Poner un límite a la concentración de riqueza en nuestro país podría movilizar hasta 357.500 millones de euros, un quinto del producto interior bruto (PIB) de la economía española, y prácticamente dos veces lo que la Seguridad Social abona por las pensiones en un año. Estas son las cifras de un estudio elaborado por The Wealth Cap Project, una asociación europea que defiende que hay ponerle un “techo” a lo que pueden acumular las fortunas.

El estudio, Un tope a la riqueza en España, presentado este lunes en el Congreso, hace una serie de simulaciones en las que se repiensa la tributación actual sobre la riqueza, con propuestas desde cambios en el impuesto de patrimonio hasta la puesta en marcha de ese “techo” a los millonarios.

Estos topes no equivalen a una recaudación potencial, como apuntan los autores del informe: Marina Alcázar (Paris School of Economics), la catedrática Olga Cantó y el investigador Francisco García Rodríguez (ambos de la Universidad de Alcalá). Esto es porque la captación por parte del fisco dependería, en gran parte, del comportamiento de las fortunas afectadas, de variaciones en los precios de los activos “y del margen existente para la elusión y la evasión fiscal”. Pero las cifras “ofrecen una medida transparente y comparable de la enorme magnitud de la riqueza concentrada actualmente en la parte más alta de la distribución española y de qué parte de esa riqueza permanece hoy fuera del alcance de la fiscalidad vigente”. 

Los investigadores justifican la propuesta por un problema, el de la desigualdad, que cada vez es más sangrante. Con datos de 2021, la mitad más pobre del mundo poseía tan solo el 2,2% de la riqueza global, en tanto que el 10% más acaudalado concentraba el 74%. En España, el 1% concentra en torno al 24% de la riqueza. 

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha arropado el lanzamiento de la iniciativa y ha defendido tomar medidas que limiten la desigualdad como vía para frenar el deterioro de la democracia. “La concentración obscena y acelerada de riqueza en unas pocas manos es lo que está detrás del asedio a las democracias que estamos viviendo”, ha advertido. “No se puede plantear una defensa digna de ese nombre de los sistemas democráticos si no somos capaces de desmembrar los mecanismos que hacen posible esa fagotización de la riqueza social para su acumulación en cada vez menos manos”, ha subrayado el representante de Sumar.

Más impuestos o un techo a las fortunas

Un impuesto como el propuesto por el economista francés Gabriel Zucman (de un 2% para toda la riqueza superior a los 100 millones) permitiría, de acuerdo con las proyecciones de los autores en base a los microdatos de la Agencia Tributaria de 2023, un potencial de movilización de 2.700 millones de euros de 538 individuos en nuestro país. Si el tipo se elevara sobre estas grandes fortunas se elevara hasta el umbral máximo del Impuesto de Patrimonio (3,5%), la cifra potencial sería de 4.800 millones anuales.

Un tercer escenario parte de la ampliación de la base de obligados tributarios al bajar el umbral de tributación hasta las fortunas por encima de los 100 millones de euros. En ese supuesto, y con un tipo del 2%, la eventual recaudación alcanzaría los 7.200 millones de algo menos de 15.000 individuos. Si el tipo fuera el 3,5%, la recaudación casi se duplicaría: 12.500 millones de euros.

Si bien ya hay trabajos previos sobre el potencial recaudatorio de una reforma del impuesto de patrimonio, la novedad es esa propuesta de un “techo” o un “tope” a la riqueza. “Este enfoque parte de la idea de que debería existir un límite superior a la cantidad de riqueza que un individuo puede poseer legalmente”, explica el estudio, que basa su idea en el concepto del Limitarismo, acuñado por la filósofa y economista belga Ingrid Robeyns.

Y, a partir de aquí, plantea tres escenarios, cada uno con un límite máximo diferente. El más modesto, a partir de los 1.000 millones de euros de riqueza, apenas afectaría a 23 grandes contribuyentes, con un potencial de 50.300 millones de movilización. Si el techo se rebajara a 100 millones, 538 individuos abonarían 136.000 millones.

El mayor potencial de recaudación se desplegaría con un tope a la riqueza de 10 millones de euros, lo que generaría 357.500 millones de algo menos de 15.000 contribuyentes. Esto, en términos relativos al PIB, supone un 20,5%, un quinto del total de la economía española, y pagaría el 183% del gasto en pensiones de un año. Es decir, prácticamente el doble, con los datos a cierre de 2025. Todas las cifras se pueden ver en la tabla a continuación.

La comparación con una variable como el gasto en pensiones, aducen los investigadores, permite “una ilustración concreta de lo que podrían financiar los recursos generados”, más pertinente en un momento en el que las presiones de gasto cada vez son mayores para la Seguridad Social.

Alcázar, una de las autoras del estudio, ha defendido que estas cifras, “incluso en el escenario más conservador”, están lejos de ser desdeñables. “En los escenarios más ambiciosos, la concentración de la riqueza es lo suficientemente elevada como para cambiar sustancialmente los términos del debate sobre cómo España funciona”, ha apuntado.

La catedrática Cantó ha subrayado que la concentración de la riqueza es “una dinámica” que no tiene freno. “El capitalismo tiene una capacidad enorme de generar capital y ese capital tiene una rentabilidad que supera claramente la tributación que eso supone”, ha abundado la experta durante la presentación del informe. En su opinión, “no es tanto pensar en 'vamos a intervenir sus cuentas y quedarnos una parte de su capital', sino que si no hacemos nada, la dinámica será muchísimo peor”.

Un impuesto para pagar una prestación por crianza

Un estudio previo de Cantó y García-Rodríguez ya avanzaba el potencial recaudatorio de una reforma del impuesto de patrimonio, que permitiría financiar políticas como una prestación universal por crianza de hasta 2.000 euros por hijo. En este sentido, otro estudio reciente, este del centro ISGlobal, apuntaba que una tasa del 3% a los cienmillonarios afloraría recursos suficientes para evitar 29,5 millones de muertes al año, dado que se podrían financiar políticas suficientes para economías en desarrollo.

Precisamente la semana pasada Sumar registró en el Congreso una proposición de ley para crear un gravamen a las grandes fortunas que destine su recaudación a un Fondo de Protección a la Crianza. El objetivo de este nuevo tributo sería tapar los agujeros que existen actualmente en el sistema tributario y que permiten que escape buena parte de su posible captación. Esta es, precisamente, una de las peticiones al PSOE de cara a la negociación de los Presupuestos.

Bustinduy ha hecho referencia a esta iniciativa aunque ha apuntado que, con el actual crecimiento económico, no sería necesario un gravamen extraordinario. Pero en la cuarta potencia del euro, todavía un tercio de los niños y adolescentes están en riesgo de pobreza, ha advertido. “Es evidente que una proporción enorme de esa riqueza [que crea el crecimiento económico] está siendo capturada: por la acumulación de beneficios y el reparto de dividendos, por la utilización de la vivienda como mecanismo extractivo, por el desmantelamiento del sistema de protección social que ejercían como colchones de salario indirecto para las clases trabajadoras y mecanismos de evasión y elusión fiscal que hacen que las grandes fortunas tributen a tipos efectivos que son inferiores a los que puede pagar un funcionario, un autónomo o una trabajadora media de este país”, ha zanjado el ministro.

La gran feria inmobiliaria The District aterriza este martes en Madrid en plena crisis de acceso a la vivienda con la bendición de la presidenta Isabel Díaz-Ayuso, que inaugurará el salón oficialmente a las 11 horas, algo que ya no sucedió en Barcelona en las últimas ediciones con el alcalde Jaume Collboni o Salvador Illa. Antes, Ada Colau llegó a expresar su rechazo frontal a The District y en varias ocasiones grupos de manifestantes recibieron a los inversores cubriéndolos de pintura, que acabó siendo la imagen que más trascendió del salón al gran público y parte del motivo de su mudanza.

Unos 20.000 profesionales e inversores deben darse cita en esta feria que espera tener un impacto de 40 millones de euros en la ciudad tras cuatro años en Barcelona.

Pese al apoyo institucional con el que sí que cuenta en Madrid, donde además los fondos e inmobiliarias tienen más campo ancho para el lucro al no aplicar Ayuso la ley de vivienda y los topes al alquiler, los movimientos sociales de vivienda sí que expresarán su rechazo a la feria. Celebrarán, de hecho, una cumbre alternativa, El Barrio, que se celebra de jueves a domingo para plantear alternativas ciudadanas al modelo actual de vivienda, con una visión de izquierdas y enfrentada frontalmente a los fondos de The District. Y es muy posible que también lleven a cabo actos de boicot dentro o en los aledaños del salón, que tiene lugar en Ifema.

El presidente de The District, Juan Velayos, reconoce a elDiario.es que “Madrid tiene un enfoque mucho más business friendly” y “un marco regulatorio mejor” que Barcelona. Aunque los precios del alquiler y de la compraventa suben más en Madrid que en mercados topados, Velayos asegura que “Madrid tiene más oferta, aunque el tema del precio no lo hemos conseguido estabilizar”.

“Estamos muy agradecidos a la Comunidad de Madrid, que nos está ayudando. Madrid ha entendido que el negocio del real state es muy intensivo en capital y que el sector requiere oferta para que haya vivienda”, añade. Aunque el Gobierno de España y el Ministerio de Vivienda no asisten a la inauguración o actos oficiales del evento, sí que son partners institucionales, como también lo es la Comisión Europea.

Sobre las posibles protestas, Velayos asegura que “decirle al capital que es el culpable es un grave error, ya que el capital es sensible a estos problemas de accesibilidad”.

The District, además, coincidirá el miércoles con el día en que está previsto el desahucio de Maricarmen. Desde una noche antes, el sindicato ha convocado una acampada popular para oponerse a esta expulsión de la mujer de 87 años que lleva viviendo en su piso del barrio del Retiro desde el año 1956 y si casero, una inmobiliaria, no ha accedido a renovarle el alquiler o negociar un nuevo precio, de forma que se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la lucha por la vivienda en España.

El clima de tensión que vive el acceso a la vivienda mezcla amenazas de desahucios como el de Maricarmen, repunte de ejecuciones inmobiliarias, subidas de precio en compraventa de un 12% que obligan a ahorrar hasta 4 años de sueldo íntegro para pagar una entrada en Madrid o alquileres de piso y habitaciones que se pueden llegar a comer más de la mitad del sueldo, con infraviviendas sin salón por las que se pueden llegar a pagar más de 2.000 euros en Madrid. Un piso de 100 metros cuadrados en la comunidad de Madrid vale de media 400.000 euros, según el Ministerio de Vivienda, mientras que el alquiler de acuerdo a Idealista puede estar de media en 2.100 euros por un apartamento de las mismas características.

Los fondos y el sector inmobiliario hace tiempo que fomentan pisos temporales y alquiler de habitaciones de alto standing (flex living y coliving, le llaman) a precios inalcanzables para la población, mientras se reduce la oferta de vivienda habitual, al tiempo que aumentan los precios del alquiler a cada renovación llegando a expulsar a los inquilinos cuando vence el contrato.

Ante esta presión sobre compradores de primera vivienda e inquilinos y el crecimiento de multipropietarios, que se han multiplicado por cuatro desde la crisis y ya controlan el 60% de la vivienda, voces como el Sindicato de Inquilinas apuntan a la feria de The District como “la muestra de los privilegios que tienen algunas empresas”, según su portavoz, Elisa Molina. “Hay un poder político gobernando para estas empresas”, añade.

