Las hostilidades las inició la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, el pasado 22 de mayo, cuando desveló ante la jueza de la dana que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, llamó por teléfono al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell (también del PP) para avisarle de que se había desbordado la cabecera del barranco del Poyo. En la siguiente testifical, tres días después, la actual primera edil de Torrent, Amparo Folgado, disparó aún más alto y dijo que avisó del desbordamiento del barranco de Horteta, tributario del Poyo, específicamente a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia (de la que la alcaldesa es diputada provincial) y a Emilio Argüeso, el entonces secretario autonómico de Emergencias que figura actualmente como investigado en la causa.

La jueza instructora ve “especialmente significativa” la información sobre el desbordamiento de Horteta que recibió Mompó en plena reunión del Cecopi por parte de una alcaldesa que estaba sobre el terreno presenciando en primera persona la catástrofe, según afirmó en un auto dictado este pasado viernes. El presidente de la institución provincial, además, mantenía una “comunicación fluida y constante” con la consellera Salomé Pradas en el seno de la reunión, recuerda la magistrada, a quien le resulta “difícilmente sostenible” la tesis de las defensas y del PP de que el Cecopi desconocía el “estado del barranco del Poyo”.

El torpedo en la línea de flotación de las tesis del PP sobre la dana lanzado por las alcaldesas populares apuntala el enfoque de la instructora. Sin embargo, venía precedido por otras embestidas internas inmediatamente anteriores. El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, dejó en evidencia a la Generalitat cuando expuso ante la jueza el pasado 7 de mayo sus exitosas medidas la mañana de la dana, tomadas por iniciativa propia.

En la misma línea, su homóloga de Requena, Rocío Cortés, fue un paso más allá y espetó que si no hubo fallecidos en la localidad fue porque se avisó a la población por parte de las autoridades municipales. Y es que a nadie se le escapa que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra reprocha (al menos indiciariamente) a los dos investigados, ambos del PP, el retraso en el envío de la alerta para avisar a la población, tal como ha repetido hasta la saciedad. Ambos alcaldes aportaron documentación acreditativa de las medidas que tomaron, que este diario reprodujo en su integridad.

El contraataque de Emilio Argüeso vino en un escrito de apenas tres páginas, firmado por Yulia Ivanistova, la abogada que ejerce la defensa del exalto cargo del Consell de Carlos Mazón junto con el letrado José María Bueno Manzanares.

El investigado pide que se practiquen una serie de diligencias, tras las declaraciones de los alcaldes Utiel, Requena y Chiva (no alude a la de Torrent) que “habían manifestado que no recibieron durante los días 28 y 29 de octubre comunicación o aviso alguno procedente del Centro de Coordinación de Emergencias relativo a dichos episodios de riesgo, ni sobre la declaración de las situaciones operativas”.

El escrito, al que ha tenido acceso este diario, pide a los tres consistorios que “certifiquen expresamente” si recibieron esas comunicaciones de Emergencias (alertas, boletines, correos electrónicos o faxes que constan en el procedimiento) y que indiquen la fecha y hora y la “persona, cargo, departamento, unidad o servicio municipal que recibió el aviso”, además de si fueron registradas “oficialmente”.

También pide que se certifique si los alcaldes en cuestión tuvieron “conocimiento de dicha comunicación y en qué momento”. En definitiva, Argüeso apunta al papel de los munícipes del PP.

La referencia a la primera edil de Chiva resulta muy relevante. Se trata de la localidad que alberga la cabecera del barranco del Poyo y Amparo Fort, la alcaldesa que presenciaba en directo el desbordamiento, telefoneó a Avelino Mascarell, diputado provincial de Bomberos, a las 18.55, más de una hora antes de que se enviara el Es-Alert, según confirma el acta de cotejo de la llamada registrada en el móvil del participante en la reunión del Cecopi.

A Mompó y Mascarell les toca volver a sentarse ante la jueza

Mascarell, sin embargo, declaró el pasado 2 de marzo ante la jueza y dijo, ante la insistencia de la instructora sobre esa llamada de Amparo Fort que no se acordaba. “No lo recuerdo”, contestó a la magistrada, según indica el acta de su declaración testifical.

La jueza, tras la revelación de la alcaldesa de Chiva, volvió a citar como testigo a Mascarell. También ha vuelto a citar al presidente de la diputación de Valencia, Vicente Mompó, el próximo 30 de junio. Su vicepresidenta, Reme Mazzolari, comparecerá la víspera.

Mompó tampoco se acordaba de que al Cecopi llegara información sobre la rambla del Poyo ni la comarca de l'Horta Sud, a pesar de que la alcaldesa de Torrent le contó en directo que se estaba desbordando uno de los principales barrancos tributarios, el de Horteta. Amparo Folgado aportó a la jueza la documentación que acredita la llamada, dejando en evidencia las serias lagunas de Vicente Mompó y cuestionando de plano su versión de los hechos.

En el calendario de declaraciones establecido por la magistrada para los próximos meses de junio y julio, figuran varios alcaldes, también del PP: la de València, María José Catalá; la de Godelleta, María Amparo Pardo, y la de Carlet, Laura Sáez.

En cualquier causa judicial, suele haber un testigo que llama la atención. El jefe de los bomberos forestales de Alzira es uno de ellos. “Como ciudadano español puedo opinar y pensar una cosa u otra”, ha afirmado este viernes el testigo Alberto Pardo ante la jueza de la dana. Se trata del bombero forestal que acompañó a la entonces consellera Salomé Pradas a Carlet al mediodía del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Pardo declara por segunda vez tras su testifical inicial del 31 de marzo, en la que reconoció que Pradas le había avisado previamente de que le iban a llamar a declarar.

Alberto Pardo ha empezado la declaración con mal pie, al afirmar que consideraba que su nueva testifical era un “salseo”. La jueza, según fuentes conocedoras de la deposición, le ha espetado: “Lo del salseo sobra”.

El testigo ha asegurado que, en la visita a Carlet, Salomé Pradas “hizo lo que tenía que hacer”. Y ha explicado que los audios que aportó al procedimiento, en los que afirma sin aportar demasiados detalles que a Pradas no le dejaron hacer porque le cortaron “las alas” (en referencia a unos indeterminados “jefes”), son una mera opinión o interpretación suya. “Como ciudadano soy libre de pensar que le cortaron las alas”, ha reiterado.

Pardo también sostiene que a los bomberos forestales “también” les cortaron las alas, porque les “mandaron a casa” a las 18.30 del día de autos.

“Ella tiene por encima a más gente”

“Ella tiene por encima a más gente, estará el president. Por los programas que he visto luego creo que soy libre de pensar lo que quiera. Los audios son del 29 de febrero, año y medio después”, ha detallado.

El testigo ha abundado en que desde su primera declaración habló con la exconsellera, principal investigada en la causa, “porque se han dicho cosas en la prensa que no son ciertas”.

El audio “se lo podría haber mandado a mi madre, a mi primo, a mis amigos”, según ha apostillado. “Creo que soy libre de hablar con quien quiera”, ha manifestado el bombero.

Más allá de eso, el testigo no ha aportado nada al procedimiento. No escuchó ningún dato relevante de las conversaciones telefónicas que mantuvo Pradas durante la visita a Carlet.

“Ella no paraba de hablar, pero no sé con quién ni me lo dijo”, ha declarado.

Por su parte, fuentes de la defensa de la exconsellera, aseguran que Pardo refuerza la tesis de Pradas, que estuvo “al pie del cañón, preocupada y haciendo todo lo posible para atender la emergencia”.

La jutgessa de la dana ha establit que l’“absoluta indecisió” del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, “davant una situació que, lluny de millorar, anava empitjorant”, va propiciar que l’Es-Alert no s’enviara “amb tres hores d’antelació”, a pesar que es podia perfectament haver alertat així de sobte. Si bé el missatge automàtic als mòbils es va enviar finalment a les 20.11 —va ser “tardà” i amb un missatge “erroni”, segons la magistrada—, un testimoni molt rellevant (el subdirector general d’Emergències, Jorge Suárez) va confirmar, fins i tot documentalment, que la “possibilitat d’alertar la població” estava damunt la taula des de gairebé el començament de la reunió del Cecopi. Així ho detalla la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra en una interlocutòria dictada dijous, en què recorda que la proposta de Suárez ja plantejava la lúcida recomanació a la població que “amb caràcter immediat” s’accedira a zones altes.

La resolució rebutja l’acarament, proposat per una de les acusacions particulars, entre l’exconsellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa, i Jorge Suárez, per haver quedat acreditat durant la instrucció la cronologia contrastada dels fets. I s’erigeix en un balanç detallat de la investigació de la magistrada de Catarroja, que apuntala la desastrosa gestió per part de la Generalitat davant la dana.

La jutgessa recorda que la proposta inicial del subdirector d’Emergències no va ser “del grat” de José Miguel Basset, cap del Consorci Provincial de Bombers, “ni s’assumeix” per part de Pradas, que, al cap d’una hora de reunió, va suspendre el Cecopi per a “pensar les diferents opcions”.

La jutgessa considera que els “motius tècnics com a causa del retard”, al·legats tant per Pradas com per diversos dels testimonis de la causa, “eren en realitat inexistents”. “El llançament d’un missatge d’alerta no xocava amb dificultats d’aquesta naturalesa”, afirma la interlocutòria.

De fet, la magistrada recorda que, en el cas de l’Es-Alert de les 20.11, el funcionari d’Emergències Miguel Molla, “amb gran eficiència”, a penes va tardar dos minuts i 36 segons a validar el missatge perquè arribara als mòbils de la població de la província de València.

“Múltiples canals” per a alertar a la població

A més, reitera la instructora, les alertes a la població “haurien pogut efectuar-se a través de múltiples canals”, més enllà de l’eina concreta de l’Es-Alert. Així i tot, rebla, “no concorria cap impediment en l’enviament de l’Es-Alert”.

