis Relevante un total de 301.290 euros entre 2020 y 2025. Además, otra de las empresas de Julio Martínez Martínez, Idella, firmó con Plus Ultra en enero de 2021 un contrato de “prestación de servicios de asesoramiento y enfoque estratégico” por el que, si se lograba el préstamo, el empresario percibiría un 1% más IVA de los 53 millones. Esto es, alrededor de 640.000 euros.

El auto admite que no hay “constancia del pago [de esa cantidad] en España” y apunta que esa remuneración se podría haber canalizado a través de una sociedad en Dubái creada a petición de Zapatero. Fuentes del entorno del expresidente señalan que han tenido conocimiento por terceros implicados en la trama de que esa sociedad de Dubái nunca llegó a crearse a pesar de que Julio Martínez Martínez sí se lo propuso a Tomás Guerrero, quien dirigía una oficina del Gobierno del emirato dedicada a facilitar exportaciones.

Sin embargo, el auto también hace referencia a un encuentro que tuvo lugar el 2 de marzo de 2021, con la ayuda de la SEPI a punto de ser aprobada, entre la cúpula de la aerolínea y Julio Martínez Martínez en la terraza de un restaurante. Ante la broma de este último sobre quién pagaría la cuenta señalando que “la SEPI no aprueba esos gastos”, el director financiero de Plus Ultra respondió: “Tranquilo, eso sale del 1%”.

En la comparecencia, el senador del PP Salvador de Foronda ha preguntado al auditor si la “salida de dinero” para esa presunta comisión del 1% estaba reflejada en la contabilidad de la compañía. “Sí, eso sí”, ha afirmado el auditor. Horas después, en conversación con este periódico, el auditor ha matizado que en ningún caso se quiso referir en su respuesta a una comisión del 1% por el rescate, sino que quiso confirmar que hubo pagos a la empresa de Julio Martínez Martínez tal y como reflejaba la contabilidad de la compañía.

Niega “irregularidades” en las cuentas 

Por otro lado, el auditor ha reiterado que no vio “irregularidades” en las cuentas de la aerolínea. “Los informes técnicos de auditoría son normas muy pautadas y nosotros tenemos la obligación de mirar cosas muy concretas y con esas es con las que emitimos. Todos los años, desde que llevamos auditando a la compañía, hemos hecho especial hincapié en los párrafos de énfasis porque era lo que considerábamos adecuado que había que hacer, no hemos considerado que hubiera que poner una salvedad porque una salvedad hubiera determinado que nuestro informe hubiera sido negativo porque hubiera irregularidades y nosotros irregularidades no hemos detectado”, ha aseverado.

La comparecencia del auditor se produce un día después de que trascendiera el auto del juez José Luis Calama que sitúa el origen de la trama corrupta en la que implica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una reunión celebrada en el Ministerio de Transportes entre altos cargos de ese departamento y directivos de Plus Ultra. Tras esa reunión, los directivos alardearon de que habían sido recibidos por las “altas recomendaciones” y que el “pana Zapatero” estaba “detrás”. 

La resolución judicial no aclara si el rescate (préstamo) aprobado por el Consejo de Ministros a favor de Plus Ultra tuvo su origen en las presiones de los colaboradores de Plus Ultra, pero considera probado que la compañía pagó el 1% del préstamo a una empresa creada en Dubái por orden de Zapatero y solo participada por la compañía de Julio Martínez Martínez. 

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elDiario.es publicó una primera versión de esta información con el siguiente titular: “El auditor de Plus Ultra dice que la comisión del 1% del rescate para el amigo de Zapatero figuraba en la contabilidad”. El titular se basaba en la respuesta textual que ofreció el auditor a una de las preguntas formuladas por el portavoz del PP. Horas después, en conversación con este periódico, el auditor matizó que en ningún caso se quiso referir a una comisión del 1% por el rescate sino que quiso confirmar que hubo pagos a la empresa de Julio Martínez Martínez tal y como reflejaba la contabilidad de la compañía.

El juez José Luis Calama califica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de “núcleo decisor y estratégico” de la red de corrupción destapada en el caso Plus Ultra. En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez sostiene que el liderazgo de Zapatero “no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas”. 

La resolución judicial alude a “múltiples evidencias” sobre la “existencia de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero”. La finalidad, indica el juez, “habría sido la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la compañía Plus Ultra”.

El magistrado Calama apunta que “la actuación de esta red”, presuntamente liderada por Zapatero, “se desarrollaría bajo una apariencia formal de asesoramiento, representación institucional o consultoría estratégica, encubriendo en realidad una operativa dirigida a obtener decisiones administrativas favorables a cambio de contraprestaciones económicas”.

Entre las evidencias se recogen conversaciones entre terceros que hacen referencia a su capacidad de decisión, tales como 'Nuestro pana Zapatero detrás', 'lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana' o 'no sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI'.

De nuevo, la pandemia del Covid-19 es el detonante de la presunta trama de corrupción. El juez sitúa su arranque en la actuación de los directivos de la compañía Plus Ultra, que “buscaron vías ajenas a los cauces legalmente establecidos para acceder a las ayudas públicas creadas”. Tal es así que los directivos de la empresa contactaron con José Luis Ábalos, a través de Koldo García, y al tiempo abrieron otra vía hacia Zapatero, contactando con su “entorno”, que el juez identifica con los investigados Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo García.

Una semana después de que el Gobierno pusiera las bases para las ayudas, Plus Ultra contrató a Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. Para obtener la ayuda, Plus Ultra aportó “datos falsos”. La compañía, relata en su auto el juez, accedió a “información privilegiada” y supo de la concesión de las ayudas antes de que se publicaran, tal y como consta en mensajes incautados a Julio Martínez.

“El contacto de Plus Ultra con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero no fue casual sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura”, continúa el juez.

El juez asegura que consta en las actuaciones, como indiciariamente acreditado, que Zapatero “impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middel East Fszo), cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años”. Esa empresa “habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español”.

El auto recoge también análisis financiero de la trama que, a su juicio, confirma que Rodríguez Zapatero y su entorno son “los beneficiarios finales de la operativa”. Así, relata que la sociedad Análisis Relevante -de Julio Martínez- percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros. Y esta, posteriormente, remite cantidades significativas al expresidente (490.780 euros) y a la sociedad de sus hijas Whathefav (239.755 euros).

Añade a esto que la mercantil Inteligencia Prospectiva canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, Whathefav y una tercera empresa, Gate Center, y estas entidades redistribuyen fondos hacia Zapatero y su entorno familiar.

La resolución indica que se han detectado asimismo “transferencias relevantes a cuentas de las hijas (de Zapatero), ”adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, reafirmando la utilización personal (por parte del expresidente) de los fondos obtenidos“.

Colaboración de Estados Unidos

El auto recoge que la investigación de la UDEF contó con la colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) -vinculada a control de inmigración y aduanas-. A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la HSI puso a disposición de la UDEF la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas, quien era el socio venezolano de la aerolínea Plus Ultra. Se da la circunstancia de que un gran número de conversaciones recogidas en el auto del juez tienen como protagonista al propio Reyes.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido rebajar las medidas cautelares que se les impuso en diciembre de 2025 al empresario Julio Martínez -amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero-, al presidente de la aerolínea Plus Ultra Julio Martínez Sola y al CEO de la compañía Roberto Roselli. Este martes ha acordado que ya no tendrán que acudir a los juzgados cada quince días para firmar y que les retira la prohibición de salir de territorio nacional de manera que podrán moverse por territorio Schengen, según avanza El País y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es.

Cabe recordar que en diciembre, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Alfredo Barrera, acordó poner en libertad provisional con medidas cautelares a los tres. Habían sido detenidos en el marco de una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por pertenecer presuntamente a una organización criminal que se dedicaba al blanqueo de capitales de Venezuela y que, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, pudo valerse del rescate público de esa aerolínea para el blanqueo de fondos.

