La jueza de la dana asegura en un auto que “existen claros indicios” de que los fallecimientos en la pedanía valenciana de La Torre “podrían haber sido evitados” si la entonces consellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, ambos investigados, “hubieran ejercido sus funciones”.

En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, señala que los fallecimientos en La Torre -una de las tres pedanías valencianas con víctimas mortales en aquella dana, que dejó 17 en todo el término municipal- son “una muestra evidente de las negligencias en la gestión de la emergencia, así como de la carencia y del retraso de avisos y las consecuencias que tuvo para aquellas víctimas que perecieron en los garajes, en sus casas, o de camino en los coches”.

La instructora determina que uno de los elementos decisivos para la toma de decisiones con prontitud es el conocimiento de las propias competencias en la gestión de la emergencia y advierte: “Cuando Pradas llega a la conclusión de que la toma de decisiones recaía en ella misma como mando único en la situación 2 de emergencia del Plan de Inundaciones, la actuación que asumió ya fue tardía y errónea”.

Asimismo, indica que la afirmación de Argüeso de que “no tenía por qué ir al Cecopi” es “difícilmente inteligible teniendo en cuenta que la convocatoria al Cecopi se hace por la AVSRE (Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias), y que el secretario autonómico es el director de la misma”, y apunta que “solo se puede explicar como una forma de justificar la escasa o nula intervención del mismo, y ello incidiría igualmente en el resultado mortal sucedido en La Torre”.

De esta forma, la magistrada rememora que el 29 de octubre de 2024 ya existía un aviso rojo de Aemet por la mañana, que hubo bomberos forestales que no fueron movilizados para vigilar cauces, que el Cecopi fue “anormalmente tardío en su convocatoria” y que hubo una “conocida ralentización en la toma de decisiones relevantes”, lo que culmina con un mensaje Es-Alert a las 20:11 horas, “con las ya conocidas vacilaciones, disquisiciones jurídicas y lingüísticas”.

“Todo lo anterior nos conduce hasta los fallecimientos que tuvieron lugar en La Torre, de los cuales efectivamente existen claros indicios de que pudieran haber sido íntegramente evitados por los investigados, si hubieran ejercido sus funciones conforme les imponía la normativa en materia de protección civil y el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones”, afirma en su auto.

En esta línea, sostiene que la bajada a los garajes en La Torre “resultó mortal, pero también caminar por la calle o circular con el vehículo”, y desgrana las situaciones en las que murieron algunos vecinos de la pedanía, como una pareja, un matrimonio con su hija, un residente, una viandante, dos personas que volvían de su trabajo, un hombre con movilidad reducida en su propio domicilio, así como dos vecinas cuyos cuerpos fueron encontrados en Sedaví.

La jueza también profundiza sobre los errores, a su juicio, del proceso de redacción del mensaje Es-Alert, con las distintas propuestas de texto que recomendaban “permanecer en sus domicilios” o “evitar desplazamientos”, y señala que con el mensaje final “no se alertaba del peligro real, por ejemplo, de bajar a un garaje o de quedarse en la planta baja de casa”.

“Se desconoce todavía por qué motivos se cambió dicho texto del borrador nº 706, que decía 'permanezcan en sus domicilios'. En el caso de La Torre habría podido evitar bajar a un garaje o salir a la calle”, indica la jueza, quien considera que el mensaje de subir a pisos altos “podría haber salvado vidas en La Torre, de haberse enviado antes de las 20:57 horas”.

“La población de La Torre, donde no llovía, no podía ser consciente del peligro en el que se encontraba cuando bajó a un garaje, o estaba en la planta baja de su casa, caminaba por la acera o circulaba con el coche por la pedanía”, apunta.

También recuerda que el alcalde pedáneo de La Torre, Rafael Arnal, testificó el pasado 5 de octubre que “no había recibido avisos de manera directa desde el Centro de Coordinación de Emergencias, sino que fue la propia alcaldesa de València, María José Catalá, la que remitió en un chat de WhatsApp el aviso rojo de la Aemet”.

Por eso, en el auto de este martes requiere al Ayuntamiento de València que identifique, en un plazo de cinco días, al funcionario adscrito a la pedanía de La Torre que prestaba servicios el día de la dana y que aporte copia de las comunicaciones trasladadas a la alcaldía pedánea y a su alcalde, entre las 7 y las 21 horas del 29 de octubre.

También le requiere que, en un plazo de cinco días, remita copia de las comunicaciones trasladadas desde cualquier organismo público (112, Emergencias, Diputación, Administración central) a la alcaldía pedánea, aunque desestima la petición de que se incorpore a la causa el contenido de un grupo de WhatsApp en el que figuran la alcaldesa de València y los alcaldes pedáneos.

Asimismo, cita como testigo, dada su situación adyacente con La Torre, al alcalde pedáneo de Horno de Alcedo, quien podrá aportar voluntariamente los mensajes del chat relacionados con la emergencia.

La exconsellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias durante la catástrofe de la dana, Salomé Pradas, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados el mismo día en que la jueza instructora ha elevado a 233 la cifra oficial de fallecidos. Pese a que su intención inicial era acogerse de forma estricta a su derecho a no declarar para proteger su estrategia de defensa como investigada, la compareciente no ha podido evitar el choque directo con algunos de los portavoces participantes en la comisión que se celebra en la Cámara Baja para depurar responsabilidades políticas sobre la gestión de la tragedia que el 29 de octubre de 2024 devastó gran parte de la provincia de Valencia. A lo largo de la sesión, Pradas ha mantenido diversos debates de elevada tensión con varios de los representantes políticos, quienes la han acusado de mentir a la comisión y de proteger al president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Al inicio de la sesión, Pradas ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha argumentado su silencio inicial con base en la instrucción penal abierta. “Desde el respeto hacia las víctimas, hacia sus familias, hacia la justicia y hacia ustedes, en estos momentos hay una investigación abierta respecto a la gestión de la dana que asoló la provincia de Valencia”, ha indicado la exalto cargo del Consell, quien se ha remitido a sus intervenciones judiciales anteriores. No obstante, las acusaciones formuladas por los grupos parlamentarios han provocado que la exresponsable de Emergencias rompiera su postura para defender su gestión institucional al frente del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El enfrentamiento con el diputado de EH Bildu, Mikel Otero, ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la jornada, al afearle el parlamentario que faltó a la verdad en su anterior comparecencia y calificar de “desastre” su permanencia en la dirección técnica del operativo. Ante las recriminaciones por la tardanza en enviar el aviso masivo y por la falta de previsión en el barranco del Poyo, Pradas ha reaccionado de forma vehemente: “Usted lo está mezclando todo”. En su réplica, ha alegado que la convocatoria del Cecopi no respondió a la situación del barranco sino a los desbordamientos iniciales en Utiel-Requena, y ha justificado que la atención prioritaria se centró de inmediato en el riesgo de rotura de la presa de Forata.

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, a quien Pradas no ha respondido, ha acusado a la exconsellera de ser el chivo expiatorio de la gestión y de encubrir la inacción de Carlos Mazón. En otro momento, y frente a los reproches por no revelar el contenido de sus conversaciones con la cúpula de Presidencia o las presiones de su personal de gabinete, la exconsellera ha negado que busque proteger a terceros. “No quiero tapar a nadie, quiero que se sepa la verdad de todo”, ha subrayado Pradas, para añadir posteriormente que sus explicaciones están respaldadas por los audios, mensajes y documentos aportados a la causa penal y que ha apuntado que está dispuesta a aportar también a la comisión parlamentaria.

El tramo final de la comparecencia ha derivado en una dura confrontación dialéctica con el portavoz del PSOE, Alejandro Soler, quien ha atribuido a la exconsellera la responsabilidad directa en las víctimas mortales por la falta de celeridad al emitir los avisos a la población. Pradas ha reaccionado con indignación y visiblemente emocionada tras tachar de “sandeces absolutas” las afirmaciones del diputado socialista, al tiempo que ha insistido en que las autoridades autonómicas actuaron sin información precisa por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). “No he cambiado mi estrategia de defensa, mi defensa es la verdad”, ha concluido para reafirmar que dará la cara en todas las instancias institucionales y judiciales.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (PP), y la exconsellera de Jusiticia, Salomé Pradas, volverán a comparecer ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados el próximo 28 de septiembre.

Así lo ha aprobado este martes la mesa de la comisión presidida por la socialista, Carmen Martínez. Mompó se someterá a las preguntas de los diputados a las 11.00 horas y Pradas a las 15.30 horas.

Ambos están obligados a comparecer y deberán aclarar presuntas contradicciones entre lo ya declarado anteriormente en la misma comisión y en el juzgado.

Como ya informó elDiario.es, una semana antes, el 21 de septiembre a las 11.00 horas, acudirá a declarar por segunda vez el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que continúa siendo diputado del Partido Popular en las Corts Valencianes. Ese mismo día comparecerá por primera vez el exsecretario autonómico de Emergencias de dicha comunidad Emilio Argüeso, imputado en la causa judicial junto a Pradas.

La jueza de la dana ha rechazado, en un auto dictado este jueves, los recursos de reforma de las defensas de ambos investigados en la causa —la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso— contra la decisión de la instructora de rechazar que se solicite a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la aportación voluntaria de sus llamadas y mensajes durante el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 232 fallecidos.

La jueza afirma que las defensas no aportan “ninguna prueba, testimonio, necesidad de corroboración de alguna comunicación o circunstancia que justifique dicha pretensión de aportación voluntaria de comunicaciones, dado el tiempo transcurrido desde las declaraciones testificales [de Bernabé y de Polo] y el gran número de pruebas practicadas desde entonces”.

Las defensas pretendían con esa diligencia conocer la información con la que contaban ambos testigos sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo. “No se precisa en el recurso la razón de verificar sus comunicaciones, ni las discrepancias de la declaración de la testigo con hechos constatados, documentos aportados, informes que hagan preciso volver nuevamente a realizar dicho ofrecimiento”, afirma la resolución.

Las defensas parten de una “premisa errónea”, según la jueza

Por otro lado, la magistrada considera que se parte de una “premisa errónea”, por su “inconcreción” y por el “claro desplazamiento y elusión de responsabilidades” en la vigilancia “de algo tan vital” como el control de los barrancos, “conocido por los medios de comunicación, establecido en el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana y sujeto a la responsabilidad de quienes ostentaron la dirección del plan, los dos investigados”.

Tanto Pradas como Argüeso “tuvieron la posición de garante desde que se activó el plan, y en las diferentes situaciones de preemergencia y emergencia del Plan, en cuanto a la no producción del resultado letal o lesivo”, sostiene el auto.

Mientras que la delegada del Gobierno se negó, durante su declaración como testigo, a aportar la lista de llamadas y mensajes de WhatsApp, el presidente de la CHJ proporcionó a la comisión de investigación de la dana en las Corts una lista de sus comunicaciones de aquella jornada, un documento que fue incorporado al procedimiento.