“Hemos organizado una contracumbre para demostrar que hay otra forma de ver la vivienda que no es una mercancía, sino un derecho universal para todo el mundo”, defiende la portavoz del colectivo, que prefiere no dar pistas sobre si llevará a cabo protestas como los boicots y lanzamientos de pintura protagonizados en Barcelona en años anteriores. “Confrontaremos el conflicto juntas, en los barrios, con presión a los caseros como los del desahucio de Maricarmen. Hay gente a quien se le está negando el derecho a vivir dignamente”, lanza sin concretar Molina.

Desde The District, Velayos confía que “habrá un protocolo de seguro suficiente como para que no pase nada”, más allá del “respeto a la libertad de expresión” de quien se manifieste.

La palabra “affordability”, asequibilidad en inglés, será protagonista de la primera jornada. Aparece en cinco de las conferencias del martes, con la participación de la presidenta de la patronal Asval y exsecretaria de vivienda, Helene Beunza, o del presidente de Neinor Homes y de la Asociación de Consultores Inmobiliarios, Ricardo Martí Fluxá.

Esta semana se publica en español el monumental libro de Sven Beckert, Capitalismo: una historia global (Crítica). Son más de 1.000 páginas con una descripción exhaustiva de la trayectoria histórica del capitalismo, escoltadas por más de trescientas páginas adicionales de bibliografía y notas. No abundan las obras tan documentadas y, a pesar de ello, también amenas en su redacción; se encuentra en el equilibrio idóneo entre el profundo conocimiento del académico y el ánimo divulgador que sale de las torres de marfil de las universidades para llegar al gran público. El libro fue publicado en inglés a finales del año pasado, recibiendo una entusiasta acogida que reconocía, ante todo, la capacidad de Beckert para sintetizar el vastísimo conocimiento acumulado sobre la historia del capitalismo.

Ahora bien, también ha recibido críticas por el enfoque general de la obra, por la aproximación respecto a diversos asuntos y por ciertas ausencias o insuficiencias. Pero claro, cuando alguien se propone escribir nada más y nada menos que la historia del capitalismo, y además remontándose a procesos que tuvieron lugar hace mil años, supongo que damos por hecho que resulta imposible contentar a todo el mundo. No existe, ni puede existir, tal cosa como una obra perfecta. Pero una cosa está clara: Capitalismo es ya un texto de referencia imprescindible para quien quiera saber de dónde venimos y además desee disponer de herramientas con las que comprender mejor hacia dónde nos dirigimos.

El motor de la transformación

En Capitalismo, debemos pensar el capital como una especie de virus, cuya primera fotografía se captura en el siglo XII en Adén, en la actual Yemen. Allí está documentada la existencia de prácticas de maximización del beneficio por parte de un grupo notable de mercaderes, es decir, de personas que obtenían dinero gracias al comercio de bienes. Aunque se trataba de una sociedad fundamentalmente agraria y tributaria, que estaba regida por normas y costumbres sociales, la actividad de estos mercaderes estaba marcada por una lógica totalmente distinta. Esa lógica es la que justifica que se considere el caso de Adén como una “isla del capital”, una simiente de lo que estaba por venir.

Recalca Beckert que Adén no fue la cuna del capitalismo, pero sí la prueba de que existían ya capitalistas en tiempos pretéritos. Y como allí, también en otros lugares del planeta donde los capitalistas eran elementos marginales dentro de sociedades no capitalistas. Desde esta perspectiva, el capitalismo se fue gestando progresivamente en la interrelación entre esas islas del capital, en un proceso que contaminaba con su lógica a otros espacios del mundo y, al final, ha llegado a infectar el mundo entero. Si hoy casi todo a nuestro alrededor es una mercancía, y consecuentemente tiene un precio —incluyéndonos a nosotros mismos como fuerza de trabajo— todo ello comenzó en esas islas del capital.

Así, aquellos mercaderes encarnaban las prácticas que hoy conocemos como capitalistas, y que poco a poco fueron invadiendo no solo otras regiones del planeta sino también otros espacios de la vida económica y social. A medida que los mercaderes se relacionaban entre sí en el comercio a larga distancia, fueron constituyéndose archipiélagos del capital y sus posiciones ganaron fuerza. En un continuo despliegue y expansión, fueron colonizando la vida humana al tiempo que generaban resistencias entre las gentes comunes y las élites tradicionales, celosas de la riqueza creciente de los mercaderes. Esas resistencias y otros obstáculos podían ser superados mediante el establecimiento de alianzas con y dentro del Estado, lo que la mayoría de las veces quería decir la fuerza y la guerra. En Capitalismo, en efecto, el Estado es un actor central sin el cual no puede entenderse ni el origen ni el triunfo de la lógica del capital y de sus actores habituales, como las empresas privadas.

Además de las resistencias políticas, en Capitalismo también hay límites ecológicos que los mercaderes buscan superar. Se trata de la escasez relativa de recursos naturales, y que es responsable de lo que Beckert llama “fronteras de mercancías”, es decir, una forma de designar al proceso por el cual el agotamiento de un recurso —un bosque, un suelo, una población a la que esclavizar— provoca un desplazamiento de la actividad hacia otro lugar donde poder seguir explotando nuevos recursos. Así, el movimiento del capital se caracteriza por el aterrizaje en un territorio, la mercantilización de los recursos que requiere el capital para reproducirse, su explotación y esquilmación y, tras el agotamiento definitivo, la mudanza a otro lugar en el que seguir replicando el proceso. Capitalismo está lleno de casos históricos en los que se documenta este proceso de explotación y saqueo sucesivo y que demuestra, siguiendo a Jason Moore, que el capital pone a su servicio la “naturaleza barata” en un despliegue aparentemente sin fin. Esta lógica llega a la actualidad y, por ejemplo, la búsqueda competitiva y la extracción desenfrenada de minerales críticos conforma lo que Theo Riofrancos llama “fronteras del capitalismo verde”. En este sentido, las fronteras no son límites nacionales, sino la capa más exterior de la lógica del capital. Con estas palancas, los mercaderes y las fronteras de mercancías, el capitalismo de Beckert se despliega a lo largo de sus estimulantes páginas.

Los límites del capitalismo

En Capitalismo hay algo que se echa bastante en falta: la cuestión de los límites. Cuando se concedió el premio Nobel de 2025 ya tuve la oportunidad de hablar de ello en estas mismas páginas, pero merece la pena insistir en ello. Si para la mayoría de los marxistas el origen del capitalismo está en la historia del comercio y/o en las transformaciones en las relaciones de propiedad, para los economistas convencionales suele situarse en el surgimiento de instituciones tales como la innovación tecnológica, la democracia o el sistema monetario. Pero ninguno de ellos suele conceder suficiente importancia a la energía y el papel de los recursos naturales.

Hoy el sentido común dominante sugiere que el capitalismo no enfrenta límites reales, sino, en el mejor de los casos, obstáculos salvables a través de la acción humana. Así que suponemos que el crecimiento económico podría continuar indefinidamente si se toman las decisiones correctas; el debate habitual está en cuáles son esas decisiones (¿Ampliar o disminuir el espacio del mercado autorregulado? ¿Reducir la desigualdad de ingreso y riqueza? ¿Recuperar la soberanía monetaria? ¿Invertir mucho más en investigación y desarrollo?). Sin embargo, desde los años setenta lo que hoy conocemos como Economía Ecológica ha desafiado esa creencia y ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que el capitalismo enfrente límites al margen de las decisiones humanas, esto es, límites biofísicos; es decir, límites sobre los que se puede actuar, pero que no se pueden derogar. Con todo, la mayoría de los economistas hacen caso omiso de estas advertencias, minimizando el problema (incluso cuando una de sus expresiones es el cambio climático, que tiende a reconocerse) o confiando en que la creatividad humana terminará resolviendo los problemas con más tecnología.

La ironía es que los economistas clásicos, como David Ricardo y Thomas Malthus, y, ya después, William Stanley Jevons, consideraban que el crecimiento económico infinito era imposible. Para ellos era obvio que existían límites asociados a la tierra y/o a los recursos naturales. Marx fue reticente a la idea de límites absolutos válidos para todo sistema económico, aunque el asunto sigue discutiéndose; aceptaba que el capitalismo tenía límites internos, pero no que el socialismo del futuro arrastrara tal déficit. Y aunque esta vía quedó cegada para la construcción del sentido común de la mayoría de los economistas, siguió siendo materia de investigación y teorización.

Desde este otro programa de investigación, que se inspira en el trabajo de E. A. Wrigley, Kenneth Pomeranz, Georgescu-Roegen o Paolo Malanima, el capitalismo industrial solo fue posible porque se echó mano de los combustibles fósiles (primero como fuente de calor, liberando tierra, y luego de energía mecánica, elevando la productividad). Esa condición necesaria, pero no suficiente, permitió a las economías romper con los límites que había impuesto la tierra a todas las sociedades desde el surgimiento de la humanidad, pero a costa de consumir un stock no renovable que estamos dilapidando como si fuéramos un heredero imprudente. Así, la disponibilidad de una fuente increíble de energía fosilizada permitió a las sociedades que supieron aprovecharlo dar un salto gigante en la capacidad productiva y, cuando la lucha política lo promovió, también en las mejoras de condiciones de vida del conjunto de la población. Las consecuencias de este hecho no son meras externalidades, que es como se suele presentar al cambio climático o a otros impactos ecológicos, sino que son consustanciales a la dinámica económica. Ello quiere decir que el futuro del capitalismo está también asociado necesariamente al destino de los combustibles fósiles y a la capacidad que tengan los seres humanos para sustituirlos por fuentes de energía alternativa que proporcionen los mismos servicios físicos (entre ellos la potencia, clave de la elevación sistemática de la productividad en los últimos doscientos años).

En este punto, Beckert entra solo superficialmente. Por un lado, acepta que las sociedades preindustriales tenían su crecimiento restringido por la disponibilidad fija de tierra, pero asume que tales limitaciones fueron superadas por los avances tecnológicos y, en consecuencia, los miedos maltusianos no quedaron confirmados. Es una lectura demasiado convencional, porque la preocupación de los clásicos no quedó anulada sino suspendida, en la medida en que ese salto se sostenía en el recurso a un stock finito. ¿Qué quedará cuando ese stock se agote? Por otro lado, en el epílogo Beckert también concede que la creatividad que estimula el capitalismo ha sido capaz de desacoplar el crecimiento económico del consumo de los combustibles fósiles. Esto es una cesión demasiado precipitada, porque el desacople observado es entre crecimiento económico y emisión de gases de efecto invernadero y válido solo para las economías más desarrolladas, y, por ejemplo, los niveles absolutos de consumo de combustibles fósiles alcanzaron en 2025 un nuevo máximo histórico. Además, hoy seguimos dependiendo de los combustibles fósiles no solo para el transporte, sino también para la mayoría de los bienes y alimentos que consumimos. De hecho, a renglón seguido de la cesión, Beckert se pregunta abiertamente si el capitalismo será capaz de coexistir con un mundo natural que siempre será finito. Y lo cierto es que, de momento, ninguna combinación de fuentes energéticas ha logrado a la vez las dos cosas que harían falta: dar a la economía mundial los servicios físicos que hoy le dan los fósiles, y hacerlo a tiempo.