La causa, que acabó en la Audiencia Nacional, permanece secreta y precisamente hace escasos días el magistrado acordaba prorrogar un mes más ese secreto, de manera que los encausados sólo tienen conocimiento de decisiones como la de este martes porque les afecta a su condición procesal personal.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela, según consta en la querella presentada por el Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y dedicada a blanquear en esos países dinero “ilícito” procedente de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela “de muy alta cuantía”.

La querella cita fondos públicos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela. A juicio de los investigadores, esos contratos “dan cobertura” a devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la supuesta red de blanqueo, tras recibir la ayuda pública. La organización está constituida presuntamente por varios ciudadanos de origen extranjero (Venezuela, Perú y Países Bajos), así como de un abogado español. 

La denuncia de Anticorrupción se basa en la información contenida en comisiones rogatorias recibidas de Francia (Parquet National Financier) y de Suiza (Fiscalía de Ginebra). En una de ellas, se solicitó por las autoridades francesas la práctica de entradas y registros en domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo y Tenerife, y en otra procedente de Suiza se solicitó también la entrada y registro en un domicilio de Mallorca. Esos registros fueron autorizados por la Audiencia Nacional. 

Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional sobre estos hechos el 21 de octubre de 2024 contra estas seis personas. Pero el Juzgado de Instrucción 2 la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. La Sala de lo Penal confirmó esta decisión hace un año y estableció que la competencia corresponde al juzgado ordinario de los lugares donde se realizaron los hechos. 

Ángel Simón asume la presidencia de Indra en un momento de transición delicada, marcado por la salida de Ángel Escribano y por la necesidad de estabilizar una compañía sometida a insostenibles tensiones internas y a una fuerte exposición política. El de Simón era uno de los nombres que sonaban con más fuerza en los mentideros financieros del poder. Próximo al socialismo –ha sido propuesto por el Gobierno a través de la La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el principal accionista con el 28% del capital–, su elección apunta a un perfil con capacidad ejecutiva y experiencia en grandes estructuras corporativas, pero también introduce un elemento de incertidumbre sobre el estilo de liderazgo que imprimirá en una empresa donde el equilibrio entre lo industrial y lo institucional es especialmente frágil.

Con una trayectoria consolidada en la gestión de grandes grupos, como CriteriaCaixa y Veolia (antes en Grupo Agbar y en Suez), Simón no responde al arquetipo del directivo de bajo perfil. Su paso más reciente por CriteriaCaixa, el brazo inversor de Fundación La Caixa, terminó de forma abrupta tras un conflicto con Isidro Fainé que evidenció diferencias tanto estratégicas como de gobernanza. Ese episodio, aunque no define por completo su carrera, sí ofrece una pista sobre su manera de entender el poder empresarial: mayor autonomía en la toma de decisiones y una clara vocación de imprimir dirección propia a las organizaciones que lidera.

Este enfoque puede ser tanto una fortaleza como un riesgo en Indra, tal y como hemos visto con Escribano. La compañía necesita liderazgo para ordenar su estrategia en sectores clave como defensa, tecnología y digitalización, en un contexto europeo de rearme industrial y creciente competencia. Pero al mismo tiempo, su estructura accionarial —con presencia del Estado y otros actores relevantes— exige una gestión especialmente cuidadosa de los equilibrios internos. La capacidad de Simón para moverse en ese terreno será determinante.

También lo será la relación con el –por el momento– consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, también con un marcado estilo de liderazgo. El mandato de De los Mozos, que llegó a Indra en 2023 tras una trayectoria de cuatro décadas en Renault,  vence este mes de junio, cuando se celebre la próxima junta de accionistas, aún sin fecha. Algunas fuentes apuntan que había trasladado al consejo su voluntad de no continuar por la tensión con Escribano.

Pero ahora la fotografía es otra. Y sus condiciones salariales también. En el último consejo de administración ordinario, celebrado el 25 de marzo, Indra elevó un 55% el sueldo de De los Mozos, hasta los 4,9 millones de euros, con el objetivo de asegurar su continuidad hasta 2029. Resuelto el lío en la presidencia, el foco apunta ahora a la posición de CEO. Por el desgaste del actual y porque a Simón le gusta rodearse de directivos de su máxima confianza, como hizo en Criteria. Que el nuevo presidente no tenga funciones ejecutivas –a diferencia de su predecesor– facilitará la cohabitación.

Otra incógnita, mucho más relevante, es ver si, ya sin Ángel Escribano en la cúspide de la compañía, Indra recupera el proyecto de adquirir –y por cuánto, ¿formará parte del pacto entre Escribano y Moncloa para que haya acabado dimitiendo?– su empresa familiar, EM&E, que es lo que ha generado el conflicto de interés que ha desencadenado la convulsa crisis de gobernanza en la compañía semipública.

En términos económicos y de proyecto industrial, el reto de Simón es claro: acelerar la estrategia llevada a cabo hasta la fecha para convertirse en el “campeón nacional” de defensa en España y recuperar credibilidad ante los inversores. El ejecutivo catalán (Manresa, 1957) llega con el mandato implícito de convertir esa expectativa en resultados medibles, algo que no siempre ha sido sencillo en etapas anteriores.

El nombramiento de Simón abre una etapa en la que se espera menos ruido y más dirección, pero no necesariamente menos tensión. El mercado le concederá un margen inicial, aunque condicionado por su historial reciente y por la complejidad del entorno en el que aterriza. En Indra, como en CriteriaCaixa, la cuestión no será solo qué decisiones toma, sino cómo y con quién las toma.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, presentará esta tarde su dimisión de todos sus cargos en la compañía en un consejo extraordinario que celebrará la empresa este miércoles.

Así, tal y como han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press y ha adelantado el diario 'La Razón', este consejo tendrá lugar este miércoles a las cinco de la tarde para abordar el mencionado asunto.

Esta decisión de Escribano llega tras semanas de presiones del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que dejase el puesto de máxima responsabilidad de la firma de tecnología y defensa.

Esta decisión ha provocado la caída de los títulos de Indra, que se apuntan un paso atrás de más del 5% a la espera del consejo de administración extraordinario.

La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio se ha concentrado este miércoles ante las Juntas Generales de Álava, donde los partidos discutían varias mociones sobre la crítica situación de la empresa. El debate partía de una iniciativa presentada por Elkarrekin, pero finalmente se han votado, además de la moción de esta formación, otra de los partidos del Gobierno foral -PNV y PSE-EE- otra de EH Bildu y otra del PP, sin que ninguna haya conseguido votos suficientes para salir adelante. El desencuentro ha llegado entre acusaciones de unos y otros de usar la situación de la empresa y de sus trabajadores para buscar el rédito político, y constituye en cierto modo un espejo del callejón de difícil salida en el que se encuentra la empresa, a la espera de que un milagro en forma de quita de la deuda, permita su viabilidad, al menos en el corto plazo.

El ERE de 301 trabajadores -salvo 27 de Trápaga, la mayoría de la planta de Amurrio- se ha cerrado finalmente con bajas voluntarias, según comunicó la empresa el pasado lunes, pese a que el periodo de consultas se cerró sin acuerdo. Un “cierre en falso”, según los sindicatos que desde el principio han estado a favor de no aceptar las condiciones del ERE -ELA, LAB y ESK-, porque la empresa ofrece a estos trabajadores que se han sumado a las bajas voluntarias unas cantidades de dinero que hoy por hoy no tiene. Estos trabajadores se van prejubilados a los 57 años con un plan de rentas al 70% del salario bruto o en salidas voluntarias con indemnizaciones de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años. Es decir, que todo está pendiente de una renegociación de la deuda, por un lado, y de que entre 'dinero fresco' en la empresa, es decir de un inversor.