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, salió de su casa a primerísima hora del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabaría con 232 fallecidos, ataviada con chubasquero y botas. La primera edil del PP llevaba avisando a la población de los riesgos de la dana desde la víspera, cuando suspendió las clases en el municipio. También había convocado de buena mañana la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para el seguimiento de la situación. “Yo considero que es importante avisar a la población; de hecho, si no lo hubiésemos hecho, se hubieran quedado muchos [vecinos] atrapados en caminos”, dijo Sáez ante la jueza de la dana, según consta en el acta de su declaración del pasado 31 de julio, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La actuación de muchos alcaldes de cualquier color político, más apegados al territorio, contrasta con el papel del máximo dirigente autonómico durante el día de autos, el entonces president Carlos Mazón, quien permaneció prácticamente desconectado en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro. “Estuve todo el día pendiente y en la calle y mis concejales con chubasqueros y botas y todos en la calle”, declaró Sáez ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, describiendo un atuendo y una responsabilidad sobre el terreno muy alejados del entonces jefe del Consell durante aquella aciaga tarde. El Cecopal, afirmó la alcaldesa de Carlet, se convocó “por responsabilidad”.

La testigo, que también es diputada provincial, anuló su agenda en València para aquella jornada ante la situación que se avecinaba y el gradual empeoramiento de las alertas activadas. “Desde el día previo nos habíamos reunido, habíamos tomado decisiones, la noche anterior habíamos suspendido las clases para ese día, habíamos cerrado el cementerio, la zona deportiva, habíamos puesto vallas en todos los caminos y barrancos que tienen riesgo (...)”, detalló Laura Sáez.

Carlet, localidad de la comarca de la Ribera Alta situada entre el barranco de Benimodo y el río Magro, cuenta con dos institutos públicos y un tercer centro educativo privado al que acuden alumnos de otros municipios. “Hay líneas de autobuses y entendíamos que el riesgo del transporte también era importante ponderarlo y, por eso, decidimos suspender las clases con la información de la que disponíamos”, manifestó la testigo.

La primera edil popular, con tres años de experiencia en la Delegación del Gobierno, también se planteó el dilema del coste para cualquier alcalde de suspender las clases sin una alerta roja activada: “Tenemos que ponderar la situación y, al final, dejar a miles de niños sin colegio en una alerta amarilla no es fácil, porque les estamos complicando mucho la vida a las familias”. Sin embargo, la víspera de la dana percibió que “se daban los ingredientes” de una eventual catástrofe climática y que “había una posibilidad de riesgo”.

El caudal “muy alto” del barranco de Benimodo

El conductor de un camión de una empresa de Carlet permanecía desaparecido en el vecino término municipal de l'Alcúdia desde primera hora de la mañana. Se trataba de una información que el consistorio manejaba de forma “extraoficial”, aclaró la testigo.

La alcaldesa recibió la llamada de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, preocupada por la situación de la residencia de personas mayores. También recibió llamadas de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y habló con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo: “El motivo de mi llamada (...) era preguntarle por los riesgos que podíamos tener”.

El temor de la munícipe se centraba en el barranco de Benimodo, que “siempre está seco y alcanzó un caudal muy muy alto” y “estuvo a punto de desbordarse”. Aquella mañana, los Bomberos ya rescataron a un matrimonio de personas mayores que vivía en una casa aislada y pegada al barranco. “Conocemos el municipio y sabemos dónde están los puntos de riesgo”, manifestó la alcaldesa del PP.

La abogada de una de las acusaciones, Virginia Masiá, preguntó a la testigo:

—¿En todo momento la población estuvo informada desde el primer momento?

—Sí. A las 9.15, ya les decimos que no suban y bajen de las casetas de la montaña por las intensas lluvias y ponemos la foto de que hay caminos ya inundados. A las 9.45, comunicamos que la autovía está cortada en dirección Alicante. A las 10.25, que no va a haber gas. Actualizamos que Aemet informa que hasta las 18.00 está activada la alerta roja y que no salgan de casa y recomendaciones: de los pasos a nivel cortados, que se anulan en el centro de salud vacunaciones de gripe y Covid. Comunicamos prácticamente todo. Luego ya comunicamos las torres de la luz que han caído, que estamos sin luz a causa del tornado, prohibimos circular por un camino que era peligroso. A las 13.15, enviamos a los trabajadores del ayuntamiento que eran fuera de Carlet a casa [decisión similar a la que tomaría la Diputación de Valencia].

La llamada que precipitó la convocatoria del Cecopi

Poco antes de las 14.00, la jefa de gabinete de Salomé Pradas avisó a Sáez de que la consellera se iba a acercar a Carlet, acompañada por el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, con el “objetivo final” de “visitar a los bomberos forestales que estaban trabajando todo el día en el barranco”.

Cuando la alcaldesa acudió a la rotonda en la que aguardaban Pradas y Argüeso, “empezó a llover muchísimo” y ella propuso refugiarse en el Ayuntamiento para acudir posteriormente al barranco.

Tras explicarles la situación en Carlet durante la jornada, Pradas habló con el móvil de Sáez con el alcalde de l'Alcúdia en relación con el conductor desaparecido. A la testigo le dio la “impresión” de que la consellera, más que su 'número dos', estaba al frente de la gestión de la emergencia durante la visita a Carlet.

Sáez, además de sus llamadas y mensajes de WhatsApp, aceptó aportar al procedimiento las imágenes que se conservaban en el ayuntamiento de Pradas en la localidad (dos fotografías inéditas que ilustran esta información). La testigo también aportó un documento (reproducido al final de esta noticia) con la cronología de su actuación ante la dana y los avisos a la población en las redes sociales del Ayuntamiento.

La visita de Pradas y Argüeso coincidió con un recrudecimiento de la situación en Carlet. Poco después de las 15.00, hasta cuatro tornados afectaron al término municipal y a varias empresas del polígono industrial. “Cayeron más de 20 torres de la luz, algunas de alta y media tensión, que provocaron que nos quedáramos sin luz”, explicó Laura Sáez.

Tras visitar el barranco, poco después de las 16.00, y a consecuencia de una llamada relativa a la situación en Utiel (localidad del interior de la provincia completamente inundada para la que ya se había activado la Unidad Militar de Emergencias), Pradas convocó de cara a las 17.00 la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la sede de Emergencias de la Generalitat de l'Eliana, en la comarca del Camp de Túria. “Yo veo ya que la situación es un poco delicada y entonces abandono el despacho unos minutos”, relató la testigo.

La alcaldesa describió la llamada que, según declaró, desencadenó la convocatoria del Cecopi: “Yo escuché que dijo que, en Utiel, la situación estaba más complicada y que había llamado a alguien, no sé quién, pidiendo todos los recursos disponibles porque no quería que se le muriese nadie”. “Esa frase la recuerdo”, destacó Sáez.

Pradas “no estaba coartada por nadie”

Otro letrado de las acusaciones, Gabriel Rodríguez, trató de poner en un brete a la testigo:

—¿Sabe quién fue la persona responsable de las emergencias el 29 de octubre de 2024?

—En un principio, el secretario autonómico de Emergencias.

—¿Y, por encima, sabe quién se encontraba?

—La consellera.

—¿Y por encima?

—El presidente de la Generalitat.

—Ha quedado claro que disponía del problema de coordinación.

—Yo no he dicho eso. Yo no vi ningún problema de coordinación.

—Su impresión fue que Salomé Pradas actuó hasta donde la dejaron (...).

—(...) [Pradas] estaba dando instrucciones y no estaba coartada por nadie.

La testigo, al inicio de su testifical, declaró que conocía a Carlos Mazón y a Salomé Pradas como compañeros del PP, aunque no mantenía relación de amistad con ellos.

Laura Sáez consideraba, en todo caso, que el desplazamiento de la consellera Pradas a Carlet habría sido positivo “si no hubiese pasado lo que después pasó”. “Pero nadie sabía lo que iba a pasar”, contestó a preguntas del abogado José María Bueno Manzanares, que ejerce la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias investigado en la causa.

La alcaldesa no se sintió “abandonada por nadie”, según precisó en su declaración: “Los días posteriores, a mí me llamó desde el actual presidente de la Generalitat [Juan Francisco Pérez Llorca] al presidente del PP nacional [Alberto Núñez Feijóo]”.

Miguel Polo recomendó pedir refugio en altura

Tras la visita de la consellera, la tarde evolucionó a peor en Carlet. A las 17.00, Laura Sáez fue alertada por la Policía Local de que habían sido informados de que se iba a desaguar en pantano de Forata. La alcaldesa contactó telefónicamente con Miguel Polo, presidente de la CHJ. “El señor Polo, en aquel momento, me dijo que el agua que habíamos tenido hasta ese momento era de lluvia de los municipios más arriba, pero que el pantano iba a proceder a desaguar, algo habitual, y entonces nos iba a llegar muchísima, muchísima más agua”, explicó la testigo.

A consecuencia de la conversación con Miguel Polo, quien participaba en la reunión del Cecopi conectado telemáticamente, el Cecopal de Carlet tomó una serie de medidas, tales como colocar “impedimentos” como sacos de arena en las zonas potencialmente inundables. Por su parte, la Policía Local avisó a la población de las zonas próximas al río Magro de que “subieran a plantas altas”.

“Antes de las 18.30”, según presumió Laura Sáez, el consistorio de la Ribera Alta ya había pedido a la población situada cerca del Magro que buscara refugio en altura. Se trata de un acertado consejo transmitido más de una hora y media antes de que Emergencias enviara el primer Es-Alert, un mensaje automático a los móviles que ni siquiera solicitaba a la población que subiera a plantas altas. La medida fue recomendada por el presidente de la CHJ: “Yo le había preguntado al señor Polo y me había dicho que era correcta”, remachó Sáez.

El Ayuntamiento de Carlet también avisó a los vecinos para que quitaran los vehículos y tomó la decisión de cortar el puente, para evitar cualquier “desgracia”, según la expresión de la alcaldesa. “Eso fue antes de que nos llegara al Ayuntamiento a través del fax la alerta [de Emergencias] del 112 del riesgo de Forata”, señaló.

Tras recibir en su móvil el primer Es-Alert de las 20.11, Laura Sáez habló de nuevo con Miguel Polo por teléfono y el presidente de la CHJ le advirtió de la “situación complicada” en el río Magro y de que el Centro de Emergencias de la Generalitat iba a enviar otro mensaje masivo.

La “importante” labor de los medios de comunicación

Sáez intervino aquella tarde en À Punt, la cadena autonómica valenciana. En aquella conexión en directo, sobre las 18.35, la primera edil hizo referencia a sus conversaciones con Miguel Polo y desglosó las “medidas preventivas” activadas en la localidad.

“Yo soy de la opinión de que esos días los medios de comunicación hacen una labor muy importante, porque estamos en una situación que había que trasladarle a los ciudadanos los riesgos que había para que no saliesen de casa”, apostilló la alcaldesa del PP.

“En todos los medios de comunicación [en los] que ese día salí, yo lo que decía a los ciudadanos es: mucha precaución, porque una cosa es lo que llueve aquí y otra cosa lo que llueve aguas arriba”, explicó Laura Sáez ante la jueza.

La jueza de la dana considera que la “tesis exculpatoria” expresada en un reciente escrito por la defensa del expresident Carlos Mazón “se convierte en inculpatoria respecto de” la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa. El exjefe del Consell negó que hubiera un “nexo causal individualizado” entre su actuación y los fallecimientos en la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 232 fallecidos.

La magistrada, en un auto dictado este viernes, cuestiona abiertamente el argumentario del expresident, que figura personado en la causa como una suerte de 'preinvestigado'. La jueza considera que sus afirmaciones sobre el carácter consensuado del contenido del Es-Alert “implica desconocer” tanto la estructura del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) como la “secuencia” de la elaboración del texto de alerta a los móviles.

