Para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, RTVE es “Tele Pedro”. El ente público que desde hace meses registra las mejores audiencias de los últimos lustros es, a juicio de los populares, “propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles”, hasta el punto de que el partido ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para crear una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, la séptima comisión de este tipo creada en lo que va de legislatura en la Cámara Alta. Pero mientras el equipo de Feijóo pone en el grito en el cielo por los programas y contenidos de la televisión estatal, el PP controla con mano de hierro las televisiones autonómicas de las comunidades en las que gobierna, donde acumula quejas y denuncias, no solo por el trato a sus respectivos trabajadores, sino también por la politización y la manipulación de sus contenidos, siempre para favorecer los intereses de la derecha.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de Telemadrid, la televisión pública madrileña que ha llegado a difundir noticias falsas de pseudomedios contra el Gobierno y minimiza los escándalos de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. A todo ello se suman las recientes purgas de periodistas que se resisten a repetir las consignas de la Puerta del Sol, mientras Telemadrid se encuentra hundida en audiencias, especialmente desde que la controla el Ejecutivo autonómico.

El asalto de Ayuso a Telemadrid culminó hace unos años, en 2022, cuando el PP impulsó una segunda reforma de la ley de Radio Televisión Pública solo nueve meses después de la anterior gracias al apoyo de Vox. De esta forma, sorteaba el último escollo que le quedaba para nombrar a un director general definitivo en Telemadrid sin la necesidad de consensuarlo con el resto de partidos, como ocurría hasta entonces.

El elegido fue José Antonio Sánchez, un reconocido militante del PP —así lo admitió en el Congreso cuando con el Gobierno de Rajoy presidió RTVE— que en su mandato acumula varios titulares. Entre sus hazañas están el corte de la programación para retransmitir en directo la boda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el envío de un reportero para hacer preguntas a Ayuso en el desfile del pasado 12 de octubre orientadas a atacar a Pedro Sánchez o la cobertura mediática de los viajes de la presidenta a ciudades como Nueva York.

El Tribunal Constitucional estimó hace un mes el recurso de amparo que presentó el PSOE contra la reforma de 2022 que permitió al PP controlar Telemadrid sin el resto de las fuerzas políticas de la comunidad. La sentencia anuló los acuerdos de la Mesa y el Pleno de la Asamblea de Madrid y reconoció que se vulneró el derecho fundamental de los diputados recurrentes, aunque no entró a valorar el contenido de la reforma, solo su procedimiento. Pero este no es el único toque de atención de los tribunales al control de Ayuso de la televisión pública. En 2023, el Supremo declaró ilegal la purga de la presidenta autonómica y obligó a indemnizar al exdirector de informativos, Jon Ariztimuño, por un despido que la Justicia ahora considera improcedente.

Otras salidas forzosas de distintos cargos también fueron ejecutadas de forma regular. José Antonio Sánchez fue el responsable de un ERE por el que despidió al 74% de la plantilla, 860 trabajadores, todo ello con el fin de sacar de los despachos a la dirección y cargos intermedios que habían llegado en 2015 tras el acuerdo del PP de Cristina Cifuentes con Ciudadanos.

Audiencias hundidas en la TVG

Como con Telemadrid, en el caso de la Televisión de Galicia (TVG) la audiencia se ha convertido en la peor pesadilla de sus responsables y del gobierno de la Xunta de Alfonso Rueda. 2024 (8,6% de share) y 2025 (8,4%) fueron los dos años con menos espectadores en sus cuatro décadas de vida, pero la caída no se frena: en marzo se quedó en el 7,5% —segundo mes más bajo de toda su historia— y nada hace pensar que en abril mejorará esa marca. Acostumbrada a ser segunda en la FORTA (la organización que agrupa a todas las televisiones autonómicas), solo por detrás de la todopoderosa TV3 de Catalunya, es a día de hoy sexta entre las autonómicas y la cuarta opción para los espectadores gallegos.

La dirección de la CSAG —antigua CRTVG— ha declarado una guerra abierta a los audímetros. En un comportamiento inédito en las televisiones, ha decidido abrazarse a un EGM que sí la coloca de primera mientras rechaza las mediciones de Fifty5Blue, a quien acusan de “desviaciones” que han sancionado. Los cambios constantes en la programación —el último previsto, la sustitución del vespertino Quen anda aí? por una versión galaica de La tarde de Juan Y Medio en Canal Sur—, de momento, no han conseguido invertir una tendencia que provocó incluso un toque de atención público del presidente de la Xunta. La única excepción a esa tendencia parece ser el paso del late night Land Rober a un formato diario, de lunes a jueves, en competencia con La Resistencia y El Hormiguero.

Mientras, la línea informativa marcada por las acusaciones de manipulación —los venres negros de Defende a Galega superan ya los 400— arrastra en esa caída a los telexornais. La última polémica ha sido el tratamiento de la moción de censura de Lugo. Presentadores y periodistas tiran una y otra vez de eufemismos para evitar llamar tránsfuga a la exconcejala socialista que entregará la alcaldía al PP, evitan ofrecer cualquier contexto de las circunstancias del Ayuntamiento —donde han muerto tres concejales socialistas, incluida la alcaldesa, en poco más de un año— y dan voz a plataformas vecinales próximas a los populares creadas de forma exprés para respaldar una iniciativa que ha provocado un enorme rechazo ciudadano.

La consagración de este modelo —con el nombramiento como directora xeral de la que ha sido responsable de las noticias durante los últimos ocho años, Concepción Pombo— viene acompañada de reveses judiciales, como la condena en el TSXG a la corporación por represaliar con un traslado forzoso a una periodista crítica. Una situación que vivieron varias compañeras, por lo que el fallo podría no ser el último.

Todo esto sucede cuando la ley que impulsó el PP para efectuar en solitario el relevo en la dirección xeral —sin necesitar una mayoría cualificada en el Parlamento— aún no ha cumplido su primer año de vida. El texto borraba de un plumazo órganos de control previstos en la anterior norma —como el consejo de informativos o el comité de redacción— y que nunca habían llegado a funcionar. El Consello de Administración, por su parte, que debe renovarse en julio, lleva siete meses “bloqueando” la cobertura de la vacante en representación del PSdeG.

“Dictado de noticias” en À Punt

En la Comunitat Valenciana, el 25 de abril de 2018, apenas cuatro años y medio después de que la señal de Canal 9 se fuera a negro por orden del Gobierno del popular Alberto Fabra, el Consell del Botànic (formado por PSPV y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos) echaba a andar de nuevo la nueva radiotelevisión valenciana: À Punt. Pero con la llegada de nuevo a la Generalitat del PP, con Vox como compañero de viaje, la derecha y la extrema derecha maniobraron para hacerse con el control del ente público autonómico.

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno del PP y Vox fue la aprobación de la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, lo que fue criticado tanto por la oposición como por la Unió de Periodistes, que lo considera “una vuelta al modelo de televisión partidista, sin control independiente de su contenido”.

Además, los periodistas de la cadena han denunciado reiteradamente la manipulación, las presiones y el “dictado de noticias” por parte de la dirección de informativos, cuya gestión han llegado a reprobar. La toma de decisiones controvertidas, como entregar un programa en horario de máxima audiencia al actor y expolítico Toni Cantó —espacio que fue cancelado por sus audiencias irrelevantes— o programar una corrida de toros histórica coincidiendo con la masiva manifestación que pedía la dimisión del expresident Carlos Mazón con motivo del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, han provocado una pérdida del prestigio y las audiencias de À Punt (a excepción de momentos puntuales, como las Fallas), cuyos informativos han perdido el pulso frente a la programación territorial de RTVE.

Protestas y dimisiones en Canal Sur

La contratación de cinco redactores para Canal Sur al margen de las bolsas de trabajo o de otros mecanismos reglados de selección fue en febrero el penúltimo polvorín en la Radio Televisión Andaluza. El Comité Intercentros (órgano sindical que representa colectivamente a toda la plantilla) denunció la contratación “a dedo” y acusó a la dirección de atentar contra las expectativas de estabilidad de los trabajadores de Canal Sur. Pero la denuncia de los sindicatos fue más allá del ámbito laboral, ya que vienen acusando a la dirección de crear una “redacción paralela para imponer su sesgo informativo”.

Los sindicatos amagaron con una huelga en Canal Sur hace poco más de un año para reivindicar mejores condiciones laborales de los cámaras y que se cubran las bajas de personal, pero la desconvocaron a pocas horas del 28 de febrero, cuando estaba prevista.

El Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado en los últimos años la línea informativa adoptada por la dirección del ente público, a la que ha acusado de relegar temas relevantes para Andalucía pero espinosos para el Gobierno de Juan Manuel Moreno, como la gestión de los incendios, las listas de espera sanitaria o los errores en la aplicación del programa de cribado de cáncer de mama, dando prioridad a asuntos de menor relevancia u otros de alcance nacional que encajan mejor en los intereses del PP. El Consejo Profesional dimitió en bloque el pasado octubre denunciando una “estrategia” para devaluar sus funciones.

De cara a la cobertura de las elecciones, RTVA ha propuesto celebrar un debate 'a cinco' con los candidatos de los cinco partidos que cuentan actualmente con representación parlamentaria el lunes 11 de mayo, y ocho debates de ámbito provincial cuatro días antes, el jueves 7. El pasado miércoles ha trascendido que se han convocado paros parciales los días 11, 12 y 14 de mayo, posponiendo el inicio de nuevas protestas para favorecer la negociación previa. Han sido más de dos meses de protestas diarias, cuyo mayor exponente han sido las concentraciones de los #MartesNegros.

Un exdiputado del PP como presentador en Aragón

En Aragón, las denuncias por la politización en la cadena autonómica han sido numerosas desde la llegada del PP al poder en 2023. Bajo el mando de los populares, la nueva dirección eligió para conducir uno de los programas de mayor contenido político, el Buenos Días Aragón, a un exdiputado valenciano del PP durante tras legislaturas, Manuel Gómez. Además, en septiembre de 2024 fue elegida como directora de informativos la periodista Elena García, de sesgo conservador y sin vínculos previos con la comunidad autónoma. García dimitió el pasado mes de diciembre por desavenencias con su equipo. Ha sido sustituida por el periodista aragonés Javier de Sola.

Tampoco el diseño de contenidos se ha librado de controversias. Hace tres meses, por ejemplo, se supo que Aragón TV premiaba con un programa a un veterano humorista habitual presentador de actos del PP y que en uno de ellos desveló una anécdota personal que vivió con Pilar Alegría, que le confundió con el futbolista Nayim. Además, la cadena se gastó más de 200.000 euros en retransmitir los toros de la Feria de San Isidro de Madrid del año pasado, algo criticado por IU al ser “ajeno a la cultura y territorio aragonés”. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) volvió recientemente a adjudicar al grupo Henneo —el grupo empresarial que aúna al Heraldo de Aragón y otros medios como 20 minutos— la gran mayoría de los contenidos de la cadena.