Allanar el camino del acuerdo social, era el primer paso. Un ERE aplicado en desacuerdo y probablemente judicializado haría imposible pasar a la renegociación de la deuda. Pero no por eso esa renegociación será más fácil, sobre todo porque asciende a 241 millones de euros, y la Sepi es el principal acreedor. Esto supone que para que la banca y el resto de acreedores admitan una negociación, la primera condición es cerrar un acuerdo con Sepi. Y Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda con Sepi. Renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y ahí pueden entrar muchos factores al margen de la voluntad política que el Gobierno central dice tener para intentar salvar la situación de la empresa. No parece una tarea fácil.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, anunció este martes que propondría una fórmula “extraordinaria” que permitiría “abrir una vía legal” para que la Sepi “pueda reestructurar su deuda” en Tubos Reunidos. Una “fórmula extraordinaria” para responder a “situaciones extraordinarias”, señaló, sin que haya transcendido en qué podría consistir esa vía sin que el trato de la sociedad estatal a Tubos Reunidos entrara en colisión con el que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Sepi siempre ha descartado la posibilidad de entrar en quitas, porque podrían entenderse como ayudas de Estado, aunque sí podría renegociar plazos de pagos.

Hay que recordar que Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros en 2021 concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19. Un préstamo que, además, está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Respecto a la posible ayuda del Gobierno vasco, al margen de renegociar la propia deuda que la empresa mantiene con el Ejecutivo, Jauregi descartó la posibilidad de otorgar un “crédito rápido” a la empresa. “El Gobierno vasco no es el INI [Instituto Nacional de Industria], no tenemos la vocación de hacer este tipo de cosas; nunca la hemos tenido y ahora tampoco vamos a empezar a hacer estas cosas”, indicó. A partir de ahora toca esperar la decisión de Sepi para que la empresa inicie los siguientes pasos de su plan de reestructuración. Mientras, los trabajadores de Amurrio mantienen la huelga indefinida. Quieren que se retire el ERE y que se dé marcha atrás en el cierre de la acería.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga si la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso -vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán- amañaron contratos públicos a cambio de mordidas, ha dictado una resolución que puede suponer un punto y aparte en esta causa: Ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presente en su juzgado “todos los efectos originales intervenidos” en el registro del domicilio de Leire Díez y ha prohibido a esa unidad investigadora usar el contenido de los dispositivos incautados hasta que no se haya realizado un expurgo con el que quiere apartar todo lo que no sea objeto de investigación.

La providencia, fechada el pasado 4 de marzo y a la que ha tenido acceso elDiario.es, es prueba inequívoca de que el magistrado quiere tener el control total sobre la investigación que desarrolla la UCO, misma unidad encargada de las pesquisas del caso Begoña Gómez o del caso Koldo. De hecho, en esta misma resolución, acuerda abrir una pieza separada y reservada para ese expurgo, una medida excepcional teniendo en cuenta que la causa ya está bajo secreto y que el mismo se prorrogó hace escasos días y se prevé que se extienda como máximo hasta el próximo 8 de abril, cuando las partes personadas podrían tener acceso al sumario.

Esta decisión de 'separar el grano de la paja' va en consonancia con otras que ha ido adoptando a lo largo de estos tres meses de instrucción el magistrado. Sin ir más lejos, desde el arranque de este 2026 ha ido autorizando y liberando el uso de determinadas cuentas bancarias para que tanto los investigados como sus familiares puedan hacer frente a gastos ordinarios. Pero, además, el expurgo está directamente relacionado con uno de los últimos escritos presentados por la defensa de la que fuera exconcejal socialista.

En él, además de solicitar la devolución de los dispositivos incautados a Díez y a su esposo en la entrada y registro del mes de diciembre, la letrada solicitaba nuevos desbloqueos de cuentas -de las hijas del matrimonio y de su madre- y, lo que es más relevante, “el expurgo de cualquier actuación procesal, documentación o información que no tenga que ver con los hechos objeto de la causa o con el periodo en que se concretan dichos hechos” -de 2021 a 2023-. Y lanzaba un mensaje al respecto: Las investigaciones prospectivas están prohibidas en un Estado de Derecho.

Al hilo, la defensa explicaba que, en caso de que no se apartara de la causa todo lo que no tuviera que ver con el objeto de la investigación, la UCO podría recabar “diligencias que nada tienen que ver con los hechos” y se podrían emitir “juicios de valor por lo que es, lo que hace, cómo vive o cómo actúa una persona en todo su ámbito personal, profesional o vital”. Esto, añadía, permitiría que “entrara en juego el derecho penal de autor y no de acto, que es el que prima (…), donde solo se persiguen conductas concretas enmarcadas en un periodo de tiempo, sin posibilidad de instrumentalizar el proceso penal para enjuiciar a una persona por su pasado, su presente y su futuro”.

La petición de expurgo, según ese escrito, era necesaria porque, como muestra un botón, los agentes de la UCO “se incautaron incluso las agendas de 2025 de Leire Díez, que difícilmente, y por ser del año 2025, podrían tener que ver con los hechos investigados”.

Además, la letrada de la exmilitante socialista denunciaba que los agentes modificaron las contraseñas de los correos electrónicos tanto de Díez como de su esposo después de que ambos se las facilitaran. Y esto, añadía, da pie a que la UCO tenga acceso íntegro al correo de ambos en tiempo real con notificaciones del día a día y de toda índole: citas médicas, correos de clientes, datos económicos, etc.

Los contratos investigados

Cabe recordar que en esta causa se pone el foco en hasta cinco contratos o concesiones públicas sobre los que, presumiblemente, los investigados habrían podido ejercer algún tipo de influencia a cambio de comisiones ilegales. Una de ellas, quizá la más relevante, es la del rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos, el grupo vasco dedicado a la fabricación de tubos de acero que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021.

Otro de los contratos investigados tiene que ver con una adjudicación de Mercasa a la empresa Servinabar -empresa participada, según la UCO, por Antxon Alonso y Cerdán- por valor de 18.119,75 euros. El tercero es el relativo a la adjudicación de un contrato público de Enusa (Empresa Nacional del Uranio) a Residuos de Melilla (Remesa) por valor de 17.545 euros. A estos se suma el del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), que habría concedido una adjudicación a la empresa de derribos Erri Berri por valor de 2,8 millones, lo que habría dejado una comisión ilegal de esa empresa a los investigados de 400.000 euros, siempre según la diligencia de ordenación a la que tuvo acceso elDiario.es.

El quinto de los asuntos supuestamente amañados estaría relacionado con Forestalia Arapallet, que habría recibido una ayuda de Sepides, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, por valor de 17,32 millones de euros y por el que los investigados se habrían embolsado 200.000 euros.

“Naturaleza viva”. Con estas palabras describe la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la finca pública 'Dehesa de Castilseras', ubicada entre los términos municipales de Almadén, Almadenejos y Alamillo, al suroeste de la provincia de Ciudad Real. El holding estatal tiene el 100% de las participaciones de esta finca a través de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA). Es esta última quien realiza la explotación de las 9.000 hectáreas de la finca estatal, destinadas fundamentalmente a la ganadería ovina y vacuna, al aprovechamiento cinegético mediante la realización de monterías (caza colectiva), la gestión forestal y el ecoturismo.

Pero lo que pasó en uno de sus cuatro cotos de caza el pasado 25 de enero tiene poco que ver con esa premisa de naturaleza en estado puro. Una montería, organizada, según ha podido saber este medio, por la empresa 'Cinegética Lomas de Teresa', se saldó con la matanza de cerca de mil ciervos, venados y gamos. Se trata de una cifra aproximada que han estimado fuentes locales testigos de los hechos consultadas por este medio. Ni la Guardia Civil ni la empresa pública saben con certeza cuántos animales se abatieron.

La cuestión pasó desapercibida en un principio, pero el alcalde de Almadenejos, Alberto Redondo, dio la voz de alarma cuando hizo públicas algunas fotografías de lo que considera una “masacre total”.