El mundo que viene

Si bien Capitalismo no abunda en cuestiones energéticas, sí es generoso con la tierra —suelos agotados, bosques talados, fronteras que se desplazan—. Y ocurre lo mismo con los conflictos sociales derivados del capitalismo. Estos están descritos con una maravillosa profundidad, y, particularmente para las últimas décadas, organizados en función de los regímenes políticos. Las partes sobre la domesticación del capitalismo, es decir, de lo que hemos llamado “época dorada del capitalismo” (por sus elevados niveles de crecimiento económico, hoy pura quimera en Occidente), son brillantes. Y permiten contrastar con acierto las características del conflicto social dentro del neoliberalismo, emergiendo así una fotografía de fuerte debilidad estructural de la capacidad que tienen las organizaciones obreras para influir sobre las decisiones económicas.

Según una conocida anécdota, Margaret Thatcher llegó a decir que una de sus principales victorias fue el laborismo y su propio líder, Tony Blair. No le faltaba razón, porque aquella tercera vía fue tanto la renuncia al reformismo (que, con todo, seguía persiguiendo una sociedad socialista) como la manifestación de la derrota ideológica frente a los promotores de ideas como “el capitalismo popular”. Durante décadas, en Occidente la izquierda política ha vivido tan a la defensiva que las nuevas y modestas propuestas de autores como Thomas Piketty, Gabriel Zucman o, más recientemente, Daron Acemoglu parecen revolucionarias. Quizás por eso la derrota autoinfligida del neoliberalismo tras la crisis financiera de 2008 no dio paso a una ola progresista y socialista —que es lo que esperaba incluso alguien como Nicolás Sarkozy cuando se adelantó para pedir una rápida refundación del capitalismo— sino a un verdadero y peligroso tsunami reaccionario en todo Occidente. La combinación de una nueva división del trabajo que degrada el lugar de las economías que han conformado el centro mundial desde el siglo XVI, la creciente desigualdad producto de la inercia neoliberal y las ansiedades ecológicas y laborales son el cóctel perfecto.

De hecho, Beckert recuerda que la densidad sindical está en retroceso, y que no es solo una cuestión de voluntarismo sino de problemas estructurales. Y su argumento permite plantear una cuestión adicional. Cuando la lógica del capital ha avanzado hasta contaminar casi cada aspecto de nuestra vida, convirtiendo a los seres humanos en individuos aislados y tensados hasta el límite bajo la competencia en el mercado, es mucho más difícil lograr que se abran paso comportamientos cooperativos. Una economía mundial en la que miles de millones de trabajadores compiten por los segmentos mejor remunerados del mercado laboral es, para el capital, una carrera a la baja salarial. Y en ese contexto estructural, en el que los trabajadores de Camboya o Kenia ocupan la última posición en la escalera global de explotación, los trabajadores de Marruecos o Tailandia la penúltima y los de España o el Reino Unido los peldaños superiores, no es difícil comprender —pero nunca justificar— que el miedo azuce a los trabajadores a enfrentarse entre ellos, reclamando políticas proteccionistas y/o políticas antiinmigración que mitiguen esa ansiedad.

Con esto llegamos al último punto que me gustaría señalar en este análisis: las tensiones geopolíticas. Aunque el liberalismo inglés nacido de las guerras napoleónicas, y especialmente desde 1846, se sostenía sobre el imperialismo directo e indirecto sobre otras regiones del mundo, seguía proclamando la idea de que el capitalismo estaba asociado a la paz y a un futuro mejor. Incluso una parte considerable de los pensadores de izquierdas de aquel tiempo asumía esa tesis —muchos seguidores de Richard Cobden— que todavía hoy muchos defienden al afirmar la equivalencia entre comercio y paz. Sin embargo, el capítulo 13 de Capitalismo nos permite retornar a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando la competencia entre países se recrudeció y contribuyó a crear las condiciones que desembocaron en las dos guerras mundiales. La pregunta central es, ¿por qué pasó? Beckert sugiere que las reacciones defensivas de países como Francia o Alemania estuvieron motivadas por el miedo a una potencia en ascenso, Estados Unidos.

Cabe recordar que tanto Alemania como Estados Unidos estaban entonces acelerando su industrialización, que se llevó a cabo mediante políticas mercantilistas de protecciones arancelarias y apoyo a las industrias nacientes, y se sabían necesitados de materias primas. Beckert cita, por ejemplo, a Friedrich Naumann, un político liberal alemán que defendió la necesidad de expandir las colonias a fin de asegurar la provisión de recursos naturales que requería su industria. Era una visión generalizada y que, además, tenía un precedente histórico inmediato: era justo lo que había hecho Estados Unidos al expandirse hacia el oeste, matando y aislando a los nativos —que la ideología dominante consideraba inferiores— y haciéndose con sus tierras y recursos. El colonialismo de finales del siglo XIX también reflejaba una concepción de mundo de suma cero.

Quizás no por casualidad, actualmente asistimos a un retorno de las mismas propuestas mercantilistas en Occidente y, en gran medida, justificadas con argumentos similares. La militarización de Occidente avanza a ritmos agigantados mientras las industrias se repliegan a sus territorios, donde el cobijo de los Estados les garantiza buenas defensas frente a sus amenazas en el mercado internacional. El Estado está volviendo, pero no para ensanchar los derechos de la clase trabajadora, sino para dirigir la política industrial que busca “asegurar” las cadenas de producción. En otro lugar he defendido este péndulo entre libre comercio/proteccionismo y concepción de la riqueza como juego de suma positiva/suma cero. Hoy, en medio de la crisis ecosocial, y cuando ni siquiera los milmillonarios confían en el futuro, deseosos de marchar a Marte o construir búnkeres subterráneos, parece más urgente que nunca reorganizar las resistencias al capitalismo. Porque nos va la vida en ello.

Varios sindicatos profesionales de empleados públicos han presentado este lunes una campaña conjunta que llevarán a cabo durante los próximos meses para reclamar la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias recortadas en 2010 al personal funcionario y estatutario, como medida de austeridad en plena crisis financiera, pero que se ha mantenido hasta la fecha.

En concreto, las acciones han sido acometidas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), el Sindicato Independiente de educación ANPE y el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El sindicato CSIF recordó hace unas semanas que espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie “en breve” sobre su recurso presentado en 2024 contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

Según CSIF, “actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial”.

“2,9 millones” de trabajadores afectados

Las organizaciones sindicales congregadas este lunes en rueda de prensa han calculado que el recorte afecta a “unos 2,9 millones” de empleados públicos.

Los sindicatos han señalado que la medida, adoptada en 2010 como un recorte temporal y excepcional para afrontar una crisis económica, se ha mantenido desde entonces, 16 años después, generando una pérdida de poder adquisitivo para el personal funcionario superior a la inicialmente prevista.

En este sentido, han explicado que a la pérdida del importe inicial se suma la revalorización anual que se ha dejado de percibir, mientras que las posteriores subidas salariales han sido lineales.

Además, los sindicatos han señalado la “contradicción” que supone que se haya dado por superado el momento de crisis económica y, sin embargo, se haya mantenido el recorte aplicado en ese contexto, una decisión que, a su juicio, sigue discriminando al personal funcionario y estatutario respecto a otros colectivos profesionales.

Campaña para los próximos Presupuestos

Ante esta situación, y tras conocerse la intención del Ejecutivo de elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 en los próximos meses, las organizaciones han decidido poner en marcha una serie de acciones para reclamar el fin del recorte.

Así, han solicitado reuniones con los responsables de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y el Senado para pedir una postura común durante el proceso de tramitación de la ley, así como con los ministerios implicados. Además, están cerrando fechas para realizar movilizaciones conjuntas frente a las instituciones encargadas de revertir esta medida.

En el acto de este lunes han participado Miguel Lázaro, presidente de CESM; Pilar Ortega, vocal de Fedeca; Ana Alarcón, secretaria de Comunicación y portavoz del SUP; María Cristina del Villar Rodríguez, de la Ejecutiva Nacional de Tampm; Francisco Venzalá, presidente de ANPE; Pilar González, secretaria nacional de USIE, y Néstor Morchón, vicepresidente del SME.

El Consejo Fiscal Europeo ha expresado este lunes en su informe anual “dudas” sobre “la activación por parte de España de la cláusula nacional de escape” para evitar la apertura de un procedimiento de déficit excesivo por parte de la Comisión Europea. Según este organismo europeo, el gasto en Defensa de España ha sido realmente “muy limitado” por lo que el organismo pone en cuestión que la flexibilidad en el gasto que se le ha concedido a nuestro país “esté realmente justificada”.

El informe del Consejo Fiscal Europeo coloca a España en el grupo de “deuda muy elevada”, superior al 90% del PIB, junto con Bélgica, Grecia, Francia, Italia y Portugal. El Gobierno anunció que en 2025 la deuda había bajado al 100,7% del PIB y que la previsión es que se reduzca al 99,6% en 2026, mientras que el déficit se elevó al 2,4% en 2025 y se prevé que se reduzca al 2,1% este año.

Aunque la Comisión en su evaluación de 2025 le otorgó a España la clasificación formal de “cumplimiento”, en el informe se recuerda que el 13 de abril de 2026, “solo dos semanas antes de enviar su informe anual de progreso”, el gobierno español solicitó la activación de la Cláusula de Salvaguardia Nacional para gasto en defensa, que permite no contabilizar en el déficit las partidas dedicadas a esta materia.

Entonces, el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo emitió un comunicado en el que explicaba que “para 2026, España prevé volver a cumplir con la regla de gasto. El crecimiento del gasto computable se situará en términos anuales en el 4,2% y en el acumulado del periodo 2024-2026 se situaría en el 13,3%, ambas cifras por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB que establecen las reglas fiscales europeas”. 

Como la deuda pública de España superaba ampliamente el umbral del 60% del PIB, el Consejo Fiscal Europeo advierte que las desviaciones en el gasto neto registradas en 2025 hubieran activado normalmente el examen para abrir un Procedimiento de Déficit Excesivo, pero la activación de la cláusula de salvaguardia sirvió para evitar que la Comisión incluyera a España en este procedimiento.

Cuando un país entra en este procedimiento, las autoridades europeas de Bruselas imponen una senda correctiva de gasto, que se traduce en el cumplimiento de reformas y recortes presupuestarios para reconducir sus cuentas. España estuvo bajo esta supervisión de sus cuentas por parte de la UE entre 2009 y 2019.

Aumento del gasto en “partidas ajenas a Defensa”

Según el Consejo Fiscal Europeo, la desviación del crecimiento del gasto neto de España respecto al límite recomendado fue del 0,4% del PIB en 2025 y se proyecta en un 0,6% del PIB para 2026, superando en ambos años el umbral de tolerancia anual del 0,3%, pero con la aplicación de la cláusula de salvaguardia nacional el saldo resultante es del -0,1% del PIB en 2025 y del 0,4% en 2026.

Las dudas del Consejo vienen porque el aumento proyectado del gasto nacional en defensa entre 2024 y 2025 en España fue de solo un 0,1% del PIB, tras haber descendido un 0,2% en 2023. De esta manera, el organismo de fiscalidad señala que la desviación del 0,4% en el gasto se debe principalmente “a partidas ajenas a Defensa”.