Un exmilitante 'popular' dirige la televisión balear

También en Illes Balears, la radiotelevisión pública, IB3, atraviesa una etapa marcada por acusaciones de control político: el nombramiento de Josep Codony (exmilitante del PP) como director general del ente en 2025 vino acompañado de críticas de la oposición por falta de consenso. En los últimos meses, la oposición ha denunciado un deterioro del clima laboral y el bloqueo del proceso de integración del personal de informativos, acusando al Govern de Marga Prohens —que cuenta con el apoyo externo de Vox— de querer convertir la televisión en un medio alineado con su agenda política.

Una de las últimas polémicas tuvo lugar el 23 de abril, cuando Codony fue cuestionado en el Parlament balear por el uso del término “ilegales” en los informativos de IB3 al hablar de materia migratoria. Frente a ello, el director general defendió el “criterio profesional” de la cadena. La tensión fue tal que la comisión tuvo que interrumpirse momentáneamente por las quejas de los diputados, que acusaron a IB3 de no mantener una perspectiva neutral y de amplificar el relato del Govern en materia migratoria. Codony insistió en negar un uso del lenguaje con intenciones ideológicas.

En el ámbito laboral, IB3 ha abierto un nuevo frente con la constitución en abril de 2026 de la mesa negociadora de su convenio colectivo, un proceso que afecta a más de 400 trabajadores. Los empleados, por su parte, continúan exigiendo unas mejoras que se reclaman desde hace más de veinte años, cuando IB3 comenzó sus emisiones. El pasado mes de septiembre, el PSOE de las islas denunció presuntas “amenazas y coacciones” de Codony a los trabajadores que se concentraron durante un acto para reclamar su integración. El director general negó que se dirigiera con tal actitud hacia ellos.

En términos de audiencia, IB3 mantiene una posición modesta pero estable en 2026, con cuotas mensuales en torno al 5%–5,3%, sin que ello haya supuesto cambios estructurales en su peso dentro del sistema audiovisual. Su relevancia como medio de proximidad contrasta con un creciente debate sobre su independencia editorial, en un escenario donde la estabilidad de audiencia convive con una elevada conflictividad política y laboral en el seno del ente.

Una 'tele Mañueco' sin audiencias

El de Castilla y León es un caso peculiar. La comunidad cuenta con una televisión autonómica privada, pero financiada con dinero público. Radio Televisión Castilla y León es una corporación formada por dos grupos mediáticos, Promecal, del empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup, del leonés José Luis Ulibarri. La Junta de Castilla y León otorga cada año una subvención directa que oscila entre los 20 y los 25 millones de euros, no hay una cantidad fija. De esta manera, sin saber qué presupuesto tienen cada año o incluso si se va a tener, la televisión pende siempre de un hilo.

En cuanto a su manejo político, la televisión es conocida por la salida del director de informativos en 2021 por orden del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la ocultación de las condenas y juicios que arrastra uno de sus propietarios, José Luis Ulibarri, por el caso Gürtel. En los últimos años, un buen número de periodistas ha dejado la televisión al tiempo que los sindicatos denunciaban injerencias políticas en los informativos de la cadena.

La conocida como 'tele Mañueco' tiene una baja audiencia en una comunidad con 2,4 millones de habitantes. Con dos canales distintos, uno local (para cada una de las nueve provincias) y otro autonómico, la discreta audiencia podría dividirse si finalmente se adjudica una nueva licencia para otra televisión privada tras el concurso que convocó la Junta y que aún no se ha resuelto a pesar de que hay un solo licitador. El gobierno autonómico ha asegurado que subvencionaría a la nueva tele con la misma partida que a la actual si las condiciones son las mismas.

Control ininterrumpido del PP en Murcia

También en Murcia la gestión de La 7 está externalizada desde 2015, cuando el Gobierno regional del PP adjudicó el contrato al Grupo Secuoya en una licitación que desde el primer momento generó polémica: la empresa ganadora presentó la segunda oferta más cara y varias competidoras recurrieron el proceso judicialmente alegando “evidentes arbitrariedades e irregularidades” en la adjudicación, recursos que fueron desestimados por los tribunales. Desde entonces, el canal ha permanecido en manos de Secuoya: al vencer el primer contrato en 2020, la pandemia y los recursos judiciales de empresas competidoras obligaron a firmar acuerdos de emergencia antes de adjudicarle un segundo contrato en 2022. Ya está en tramitación un nuevo contrato para el periodo 2027-2032 que rondará los 100 millones de euros de dinero público.

En términos de audiencia, la cadena ha pasado de un 4,4% de cuota en 2022 a un 3,1% en 2024, situándose en la parte baja del ranking de televisiones autonómicas españolas. Las denuncias de injerencia política van más allá de la influencia informal sobre los contenidos. El director general de La 7, Antonio Peñarrubia, está casado con Mar Moreno, secretaria general de la Presidencia del Gobierno regional de Fernando López Miras con rango de consejera. A ello se añade que en marzo de 2024 fue elegido director del ente público Radiotelevisión de la Región de Murcia Juan Antonio de Heras, exconsejero del PP en Murcia.

El Partido Popular lleva en el poder en Murcia desde 1995, lo que convierte este caso en uno de los ejemplos más longevos de control político ininterrumpido sobre una televisión pública autonómica. La externalización del servicio, lejos de blindar a la redacción de presiones, las facilita: al no ser empleados públicos con estatuto propio, los periodistas de La 7 carecen del marco de protección que tienen sus homólogos en cadenas autonómicas con plantilla directa. La ley reguladora de los medios públicos en Murcia es, además, una de las que menos exige en términos de mayorías cualificadas para elegir a los responsables del ente, lo que permite al partido gobernante colocar a sus afines sin necesidad de consenso con la oposición.

Los problemas de externalización en la Televisión Canaria

Desde sus inicios, la Televisión Canaria —incluida en el ente público Radio Televisión Canaria y creada en 1998— ha estado rodeada de polémica por diferentes motivos y de distinta intensidad. La acusación más generalizada es que es utilizada por el Gobierno de turno para la propaganda política y el tapado de sus vergüenzas, y como ha sido Coalición Canaria la que ha ocupado el poder durante más tiempo (más de 30 años), es el partido que más ha cargado con esa crítica, aunque ahora el Ejecutivo autonómico lo comparte también con el PP.

La polémica actual está centrada en dos frentes. El primero, la campaña del comité intercentros de Televisión Canaria contra lo que llama externalización de los programas informativos a manos de productoras ajenas a la casa, generalmente grandes medios de comunicación locales. Se refieren a Editorial Prensa Ibérica (La Provincia y El Día), a través de su productora Videre, y de Inforcasa (Canarias7), a través de Videoreport Canarias. Ambas se llevan la mayor parte del presupuesto de producciones externas por las tiras diarias de magazines que hacen por la mañana y por la tarde. La plantilla sostiene que la actual ley audiovisual que se tramita en el Parlamento canario incide en esa tendencia a la externalización.

El otro frente que tiene abierto el Gobierno canario con la tele pública está en su dirección. Ya no existe la figura del director o directora general, que se sustituyó en el anterior mandato por la de administrador único y ahora ha pasado a administrador general con la llegada de César Toledo, que se presenta como periodista especializado en comunicación no verbal. Inicialmente el Gobierno de Clavijo se lo impuso a la anterior administradora única con la excusa de que necesitaba un director de Medios y Contenidos, lo que en realidad escondía a un comisario político que hizo que María Méndez, la administradora única, se marchara de inmediato. Ahora Toledo es el administrador general y está procediendo a una auténtica escabechina sobre cualquiera que él no considere que está a la altura de la nueva dirección.

Sin tertulias durante la negociación PP-Vox en Extremadura

El control de la televisión pública también ha formado parte de las negociaciones de gobierno en Extremadura entre PP y Vox. La extrema derecha exigía garantías para pilotar el canal regional y el PSOE ya advirtió del riesgo de que la televisión fuera “moneda de cambio” en las conversaciones de las derechas que fructificaron en la investidura de María Guardiola. Finalmente el canal público no formó parte del acuerdo así que está por ver cómo lo gestiona el equipo de Guardiola en esta nueva legislatura.

Recientemente, PSOE y Unidas por Extremadura denunciaron que Canal Extremadura eliminara las tertulias políticas en las que participan portavoces de todos los grupos parlamentarios durante los cuatro meses de negociación del PP y Vox. Además, la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha criticado “la parrilla más rancia que se recuerda” en la región.

*Con información de África Gelardo, Luís Pardo, Miguel Giménez, Javier Ramajo, Luis Faci, Esther Ballesteros, Antonio Vega, Erena Calvo, Carlos Sosa y Santiago Manchado.

La 7 de Castilla y León Televisión, el canal autonómico del grupo RTVCyL concesionario de las emisiones de televisión digital en la comunidad, no ha alterado este viernes 29 de agosto su programación para ofrecer la comparecencia en directo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la oleada de incendios forestales de este mes agosto. En su lugar han emitido una programación de toros, información de campo y un concurso infantil.

Cuando el presidente Mañueco comenzaba su comparecencia a las once de la mañana el canal pasó un programa de toros por su pantalla, que justo finalizó cuando el presidente del Ejecutivo acabó su discurso casi una hora después de empezar. A este programa le siguió otro sobre informaciones agrarias, Agro en acción, al que siguió un concurso infantil, Castillos y Leones.

El canal autonómico, que tiene un segundo canal La 8 con emisiones provinciales, está controlado a medias por las familias Ulibarri y Méndez Pozo, de los constructores José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo, ambos condenados en casos de corrupción relacionados con el Partido Popular.

El pasado mes de junio se aprobó la nueva financiación pública a RTVCyL en un Consejo de Gobierno, en medio de la polémica por la aprobación de la nueva Ley de Publicidad Institucional aprobada con el voto de PSOE y Vox y otros minoritarios que contemplaban nuevas medidas de control a la televisión.

La financiación fue aprobada por el Gobierno de Mañueco tras recibir en la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) el voto a favor del gobierno autonómico (3 votos), el PP (1), el PSOE (1) y Soria ¡Ya! (1), el voto en contra del procurador del Grupo Mixto Francisco Igea y la ausencia de Vox, que se negó a acudir a la reunión. Supone una concesión directa de una subvención de 24,5 millones para 2025 y 23,5 para 2026.

Paralelamente la Junta de Castilla y León aprobó renovar la concesión a RTVCyL por 15 años, abriéndose a tener una nueva concesión para cumplir lo aprobado en la nueva ley de publicidad institucional.