El asunto llegó a manos del Seprona y la Guardia Civil inició una operación para investigar los hechos, constatando que se había abatido un 48% más de los ejemplares autorizados para la montería.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron al sospecharse de un posible incumplimiento de los cupos de extracción autorizados para dicha montería. Este exceso supuso “una alteración significativa” del plan de ordenación cinegética de la zona y un “impacto directo sobre la gestión sostenible de las especies”. Aparte del exceso de capturas, la patrulla interviniente del Seprona detectó otras presuntas infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas.

Asimismo, se detectaron irregularidades relativas a la gestión de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH). Es decir, sobre la recogida de los animales muertos que no se destinaron a la alimentación. Las citadas fuentes locales apuntan que, de esa montería de enero, se dejaron unos 300 ejemplares sin recoger durante varios días.

Por otra parte, fuentes de la investigación han precisado a este medio que todavía se están incoando las actuaciones para determinar el alcance de las responsabilidades, aunque han precisado que es el órgano sustantivo medioambiental del Gobierno regional quien debe determinar las sanciones.

Posibles sanciones y suspensión de la actividad cinegética

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando en coordinación con el Seprona en la investigación de los hechos “para llegar al fondo del asunto”. Desde este departamento precisan que cuando dispongan de toda la información se tomarán las medidas oportunas, entre ellas, la posible suspensión de la actividad cinegética y sanciones económicas al gestor de la montería, en este caso, la empresa arrendataria. El inicio del procedimiento administrativo está a expensas de otras responsabilidades que la investigación podría determinar.

Precisamente, la Guardia Civil ha cursado las correspondientes denuncias por infracciones graves al vulnerarse la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y la normativa vigente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Con carácter general, en Castilla-La Mancha, incumplir el plan cinegético contraviene la Ley regional de Caza. Superar en casi un 50% el límite de capturas permitido puede conllevar expedientes sancionadores por infracciones graves o muy graves. Esta posibilidad contempla multas de entre 50.000 y 300.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza, la inhabilitación para obtenerla por un periodo de entre uno y diez años, la anulación del acotado o zona colectiva de caza en los casos más extremos de infracciones muy graves, e indemnizaciones por daños y perjuicios, que obligan a pagar por cada animal abatido fuera de plan según el baremo de valoración de especies de la comunidad.

El SEPRONA ha solicitado además la realización de un estudio técnico de la población de las especies en la finca: quiere saber si la “presión cinegética” ejercida se adecua a la realidad biológica del terreno o “si ha comprometido la viabilidad de la fauna local”.

Pero, ¿quién está detrás de esta montería y qué pasó? La finca 'Dehesa de Castilseras' tiene externalizada la concesión de la explotación cinegética de sus cuatro cotos de caza desde 2021 y durante un periodo de diez años. Actualmente, según el Portal de Contratación, el pliego de condiciones técnicas y el resultado de la licitación, la empresa encargada es 'Cinegética Lomas de Teresa, S.L.' (anteriormente denominada 'Cinegética Castilseras').

Esta empresa, activa en el Registro Mercantil y con sede en Almadén, tiene como objeto social, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la organización de cacerías en todas sus modalidades: compraventa de animales y comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.

Funciona mediante un contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético licitado por MAYASA desde 2021. Actualmente, ese contrato está vigente. Fue la empresa encargada de la montería. El administrador único de Cinegética Lomas de Teresa es Sebastián Gutiérrez Gañán, pero al cierre de esta información, este medio no ha podido ponerse en contacto ni con la empresa ni con su administrador para recoger los detalles de los hechos o las causas por las que se sobrepasó el cupo autorizado.

Sí se ha pronunciado MAYASA, como “principal perjudicada” de estos hechos. Fuentes de la empresa han indicado a este medio su “profundo descontento” con la compañía que organizó esa caza colectiva, a la que consideran “responsable absoluta”. Esta empresa de la SEPI afirma que está colaborando con el SEPRONA en todo lo necesario y que conoció los hechos con posterioridad debido a su “exposición pública”, ya que, una vez arrendado el aprovechamiento cinegético, la responsabilidad es de la empresa encargada.

Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética

MAYASA

“Es una situación muy desagradable para nosotros. Es la primera vez que ocurre algo así y es enorme el perjuicio que nos ha causado, a nivel cinegético y a nivel de naturaleza, cuando la dehesa es un lugar maravilloso, y más cuando nosotros ni lo hemos promovido, ni hemos mirado para otro lado. Todo lo contrario. Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética”, lamentan.

Efectivamente, este tipo de monterías no solo requieren de la autorización de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sino que también deben ajustarse al contrato firmado con la finca donde se desarrollan. Y en ese contrato, según ha constatado este medio, existe una “declaración responsable” en la que la empresa que las gestiona, en este caso 'Cinegética Lomas de Teresa S.L.', se compromete a cumplir la normativa vigente y con los cupos autorizados, a poner todos los medios necesarios para la recogida de las capturas y, si se comercializa la carne para consumo humano, a tramitarlo con la autoridad sanitaria.

Para rizar más el rizo, la empresa gestora de la montería también puede, a su vez, subcontratar. Y según ese contrato, es la responsable de “todas las acciones, deficiencias o negligencias” de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y obreros y actuaciones realizadas“, así como del cumplimiento de las obligaciones legales. De hecho, añade que nada de lo contenido en este documento ”se entenderá que establece un vínculo o relación entre MAYASA y los subcontratistas“.

Cada vez que se organiza una montería se firma ese contrato y esa declaración, como también fue en este caso. Es decir, la empresa arrendataria asumió con ello la responsabilidad. Y al no cumplir con los requisitos establecidos, es previsible que MAYASA rescinda el contrato con ella e incluso llegue a la vía jurídica si así lo considera. El contrato aduce, entre las causas de incumplimiento, el “exceso respecto de los cupos de captura” en cada temporada.

Sobre las posibles sanciones se ha pronunciado también el Ministerio para la Transición Ecológica para recordar que la competencia es de la comunidad autónoma, cuyo gobierno aprueba los planes de ordenación cinegética, los cupos de capturas, las autorizaciones de monterías y el régimen sancionador. Este Ministerio solo intervendría si hubiera afección a especies protegidas, espacios de la Red Natura 2000 o normativa estatal de biodiversidad, un extremo que por el momento no se ha confirmado.

De cualquier forma, el alcalde de Almadenejos, el que dio la voz de alarma en redes sociales y puso al Seprona sobre la pista de lo que considera una “masacre, una matanza total”, señala que ya no “soporta” la situación. Según afirma, y pese a que MAYASA no le consta, esta montería no es la primera que se realiza por encima de los cupos establecidos.

El alcalde de esta pequeña localidad de unos 400 habitantes afirma que estas prácticas de “cazar por encima de lo permitido” son habituales en la finca pero que en esta ocasión “se les ha ido de las manos”, no solo por el número de animales abatidos, sino también porque han dejado “muchos cadáveres sin recoger” tanto en los caminos de la zona como en las naves de su propiedad. “Todos ahí amontonados”, lamenta.

Precisamente, el contrato y “declaración responsable” de 'Cinegética Lomas de Teresa' con MAYASA también incluye que la primera debe hacerse cargo de la gestión de los cadáveres de los animales, con los remolques y medios necesarios. Pero el hecho de que se superara tan ampliamente el cupo autorizado provocó que muchos de ellos se acumularan en el muladar (un espacio vallado para depositar los cadáveres) y que terminaran por no ser aptos para consumo humano, sino únicamente para aves necrófagas como el buitre. Actualmente están todos retirados.

Ahí matan todo lo que entra

Alberto Redondo — Alcalde de Almadenejos

“No se puede gestionar todo tan mal. Es un daño inmenso a la fauna y a la naturaleza, y todo ello en una finca que gestiona el Gobierno. Está bien que el SEPRONA ya lo esté investigando, pero ha sido un poco tarde. Y además deberían investigar otras monterías anteriores, porque en diciembre supimos de otra donde también mataron una cantidad enorme de venados y ciervos. Pero esto último ha sido una masacre. Es que ahí matan todo lo que entra”, destaca el alcalde.