La resolución también destaca la “intervención y autorización directa” de Pradas en relación con el Es-Alert, “dadas sus competencias como gestora de la emergencia y directora del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones, en la situación 2 de emergencia”.

“No es solo que no se enviara ningún mensaje Es-Alert hasta las 20.11, retrasado con disquisiciones jurídicas absurdas sobre el confinamiento, por no decir de las lingüísticas, sino que previamente, de forma incomprensible, no se utilizaron otros medios de aviso a la población, absolutamente ajena a los riesgos, especialmente en las zonas donde no llovía”, afirma la jueza.

La magistrada refrenda que las medidas de protección a la población “jamás llegaron a tiempo” y que el contenido del Es-Alert fue “manifiestamente erróneo e incompleto”. El siguiente mensaje a los móviles, que sí que incluía la recomendación de buscar refugio en altura, “fue sumamente tardío”, apostilla la resolución.

Por otro lado, el auto rebate la tesis de la defensa de Mazón sobre los fallecimientos acaecidos tras el primer Es-Alert de las 2011: “El desconocimiento del gravísimo riesgo que estaban asumiendo las víctimas, la falta de avisos adecuados, y con antelación suficiente, es patente y común precisamente en todos los casos que se mencionan en el escrito”.

Además, también agrega que “a nadie se le escapa que la falta de avisos sobre el riesgo que asumía la población al bajar a los garajes resultó mortal”.

Sugerencia “en buena lógica” para que salga de la causa

La instructora incluso invita a Mazón a salirse de la causa y abandonar su llamativa personación. “En cualquier caso, si el aforado Sr. Mazón estima que no hay nada que se le pueda imputar, en buena lógica puede apartarse del procedimiento, nadie le obliga a ser parte de las presentes diligencias previas”, indica el auto.

La jueza, además, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), en la resolución que excluyó que se imputara a Mazón, también dijo que la magistrada de Catarroja debía “seguir investigando”, un aspecto “olvidado” en el escrito de la defensa del expresident del PP.

Además, el auto señala, en relación con los mensajes intercambiados entre Pradas y el jefe de gabinete de Mazón, que José Manuel Cuenca los borró y que el expresident no los ha aportado “voluntariamente” en ningún momento.

“En realidad, el escrito no es sino una extensa solicitud de sobreseimiento, dirigida a un órgano que no es competente, y formulada por una persona que no ostenta la condición de investigada”, manifiesta la jueza.

Una “afirmación hueca”

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra también rechaza el carácter prospectivo que le reprochaba la defensa de Mazón a su instrucción. “La afirmación de que se mantiene una investigación personal prospectiva contra el señor Mazón es una afirmación hueca, sin refrendo ni mención a diligencia alguna que tenga tal carácter. El Ministerio Fiscal ya rechazó la posibilidad de nulidad de cualesquiera diligencias que pudieran amparar la personación”, explica el auto.

Por otro lado, la instructora recuerda que no es su competencia “analizar cualesquiera hipótesis que pueda formular la representación” del expresident, “ni validar lo ya resuelto por el TSJ-CV y por la Audiencia Provincial de Valencia, ni sobreseer o confeccionar un auto de imputación frente a un aforado”.

El abogado del expresident instaba en su escrito a la jueza a que dijera si mantenía otras líneas de investigación relativas a Mazón. “La necesidad de que se expresen lo que se denominan líneas de investigación, es una pretensión que no tiene acogida en nuestro ordenamiento”, contesta en el auto.

La defensa de Carlos Mazón ha presentado ante la jueza de la dana un escrito en el que descarta que el expresident ostentara la “posición de garante” durante la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos y en la que la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, mantenía el mando único en el seno de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Se trata del primer escrito de calado que presenta la representación jurídica del aforado, ejercida por el abogado Ignacio Gally, tras la personación de Mazón en el procedimiento en una suerte de condición de 'preinvestigado'.

El escrito, al que ha tenido acceso este diario, sostiene que la responsabilidad por omisión del exjefe del Consell, actual diputado autonómico del PP de Juan Francisco Pérez Llorca, “ha quedado descartada al no ostentar la posición de garante necesaria” para su comisión.

“No consta prueba de que mi representado impartiera instrucciones para determinar o modificar el contenido del Es-Alert”, agrega el letrado de Mazón. El escrito vincula la “discusión técnica” sobre la inclusión en el mensaje automático a los móviles de instrucciones relativas a la recomendación a la población de refugiarse en plantas altas con el debate desarrollado “entre los responsables presentes o conectados” a la reunión del Cecopi, “sin intervención” del expresident.

También descarta que los mensajes de su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, a la entonces consellera Pradas, con órdenes sobre la posibilidad de confinar a la población, fueran instrucciones del propio Mazón, que permaneció gran parte de la jornada desconectado en una larga comida con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

También arguye que, cuando se inició el intercambio de mensajes entre Cuenca y Pradas, “ya estaba materializada por escrito la configuración esencial de los dos mensajes y su distinto ámbito territorial”, en referencia al contenido del Es-Alert debatido en el Cecopi.

Sin “orden” de Mazón de “paralizar” el Es-Alert

Pradas, según el escrito, “ha negado que aquellos mensajes determinaran su actuación”. Por otro lado, tampoco “consta una orden de Carlos Mazón de paralizar ninguno de los envíos”.

“No consta acreditado un nexo causal individualizado entre una acción positiva de Carlos Mazón y ninguno de los fallecimientos investigados”, concluye la defensa del expresident, que ha analizado la cronología de los fallecimientos en relación con el envío del Es-Alert.

El abogado de Mazón solicita a la jueza instructora que identifique las hipótesis que justifiquen las diligencias sobre el exjefe del Consell en el marco de la causa. “El derecho de defensa no puede ejercerse contra una incógnita”, afirma.

La madrugada del 30 de octubre de 2024 en las comarcas valencianas que estaban sufriendo la dana fue terrorífica. Sobre las 19 horas del día 29 cayeron las comunicaciones y se hizo de noche. Se fue la luz en las calles y en las viviendas, cayó la cobertura telefónica y móvil y tampoco funcionaba la televisión. Solo la radio quedó como fuente de información para miles de personas que, entre las doce de la noche y las siete de la mañana, cuando empezó a romper el alba, quedaron totalmente aisladas del mundo. Con las calles cubiertas por dos y tres metros de agua, fue un sálvese quien pueda. Vecinos ayudando o acogiendo a otras personas que salvaron la vida de milagro. Familiares y amigos buscando a las primeras víctimas cuando la corriente del agua empezó a cesar, sobre las cuatro de la madrugada.

Sobre las 00.15 horas del día 30 de octubre, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se dirigió a los valencianos para anunciar la peor de las noticias. Ya se estaban confirmando las primeras muertes —aunque había habido información de fallecidos muchas horas antes— y pedía a todo el mundo permanecer en sus casas y buscar lugares elevados. Tras esta intervención en la televisión pública y unas últimas instrucciones en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), se dio por cerrado el gabinete político hasta las seis de la mañana. Los equipos de salvamento y rescate siguieron con su trabajo y el jefe del Consell se marchó a su casa.

De esas horas de la madrugada apenas se sabe nada, porque el expresidente de la Generalitat solo tiene registradas comunicaciones hasta las 23.29, cuando mantuvo una llamada con el lehendakari, según la información que el propio Carlos Mazón aportó al juzgado de Catarroja, que investiga la muerte por homicidio imprudente de las 231 víctimas. Nada más se sabe de su actuación después y solo la certeza de que regresó a primera hora de la mañana del día 30 para presidir la reunión del Cecopi. Según declaró el chófer del expresidente de la Generalitat, llevó a Carlos Mazón a su casa entre las 00.00 y la 1 de la madrugada.

Al contrario que el presidente, a tenor de las llamadas realizadas de madrugada, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sí continuó con su trabajo al frente de los operativos del Estado y coordinando con Emergencias de la Generalitat Valenciana, que seguía con las labores de rescate mientras la catástrofe se complicaba con cada hora que pasaba. Según las comunicaciones de Bernabé durante la madrugada del 30 de octubre de 2024 a las que ha tenido acceso elDiario.es, la responsable del Ejecutivo mantuvo casi 40 llamadas entrantes y salientes durante las ocho horas que transcurrieron desde la medianoche hasta las siete de la mañana, cuando empezó a salir el sol y se reanudó el Cecopi con los responsables políticos.

A las 00.10, no habían pasado ni diez minutos desde que la delegada del Gobierno había colgado con el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con un responsable de Presidencia del Gobierno cuando Bernabé mantuvo una comunicación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Marlaska se incorporó al Cecopi el mismo día 30 de octubre.

A las 00.12 y a las 00.39, la delegada del Gobierno habló con la alcaldesa de València, María José Català. Aunque tres pedanías de la capital quedaron totalmente arrasadas por la dana y murieron 18 personas, en la mayor parte de la ciudad prácticamente no hubo lluvia ni daños. Fue desde el consistorio desde donde se preparó el primer dispositivo para acoger a los miles de personas que se habían quedado a la intemperie tras perder sus coches o quedar atrapadas en medio de calles y caminos.

A las 00.57 y a la 1.13, Bernabé llamó al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. A la 1.16 hizo lo mismo con la entonces consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, con quien habló durante cinco minutos. A la 1.44, la delegada del Gobierno recibió una llamada de siete minutos de la directora general de Protección Civil del Gobierno, Virginia Barcones. Poco más de una hora y media después —el único respiro de toda la noche, si nos atenemos a las comunicaciones telefónicas—, la delegada del Gobierno volvió a hablar con la alcaldesa de València. Fueron unos dos minutos.

A las 3.51, fue el teniente coronel de la UME quien llamó a Bernabé. A esas horas, las aguas empezaban a calmarse en l'Horta Sud y los equipos de emergencias podían acceder a la zona cero de la catástrofe. A las 5.25, Bernabé habló con un teléfono que no aparece identificado en la relación de llamadas y, a las 5.29, intentó hablar sin éxito con la jueza de guardia de Torrent, que fue la primera magistrada que, sobre el terreno, comenzó el levantamiento de los cadáveres que ya iban apareciendo por decenas.

A las 5.30, Bernabé habló con José Miguel Basset, jefe provincial de Bomberos y uno de los técnicos más importantes de la emergencia. Tres minutos después, la delegada del Gobierno llamó a Salomé Pradas, con quien conversó durante un minuto. A las 5.35, Bernabé volvió a llamar a la jueza de guardia de Torrent y consiguió hablar con ella durante dos minutos. En la siguiente media hora, mantuvo varias conversaciones breves con Carlos Gajero, jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Valencia.

A las 6.31 recibió la primera llamada de un periodista y, a las 6.46, habló con la secretaria general de la Delegación del Gobierno. Minutos después volvió a llamar a la jueza de guardia de Torrent, quien había montado su despacho en una gasolinera donde había vuelto la luz y donde ya llevaba varias horas con la identificación y el levantamiento de cadáveres. A las 7.12, la delegada del Gobierno habló con Arturo Prieto, general de la Guardia Civil, y a las 7.21 volvió a conversar con la jueza de Torrent. Hablaron durante cinco minutos.