La Junta de Castilla y León está a la espera de que se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la nueva de Ley de Publicidad Institucional que las Cortes autonómicas aprobaron la semana pasada para comenzar su aplicación. Según ha afirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, el Ejecutivo autonómico cumplirá con la normativa “acordada por PSOE y Vox” mediante la creación de una segunda cadena de televisión autonómica.

De esta forma, como ha defendido el consejero, cumple con el apartado de un nuevo concurso para una nueva concesión de televisión autonómica. Esta sería la fórmula del Ejecutivo autonómico para que la nueva normativa afecte a RTVCyL con una posible disolución. De momento, no han trasladado al Ministerio de Transformación Digital la petición de crear un nuevo espacio radioeléctrico para la Comunidad a expensas de que se publique en el BOCyL la ley, algo que se hará en pocos días, según ha apostillado el portavoz.

Según Carriedo, la ley pide que la Junta saque una nueva licencia de televisión y “nosotros aplicamos la ley”. “PSOE y Vox han acordado sacar esta nueva licencia de televisión y que se disponga de este nuevo servicio y, por tanto, el porqué ahora hay que preguntárselo a los que aprueban la Ley”, ha apuntado parar pedir a la oposición que estén “tranquilos” por el cumplimiento de la misma

El portavoz de la Junta respondía así a las críticas de la oposición por la decisión de renovar la licencia de RTVCyL de forma automática. PSOE, Vox, Podemos y el procurador Francisco Igea han tildado de “maniobra” y “treta” la medida. La ley aprobada por estas formaciones y contra el criterio del PP instaba a la Junta a convocar un nuevo concurso público para la licencia de televisión en un plazo de tres meses. La Junta ha respondido con un concurso se haga para la licencia que en supuestamente está libre en la Comunidad y no para la que posee RTVCyL, que ha sido renovada de forma automática.

El tercer canal, o lo que es lo mismo, una segunda televisión autonómica, tiene que ser validada por el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital, quien tendrá que decidir si en el ámbito autonómico está libre ese espacio radioeléctrico de emisión. Además, se consultará al Consejo Consultivo para “garantizar condiciones de igualdad y transparencia”, como apuntó la semana pasada Carriedo.

Para justificar la renovación de otros 15 años de la licencia a RTVCyL, que fue publicada el viernes de la semana pasada, Carriedo ha defendido que se basan en la normativa estatal, superior de rango a la autonómica. Según ha desglosado el portavoz, esta norma “habla de una renovación automática”.

Además, según el texto, ha apostillado Carriedo, “la empresa que tiene la licencia en vigor podrá en el plazo de seis meses antes de la caducidad solicitar esa renovación automática”, de ahí que haya trasladado la renovación antes del mes de septiembre, en el que concluye, y tan solo dos días después de que las Cortes aprobasen la nueva ley, aun sin publicar.

Planteada una necesidad de una segunda televisión y un gasto similar a los cerca de 24 millones al año de RTVCyL, Carriedo ha defendido el servicio de cohesión territorial que dan las dos cadenas autonómicas, La 7 y La 8, propiedad de las empresas Edigrup y Promecal. El portavoz ha alegado que, pesar de unos datos de baja audiencia, “el servicio que hacen con un coste reducido y dando una televisión que es de mucha calidad y que hay muchos ciudadanos que deciden verla”.

El portavoz ha defendido que es una “televisión de calidad y también cercana al territorio”, además de dar “una información local que sería difícilmente accesible por otros medios”. La Junta de Castilla y León aprobó hace dos semanas la concesión directa de una subvención de 24,5 millones para 2025 y 23,5 para 2026, según se votó en la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre. Esta subvención todavía no ha sido publicada en el BOCyL.

La Junta descarta un Proyecto de Ley para reemplazar la norma

Por el momento, la Junta de Castilla y León no se plantea presentar su propio proyecto de Ley para cambiar la norma autonómica de Publicidad Institucional. Los motivos: la falta de apoyo parlamentario al estar el PP gobernando con minoría parlamentaria frente “a la alianza de PSOE y Vox para controlar a los medios” y la dilatación de los plazos que llegarían a “diciembre del año que viene”.

“Se puede intentar, pero los plazos son los que son y la realidad numérica de las Cortes es la que es. Va a perjudicar a los medios, pero tenemos que aplicarla. Entiendo perfectamente a los periodistas y medios que se ven perjudicados pero la responsabilidad es de quienes las han aprobado”, ha agregado.

El también consejero de Economía y Hacienda ha negado la posibilidad de crear un ente pública, ya que sería más cara que el modelo actual. Carriedo ha indicado que su “misión” no es “controlar a los medios”, una “visión distinta a la de PSOE, Vox y Podemos”.

Carriedo ha recordado que han pedido un informe al Consejo Consultivo para que aclare posibles contradicciones en el texto y que aspectos como el límite del 33% de la facturación de los medios podría dar lugar a colisiones con otras normas.

La controvertida modificación de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León impuesta por la oposición al Gobierno del PP de Alfonso Fernández Mañueco acabará con una situación inédita en las autonomías de España: dos operadores audiovisuales privados sin una televisión pública, pero ambos financiados ambos con dinero público. La modificación legal, pendiente de su entrada en vigor tras su aprobación la semana pasada, incluye cambios sobre el actual modelo de televisión autonómica licenciado a una empresa privada como un nuevo concurso o el un mayor control del parlamento e incluso nombramiento de directivos en ciertas condiciones.

El pacto de PSOE, Vox, Unidas Podemos y Francisco Igea, que avalaron 35 cambios en la normativa a partir de una única propuesta de Pablo Fernández, obliga al Gobierno autonómico a sacar a concurso una licencia de televisión en tres meses desde la entrada en vigor de los cambios en el Boletín Oficial de Castilla y León, algo que a fecha de publicación de este artículo no se ha producido y que es habitual que tarde unos días desde su aprobación en el pleno del legislativo. Literalmente la disposición adicional tercera señala que se “obligará al gobierno autonómico a convocar un nuevo concurso para una nueva concesión en un plazo máximo de 3 meses que garantice la subrogación de los actuales trabajadores y sus condiciones laborales”. La oposición pactó estas modificaciones para reforzar el control del parlamento sobre RTVCyL, con un nuevo órgano, y acabar con la manipulación que, sostienen, se realiza a favor del PP.

El Gobierno autonómico ha asegurado que cumplirá la ley tan pronto como entre en vigor, previa consulta a cómo hacerlo al Consejo Consultivo, “como no puede ser de otra manera”, pero unos días antes de su publicación oficial ha renovado la licencia a Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL), en manos de los empresarios condenados por casos de corrupción José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo. Y a la vez, ha anunciado que consultará al Ministerio de Transformación Digital si hay espacio libre para sacar a concurso alguno de los canales libres y así cumplir el mandato de la nueva ley en cuanto se publique.

La oposición ha salido en tromba contra el Gobierno de Mañueco. El exvicepresidente autonómico Francisco Igea y Pablo Fernández (Podemos) han considerado un escándalo tanto la aprobación de los fondos públicos a RTVCyL, ya que la concesión terminaba en agosto, como la propia renovación de la licencia de forma automática, señalando que acudirán a los tribunales. PSOE y Vox han calificado de “treta” y “fraude de ley” la estrategia del Gobierno autonómico de sacar un nuevo canal, del que Vox fue socio hasta julio del 2024.

Todo cuando a primeros de junio se ha garantizado la financiación pública para ese modelo concesional por dos años por importe de 48 millones de euros, gracias al apoyo de PP, PSOE y Soria Ya, y con un notable incremento para resolver los problemas laborales que arrastraba RTVCyL. Solo unos días después de la aprobación de esta inyección se logró un acuerdo entre sindicatos y empresa que puso fin al conflicto laboral que existía. Francisco Igea llevó este acuerdo a la Fiscalía por considerarlo “probable corrupción”.

Fuentes del gobierno autonómico consultadas por elDiario.es señalan que, tal y como ya han dicho en público, cumplirán la nueva normativa de publicidad institucional, incluyendo el concurso de televisión, pero advierten que no pueden dejar de realizar sus funciones ejecutivas, como renovar la concesión, aunque la cámara legislativa esté realizando cambios. Elevarán la consulta al Ministerio y si se puede promover otro concurso, lo harán.

Además, el Gobierno autonómico ha señalado que la nueva licencia televisiva sería en “condiciones de igualdad y transparencia” que La 7 y La 8 de RTVCyL, es decir, que tendrían financiación pública para su funcionamiento. Todo cuando el modelo arrastra críticas no solo por la falta de pluralidad informativa y despidos de directivos por orden del Ejecutivo autonómico, sino por una audiencia media escasa, habitualmente en el 1%, pese a la ingente cantidad de fondos públicos que recibe.

Y es que la factura de dinero público crecería pero, argumentó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, el coste de la aportación de la Junta a las dos televisiones privadas se asemejaría al de Radio Televisión Castilla-La Mancha, que recibe casi 46 millones de euros de subvención del Gobierno de Page. Pero es una televisión y radio públicas.

El segundo dividendo digital deja espacio libre

La jugada del gobierno autonómico, pendiente de la respuesta del Ministerio sobre el asunto, tiene base legal ya que la última reordenación del espacio radioeléctrico relativo a la televisión digital, el llamado 'Segundo divivendo digital' para hacer hueco a la tecnología móvil 5G más potente, contemplaba la reserva de un múltiple digital de cobertura autonómica a cada una de las Comunidades.

El artículo 6 de la normativa señala que “Los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma podrán determinar los canales digitales del múltiple digital MAUT especificado en el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre que se aprueba mediante este real decreto, que serán explotados por el servicio público de comunicación audiovisual televisiva de cobertura autonómica y los que serán explotados por empresas privadas en régimen de licencia”. Y, además, una disposición adicional indica que “Los múltiples digitales de cobertura autonómica cuya explotación íntegra se haya otorgado a una empresa privada por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, no constituyen los múltiples digitales contemplados en el artículo 2.4 y continúan reservados a las Comunidades Autónomas”.

Así, según el Plan Técnico en vigor, en cada múltiple digital caben cuatro canales en la máxima calidad digital, UHD. Y atendiendo a la disposición adicional, ya que la licencia de RTVCyL es de 2009, la Junta de Castilla y León contaría con cuatro canales libres pero aunque se estuvieran usando dos por la licencia en vigor de RTVCyL, la Junta de Castilla y León tiene margen para sacar un nuevo concurso de televisión con una o dos licencias, o una única licencia para dos canales como es la actual.