De hecho, Alberto Redondo pone el acento en que, en esas monterías, ni la empresa encargada ni la finca supervisan “lo que se mata”. Aduce que no respetan si son hembras preñadas o gabatos (crías de ciervo) que no llegan al año de vida. “Es que no entiendo que se pueda hacer algo así”, insiste.

Pese a que la responsabilidad apunta a la empresa gestora de la montería, el alcalde de Almadenejos se muestra muy crítico con esta finca de MAYASA. “Está muy mal gestionada. Que una finca con 9.000 hectáreas, con unas 8.000 ovejas y 700 vacas, tenga tres o cuatro millones de euros en pérdidas da mucho que pensar. Es difícil saber por qué se permite algo así”. Apunta además que en muchas ocasiones agrupan a todas las ovejas juntas en los establos en vez de repartirlas por todas las hectáreas, dejando vacías otras muchas instalaciones porque “solo las quieren para la caza”.

El alcalde relata por su parte que en la finca llegó a ejecutarse un regadío de maizal y una fábrica de pienso “que era el mejor que había por estos contornos”; y cuando más se producía “se lo cargaron todo”. Añade que ahora los propietarios quieren sembrar olivo y pistacho en unas pocas hectáreas y “seguro que también las acaban abandonando”. “Siempre trabajan a pérdidas. ¿Por qué?”.

El Plan Estrátegico de la empresa pública

La empresa pública, tras la publicación inicial de este reportaje, ha negado todas estas acusaciones. Asegura que es “rentable y viable”. De hecho, el pasado mes de noviembre aprobó su Plan Estratégico, cuyo objetivo es lograr la “rentabilidad y sostenibilidad financiera” a través de los negocios agropecuarios y turísticos, promoviendo el potencial de la 'Dehesa de Castilseras' y del parque minero de Almadén, “un patrimonio histórico nacional asociado a la histórica actividad minera reconocido a nivel nacional e internacional por su valor cultural”.

Esta propuesta estratégica lleva aparejada una inversión de 12,7 millones de euros hasta 2032, destinados a la optimización y diversificación de los negocios, permitiendo así que MAYASA siga siendo “un importante foco de generación de empleo y riqueza para la comarca”. También se estima un crecimiento y evolución de la cifra de negocio, alcanzando los ocho millones de euros al final del marco temporal. La empresa considera que el sector cinegético es importante, pero no es el núcleo de actividad principal de la Dehesa.

Pero, aparte, la indignación de este alcalde le lleva a pedir al Gobierno que permita a cada uno de los tres términos municipales en los que se ubica la finca pública explotar esos terrenos. “Esto es una zona muy empobrecida y podríamos dar más vida a nuestro medio rural si a cada pueblo le dieran la zona de la finca de su término municipal, para que lo gestionáramos desde los ayuntamientos. Ahora seguramente van a cerrar el coto donde se hizo esa montería, pero van a poder seguir cazando, cuando lo que tendrían que hacer es cerrarlo todo y que se repueble”, concluye.

Al margen de los afectados, uno de los pocos colectivos sociales que se han hecho eco de esta polémica ha sido la Plataforma NAC (No A la Caza), que ha calificado de “aberración” una montería que “solo pone de manifiesto la crueldad del sector cinegético”. “Los fines recreativos, especulativos y comerciales que sustentan la actividad cinegética, influyen negativamente en la conservación de las especies acelerando procesos de desequilibrio poblacional, degradación ecológica y extinción”, denuncia Juana Elisabet García, portavoz de la plataforma. 

Según apunta, la ciencia ha demostrado que la caza no regula los ecosistemas sino que los “desestabiliza”, puesto que los “verdaderos gestores naturales” son los 'superdepredadores' como el lobo ibérico, el águila imperial o el lince que controlan las poblaciones en función del territorio y los recursos disponibles. 

“La mayoría de las comunidades autónomas no realizan todo el esfuerzo necesario para el adecuado cumplimiento de la legislación europea. La caza no es un deporte, solo conlleva el sufrimiento de muchos animales. Y no vamos a parar hasta conseguir que se prohíba cualquier actividad cinegética que cause maltrato, explotación o muerte de un ser vivo, promoviendo la protección de los animales y sus derechos y la conservación de la fauna silvestre y la naturaleza”.

Una dehesa histórica

La SEPI recoge en un documento la historia de la 'Dehesa de Castilseras' y cómo está unida a las minas de Almadén, todavía símbolo de esta comarca de Ciudad Real. En el siglo XIV, estas minas formaban parte la Encomienda de Castilseras perteneciente a la Orden de Calatrava, creada a mediados del siglo XII, que no las explotaba por sí misma, sino que, ya por entonces, las arrendaba.

Fueron los Reyes Católicos los que manifestaron al último maestre su intención de que la citada Orden se incorporara a la Corona de España. Por bula papal de 1523, el papa Adriano VI dejó vinculados a perpetuidad los bienes de la Orden de Calatrava a la Corona de España y dos años después comenzaría un largo periodo durante el cual dichos bienes fueron arrendados mediante varios asientos a los banqueros alemanes Fugger, quienes habían ayudado a Carlos I a ser elegido emperador.

Pero en 1778, el superintendente de las minas, Gaspar Soler, suplicó a Carlos III que la Dehesa de Castilseras fuera incorporada al término de Almadén. Esta solicitud venía justificada por la falta de trabajadores para las minas. El rey solicitó al papa Pío VI la incorporación de la Encomienda de Castilseras a la Corona de España, lo que aceptó el Sumo Pontífice. En 1780 Soler tomó posesión de Castilseras.

A principios del siglo XX, Castilseras se dividía en pequeñas parcelas, conocidas como ‘suertes’. Su concesión a favor de los mineros se hacía por períodos de nueve años y la superficie de cada una era, aproximadamente, de 0,8 hectáreas.

Destaca este documento que Castilseras posee terrenos adehesados muy aptos para la ganadería, lo que unido a la climatología ha hecho que esta zona sea desde la antigüedad territorio de invernada de los rebaños trashumantes castellanos del norte. Entre la gran variedad de fauna destaca el águila real, el águila perdicera, el buitre negro, el buitre leonado, la nutria y el jabalí, junto con ciervos, gamos, cigüeñas negras, perdices y tórtolas.

La gestión diaria de Castilseras la realizan 22 trabajadores entre mayorales, pastores, agricultores, tractoristas y guardas.

El PP ha anunciado que citará a la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, María Jesús Montero, en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Senado. Aún sin fecha fijada para esta comparecencia, también tienen previsto llamar a los tres secretarios de Estado de Hacienda y los presidentes del holding empresarial con participación estatal que engloba a algunas de las principales empresas públicas durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares anunciaron en enero la creación de esta comisión para indagar en “la caja negra de la SEPI” ya que, según explicaron, “pudo servir, entre otras cosas, para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescates a empresas” como la aerolínea Plus Ultra, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador.

Además, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, también ha anunciado este viernes que citará por tercera vez a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. En este caso, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a su “intervención” en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas que afecta al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, García ha señalado que las últimas revelaciones son “gravísimas” y sitúan a Pardo de Vera como “protagonista” de la “trama de amaños de contratos y de cobro de comisiones en la contratación de mascarillas”. “En plena pandemia, mientras los españoles estaban confinados, estamos hablando de comisiones ilegales en los contratos de mascarillas”, ha dicho.

Según la portavoz popular, la expresidenta de Adif era “la mano derecha” de Ábalos y una intermediaria política “clave” en la interlocución con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Además, la ha acusado de “borrar mensajes y documentación”, una cuestión por la que su grupo le cuestionará durante su comparecencia en la Cámara Alta, todavía sin fecha definida. “Pardo de Vera está en el ajo de todas las tramas, siempre está su nombre presente, siempre sale”, ha insistido.