Por otro lado, el Consejo Fiscal Europeo también añade que España es el único país entre las grandes economías del euro donde su crecimiento del PIB nominal mayor de lo previsto coincidió con un crecimiento del gasto neto superior al recomendado en 2025 y 2026, lo que apunta a una expansión fiscal procíclica. Esta fórmula de gasto según la evolución de la economía choca con la decisión de España de acogerse al período de ajuste fiscal de 7 años (en lugar del período estándar de 4 años), que está condicionado a unas reformas, entre ellas reforzar la estabilización automática, es decir mantener los planes de gasto acordados ante un crecimiento superior o inferior al previsto, de manera que la política fiscal contribuya a amortiguar las fluctuaciones de gasto.

El informe añade que España ya estuvo en riesgo de entrar en Procedimiento de Déficit Excesivo en la primavera de 2024 tras desactivarse la cláusula general de salvaguardia relativa a la grave recesión económica provocada por la pandemia de Covid. Sin embargo, la Comisión adoptó “una nueva forma de discrecionalidad” y decidió no imponer el procedimiento a España con el criterio de que no habría “servido para ningún propósito útil”.

La retribución de los consejos de administración del Ibex 35, el índice que agrupa a las mayores empresas cotizadas españolas, rompió en 2025 todos los récords al situarse en una media de 13,16 millones de euros tras una histórica subida del 38,9%, la mayor desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) empezó a recopilar esta información en 2004. 

Los datos que publicó este lunes el regulador bursátil reflejan que la remuneración media por consejero ejecutivo en el Ibex fue de 4,82 millones, otro récord, tras dispararse un 29,3%, la mayor subida hasta ahora.

Según la CNMV, más de la mitad de ese incremento se explica por las retribuciones extraordinarias de 78 millones abonadas al anterior presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y a su ex consejero delegado, Ángel Vilá, tras su salida de la multinacional, y por el vencimiento de un plan de incentivos para el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, que en 2025 percibió una retribución total de 32,6 millones entre salario y bonus en acciones.

Por categorías de consejeros ejecutivos del Ibex, la mayor subida (38,1%) correspondió a los presidentes ejecutivos, que vieron crecer su retribución de una media de 6,4 millones a 8,8 millones, cifra que más que duplica los 4 millones de 2019. En el caso de los consejeros delegados, su retribución media descendió un 2,7%, hasta 4,579 millones. 

Crece la brecha

Así, los consejeros ejecutivos del Ibex tuvieron una retribución en 2025 que supuso, de media, y sin tener en cuenta los conceptos extraordinarios, 67 veces el sueldo medio de los empleados de esas empresas, frente a las 55 veces de 2024.

Los informes que ha publicado este lunes la CNMV también reflejan un nuevo récord en la retribución de los altos directivos del Ibex, que cobraron una media de 1,404 millones, con un incremento del 11%.

En el caso de los consejeros del selectivo sin funciones ejecutivas, el mayor retroceso (32,6%) correspondió a los dominicales (que representan a los accionistas), que en 2025 recibieron de media 153.000 euros anuales tras disfrutar de una subida sin precedentes cercana al 42% en 2024. Sí hubo nuevo récord de sueldo para los vocales independientes del Ibex, que en 2025 se embolsaron una media de 231.000 euros, tras un aumento del 2,2%. Por su parte, los vocales del Ibex bajo la categoría de “otro externo” recibieron 803.000 de media, un 3,6% menos.

En cuanto a la brecha salarial por género, en 2025 la retribución de las consejeras ejecutivas de las cotizadas fue un 1,9% menor que la de los consejeros masculinos, si bien hay una fuerte dispersión dependiendo de la capitalización de la sociedad.

Mientras en el Ibex la remuneración media de las consejeras ejecutivas fue un 51,6% superior a la de los consejeros ejecutivos, en el resto de las sociedades este porcentaje fue inferior en un 48,6%. Esta disparidad se debe a que solo hay tres mujeres que han desempeñado funciones de dirección en el órgano de administración de las sociedades del Ibex 35 durante el ejercicio completo, incluyendo a la presidenta de Santander, Ana Botín, que percibió 18,5 millones de euros.

De hecho, la CNMV indica que la reducción de la brecha de género se debe a Botín, ya que su remuneración es el 71% de toda la remuneración de las consejeras ejecutivas del Ibex 35.

De su lado, en el caso de los consejeros no ejecutivos, la remuneración de los hombres fue un 21,1% superior al de las mujeres, aunque entre los consejeros independientes no hubo casi brecha salarial.

La CNMV destaca que la presencia de mujeres en los consejos de administración de las cotizadas españolas alcanzó el 37,4% en 2025 (36,3% en 2024), porcentaje que en el Ibex se situó en el 42,1% (en 2024 fue del 41,3%). Las mujeres representaron en 2025 el 27,7% de la alta dirección del Ibex, frente al 26,31% de 2024. En el conjunto de cotizadas, el porcentaje de altas directivas se quedó en el 25,56%. “Se observa un incremento paulatino”, pero sigue “lejos de alcanzar el 40% previsto en la ley”, dice el informe.

La CNMC destaca asimismo que el seguimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno por parte de las cotizadas fue del 88,7% en 2025 (cinco décimas más que en 2024) y siete sociedades declararon cumplir con el 100%.

En el conjunto de cotizadas, el importe agregado de la capitalización bursátil creció un 39,%, hasta superar por primera vez el billón de euros. En el caso del Ibex, el aumento fue superior, del 41,8%, hasta 981.480 millones.

Hay una manera seria de abordar un problema y hay una manera rentable de explotarlo. La patronal española ha elegido la segunda. Desde hace meses, la CEOE repite que el absentismo laboral es un agujero de 33.000 millones de euros, y Alberto Núñez Feijóo ha rematado la faena calificándolo de “cáncer que no podemos pagar” y proponiendo, sin más diagnóstico, recortar la prestación de quienes están de baja. Alarma, brocha gorda y tijera. Lo que merecería un bisturí se despacha con una motosierra.

Empecemos por la brocha gorda. Ese 7,6% de “tasa de absentismo” no mide gente que falta sin justificar: un 6,5% son bajas médicas certificadas por facultativos del sistema público y el resto son permisos reconocidos por ley, como el nacimiento de un hijo o la hospitalización de un familiar. Lo advirtió en julio el Consejo General de Graduados Sociales: bajo la palabra “absentismo” se agrupan realidades distintas, y llamar absentismo a todo por igual pone en peligro derechos laborales. Una baja no es una decisión del trabajador; es una prescripción médica. Quien la rebautiza como fraude no describe un problema: fabrica un culpable.

La cifra estrella merece el mismo escrutinio. Los famosos 33.000 millones no salen de ninguna estadística oficial, sino de estimaciones de AMAT —la asociación de las propias mutuas patronales— y de consultoras con interés comercial en el asunto. Según la fuente, el “coste” baila entre 30.000 y 59.000 millones: no es un dato, es un eslogan. Y su grueso son prestaciones de la Seguridad Social, salario diferido que los trabajadores ya han pagado con sus cotizaciones.

Que las bajas hayan crecido es cierto: según la Encuesta de Población Activa que elabora Eurostat, entre 2018 y 2024 el porcentaje de ocupados ausentes por incapacidad temporal subió un 73% en España, frente al 16% de la UE-27 —un dato de la oficina estadística europea, no de una consultora con intereses en el asunto. Pero antes de gritar “fraude” conviene mirar dónde se concentra ese aumento: solo el 16,6% de los trabajadores acumuló más de una baja en 2023, y ese grupo concentró el 64,5% de las jornadas perdidas. No es un país fingiendo dolores de espalda; es una minoría con procesos crónicos quien carga con la mayor parte, y tiene nombre clínico: dolores de espalda, cuello y articulaciones (32,6%) y salud mental (18,4%), ya primera causa de baja no traumática, mientras cuatro de cada diez empresas ni siquiera evalúan riesgos psicosociales.

El bisturí revela un problema real, que no se llama pereza. Hay más bajas porque las plantillas han envejecido de golpe —los afiliados de 50 a 64 años crecieron un 36,3% entre 2019 y 2025— y un país que celebra trabajar hasta más tarde no puede escandalizarse de que esos cuerpos enfermen más. Y hay bajas más largas porque la sanidad pública acumula 853.509 pacientes en lista de espera quirúrgica, con 121 días de demora media: quien aguarda cinco meses un quirófano no ha elegido su incapacidad; se la han impuesto los recortes sanitarios.

La comparación europea, que la patronal evita, termina de desmontar la premisa. En Alemania, Austria, Bélgica o Noruega, un trabajador enfermo cobra el 100% del salario desde el primer día por mandato legal. En España, el marco legal mínimo hace que pierda tres días completos de sueldo y cobre solo el 60% del cuarto al vigésimo. Feijóo no propone recortar un sistema generoso: propone empobrecer uno de los regímenes menos protectores de Europa occidental. Y el experimento ya se hizo: Alemania recortó esa prestación por ley en 1996, del 100% al 80%. La investigación académica documentó que, aunque redujo las bajas por dolencias no contagiosas, disparó el presentismo entre quienes tenían enfermedades infecciosas, anulando el ahorro en ese terreno. La reforma se revirtió en 1999 y nadie ha vuelto a tocarla.

¿Por qué, entonces, la CEOE elige el alarmismo en lugar del rigor? Porque prefiere controlar antes que prevenir. Es más barato fiscalizar la baja que invertir en que no llegue a producirse, y más barato esperar un recorte legislativo que sentarse a negociar lo que la patronal prefiere no contabilizar: los dos millones y medio de horas extraordinarias semanales que no se pagan, o los casi veinte millones de días perdidos por accidentes de trabajo. La propia posición empresarial delata la impostura: la CEOE no pide menos absentismo, pide dejar de pagar los días 4 a 15 de la baja y trasladar la factura a la Seguridad Social.

El camino serio existe, pero lleva dos años sin recorrerse. La mesa de diálogo social sobre incapacidad temporal se abrió en diciembre de 2024 y sigue sin acuerdo. El Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, anunciado en febrero para analizar causas en lugar de intercambiar consignas, no ha dado ningún paso más desde entonces. Y del acuerdo de 2023 para que las mutuas aliviaran las listas de espera, solo cinco comunidades autónomas han firmado el convenio. Activar de verdad esas herramientas, reforzar la sanidad pública —porque cada día menos de espera es un día menos de baja— y asumir lo que ya han dictado los tribunales, con el Supremo anulando en 2025 y 2026 las cláusulas que penalizan al trabajador por enfermar, es el camino. Las organizaciones que invierten en la salud de sus plantillas reducen las bajas prolongadas y ganan en productividad: el bienestar no es un gasto, es una inversión.

Un problema con tantas caras exige la paciencia del cirujano, no la euforia del leñador. Exige diálogo social con datos auditables y propuestas que curen. Pero la CEOE no puede disimular que prefiere la comodidad de la motosierra que le ha prometido Feijóo. Con esta actitud, el diálogo social en esta materia se hace imposible.

A casi tres meses de final de año, los autónomos siguen sin saber cuánto van a pagar en cuotas a la Seguridad Social en 2027. Tampoco, cuándo llegarán algunas mejoras anunciadas para el colectivo, en prestaciones como el cese de actividad (el paro de los autónomos) o la corrección de la penalización actual en ciertos casos de paternidad, maternidad y bajas médicas. Su reforma se interrumpió el año pasado y sigue paralizada, sin que el Ministerio de la Seguridad Social haya retomado la negociación en la mesa de diálogo con patronales, sindicatos y organizaciones de autónomos.