A esas horas empezó a volver la luz en las zonas más devastadas por la dana y todo el mundo empezó a ser consciente de la magnitud de la tragedia. A partir de ese momento, ya se ha contado todo con luz y taquígrafos.

La matinada del 30 d’octubre del 2024 a les comarques valencianes que patien la dana va ser terrorífica. Al voltant de les 19.00 hores del dia 29 van caure les comunicacions i es va fer de nit. Se’n va anar la llum als carrers i als habitatges, va caure la cobertura telefònica i mòbil i tampoc funcionava la televisió. Només la ràdio va quedar com a font d’informació per a milers de persones que, entre les dotze de la nit i les set del matí, quan va començar a trencar l’alba, van quedar totalment aïllades del món. Amb els carrers coberts per dos i tres metres d’aigua, va ser un campe qui puga. Veïns ajudant o acollint altres persones que van salvar la vida de miracle. Familiars i amics buscant les primeres víctimes quan el corrent d’aigua va començar a minvar, al voltant de les quatre de la matinada.

Al voltant de les 00.15 hores del dia 30 d’octubre, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, es va dirigir als valencians per a anunciar la pitjor de les notícies. Ja s’estaven confirmant les primeres morts —encara que hi havia hagut informació de persones mortes moltes hores abans— i demanava a tothom estar a casa i buscar llocs elevats. Després d’aquesta intervenció en la televisió pública i d’unes últimes instruccions en la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi), es va donar per tancat el gabinet polític fins a les sis del matí. Els equips de salvament i rescat van continuar amb la seua faena i el cap del Consell se’n va anar a casa.

D’aquestes hores de la matinada a penes se sap res, perquè l’expresident de la Generalitat només té registrades comunicacions fins a les 23.29 hores, quan va mantindre una telefonada amb el lehendakari, segons la informació que el mateix Carlos Mazón va aportar al jutjat de Catarroja, que investiga la mort per homicidi imprudent de les 231 víctimes. Res més se sap de la seua actuació posterior i només hi ha la certesa que va tornar a primera hora del matí del dia 30 per a presidir la reunió del Cecopi. Segons va declarar el xòfer de l’expresident de la Generalitat, va portar Carlos Mazón a casa entre les 00.00 i la 1.00 de la matinada.

A diferència del president, segons les telefonades fetes durant la matinada, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sí que va continuar amb la seua feina al capdavant dels operatius de l’Estat i coordinant-se amb Emergències de la Generalitat Valenciana, que continuava amb les tasques de rescat mentre la catàstrofe es complicava amb cada hora que passava. Segons les comunicacions de Bernabé durant la matinada del 30 d’octubre del 2024 a les quals ha tingut accés elDiario.es, la responsable de l’Executiu va mantindre quasi 40 telefonades entrants i ixents durant les set hores que van transcórrer des de la mitjanit fins a les set del matí, quan va començar a eixir el sol i es va reprendre el Cecopi amb els responsables polítics.

A les 00.10 hores, no havien passat ni deu minuts des que la delegada del Govern havia penjat amb el tinent coronel de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i amb un responsable de Presidència del Govern quan Bernabé va mantindre una comunicació amb el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. Marlaska es va incorporar al Cecopi el mateix dia 30 d’octubre.

A les 00.12 i a les 00.39 hores, la delegada del Govern va parlar amb l’alcaldessa de València, María José Catalá. Encara que tres pedanies de la capital van quedar totalment arrasades per la dana i van morir 18 persones, en la major part de la ciutat pràcticament no hi va haver pluja ni danys. Va ser des del consistori des d’on es va preparar el primer dispositiu per a acollir els milers de persones que s’havien quedat a la intempèrie després de perdre els cotxes o quedar atrapades enmig de carrers i camins.

A les 00.57 i a les 1.13 hores, Bernabé va telefonar al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo. A la 1.16 hores va fer el mateix amb l’aleshores consellera de Justícia i Emergències, Salomé Pradas, amb qui va parlar durant cinc minuts. A les 1.44 hores, la delegada del Govern va rebre una telefonada de set minuts de la directora general de Protecció Civil del Govern, Virginia Barcones. Poc més d’una hora i mitja després —l’únic respir de tota la nit, si ens atenim a les comunicacions telefòniques—, la delegada del Govern va tornar a parlar amb l’alcaldessa de València. Van ser uns dos minuts.

A les 3.51 hores, va ser el tinent coronel de l’UME qui va telefonar a Bernabé. A aquelles hores, les aigües començaven a calmar-se a l’Horta Sud i els equips d’emergències podien accedir a la zona zero de la catàstrofe. A les 5.25 hores, Bernabé va parlar amb un telèfon que no apareix identificat en la relació de telefonades i, a les 5.29, va intentar parlar sense èxit amb la jutgessa de guàrdia de Torrent, que va ser la primera magistrada que, sobre el terreny, va començar l’alçament dels cadàvers que ja anaven apareixent per desenes.

A les 5.30 hores, Bernabé va parlar amb José Miguel Basset, cap provincial de Bombers i un dels tècnics més importants de l’emergència. Tres minuts després, la delegada del Govern va telefonar a Salomé Pradas, amb qui va conversar durant un minut. A les 5.35 hores, Bernabé va tornar a telefonar a la jutgessa de guàrdia de Torrent i va aconseguir parlar amb ella durant dos minuts. En la mitja hora següent, va mantindre diverses converses breus amb Carlos Gajero, cap superior del Cos Nacional de Policia a València.

A les 6.31 hores va rebre la primera telefonada d’un periodista i, a les 6.46, va parlar amb la secretària general de la Delegació del Govern. Minuts després va tornar a telefonar a la jutgessa de guàrdia de Torrent, que havia instal·lat el seu despatx en una gasolinera on havia tornat la llum i on ja portava diverses hores amb la identificació i l’alçament de cadàvers. A les 7.12 hores, la delegada del Govern va parlar amb Arturo Prieto, general de la Guàrdia Civil, i a les 7.21 va tornar a conversar amb la jutgessa de Torrent. Van parlar durant cinc minuts.

A aquelles hores va començar a tornar la llum a les zones més devastades per la dana i tothom va començar a ser conscient de la magnitud de la tragèdia. A partir d’aquell moment, ja s’ha contat tot amb llum i taquígrafs.

La defensa de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, ha recurrido en reforma el auto de la jueza instructora del pasado 22 de julio que rechazó la posibilidad de que se planteara a la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, la incorporación voluntaria de sus llamadas y mensajes relativos a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos. El recurso, al que ha tenido acceso este diario, afirma que la diligencia solicitada “es trascendente para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

Las comunicaciones de Bernabé, en su condición de “máxima responsable de la Administración General del Estado en la Comunidad Valenciana” y miembro del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), “resultan esenciales para determinar qué información circulaba entre las distintas Administraciones durante las horas críticas, cuál era el conocimiento real y cronológico sobre la evolución de la situación de riesgo en el Barranco del Poyo, y qué datos y advertencias se hallaban disponibles para la toma de decisiones por parte de los distintos actores institucionales”, afirma la defensa de Pradas.

La defensa de la exconsellera del Ejecutivo de Carlos Mazón hace extensiva al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la petición de que se le plantee la posibilidad de aportar voluntariamente sus comunicaciones.

La jueza instructora rechazó esa posibilidad escudándose en que la aportación de las comunicaciones reviste carácter voluntario, una opción que declinó la delegada del Gobierno en su testifical del 14 de abril de 2025, alegando el “carácter personal del móvil”. La resolución de la magistrada argumentaba que, transcurrido más de un año, no se había alegado nada acerca de la pertinencia de que Bernabé aportara sus comunicaciones del día de autos.

Por el contrario, el recurso de la defensa de Salomé Pradas considera que “el tiempo transcurrido entre la declaración de una persona implicada en la emergencia y la solicitud de una diligencia relacionada con ésta no debe tener influencia alguna en la decisión en cuanto a la pertinencia, necesidad y utilidad de su adopción”.

“Como es bien sabido, la Instrucción es una fase dinámica y prolongada en el tiempo, cuyo objeto no es otro que el de esclarecer los hechos” investigados, apostilla el escrito.

El rechazo de Pilar Bernabé “se circunscribió exclusivamente al listado de llamadas telefónicas, alegando el carácter personal del terminal móvil”. La reciente diligencia solicitada, por el contrario, resulta “sustancialmente diferente” y contiene un carácter “más amplio”.

“Se interesa la aportación voluntaria de todas las comunicaciones relacionadas con la gestión de la emergencia mantenidas el 29 de octubre de 2024, cualquiera que fuere el medio o canal telemático empleado, lo que comprende no solo llamadas telefónicas, sino también comunicaciones escritas vía correo electrónico, WhatsApp, Telegram, mensajería instantánea u otros canales”, arguye el recurso.

A Bernabé, agrega la defensa de Pradas, “no se le requirió en momento alguno para la aportación de estas otras comunicaciones, por lo que no puede entenderse denegada por su parte una posibilidad sobre la que nunca ha sido interpelada”.

El recurso concluye que el auto de la instructora “incurre, por tanto, en un error de premisa al equiparar el rechazo parcial (relativo solo al listado de llamadas) con una denegación global que nunca se produjo”.

El secretari autonòmic Ignacio Grande, alt càrrec del Consell del PP tant en l’etapa de Carlos Mazón com en l’actual de Juan Francisco Pérez Llorca, va dibuixar davant la jutgessa de la dana un panorama amarg sobre la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb “231 morts”. Grande va titllar el Cecopi de la dana de “desorganitzat”, va dir que no tenia un fil clar i que hi va haver “moltes interrupcions” i certa “dispersió”, segons destil·la l’acta de la seua declaració del passat 16 de juliol, a la qual ha tingut accés elDiario.es.

D’una primera fase “més ordenada”, el Cecopi “canvia la dinàmica” quan la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) va alertar d’un “possible abocament” a la presa de Forata, una “circumstància que podia afectar milers de persones”, segons va explicar el testimoni.

Després d’un llarguíssim recés, en la segona fase del Cecopi, “la cosa pinta malament” i es viu una “situació de tensió” i “complexa” al si d’una reunió, sense un “fil” definit. Ignacio Grande va rememorar davant la jutgessa que hi va haver “moltes interrupcions” i “molta eixida i entrada de les persones que estaven a la sala”.

Grande va distingir entre els “recessos més allargats en el temps” i els “xicotets recessos” o “xicotetes parades”, segons les expressions que va fer servir en la seua declaració. “La gent s’alçava, eixia, entrava...”, va explicar. La jutgessa li va preguntar qui ordenava les pauses. No obstant això, el testimoni es va limitar a contestar: “És a dir, era la mateixa dinàmica del Cecopi, que hi havia moments de parada”.

Una reunió en què “no es prenien decisions”

L’alt càrrec de la Generalitat va reconéixer, a preguntes del fiscal, que “sorprén” que es feren aturades tan llargues en la reunió. “Però bé, entenc que des d’Emergències s’està actuant, s’està analitzant la situació, estan treballant”, va matisar Ignacio Grande.

També va dir que “hi havia converses creuades entre ells i hi havia moments en què era difícil seguir la conversa de manera nítida”, en referència als participants presencials en la reunió celebrada al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana.