Dos socios no muy bien avenidos en RTVCyL

Radio Televisión Castilla y León SA ha logrado renovar esta semana por 15 años su concesión de televisión digital con dos canales, la 7 autonómica y la 8 con desconexiones provinciales, lograda por primera vez en el año 2009. La sociedad está controlada a medias por las familias de los magnates de los medios y la construcción José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo. Ambos comparten más cosas además de esta empresa, ser considerados tan próximos al PP que han sido condenados en casos de corrupción relacionados con instituciones cuando gobernaba el partido conservador. Históricamente han sido rivales empresariales pero que se tuvieron que avenir precisamente para operar la televisión autonómica y sus grupos mediáticos son los más favorecidos en el reparto de publicidad institucional, siendo también los más grandes.

En el año 2008, bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera, la Junta de Castilla y León convocó el concurso para una única licencia autonómica de televisión digital que podría emitir dos canales. Esto obligó a los operadores alegales de entonces, Canal 4 de Méndez Pozo y Televisión Castilla y León de Ulibarri, a unirse a riesgo de quedarse sin la licencia legal. Desde entonces se han repartido el poder de forma singular, alternando cargos de confianza por cada bando en la 7 y repartiéndose las televisiones provinciales entre los dos grupos con gestión diferente bajo una misma imagen de marca, la 8.

Solo el hoy conocido como grupo Kiss Media, antes Radio Blanca, del empresario asturiano Blas Herrero se presentó a la licitación contra los constructores en el año 2009 aunque al no tener presencia física no logró la concesión. En el año 2021 si obtuvo licencias de televisión digital local en cada una de las capitales de provincia pero no las ha explotado hasta el momento.

El grupo Promecal es la sociedad de medios de Méndez Pozo, hoy dirigido por su hijo Gregorio Méndez. El magnate burgalés fue condenado en los años 90 en el llamado caso de la Construcción, donde quedó acreditado que, en connivencia con el alcalde de Burgos José María Peña, se le concedieron licencia irregulares. Fue condenado a tres años y siete meses de prisión aunque solo estuvo en la cárcel nueve meses antes de salir en tercer grado. Sus principales activos, además de RTVCyL, son Diario de Burgos, Diario Palentino y cuenta con medios en otras comunidades como Navarra, La Rioja o Castilla-La Mancha. El grupo se declaró en preconcurso de acreedores a principios de este año debido a su abultada deuda, una situación que debe resolverse este verano bien en modo concurso o salvando la situación preconcursal por acuerdo con sus acreedores.

La sociedad de medios de la familia Ulibarri es Edigrup, que cuenta con activos como Diario de León, Esradio en Castilla y León, El Mundo de Castilla y León o Heraldo-Diario de Soria. Actualmente la dirigen dos de las hijas del empresario, Adriana y Soledad Ulibarri, tras las renuncias del empresario a cargos en las sociedades por la cercanía de sus juicios por corrupción. José Luis Ulibarri fue condenado en 2022 a un año y medio de cárcel por el caso Gürtel Boadilla, una de las derivadas del caso Gürtel. El empresario llegó a un pacto con la Fiscalía, que inicialmente le pedía siete años y medio de prisión y reconoció cinco delitos al pagar una mordida por hacerse con una parcela urbanizable en el municipio madrileño.

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Los partidos que aprobaron este miércoles la reforma de la Ley de Publicidad Institucional -PSOE, Vox, Podemos y el procurador Francisco Igea- han tildado de “maniobra” y “treta” la decisión avanzada por la Junta de Castilla y León de renovar de forma automática la licencia que ahora posee la privada RTVCyL y convocar una nueva para otra licencia a mayores en “igualdad económica”.

La ley aprobada este miércoles por estas formaciones y contra el criterio del PP instaba a la Junta a convocar un nuevo concurso público para la licencia de televisión en un plazo de tres meses, aunque ahora la intención de la Junta, como ha informado este jueves su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, es que este concurso se haga para la licencia que en teoría está libre en la Comunidad y no para la que posee RTVCyL, que quedaría renovada de forma automática.

La convocatoria de esta nueva licencia se trata de una hipótesis, porque este proceso quedaría pendiente de una consulta al Ministerio de Función Pública y Transformación Digital para comprobar si está libre el espacio radioeléctrico con el que cuenta la Junta y, a partir de ahí, ver si hay empresas interesas en esa licencia.

Ante esta situación, la viceportavoz del grupo Socialista en las Cortes, Nuria Rubio, ha expresado, en declaraciones a EFE, que “cuando pensaban que lo habían visto todo, la Junta sale con esta treta para no cumplir la ley”.

Asimismo, ha indicado que, aunque quedara una licencia libre en la Comunidad, eso no implica que la otra “la puedan dar a quien ellos quieran” para que este medio pueda “seguir lanzando sus titulares”.

“La norma está para cumplirla”, ha apostillado Rubio, que ha avanzado que su formación también consultará al Ministerio de Transformación Digital si, efectivamente, está libre una licencia del espacio radioeléctrico de la Comunidad.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha expresado a EFE que esta decisión de la Junta era “lo último” que se esperaban: que el PP “pidiese amparo a Óscar López (ministro de Transformación Digital) para poder hacer trampas a la ley de publicidad institucional”.

“Los ciudadanos de Castilla y León no se merecen estar gobernados por sinvergüenzas. Pues que tengan claro que desde Vox hemos venido a terminar con la corrupción y con los fraudes de Ley”, ha añadido el portavoz de los de Abascal.

Mientras, desde Podemos, Pablo Fernández ha indicado a EFE que lo anunciado hoy por la Junta es una “práctica mafiosa más del PP” con tal de “favorecer a Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri”, los dueños de las empresas concesionarias de la actual licencia de televisión.

“No puede ser que en esta Comunidad haya dos empresarios, que además están condenados por corrupción, que manden más que el Parlamento”, ha añadido Fernández, que ha tildado esto de “infamia” y de “tropelía”, ya que el PP de Alfonso Fernández Mañueco “opera como una organización mafiosa para favorecer y lucrar a sus empresarios de cabecera”.

Por último, el procurador Francisco Igea ha afirmado, a través de un mensaje en sus redes sociales, que puede que Mañueco y Carriedo “sean los únicos que no se han enterado que la mayoría de las Cortes les dijo ayer que la televisión de Castilla y León no puede continuar así”. “Como chascarrillo podría ser gracioso, como mensaje político resulta delictivo”, ha apostillado el exvicepresidente de la Junta.

La Junta de Castilla y León ha adelantado este jueves que RTVCyL, formada por las empresas Edigrup y Promecal, ya han solicitado a renovación de la licencia para ampliar la concesión por otros 15 años. La renovación sería “automática”, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, si cumplen con los requisitos de “condiciones técnicas y administrativas” que recoge la Ley 13/2022 de Comunicación Audiovisual estatal, es decir: el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser el titular de la licencia, la ausenca de obstáculos técnicos y haber pagado las tasas correspondientes.

Desde el Ejecutivo autonómico también han señalado que preguntarán al Ministerio de Transformación Digital para sacar a concurso público una segunda licencia para un canal de televisión a nivel autonómico. De esta manera la Junta aplica la Ley de Publicidad Institucional aprobada este miércoles por las Cortes de Castilla y León, como ha apuntado Carriedo.

Hay que destacar que la Junta ha anunciado esta cuestión solo un día después de que las Cortes de Castilla y León hayan aprobado una Ley de Publicidad Institucional —pendiente de publicación oficial— que, entre otros puntos, recoge se convoque un nuevo concurso para una nueva concesión de televisión autonómica y de esta forma evitarían que la aplicación de la nueva norma autonómica afecte a RTVCyL con una posible disolución.

Este nuevo canal, según Fernández Carriedo, estaría en “condiciones de igualdad y transparencia” que La 7 y La 8 de RTVCyL, que forman la misma televisión con un 1% de audiencia, lo que supondría recibir una financiación pública para una empresa privada. La semana pasada, el Consejo de Gobierno aprobó la concesión directa de una subvención de 24,5 millones para 2025 y 23,5 para 2026, según se votó en la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre. Esta subvención todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) aunque, como ha defendido el portavoz, todavía están en plazo.

Con esta medida, ha explicado el portavoz, la Junta cumple con lo aprobado por las Cortes de Castilla y León. La viabilidad del tercer canal, o lo que es lo mismo, una segunda televisión autonómica, tiene que ser validada por el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital, quien tendrá que decidir si en el ámbito autonómico está libre ese espacio radioeléctrico de emisión. Además, se consultará al Consejo Consultivo para “garantizar condiciones de igualdad y transparencia”.

Según las cuentas del también consejero de Economía y Hacienda, bajo el concepto de “igualdad y transparencia” el coste la aportación de la Junta a las dos televisiones privadas se asemejará al de Radio Televisión Castilla-La Mancha, según Carriedo.

La Junta de Castilla y León aprueba la subvención millonaria a Televisión Castilla y León —en manos de los empresarios Méndez Pozo y Ulibarri— pese a la posible modificación legal a través de la aprobación de la Ley de Publicidad Institucional, que en principio se aprobará la próxima semana en el parlamento autonómico.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves la concesión directa de una subvención de 24,5 millones para 2025 y 23,5 para 2026, según se aprobó en la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) con el voto a favor del gobierno autonómico (3 votos), el PP (1), el PSOE (1) y Soria ¡Ya! (1), el voto en contra del procurador del Grupo Mixto Francisco Igea y la ausencia de Vox, que se negó a acudir a la reunión.

Para 2025 se ha asignado 1,1 millón de euros extra por los atrasos de la no actualización en el año 2024. En total, se ha aprobado una subvención a Televisión Castilla y León de 47,9 millones de euros en dos años a pesar de que la concesión termina en agosto y que, de aprobarse la Ley de Publicidad Institucional, la concesión expirará en un mes.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido en rueda de prensa que se haya incrementado un 10% la cuantía asignada a esta empresa para que pudiera mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que llevan meses presionando a la empresa a través de movilizaciones y huelgas para firmar un nuevo convenio y haya un incremento de las retribuciones, entre otras reivindicaciones.

Toda la oposición votó hace unas semanas en contra del informe relativo al cumplimiento de las necesidades de interés público. El PSOE considera que Televisión Castilla y León “no es objetiva ni plural”.

Preguntado por que el gobierno autonómico pretenda solucionar un conflicto laboral con una inyección de dinero público, Fernández Carriedo ha considerado que el contrato-programa con Televisión Castilla y León es un caso excepcional que implica “una relación directa entre la entidad” con una serie de “criterios conjuntos”.

“La Ley de contratos administrativos permite hacer algunas cosas respecto al suministro, la obra pública o la dotación del servicio, pero también está limitado poner algunos requisitos que excedan esta materia”, ha explicado el portavoz, que ha insistido: “Nosotros siempre buscamos las mejores condiciones de trabajo y es obligatorio cumplir la normativa de legislación laboral para contratar con la Administración Pública”.