El empresario Julio Martínez, citado el 9 de marzo

También ha informado que el empresario Julio Martínez Martínez, a quien vinculan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor vinculado a Plus Ultra, comparecerá el próximo 9 de marzo. “Julito es el que paseaba con Zapatero por El Pardo (Madrid), es el mismo que recibió un chivatazo 72 horas antes de ser detenido; el mismo que devolvió a Zapatero su favor con Plus Ultra a cambio de asesorías fantasmas”, ha dicho García.

El PP citó a Julio Martínez a comparecer la semana pasada en esta comisión, pero el interrogatorio no se celebró finalmente. El PP afirmó en su momento que el Ministerio del Interior no había logrado localizarle porque existían “muchas personas” que se llaman Julio Martínez Martínez en España. “En el caso de que no venga tendremos que recurrir al edicto, como ya hemos hecho en otras ocasiones”, ha avisado García.

El asalto al cielo industrial de los hermanos Escribano —a través de la probable integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)— ha abierto uno de los debates más delicados del año en España. Lo que nació como el sueño de un “campeón nacional” de defensa en plena escalada del gasto militar europeo, se ha convertido en un caso de libro sobre conflictos de interés, gobernanza y control del poder corporativo. Es un auténtico dolor de cabeza para La Moncloa, para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y para el propio consejo de administración de Indra. Las tres partes llevan meses barruntando cómo llevar a cabo una operación que casi todos los círculos económicos y empresariales —incluso los más críticos con las formas— le ven sentido desde un punto de vista industrial. 

La singularidad del movimiento radica en que la familia propietaria de EM&E, los hermanos Ángel y Javier Escribano, no solo aspira a integrar su empresa en Indra, sino que uno de ellos, Ángel, se sienta en el consejo y preside la compañía. Lo nombró el Gobierno hace un año y medio, tras la marcha de Marc Murtra (que era presidente de Indra) a Telefónica en sustitución del cesado José María Álvarez-Pallete. Un movimiento “sorprendente”, según varias fuentes consultadas, cuando La Moncloa ya tenía la idea de llevar a cabo la operación, como así ha reconocido el propio consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos.

Ángel Escribano ha defendido desde el minuto uno la necesidad de ganar masa crítica para competir en los grandes programas europeos y consolidar capacidades tecnológicas en sistemas, sensores y electrónica avanzada. Desde esa lógica, una fusión o integración profunda tendría sentido industrial: permitiría unir músculo tecnológico, acelerar sinergias y reforzar la posición internacional del grupo. El problema es que la operación no se produce entre sociedades independientes, sino entre una empresa cotizada estratégica y la sociedad privada de su propio presidente que podría reforzar estructuralmente el peso de la familia en el grupo resultante. Eso ha encendido todas las alarmas en los ministerios económicos y en buena parte del sector. 

El Estado tiene la llave de todo porque, a través de la Sepi, es el principal accionista de Indra, con el 28% del capital. EM&E controla el 14,3%. Otro accionista relevante, aunque significativamente más pequeño que los anteriores, es el grupo industrial vasco SAPA Placencia Holding, de la familia Aperribay. Junto con un grupo de consejeros independientes, SAPA se opone a la operación, especialmente a la idea de que Indra adquiera o fusione EM&E.

“Sin sospechas y manteniendo el control”

El debate no es solo empresarial. El Estado considera a Indra un activo estratégico, igual que Telefónica, que controla a pachas con La Caixa, con un 10% cada uno. Pero no quiere que la operación con Escribano se lleve a cabo de cualquier forma. “No puede haber ni la simple sospecha de corrupción o conflicto de interés y, en paralelo, el Estado tiene que mantener el control como accionista de referencia de la empresa resultante”, asegura una fuente conocedora. “Encajarlo todo no es fácil pero o es así o no hay operación”, añade.

 El mercado está mirando, hasta el punto de que el PP, que hasta ahora no había abierto la boca al respeto, hace diez días aseguró, a través de su vicesecretario económico del partido, Alberto Nadal, que estará “altamente vigilante” a la operación y a las asignaciones de contratos “sin concurso público” a Indra, sin descartar acudir a los tribunales si detectan alguna cuestión que “no fuera legal”.

En la Moncloa llevan ya algún tiempo con las líneas rojas trazadas. En primer lugar, que no haya conflicto de interés y que la valoración de EM&E sea impecable para que no pueda cuestionarse. Por otro lado, que la integración no se lleve a cabo mediante una fusión por absorción. Eso implicaría que Indra ampliaría su capital con la emisión de acciones nuevas que se entregarían a EM&E y, en consecuencia, la participación de la Sepi en la nueva empresa se diluiría y el Gobierno perdería el control en favor de los Escribano, transformándolos de proveedores en dueños y señores de la mayor empresa de defensa del país. El abrazo del oso.

Esa es la opción preferida por la familia Escribano, pero es solo una de las alternativas que el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, presentó en el último consejo de administración, celebrado a finales de enero, con el objetivo de que la operación acabe cristalizándose, según fuentes conocedoras. 

Una filial de defensa para Indra

Hay otras dos que gustan más a la Sepi. Una es que Indra acabe comprando una parte mayoritaria de EM&E (con el 51% bastaría) para convertirla posteriormente en una filial. El problema es que eso supondría que la familia Escribano se quedaría en minoría tanto en una como en otra compañía, y no parece que vayan a aceptarlo. La otra, que es la preferida del Gobierno, es que Indra cree una filial solo de defensa y que la fusión con EM&E la lleve a cabo esa filial, pero el control lo seguiría teniendo la matriz, Indra, controlada por la Sepi y manteniendo la misma estructura accionarial. 

Cada una de las opciones redistribuye poder de forma distinta. La primera maximiza integración y sinergias, pero eleva la tensión; la segunda es un punto intermedio con exigencias estrictas de gobernanza; la tercera es la más cómoda para el Ejecutivo, aunque quizá menos ambiciosa en términos industriales. Ángel y Javier Escribano están abiertos a escuchar todas las propuestas, según fuentes cercanas citadas por Expansión. 

Indra las debatirá en el consejo de administración convocado para este miércoles, 25 de febrero, el mismo día que presentará los resultados anuales correspondientes a 2025. Las expectativas son “buenas”, han dicho a EFE fuentes conocedoras, que no han querido anticipar datos, pero que han recordado que ya se han sobrepasado las previsiones marcadas en el plan estratégico.

Además, ya se han firmado los contratos previstos correspondientes a los Programas Especiales de Modernización (PEM) con el Ministerio de Defensa.

En total, se le han concedido más de 16.000 millones de euros en préstamos directa o indirectamente a la compañía repartidos en varios contratos, algunos de los cuales han sido llevados por parte de la empresa Santa Bárbara a los tribunales.

El ruido y las presiones no cesan, pero los Escribano no están solos. El fondo activista Third Point entró en el capital de Indra la semana pasada defendiendo que la integración generaría valor. En una carta remitida a la Sepi, el director ejecutivo del fondo, Dan Loeb, advierte de que retrasar un acuerdo con EM&E “correría el riesgo de una erosión del valor, una distracción operativa y la posible pérdida de una oportunidad única en una generación de construir un líder de defensa español globalmente relevante en un momento en el que la demanda, la financiación y el apoyo político están alineados de manera única”.

El fondo Amber Capital, controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian, dueño del grupo Prisa, también respalda la operación en los mismos términos que los Escribano. Sorprendió hace unos días la venta del 2% de las acciones de Indra, hasta quedarse con el 5% del capital. La operación, si finalmente se lleva a cabo, se tendría que votar en el futuro en una junta de accionistas, por lo cual todos los porcentajes —también el de Amber— serían claves.