Per altra banda, l’alt càrrec també va relatar els “dubtes” de la llavors consellera Salomé Pradas, actualment investigada en la causa, i la “discrepància” que va sorgir amb el cap del Consorci Provincial de Bombers, José Miguel Basset, arran d’alguna de les mesures proposades en el Cecopi.

En la primera part del Cecopi, Pradas era “proactiva en determinades circumstàncies” (va proposar evacuar la població) i “anava donant torns de paraula”. “Després és veritat que, a partir de la segona part, la reunió adquireix un caire més desorganitzat” i “ja no es prenien decisions”, va dir l’alt càrrec.

El “abocament d'informació” a Mazón

També va descriure l’arribada nocturna de Carlos Mazón al Cecopi: “A partir d’ací se li trasllada per les persones que hi eren la informació del que estava succeint”.

En aquesta última fase de la reunió del Cecopi “ja no es prenen decisions, sinó que és un flux d’informació de les circumstàncies que estan passant”, va declarar el testimoni. Al president Mazón se li va fer un “abocament d’informació del que havia esdevingut durant la vesprada a la presa de Forata i del que s’estava veient en aquells moments”.

Per la seua banda, del secretari autonòmic d’Emergències, Emilio Argüeso (imputat en la causa juntament amb Salomé Pradas), no recordava cap participació en el Cecopi.

Quan es va comentar la situació a la residència de persones majors de Paiporta, algun dels participants (a qui no va saber identificar) va dir “de manera molt vehement” que “no s’emportaren qüestions concretes al Cecopi” perquè “estava havent-hi una afectació generalitzada en altres municipis”, segons va relatar Grande.

Protocol d'emergència de Càritas: “Primera notícia que tinc”

Per altra banda, el testimoni (exdirector de Càritas abans d’incorporar-se com a secretari autonòmic del Consell de Mazón) desconeixia que l’entitat de l’Església catòlica havia activat la vespra de la dana un protocol d’emergència. “No ho sabia, és la primera notícia que tinc”, va reconéixer Ignacio Grande.

També va justificar que no s’usara la teleassistència per a alertar els usuaris: “Nosaltres no som competents en matèria d’emergències (...), el missatge que podem llançar pot ser contraproduent”, va manifestar el testimoni.

El secretario autonómico Ignacio Grande, alto cargo del Consell del PP tanto en la etapa de Carlos Mazón como en la actual de Juan Francisco Pérez Llorca, pintó ante la jueza de la dana un panorama amargo sobre la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos. Grande tildó el Cecopi de la dana de “desorganizado”, dijo que no tenía un hilo claro y que hubo “muchas interrupciones” y cierta “dispersión”, según reza el acta de su declaración del pasado 16 de julio, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

De una primera fase “más ordenada”, el Cecopi “cambia la dinámica” cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) alertó de un “posible vertido” en la presa de Forata, una “circunstancia que podía afectar a miles de personas”, según explicó el testigo.

Tras un larguísimo receso, en la segunda fase del Cecopi, “la cosa pinta mal” y se vive una “situación de tensión” y “compleja” en el seno de una reunión, sin un “hilo” definido. Ignacio Grande rememoró ante la jueza que hubo “muchas interrupciones” y “mucha salida y entrada de las personas que estaban en la sala”.

Grande distinguió entre los “recesos más alargados en el tiempo” y los “microrecesos” o “microparones”, según las expresiones que usó en su declaración. “La gente se levantaba, salía, entraba...”, explicó. La jueza le preguntó quién ordenaba las pausas. Sin embargo, el testigo se limitó a contestar: “O sea, era la propia dinámica del Cecopi, de que había momentos de parón”.

Una reunión en la que “no se tomaban decisiones”

El alto cargo de la Generalitat reconoció, a preguntas del fiscal, que “sorprende” que se hicieran parones tan largos en la reunión. “Pero bueno, entiendo que desde Emergencias se está actuando, se está analizando la situación, están trabajando”, matizó Ignacio Grande.

También dijo que “había conversaciones cruzadas entre ellos y había momentos en los que era difícil seguir la conversación de manera nítida”, en referencia a los participantes presenciales en la reunión celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

Por otro lado, el alto cargo también relató las “dudas” de la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa, y la “discrepancia” que surgió con el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, a cuenta de alguna de las medidas propuestas en el Cecopi.

En la primera parte del Cecopi, Pradas era “proactiva en determinadas circunstancias” (propuso evacuar a la población) e “iba dando turnos de palabra”. “Luego es verdad que, a partir de la segunda parte, la reunión adquiere un tinte más desorganizado” y “ya no se tomaban decisiones”, dijo el alto cargo.

El “volcado de información” a Mazón

También describió la llegada nocturna de Carlos Mazón al Cecopi: “A partir de ahí se le traslada por las personas que estaban allí la información de lo que estaba sucediendo”.

En esa última fase de la reunión del Cecopi “ya no se van tomando decisiones, sino que es un flujo de información de las circunstancias que están pasando”, declaró el testigo. Al president Mazón se le dio un “volcado de información de lo que había acontecido durante la tarde de la presa de Forata y de lo que se estaba viendo en esos momentos”.

Por su parte, del secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso (imputado en la causa junto con Salomé Pradas) no recordaba participación alguna en el Cecopi.

Cuando se comentó la situación en la residencia de personas mayores de Paiporta, alguno de los participantes (al que no supo identificar) dijo “de manera muy vehemente” que “no se llevaran cuestiones concretas al Cecopi” porque “estaba habiendo una afectación generalizada en otros municipios”, según relató Grande.

Protocolo de emergencia de Cáritas: “Primera noticia que tengo”

Por otro lado, el testigo (exdirector de Cáritas antes de incorporarse como secretario autonómico del Consell de Mazón) desconocía que la entidad de la Iglesia católica había activado la víspera de la dana un protocolo de emergencia. “No lo sabía, es la primera noticia que tengo”, reconoció Ignacio Grande.

También justificó que no se usara la teleasistencia para alertar a los usuarios: “Nosotros no somos competentes en materia de emergencia (...), el mensaje que podemos lanzar puede ser contraproducente”, manifestó el testigo.

El chófer de Salomé Pradas ha relatado este lunes ante la jueza de la dana la visita de la consellera el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, a Carlet antes de desplazarse a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). El conductor, Javier Cervera, ha descrito el regreso desde Carlet, localidad de la comarca de la Ribera Alta, al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, de camino al Cecopi: “Ahí fue más complicado, pillamos un tornado o algo…”, ha declarado el testigo, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de su testifical. Cervera también ha dicho que el barranco en Carlet “llevaba caudal” pese a que “suele ir vacío”.

Javier Cervera ha rememorado toda aquella jornada (su primer día de trabajo como chófer de Pradas). Recogió a la entonces consellera, actualmente investigada en la causa, en un hotel a primera hora de la mañana para dirigirse al Pleno del Consell.

A mediodía, horas después de la activación de la alerta roja, condujo a Pradas y a su jefa de gabinete, Silvia Soria, a una visita institucional al Centro de Emergencias de l'Eliana y, sobre las 14.00, partieron hacia Carlet, localidad en la que estuvieron en el ayuntamiento y departiendo con policías y bomberos. También visitaron un barranco en la localidad de la mano de los bomberos.

El testigo no recordaba ninguna de las conversaciones telefónicas que mantuvo Pradas en aquellos desplazamientos. Tampoco recordaba las horas exactas de los trayectos: “Las horas me bailan (...). Sé que comí tarde”.

Una vez en el Centro de Emergencias de l'Eliana, ya con el Cecopi en marcha, el hombre se quedó esperando a la consellera hasta aproximadamente la una de la madrugada. Anotó en el parte la 1.53 como hora de llegada al parque móvil, tras haber dejado a Salomé Pradas en su destino (el testigo no recordaba si en un hotel o en la casa que compartían dos de sus asesores, en la que pernoctó aquella noche).

El chófer no pudo volver a su casa de Paiporta, localidad de la que había ido recibiendo vídeos de la dana. No comentó con Pradas la situación en el municipio de la comarca de l'Horta Sud ni durante el Cecopi ni de madrugada: “Es que ella estaba dentro”, ha manifestado Cervera en referencia a la reunión.

“La veritat és que ningú no m'informa que s'estiga elaborant, ni que s'haja de rebre”. Així es va referir l'alcaldessa de València, María José Catalá, davant la jutgessa de la dana a l'enviament de l'Es-Alert el 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. I això que Catalá va assegurar que els tècnics de Protecció Civil de l'Ajuntament de València estaven en “coordinació constant” amb el Centre d'Emergències de la Generalitat, segons indica l'acta de la seua declaració del passat 8 de juliol, a la qual ha tingut accés elDiario.es.

L'alcaldessa del PP va descriure una mena de doble via en la gestió de l'emergència de la dana. D'una banda, la ciutat, que va convocar al matí la reunió del Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal), molt poc després de l'activació de l'alerta roja. I, en paral·lel, la Generalitat Valenciana, que va relegar la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) a la vesprada. El Cecopal es comunicava amb Emergències en un pla tècnic, segons va repetir diverses vegades l'alcaldessa Catalá.

L'advocada que representa l'acusació popular del PSPV-PSOE en la causa de la dana, Nuria de Antonio, va plantejar directament aquesta dicotomia entre el Cecopal i el Cecopi:

—Des de la Generalitat, en algun moment la telefonen per informar-la, alertar-la o demanar-li informació de la ciutat de València?

—A mi personalment, no.

—No telefonen a ningú? I li consta que telefonaren al Cecopal? A algú del Cecopal?

—Doncs en l'àmbit tècnic no ho sé. A nivell tècnic desconec si ens van preguntar... És possible que ens preguntaren en algun moment (...).

—Mai a escala política?

—No.

La primera edil va aportar els seus missatges de WhatsApp del dia dels fets en relació amb l'emergència. “Tinc el mòbil i no he esborrat res”, va deixar anar Catalá. L'alcaldessa va escriure el primer WhatsApp a l'aleshores president, Carlos Mazón, a les 23.11, per dir-li que estava a la central de la Policia Local per si necessitava alguna cosa. La resposta del cap del Consell donava compte de la situació: “És horrible, hi haurà molts morts”.

La telefonada a Mazón de matinada

María José Catalá també va revelar que va telefonar al president a les 2.32 de la matinada, mentre l'alcaldessa de València, en plena “voràgine de l'emergència”, prenia una sèrie de decisions que, potser, excedien les seues competències municipals, si bé la situació les requeria.

“El telefone en aquell moment perquè sent que estic desallotjant Pinedo sense que ningú em diga que desallotge, traient gent de la V-30, de la pista de Silla, de l'A-3, amb autobusos de l'EMT; eixint del meu terme, pujant gent als autobusos per portar-la a la ciutat. És a dir, sent que estic prenent unes decisions que transcendeixen la meua responsabilitat”, va explicar la testimoni sobre la telefonada amb el president, que actualment figura en la causa com una mena de 'preinvestigat'.

La testifical de María José Catalá també va posar damunt la taula el contrast entre l'actuació de Mazón i el paper de la primera edil de la capital. Mentre que el president de la Generalitat es va desconnectar del grup de WhatsApp del Consell, especialment mentre estava tancat amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro durant un llarg dinar i una llarga sobretaula, l'alcaldessa va estar pendent de la gestió municipal de l'emergència, segons es desprén del xat dels regidors incorporat al sumari del procediment.