“La negociación no puede seguir aplazándose”, sostienen en UATAE, organización de autónomos próxima al sindicato CCOO. Como UPTA –el colectivo de trabajadores por cuenta propia vinculado a UGT–, ambas entidades y los sindicatos están reclamando desde hace meses al departamento de Elma Saiz que convoque la mesa de negociación para tratar de retomar el consenso de la reforma de autónomos de 2022.

No solo están en juego las cuotas a la Seguridad Social, advierten los colectivos progresistas, sino también “más protección social de los trabajadores”, apunta Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social en CCOO, en un paquete de medidas con dos bloques y que está parado por el momento.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, respondió a principio de mes que el Ministerio aborda este tema dentro de los trabajos de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y pidió “un poco de paciencia” para retomar la negociación a la vuelta de las vacaciones.

Cuotas según las ganancias y más protección social

La reforma, firmada por el entonces ministro José Luis Escrivá, acordó que los autónomos cotizaran a la Seguridad Social según sus ganancias y no lo que quisieran, una libertad que implicaba que casi un 90% cotizara lo mínimo posible y, en consecuencia, recibiera prestaciones (como permisos por maternidad/paternidad, bajas médicas y pensiones de jubilación) también muy escasas.

La brecha en la pensión de jubilación de asalariados y autónomos se acerca al 40% (1.734 euros al mes frente a 1.062 euros), una diferencia de “672 euros al mes y unos 9.400 euros al año en 14 pagas”, subrayan en UPTA, consecuencia “de décadas de cotizaciones insuficientes”. “No se trata únicamente de cuánto cuesta cotizar hoy, sino también de qué pensión y qué protección tendrá ese autónomo mañana”, advierte la organización presidida por Eduardo Abad.

El pacto social de las entidades de autónomos, patronales y sindicatos con el Gobierno fijó las cotizaciones para tres años, hasta 2025, y emplazó al diálogo social para seguir definiendo la senda de cuotas en los siguientes años, hasta culminarla como tarde el 1 de enero de 2032. El Parlamento las respaldó por amplia mayoría, con el apoyo del PP.

Sin embargo, el año pasado, tras una primera propuesta de la Seguridad Social y un volantazo posterior que no contentó a nadie, la asociación conservadora ATA, dentro de la patronal CEOE, rechazó continuar la reforma. La entidad liderada por Lorenzo Amor la ha dado por terminada a pesar de que a día de hoy sigue habiendo una brecha importante entre lo que los autónomos cotizan y sus ingresos reales. Sobre todo, de quienes más ganan: los autónomos que ganan más de 6.000 euros pueden cotizar como un asalariado con un sueldo de 1.500 euros.

“ATA no va a aceptar ninguna subida de cuotas. Lo que exigimos es que se solucione lo que queda pendiente en protección social, que no se está haciendo nada, ya que desde hace un año no hay mesa de diálogo social de autónomos”, responden en ATA.

UPTA reclama subir las cuotas tres puntos por encima del IPC, con algunas excepciones (como autónomos societarios y familiares colaboradores), mientras que UATAE defienden “aliviar el esfuerzo de quienes menos ingresan y hacer que quienes tienen mayores rendimientos contribuyan de manera acorde con su capacidad económica”.

Y ello, insisten ambas entidades, acompañado de una mejora de la protección social de los autónomos en varios ámbitos, desde facilitar el acceso al cese de actividad, a una mejora de las prestaciones por incapacidad, enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad profesional, entre otras. “Si pedimos un esfuerzo contributivo al colectivo, ese esfuerzo tiene que traducirse en una protección social cada vez más próxima a la que tiene cualquier otra persona trabajadora”, dicen en UATAE, liderada por Mª José Landaburu.

El Ministerio de la Seguridad Social además incorporó en esta misma negociación las mejoras en la regularización anual de las cuotas fruto de problemas que se han ido detectando en el proceso, como la penalización a algunos autónomos de baja y permiso de maternidad y paternidad, que se ha producido en las dos regularizaciones existentes hasta la fecha.

Temor a “las prisas” de final de año y al bloqueo patronal

Tras el parón veraniego de agosto, las organizaciones progresistas de autónomos han intensificado sus llamamientos al Gobierno para que convoque la mesa del diálogo social, a la vista de que cada vez queda menos tiempo antes de que finalice el año y con el temor de que, como el año pasado, “las prisas” vuelvan a jugar una mala pasada y se posponga un año más esta negociación clave. La reforma es además un hito del Plan de Recuperación dentro de la reforma de pensiones pactada con Bruselas.

Aunque el bloqueo patronal parece casi seguro, dado que la CEOE que no está cerrando acuerdos con el Gobierno en prácticamente ninguna materia, si la negociación se presenta sin apenas tiempo, estará condenada al fracaso de partida, lamentan desde los sindicatos.

Más allá del diálogo social, la reforma requiere de una ley, por lo que el Gobierno también tiene que lograr los apoyos parlamentarios para sacarla adelante. Otro punto de enorme complejidad en el panorama actual en el Congreso de los Diputados y en un tema en el que formaciones como Junts y el PP se han mostrado muy beligerantes.

En los sindicatos piden ser didácticos con el bloqueo de la reforma: no solo se estará paralizando una subida de las cuotas que pagan los autónomos, sino también de las prestaciones que se reciben y de la mejora de su paro por cese de actividad y otros avances que la Seguridad Social ha condicionado a sacar adelante todo el paquete de medidas. Hay que recordar el déficit que genera en estos momentos el régimen de autónomos, con cotizaciones que solo cubren la mitad de su gasto en pensiones.

Siendo 2027 año electoral, la reforma además puede quedar a expensas del próximo gobierno, que puede cambiar de signo. “No tiene sentido haber iniciado este camino para dejarlo paralizado a mitad del recorrido. Necesitamos sentarnos cuanto antes, evaluar qué ha funcionado, corregir lo que no y acordar la siguiente fase de las cuotas y de implementación de la protección social”, sostienen en UATAE.

“Volver a congelar las cotizaciones no soluciona el problema, sino que lo traslada directamente a la jubilación y a las futuras prestaciones de los trabajadores autónomos”, advierte por su parte UPTA.

La contaminación y el calor extremo tienen un impacto directo en los precios de la vivienda. Los compradores prefieren zonas menos golpeadas por estos fenómenos ambientales con efecto directo en la salud, de modo que ambos factores reducen los precios de las casas. Un reciente informe del Banco de España apunta a que, en Madrid, un aumento del 10% en las emisiones de NO₂ reduce el precio de la vivienda en un 0,65% (unos 1.327 euros), mientras que otra investigación reciente de la Universidad Complutense cifró en un 0,08% la caída de precios de venta por cada día adicional por encima de los 35 grados en comparación con el año anterior.

La huida hacia lugares más frescos no es solo un fenómeno vacacional que ya amenaza al PIB turístico. La sensación de bienestar asociada a barrios menos contaminados o calurosos tiene su reflejo científico en las cifras de precios de la vivienda. El documento del Banco de España, realizado por Marina Gómez-García, estudia el impacto de la contaminación en los precios y da continuidad a dos informes que muestran la misma causalidad en Teherán y en diversas zonas de Estados Unidos.

El análisis pone en perspectiva que en Madrid, entre los años 2019 y 2023, la contaminación del aire cayó un 23,1%, lo cual habría tenido un impacto del 1,5% en los últimos tres meses, del 2,3% si ampliamos a los últimos seis y del 2,9% contando los últimos nueve meses. Utilizando un precio medio de una vivienda en Madrid de unos 204.197 euros, la caída de la contaminación habría supuesto subidas de 3.062 euros, 4.697 y 5.922 euros, respectivamente. A la inversa sucede lo opuesto: a mayor contaminación, menores precios, con un mayor impacto cuanto más sostenida en el tiempo es la exposición a las partículas.

Para hacer este cálculo en una ciudad como Madrid, con un nivel consistente de dióxido de nitrógeno y una tasa de propietarios del 70%, la investigadora elabora un complejo algoritmo a partir de los datos de 106.449 transacciones del Registro de la Propiedad entre 2014 y 2020 y de las 20 estaciones de medición de contaminación, así como datos meteorológicos y variables por barrios. Aísla también el estado de los pisos, el tamaño y otras variables con tal de pulir al máximo el impacto que pueda tener la contaminación en los precios.

El estudio analiza diversas variables que demuestran que el impacto de la contaminación en los precios es mayor en los barrios con más renta, con más niños, con mayor nivel educativo y con menor población. Concretamente, si en los barrios del 25% con menor renta un aumento del 10% en la contaminación reduce los precios un 0,47%, este efecto se duplica en los barrios de renta elevada hasta el 0,91%. Algo similar ocurre con el nivel educativo, pasando de un impacto del 0,43% en los barrios con menor formación al 0,95% en los barrios con mayor nivel formativo.

También la proporción de población extranjera casi sirve para duplicar el impacto: En los barrios con menor porcentaje de población extranjera no comunitaria, la contaminación penaliza con un 0,71% en los precios, mientras que allí donde hay más extracomunitarios tan solo afecta un 0,37%.

Además de en los precios, el aumento de la contaminación también reduce el número de compraventas, de forma que se demuestra que la polución del aire puede espantar a los potenciales compradores.

Casos concretos como el eje verde de Consell de Cent en Barcelona, donde, desde que se cerró al tráfico, los precios de los alquileres de pisos y locales comerciales se han disparado, ya apuntaban a una correlación entre estos factores, si bien en este caso concreto la amplitud del espacio público y la bajada del ruido que supone la ausencia de coches también tuvieron un papel crucial. Este estudio del Banco de España es el primero en analizar de manera científica y cuantitativa el impacto de la contaminación en los precios de la vivienda de Madrid, dando continuidad a literatura de otros países y abriendo el camino al de otras ciudades europeas o españolas.

Está demostrado que la contaminación daña al sistema respiratorio, cardiovascular y nervioso mediante sus gases tóxicos y se asocia a hasta 22.000 muertes al año en España según un informe de Lancet de 2025 y a hasta 2.200 en el área metropolitana de Madrid, según otro estudio realizado por ISGlobal. Y, además, la contaminación por CO₂ está vinculada con el aumento de la temperatura del planeta y unos veranos más calurosos.

A su vez, este calor también está asociado a un aumento de la mortalidad de hasta 5.000 personas este verano en España, un récord que podría ir a más. Y existen también estudios que vinculan estas altas temperaturas a los precios de la vivienda.

Una investigación realizada por Adrián Fernández Pérez, profesor del University College de Dublín; Marta Gómez Puig, catedrática de la Universitat de Barcelona, y Simón Sosvilla Rivero, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, mostró el año pasado que las temperaturas elevadas inciden directamente en los precios de compra y de alquiler de una vivienda.

El calor, un factor cada vez más relevante

Más concretamente, cada día extra con respecto al año anterior por encima de los 35 grados centígrados conlleva una moderación del 0,08% en los precios de venta y del 0,15% en los alquileres. Buscar veranos frescos o al menos no tan calientes ya no es solo una preferencia que crece en vacaciones, sino también a la hora de escoger vivienda.