El Cecopi, segons la instructora, tenia marge de maniobra: “Hi havia temps, poc, però n’hi havia”. No obstant això, la “paràlisi en la presa de decisions” va impedir una resposta mínimament eficaç davant l’emergència de la dana. A hores d’ara de la instrucció, a més, “no poden quedar dubtes” sobre qui assumia la decisió d’enviar el missatge, tal com ha avalat per unanimitat la secció segona de l’Audiència Provincial de València.

També qüestiona que l’obsolet missatge de les 20.11 s’enviara exclusivament per la situació en la presa de Forata, ja que a aquella hora, en el si del Cecopi, “ja se sabia la situació del barranc de Poio”, tal com van manifestar en seu judicial tant Suárez com Salvador Romo, comandant de la Unitat Militar d’Emergències (UME) que va participar en la reunió en el Centre d’Emergències de l’Eliana.

De fet, el missatge previst per la presa, immersa en una situació potencialment catastròfica, “mai” es va arribar a enviar, “ni aigua avall de Forata ni a cap altra zona”.

Romo, segons recorda la interlocutòria, va declarar el 5 de març passat que un dels militars de l’UME sobre el terreny el va avisar cap a les 18.45 que no podia passar de Riba-roja de Túria “perquè el barranc estava molt desbordat”, dada que va comunicar a Suárez. També va al·ludir als “vídeos sobre el barranc de Poio” que circulaven entre “tots els que estaven en la sala del Cecopi”.

Els “dubtes jurídics” de Pradas

D’altra banda, les telefonades al 112 “es comptaven per milers” i la rambla de Poio “era un dels llocs afectats”, afig la interlocutòria. No obstant això, Pradas va expressar “dubtes jurídics” sobre el contingut del missatge i es va transformar en un text més suavitzat i allunyat d’un possible escenari de confinament (ja no recomanava romandre en els domicilis, que a la consellera li semblava massa “imperatiu”, sinó evitar els desplaçaments). I això, a pesar que, tal com va confirmar Suárez a viva veu en el Cecopi davant els dubtes sobre la viabilitat jurídica, la consellera era la directora del Pla d’Inundacions i, per tant, “sí que podia adoptar aquesta mesura”.

La jutgessa destaca el missatge de veu enviat per Pradas a José Manuel Cuenca, llavors cap de gabinet del president Carlos Mazón, en què la consellera anunciava que s’enviaria un segon Es-Alert que recomanava allunyar-se de barrancs o rambles i romandre en altura. El cap de gabinet del president, destaca la magistrada, va contestar que la possibilitat d’un confinament per a tota la província de València era una “barbaritat” i suggeria (segons Cuenca) o ordenava (segons ho va entendre Pradas) “que es traguera això del cap”.

La comparació d’un confinament d’emergència davant la dana (per a “evitar que la població perira ofegada”) amb el que va durar “mesos” a conseqüència de la crisi sanitària de la pandèmia del Covid-19, tal com s’evocava, “no resultava lògica”.

“L’al·legada concurrència de motius jurídics que podien dilatar la procedència d’un avís a la població mostraria un desconeixement de les competències pròpies en la gestió de l’emergència, i cosa que era més preocupant, mostraria que disquisicions jurídiques sense agafador legal suposaven posposar un missatge que no causava cap violació, no sols de drets fonamentals, sinó de cap altre dret dels receptors”, afirma la jutgessa Ruiz Tobarra.

Les telefonades fora de la sala del Cecopi

La interlocutòria també al·ludeix al fet, confirmat per diversos testimonis (incloent-hi Jorge Suárez), que Pradas i el seu secretari autonòmic d’Emergències, Emilio Argüeso, sempre telefonaven a terceres persones eixint de la sala del Cecopi.

“S’ignora amb qui va consultar la senyora Salomé Pradas”, reconeix la jutgessa.

Encara que a ningú se li escapa, i així consta en un informe notarial aportat per la mateixa exconsellera i incorporat a la causa (i publicat íntegrament per elDiario.es), que Pradas va telefonar en diversos moments clau al seu superior jeràrquic, el president llavors Carlos Mazón, que va allargar aquella vesprada el dinar i la sobretaula en un reservat del restaurant El Ventorro amb la comunicadora Maribel Vilaplana.

Eventual acarament de Pradas amb Mompó i Martín Moratilla

La jutgessa deixa caure que l’esbrinament d’aquestes telefonades fora de la sala del Cecopi podria ser plausible amb un hipotètic acarament entre els dos investigats, encara que recorda que “tindrien dret a no declarar i a no dir veritat”. I fins i tot amb un acarament entre Pradas i Argüeso i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, i el director general d’Emergències llavors, Emilio Martín Moratilla, que van presenciar algunes d’aquestes telefonades.

“És evident”, assenyala la interlocutòria, que hi havia una “relació més estreta” i “de més confiança” entre els dos investigats amb Mompó o Martín Moratilla que amb el funcionari Jorge Suárez. A tall d’exemple, la magistrada instructora recorda que l’“encertada” proposta inicial de Suárez de text de l’Es-Alert “no es va assumir” per part de Salomé Pradas, que “insistia que tots havien d’estar-hi d’acord”.

Tant en el primer Es-Alert de les 20.11 com en el segon, enviat poc abans de les 21.00, va ser Salomé Pradas qui va donar les “instruccions”. Fins i tot va imposar “correccions lingüístiques” al text en la versió en valencià, juntament amb Vicente Mompó.

Després de les correccions (amb canvis com el normatiu “tipus” per l’incorrecte “tipo” o, en la mateixa línia, d’accents), Pradas “va fer una foto a la pantalla de l’ordinador” amb l’esborrany i va dir: “Avant”. “El mateix passa”, explica la instructora, amb el segon missatge Es-Alert: la consellera va ordenar als tècnics que “abans que s’envie” volia veure’l.

“Nombroses defuncions” abans de l’Es-Alert

En definitiva, el missatge “es va enviar tard” i amb un text “tan genèric” de mera precaució, segons l’expressió de Pradas, que “realment no alertava del perill que corria la població de tota la província de València, especialment en les zones on no plovia”, tal com han confirmat dues de les pèrites principals que han declarat en el marc del procediment: la geògrafa Ana Camarasa i la meteoròloga Victòria Rosselló.

Nuria Ruiz Tobarra retrau que, entre les 19.00 i les 20.00 (abans de l’enviament de l’Es-Alert), “es van produir nombroses defuncions o hi havia persones que intentaven salvar-se”, tal com han acreditat centenars de familiars de les víctimes en les seues declaracions com a perjudicats.

La jutgessa recorda el cas concret d’un mort en un garatge de Paiporta. Els testimonis que van presenciar la seua mort (i van aportar al sumari de la causa el seu “escruixidor relat”) van tractar d’ajudar-lo amb la “impotència” de no poder salvar-lo i presenciant així l’“agonia” de l’home, que “incloïa acomiadar-se dels seus familiars davant la creença que no eixirien vius d’aquell garatge”.

D’altra banda, el segon Es-Alert, encara que “més encertat en el contingut”, també va ser “tardà” per a les poblacions de la comarca de l’Horta Sud, així com per a Algemesí o Guadassuar. A més, tampoc es va enviar a la zona de Sot de Xera, on van morir dues persones pel desbordament de la presa de Buseo, de titularitat autonòmica.

La jueza de la dana ha establecido que la “absoluta indecisión” del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, “ante una situación que lejos de mejorar iba empeorando”, propició que el Es-Alert no se enviara “con tres horas de antelación” a pesar de que se podía perfectamente haber alertado así de pronto. Si bien el mensaje automático a los móviles se envió finalmente a las 20.11 —fue “tardío” y con un mensaje “erróneo”, según la magistrada—, un testigo muy relevante (el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez) confirmó, incluso documentalmente, que la “posibilidad de alertar a la población” estaba encima de la mesa desde prácticamente el inicio de la reunión del Cecopi. Así lo detalla la jueza Nuria Ruiz Tobarra en un auto dictado este jueves, en el que recuerda que la propuesta de Suárez ya planteaba la lúcida recomendación a la población de que “con carácter inmediato” se accediera a zonas altas.

La resolución rechaza el careo, propuesto por una de las acusaciones particulares, entre la exconsellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa, y Jorge Suárez, al haber quedado acreditado durante la instrucción la cronología contrastada de los hechos. Y se erige en un detallado balance de la investigación de la magistrada de Catarroja, que apuntala la desastrosa gestión por parte de la Generalitat ante la dana.

La jueza recuerda que la propuesta inicial del subdirector de Emergencias no fue “del agrado” de José Miguel Basset, jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, “ni se asume” por parte de Pradas, quien tras una hora de reunión suspendió el Cecopi para “pensar las diferentes opciones”.

La jueza considera que los “motivos técnicos como causa del retraso”, alegados tanto por Pradas como por varios de los testigos de la causa, “eran en realidad inexistentes”. “El lanzamiento de un mensaje de alerta no chocaba con dificultades de tal naturaleza”, afirma el auto.

De hecho, la magistrada recuerda que, en el caso del Es-Alert de las 20.11, el funcionario de Emergencias Miguel Molla, “con gran eficiencia”, apenas tardó dos minutos y 36 segundos en validar el mensaje para que llegara a los móviles de la población de la provincia de Valencia.

“Múltiples canales” para alertar a la población

Además, reitera la instructora, las alertas a la población “hubieran podido efectuarse a través de múltiples canales”, más allá de la herramienta concreta del Es-Alert. Aun así, remacha, “no concurría ningún impedimento en el envío del Es-Alert”.

El Cecopi, según la instructora, tenía margen de maniobra: “Había tiempo, poco, pero había”. Sin embargo, la “parálisis en la toma de decisiones” impidió una respuesta mínimamente eficaz ante la emergencia de la dana. A estas alturas de la instrucción, además, “no pueden quedar dudas” sobre quién asumía la decisión de enviar el mensaje, tal como ha avalado por unanimidad la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

También cuestiona que el trasnochado mensaje de las 20.11 se enviara exclusivamente por la situación en la presa de Forata, ya que a esa hora, en el seno del Cecopi, “ya se sabía la situación del barranco del Poyo”, tal como manifestaron en sede judicial tanto Suárez como Salvador Romo, comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participó en la reunión en el Centro de Emergencias de l'Eliana.