Las acciones de Indra subieron un 5,7% la semana pasada, hasta cerrar el viernes a un precio de 54,05 euros. En los últimos 12 meses, la acción ha subido más del 188%, lo que le ha otorgado a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 9.500 millones de euros.

El papel de De los Mozos

En medio de todo este pulso, la figura de José Vicente de los Mozos, próximo al PP pero que mantiene una estrecha relación con el hoy ministro Óscar López, trata de hacer equilibrismos con todos los focos apuntándole.

El consejo de administración de Indra creó un protocolo para regular la posible operación con EM&E y evitar el conflicto de interés que afecta a la familia Escribano. Hasta ahora se conocía la salida de los dos hermanos de las reuniones del consejo cuando se aborde el tema y la creación de una comisión ad hoc formada por consejeros independientes. Este viernes se conoció que Indra otorga poderes al consejero delegado para que “presente los términos de la Operación al Consejo de Administración en la forma que considere más conveniente para los intereses de Indra” y al consejo para pactar la fusión con Escribano sin la aprobación de la comisión independiente, según reza el protocolo publicado este viernes por Indra por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

El desenlace de este culebrón corporativo y político podría marcar el mapa de la defensa española para la próxima década. Mientras tanto, en algunos mentideros financieros suena con fuerza un nombre, el de Ángel Simón, directivo próximo al socialismo y defenestrado hace diez meses por Isidro Fainé al frente de CriteriaCaixa, el holding industrial de Fundación La Caixa, como posible relevo para una presidencia que ha quedado demasiado expuesta al conflicto de intereses. 

El fondo activista Third Point ha aflorado una participación en el capital social de Indra, de la que no se ha revelado el porcentaje exacto, y ha mostrado su apoyo a la adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), según ha informado Bloomberg News y han confirmado fuentes del mercado a Europa Press.

Los inversores deben informar sobre las participaciones en empresas cotizadas que alcancen o superen el 3% de los derechos de voto, establece la legislación española.

En concreto, la entidad ha remitido este lunes una carta al consejo de administración de la compañía tecnológica y de defensa española en la que expresa su apoyo al presidente de Indra, Ángel Escribano.

En la misiva, adelantada por Bloomberg, el director ejecutivo de Third Point, Dan Loeb, deja claro que su empresa apoya la adquisición por parte de Indra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) “para crear un campeón de defensa español”.

“Creemos que una combinación de Indra y EM&E claramente genera valor y está alineada con los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los accionistas, los empleados, los clientes y el Estado español”, ha destacado Loeb.

En la carta, remitida también a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --principal accionista de Indra con un 28% del capital-- Loeb considera que retrasar un acuerdo con EM&E “correría el riesgo de una erosión del valor, una distracción operativa y la posible pérdida de una oportunidad única en una generación de construir un líder de defensa español globalmente relevante en un momento en el que la demanda, la financiación y el apoyo político están alineados de manera única”.

Portavoces de Indra y Sepi declinaron hacer comentarios a Bloomberg.

Un fondo activista es un tipo de fondo que adquiere una participación significativa en una empresa cotizada con el objetivo explícito de influir en su gestión, estrategia o gobernanza para aumentar el valor de sus acciones. Actúan forzando cambios, ya sea de forma amistosa o combativa.

Las acciones de Indra han culminado la sesión de este lunes con una subida del 3,42%, hasta intercambiarse a un precio unitario de 52,85 euros, después de haber rozado casi el 6% de subida tras conocerse el movimiento de Third Point. En los últimos 12 meses, la acción ha subido más del 200%, lo que le ha otorgado a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 9.500 millones de euros (11.300 millones de dólares).

 La intervención de Third Point se produce en medio de una creciente tensión entre los accionistas de Indra por la posible adquisición de EM&E, propiedad de Escribano y su hermano Javier.

En enero pasado, el consejo de administración de Indra autorizó a su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a que negocie la estructura de una eventual operación con EM&E, tras insistir en que la fusión era “coherente” con la estrategia del grupo.

El 5 de febrero, Ángel Escribano desmintió las informaciones que indicaban que el gobierno —principal accionista de Indra con el 28%— le había pedido su dimisión por motivos de conflicto de intereses. Posteriormente, Indra publicó un comunicado en el que afirmaba que seguía analizando la posible adquisición de EM&E.

«Aunque la prensa ha cuestionado posibles conflictos de intereses relacionados con esta transacción, nuestro análisis nos lleva a la conclusión contraria», escribió Loeb. «La creación de un campeón nacional de defensa situaría a España a la vanguardia de la defensa europea».

Los Escribano son el segundo mayor accionista de Indra, con aproximadamente el 14%; Sapa, otra empresa de defensa, posee alrededor del 8%, y el fondo Amber Capital,  controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian --dueño de Prisa-- posee aproximadamente el 7%.

Al igual que sus pares europeos, Indra se está beneficiando de un rearme histórico que está en marcha a medida que la región busca reducir su dependencia del hardware militar estadounidense

En otra entrevista, Loeb dijo: “¿Quiere España su propia Rheinmetall, su propia Lockheed Martin, su propia General Dynamics? Ahora mismo no las tiene, e Indra puede ser su líder nacional. Es bueno para Europa y la UE tener más líderes nacionales en defensa”.

La plantilla de Escribano ronda los 1.700 empleados, 1.300 de ellos en la sede de Alcalá de Henares (Madrid) y el resto repartidos entre las instalaciones de Córdoba, Cádiz, Jaén, Valencia, Huesca, Barcelona y Asturias.

EM&E esperaba alcanzar durante 2025 una facturación de 480 millones de euros, una cifra que su presidente, Javier Escribano, aseguró que le gustaría superar. 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido a todos los agentes implicados en la crisis de Tubos Reunidos “remar en la misma dirección para garantizar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial, así como del empleo industrial”. La firma confirmó este lunes a los sindicatos que su plan es presentar un ERE que afectará a 301 trabajadores así como el cierre de la acería de Amurrio, donde se concentran la mayoría de saldas. Para el lehendakari, la noticia es un “mazazo preocupante”.

Pradales ha asegurado que el Gobierno vasco está “al lado” de las 301 personas afectadas y de sus familias, y de la comarca de “Aiaraldea, que está viviendo una situación difícil” por otros casos como Maderas de Llodio o Guardian. “Nadie merece vivir una situación así”, ha señalado en el acto de clausura del congreso Leaders Meeting. Tras referirse a Tubos Reunidos como “una empresa de referencia”, “puntera y especializada en un sector que es y será clave para la descarbonización de la economía y para la transición energética, en Euskadi y en Europa”, ha afirmado que Euskadi “necesita seguir contando con una empresa así en el futuro”.

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de que “todos los agentes implicados” boguen “en la misma dirección para garantizar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial, así como del empleo industrial”. “Para superar la actual situación, todos debemos remar en la misma dirección: dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones”, ha insistido. “Nuestro objetivo es asegurar el futuro de Tubos Reunidos”, ha señalado, para lo que ha afirmado que desde el Gobierno vasco está “en contacto” con la dirección y con el Gobierno español. “Y esta misma semana nos reuniremos con el comité de empresa para decidir los siguientes pasos”, ha abundado.

Sin nombrarlo de forma expresa, el lehendakari ha mandado en su intervención un mensaje entre líneas a la SEPI, que es uno de los principales acreedores de la empresa. Tubos Reunidos acumula en estos momentos una deuda de 263,2 millones de euros, que debe intentar renegociar si quiere mantener la viabilidad, ya que acumula pérdidas de 71,3 millones de euros. Parte de esta deuda se corresponden con la devolución del crédito de 112,8 millones del rescate estatal de hace cinco años tras la pandemia de COVID-19, a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), que entonces salvaron a la compañía de la quiebra. Pero hay que devolverlo. Es decir, es una petición para que se autorice esa devolución con más flexibilidad.