La investigación recuerda que las temperaturas por encima de los 35 grados ponen en riesgo la salud al causar tensión cardiovascular, inflamación, problemas respiratorios y deterioro cognitivo, así como al estado de ánimo y al desempeño laboral. Y analiza los precios de la vivienda de 47 provincias entre 2009 y 2024, para concluir que las subidas de temperatura por encima de los 35 grados han afectado a la baja a los precios de la vivienda. Esto no implica que los precios hayan bajado en esas zonas, sino que hubieran subido más de no haber sido por este fenómeno climático.

El pasado mes de junio, un informe de Fotocasa Research mostró a partir de una encuesta a ciudadanos que el 36% de las personas que buscan vivienda priorizan que esté lejos de las altas temperaturas. El 18% de los que se encuentran en búsqueda o ya han cambiado de vivienda lo hacen o lo han hecho como consecuencia directa de los episodios climáticos extremos, una tendencia que se da más entre los más jóvenes, por lo que promete afectar cada vez más al mercado.

¿Es posible accionar el freno de mano en plena carrera global para desarrollar la Inteligencia Artificial (IA) para evitar que un agente renegado ponga a la humanidad al borde de la destrucción? La denuncia apocalíptica de un exinvestigador de Anthropic y OpenAI, dos de las compañías punteras que están liderando esta tecnología, junto con el llamado de los principales CEO del sector a ralentizar la marcha, han puesto a los mercados, los gobiernos y la sociedad civil en alerta. Pero no solo por las consecuencias éticas: también por las económicas.

Las inversiones en IA y tecnología han sido el salvavidas que ha permitido mantener a flote buena parte de la economía mundial, a pesar del conflicto comercial desatado por Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca y de las consecuencias de su guerra contra Irán, que promete extenderse al resto de Oriente Medio.

Todas las instituciones internacionales coinciden: las ingentes inversiones destinadas a la carrera por la IA han servido de viento de cola para evitar un golpe económico aún mayor. “La modesta ralentización refleja que los efectos de la guerra en Oriente Medio han sido parcialmente compensados por la aceleración de la demanda en el ciclo tecnológico global, gracias a los avances en la IA y en su adopción”, apuntaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última edición de sus Perspectivas Económicas Mundiales, en julio. Un diagnóstico que también hizo la OCDE, que subrayó en su informe de proyecciones que, frente a “la impredecible evolución del conflicto”, “el auge de las inversiones relacionadas con la tecnología y las condiciones financieras y políticas fiscales ampliamente favorables, deberían apoyar el crecimiento a corto plazo”.

Las cifras son inabarcables por su magnitud. Según estimaciones del Banco Mundial, el capex (es decir, el capital destinado a inversión) de Google, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle ya se situaba en los 775.000 millones de dólares hasta mayo de este año, prácticamente el doble de la cifra destinada en todo 2025 (412.000 millones) y muy lejos de los 154.000 millones que destinaron en 2023, cuando la primera versión de ChatGPT acababa de llegar al mercado. En puridad, estas cifras no se destinan únicamente a la puesta en marcha de modelos de IA, sino que abarcan las cadenas de valor e inversiones en semiconductores, cloud y software.

La consultora McKinsey, en un documento de principios de año, ampliaba este análisis a la taiwanesa TSMC, la mayor compañía de desarrollo de chips y semiconductores del mundo, y a la estadounidense Nvidia. La inversión conjunta, sumando a estos dos gigantes, suponía unos 750.000 millones de dólares a cierre del año pasado. Y la estimación es que este año la cifra podría superar el billón de dólares, en línea con los datos del Banco Mundial.

Un riesgo “triple y encadenado”

Y ahora pensar en si frenar o no la IA puede pinchar ese salvavidas en el que muchos quieren ver una burbuja. La investigadora principal para Economía y Tecnología del Real Instituto Elcano, Judith Arnal, lo resume con una metáfora: la economía está “colgada de un chip”, lo que supone un riesgo “triple y encadenado”: “índices bursátiles que dependen de un puñado de compañías, ahorradores minoristas cada vez más expuestos a ellas y un crecimiento que necesita que esa inversión continúe”.

Las empresas, apunta la experta, ya no son quienes asumen todos los peligros, porque ya no son capaces de hacer frente con sus propios recursos a estas inversiones milmillonarias: “Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle y NVIDIA han emitido 216.000 millones de dólares en bonos entre enero y agosto, el doble que en todo 2025”, explica a preguntas de elDiario.es. Esta millonaria emisión de deuda extiende el riesgo a los acreedores, en un momento en el que “financiarse sale cada vez más caro, con la Reserva Federal subiendo tipos y el bono estadounidense a 10 años en el entorno del 5%”.

La reacción de las bolsas al posible ‘freno’ fue inmediata, con caídas en índices como el surcoreano Kospi que “mide hoy más el apetito mundial por los chips de IA que la marcha de la economía coreana”, en palabras de la economista del RIEL. Valores españoles vinculados a la industria de los centros de datos, como la constructora ACS o la compañía de renovables Solaria se desplomaron en los mercados y, aunque han recuperado aliento, aún cerraron este viernes por debajo del precio registrado hace una semana.

Sin embargo, tanto la bolsa surcoreana como el índice tecnológico Nasdaq en Nueva York se recuperaban de sus pérdidas del lunes. El departamento de análisis del Bank of America apuntaba esta semana que más que un colapso en los mercados vinculados a la IA, se produjo una “rotación” entre títulos. “A nuestro juicio, si los laboratorios que lideran la tecnología más puntera realmente creen que la IA es lo suficientemente potente como para representar una amenaza existencial, entonces también debe serlo para resolver algunos de los mayores problemas de la humanidad (por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stoker)”, detallaban en su nota de mercado.

Así, la entidad americana subraya que “el potencial de la IA crece tan rápido como sus ingresos” y recomendaba a sus clientes una “exposición alcista” a estos títulos.

Pero si bien el foco permanece anclado en la bolsa, Arnal apunta que el mercado de la renta fija también va a estar influido por las grandes emisiones de deuda de estas compañías para financiar su desarrollo. El Banco Internacional de Pagos, presidido por el ex gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, subrayó esta semana que los inversores cada vez están exigiendo mayores compensaciones por los títulos que emiten las tecnológicas. 

“Entre enero y agosto, los bonos de Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle y NVIDIA equivalen al 35% de lo que el Tesoro de Estados Unidos ha subastado a 10, 20 y 30 años, cuando en 2024 apenas llegaban al 1%. Compiten por el mismo ahorro que unos Estados que ya se financian a rentabilidades crecientes”, advierte la experta. 

Algunos ganan y otros se quedan fuera 

El crecimiento económico, reconocen todos los organismos internacionales, se ha visto impulsado por las inversiones tecnológica, pero es cierto que, de momento, se está concentrando en un puñado de economías. Por ejemplo, Taiwán, que anunció esta semana una revisión al alza de su proyección de crecimiento del PIB hasta el 11,5%. Esta es una de las naciones más beneficiadas por las exportaciones relacionadas con el hardware, como Corea del Sur, Tailandia o Malasia.

También China está viendo en la carrera por la IA una especie de salida a la crisis inmobiliaria que sigue pasando factura a su economía. El FMI señalaba que el avance económico del país estaba siendo impulsado por las infraestructuras públicas y por “un fuerte aumento de la manufactura de alta tecnología y de las exportaciones, aun cuando el consumo interno se mantuvo débil”. Aunque ya está viendo cerca su techo: Huawei, una de sus compañías punteras, reconoció esta semana que apenas podía hacer frente a la propia demanda interna de equipos para la IA.

Pero, sobre todo, la clave económica pasa por Estados Unidos, cuyo presidente no deja de ponerse palos en las ruedas: primero con los aranceles y, después, con la guerra en Irán que ha llevado el precio de la gasolina a máximos nunca vistos. En el primer trimestre de 2026 su PIB crecía a un ritmo del 2,1% interanual, de acuerdo con los datos del FMI, gracias a las inversiones en productos de la propiedad intelectual y en equipamientos, y a pesar de que las grandes operaciones de las tecnológicas también pasan por un aumento de las importaciones que, por definición, ‘restan’ a la economía. 

“Según la Reserva Federal de San Luis, la inversión ligada a la IA ha llegado a explicar cerca del 40% del crecimiento de Estados Unidos, y los cálculos más recientes siguen por encima de un tercio, incluso descontando los chips y servidores importados”, detalla Arnal. Pero el problema en el país no vendría tanto de que se gripe el motor del crecimiento, apunta la experta, sino que sería más relevante el “efecto riqueza”, ya que los hogares tienen mitad de sus activos financieros en acciones. Un crack en los mercados llevaría a muchas familias estadounidenses a serios apuros.

De momento, el único freno al que se ha llegado hasta ahora es el de la salida a bolsa de OpenAI, que ya ha descartado debutar en el parqué este año. Más avanzada está una potencial salida al Nasdaq de Anthropic, que podría ser en el mes de octubre, en una operación con la que la compañía pretende captar 100.000 millones de dólares y alcanzar una valoración cercana a los 2 billones, según el Wall Street Journal.

Por eso llama la atención que sea precisamente el CEO de esta última, Dario Amodei, quien esté liderando el movimiento para tratar de ralentizar la carrera. ¿Es solo una maniobra publicitaria? Arnal cree que no es lo único que hay detrás: “Decir que tu producto es tan potente que hay que frenarlo es el mejor anuncio posible en pleno debate sobre la burbuja, y más con las salidas a bolsa de OpenAI y Anthropic en preparación. Hay otros incentivos: salir de una carrera de costes crecientes, autorregularse antes de que llegue la ley y fijar estándares que a los pequeños les costará cumplir”. 

El salvavidas, con todo, no parece estar aterrizando de momento en Europa ni mucho menos en España, aunque aquí empieza a haber una industria cada vez más puntera y las inversiones en centros de datos se multiplican por la geografía española, atraídos por la energía renovable barata. El Gobierno está trabajando junto a empresas del sector privado como Santander o ACS para implantar aquí una de las gigafactorías de IA de la UE. Si nuestro país se convierte en un eslabón clave de la cadena de valor de la IA aún está por verse. Todo depende de cuánto se apriete el freno y si el flotador no se desinfla.

La cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma, desconocida, pero con una facturación de 3.000 millones y una de las líderes del sector en España, se estrena en el asociacionismo mundial en Panamá. El presidente, Antonio Mingaronce (Lanjarón, Granada, 1957), asiste a su primera asamblea y conferencia de la Alianza de Cooperativas Internacional con la intención de darse a conocer, aprender de experiencias de otros países y hacer más fuerte el peso de España en el cooperativismo internacional. 

Bidafarma es una cooperativa que factura 3.000 millones, pero es bastante desconocida en España. ¿Cómo nace? 

La empresa nace hace diez años de la fusión de 12 cooperativas farmacéuticas. Nos fusionamos porque queremos ir hacia una sociedad más justa y a la vez necesitamos ser más eficientes. Si hacemos diez veces por separado aquello que podemos hacer una vez, podemos ser complementarios y unir sinergias. Juntas suman 1.000 años porque algunas tienen más de 100. 

¿Una fusión así se hace para que bajen los precios? 

Se consigue reducir costes, que es una forma de bajar precios, pero el mundo del medicamento está totalmente hiperregulado e intervenido, los precios dependen de la autoridad sanitaria, no los marcamos nosotros. 