De hecho, el mensaje previsto por la presa, inmersa en una situación potencialmente catastrófica, “nunca” se llegó a enviar, “ni aguas abajo de Forata ni a ninguna otra zona”.

Romo, según recuerda el auto, declaró el pasado 5 de marzo que uno de los militares de la UME sobre el terreno le avisó sobre las 18.45 de que no podía pasar de Riba-roja del Túria “porque el barranco estaba muy desbordado”, dato que comunicó a Suárez. También aludió a los “vídeos sobre el barranco del Poyo” que circulaban entre “todos los que se encontraban en la sala del Cecopi”.

Las “dudas jurídicas” de Pradas

Por otro lado, las llamadas al 112 “se contaban por miles” y la rambla del Poyo “era uno de los lugares afectados”, agrega el auto. Sin embargo, Pradas expresó “dudas jurídicas” sobre el contenido del mensaje y se transformó en un texto más suavizado y alejado de un posible escenario de confinamiento (ya no recomendaba permanecer en los domicilios, que a la consellera le parecía demasiado “imperativo”, sino evitar los desplazamientos). Y ello, a pesar de que, tal como confirmó Suárez a viva voz en el Cecopi ante las dudas sobre la viabilidad jurídica, la consellera era la directora del Plan de Inundaciones y, por tanto, “sí que podía adoptar dicha medida”.

La jueza destaca el mensaje de voz enviado por Pradas a José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete del president Carlos Mazón, en el que la consellera anunciaba que se iba a enviar un segundo Es-Alert que recomendaba alejarse de barrancos o ramblas y permanecer en altura. El jefe de gabinete del president, destaca la magistrada, contestó que la posibilidad de un confinamiento para toda la provincia de Valencia era una “barbaridad” y sugería (según Cuenca) u ordenaba (según lo entendió Pradas) “que se quitara eso de la cabeza”.

La comparación de un confinamiento de emergencia ante la dana (para “evitar que la población pereciera ahogada”) con el que duró “meses” a consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, tal como se evocaba, “no resultaba lógica”.

“La alegada concurrencia de motivos jurídicos que podían dilatar la procedencia de un aviso a la población mostraría un desconocimiento de las propias competencias en la gestión de la emergencia, y lo que era más preocupante, mostraría que disquisiciones jurídicas sin asidero legal suponían posponer un mensaje que ninguna violación causaba, no solo de derechos fundamentales, sino de ningún otro derecho de los receptores”, afirma la jueza Ruiz Tobarra.

Las llamadas fuera de la sala del Cecopi

El auto también alude al hecho, confirmado por varios testigos (incluido Jorge Suárez), de que Pradas y su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, siempre llamaban por teléfono a terceras personas saliendo de la sala del Cecopi.

“Se ignora con quién consultó la señora Salomé Pradas”, reconoce la jueza.

Aunque a nadie se le escapa, y así consta en un informe notarial aportado por la propia exconsellera e incorporado a la causa (y publicado íntegramente por elDiario.es), que Pradas llamó en varios momentos clave a su superior jerárquico, el entonces president Carlos Mazón, quien alargó aquella tarde la comida y sobremesa en un reservado del restaurante El Ventorro con la comunicadora Maribel Vilaplana.

Eventual careo de Pradas con Mompó y Martín Moratilla

La jueza desliza que la averiguación de esas llamadas fuera de la sala del Cecopi podría ser plausible con un hipotético careo entre los dos investigados, aunque recuerda que “tendrían derecho a no declarar y a no decir verdad”. E incluso con un careo entre Pradas y Argüeso y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y el entonces director general de Emergencias, Emilio Martín Moratilla, que presenciaron algunas de esas llamadas telefónicas.

“Es evidente”, señala el auto, que existía una “relación más estrecha” y “de más confianza” entre los dos investigados con Mompó o Martín Moratilla que con el funcionario Jorge Suárez. A modo de ejemplo, la magistrada instructora recuerda que la “acertada” propuesta inicial de Suárez de texto del Es-Alert “no se asumió” por parte de Salomé Pradas, quien “insistía en que todos tenían que estar de acuerdo”.

Tanto en el primer Es-Alert de las 20.11 como en el segundo, enviado poco antes de las 21.00, fue Salomé Pradas quien dio las “instrucciones”. Incluso impuso “correcciones lingüísticas” al texto en su versión en valenciano, junto con Vicente Mompó.

Tras las correcciones (con cambios como el normativo “tipus” por el incorrecto “tipo” o, en la misma línea, de acentos), Pradas “hizo una foto a la pantalla del ordenador” con el borrador y dijo: “Adelante”. “Lo mismo sucede”, explica la instructora, con el segundo mensaje Es-Alert: la consellera les ordenó a los técnicos que “antes de que se envíe” quería verlo.

“Numerosos fallecimientos” antes del Es-Alert

En definitiva, el mensaje “se envió tarde” y con un texto “tan genérico” de mera precaución, según la expresión de Pradas, que “realmente no alertaba del peligro que corría la población de toda la provincia de Valencia, especialmente en las zonas donde no llovía”, tal y como han refrendado dos de las peritos principales que han declarado en el marco del procedimiento: la geógrafa Ana Camarasa y la meteoróloga Victòria Rosselló.

Nuria Ruiz Tobarra reprocha que, entre las 19.00 y las 20.00 (antes del envío del Es-Alert), “se produjeron numerosos fallecimientos o había personas que estaban intentando salvarse”, tal como han acreditado cientos de familiares de las víctimas en sus declaraciones como perjudicados.

La jueza recuerda el caso concreto de un fallecido en un garaje de Paiporta. Los testigos que presenciaron su muerte (y aportaron al sumario de la causa su “estremecedor relato”) trataron de ayudarlo con la “impotencia” de no poder salvarlo y presenciando así la “agonía” del hombre, que “incluía despedirse de sus familiares ante la creencia de que no saldrían vivos de ese garaje”.

Por otro lado, el segundo Es-Alert, aunque “más acertado en su contenido”, también fue “tardío” para las poblaciones de la comarca de l´Horta Sud, así como para Algemesí o Guadassuar. Además, tampoco se envió a la zona de Sot de Chera, donde fallecieron dos personas por el desbordamiento de la presa de Buseo, de titularidad autonómica.

La jueza de la dana ha rechazado en un auto dictado este jueves la diligencia de careo, propuesta por una de las acusaciones particulares, entre la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, y el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez.

La instructora argumenta que el careo tiene un carácter excepcional, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ha de acordarse cuando no se puedan utilizar otros medios en la acreditación de los hechos, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En este caso, la magistrada considera que las cuestiones que a juicio de la acusación particular solicitante debía aclarar el careo (relativas al retraso en el envío del Es-Alert a la población) ya han sido objeto de numerosas diligencias de investigación que se han practicado en el marco de la instrucción y no pueden sustituir a éstas.

“En definitiva, la diligencia de careo pretendida no puede atender a la finalidad interesada y ha de desestimarse”, concluye la jueza Nuria Ruiz Tobarra, al tiempo que recuerda que la exconsellera investigada puede solicitar declarar voluntariamente “cuantas veces quiera en el procedimiento”, si rechaza las aseveraciones que efectuó como testigo el subdirector general de Emergencias.

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha vuelto a declarar este lunes como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024.

Según han informado a elDiario.es fuentes conocedoras de su testifical, Suárez ha afirmado que tuvieron conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo cuando estaba preparado el borrador del Es-Alert “sobre las 19:06 horas”. Un texto, que según ha comentado, “no es el que se envía a las 20.11 horas”.

Preguntado sobre los motivos por los que se modifica, ha explicado que en ese mensaje se instaba a la ciudadanía a que permaneciera en sus domicilios, un mensaje que se subió a la plataforma sobre las 19.08 horas. La variación más importante, según ha comentado, es que se sustituye el “permanezcan [en sus casas]” porque Pradas consideraba que no tenía cobertura legal. En el siguiente mensaje se dice “suspendan”.

Así, se cambia “permanezcan en sus domicilios” por “suspendan desplazamientos”, es decir, se “suavizó el imperativo”. Según el jefe de Emergencias, Pradas decía que no tenía capacidad legal, pero él le aseguró que sí por la Ley de Emergencias. Si citó que por la pandemia había controversias por lo que Pradas salió de la sala para hacer esas consultas jurídicas.

Suárez ha dicho que desconocer si esas dudas eran porque el mensaje iba a llamar a toda la provincia y no solo a los municipios afectados por Forata y que a partir de las 19:00 horas empezaron a tener percepción de que la emergencia no afectaba solo a la presa Forata.

Es en ese momento, según ha relatado, cuando tienen conocimiento de incidentes más allá del ámbito de Forata y se plantea un Es-Alert para toda la provincia. El texto del Es-Alert no le parecía correcto a Pradas por el imperativo de “permanezcan en sus domicilios”. Preguntado sobre si Pradas consideraba que era una medida de confinamiento, ha afirmado que en el ámbito de emergencias sí usan la palabra confinamiento.

Además ha añadido que al señor José Manuel Cuenca, asesor del expresdiente Carlos Mazón, no le parecía bien confinar toda la provincia y ha explicado que el mensaje de las 20.11 horas sugiere evitar desplazamientos matizando el texto propuesto inicialmente. Ya en el segundo Es-Alert de las 20:57 horas se habla de que “permanezcan en sus domicilios”. Las dudas iban asociadas a la restricción de la movilidad, ha afirmado Suárez ante la jueza.

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha aportardo un acta notarial a la jueza de la dana con sus mensajes enviados a la exconsellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa. En uno de los mensajes, enviado a las 15.56 del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, la alcaldesa de la localidad tilda al PSPV-PSOE (en valenciano) de “fdp” (por 'fills de puta', en castellano 'hijos de puta').