Sobre la Ley de Publicidad Institucional, Fernández Carriedo se ha negado a valorar esta norma porque aún no se ha aprobado, aunque ha recordado que el Colegio de Periodistas ha mostrado su rechazo y ha pedido a los grupos políticos de la oposición que expliquen “sus motivos” para aprobar esta Ley. Además, ha descartado que el gobierno autonómico vaya a recurrir esta nueva normativa porque el Gobierno “tiene limitaciones”, aunque ha asegurado que otras Administraciones Públicas o algunos “particulares” sí podrían recurrirla, porque cree que la norma “puede incurrir en una previsión contraria a la Ley”.

El procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un posible delito de malversación, prevaricación administrativa o desvío de subvenciones públicas de la Junta por la aprobación el viernes pasado de la financiación de RTVCyL por otros dos años más.

Según el exvicepresidente de la Junta, este presunto delito se debe a que se haya condicionado el incremento de la financiación pública a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. “Lo que sucedió el viernes es un caso de probable corrupción. No puede resolverse un conflicto laboral con una subvención pública, lo que está ocurriendo es un escándalo”, ha apuntado Igea.

Igea ha explicado durante el transcurso del debate de las enmiendas a la Ley de Publicidad Institucional en la Comisión de Presidencia de las Cortes que Castilla y León está gastando “25 millones de euros de forma fraudulenta en una televisión que solo sirve para garantizar el clientelismo de dos empresas”.

Castilla y León Televisión es una empresa privada que emite como televisión autonómica recibiendo por ello subvenciones por parte de la Junta de Castilla y León. La entidad está formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, fundada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, condenado en la trama Gürtel y que ahora está en manos de sus hijos.

El procurador ha recordado que la concesión acaba en agosto, motivo por el que se convocó el pasado viernes la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) además de saltarse las medidas de la futura Ley de Publicidad Institucional, que también recoge cambios en la relación de la Junta y la televisión privada RTVCyL.

Dos años más de financiación a pesar de que la concesión acaba en agosto

El pasado viernes la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se aprobó un incremento de la aportación pública vinculado al acuerdo en las negociaciones del convenio colectivo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La Junta de Castilla y León financiará RTVCyL dos años más con 23,4 millones anuales pese a que la concesión termina en agosto.

Este incremento se ha condicionado a unas mejora de las condiciones personales y profesionales de los trabajadores de esta empresa privada: el 60% del incremento irá a mejoras contributivas y otro 30% a mejoras de los medios materiales. Han votado a favor de este incremento la Junta de Castilla y León (3), el PP (1), el PSOE (1) y Soria ¡Ya! (1). El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, votó en contra y Vox se ha ausentado de la reunión.

Se produce, por lo tanto, un incremento en la partida destinada a Televisión Castilla y León, que pasa de 21,3 millones de euros a 23,4 millones para este ejercicio y el siguiente, a pesar de que la concesión termina en agosto —algo de lo que se han enterado los miembros de la Comisión este mismo viernes— y de que aún no se ha iniciado el proceso para la nueva concesión. Además, se suma 1,1 millones de euros más este año por los atrasos de la no actualización en el año 2024. En total, se ha apoyado darle una subvención a Televisión Castilla y León de 47,9 millones de euros en dos años.

A pesar de ser requerido para ello, el director RTVCyL, Jorge Losada, no proporcionó los informes sobre los salarios de los altos cargos, el informe sobre las audiencias ni el de representatividad de los grupos parlamentarios en los programas informativos, algo que la Televisión ha “encargado”, según fuentes consultadas por este periódico. El PSOE puso dos condiciones de cara a la Comisión de la TDT: conocer los salarios de toda la plantilla, incluidos los grandes jefes de 6.000 euros. Y conocer la situación y la viabilidad de la empresa. RTVCyL no ha proporcionado ninguno de los dos informes amparándose en la Ley de Protección de Datos, según fuentes de la Comisión.

El procurador socialista Pedro González Reglero ha protestado por que el “patrono” de Castilla y León Televisión sea diferente al de otras empresas cuando ha habido un conclicto con los trabajadores, que llevan siete meses negociando. El socialista ha recordado que Castilla y León Televisión recibe 21 millones de euros anuales y aún así tiene “equipos obsoletos, de mala calidad” y con periodistas “que no firman las noticias porque sus jefes dirigen las noticias”.

El socialista también ha destacado la necesidad de conocer los salarios de toda la plantilla, incluida la de los “grandes jefes de 6.000 euros” y conocer la viabilidad real de las dos empresas que componen Castilla y León. González Reglero ha destacado la importancia de que haya transparencia en las cuentas que permita “una mayor objetividad e imparcialidad” en los medios de comunicación.

El procurador de Podemos Pablo Fernández ha reprochado a la Junta de Castilla y León que “se ponga de perfil” con esta cuestión. “Pese a que es una televisión privada, su gobierno les regala anualmente 21,3 millones de euros, lo que supone más del 90% de su financiación. ¿Y quienes son sus dueños? Qué casualidad, los empresarios de cabecera del PP: los hijos del señor Ulibarri, condenado por corrupción en la trama Gürtel, y Méndez Pozo, condenado por falsedad documental”, ha esbozado Pablo Fernández.

El también procurador del Grupo Mixto ha asegurado que Castilla y León Televisión es conocida como “Telemañueco” y ha reprobado que el sueldo medio sea de 1.200 euros pese a su elevada cualificación. “Y en lugar de obligar a los propietarios a negociar un nuevo convenio colectivo y a garantizar condiciones dignas, ustedes se desentienden para no perturbar a sus empresarios de cabecera, a cambio de que Castilla y León Televisión sea propaganda del PP. Esto no va a salir jamás en la tele ni en buena parte de los medios de esta comunidad porque el que paga, manda”, ha afeado Pablo Fernández, que ha justificado que de esta manera el PP “compre buena parte de los medios”, la clave que “explica” los 37 años de gobierno del PP en Castilla y León.

Podemos acusa al PP de ir “dopado” a las elecciones

En una primera interevcnión, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido la “profesionalidad, objetividad y el trabajo” de los profesionales de Castilla y León Televisión. El también consejero de Economía ha asegurado que sería “bueno” que los trabajadores alcanzaran un acuerdo. “Son muchos los trabajadores que han perdido capacidad adquisitiva y tienen dificultades para llegar a fin de mes, y estos trabajadores no son ajenos a esta realidad”, ha apostillado.

Pablo Fernández ha apostado por un control parlamentario de Castilla y León Televisión y ha acusado al PP de pagar a los medios para que sean “su aparato de propaganda” y les permita ir “dopados a las elecciones”. El portavoz de la Junta de Castilla y León ha asegurado que su opinión sobre los trabajadores es mejor que la que ha transmitido Pablo Fernández. “Se equivoca echando la culpa de sus resultados electorales a esos trabajadores y a los medios de comunicación. Son más o menos parecidos a los que había hace dos legislaturas y su partido ocupaba diez escaños y hoy está usted solo”, ha replicado Fernández Carriedo, que ha repetido prácticamente entera su primera intervención

Un centenar de trabajadores de Castilla y León Televisión se han concentrado este jueves a las puertas de la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, a donde han impedido el paso de vehículos durante una hora, con motivo de la undécima jornada de huelga que suman para reclamar mejoras laborales, sin haber recibido desde hace meses una nueva propuesta de las empresas propietarias y sin que el Gobierno autonómico medie.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Ciudadanía de CCOO, Francisco González, ha afirmado que la falta de financiación pone en peligro “las nóminas a partir de junio, porque para mayo la empresa dice que sí pagan”.

González ha explicado en declaraciones a EFE que el seguimiento de la jornada de huelga es de cerca del 90% en los centros de trabajo de Valladolid, donde se concentran hoy las acciones reivindicativas.

Para CCOO, “es lamentable” que tras once jornadas de huelga las empresas no se “hayan dignado” a hacer una llamada y ofrecer algún tipo de solución ante las movilizaciones, sin tener en estos momentos “nada encima de la mesa” de negociación.

Sobre el papel de la Junta en este conflicto, González ha criticado que no asuma su “responsabilidad” respecto a una futura televisión pública, mientras que mantiene la concesión a dos empresas que “tienen bloqueado el convenio colectivo” y carecen de financiación definida para el presente 2025.

“Esperemos que esta movilización cause su efecto en la Junta y adopte sus responsabilidades de una vez por todas y le diga a las empresas que se tienen que sentar y negociar un convenio justo para los trabajadores”, ha resumido.

Los manifestantes se han dirigido a los exteriores de la zona del edificio en el que se desarrolla la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, desde cuyo interior han podido escucharse las reivindicaciones de los trabajadores, quienes reclaman a la Junta que intervenga para resolver un conflicto que afecta a empresas que reciben unos 22 millones de euros al año de las arcas públicas.

Castilla y León Televisión es una empresa privada que emite como televisión autonómica recibiendo por ello subvenciones de 21,4 millones de euros anuales por parte de la Junta de Castilla y León. La entidad está formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, fundada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, condenado en la trama Gürtel y que ahora está en manos de sus hijos.

La Junta desea que tengan “una mejora de sus condiciones”

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que el “deseo” del Ejecutivo autonómico es que los trabajadores de Castilla y León Televisión tengan “una mejora de sus condiciones” y “puedan seguir realizando sus funciones con absoluta normalidad”, aunque ha remitido a las empresas propietarias para llegar a un acuerdo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se podían escuchar las protestas del centenar de trabajadores de esta televisión privada que recibe anualmente una financiación pública de unos 22 millones, Carriedo se ha limitado a decir que está “a disposición de las dos partes” para buscar soluciones, aunque ha instado a empresas y sindicatos a que “acerquen posturas” y lleguen a un acuerdo.

Carriedo no ha considerado que esta empresa esté en dificultades o en crisis, como ocurre en otros casos en los que la Junta sí interviene ante el riesgo de perder el empleo asociado a una actividad productiva, por lo que ha insistido en que se trata de un conflicto entre empresas y trabajadores.

Pregunta del PSOE en el pleno de las Cortes

En representación del Grupo Socialista ha acudido a la protesta el secretario general, Pedro González Reglero, quien ha explicado a EFE que preguntarán a la Junta en el próximo pleno de las Cortes por la situación de Castilla y León Televisión y en concreto de sus trabajadores, para los que ha pedido garantía del pago de sus nóminas y una estabilidad que ahora no tienen.

“Estos trabajadores no son trabajadores de otra escala, son exactamente igual que cuando hay otro conflicto en otra empresa y, algunas veces con éxito y otras sin éxito, la Junta ha afrontado el problema, ha cogido el toro por los cuernos y ha planteado posibles soluciones”, ha resumido González Reglero.