¿La crisis del estrecho de Ormuz ha afectado a la distribución de medicamentos? 

No ha habido desabastecimiento, pero algunas materias primas pueden tener dificultades para llegar. Ha habido dificultades con el aluminio, cartonajes y demás, pero no ha habido una crisis con los medicamentos. 

Sí que hay problemas de desabastecimiento más crónico. 

Sí, para determinadas moléculas el desabastecimiento es un problema que convive con nosotros y creo que va a persistir. Lo bueno es que siempre tenemos alternativas de similar calidad, eficiencia y seguridad que el que está en desabastecimiento. Lo que se está haciendo en España desde la Agencia de Medicamentos y el Consejo General de Fedifar es aplicar una visión predictiva sobre qué desabastecimiento se puede producir y dónde para minimizar el impacto. 

¿A qué medicamentos afecta? 

Uno de los más afectados es Concerta, un medicamento que se utiliza para el trastorno de déficit de atención. Hay escasez, pero con una buena gestión se está resolviendo razonablemente. 

Tienen distribución en Ceuta, ¿faltan allí medicamentos? 

Estuvimos allí el jueves de la semana pasada y todo funciona con normalidad. Las farmacias siguen abiertas y no faltan medicamentos. Es verdad que ha sido doloroso para los ceutíes que viven allí y también que pueda haber países que no ayuden a sus ciudadanos. Nos reunimos con el Ministerio de Sanidad en Ceuta y las vías de comunicación están abiertas para lo que necesiten. 

En las farmacias de Ceuta hay normalidad

Ustedes son una cooperativa y son líderes en España en distribución farmacéutica, junto a otra cooperativa que es Cofares. ¿Es un sector que propicia al cooperativismo? ¿Por qué? 

La prestación farmacéutica en nuestro país es universal, el Estado da medicamentos a todos los ciudadanos para que acceda en igualdad de condiciones. La geografía española está muy dispersa, hay muchos pueblos pequeños, grandes, remotos, en algunos el acceso es difícil y requiere un gran coste. Solamente bajo un modelo cooperativo, se puede garantizar que los medicamentos lleguen a todos los ciudadanos. Si fuésemos al libre mercado, sería imposible, porque un medicamento que se sirve en las mismas condiciones, al mismo precio y con las mismas garantías en el último pueblo de España que en el centro reportaría pérdidas. Si el objeto social es servir y no el lucro, se garantiza que llegue. 

¿Cómo funciona la distribución farmacéutica? 

Después de la investigación, producción y preparación, el medicamento llega a las personas en las farmacias, distribuidas por todo el país. Tiene que haber seguridad en la cadena de suministro, en la cadena de frío y las redes logísticas de almacenes con más de 40.000 referencias son muy complejas. Era imposible que cada farmacia tomara sus medicamentos o tuviera las 40.000 referencias. Ya era complicado en una ciudad, ¿con qué medios se hace en un pueblo? Entonces se crea una red logística que es como una tela de araña, donde están los almacenes con todas las referencias que garantizan el abastecimiento. 

¿Los farmacéuticos son los dueños de la cooperativa? 

Sí, para ser socio de la cooperativa hay que tener una farmacia. 

Con los precios regulados, ¿la cooperativa se protege de la entrada de una multinacional?

Si este no fuera un sector regulado, seguramente sería otro escenario. ¿Tú entenderías que los medicamentos que van a pérdidas lleguen a pueblos de 500 habitantes? Es difícil hacerlos llegar. Entre los dos extremos de Granada hay 295 kilómetros y cientos de pueblos de 500, 800 o 900 habitantes. Todos los pueblos tienen el mismo servicio y medicamentos. ¿Tú crees que con el libre mercado una empresa que va a pérdidas va a llevar esos medicamentos durante mucho tiempo? Nuestro modelo es solidario, los farmacéuticos saben que no es rentable llevar medicamentos a algunos lugares y lo compensan con otros. 

¿Qué importancia tiene la ACI para vosotros, que asistís por primera vez? 

Sirve para reafirmar nuestra razón de ser, el beneficio social más allá del económico. Podemos aprender de otras cooperativas del mundo sanitario en otras partes del mundo e incluso de cooperativas de otros sectores y con otros modelos diferentes. También imagino que a otros les puede servir aprender de nuestro modelo, pues pocos países tienen una prestación sanitaria íntegra y universal. 

¿Y para internacionalizarse? 

No, nosotros nacimos para servir a la farmacia española y a nuestros 10.000 socios y no tenemos intención de salir a otros países. 

Hay quien asocia el cooperativismo a pequeñas empresas, pero la suya factura 3.000 millones. ¿Cómo es el equilibrio entre el idealismo y la escala, el responder a unos valores y crecer? 

Para realizar tu función social, tienes que ser rentable. Nosotros, por ejemplo, todo lo que ganamos, lo reinvertimos para ser cada vez mejores tecnológicamente. Nuestros 32 almacenes tienen un 96% de robotización e invertimos en IA y sostenibilidad. Esto nos lo podemos permitir hacer porque desde hace 10 años nos unimos todos. 

En su caso, los socios de la cooperativa son los farmacéuticos pero no, por ejemplo, un repartidor, ¿cierto?

Sí, así es, no es una cooperativa de trabajo. Pero los trabajadores tienen unas buenas condiciones y un nivel de rotación bastante bajo, con una vida laboral media dentro de la empresa de 15 años y un 40% con más de 21 años. 

Trump se ha posicionado en contra de las cooperativas en la ONU y parece que un modelo del PSOE como el de España apuesta más por ellas. ¿Este tipo de gobiernos son más proclives? 

Bueno, en España la ley de economía social la desarrolló Mariano Rajoy, aunque es verdad que luego Zapatero la desarrolló. Trump puede decir que está en contra de las cooperativas, pero Estados Unidos es el país que más cooperativas tiene. Y es un modelo en auge. 

¿Y la extrema derecha tampoco es amenaza para el cooperativismo? 

No lo creo. El cooperativismo, si no fuese eficaz, sería una amenaza para sí mismo. Pero ha demostrado que es una muy buena forma. Para amenazarlo, alguien tiene que ofrecer una alternativa mejor. Y no la hay. 

De todos modos, el cooperativismo sí que tiene unas raíces ideológicas. ¿Cómo se navega en ese término medio entre esos valores de paz y el no posicionamiento de la ACI en los conflictos? 

El mundo cooperativo está para resolver problemas sociales independientemente de su ideología. Nosotros en Bidafarma no tenemos ideología. Suministramos medicamentos a los pueblos, a las ciudades, a las personas, tenemos unos valores sociales y humanos inquebrantables, pero creemos que la salud no es de nadie, es de todos, y no tiene ideología. 

La salud es de todos, no tiene ideología

¿Han notado mejoras con el Gobierno del PSOE y sus últimos movimientos a favor del cooperativismo? 

No, siempre hemos funcionado de manera muy autonómica, y siempre hemos tenido una entente razonable con todos los gobiernos. 

¿Tal vez otros sectores con más competencia o cooperativas más pequeñas sí que pueden necesitar más esa protección?

No creo que haya que proteger, creo que la obligación de las cooperativas es hacerlo tan bien como para no necesitar esta protección. Con la sobreprotección no vamos a ningún sitio.

Y Kevin Warsh cogió su fusil. El presidente de la Reserva Federal recogió el guante del duelo al que le retó el mercado sobre la pérdida de credibilidad del banco central estadounidense en caso de dejar sin cambios los tipos de interés y disparó al aire una bala de corto calibre, apenas un cuarto de punto, que deja el precio del dinero en EEUU en una franja entre el 3,75% y el 4%. ¿Suficiente para frenar el intenso galope que ha tomado la inflación? A buen seguro que no, si se tiene en cuenta la efectividad de las hostilidades que los hutíes han restablecido contra las infraestructuras energéticas saudíes.

En especial, contra el denominado oleoducto Este-Oeste, atacado para impedir la salida de crudo por el puerto de Yanbu, a orillas del Mar Rojo, utilizado por Riad a marchas forzadas para sortear el bloqueo de Ormuz. Pero también por la ocupación de la milicia yemení patrocinada por Irán de la Isla de Mayun o del puerto de Moca, en poder del Gobierno de Yemen.

Sin embargo, el gatillo de Warsh ha servido para generar una calma –tensa, eso sí– en los bonos del Tesoro americanos. Al menos, una tregua momentánea; un balón de oxígeno en medio de una tormenta casi huracanada que llevó a la deuda federal a cotas de rendimiento del 5,04% en los títulos o cupones a 10 años. Signo inequívoco de pérdida de confianza inversora a largo plazo en la economía estadounidense que se agudiza con un IPC en el 3,4%, lejos del límite del 2% del mandato que se exige a la Fed. Los títulos de largo recorrido retrocedieron de inmediato hasta situarse justo por debajo de la psicológica barrera del 5%. Aunque por encima del tope del 4,5% que marca el riesgo y con los indicadores internos de la Reserva Federal marcando más presión sobre los precios a escasas cinco semanas de las elecciones midterm de medio mandato y con el barril en triples dígitos.

El consenso del mercado se inclina por nuevos repuntes del precio del dinero. Uno o dos de otro cuarto de punto antes de que finalice 2026. Pese a la nueva embestida dialéctica del presidente republicano: “Bajad los tipos y rápido”, replicó Donald Trump, que designó a Warsh a dedo hace unos meses como sustituto de Jerome Powell y ha puesto en marcha una prolongada injerencia de la Casa Blanca en la autoridad monetaria estadounidense. Hasta el punto de que los expertos admiten que el ataque del líder MAGA contra la Fed es un ejercicio directo contra la soberanía y la credibilidad de la institución emisora.

Sin embargo, el guardián del dinero americano parece que tendrá nuevas batallas con su mentor en el futuro inmediato. Esencialmente, porque la deuda pública estadounidense ha alcanzado ya los 40 billones de dólares y el déficit fiscal continúa obligando al Tesoro a acudir masivamente al mercado para financiar las necesidades de las arcas federales y refinanciar vencimientos. Con unos tipos que catapultan los intereses de la deuda hasta el billón de dólares netos en el actual año fiscal 2026, que expira a finales de septiembre, según la Oficina Presupuestaria del Congreso cuyo cálculo no contempla, lógicamente, la reciente subida de la Fed.  

Por si fuera poco, los principales acreedores de EEUU, con Japón a la cabeza, empiezan a dejar su propensión a comprar bonos americanos. También China, que se sumó a esta causa durante el credit crunch de 2008 y acentuó sus adquisiciones tras la Gran Pandemia. Al calor, en ambos episodios, de los programas monetarios expansivos o quantitative easing.

Phoebe White, de UBS, sintetiza el sentimiento inversor al considerar “limitado” el margen para un descenso sostenido de las rentabilidades largas en los bonos americanos mientras conserve un ritmo económico de entre el 1,5% y 2% con gran capacidad de resiliencia, alimentada por el impulso de la IA en productividad, que le viene reportando medio punto de dinamismo al mayor PIB del planeta desde comienzos de 2026.