Sáez aludía a las críticas de los socialistas de la comarca de la Ribera Alta a la gestión de la dana por parte del entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigado en el procedimiento. El PSPV-PSOE colgó un mensaje en redes sociales en el que reprochaba al alto cargo que no se hubiera puesto en contacto con ellos personalmente a pesar de la situación.

Pradas, que precisamente se dirigía a Carlet en aquellos momentos, responde a su interlocutora: “Es falso”. Por su parte, la alcaldesa de Carlet añade a las 14.57: “La delegada del Gobierno a mí me ha llamado a mediodía”. “Y al presidente de la CHJ [Confederación Hidrográfica del Júcar] lo he llamado yo”, apostilla.

El acta notarial, a la que ha tenido acceso elDiario.es, refleja los mensajes de WhatsApp de la alcaldesa de Carlet con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, y con Silvia Soria, jefa de gabinete de Pradas.

También reseña un mensaje enviado al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, en el que la primera edil popular pide a las 16.07: “Necesito bomberos urgente por caída de torres de la luz”.

La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, ha reconocido ante notario la autoría de la nota manuscrita que le dio al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. El documento fue entregado a la causa por Suárez.

El documento notarial, al que ha tenido acceso elDiario.es, reconoce “íntegramente” la autoría de las anotaciones.

En la nota manuscrita figuran apuntes sobre evitar desplazamientos en la provincia de Valencia, la recomendación de que la gente se quedase en sus domicilios, anotaciones de los nombres de las comarcas de la Ribera Alta y Baixa, Horta Sud y la Hoya de Buñol, y requerimientos de alejarse de los cauces y “elevarse” a primeras plantas y sobre la movilización de la UME.

También aparece tachada lo que parece la palabra “confinamiento”, y sobre ese tachón “permanencia en casas”.

Por otro lado, la exconsellera Pradas ha recurrido en apelación el auto del pasado 8 de abril de la jueza instructora, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que cita a la investigada para recabar una pericial caligráfica sobre la autoría de las anotaciones, una vez recabada por la Letrada de la Administración de Justicia el “cuerpo de escritura”.

La defensa cuestiona la “obligatoriedad” de la diligencia

El recurso reconoce el carácter “personalísimo” de la pericial, aunque afirma que “tal condición no conlleva la obligatoriedad de su práctica”, quedando “supeditada” al principio de necesidad. La defensa de Salomé Pradas considera que la diligencia “improcedente cuando no aporta utilidad alguna a la causa”. Además, señala que “no es obligatoria”.

“En definitiva”, agrega el recurso, “la validez de esta diligencia exige que la afectada preste su consentimiento de forma libre y voluntaria. De lo contrario, si fuese obligada coercitivamente a confeccionarlo, se incurriría en una privación de libertad constitutiva de detención, con independencia de la vulneración de otros derechos fundamentales que se encuentran bajo la salvaguarda y tutela judicial”.

La jueza de la dana ha citado a declarar, con la condición de testigo, al conductor del vehículo oficial adscrito a la exconsellera Salomé Pradas el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

Así lo indica la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en una providencia dictada este jueves en la que acepta la diligencia propuesta por la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE.

La resolución solicita a la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, que identifique al conductor de Pradas.

La providencia también acuerda que se comunique al alcalde de Sot de Chera, localidad afectada por la presa de Buseo, de titularidad autonómica, la posibilidad de que aporte voluntariamente, en un plazo de cinco días, los mensajes y llamadas, relacionados con la emergencia, que mantuvo el día de la catástrofe, “sin perjuicio de lo que pueda acordarse tras su declaración”.

Salomé Pradas informó a Carlos Mazón y a su equipo en Presidencia de “absolutamente toda la situación” de la dana durante el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. Así lo declaró la exconsellera, actualmente investigada en la causa, durante el careo que mantuvo el pasado 12 de enero con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, según el acta de la declaración cara a cara a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La investigada consideraba que se quedó “sola” en el seno de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). La otra representante del Consell que participaba en el Cecopi, la vicepresidenta Susana Camarero, se desconectó poco después del inicio de la reunión para acudir a la entrega de unos premios. Pradas “estaba sola como consellera ese día, no había nadie más del Consell”, según lamentó en el careo.

La exconsellera también reprochó “cierta persuasión repentina” por parte del jefe de gabinete de Mazón una vez que informó de la eventual medida del confinamiento de la población que barajaba el Cecopi —“estaba sobre la mesa”— para que “no se llevara a término”.

A Cuenca lo definió como “una extensión del president”, que “sabe en todo momento donde se encuentra” la máxima autoridad autonómica.

La exconsellera (a pesar de que Mazón no siempre la atendió telefónicamente mientras alargaba la comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro) “informó de todo lo que iba aconteciendo antes, durante, y después, durante todo el día, todo lo que consideró que era importante que debía saber Presidencia”.

Antes del polémico ágape, mientras Mazón terminaba su agenda de actos ajenos a la dana de aquella mañana, el jefe de gabinete le dijo que hablara con él si quería informar al president. Al menos Pradas “implícitamente lo entendió así”. Por su parte, Cuenca negó que recibiera la orden de su jefe de que no le molestaran.

El testigo aludió a la agenda pública de Mazón. Por el contrario, Salomé Pradas le espetó a Cuenca que aquella jornada ella “no estaba para mirar agendas”. La exconsellera afirmó que desconocía que Mazón se había encerrado con otra comensal en el reservado de El Ventorro. “A lo mejor si sabe que tiene la comida la llama más veces”, manifestó.

“No le va a echar la culpa a nadie de por qué pasó lo que pasó, pero quería informar a Presidencia porque entendía que era lo correcto para estar lo más coordinados posible, con el president y el resto de consellers”, afirmó Salomé Pradas.

Una “intensidad muy dura” en el Cecopi

El jefe de gabinete de Mazón adujo que sus mensajes de WhatsApp a Pradas en los que cuestionaba la medida del confinamiento estuvieron motivados por las dudas jurídicas que planteó el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez.

En uno de esos mensajes (algunos de ellos con cierto tono indecoroso), Cuenca pedía “calma” a la consellera. Por su parte, Pradas explicó en el careo que en el Cecopi “de calma nada” ya que se vivía una “situación de una intensidad muy dura”.

José Manuel Cuenca, por su parte, se definió como un “periodista” sin conocimientos jurídicos ni “intención ni rol en la emergencia”. Asoció el posible confinamiento con la pandemia de la Covid-19 y dijo que se trataba de una “cuestión de enjundia” y “de envergadura” por la “restricción de derechos fundamentales”.

Salomé Pradas lo interpretó como un “intento de persuasión para que no se lleve a cabo esa medida”, a pesar de que estaba plenamente avalada por la normativa en materia de emergencias. “No es un intento de persuasión sino una reflexión”, matizó Cuenca.

La exconsellera dijo que cuando recibió esos mensajes, la decisión de enviar el Es-Alert a los móviles de la población ya se había tomado en el Cecopi. “Sinceramente se sorprendió con esos whatsapps, porque estaban en momentos de mucha tensión”, según reza el acta del careo.

La “instrucción” de no confinar, según Salomé Pradas, “venía o bien de Cayetano García o bien del president”. “No podía ser de otra forma”, añadió. Aun así, “ella no le hizo caso”.

Por otro lado, al llegar Mazón al Cecopi, “entonces se pone al frente, en el rol que debían desempeñar los directores institucionales de la emergencia”, deslizó Pradas.

Pradas ordenó que “su móvil no lo tocaran”

La exconsellera lanzó otro dardo a Cuenca y cuestionó que el jefe de gabinete de Mazón perdiera todos los mensajes de WhatsApp de su teléfono móvil corporativo al entregarlo formateado a la Generalitat tras su cese “sin sus datos personales”, a pesar de que la instrucción de la causa era ampliamente conocida.

“El teléfono te lo puedes quedar y ella se lo quedó”, según reza el acta con la transcripción del careo. La exconsellera, además, “envió un mensaje expreso de que no tocaran su móvil, y no resetearan nada”.

“Con su abogado prepararon un escrito diciendo que su móvil no lo tocaran, que lo iba a abonar y se lo quedaba, y que no permitía que resetearan contenido del teléfono”, apostilló Salomé Pradas.

La jueza de la dana insiste en un auto dictado este miércoles en que un “nexo común que ha demostrado la instrucción es la ausencia de avisos a la población”.

La magistrada vincula la falta de alerta a la ciudadanía el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, con la “parálisis en la toma de decisiones” en el seno del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y la “tardía convocatoria del mismo” por parte de la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa.

La resolución desestima el recurso de reforma de la defensa de Pradas contra la providencia que acordó una pericial caligráfica para determinar la autoría de las notas manuscritas entregadas por Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, sobre las indicaciones de la entonces consellera vinculadas a la redacción del texto del Es-Alert. La defensa de la exconsellera reconoció la autoría las anotaciones de “su puño y letra” y solicitó la suspensión de la prueba caligráfica acordada por la instructora.

El auto recuerda que “en ningún momento” Pradas había reconocido durante su declaración inicial como investigada la autoría de la nota manuscrita, al no constar el documento en el procedimiento hasta que lo entregó Suárez. Las manifestaciones del escrito de la defensa, que reconoce la autoría, “no pueden sustituir a la declaración de investigada, diligencia personalísima, que no puede reemplazarse por la manifestación de ninguna persona, por un escrito presentado por su representación procesal, ni por una comparecencia”, afirma la resolución.

Y, aunque lo reconociera en una declaración como investigada, “tampoco ello eximiría la práctica de una prueba que ha de estimarse pertinente”, agrega.

El auto justifica la “pertinencia” de la prueba por la “relevancia en la adopción de medidas de protección a la población”, eje principal de todo el procedimiento instruido por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

La jueza repasa la cronología acreditada por la investigación y destaca, como “lo más dramático”, que a las 17.20 del 29 de octubre de 2024 “se pudo haber lanzado un mensaje” Es-Alert, tal como propuso el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, al inicio de la reunión del Cecopi. Un mensaje propuesto —en balde— que aconsejaba a la población refugiarse en altura y que “hubiera sido plenamente efectivo” para evitar que los vecinos bajaran a los garajes o circularan por carretera.