El propio consejero de Industria, Mikel Jauregi, se refirió a este tipo de créditos en su intervención en el Congreso Nacional de Industria que se celebró la semana pasada en Bilbao con la presencia del ministro del ramo, Jordi Hereu. Jauregi se refirió a esos préstamos como “un salvavidas” tras la pandemia, pero que se han convertido en un “ancla” que puede “hundir” a las empresas que recibieron esos créditos “en el fondo marino”, y pidió “más flexibilidad” en la gestión de esas deudas.

Por otra parte, la petición de “remar en la misma dirección” va dirigida también a los sindicatos de la empresa, que este martes celebrarán una asamblea para decidir las medidas a tomar. ELA, mayoritario en el comité que se ha constituido para negociar el ERE propone una huelga indefinida para rechazar los despidos, que desde el Ejecutivo consideran que puede ser muy perjudical en momentos delicados de negociación para la compañía. Las centrales se reúnen con el Gobierno vasco el día 13 para analizar la situación.

La construcción del campeón nacional de la industria de defensa española va camino de caso de despropósito en las escuelas de negocios. Las piezas claves para levantar ese nuevo gigante son: Indra Group, con unos ingresos de 3.851 millones y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), que factura 91 millones de euros, es decir 42 veces más, según las cuentas de 2022. El Estado tiene la llave de todo; es el accionista principal de Indra (28%) y casi el único cliente de Escribano, propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano. Sin embargo, Escribano puede acabar tomando el control de Indra. No es que el pez pequeño se coma al grande, es el suministrador de las puertas del avión A-320 tomando el control del grupo Airbus.

Con las cuentas de 2022 recién cerradas, los hermanos Ángel y Javier Escribano se lanzan a comprar acciones de Indra. El 15 de mayo de 2023 se ven obligados a retratarse ante la CNMV, puesto que han alcanzado el 3% de capital. A finales de noviembre ya acumulan un 8%, con una inversión total de 182 millones. Ojo, el doble que su facturación de 2022. Es ahí cuando la historia de crecimiento de estos empresarios metalúrgicos de Alcalá de Henares entra en el imaginario público.

En el Informe de Gestión de EM&E de 2023 expresan con claridad el objetivo de esa inversión: “La adquisición de una participación del 8% en el accionariado de Indra Sistemas va a permitir a la Sociedad participar en aquellas decisiones que pudieran afectar a la Organización”. Este parrafito, que no necesita interpretación, lo escriben en mayo de 2024, mes en el que el presidente de EM&E (Ángel Escribano) y el director general ejecutivo (Javier Escribano) firman las cuentas de su empresa y en el que Javier es nombrado consejero de Indra. A finales de 2024, ya controlan el 14,3% de la compañía.

En medio de este camino se cruzan movimientos de alcance global y local inimaginables, que catapultan a los hermanos Escribano. El 18 de enero de 2025, José María Álvarez-Pallete es cesado, desde el Palacio de la Moncloa, de presidente de Telefónica y le sustituye Marc Murtra, que era el presidente de Indra. Dos días después, el lunes 20, Ángel Escribano y Donald Trump asumen la presidencia de Indra y Estados Unidos; por ese orden. Son dos nombramientos que no deberían entrar en la misma frase, pero que estarán muy relacionados.

Trump da un giro histórico a la política internacional de bloques del mundo, utiliza el comercio como instrumento militar y, desde esa lógica, sitúa a Europa como un competidor y enemigo. Como promotor de la OTAN, exige a sus socios (principalmente europeos) que multipliquen el presupuesto militar, hasta el equivalente del 5% del PIB, y les exige que asuman la defensa de Ucrania frente a Rusia.

La consecuencia práctica de la amenaza de Trump, el primer presidente de Estados Unidos que coquetea con el de Rusia, es que los países europeos no sólo tienen que gastar mucho más en defensa, sino que se ven obligados a crear su propia industria militar. Nadie garantiza que Estados Unidos vaya a defender a Europa de una hipotética invasión de Rusia, como sí hizo en el siglo pasado.

Es el mejor escenario que podría imaginar un empresario de material militar. Los hermanos Escribano están en el momento adecuado y en la mejor posición posible, liderando en el consejo de administración de la “compañía global de referencia en los sectores de defensa, aeroespacial y tecnologías digitales avanzadas”, que así se define Indra. Por eso, las acciones de las empresas proveedoras de los ejércitos se disparan en Bolsa. Indra lleva una anodina década cotizando alrededor de 10 euros por acción. Arranca 2023, cuando entran los Escribano, a 11,2 euros y el pasado 12 de enero alcanzó su máximo histórico: 58,9 euros.

La llegada de Ángel Escribano al frente de Indra (hace un año) conduce a que se plantee la fusión de Indra y Escribano. Estalla una guerra en el consejo que provoca en dimisiones/ceses entre los que ven lo obvio: hay conflicto de intereses. No tragan con que los dueños de un proveedor del Ministerio de Defensa tomen el control de Indra, una empresa controlada por ese Estado, cuando su tamaño es infinitamente menor.

En 2024, últimos datos públicos, Escribano factura 355 millones de euros, frente a 4.843 millones de Indra. Para los amantes de la innovación como argumento de expectativas de ingresos, señalar que Indra gastó 427 millones en I+D+I en 2024 y EM&E, 15 millones. Todo esto dando por buenos los datos de EM&E. En 2024, los Escribano acuerdan que Advanced Manufacturing Enginnering se convierta en la cabecera del grupo, integrando el balance y las cuentas de EM&E, EM&E Investment, EM&E Properties y EM&E Chips. Si solicita al Registro Mercantil las cuentas de esta sociedad de 2024 se encontrará con el mensaje de que “la información solicitada no está disponible”. Curioso para un contratista del Estado.

Los números son muy relevantes, puesto que al final todo va de cuál es el valor del grupo Escribano, lo que se pretende integrar en Indra, bien sea mediante una fusión o una adquisición pura y dura. Resulta irónico que el activo más relevante de este grupo, en términos de valor económico, sea su participación de Indra. El 14,3% de esta compañía vale 1.230 millones de euros, lo que supone unas plusvalías teóricas de más de 860 millones, que los hermanos Escribano comparten con JP Morgan, ya que parte de las acciones están compradas con derivados que les permiten disfrutar de los derechos políticos (el voto), pero no de los económicos (dividendo y plusvalías o minusvalías).

Antes de realizar cualquier operación, lo primero que deberían hacer es separar las acciones de Indra de la actividad industrial, de la que es preciso tener números actuales, reales y auditados. A esto se añade la expectativa de futuro del grupo Escribano, que claramente depende de los contratos adjudicados y esperados del Gobierno de España, que en buena medida se han construido en el último año. Por tanto, el Estado terminará pagando, a través de Indra, todo el valor que ha creado con el material que les ha encargado. Para hacerlo fácil, Escribano ha creado mucho valor por ser proveedor clave del Estado, mientras que Santa Bárbara (antigua empresa pública y hoy de la americana General Dynamics) destruye valor por quedarse fuera de los nuevos contratos y enfrentarse al Gobierno en los tribunales.

Cualquiera ve que todo debería haber empezado al revés. Si Escribano era tan estratégica para el Ejército de España, la SEPI debería haber comprado este grupo hace años, en lugar de abrirles de par en par Indra. No tiene pase que sea el Gobierno quien añada valor a Escribano adjudicándole contratos para que se lo cobren, da igual si es en acciones de Indra o en efectivo. Esto que muchos llaman conflicto de intereses de Ángel y Javier Escribano, por estar en el lado comprador y vendedor, es calificado por otros como mero desplazamiento patrimonial, desde los Presupuestos Generales del Estado a unos particulares. Nada de esto es posible sin el concurso del Palacio de la Moncloa, allí donde han quitado y puesto a presidentes de Telefónica o Indra. Y el PP; ¿qué opina de esto?