Las palabras de White dejan entrever que la subida de Warsh trasciende del mercado de deuda. El Treasury a 10 años opera como referente de buena parte del coste de financiación de hogares y empresas y tasa de descuento para valorar los activos financieros. Por eso, cuanto mayor sea su rentabilidad, mayor será también la exigencia del retorno de beneficios que deben afrontar las acciones y otros activos de riesgo. Jesse Marre, gestor sénior de carteras de Hilbert Group, dice que el nivel del 5% empieza a resultar preocupante para los activos de riesgo. Y Padhraic Garvey, responsable de análisis para América de ING, apunta a un escenario más exigente si el rendimiento supera ese umbral y el mercado comienza a creer en una rentabilidad del 6%. Todo ello induce a pensar que habrá nuevas escaladas de tipos.

Los bonos cambian el paso de Wall Street

El mercado de deuda americano está enviando, pues, señales que trascienden de su tradicional foco inversor, el de la renta fija. Los tambores de rebelión en Wall Street apuntan al incremento de las expectativas de que habrá un precio del dinero cada vez más caro. En medio de una dura competencia por hacer rotar los capitales en las carteras de inversión en busca de refugios más o menos seguros.

Aunque empieza a haber pocos. El petróleo, por ejemplo, constituye ahora uno de los principales canales de transmisión de riesgos. El Brent acumula una subida próxima al 75% desde inicio del año y el bloqueo de infraestructuras estratégicas en torno al Estrecho de Ormuz y al Mar Rojo y Canal de Suez mantiene en estado de alerta a los inversores ante el peligro de perturbaciones a largo plazo en el suministro de crudo y gas. Algunas firmas atisban un Brent a 150 dólares si los oleoductos, gaseoductos y plantas de extracción, almacenamiento o refino del Pérsico sufren daños graves o cierres permanentes.

Rebecca Babin, de CIBC Private Wealth Group, asegura que el inversor “terminará dando más importancia a la cotización del crudo y las infraestructuras que a las declaraciones diplomáticas”.

De modo que la inflación vuelve a estar en el ojo del huracán. El shock energético dificulta que los bancos centrales relajen sus políticas monetarias y obliga a los inversores a exigir una mayor rentabilidad para mantener sus emisiones de deuda a largo plazo.

Por si fuera poco, en EEUU a esa exigencia se une a otra doble amenaza estructural que rozan la catástrofe. Por un lado, un déficit presupuestario que cabalga en cotas del 5,8% del PIB, aunque la Oficina Presupuestaria del Congreso eleva su agujero hasta el 6,7% en diez años (3,1 billones de dólares) por los compromisos adquiridos por la Administración Trump. Sobre todo, en gasto militar. Pero también por la merma de ingresos por rebajas fiscales a las clases más favorecidas. Y, por otro, una alarmante deuda federal que inquieta a Wall Street y que sigue engordando con intereses los servicios de pagos del Tesoro.

Esta acumulación de déficit y compromisos de endeudamiento a tipos altos estimula la oferta de bonos por la dificultad del Departamento de Bessent a avalar gasto y refinanciar los plazos de los vencimientos federales. De hecho, los gestores de fondos detectan un triple foco que van en esta dirección. En su triada de peligros prioritarios señalan como primer peligro inversor el incremento desordenado de las rentabilidades de los bonos. Uno de cada tres así lo considera. Por delante de la sobrevaloración de activos vinculados a la IA y de los efectos de la nueva oleada inflacionista impulsada por el encarecimiento del gas y el crudo.

El ‘tsunami’ afecta a la IA y se traslada a otras latitudes

La presión sobre la deuda americana deja traslucir una dimensión internacional. Los inversores extranjeros destinan en la actualidad más capital a acciones estadounidenses que a bonos de su Tesoro. Algo excepcional fuera de periodos inmediatamente posteriores a crisis financieras. Los flujos hacia activos americanos han alcanzado el equivalente al 2,8% del PIB de EEUU en el último año, frente al 2% dirigido a su deuda federal.

George Saravelos, estratega de divisas de Deutsche Bank, interpreta este fenómeno como una transformación profunda de Wall Street. “Mientras el balance privado continúa expandiéndose, el público se deteriora”, alerta. Tesis que suscribe de alguna manera también James Turner, director de Renta Fija de BlackRock, quien cuestiona la “consideración tradicional” de los bonos soberanos como activos “completamente libres de riesgo” ante la dimensión que han cobrado sus tres déficits –fiscal, comercial y por cuenta corriente–y su servicio de deuda

Este descontrol de las cuentas federales también atañe al S&P 500, que acumula alrededor de un 12% de subida este año, impulsado por unos beneficios empresariales que mantienen una extraordinaria fortaleza. En el segundo trimestre arrojaron un repunte interanual del 52%. Pese a que se reduzca al 34% si se excluyen los ingresos extraordinarios de Amazon y Alphabet.

Las empresas, por tanto, siguen ofreciendo una historia de crecimiento capaz de competir con el atractivo creciente de una renta fija al 5%. Por obra y gracia de la IA.

Marija Veitmane, responsable de Renta Variable de State Street, destaca que “los inversores institucionales están incrementando su exposición a acciones porque, frente al deterioro de las cuentas públicas, los fundamentos empresariales y el repunte de sus beneficios siguen siendo sólidos”.

Sin embargo, en este escenario irrumpe otro riesgo: la IA y su espectacular ciclo de negocios que estimula la productividad y el crecimiento, pero que, al mismo tiempo, ha creado una enorme demanda de financiación, infraestructuras e innovación; por ejemplo, en software. “Si el precio del dinero sigue aumentando en EEUU, la rentabilidad económica de ese gigantesco esfuerzo de capital puede empezar a desmoronarse”, resalta Veitmane.  

Kokou Agbo-Bloua, de Société Générale, advierte de que una rentabilidad del Treasury entre el 5,5% y el 6%, sin una aceleración equivalente del PIB nominal, podría romper la economía de las inversiones en IA financiadas con deuda.

Pareciera como si Trump conociera los entresijos de este castillo de naipes a punto de caer con su exigencia de rebajas urgentes de tipos a la Fed. Pero el mercado de deuda también afecta a las economías avanzadas. El volumen del cupón a 10 años americano absorbe casi el 5% del PIB, con el riesgo de que lleguen a 2,7 billones de dólares anuales si los costes de financiación siguen elevados. La necesidad de emitir más para cubrir déficits y refinanciar deuda a tipos superiores aumenta la vulnerabilidad fiscal. En un tiempo en el que la IA, recuerda The Economist, compite también por el capital.

Serdar Celik, responsable de Mercados de Capitales de la OCDE, dice que el comprador marginal de deuda es ahora más sensible al precio y que, si los tipos de la Fed superan persistentemente el crecimiento, EEUU “afrontaría una fuerte presión para ajustar sus cuentas”.

Pero la preocupación se expande hacia otras latitudes. China, por ejemplo, está reduciendo su exposición a Treasuries, hasta unos 618.000 millones de dólares en julio, frente a los más de 1,3 billones en 2013, y diversificando hacia oro, deuda de agencias estadounidenses y otros activos. En paralelo, la subida de la Fed ha vuelto a poner al yen bajo presión. Su valor volvió a caer hasta 156,4 unidades por dólar y mostró que el diferencial de tipos vuelve a favorecer al billete verde; justo cuando el Banco de Japón (BoJ) encareció el dinero hasta el 1,25%, su tope en tres décadas. Tai Hui, estratega de JP Morgan cree que los inversores tendrán que reevaluar las valoraciones de sus activos asiáticos si la Fed mantiene un tono restrictivo hasta 2027.

La Audiencia Nacional ha estimado este viernes la solicitud de medidas cautelares presentada por CGT contra el referéndum a la plantilla de Airbus fijado por la empresa para los próximos días 24 y 25 de septiembre, con lo que éste se suspende provisionalmente a la espera del pronunciamiento del juez en una vista que se celebrará precisamente el jueves 24.

El sindicato CGT –una de las tres organizaciones convocantes de una huelga indefinida en Airbus a partir de finales de agosto junto con ÚTIL y UGT– presentó una demanda contra la empresa por vulneración al derecho de huelga por los cauces paralelos y demás actos ajenos a la negociación con el comité de huelga que han creado y fomentado.

En esta demanda se incluyen medidas cautelares contra el referéndum a la plantilla que Airbus fijó para los días 24 y 25 de septiembre, fecha establecida después de conocer que la vista por las medidas cautelares sería el 24, según han señalado a EFE fuentes sindicales.

Por su parte, la fecha fijada para la celebración del juicio por la vulneración del derecho de huelga es el próximo 4 de noviembre.

Así, el 24 de septiembre se sabrá si finalmente la Audiencia Nacional prohíbe este referéndum y si estima que vulnera el derecho de huelga, de acuerdo con la misma fuente, que apuntan a que, en caso contrario, la dirección de Airbus seguramente fijará otra fecha para su celebración.

El referéndum que se va a llevar a cabo en Airbus es sobre la propuesta de mejoras laborales y sociales presentada el pasado 4 de septiembre por la compañía para poner fin al conflicto laboral y que ha sido apoyada por los sindicatos CCOO, SIPA y ATP.

Dicha propuesta de entendimiento fue respaldada y facilitada, asimismo, por el Ministerio de Industria, en cuya sede se presentó a varios sindicatos, excluidos los integrantes del comité de huelga CGT y ÚTIL, a los que no se dejó participar y que no ha sido negociada en ningún momento con el comité de huelga.

Se acordó entonces someter la propuesta a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus en España en septiembre y, hace dos días, la compañía anunció las fechas que había elegido para su celebración.

El magnate Warren Buffett anunció este viernes que deja la presidencia del conglomerado Berkshire Hathaway y pasa el testigo a su hijo, Howard Buffett, menos de un año después de ceder la dirección ejecutiva a Greg Abel.

Buffett, de 96 años, envió una carta dirigida a sus accionistas para despedirse antes de pasar a ser presidente emérito de Berkshire, sin abandonar el consejo de administración.

“El padre tiempo siempre gana. Sin embargo, ha sido generoso conmigo. Me ha dado la oportunidad de ver a Berkshire llegar a un punto en el que tengo más confianza que nunca en lo que nos espera”, declaró en la misiva.

El inversor más famoso del mundo, conocido como el 'Oráculo de Omaha' se despidió de los accionistas y agradeció el trabajo compartido en Berkshire, para la que ha trabajado desde 1965.

Según explicó, parte de la razón de hacerse a un lado es Greg Abel: “Mis expectativas sobre él eran altísimas desde el inicio, y las ha superado. Ha asumido plenamente el cargo de director ejecutivo en todos los sentidos”.

 A principios de este año, Buffett cedió la dirección ejecutiva a Abel, miembro de la junta directiva de Berkshire desde 2018, y presidente y director ejecutivo de la filial energética de la empresa, Berkshire Hathaway Energy, desde 2011.

Ahora, la presidencia la asumirá su hijo, Howard Buffett, consejero del conglomerado durante 33 años.

“Es un período de preparación más largo que el que yo tuve antes de asumir el mando a los 34 años. Greg dirige la empresa; Howard protegerá su cultura y sus valores, ambos más valiosos que cualquier cosa que figure en nuestro balance”, apuntó para defender el nombramiento.

El magnate pidió a los accionistas pensar en su hijo como “un póliza que poseen y esperan no tener que cobrar nunca”: “Howard se preocupa profundamente por Berkshire, al igual que todos nuestros consejeros”.

A su juicio, la empresa está en “excelentes manos”, entre otras, las suyas, porque no dejará de ser accionista.