La magistrada también incide en que “uno de los elementos que demoró” el envío de la alerta a la población fue “incluso por la redacción del mismo en valenciano”. Por indicación de Pradas y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, se cambiaron palabras en valenciano normativo ('tipus' por 'tipo', por ejemplo) o el acento de València por Valencia.

El auto destaca las consultas a la Abogacía de la Generalitat y los mensajes enviados a la consellera por José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón. Más de una hora antes del envío del Es-Alert, la reunión del Cecopi barajaba la fórmula de “permanezcan en sus domicilios”, aunque en el mensaje final de las 20.11 fue sustituida por “eviten desplazamientos”. “La razón del cambio se desconoce”, afirma la jueza de Catarroja.

Pradas mostraba “voluntad de controlar”

Además, la resolución también cuestiona que el contenido del Es-Alert fuera un “cuestión absolutamente de los técnicos”, tal como defiende Pradas, a tenor de las manifestaciones de la entonces consellera grabadas por las cámaras de una productora subcontratada por Emergencias en las que daba ciertas indicaciones sobre el texto.

“No se limitaba a ser una mera testigo del envío del mensaje, sino que se muestra una voluntad de controlar”, afirma el auto.

La jueza, tal como ha destacado a lo largo de la instrucción, considera que la alerta a la población “se podía por otro lado haber efectuado” por otras vías, tales como medios de comunicación (destaca la televisión autonómica À Punt) o el 112 en la red social X. “Nada de ello se hizo y se esperó hasta tres horas en el envío del mensaje”, apostilla.

Por otro lado, el auto destaca que “en la falta de avisos a la población incurre igualmente” el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigado en la causa.

La defensa de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, ha pedido a la jueza instructora la transcripción íntegra de su careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, celebrado el pasado 12 de enero.

Así consta en un escrito al que ha tenido acceso este diario en el que sostiene que la falta tanto de la transcripción íntegra de su propia declaración como investigada como la del careo, ambas “diligencias de vital importancia para el devenir del proceso” impide a la defensa “analizar con el rigor técnico necesario las manifestaciones vertidas”.

“Si el Juzgado está procediendo a la transcripción literal de otras declaraciones de la causa, negar dicha posibilidad respecto a la declaración de mi mandante genera un agravio comparativo y una ruptura de la igualdad que debe presidir la instrucción”, afirma el escrito firmado por los letrados Eduardo de Urbano, Sandra Imedio y Paloma Crespo.

La defensa de Salomé Pradas ha solicitado en varias ocasiones que se incorporara al procedimiento una transcripción más completa de su declaración inicial del 11 de abril de 2025.

“La transcripción literal es el único medio que garantiza que no existan interpretaciones subjetivas o errores de síntesis en el acta, recogiendo los matices, dudas o precisiones que solo el tenor literal de la pregunta y la respuesta pueden ofrecer”, agrega el escrito, que incide en el carácter “especialmente crítico en una diligencia de careo, cuyo objeto es precisamente la resolución de contradicciones específicas”.

El cap de Bombers Forestals d’Alzira, Alberto Pardo, va entregar aquest dijous totes les comunicacions relacionades amb el dia de la dana que mantenia amb l’exconsellera de Justícia i principal investigada en la causa, Salomé Pradas. Aquest comandament va ser l’encarregat de rebre la consellera llavors quan va acudir a visitar la zona i, en la seua declaració de dilluns, va posar en dubte que José Miguel Basset, cap de Bombers de la Diputació de València i coordinador dels efectius, desconeguera la retirada dels companys que vigilaven el barranc de Poio, una de les principals negligències que investiga la jutgessa de Catarroja.

En un dels àudios aportats al procediment i validats pel secretari judicial, Pardo explica a l’exconsellera que van ser els comandaments de l’emergència els que els van impedir fer més i que, en el cas de Pradas, van ser els seus superiors els qui li «van tallar les ales». La conversa va tindre lloc el mes de març del 2026: «No res, Salomé, estigues tranquil·la, perquè al final continue dient: per a mi vas fer fins on podies, fins on et van deixar. Perquè al final, tant tu com nosaltres teníem caps per damunt. Entre ells, una de les nostres caps ets tu, i tu tens els teus caps per damunt que, si et van tallant les ales, doncs, com als bombers forestals ens les van tallar des del consorci».

Una declaració que deixa entreveure que Pradas podria haver fet més, però que van ser els seus superiors els que haurien limitat la seua capacitat de decisió.

El bomber prossegueix en el seu àudio amb crítiques als comandaments: «Lamentablement, els caps visibles d’alt càrrec —que en aquest cas éreu vosaltres— sou les que més perjudicades eixireu de tot això. Sempre ho he dit i sempre ho diré: a mi ningú em dirà què vas fer, almenys fins on jo vaig estar; tota la resta ha anat sabent-se. Si a tu et van tallant les ales, doncs, no ho sé. Mentir o no mentir, no ho sé, perquè al final totes les vies telefòniques, tots els WhatsApp… tot es desvirtua molt. Però bé, és el que hi ha. No tinc cap problema que tingues l’informe. Això sí: el té Raúl, el té l’empresa, el té el consorci, no ha eixit a la llum. Jo te’l passe a tu, però et demanaria que, fins que no el demanen, no traure’l».

L’informe a què es refereix és l’elaborat pel mateix cap de Bombers Forestals d’Alzira, que també ha sigut incorporat a la causa.

En un altre àudio, també inclòs en el procediment, el bomber insisteix que Pradas va fer el que va estar a la seua mà, encara que al·ludeix a una conversa el contingut de la qual no vol revelar: «Llavors, no res, dir-te que no et preocupes. Jo sé què vas parlar en el cotxe i no diré res que no siga… Si em pregunten per tu o qualsevol cosa, si vaig escoltar alguna informació, continue mantenint que vas mobilitzar tot l’imaginable des del meu cotxe. No sé amb qui parlaves, això sí, però vas mobilitzar tothom. I que l’UME, quan tu vas pujar al meu cotxe, ja estava mobilitzada; són paraules textuals teues amb algú amb qui parlaves. Ja et vaig dir en el seu moment que, si algun dia haguera d’anar a declarar, no tindria cap problema, perquè al final es tracta que tothom sàpia la veritat, que cadascú tinga la responsabilitat que tinga i s’ha acabat».

Aquests àudios aporten informació rellevant que Alberto Pardo no va esmentar en la seua declaració de dilluns. El cap de Bombers Forestals d’Alzira va afirmar llavors que li «costa creure» que José Miguel Basset no estiguera al corrent de la desmobilització dels bombers enviats a vigilar els llits del Magre i el Poio.

Preguntat per qui hauria d’haver informat Basset d’aquesta desmobilització, va respondre que l’oficial de guàrdia d’aquella jornada. Va relatar que, malgrat estar disponibles, va haver-hi unitats de bombers forestals que no es van mobilitzar, com les de Xàtiva, Castelló de Rugat o Ròtova, i va insistir que «caldria preguntar a Basset el motiu», segons fonts coneixedores de la declaració judicial a Catarroja.

Aquest responsable va explicar que aquell 29 d’octubre de 2024 van ser requerits cap a les 12.45 per a comprovar el nivell del riu a Carlet, però no van poder fer cap mesurament perquè l’escala ja estava completament inundada. A més, al voltant de les 13.45 van saber que, aigua avall, hi havia un camió dins de l’aigua i que el conductor no apareixia.

Pardo va ser també qui va rebre la consellera llavors quan va acudir a visitar la zona, una trobada sobre la qual va assenyalar: «El dia no estava per a fer-se fotos; no era el moment».

Juntament amb Pradas van visitar el pont sobre el Magre a Carlet, el llit del qual «ja anava molt ple». En tornar, segons va declarar, la consellera llavors va ser informada —no sap per qui— que la situació s’havia complicat a Utiel.

Ja a la vesprada, aquest testimoni va explicar que, cap a les 19.00, van ser advertits de possibles avingudes des de la presa de Forata. Segons va assegurar, la seua unitat va romandre activa durant tota la matinada, amb intervencions en la residència de Carlet, en el polígon i en diversos habitatges. «A les set del matí vam tornar a la base per a canviar-nos de roba; no volíem anar-nos-en a casa perquè no era moment de descansar», va declarar.

Fonts de la defensa de l’exconsellera Pradas consideren que la testifical d’aquest bomber confirma la seua versió quant a la visita a Carlet per a «interessar-se per la situació de la dana a la Ribera Alta».

Així mateix, subratllen que la consellera llavors va ser informada durant aquesta visita que la situació es complicava a Utiel i que «va mobilitzar tots els efectius disponibles». També recorden que els bombers forestals depenen operativament del Consorci Provincial i que són els comandaments d’aquest organisme els que decideixen la mobilització i la desmobilització.

El jefe de Bomberos Forestales de Alzira, Alberto Pardo, entregó este jueves todas las comunicaciones relacionadas con el día de la dana que mantenía con la exconsellera de Justicia y principal investigada en la causa, Salomé Pradas. Este mando fue el encargado de recibir a la entonces consellera cuando acudió a visitar la zona y, en su declaración de este lunes, puso en duda que José Miguel Basset, jefe de Bomberos de la Diputación de Valencia y coordinador de los efectivos, desconociera la retirada de los compañeros que vigilaban el barranco del Poyo, una de las principales negligencias que investiga la jueza de Catarroja.

En uno de los audios aportados al procedimiento y validados por el secretario judicial, Pardo explica a la exconsellera que fueron los mandos de la emergencia quienes les impidieron hacer más y que, en el caso de Pradas, fueron sus superiores quienes le «cortaron las alas». La conversación tuvo lugar este mes de marzo de 2026: «Nada, Salomé, estate tranquila, porque al final sigo diciendo: para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron. Porque al final, tanto tú como nosotros teníamos jefes por encima. Entre ellos, una de nuestras jefas eras tú, y tú tienes a tus jefes por encima que, si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio».