D'altra banda, Mazón va arribar al Cecopi amb un cert retard i va abandonar la reunió poc després de la mitjanit, segons han acreditat diversos testimonis dels fets. Aquella matinada, els Bombers i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van treballar sense descans davant la magnitud de la catàstrofe, malgrat la impossibilitat d'accedir a nombroses poblacions afectades.

No obstant això, supervivents de la catàstrofe ocorreguda en zones pròximes a la ciutat van anar arribant pels seus propis mitjans fins a poblacions limítrofes amb la capital o fins a les pedanies: “Aquestes persones quasi totes no eren de València, eren totes de l'àrea metropolitana, que segurament (...) venien de treballar i tot això els va agafar a la pista de Silla i l'A-3”, va explicar l'alcaldessa. El Cecopal va prendre la decisió d'enviar autobusos de l'EMT per traslladar els afectats i els pavellons habilitats per l'Ajuntament de València per atendre els supervivents es van anar omplint.

L'alcaldessa, en veure superat el seu àmbit d'actuació, va contactar amb Mazón, que ja tornava a la seua residència a València després d'haver abandonat el Cecopi. Catalá va emmarcar així la telefonada: “Vaig prenent aquestes decisions i ningú em diu que les prenga. Estic més enllà del meu terme i molt conscient que la Policia Local de València no ha d'estar, segons la normativa, a priori, si no la coordinen o activen des del Centre d'Emergències, eixir més enllà del nostre terme”.

La testimoni també va mostrar el seu vessant més humà i va explicar que les gestions d'aquella matinada es van centrar, en gran manera, a aconseguir mantes per als afectats, que arribaven xopats o descalços a la ciutat. “Segurament perquè em van dir que hi havia xiquets xopats i, com que soc mare, en aquell moment m'obsessionava tindre material”, va dir Catalá.

Reflexos molt desiguals

L'alcaldessa va descriure la seua “relació en l'àmbit polític” amb Mazón com a “bastant fluida” i “freqüent”. No obstant això, la corporació municipal i el Consell van reaccionar de manera molt desigual.

L'equip de Catalá va activar el Cecopal de bon matí, poc després que l'alerta roja s'estenguera al litoral nord de la província de València. “Segons el pla d'actuació municipal de l'Ajuntament que tinc, no teníem obligació de convocar el Cecopal en aquell moment perquè estàvem en una situació de preemergència i ens estableix la convocatòria del Cecopal en situació 1”, va dir l'alcaldessa. “Però vam considerar oportú convocar el Cecopal”, va reblar.

El Cecopi, per la seua banda, es va convocar a les 17.00, tot i que la situació ja era extremadament greu en diversos punts de la província de València i que ja s'havia activat la Unitat Militar d'Emergències (UME). L'alcaldessa de la capital va saber a les 18.00 de la constitució del Cecopi, al qual els Bombers municipals no van assistir, tot i haver sigut convocats, segons la documentació del Centre d'Emergències de la Generalitat que consta en la causa.

Sense coordinació “en l'àmbit polític”

“Nosaltres no formàvem part del Cecopi i mai no ens vam connectar a cap Cecopi”, va adduir la testimoni. Tot seguit, però, va afegir que en les reunions posteriors a la catàstrofe se'ls va “convidar” per la preocupació sobre la mobilitat. “Però fins a aquell moment nosaltres no vam participar en el Cecopi”, va reblar l'alcaldessa.

María José Catalá va assegurar durant la seua declaració testifical que, mitjançant els tècnics respectius, hi va haver una “comunicació permanent” entre l'Ajuntament i Emergències. “Entenc que teníem una via de contacte formal articulada amb el 112 i el CCE [Centre de Coordinació d'Emergències], però era en l'àmbit tècnic i, en cap cas, en l'àmbit polític”, va manifestar l'alcaldessa.

Tampoc va parlar per telèfon amb el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, que participava en el Cecopi malgrat no haver sigut convocat formalment. Els seus únics contactes amb l'aleshores consellera Salomé Pradas i amb el secretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso —tots dos investigats en la causa—, es van produir el matí de la dana. “Intuïtivament, a qui telefone jo a les nou del matí és a ella, perquè, al remat, entenc que, si hi ha algú que puga donar-me dades sobre unes alertes meteorològiques, és la consellera o el secretari autonòmic, però és intuïtiu”, va dir Catalá.

“La verdad es que nadie me informa de que se está elaborando, ni que se va a recibir”. Así se refirió la alcaldesa de València, María José Catalá, ante la jueza de la dana al envío del Es-Alert el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Y eso que Catalá aseguró que los técnicos de Protección Civil del Ayuntamiento de València permanecían en “constante coordinación” con el Centro de Emergencias de la Generalitat, según indica el acta de su declaración del pasado 8 de julio, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La alcaldesa del PP describió una suerte de doble vía en la gestión de la emergencia de la dana. Por un lado, la ciudad, que convocó por la mañana la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), muy poco después de la activación de la alerta roja. Y, en paralelo, la Generalitat Valenciana, que relegó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a la tarde. El Cecopal se comunicaba con Emergencias en un plano técnico, según repitió varias veces la alcaldesa Catalá.

La abogada que representa la acusación popular del PSPV-PSOE en la causa de la dana, Nuria de Antonio, planteó directamente esta dicotomía entre el Cecopal y el Cecopi:

—¿Desde la Generalitat en algún momento se le llama a usted para informarle o alertarle o pedirle información de la ciudad de València?

—A mí personalmente no.

—¿No le llama a nadie? ¿Y le consta que se llamase al Cecopal? ¿A alguien del Cecopal?

—Pues a nivel técnico no lo sé, a nivel técnico desconozco si nos preguntaron... Es posible que nos preguntaran en algún momento (...).

—¿Nunca a nivel político?

—No.

La primera edil aportó sus mensajes de WahstApp del día de autos en relación con la emergencia. “Tengo el móvil y no he borrado nada”, deslizó Catalá. La alcaldesa escribió el primer whatsapp al entonces president, Carlos Mazón, a las 23.11, para decirle que estaba en la central de la Policía Local por si necesitaba algo. La respuesta del jefe del Consell daba cuenta de la situación: “Es horrible, va a haber muchos muertos”.

La llamada a Mazón de madrugada

María José Catalá también desveló que telefoneó al president a las 2.32 de la madrugada, mientras la alcaldesa de València, en plena “vorágine de la emergencia”, tomaba una serie de decisiones que, quizá, excedían sus competencias municipales, si bien la situación las requería.

“Le llamo [a Mazón] en ese momento porque siento que estoy desalojando Pinedo sin que nadie me diga que desaloje, sacando a gente de la V30, de la pista de Silla, de la A3, con autobuses de la EMT; saliendo de mi término, metiendo a gente en autobuses para meterla en la ciudad. Es decir, me siento tomando unas decisiones que transcienden a mi responsabilidad”, explicó la testigo sobre la llamada con el president, que actualmente figura en la causa como una suerte de 'pre-investigado'.

La testifical de María José Catalá también puso encima de la mesa el contraste entre la actuación de Mazón y el papel de la primera edil de la capital. Mientras que el president de la Generalitat se desconectó del grupo de WhatsApp del Consell, especialmente mientras permanecía encerrado con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro en una larga comida y sobremesa, la alcaldesa estuvo encima de la gestión municipal de la emergencia, según se desprende del chat de los concejales incorporado al sumario del procedimiento.

Por otro lado, Mazón llegó al Cecopi con cierto retraso y abandonó la reunión poco después de la medianoche, según han acreditado varios testigos de los hechos. Aquella madrugada, los Bomberos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajaron sin descanso ante la magnitud de la catástrofe, a pesar de la imposibilidad de acceder a numerosas poblaciones afectadas.

Sin embargo, supervivientes de la catástrofe acaecida en zonas cercanas a la ciudad fueron acercándose por su propio pie hasta poblaciones colindantes a la urbe o hasta las pedanías: “Esas personas casi todas no eran de València, eran todas del área metropolitana, que seguramente (...) venían de trabajar y les cogió todo esto en la pista de Silla y la A3”, explicó la alcaldesa. El Cecopal tomó la decisión de enviar autobuses de la EMT para trasladar a los afectados y los pabellones habilitados por el Ayuntamiento de València para atender a los supervivientes se fueron llenando.

La alcaldesa, viendo sobrepasado su ámbito natural, contactó con Mazón, que ya estaba de regreso a su residencia en València tras haber abandonado el Cecopi. Catalá enmarcó la llamada: “Voy tomando esas decisiones y nadie me dice que las tome. Estoy más allá de mi término y muy consciente de que la Policía Local de València no debe, según la normativa, a priori, si no la coordinan o activan desde el Centro de Emergencias, salir más allá de nuestro término”.

La testigo también coló en la testifical su lado más humano y explicó que las gestiones de aquella madrugada se centraron, en gran medida, en conseguir mantas para los afectados, que llegaban empapados o descalzos a la ciudad. “Seguramente porque me dijeron que había niños mojados y, como soy madre, en ese momento me obsesionaba tener material”, dijo Catalá.

Reflejos muy desiguales

La alcaldesa describió su “relación en el ámbito político” con Mazón como “bastante fluida” y “frecuente”. Sin embargo, la Corporación municipal y el Consell tuvieron unos reflejos muy desiguales.

El equipo de Catalá activó el Cecopal de buena mañana, poco después de la extensión de la alerta roja al litoral norte de la provincia de Valencia. “Según el plan que dispongo de actuación municipal del ayuntamiento, no teníamos obligación de convocar el Cecopal en ese momento porque estábamos en una situación de preemergencia y nos establece la convocatoria del Cecopal en situación 1”, dijo la alcaldesa. “Pero vimos oportuno convocar el Cecopal”, remachó.

El Cecopi, por su parte, se convocó a las 17.00, a pesar de que la situación ya era extremadamente grave en varios puntos de la provincia de Valencia y de que ya se había activado la Unidad Militar de Emergencias (UME). La alcaldesa de la capital se enteró a las 18.00 de la constitución del Cecopi, al que los Bomberos municipales no asistieron, a pesar de haber sido convocados, según la documentación del Centro de Emergencias de la Generalitat que consta en la causa.

Sin coordinación “a nivel político”

“Nosotros no formamos parte del Cecopi y nunca nos conectamos a ningún Cecopi”, adujo la testigo. Aunque, acto seguido, agregó que en las reuniones posteriores a la catástrofe se les “invitó” por la preocupación sobre la movilidad. “Pero hasta ese momento nosotros no participamos en el Cecopi”, remachó la munícipe.

María José Catalá aseguró durante su testifical que, mediante los respectivos técnicos, hubo una “comunicación permanente” entre el ayuntamiento y Emergencias. “Entiendo que teníamos una forma de contacto formal articulada con el 112 y el CCE [Centro de Coordinación de Emergencias], pero era a nivel técnico y, en ningún caso, a nivel político”, manifestó la alcaldesa.

Tampoco habló por teléfono con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, que participaba en el Cecopi pese a no haber sido convocado formalmente. Sus únicos contactos con la entonces consellera Salomé Pradas y con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso (ambos investigados en la causa) fueron la mañana de la dana. “Intuitivamente, a quien llamo yo a las nueve de la mañana es a ella, porque al final entiendo que si hay alguien que pueda darme datos sobre unas alertas meteorológicas es la consellera o el secretario autonómico, pero es intuitivo”, dijo Catalá.