En este sentido, el representante socialista ha mantenido que quien tiene la “patata caliente” y la posibilidad de solucionarlo es la Junta de Castilla y León, a la que ha pedido que “no tome de rehenes a los trabajadores”.

Las condiciones que plantea el PSOE para una reunión de la Comisión de la TDT que en su opinión debería convocar inmediatamente la Junta son “conocer las cuentas de las empresas y conocer los salarios del conjunto de la totalidad de la plantilla”, ya que observan diferencias sustanciales entre las retribuciones “precarias” de la plantilla y la de sus altos cargos o cargos intermedios.EFE

La primera de las jornadas de huelga convocadas por los sindicatos en Castilla y León Televisión ha tenido un seguimiento del 85% en los centros de trabajo de ámbito autonómico, mientras que ha variado entre el 50 y el 60% en los provinciales, según han explicado a EFE fuentes sindicales, que son rebajadas al 16% por parte de la dirección de la cadena al indicar que también hay trabajadores que están de vacaciones y descansos.

Los representantes sindicales han lamentado que los cerca de 390 empleados de Castilla y León Televisión tengan que afrontar estas semanas con la incertidumbre sobre el pago de las nóminas de mayo y junio, condicionadas a la aportación de algo más de 21 millones que puede aportar la Junta de Castilla y León, aunque con el trámite pendiente de reunir a la Comisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que es la que aprueba esa aportación pública.

Por su parte, el director general de RTVCyL, Jorge Losada, ha defendido en declaraciones a EFE que desde que está al frente “no se ha dejado de pagar una nómina” y están trabajando en “el día a día” para buscar una solución y evitar que eso pueda ocurrir.

En cuanto a la distribución de los trabajadores en huelga, la empresa ha indicado que el mayor número de huelguistas se ha registrado en los centros autonómicos, mientras que en varios de los centros provinciales no ha habido ninguno.

Como consecuencia de la huelga, la cadena no podrá emitir el tradicional carrusel de procesiones de Semana Santa que esta televisión lleva emitiendo los últimos quince años, según han explicado alguno de los encargados de producir este programa especial y ha confirmado la dirección de la televisión, que sí ha conseguido emitir el informativo de mediodía, aunque condicionado por la escasez de profesionales.

Decenas de periodistas y técnicos de CyLTV se han concentrado este lunes ante las puertas de los centros de trabajo y posteriormente se han trasladado a la sede de la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid para registrar un escrito en el que solicitan una reunión con el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

Las fuentes sindicales consultadas han explicado que la convocatoria de la Comisión de la TDT está “sin fecha”, por lo que han optado por reclamar la atención del presidente autonómico, a quien han pedido que atienda las reivindicaciones de este grupo de casi cuatrocientos trabajadores.

Críticas por contratar productoras externas

Los sindicatos han denunciado que, pese a los problemas económicos aludidos por la empresa, Castilla y León Televisión está contratando productoras externas para realizar las coberturas de las principales procesiones de Semana Santa, lo que ven como una maniobra irregular que llevarán nuevamente ante la Inspección de Trabajo, por considerar que suplantan a trabajadores que están ejerciendo su derecho a la huelga.

El presidente del comité de empresa, Marcos Hernáiz, ha lamentado que la dirección de la empresa ni siquiera haya llamado a los representantes de los trabajadores para intentar frenar estas jornadas de huelga, bajo el argumento de que no hay “nada que negociar” hasta que no se apruebe la financiación por parte de la Comisión de la TDT.

El comité de empresa ha convocado estas jornadas de huelga, que se prolongarán desde hoy hasta el 20 de abril y una más el 22 de abril, en la víspera del Día de Castilla y León y cuando está previsto el acto institucional de la entrega de los Premios Castilla y León, por lo que consideran como “inmovilismo” de la dirección de la empresa en la negociación de sus condiciones laborales.

Los trabajadores de RTVCyL han acordado en asamblea convocar ocho jornadas de huelga que se desarrollarán de forma continuada del 14 al 20 de abril y el 22 como el último día de huelga, coindiciendo con los Premios de Castilla y León.

Esta decisión mayoritaria surge como respuesta al “inmovilismo” mostrado por la patronal en el proceso de negociación del Convenio Colectivo de Trabajo para las empresas de Televisiones Locales y Autonómicas en la Comunidad, según ha informado CCOO a través de un comunicado.

Durante la semana de huelga, están previstas concentraciones diarias en las puertas de los centros de trabajo para visibilizar el conflicto: Además, el lunes 14 de abril, primer día de la huelga, se realizará una concentración a las 12.30 horas frente a la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid (C/ Duque de la Victoria). Por su parte, el último día de huelga, el 22 de abril, está prevista otra concentración.

La representación de las personas trabajadoras de CCOO ha animado a toda la plantilla de Rtvcyl a secundar tanto la huelga como las movilizaciones programadas para luchar en unión por sus derechos.

Castilla y León Televisión es una empresa privada que emite como televisión autonómica recibiendo por ello subvenciones de 21,4 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. La entidad está formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, fundada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, condenado en la trama Gürtel y que ahora está en manos de sus hijos.

Los integrantes de la plantilla de Castilla y León Televisión están convocados a una nueva huelga al entender los sindicatos de su comité de empresa que la dirección rechaza seguir negociando una mejora en sus condiciones laborales, lo que se plasmará en paros durante todas las jornadas de Semana Santa y también el 22 de abril, en la víspera del Día de Castilla y León.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado estas jornadas de huelga, que incluirán varias concentraciones de trabajadores, quienes ya han protagonizado protestas durante los últimos meses ante el bloqueo de las negociaciones y tras rechazar en noviembre pasado el preacuerdo alcanzado entre la represa y los mismos sindicatos.

En un comunicado, los representantes sindicales han asegurado que la empresa ha retirado sus propuestas de la mesa de negociación, que se prolonga ya por más de 16 meses, y se ha remitido a la convocatoria de la Comisión de la TDT, que integran la Junta de Castilla y León, las empresas propietarias de la televisión -Promecal y Edugrup- y representantes de los grupos parlamentarios.

Esta convocatoria de huelga llega tras una asamblea de trabajadores en la que han participado hasta 128 empleados, quienes votaron una serie de acciones reivindicativas tras conocer por los sindicatos la negativa de la empresa a seguir con la negociación.

Entre otras medidas, los trabajadores mantendrán sus protestas de 5 minutos de paros los martes y la vestimenta de camisetas rojas los jueves.

Para los próximos 26 y 27 de marzo, cuando está prevista la celebración del Debate de Política General, la protesta se trasladará a las puertas de las Cortes de Castilla y León, donde denunciarán que se sienten “maltratados”.

Tras las jornadas de huelga previstas para Semana Santa, los trabajadores prevén realizar una nueva concentración en las puertas del Centro Cultural Miguel Delibes el 22 de abril, con motivo de la entrega de los Premios Castilla y León, en la víspera del Día de la Comunidad.

Consultada por EFE, la empresa ha preferido no hacer declaraciones sobre esta situación.

Castilla y León Televisión es una empresa privada que emite como televisión autonómica recibiendo por ello subvenciones de 21,4 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. La entidad está formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, fundada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, condenado en la trama Gürtel y que ahora está en manos de sus hijos.

Sobre el papel, el presidente de la Junta de Castilla y León anduvo ágil de reflejos al cesar fulminantemente a la directora general de Salud Pública tras las deplorables manifestaciones de Sonia Tamames minimizando los letales efectos del Covid-19 en Castilla y León. Pero tampoco es para sacar pecho. Primero, porque no había otra opción, so pena de asumir un desgaste político absolutamente innecesario. Segundo, porque queda la duda de si ese cese se hubiera producido de no mediar la repercusión nacional que rápidamente alcanzó esa increíble salida de pata de banco.

El asunto se podría dar políticamente por zanjado si no fuera por algunas secuelas que pueden traer cola. De un lado, el episodio ha puesto sobre el tapete el papel de la televisión autonómica de titularidad privada que, subvencionada por la Junta con más de 20 millones de euros anuales, opera en régimen de monopolio en Castilla y León. Una televisión, que al borrar un tuit que reproducía las polémicas declaraciones de Tamames, delataba su dependencia/connivencia con el gobierno de Fernández Mañueco.

Ello justo cuando el peculiar estatus de dicha televisión estaba ya en el punto de mira de la oposición, especialmente de dos partidos tan distantes como Vox y Podemos, que consideran inaceptable el servilismo político que rinde al PP una televisión que, pese a sostenerse gracias a una multimillonaria inyección de dinero público, no está sometida a ningún control parlamentario.

Sucede que en estos momentos está en tramitación en las Cortes de Castilla y León la reforma de la Ley de Publicidad Institucional (LPI), de la que pende el contrato-programa a través del cual la Junta viene subvencionando con más de 20 millones de euros anuales a Televisión Castilla y León, el canal que explotan al 50% los dos principales grupos mediáticos de la comunidad: Promecal (Méndez Pozo) y Edigrup (Ulibarri). Y Vox ha presentado una enmienda que propone la designación parlamentaria de un Consejo que se ocuparía de “velar por la independencia de la información difundida y promover la neutralidad editorial” en lo referido a las funciones de servicio público“ que justifican su financiación por la Junta. Un Consejo integrado por profesionales relevantes en el ámbito del sector público o del mundo audiovisual o la comunicación, que emitiría un informe anual verificando si la programación emitida cumple las funciones de servicio público encomendadas y que además estaría capacitado para intervenir en el nombramiento del personal directivo, pudiendo promover incluso su destitución. Un órgano de control en toda regla orientado a evitar que el PP siga ”manejando por la puerta de atrás“, que diría el ínclito Ignacio Cosidó respecto al Poder Judicial, una televisión autonómica de titularidad privada cuyos mayores ingresos proceden directamente de las arcas públicas de la comunidad.

La batalla emprendida por Vox no es baladí. Otros partidos y procuradores de las Cortes coinciden en denunciar que la televisión en cuestión viene siendo objeto de una descarada instrumentación partidista al servicio del PP. Con ocasión de las desdichadas declaraciones de Sonia Tamames, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, promotor en su día de la reforma de la LPI, ha calificado de “Telemañueco” al canal autonómico, criticado asimismo en términos muy duros por el exvicepresidente de la Junta y actual procurador del grupo mixto, Francisco Igea.

Las muchas ronchas levantadas por la línea informativa de RTVCyL se pusieron de manifiesto el pasado mes de diciembre durante el debate de la toma en consideración de la reforma de la Ley propuesta por Podemos. En ese debate, el exvicepresidente de la Junta y en ese momento portavoz parlamentario de Vox, Juan García-Gallardo, que se supone que sabía de lo que hablaba, fue muy explícito: “Si el señor Mañueco se quiere comprar un director de televisión que lo haga con su dinero”, llegó a decir el ex número dos del gobierno Mañueco, quien, por si fuera poco, aseguró que “hay periodistas y columnistas de periódico que escriben al dictado de los jefes de prensa de la Junta” (sic). Por parte del grupo socialista, la entonces secretaria de Organización del partido y de momento todavía vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, tampoco ocultó en ese debate su malestar con el canal autonómico, posición compartida obviamente por Luis Tudanca.

Lo que está por ver es si el nuevo jefe de filas del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, lo tiene tan claro como para apoyar una reforma legislativa que, amén de poner en el disparadero a la compañía titular del canal (para mayor inri, Promecal se encuentra en preconcurso de acreedores), tiene en vilo al PP de Mañueco, que ya se quedó solo en el veto a su toma en consideración y después ha fracasado en su intento dilatorio de prorrogar el plazo para la presentación de enmiendas. Veremos qué posición marca Martínez, al que Edigrup, grupo editor de un diario en Soria, ha venido regalándole los oídos desde que vislumbró su propósito de postularse para suceder a Tudanca.

La otra inconveniencia de la 'sobrada' de Sonia Tamames ha sido la de remover, ahora que se van a cumplir cinco años, la controvertida gestión de la Junta sobre la pandemia. A diferencia de la que está montada en Madrid, donde a Isabel Díaz Ayuso le perseguirán mientras viva las 7.291 muertes por Covid registradas en residencias de ancianos, incomprensiblemente en nuestra comunidad se ha pasado página política sobre el asunto. Y ello pese a que en Castilla y León, tal como desveló en su momento elDiarioCyL, durante la peor ola de la pandemia, entre mediados de marzo y mediados de abril de 2020, estuvo en vigor un protocolo muy similar al de la Comunidad de Madrid, con instrucciones muy precisas de que los enfermos contagiados en las residencias no fueran trasladados a los hospitales. Un mes aquel durante el que fallecieron en las residencias de Castilla y León alrededor de dos mil enfermos de Covid, un desastre que no pudo ser investigado en las Cortes al oponerse el PP y Ciudadanos a la comisión solicitada por todos los demás grupos parlamentarios.

Resulta obvio de que al gobierno de Fernández Mañueco no le interesa nada remover ese pasado, máxime cuando el protocolo antedicho fue firmado conjuntamente por el entonces gerente del Sacyl (de Ciudadanos) y por el exgerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, este último en la actualidad secretario general de la Consejería de Familia. Desaparecida de la escena política la entonces consejera de Sanidad, Verónica Casado, así como el partido a través del que llegó al cargo, remover aquel episodio podría poner en la picota nada menos que a la actual vicepresidenta única de la Junta, Isabel Blanco, quien, como consejera de Familia, dio su visto bueno a la firma de aquel funesto protocolo.

En suma, flaco favor le han hecho a Mañueco la exdirectora general de Salud y la televisión de bolsillo en la que perpetró las intolerables declaraciones que le han costado el puesto.

Grupo de Comunicación Promecal SLU, el conglomerado de medios del polémico constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, uno de los empresarios más conocidos en Burgos, ha declarado preconcurso de acreedores, el paso previo a la presentación del concurso (la antigua suspensión de pagos) ante el juzgado Mercantil 1 de la capital burgalesa.

El grupo comunicó la apertura de negociaciones con sus acreedores el pasado 16 de diciembre y el pasado seis de febrero se nombró a un experto en reestructuraciones de la firma Grant Thornton, tal y como recoge el sistema de publicidad concursal del Ministerio de Justicia. 

Este jueves, los delegados de Personal de Promecal remitieron una nota a la plantilla en la que señalan que el gerente de la empresa, Javier Santamaría, les ha trasladado “que la cuestión es exclusivamente financiera” y que el preconcurso “puede causar cuando menos inquietud”, pero no es un concurso de acreedores “ni una suspensión de pagos”.

La dirección ha expuesto a los representantes de la plantilla que el preconcurso no afecta a los trabajadores, “ni a los proveedores, ni a los clientes”, ni va a implicar “ninguna reestructuración en la plantilla (ni ERE ni ERTE)”. No es una cuestión “que deba preocuparnos”, señala la nota.

Promecal ha declinado comentar este asunto. La empresa, administrada por el hijo del empresario, Gregorio Méndez, es la sociedad de cabecera del conglomerado de medios de comunicación que fue adquiriendo con los años Méndez Pozo. 

Este octogenario empresario, nacido en Jaca (Huesca) en 1944, es conocido en Burgos como “el Jefe” por haber estado vinculado durante años a muchos de los proyectos urbanísticos de la ciudad. Entre ellos, el polémico bulevar del popular barrio de Gamonal, que finalmente fue paralizado hace diez años tras las protestas vecinales; también ha recibido adjudicaciones públicas millonarias, como el Hospital Universitario de Burgos.

Actualmente preside la Cámara de Comercio burgalesa y del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León. Méndez Pozo fue el primer constructor condenado por corrupción política en España, en 1994, por el llamado ‘caso de la construcción’, por licencias irregulares en la ciudad. Fue condenado a tres años y siete meses de prisión. Solo estuvo en la cárcel nueve meses antes de salir en tercer grado.

Con Diario de Burgos como medio más emblemático, su conglomerado Promecal es el principal grupo de comunicación de Castilla y León.

En prensa edita y participa en periódicos de ámbito local y regional en Castilla y León (Diario de Burgos, Diario de Ávila, El Diario Palentino, El Día de Valladolid, El adelantado de Segovia, El Día de Segovia y el Día de Soria), en Castilla-La Mancha (Las Tribunas) y en La Rioja (El Día de la Rioja). También tiene la agencia de noticias de ámbito autonómico, ICAL.

Al 50% con Ulibarri

En 2009, la Junta de Castilla y León adjudicó la radio y televisión públicas de esa comunidad autónoma a una sociedad que Méndez Pozo comparte al 50% con otro polémico constructor, José Luis Ulibarri, que fue condenado en el caso Gürtel y con varias causas de corrupción relacionadas con el PP. A finales del año pasado, un conflicto laboral con su plantilla por la falta de renovación del convenio para sus más de 300 trabajadores derivó en una huelga en el ente público castellano y leonés.

Un reciente análisis de elDiario.es sobre las mayores ayudas públicas concedidas en España en 2023 reflejó que las televisiones privadas vinculadas al grupo Promecal son las más subvencionadas del país. En el listado de empresas más subvencionadas del país publicado el año pasado por el Ministerio de Hacienda destacaba Castilla y León Televisión, con 21,4 millones de euros, y Navarra Televisión, producida por una filial de Promecal, recibió otros 1,5 millones.

Para 2024, las subvenciones de la Junta a Radio Televisión de Castilla y León fueron de 21,3 millones. El grupo también tiene televisiones locales en todas las capitales castellano y leonesas y en La Rioja (La 8 y La 7). Los medios de Ulibarri y Méndez Pozo acaparan una parte muy importante de la publicidad institucional de la Junta: en 2019, recibieron el 44% del total. 

Las últimas cuentas de Promecal disponibles en el Registro Mercantil, accesibles a través de Insight View, datan de 2022, cuando el grupo facturó 15 millones y declaró un resultado positivo de algo más de 200.000 euros. Las deudas con entidades de crédito alcanzaban 15,8 millones. 

Las cuentas tenían salvedades del auditor, EY,  por la valoración de su participación en dos filiales cuyo valor no había provisionado pese a estar obligada a ello. Las cuentas recogen un fondo de maniobra negativo en casi un millón, pero se formularon bajo el “principio de empresa en funcionamiento” por considerar que Promecal tenía garantizada su liquidez a través de su accionista único, Gesinmereg SL.

En el informe de gestión, Promecal advertía del “deterioro paulatino de la coyuntura macroeconómica” por la guerra de Ucrania. “En esta situación, sin embargo, es cuando la misión social del Grupo de Comunicación Promecal cobra más sentido. La información seria y rigurosa adquiere un papel más relevante”.

El segundo día de huelga de los trabajadores de RTVCyL ha logrado un “95%” de seguimiento en los dos centros de Valladolid y en torno al “50%” en el resto de centros de toda Castilla y León. La jornada ha comenzado con protestas en todos los centros y con la movilización central por la tarde a las puertas del teatro Calderón de Valladolid durante la gala inaugural de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Los trabajadores exigen a la patronal una mejora salarial, mejores condiciones laborales y una clasificación personal acorde con las necesidades actuales. El pasado 2 de octubre, un día antes de la primera jornada de movilizaciones, los empleados han rechazado un preacuerdo alcanzado entre sindicatos y empresa que establecía un pago único de 500 euros para este 2024 y de 850 para 2025. Desde entonces, aseguran los trabajadores, no se han vuelto a sentar a negociar.

Durante la alfombra azul de la Seminci medio centenar de empleados se han concentrado para reclamar las mejoras. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha acompañado a los trabajadores de RTVCyL, ha indicado que el servicio se presta a través de “una contrata en unas condiciones laborales pésimas que no garantiza una buena calidad en el servicio público que supone la la televisión autonómica”.

Castilla y León Televisión es una empresa privada que emite como televisión autonómica recibiendo por ello subvenciones de 21,4 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. La entidad está formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, fundada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, condenado en la trama Gürtel y que ahora está en manos de sus hijos.

Sordo ha criticado que la Junta ha abandonado a “un servicio público” de “un modelo fracasado que tiene que ser revisado” y que para ello “se necesitan unas buenas y dignas condiciones laborales”.“El problema no es solo la actitud de la empresa, el problema es el propio modelo de televisión que desde hace muchos años lleva impulsando la Junta de Castilla y León”, ha afirmado.

El líder sindical ha apuntado que los trabajadores piden “cosas tan sencillas como un salario que apenas supera el SMI en algunos casos, que se le sustituya adecuadamente en las bajas, en definitiva, unas condiciones laborales justas y dignas que permitan ofertar una tele de calidad para la ciudadanía de Castilla y León”.

Por parte de UGT, el asesor del sindicato en esta mesa de negociación, Gerardo García, ha señalado que las negociaciones están “completamente bloqueadas” porque la empresa “no quiere tocar un euro de las propuestas salariales”. “Es como negociar con el Tío Gilito, no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo”.

El representante de UGT ha relatado que a pesar de rebajar “a mínimos” sus peticiones, la empresa “se ha negado a firmar por una cantidad de 18 euros al mes para dentro de tres años”. García ha agregado que tampoco están “dispuestos” a que la subida salarial la paguen los huelguistas.“ Si quieren que UGT llegue a un acuerdo de firma de convenio, van a tener que reponer las cantidades que se descuenten a los compañeros que están en huelga”.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Castilla y León, Francisco González, ha señalado que “cada vez mas gente se adhiere, la huelga está siendo un triunfo y conseguiremos que la empresa se siente a negociar”, ha señalado

Programación afecta

La programación se ha visto afectada. En la 7, el magazine emitido se grabó el jueves y el informativo autonómico se ha limitado a emitir por la tarde. Este programa se ha reducido a una sucesión de vídeos sin pasar por plató ni presentadores, como ha podido confirmar este diario.

Sin pasar a plató y con los vídeos de las noticias 'pegados', así se ha emitido el informativo de CyLTV de esta tarde por la huelga de los trabajadores que piden a la empresa unas mejores condiciones laborales. Desde el comité de empresa han reconocido estar satisfechos por el seguimiento que solo en los dos centros de Valladolid, con cerca de la mitad de los 350 empleados, ha sido casi del “95%”.

En el resto de delegaciones, el apoyo ha sido desigual, como ha apuntado CCOO. La media del resto de centros en torno al 50% con Zamora, Palencia y El Bierzo como puntos donde el apoyo ha sido menor.

Un centenar de personas se ha sumado a las movilizaciones de la mañana en frente de las sedes del canal 8 y de la 7 en Valladolid. También se han concretado en la sede la Presidencia de la Junta de Castilla y León, donde los jueves se reúne el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Los trabajadores exigen a la patronal una mejora salarial, mejores condiciones laborales y una clasificación personal acorde con las necesidades actuales. Este miércoles los empleados han rechazado un preacuerdo alcanzado entre sindicatos y empresa que establecía un pago único de 500 euros para este 2024 y de 850 para 2025.

Programación afectada

La programación ya se ha visto afectada. En la 8 de Valladolid, cadena provincial, no ha habido informativos, ni magazines. En la 7, tampoco ha habido magazine y el informativo regional se ha reducido a una sucesión de vídeos sin pasar por plató ni presentadores, como ha podido confirmar este diario. Durante la emisión online, varios usuarios han informado de la caída del informativo. Tampoco se ha emitido la gala de presentación de los informativos a la que han acudido, entre otros, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Castilla y León Televisión es una empresa privada que emite como televisión autonómica recibiendo por ello subvenciones de 21,4 millones de euros. La entidad está formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, fundada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, condenado en la trama Gürtel y que ahora está en manos de sus hijos.

La Junta “no puede sustituir el papel protagonista” en las negociaciones

Precisamente, miembros del Ejecutivo se han reunido con representantes de los trabajadores al acabar el Consejo de Gobierno. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha descargado la responsabilidad del Ejecutivo autonómico en pedir una mejoras de las condiciones que ellos “no pagan las retribuciones de los trabajadores” al ser una empresa privada.

A pesar de las subvenciones, Carriedo ha indicado que la Junta “no puede sustituir el papel protagonista” en las negociaciones de los convenios y ha instado a ambas partes a resolver la cuestión en el Serla, una entidad autonómica que sirve para mediar en conflictos laborales. El portavoz sí que ha precisado que es “conveniente” que la empresa mejore el convenio “en especial” en aquellas que sean de menor nivel retributivo.

“Reinicio” de las negociaciones

Por parte del comité de empresa, el secretario Acción Sindical Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Castilla y León, Francisco González, ha instado a la empresa a volver a “reiniciar” la negociación. Además del tema salarial, el representante sindical ha criticado la fórmula de “contrato parcial” y las “jornadas partidas” que dificultan la conciliación. “Consideran que tenemos que empezar a las 8.00 horas y acabar a las 12 de la noche. Un trabajador no puede estar más de 16 horas pendiente de la empresa”.

Otro trabajador ha destacado el apoyo que se ha visto en Valladolid. “Al final es la única manera de de conseguir algo, ir todos a una y que vean que que no somos cuatro gatos”, ha afirmado. Según ha pedido a la Junta que, como “parte firmante”, los 21,4 millones de subvención sean invertido en las mejoras de condiciones.

Por parte de la empresa, el director general de RTVCyL, Jorge Losada, ha confirmado a EFE que el seguimiento está siendo “amplio” en los centros de Valladolid y de forma “desigual” en el resto de las provincias, al tiempo que ha reconocido que alguna programación podría verse comprometida por falta de trabajadores.

Asimismo, preguntado por el rechazo del preacuerdo por parte de los trabajadores, el director general de RTVCyL ha reconocido que la empresa tenía esperanzas de que fuera ratificado y ha emplazado a futuras reuniones para poder alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

Los trabajadores de RTVCyL mantendrán la jornada de huelga prevista para este jueves, 3 de octubre, además de las concentraciones y demás actos de protesta, tras rechazar este miércoles un preacuerdo alcanzado entre sindicatos y empresa que establecía un pago único de 500 euros para este 2024 y de 850 para 2025.

Según ha informado el sindicato CCOO mediante un comunicado, los trabajadores han votado este miércoles este preacuerdo, que han rechazado 178 personas, un 58,75%; han aceptado 124, un 40,92%; y ha votado en blanco una persona. En total, han votado 303 trabajadores, que corresponden con el 83,5% de la plantilla convocada.

Por tanto, ante la negativa de acuerdo, continuarán las negociaciones y la huelga prevista para la jornada del jueves. De 8.30 a 10.30 horas, se han convocado concentraciones en las puertas de todos los centros de trabajo. Ante la sede de Presidencia de la Junta de Castilla y León se concentrarán de 11.30 a 12.30 horas.

También se movilizarán ante el Centro Cultural Miguel Delibes, donde se desarrollará de 20.00 a 21.15 horas la gala anual de inicio de la temporada de CyLTV. Los trabajadores esperan que la huelga provoque alteraciones en la programación de la televisión autonómica privada, pero que recibe una subvención anual de 21 millones de euros.

El preacuerdo, alcanzado el 30 de septiembre, incluía, entre otros asuntos, una subida salarial para el año 2024 de una paga única de 500 euros lineales consolidados que pasarían al salario base y para el año 2025, de 850 euros lineales consolidados que dividirían entre los doce meses y dos pagas extra.

Desde la Secretaría de Acción Sindical de FSC de Comisiones Obreras Castilla y León, Francisco González, ha asegurado que el convenio colectivo está “completamente bloqueado”, aunque sí ha reconocido que la propuesta de la empresa tenía una “ligera mejoría” en el aspecto salarial, pero no en el aspecto social.

La asamblea de trabajadores de Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL) han convocado para el 3 de octubre una huelga de 24 horas por la “falta de avances en la negociación” del convenio colectivo. Las protestas, convocadas por UGT y CCOO, buscan que la patronal ofrezca una mejora salarial, mejores condiciones laborales y una clasificación personal acorde con las necesidades actuales.

En un comunicado, los sindicatos convocantes hacen un llamamiento para secundar la huelga además de reclamar a la Asociación de RTVCYL y al Gobierno de la Junta de Castilla y León que hagan “un esfuerzo” y den “reconocimiento” a lo que las trabajadoras y los trabajadores de este sector“ llevan reclamando ”desde hace años“.

La huelga fue convocada tras nueves “nueve meses de negociación y dos reuniones en el SERLA” para desbloquear la situación. Tras este tiempo, “la patronal sigue manteniendo una propuesta de subida salarial para el 2024 ridícula e insuficiente ignorando por completo el resto de temas jornada , vacaciones, días de exceso de jornada, clasificación profesional”, han asegurado los trabajadores en un comunicado.

La asamblea también ha remarcado que esta es la primera de la movilizaciones si la patronal “no varía” sus posición en la mesa de negociación.

Televisión Castilla y León está formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario burgalés Antonio Miguez Méndez Pozo, y Edigrup Media, fundada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, condenado en la trama Gürtel y que ahora está en manos de sus hijos. Es esta última la que se niega mejorar las condiciones de sus trabajadores. El consorcio formado por Promecal y Edigrup recibe una ayuda directa de la Junta de Castilla y León que ronda los 21 millones de euros anuales. Los trabajadores reclaman mejoras salariales desde hace años, sin que el gobierno autonómico entre a mediar en el conflicto y sin reducir su financiación.

En 2022 denunciaron una “situación límite” y la “manipulación de la información política” tras la “salida” del director de informativos regionales.

Las televisiones privadas vinculadas al grupo Promecal, el conglomerado de medios de comunicación controlados por el empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, son las que más subvenciones reciben de las instituciones públicas de España, según el desglose de publica el Ministerio de Hacienda.

La Ley de Transparencia obliga a publicar cada año un listado con las empresas y entidades que reciben durante un ejercicio más de 100.000 euros en ayudas, incluyendo las de los fondos Next Generation y otros instrumentos como préstamos, avales, financiación en riesgo, etc. El último listado publicado por Hacienda, que recopila datos de 2023 a 18 de junio de 2024 con 17.497 sociedades (aunque muchas son filiales de grupos empresariales) señala que recibieron el pasado ejercicio 11.806 millones en ayudas, de los que 5.615 millones eran fondos Next Generation del PRTR. elDiario.es ha publicado un análisis con 100 empresas, que copan la mitad de las ayudas concedidas.

En el apartado del sector de medios de comunicación que reciben más ayudas, con un corte de más de un millón de euros en el análisis, figuran cuatro sociedades, una pública (RTVE) y tres privadas. Y dos son televisiones vinculadas al grupo Promecal, con su sede social en Burgos y presencia en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja. Castilla y León Televisión, con un accionariado entre Promecal y la familia Ulibarri, recibió 21,4 millones de euros de subvención. Y Navarra Televisión, producida por una filial de Promecal, recibe 1,5 millones de euros de ayudas públicas en el periodo analizado.

Castilla y León Televisión es la televisión autonómica de la comunidad, de gestión privada gracias a una concesión del Gobierno autonómica iniciada en 2009. Su accionariado lo componen al 50% Promecal y una sociedad de la familia del empresario condenado en Gürtel José Luis Ulibarri. El consejo de administración lo componen, entre otros, miembros de la familia Méndez, que lo preside, y miembros de la familia Ulibarri. Cada año recibe una subvención directa para su mantenimiento del Gobierno de Castilla y León en cumplimiento de un contrato programa. Actualmente mantiene abierto un conflicto laboral con su plantilla por la falta de renovación del convenio para sus más de 300 trabajadores.

Promecal es la sociedad de cabecera del conglomerado de medios de comunicación que fue adquiriendo con los años Antonio Miguel Méndez Pozo, empresario de Burgos condenado en los años 90 por el llamado 'caso de la construcción' a pena de cárcel por licencias irregulares en la ciudad. Su principal medio es Diario de Burgos y su participación televisiva en Castilla y León, aunque controla periódicos, agencias, radios y televisiones en Navarra, Castilla-La Mancha y La Rioja.