Una declaración que deja entrever que Pradas podría haber hecho más, pero que fueron sus superiores quienes habrían limitado su capacidad de decisión.

El bombero prosigue en su audio con críticas a los mandos: «Lamentablemente, las cabezas visibles de alto cargo —que en este caso erais vosotros— sois las que más perjudicadas vais a salir de todo esto. Siempre lo he dicho y siempre lo diré: a mí nadie me va a decir lo que hiciste, por lo menos hasta donde yo estuve; todo lo demás se ha ido sabiendo. Si a ti te van cortando las alas, pues no lo sé. Mentir o no mentir, no lo sé, porque al final todas las vías telefónicas, todos los WhatsApp… todo se desvirtúa mucho. Pero bueno, es lo que hay. No tengo ningún problema en que tengas el informe. Eso sí: lo tiene Raúl, lo tiene la empresa, lo tiene el consorcio, no ha salido a la luz. Yo te lo paso a ti, pero te pediría que, hasta que no lo pidan, no sacarlo».

El informe al que se refiere es el elaborado por el propio jefe de Bomberos Forestales de Alzira, que también ha sido incorporado a la causa.

En otro audio, también incluido en el procedimiento, el bombero insiste en que Pradas hizo lo que estuvo en su mano, aunque alude a una conversación cuyo contenido no quiere revelar: «Entonces, nada, decirte que no te preocupes. Yo sé lo que hablaste en el coche y no voy a decir nada que no sea… Si me preguntan por ti o cualquier cosa, si escuché alguna información, sigo manteniendo que movilizaste todo lo habido y por haber desde mi coche. No sé con quién estabas hablando, eso sí, pero movilizaste a todo el mundo. Y que la UME, cuando tú montaste en mi coche, ya estaba movilizada; son palabras textuales tuyas con alguien con quien hablabas. Ya te dije en su día que, si algún día tuviese que ir a declarar, no tendría ningún problema, porque al final se trata de que todo el mundo sepa la verdad, que cada uno tenga la responsabilidad que tenga y santas pascuas».

Estos audios aportan información relevante que Alberto Pardo no mencionó en su declaración del lunes. El jefe de Bomberos Forestales de Alzira afirmó entonces que le «cuesta creer» que José Miguel Basset no estuviera al corriente de la desmovilización de los bomberos enviados a vigilar los cauces del Magro y el Poyo.

Preguntado por quién debió informar a Basset de esa desmovilización, respondió que el oficial de guardia de aquella jornada. Relató que, pese a estar disponibles, hubo unidades de bomberos forestales que no se movilizaron, como las de Xàtiva, Castelló de Rugat o Rótova, e insistió en que «habría que preguntar a Basset el motivo», según fuentes conocedoras de la declaración judicial en Catarroja.

Este responsable explicó que aquel 29 de octubre de 2024 fueron requeridos sobre las 12:45 horas para comprobar el nivel del río en Carlet, pero no pudieron realizar ninguna medición porque la escala ya estaba completamente inundada. Además, alrededor de las 13:45 horas supieron que, aguas abajo, había un camión dentro del agua y que su conductor no aparecía.

Pardo fue también quien recibió a la entonces consellera cuando acudió a visitar la zona, un encuentro sobre el que señaló: «El día no estaba para hacerse fotos; no era el momento».

Junto a Pradas visitaron el puente sobre el Magro en Carlet, cuyo cauce «ya iba muy lleno». A la vuelta, según declaró, la entonces consellera fue informada —no sabe por quién— de que la situación se había complicado en Utiel.

Ya por la tarde, este testigo explicó que, sobre las 19:00 horas, fueron advertidos de posibles avenidas desde la presa de Forata. Según aseguró, su unidad permaneció activa durante toda la madrugada, con intervenciones en la residencia de Carlet, en el polígono y en varias viviendas. «A las siete de la mañana volvimos a la base para cambiarnos de ropa; no nos queríamos ir a casa porque no era momento de descansar», declaró.

Fuentes de la defensa de la exconsellera Pradas consideran que la testifical de este bombero confirma su versión en lo relativo a la visita a Carlet para «interesarse por la situación de la dana en la Ribera Alta».

Asimismo, subrayan que la entonces consellera fue informada durante esa visita de que la situación se estaba complicando en Utiel y que «movilizó a todos los efectivos disponibles». También recuerdan que los bomberos forestales dependen operativamente del Consorcio Provincial y que son los mandos de este organismo quienes deciden su movilización y desmovilización.

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha remitido un escrito a la jueza que investiga la gestión de la dana en el que reconoce la autoría de unas notas manuscritas que constan en el sumario de la causa y pide que se suspenda la prueba caligráfica ordenada para averiguar su autoría.

Dichas notas fueron aportadas a la causa por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y se trata de anotaciones elaboradas en el transcurso de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, que incluyen apuntes sobre las indicaciones que se debía dar a la población.

Concretamente, se pueden leer apuntes sobre evitar desplazamientos en la provincia de Valencia, recomendación de que la gente se quedase en sus domicilios, anotaciones de los nombres de las comarcas de la Ribera Alta y Baixa, Horta Sud y la Hoya de Buñol, alejarse de los cauces y “elevarse” a primeras plantas y también sobre la movilización de la UME.

También aparece tachada lo que parece la palabra “confinamiento”, y sobre ese tachón “permanencia en casas”.

La jueza había ordenado recientemente en una providencia citar a la exconsellera Salomé Pradas, investigada en esta causa junto al ex secretario autonómico Emilio Argüeso, para hacer una prueba pericial caligráfica respecto a la referida nota manuscrita.

Ahora la defensa de la exconsellera ha presentado un recurso de reforma contra la referida providencia porque Pradas “reconoce íntegramente la autoría de esas notas”, que fueron “redactadas de su puño y letra”.

“Mi representada admite haber redactado de su puño y letra el mencionado documento, por lo que no existe duda, impugnación ni controversia alguna sobre la autenticidad de la grafía ni sobre la autoría de la misma”, apunta el referido recurso, al que ha tenido acceso EFE.

Fuentes cercanas a la exconsellera han apuntado que, en su declaración judicial, Suárez aseguró que esas notas se las llevó del Cecopi sobre las 19:45 horas del 29-O para gestionar el envío del Es_Alert, y que ello demuestra que “a esa hora ya estaban decididos y autorizados los textos de los Es_Alert, así como decidida la solicitud de solicitar el apoyo de la UME a toda la provincia”.

La postura de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) choca de lleno con la visión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, encargada de resolver los numerosos recursos en el marco de la causa de la dana. Si bien la sección segunda, presidida por el magistrado progresista José Manuel Ortega, emplazó a la jueza instructora a investigar, a pesar de su condición de aforado, si el expresident Carlos Mazón tuvo algún papel en el envío del Es-Alert y en la toma de decisiones en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos, la Sala de lo Penal del alto tribunal autonómico, de mayoría conservadora, ha cuestionado esa posibilidad, además de su posición de garante ante la catástrofe. El papel de Mazón en el Es-Alert se mueve en el “terreno de la mera conjetura” y carece de la suficiente acreditación indiciaria, con vacíos importantes propiciados por la eliminación de los mensajes de WhatsApp por parte de su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

“La posición de garante que se atribuye al aforado, desde la perspectiva jurídico técnica que nos corresponde analizar, no concurre”, afirma con contundencia el auto que rechazó el pasado 16 de marzo que la exposición razonada de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, incluyera indicios reforzados de suficiente solidez que justificaran la imputación de Mazón por el presunto delito de homicidio imprudente.

La resolución de la Sala de lo Penal cuestiona el escenario que vislumbró la sección segunda de la Audiencia de Valencia el pasado 20 de octubre, en un auto trascendental para la instrucción que avaló la declaración testifical de Maribel Vilaplana, comensal del ágape en El Ventorro, y abrió la puerta de par en par a investigar el eventual papel de Mazón pese a su condición de aforado.

“Analizar o investigar lo hecho —por acción u omisión impropia— por el President de la Generalitat la tarde del 29 de octubre de 2024, en el espacio del procedimiento penal, exigiría que existieran indicios de que tuvo alguna participación eficiente en la toma de decisiones —o en la omisión de las mismas— en el seno del Cecopi por quien detentaba el Mando Único y, en particular, en aquéllas cuya adopción u omisión pudieran vincularse causalmente, en los términos exigidos por la imprudencia penal, con la causación de las muertes y las lesiones investigadas”, indicaba aquella resolución.

Sin embargo, el TSJ-CV enmienda la mayor. El auto considera que “en ningún momento” Mazón ostentó la posición de garante. La posición de jefe del Consell, estructura política de carácter jerárquico, “en modo alguno” puede sostener la responsabilidad penal del aforado, que ostenta esa condición por su puesto de diputado autonómico del PP de Juan Francisco Pérez Llorca.

En definitiva, el TSJ-CV descarta que el president de la Generalitat infringiera “deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal” mientras alargaba una insólita sobremesa con Vilaplana en un reservado de El Ventorro, hecho enmarcado por el tribunal en un orden moral ajeno al terreno estrictamente penal.

Además de reforzar el carácter único del mando único ante la emergencia, que ejercía la entonces consellera Salomé Pradas, investigada en la causa, la Sala de lo Penal del TSJ-CV recuerda que la normativa no atribuye “deber específico”en la materia al president, que tampoco activó la situación de emergencia catastrófica (“es entonces y solo entonces cuando se produce el desplazamiento competencial del que surgiría ese deber jurídico específico de actuar sustentado en una obligación legal”). Si bien Mazón asumió una suerte de mando institucional a su tardía llegada al Cecopi, según han declarado varios testigos, sobre el papel Pradas legalmente siempre lo ejerció.

El “esfuerzo y laboriosidad” de la jueza

El TSJ-CV deja otros recados relevantes de cara a la última etapa de la instrucción de la causa (aunque también alude al hecho de que no le corresponde “prejuzgar” la conducta de los dos investigados). De la comparecencia de Carlos Mazón de las 11.45, “no consta (...) indicio alguno” de que “se apartara de los datos meteorológicos que existían en ese momento”. La realidad, por el contrario, es que el president aportó información completamente desactualizada, tal como ha acreditado la instrucción de la causa. En la exposición razonada, el alto tribunal echa de menos una “relación de causalidad concreta y precisa entre cada fallecimiento y la rueda de prensa”.

A pesar de reconocer el “esfuerzo y laboriosidad” de la jueza, el auto trata de desbaratar algunas de las principales tesis de la instructora, en relación con Salomé Pradas y más allá de Carlos Mazón. El TSJ-CV desliza que la exposición razonada adolece de la “nitidez requerida” sobre la existencia de una relación de causalidad concreta y precisa entre la actuación de la Generalitat ante la dana el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, y el envío tardío del Es-Alert.

“Como no se cansa la jurisprudencia de repetir, la necesaria relación de causalidad no puede plantearse en términos genéricos o difusos, sino que exige que se proporcionen datos precisos para concluir en qué medida las decisiones adoptadas fueron determinantes de fallecimientos individualmente identificados”, apostilla. A la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, el TSJ-CV le anima a “proseguir para resolver con libertad de criterio”.

“Hasta que yo no diga hágase, no se hace”. Eso dijo la entonces consellera Salomé Pradas sobre el Es-Alert del 29 de octubre de 2024, según declaró ante la jueza de la dana el jefe de la Unidad de Análisis del Riesgo del Centro de Emergencias, Juan Ramón Cuevas Camps, según consta en el acta de su declaración del pasado 19 de febrero, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El testigo reiteró que fue Pradas quien le dio el texto del Es-Alert decidido en el seno de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), sobre las 19.50 (el mensaje automático a los móviles se envió a las 20.11, cuando ya había fallecidos). “La consellera entraba, salía y nos daba la orden de que en tanto ella no estuviera presente y nos diera el vistiplau [visto bueno] para su envío nos quedáramos parados”, manifestó Cuevas. También aludió a ciertos cambios del texto del Es-Alert en su traducción al valenciano: “Una vez que está escrito, lo repasan mil veces, quita una coma, este acento... cosas lingüísticas. Que dicen 'mi valenciano es distinto al tuyo, escríbelo así'. No es una modificación del significado sino cuestión gramatical”.

La primera orden sobre el Es-Alert se la dio su superior, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, “entre las 18.00 y las 18.15 más o menos”, por la posible declaración del escenario 3 del Plan de Emergencias de la presa de Forata (que supone riesgo de rotura o avería grave de la infraestructura hidráulica). “Es un escenario que da miedo”, apostilló el testigo.

Más tarde, tras la primera desconexión en la reunión del Cecopi, “se descartó enviarlo a [la zona de] Forata” y se tomó la decisión de remitirlo a toda la provincia de Valencia. En el Cecopi y en el Centro de Emergencias, según el testigo, a partir de las 18.30 fueron conscientes de que la situación en la cabecera del barranco del Poyo se había desmadrado: “Aquello se disparó”, afirmó en referencia a la localidad de Chiva.

En esa fase de la emergencia, los técnicos se quedaron en una suerte de pausa: “Yo creo que estuvimos haciendo pruebas, poniendo texto y borrando, pero no hacíamos nada porque teníamos que esperar que nos dieran la propuesta desde el Cecopi”

Sobre las 19.50, el mensaje ya estaba “hecho”. Mientras la consellera aún “entraba” y “salía” de la sala, los técnicos permanecían “parados”. “Estábamos ahí de brazos cruzados, no lo sé. Esperando a que la consellera nos dijera 'envíese'. El resto se lo tiene que preguntar a Salomé Pradas. Lo siento, no puedo decirle nada más”, le dijo el funcionario al abogado de una de las acusaciones, Vicente Simó.

La letrada Virginia Masiá le planteó una pregunta certera: “Desde las 17.00 que se reúne el Cecopi hasta las 20.11 que se envía el Es-Alert, ¿se tomó alguna medida, además del envío del mensaje, para proteger a la ciudadanía?”. El testigo respondió: “No”.

Cuevas asomó “un poco el morro” a la reunión del Cecopi “por cotillear”. “Lo único” que escuchó del Cecopi fue la exclamación del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, pidiendo que se mandara el “puto mensaje” de una vez.

Cuando por fin recibieron la orden de validar el mensaje, Cuevas recordaba que detrás de él había un “coro” de participantes en el Cecopi. Identificaba a Pradas y a Mompó, porque le decían sobre el texto: “Quita esto de aquí”.

La consellera “visó y controló” el texto del Es-Alert

Sin embargo, Paloma Crespo, una de las letradas que ejerce la defensa de Salomé Pradas, le planteó al testigo la posibilidad de que esa escena en la que la consellera y Mompó estaban situados detrás de él, correspondiera al segundo Es-Alert, que se envió casi una hora más tarde (en las imágenes que constan en el sumario se ve a Cuevas sentado al lado de otro técnico y, detrás de ellos, a Suárez, Pradas, Mompó, Carlos Mazón y el director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla).

—Me estás liando, no lo sé, vamos a ver, lo que sí que te puedo decir es que la señora Salomé Pradas estaba presente con la redacción porque (...) la memoria es muy volátil, pero hay determinados sucesos que se te quedan grabados por estúpidos que sean, pero yo estaba escribiéndolo en valenciano y la señora Salomé Pradas, cuando yo escribí 'de tot tipus', ella me dijo que no pusiera 'tipus', que pusiera 'tipo', que 'tipus' es muy catalán, y yo que tengo el superior de valenciano, pues me quedé un poquito diciendo, ¿será posible? Entonces, vamos a ver, ella estaba allí, y visó y controló la escritura y la redacción.

El testigo, en todo caso, reiteró varias veces que el texto del Es-Alert provenía de la sala donde se reunía el Cecopi. “Lo que es la definición del mensaje vino del Cecopi y, obviamente, por principio de jerarquía, si la consellera me ordena una cosa, yo soy un funcionario y tengo que acatar la orden”, afirmó. Al letrado Manolo Mata, que ejerce la acusación popular de Acció Cultural del País Valencià, le dijo: “Tú puedes definir el mensaje, pero creo que usted sabe que el político al final es que el que tiene la última decisión y si considera que hay que modificar algo, lo modifica, por mucho que tú le plantees un mensaje tipo”.

“Joder, lo importante es decirle a la persona si sube al primer piso”

El texto del Es-Alert, según el jefe de la Unidad de Análisis del Riesgo, tenía un carácter meramente “informativo” o “preventivo”, pero “no hablaba de un peligro concreto, ni de ninguna acción ejecutiva concreta por parte de la población”. “Porque hay veces que empiezas 'procura, permanece atento a las informaciones de canal no sé qué, en redes sociales, en Twitter', dices, joder lo importante es decirle a la persona si sube hasta el primer piso”, explicó el testigo.

Se trata de un veterano funcionario de Emergencias que ya vivió tragedias como la pantanada de Tous. El testigo describió lo que sintió cuando le comunicaron que la presa de Forata podía entrar en un escenario de colapso: “El cuerpo se me vino abajo, porque pensaba que estaba viviendo una especie de película. No daba crédito. ¿Cómo es posible que a una comarca en 40 años se le rompan dos embalses?”.

Juan Ramón Cuevas aseguró que en Emergencias fueron “conscientes” de la magnitud de la catástrofe a partir del día siguiente: “Ni en la peor de mis pesadillas podía pensar que una inundación así se podía producir. Daba impresión. Hubo gente que dijo 'eso debe estar hecho con IA, porque no es posible que haya pasado'. Veías municipios como Paiporta o Picanya, tres pisos de coches, a la gente le costaba creer eso”.

“Llevo mucho tiempo sin dormir”

El funcionario dejó constancia durante su testifical del dolor que había causado en Emergencias la gestión de la dana del 29 de octubre y los 230 fallecidos. “Llevo mucho tiempo sin dormir pensando en que podríamos haber hecho nuestro trabajo mejor si hubiéramos tenido más medios, más recursos. Son muchas noches que llevo sin dormir durante el último. (...) Le aseguro que ahí estamos todos muy dolidos. Y ojalá no se repita eso”.

Sobre la declaración del técnico Blay Soler, quien sostuvo en su testifical del pasado 20 de enero que en Emergencias sí que se conocía la decisión del Consorcio de Bomberos de retirar a los forestales que vigilaban el caudal del barranco del Poyo, Juan Ramón Cuevas fue contundente: “Me siento especialmente ofendido por esa declaración porque atenta a mi profesionalidad y a mi honor”.

El testigo ejercía el día de autos de jefe de la Unidad de Análisis del Riesgo en comisión de servicio y, al no sacarse a concurso la plaza, cesó en el cargo. Ante la enorme carga de trabajo que supuso la dana, Cuevas se incorporó de apoyo al técnico de la Sala de Mando y Control, situada a tiro de piedra de la reunión del Cecopi.

La letrada Míriam Salmerón, que ejerce la representación jurídica de la Associació Víctimes de la dana 29 Octubre 2024, le preguntó: “¿Quién fue la persona encargada de hacer el análisis de todos esos aviso que llegaban?”. Y el testigo respondió: “Yo podría haber sido esa persona, pero en ese momento la unidad de análisis y seguimiento de la emergencia era yo solo”. Su “atención”, dijo, estaba en esos momentos centrada en el Es-Alert.

“Muy justitos de personal” en Emergencias

El funcionario resumió la situación de su unidad: “Los analistas éramos los que éramos, es decir, era yo”. “Me hubiera gustado que mi trabajo hubiera sido más eficaz, pero demasiados frentes hace que se pierda la perspectiva. La evolución por la mañana creo que fue perfecta, muy bien definida, pero por la tarde se nos escapó porque estaba yo en otros menesteres. No tengo ni teníamos en ese momento la información ni las herramientas necesarias para tener una buena fotografía de la situación”.

Juan Ramón Cuevas dejó una advertencia final en su declaración: “Lamentablemente, fenómenos como estos se van a seguir repitiendo. Y espero que la gente sea consciente de que las emergencias son importantes. Necesitamos manos y personal. Estamos muy justitos, muy justitos de personal”.

La defensa de la exconsellera Salomé Pradas ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) el sobreseimiento libre de las actuaciones (en la práctica una suerte de absolución), subsidiariamente que, en caso de que el alto tribunal autonómico impute a Carlos Mazón, que asuma “sin más dilación toda la causa”, según indica el escrito de alegaciones al que ha tenido acceso elDiario.es. Todo ello para “evitar resoluciones contradictorias y garantizar el derecho de defensa de las personas que finalmente pudieran resultar acusadas en la causa”.

El escrito pide el sobreseimiento libre: “Creemos sinceramente que alargar y alargar este procedimiento con toda la información de que ya se dispone, es jurídicamente improcedente y puede redundar, finalmente, en la frustración de las víctimas”.

Por otro lado, también recuerda que “ya existen procedimientos abiertos para reparar los daños y perjuicios producidos en la riada, en los órganos contencioso-administrativos de los Tribunales de Valencia”.

La defensa de la exconsellera considera que la “posición institucional que ocupaba” el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos, “no la convierte en 'garante' de todas las actuaciones u omisiones que pudieran haber tenido lugar en el ámbito de la Administración en el que ejercía sus competencias”.

El “desarrollo vertiginoso” de la “catástrofe natural de magnitud imprevisible” de la dana “anuló cualquier capacidad de reacción humana efectiva”, argumenta el escrito de alegaciones de la exconsellera.

Una “investigación prospectiva” contra Mazón

Por su parte, la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, reitera su postura de que las “consecuencias” de la dana “no constituyen delito imputable a nadie”, al tratarse de una “desgracia natural no previsible en su real dimensión”. “Aquella dana fue la mayor desgracia natural de Europa desde que hay registros”, apostilla el escrito de la defensa de Argüeso.

En caso de que el TSJ-CV decidiera imputar a Mazón, lel letrado de Emilio Argüeso pide que asuma la “totalidad de la causa”. Aunque, en todo caso, defiende que la “inexistencia de negligencia delictiva” por parte de la Generalitat Valenciana y considera que se ha practicado una “investigación prospectiva” en relación con Carlos Mazón, a pesar del aval unánime y contínuo de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia a las testificales que la defensa de Argüeso cuestiona (tales como la de los escoltas y el chófer del expresident, la del dueño del restaurante El Ventorro o la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo).

La defensa de Argüeso también critica la “falta de razonamiento” sobre el nexo causal y las “supuestas acciones y omisiones imputables”.

Ricardo García, el subsecretario de Salomé Pradas, ha relatado este jueves ante la jueza de la dana que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, cambió de presencial a telemática una reunión que tenía convocada en Alicante. “Pensé que era más seguro no ir”, ha afirmado.

El testigo, con un cargo de carácter burocrático, no tuvo papel alguno en la gestión de la emergencia de la dana. Preguntado sobre la hora en que fue consciente de la situación, García ha contestado: “Cuando recibo el Es-Alert me empiezo a informar”.

García también ha explicado que no la consellera Pradas ni el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, se pusieron en contacto con él aquella jornada: “No sabía nada hasta el Es-Alert. Mis competencias no eran sobre eso”, ha declarado.

El subsecretario de Pradas ha descrito el mensaje automático a los móviles como “la última de las medidas y la más cualificada para alertar a la ciudadanía”. “Por eso digo que me alerta y pienso que está pasando algo grande”, ha explicado García, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Autónoma de Madrid. “El Es-Alert lo he dado como profesor”, ha dicho.

Aunque la herramienta llevaba implantada “relativamente poco”, el departamento de Emergencias estaba familiarizado con esa tecnología. “En la Comunidad Valenciana somos afortunados de contar con [los funcionarios] Jorge Suárez e Inmaculada Piles y sí se conocía”, ha especificado.

García también ha declarado que no habló con Pradas posteriormente sobre el retraso en el envío de la alerta a los móviles. También ha asegurado que el Es-Alert es la medida “más cualificada porque es la última”, aunque ha citado otras herramientas “relevantes”, tales como las redes sociales o la aplicación del 112 para móviles: “Si se descarga, permite a la ciudadanía conocer los riesgos”.

Subsecretario “por lealtad”

Ricardo García acabó de subsecretario de Pradas “por lealtad”, heredado de la consellera anterior, Elisa Núñez, de Vox, que fue su jefa de gabinete cuando fue rector de la Universidad Católica de València.

El testigo ha matizado este jueves al letrado de la Abogacía del departamento autonómico, Ignacio Lleó, que declaró el pasado 27 de enero. Si bien éste último afirmó que había sido García quien le llamó, el subsecretario ha consultado la factura de su teléfono y ha confirmado que fue al revés. Lleó telefoneó a García a las 20.51, en una llamada de la que no recordaba de qué hablaron.

Al enterarse de que había sido citado a delcarar como testigo, el subsecretario de Pradas se hizo con la factura de su teléfono para comprobar la cronología de las llamadas de aquellos días. La comunicación con la Abogacía fue, en todo caso, una “conversación informal”. “Es una conversación sobre la posibilidad de medidas de limitación de derechos”, ha detallado.

Sin consultas “de manera oficial”

Ricardo García ha afirmado que “de manera oficial” no se hizo una consulta sobre el confinamiento: “Que en esa llamada se hablara de la viabilidad jurídica de medidas restrictivas de movilidad seguro”. El testigo, subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2012, bajo el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado que “es muy raro” que use “la palabra confinamiento”. “Uso más las palabras [medidas] limitativas de derechos”, ha apostillado.

El testigo ha argumentado que “era lógico” que tratara con Lleó sobre las “medidas limitativas” a consecuencia de los estragos de la dana, una situación “ya conocida a esa hora”. “Yo he sido subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, no necesitaba a Lleó para saber si se podían tomar medidas limitativas por seguridad pública”, ha remachado.

Por otro lado, Ricardo García mantuvo una llamada telefónica con Silvia Soria, jefa de gabinete de Pradas, sobre las 15.00, cuando la situación en Utiel ya era muy crítica, para ponerse “a disposición”. Soria no le comentó nada sobre la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). “Fue una conversación muy rápida, de un minuto”, ha manifestado el testigo.

La jutgessa de la dana ha acreditat l’hora exacta a què l’escorta de Carlos Mazón va comunicar al seu superior que el president renunciava al dispositiu de seguretat en entrar al dinar amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro. L’agent va informar de la decisió del cap del Consell el sotsinspector que dirigia la seua seguretat a les 14.50, en una telefonada de tot just un minut i 46 segons, segons un escrit remés al Jutjat d’Instrucció número 3 de Catarroja a què ha tingut accés elDiario.es.

L’agent de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana va ser requerit per la magistrada, després de la seua declaració del 9 de febrer passat, perquè aportara voluntàriament la factura del telèfon mòbil amb què va efectuar la telefonada.

No obstant això, l’escorta s’ha limitat a consultar la dada en la factura (sense aportar-la per a l’acarament per part de la lletrada de l’Administració de Justícia), “per a mantindre la privacitat dels números de telèfon particulars”, que “no tenen cap relació amb la causa” i perquè “aquestes dades no es facen públiques”, segons indica en l’escrit.

La instructora pretén aclarir la cronologia exacta dels passos de Mazón el 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. El president, segons va declarar el policia en la seua testifical, li va comunicar que renunciava a l’escorta en accedir al cèntric carrer de Bonaire, on està situat El Ventorro.

L’escorta ho va comunicar al seu superior, que li va ordenar que tornara al Palau de la Generalitat, mentre Mazón iniciava el dinar en el reservat de l’establiment amb Maribel Vilaplana. Els agents ni tan sols van fer la inspecció ocular prèvia que solen dur a terme quan el president entra en un establiment.

Pradas, a les 14.52: “Cecopi en Centre d’Emergències”

A les 14.50, hora de la telefonada de l’escorta, ja feia quasi 40 minuts que la consellera llavors Salomé Pradas havia alertat Carlos Mazón —a les 14.11— que “la cosa es complica a Utiel”, segons l’acta notarial amb els seus missatges de WhatsApp que consta en el procediment. Mazón no va contestar el WhatsApp de la seua consellera.

Sense haver obtingut resposta del president, Pradas també va reexpedir el mateix missatge a les 14.25 a José Manuel Cuenca, cap de gabinet de Carlos Mazón. La consellera va dir a Cuenca: “El riu està desbordant-se”. I el seu interlocutor va contestar: “D’acord. Hòstia”.

A aquesta hora, Mazón acabava l’últim acte de la seua agenda aliena a la dana d’aquell matí al Palau, abans d’eixir cap al restaurant. Immediatament després que renunciara a l’escorta i que el policia ho comunicara al seu superior, Pradas va escriure a Cuenca a les 14.51: “Passem a nivell 2 [d’emergència] a Utiel-Requena”.

Un minut després, a les 14.52, li va escriure: “Cecopi [Centre de Coordinació Operativa Integrat] en Centre d’Emergències”. I també li va dir que s’activava la Unitat Militar d’Emergències (UME).

No obstant això, el cap de gabinet va assegurar davant la jutgessa que no va traure aquella vesprada Mazón d’El Ventorro per l’“impecable” paper de Salomé Pradas davant l’emergència de la dana.

Els qüestionats passos de Mazón

El president, després de la llarga sobretaula i el passeig fins a un aparcament pròxim amb Maribel Vilaplana, va arribar al Palau entre les 19.45 i les 19.50, segons la testifical dels escortes, que contradeia de pla les múltiples versions de Mazón sobre els seus passos d’aquella vesprada.

Després de pujar breument al seu despatx, la comitiva de Mazón va eixir cap a la reunió del Cecopi en el Centre d’Emergències de l’Eliana, on va accedir a les 20.28. A aquesta hora, ja hi havia centenars de morts i un nombre incalculable de ciutadans romanien atrapats per les inundacions.