La vicepresidenta Susana Camarero va plantejar serioses reticències a entregar a la jutgessa de la dana els missatges de WhatsApp del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, emmagatzemats al xat del Govern autonòmic de Carlos Mazón, un grup format pel president, els seus consellers i tres alts càrrecs de Presidència (que van ocultar davant la magistrada l'existència de la prova). Així consta en l'acta de la declaració de Camarero del passat 10 de juny, a la qual ha tingut accés elDiario.es. “Hi ha molts altres consellers involucrats i crec que no sóc jo qui ho ha d'aportar”, va esgrimir la vicepresidenta quan l'advocat Manolo Mata, que representa l'acusació popular exercida en la causa per Acció Cultural del País Valencià, va exposar l'existència del grup de WhatsApp intern del Consell.

“Em consta que té bastant rellevància”, li va reballar el lletrat a la testimoni, que es va quedar molt descol·locada davant la jugada de Mata, segons confirmen diverses fonts presents en la testifical. “Però, en tot cas, també té el xat la senyora Pradas”, va adduir la vicepresidenta en referència a la principal investigada en la causa, l'exconsellera Salomé Pradas.

Manolo Mata, un experimentat penalista que, a més, va ser portaveu del PSPV-PSOE a les Corts Valencianes durant l'etapa del Pacte del Botànic i coneix les interioritats del poder autonòmic, havia llançat la xarxa a la testimoni abans d'entrar en matèria. Prèviament a traure a la palestra l'existència del xat, va preguntar a Camarero si conservava el mateix telèfon mòbil sense desconfigurar. “Sí”, va contestar la testimoni.

Immediatament, l'advocat va llançar el dard: “És que és la primera membre del Govern valencià que acudeix [a declarar]. Hi ha un WhatsApp grupal de tots els consellers i vosté conserva [els missatges] d'aquell dia; ho podria aportar perquè vegem quina valoració es va fer sobre l'emergència?”, li va preguntar.

Camarero, després de l'ensurt inicial, es va oposar a aportar els missatges. “No tindria cap problema, però no crec que siga jo qui haja d'aportar un xat on estem els membres del Consell, que tenim secretes les nostres deliberacions”, va manifestar la vicepresidenta tant de l'Executiu anterior de Carlos Mazón com de l'actual de Juan Francisco Pérez Llorca.

El lletrat va recollir el guant i va argumentar que un grup de WhatsApp no era precisament un òrgan deliberatiu del Consell. “Eixe WhatsApp és determinant”, va argumentar Mata.

“Hi ha molta gent que ha canviat el telèfon; han canviat fins i tot els consellers. En aquest cas, la senyora Camarero és vicepresidenta del Govern actualment, i ni se li ha perdut ni se li ha destruït ni se li ha desconfigurat ni actualitzat negativament el telèfon, amb la qual cosa és probablement l'única oportunitat que puguem tindre'l”, va insistir l'advocat.

La jutgessa instructora, Nuria Ruiz Tobarra, va intervindre en l'interrogatori per a aclarir a la testimoni que, en qualsevol cas, l'aportació dels missatges de WhatsApp seria “voluntària”. “Jo li ho puc demanar, però després, si no ho vol aportar, no ho aporta”, va dir la magistrada.

Davant tal dilema, Camarero es va plantar en un primer moment:

—Doncs, si em permet, ho pensaré, ho consultaré; no només depén de mi. El que té a veure amb mi jo ho aporte com a testimoni.

L'interrogatori va seguir per altres derroters fins que, una estona després, la jutgessa va anunciar una breu pausa. La vicepresidenta va aprofitar el recés per a consultar fora de la sala de vistes amb el subsecretari Carlos Lirio, que, juntament amb la cap de premsa, acompanyava la testimoni en aquella visita al Palau de Justícia. Quan es va reprendre la testifical, Susana Camarero va canviar la seua postura inicial, de la qual ja s'havien fet ressò els mitjans de comunicació.

—En aquest recés (...) he preguntat, perquè vinc acompanyada per algú que pertany al meu equip, que sap aquestes coses, si entregar el [xat de] WhatsApp que m'ha sol·licitat el senyor Mata anteriorment de l'equip del Consell, dels consellers, estava dins de la legalitat; perquè li he comentat quan m'ho ha demanat: he de fer la consulta, perquè jo no sé si estic fent alguna cosa incorrecta o alguna cosa que em vaja a generar un problema. I m'han dit que el puc entregar i, per tant, la seua senyoria m'indicarà com (...).

La vicepresidenta, que (en una polèmica decisió revelada per aquest diari) es va absentar de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la dana per a acudir a un acte de lliurament de premis de la patronal, va defensar davant la jutgessa l'actuació del seu departament, del qual depenien les residències de persones grans i el servei de teleassistència. No obstant això, Camarero no s'esperava la jugada de l'advocat de l'acusació popular. La testimoni va reconéixer: “Jo, sincerament, per a preparar aquesta compareixença, no me n'he anat a aquest [xat de] WhatsApp”.

A més, els missatges de WhatsApp amb l'alt càrrec que va deixar connectat al Cecopi, incorporats a la causa, van confirmar que la vicepresidenta va abandonar la reunió tot i témer per la integritat de 80 xiquets d'un centre sota la seua protecció.

Un comprometedor xat amb un Mazón en to indecorós

La incorporació al procediment del xat del Consell de Carlos Mazón va suposar un cert punt d'inflexió en la instrucció de la causa. A més de revelar el to indecorós de l'aleshores president, va confirmar que Mazón, després de donar ordres a tort i a dret a primera hora del dia dels fets, es va desconnectar totalment del xat durant la resta de la jornada, en què va participar en un llarg dinar i sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro, malgrat que els seus consellers van alertar quasi en directe de l'empitjorament de la catàstrofe sobre el terreny.

Per la seua banda, la defensa de l'excap del Consell es resisteix, de moment, a entregar la resta de missatges de WhatsApp d'aquella jornada (escudant-se en un “elemental criteri de prudència”).

El xat també ha propiciat que la jutgessa es plantege citar com a testimonis altres consellers, una via inicialment descartada per la instructora. Es tracta del vicepresident Vicente Martínez Mus; de José Antonio Rovira (titular d'Educació durant la dana i actual conseller d'Economia i Hisenda); Miguel Barrachina (Agricultura), i Marciano Gómez (Sanitat).

Un incòmode escenari que obri la porta que, al retorn de la pausa en la instrucció per les vacances del mes inhàbil d'agost, desfile mig Consell de Pérez Llorca pel Palau de Justícia de Catarroja.

La vicepresidenta Susana Camarero planteó serias reticencias a entregar a la jueza de la dana los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, almacenados en el chat del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, un grupo formado por el president, sus consellers y tres altos cargos de Presidencia (que ocultaron ante la magistrada la existencia de la prueba). Así consta en el acta de la declaración de Camarero del pasado 10 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Hay muchos otros consellers involucrados y creo que no soy yo la que lo tiene que aportar”, esgrimió la vicepresidenta cuando el abogado Manolo Mata, que representa a la acusación popular ejercida en la causa por Acció Cultural del País Valencià, expuso la existencia del grupo de WhatsApp interno del Consell.

“Me consta que tiene bastante relevancia”, le espetó el letrado a la testigo, que se quedó muy descolocada ante la jugada de Mata, según confirman varias fuentes presentes en la testifical. “Pero en todo caso también tiene el chat la señora Pradas”, adujo la vicepresidenta en referencia a la principal investigada en la causa, la exconsellera Salomé Pradas.

Manolo Mata, un experimentado penalista que además fue portavoz del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes durante la etapa del Pacte del Botànic y conoce las interioridades del poder autonómico, había lanzado la red a la testigo antes de entrar en materia. Previamente a sacar a la palestra la existencia del chat, preguntó a Camarero si conservaba el mismo teléfono móvil sin desconfigurar. “Sí”, contestó la testigo.

Inmediatamente, el abogado lanzó el dardo: “Es que es la primera miembro del Gobierno valenciano que acude [a declarar]. Hay un whatsapp grupal de todos los consellers y usted conserva [los mensajes] de ese día, ¿lo podría aportar para que veamos qué valoración se hizo sobre la emergencia?”, le preguntó.

Camarero, tras el susto inicial, se opuso a aportar los mensajes. “No tendría ningún problema pero no creo que sea yo quien tenga que aportar un chat donde estamos los miembros del Consell que tenemos secretas nuestras deliberaciones”, manifestó la vicepresidenta tanto del Ejecutivo anterior de Carlos Mazón como del actual de Juan Francisco Pérez Llorca.

El letrado recogió el guante y arguyó que un grupo de WhatsApp no era precisamente un órgano deliberativo del Consell. “Ese whatsapp es determinante”, argumentó Mata.

“Hay mucha gente que ha cambiado el teléfono, han cambiado incluso los consellers. En este caso la señora Camarero es vicepresidenta del Gobierno actualmente, y ni se le ha perdido ni se le ha destruido ni se le ha desconfigurado ni actualizado negativamente el teléfono, con lo cual es probablemente la única oportunidad de que podamos tenerlo”, insistió el abogado.

La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, terció en el interrogatorio para aclarar a la testigo que, en cualquier caso, la aportación de los mensajes de WhatsApp sería “voluntaria”. “Yo se lo puedo pedir, pero luego si no lo quiere aportar, no lo aporta”, dijo la magistrada.

Ante tal dilema, Camarero se plantó en un primer momento:

—Pues si me permite yo lo pensaré, lo consultaré, no solo depende de mí. Lo que tiene que ver conmigo yo lo aporto como testigo.

El interrogatorio siguió por otros derroteros hasta que, un rato después, la jueza anunció una breve pausa. La vicepresidenta aprovechó el receso para consultar fuera de la sala de vistas con el subsecretario Carlos Lirio, que junto a la jefa de prensa acompañaba a la testigo en aquella visita al Palacio de Justicia. Al reanudarse la testifical, Susana Camarero cambió su postura inicial, de la que ya se habían hecho eco los medios de comunicación.

—En este receso (...) he preguntado, porque vengo acompañada por alguien que pertenece a mi equipo, que sabe estas cosas, si entregar el [chat de] WhatsApp que me ha solicitado el señor Mata anteriormente del equipo del Consell, de los consellers, estaba dentro de la legalidad; porque se lo he comentado cuando me lo ha pedido: tengo que hacer la consulta, porque yo no sé si estoy haciendo algo incorrecto o algo que me vaya a generar un problema. Y me han dicho que lo puedo entregar y, por lo tanto, su señoría me indicará el cómo (...).

La vicepresidenta, que (en una polémica decisión revelada por este diario) se ausentó de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la dana para acudir a un acto de entrega de premios de la patronal, defendió ante la jueza la actuación de su departamento, del que dependían las residencias de personas mayores y el servicio de teleasistencia. Sin embargo, Camarero no se esperaba la jugada del abogado de la acusación popular. La testigo reconoció: “Yo sinceramente, para preparar esta comparecencia, no me he ido a ese [chat de] WhatsApp”.

Además, los mensajes de whatsapp con el alto cargo que dejó conectado al Cecopi, incorporados a la causa, confirmaron que la vicepresidenta abandonó la reunión a pesar de temer por la integridad de 80 niños de un centro bajo su protección.

Un comprometedor chat con un Mazón en tono indecoroso

La incorporación al procedimiento del chat del Consell de Carlos Mazón supuso un cierto vuelco para la instrucción de la causa. Además de desvelar el tono indecoroso del entonces president, confirmó que Mazón, tras dar órdenes a diestro y siniestro a primera hora del día de autos, se desconectó totalmente del chat durante el resto de la jornada, en la que participó en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro, pese a que sus consellers alertaron casi en directo del empeoramiento de la catástrofe sobre el terreno.

Por su parte, la defensa del exjefe del Consell se resiste, de momento, a entregar el resto de mensajes de WhatsApp de aquella jornada (escudándose en un “elemental criterio de prudencia”).

El chat también ha propiciado que la jueza se plantee citar como testigos a otros consellers, una vía inicialmente descartada por la instructora. Se trata del vicepresidente Vicente Martínez Mus; de José Antonio Rovira (titular de Educación durante la dana y actual conseller de Economía y Hacienda); Miguel Barrachina (Agricultura), y Marciano Gómez (Sanidad).

Un incómodo escenario que abre la puerta a que, al regreso de la pausa en la instrucción por las vacaciones del mes inhábil de agosto, desfile medio Consell de Pérez Llorca por el Palacio de Justicia de Catarroja.  

La reunión del equipo de emergencias que debía gestionar la dana de octubre de 2024 fue un auténtico caos. Así lo deja ver la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que comparece este lunes en la comisión de investigación en el Congreso, donde insiste en que la coordinación entre organismos fue “asimétrica”. “La Generalitat no dio la información que tenía en el Cecopi”, en referencia a los análisis pluviométricos y a las 11.000 llamadas recibidas por el 112 antes de las horas más críticas de aquel 29 de octubre.

“La coordinación se dio pero fue asimétrica. La Generalitat no dio donde debe la información”, ha insistido Bernabé, que ha citado que el plan de emergencias prevé que estén obligados a ello. Para señalar que no hay dudas sobre que el mando de la Emergencia era autonómico, Bernabé ha ilustrado: “La consellera [Salomé Pradas] dijo: nos vamos a pensar, cuando decidamos os diremos”. Fue en una de las desconexiones del Cecopi de aquella tarde, interrupciones que dejaban fuera a quienes estaban conectados telemáticamente a la reunión. “En el Cecopi solo se habló de Forata porque solo el Gobierno dio la información que tenía”, ha apostillado, remarcando: “Me pasé una hora pidiendo que enviaran el Es Alert a toda la provincia porque había pasado lo de Paiporta”, tras la desconexión de la reunión.

El plan, ha insistido la delegada del Gobierno, obliga la valoración de los registros de la red SAIH, el sistema de la Confederación Hidrográfica sobre los caudales de los ríos; “no lectura, valoración”, también a efectuar rondas informativas periódicas. “A mí hasta el 29 a las cinco de la tarde no me convocaron”; ha apuntado Bernabé, que recuerda que llamó ella a las 12 de la mañana a la consellera Salomé Pradas para ofrecer la UME, tras una reunión con agencias estatales y conversar con alcaldes en las zonas que se estaban inundando. “Todo se hizo tarde”, ha remarcado, subrayando que era suficiente con leer el plan de emergencias. “Desde las 12.20, si se hubiera convocado el Cecopi, hubiéramos ganado cinco horas y cinco horas hubieran sido vitales. A las cinco de la tarde todo era un caos. Por eso insisto: todo se hizo mal porque todo se hizo tarde. En una emergencia, la previsión es imprescindible”, ha proseguido la representante socialista.

Las mentiras de PP y Vox

La dirigente socialista ha insistido en las mentiras del expresidente Carlos Mazón y su equipo después de la emergencia. De hecho, ha recordado que se manipuló una conversación entre Aemet y Emergencias, que se investiga en el juzgado. “Que las pruebas, las grabaciones salieron del 112 de forma irregular es evidente. Y que las manipularon también es evidente”, ha remarcado. También se ha referido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que aseguró en comisión que la Policía Local no pudo prestar ayuda por orden del Gobierno, algo que ha desmentido leyendo la comunicación remitida. Se transmitirá una copia a la comisión de investigación, que puede volver a llamar a la alcaldesa.

La delegada del Gobierno se ha mostrado contundente con el portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, que le ha reprochado pasividad en la gestión de la emergencia y ser representante del Ejecutivo central, a quién responsabilizan de una mala gestión. Bernabé ha señalado que lo que a ella le avergüenza como valenciana es “que la unidad valenciana de emergencias la desmontara su partido”, en referencia al primer año de Vox en el Gobierno de Carlos Mazón; los fondos presuntamente desviados por Revuelta, organización juvenil vinculada a Vox, y que en València, donde murieron 17 personas, “el portavoz de su partido estaba de fin de semana romántico en Morella (Castellón) con otra concejala”.

El PP carga contra la Policía Nacional durante la dana

También respecto al diputado del PP en la comisión Óscar Clavell, que ha dicho que el jefe de Policía Nacinoal de la Comunitat Valenciana estaba “de celebración”. Ambos se han enzarzado en una discusión sobre la agenda del comisario principal jefe, que se encontraba en Madrid en una reunión. Bernabé ha defendido al mando policial y ha subrayado que la actuación del Cuerpo fue ejemplar durante la dana, al tiempo que fue el mando superior de la provincia de Valencia conectado al Cecopi.

Más de 30.000 efectivos

La delegada del Gobierno ha puesto en valor el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la gestión de la emergencia y de la postemergencia. Más de 30.000 efectivos estuvieron en las zonas afectadas, ha remarcado: “Pasaron las navidades allí”

La exconsellera Salomé Pradas ha comparecido este viernes ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, para reconocer la autoría de la nota manuscrita escrita durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) sobre el Es-Alert.

Pradas, principal investigada en el procedimiento, ha acudido al Palacio de Justicia de Catarroja acompañada por su abogado, Eduardo de Urbano. La defensa de la exconsellera ha solicitado que no se realice la pericial caligráfica encargada por la jueza instructora sobre la nota que aportó el subdirector general de Emergencias, el testigo Jorge Suárez. Pradas ya reconoció ante notario la autoría de la nota.

Se trata de unas anotaciones que conservaba Suárez, entregadas por la entonces consellera al alto funcionario sobre las 19.45 del día de autos, con indicaciones sobre las zonas a las que se debía enviar el Es-Alert (incluyendo la comarca de l'Horta Sud) y que también ordenaba que se recomendara a la población buscar refugio en altura (“Elevarse a mínimo una primera planta”, según reza) y aludía al despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

“Ello demuestra que a esa hora ya estaban decididos y autorizados por el Cecopi los textos de los dos Es-Alert, así como decidida la solicitud UME a toda la provincia”, indican fuentes cercanas a Salomé Pradas.

Sin embargo, el primer Es-Alert, que la jueza considera tardío y “erróneo en su contenido”, fue enviado por Emergencias a los móviles de la provincia de Valencia a las 20.11, cuando ya había decenas y decenas de fallecidos, especialmente por el desbordamiento del barranco del Poyo.

El segundo Es-Alert, remitidos poco antes de las 21.00, recomendaba de la población (en balde, a tenor de la hora) refugiarse en altura.

“S'han produït rescats a la zona de la Ribera Alta, majoritàriament per cotxes encallats o persones que sol·licitaven ajuda per eixir dels seus domicilis. BCV [Bombers del Consorci de València] informa que s'ha mobilitzat l'helicòpter de rescat per assistir un camió a la població d'Alzira. Es produeix un buidatge, per part de BCV, en una residència de Carlet. No hi ha evacuació”.

Aquest és només un dels apartats de l'“Informe núm. 01 Episodi Meteo Dana Comunitat Valenciana” (complet al final de la informació) que l'exconsellera investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, va adjuntar el dia de la riuada a les 10.40 hores al grup de WhatsApp del Consell, en el qual estaven l'expresident Carlos Mazón, els seus alts càrrecs i tots els consellers i conselleres del Govern valencià.

Es tracta del primer d'una sèrie de documents que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana elabora i actualitza periòdicament i que, ja en les primeres hores del 29 d'octubre de 2024, dibuixa una situació extraordinària. Un informe que tots els responsables de la Generalitat tenien al seu abast i al qual, a la vista dels esdeveniments posteriors, no van prestar la deguda atenció.

Pradas va adjuntar l'informe al grup després de les instruccions que Mazón va donar en el xat a primera hora del matí: “Inundar de dades els mitjans hui, val? Dóna sensació d'estar alerta que et cagues”, va dir l'expresident a les 8.17 hores. A les 8.53 hores va fer l'última anotació al grup i ja no hi va tornar a intervenir en tota la jornada.

L'informe compartit per Pradas conté informació fins a les 10.15 hores. Fins a aquell moment, a més dels rescats esmentats, ja reflectia la suspensió de les classes en centres educatius de tres municipis de la província d'Alacant i de 51 de la de València. A més, recollia afectacions per inundacions en trams d'onze carreteres, nou de les quals van haver de ser tallades.

El document reflecteix també que, un dia abans, el 28 d'octubre, “Iberdrola estableix la situació d'alerta segons el seu protocol intern a les províncies de València i Castelló”, mentre el Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la Generalitat continuava sense convocar-se.

En el mateix grup de WhatsApp, Pradas va comunicar també a les 13.09 hores les alertes hidrològiques al riu Magre i al barranc del Poio. En concret, va escriure: “⚠️ Acabem de decretar alerta hidrològica en riu Magre i barranc del Poio, en coordinació amb la CHX [Confederació Hidrogràfica del Xúquer]”.

Consellers com José Antonio Rovira, aleshores titular d'Educació, i Vicente Martínez Mus, d'Infraestructures, també van compartir informació sobre la suspensió de les classes en centres educatius i les carreteres tallades, respectivament. No obstant això, el primer se'n va anar al seu domicili d'Alacant al migdia i el segon va assistir a un lliurament de premis de la patronal a les 18.00 hores, quan Metrovalència ja registrava incidències.

A les 18.03 hores va comunicar: “En FGV tenim incidències variades que es van resolent. La més important és el tancament del tram entre Picassent i Castelló per desperfectes greus a la via que impediran circular no sols hui, sinó també durant els pròxims dies. En aquests moments, a més, al baixador de l'Omet (Picassent) ha quedat atrapat un tren amb 10 passatgers. Estan treballant per traure'ls amb la policia local”.

Recentment, la jutgessa de la dana va demanar a la vicepresidenta Susana Camarero els arxius adjunts del grup de WhatsApp dels consellers i de Carlos Mazón que havia aportat al procediment. Així ho va acordar la magistrada instructora en una providència dictada aquest dimarts, amb caràcter previ a la resolució sobre la procedència de la declaració com a testimoni del conseller Vicente Martínez Mus, sol·licitada per l'advocada de l'acusació popular que exerceix en la causa el PSPV-PSOE.

“A l'objecte de resoldre sobre la sol·licitud formulada”, explica la jutgessa Núria Ruiz Tobarra, la providència comunica a Camarero la “possibilitat d'aportació voluntària” dels arxius adjunts del xat denominat Consell PP, en el qual Mazón va donar instruccions als seus consellers a primera hora del matí del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, per a desaparèixer després completament de la conversa mentre estava en un llarg dinar i una sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro.