“Permítanme ser muy claro: la independencia de la política monetaria es esencial”. Kevin Warsh, el candidato de Donald Trump para relevar al presionado por tierra, mar y aire desde la Casa Blanca Jerome Powell.

“Los responsables de la política monetaria deben actuar en interés de la nación. Sus decisiones son fruto del rigor, la deliberación y una toma de decisiones sin sesgos”, ha dicho Warsh en su discurso inicial: “La independencia de la Fed depende de la propia Fed”.

Pero las palabras de Warsh han durado poco ante las preguntas de la senadora demócrata Elizabeth Warren.

“¿Perdió Donald Trump las elecciones de 2020?”, ha preguntado Warren: “Intentaremos mantener la política, si me confirman, fuera de la Reserva Federal”.

“Solo estoy haciendo una pregunta objetiva. Necesito saberlo. Necesito evaluar su independencia y su valentía, senador”, ha insistido Warren.

“Creo que este organismo certificó esas elecciones hace muchos años”, ha replicado Warsh, a lo que ha respondido Warren: “Esa no es la pregunta que estoy haciendo. Lo que pregunto es: ¿perdió Donald Trump en 2020? Y le sugiero que certifique las elecciones”.

Otro momento en el que Warsh ha demostrado su falta de distancia con Trump ha sido al ser preguntado por las consecuencias de rebajar los tipos de interés que tanto reclama la Casa Blanca, que generalmente conduce a un calentamiento del mercado y, por tanto, una subida de precios. Por eso, precisamente, Powell no baja los tipos, porque la inflación está en el 3%.

Así, el senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, le ha señalado: “El pasado diciembre, el presidente Trump declaró a The Wall Street Journal que quería bajar los tipos al 1%, y quizá incluso más, para finales de este año. Así que, para entender mejor su visión de la economía en el marco del modelo económico que planteó [el ex presidente de la Fed] Bernanke, imaginemos una economía con un crecimiento aceptable y sin recesión. Si el banco central bajara los tipos del 3,5% al 1% o menos, se trataría de una bajada masiva que, por lo general, haría subir los precios. ¿No es así?”

Y Warsh evita reconocer que las exigencias de Trump llevarían a una mayor crisis de precios y de costes de la vida en EEUU: “Senador, a diferencia de muchos de mis colegas, tanto del pasado como del presente, no creo en las orientaciones prospectivas. No creo que deba adelantarle cuál podría ser una decisión futura”.

“No le estoy preguntando qué decisión tomaría usted. Obviamente, eso dependerá de usted. Le pregunto por el marco en el que piensa sobre estas cosas, y me parece una pregunta bastante sencilla sobre qué pasaría si redujéramos los tipos de interés a finales de este año al 1% o menos”, ha insistido el demócrata: “Y creo que casi todos los economistas, o la mayoría de ellos, dirían que eso haría subir los precios. Y eso es lo que le pregunto. ¿Estaría de acuerdo en que eso probablemente haría subir los precios?”

El candidato de Trump a la presidencia de la Reserva Federal, además, ha afirmado este el martes que nunca se comprometió con la Casa Blanca que bajaría los tipos de interés, a pesar de que el presidente no deja de instar al banco central a hacerlo.

“El presidente nunca me pidió que me comprometiera con ninguna decisión concreta sobre los tipos de interés, y yo tampoco habría aceptado si lo hubiera hecho”, ha dicho Warsh: “Actuaré con independencia si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal”.

Las declaraciones de Warsh se producen apenas unas horas después de que, en una entrevista en la CNBC, se le preguntara a Trump si se sentiría decepcionado si Warsh no bajara los tipos de interés de inmediato, a lo que respondió: “Sí”.

La compañía Nestlé España ha anunciado este martes un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 301 trabajadores en toda España, tanto de oficinas como de equipos de ventas, centros de distribución y de algunos centros de producción, lo que equivale a un 7% de sus empleados en el país.

La multinacional ya había anunciado el despido de 16.000 empleados en todo el mundo en los próximos dos años, dentro de un plan global de recorte de gastos, pero no había concretado una cifra para España, que ha presentado este martes.

La compañía, que cuenta con una plantilla de 4.158 personas en todo el país, ha asegurado en un comunicado que aplica el despido colectivo ante un contexto “de cambio” en el sector del gran consumo, “marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábito en el consumidor y el avance de la marca de distribución”, recoge la agencia EFE.

La dirección ha detallado que los despidos afectarán a los centros de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona, informa por su parte Europa Press.

La Sección Sindical de UGT en Nestlé España ha manifestado “su más firme y rotundo rechazo” a esta decisión. “Consideramos que este recorte masivo de empleo es injustificado, desproporcionado y socialmente inaceptable, especialmente en el contexto de una empresa que mantiene una posición de liderazgo mundial en el sector alimentario y continúa generando beneficios multimillonarios”, indica en una nota.

CSIF también rechaza el ERE y “valora medidas de presión contra los despidos, junto al resto de sindicatos”, afirman desde la organización de trabajadores. “Consideramos desproporcionada la cifra y lucharemos para la reducción de la misma y por lograr las mejores condiciones de salida de las/os trabajadores mirando siempre por la reincorporación y continuidad en el mundo laboral”, sostienen en CSIF.

Apuesta por la “automatización” de procesos

La multinacional ha señalado que es necesario adaptarse “a los retos actuales del mercado” y “avanzar hacia un modelo más eficiente, ágil y focalizado en sus marcas estratégicas”, mediante la “automatización y digitalización de procesos”, recoge EFE. De esta forma, busca asegurar “la viabilidad del negocio y la generación de valor a largo plazo”, según ha explicado la compañía.

Nestlé España ha afirmado que aplica el ERE, que ha comunicado hoy a sus trabajadores, “tras un análisis exhaustivo” de las estructuras operativas y la “implementación de diversas medidas previas de contención de costes”.

La filial española ha subrayado “su voluntad de afrontar este procedimiento bajo los principios de transparencia y respeto”, y ha manifestado que el ERE se desarrollará “mediante una interlocución honesta con la representación legal de los trabajadores”.

Desde UGT denuncian que la empresa “está priorizando la rentabilidad financiera a corto plazo frente a la estabilidad laboral y familiar de miles de trabajadores y trabajadoras” y pide que se retire el plan de despidos, el “compromiso firme de no aplicar medidas traumáticas mientras la empresa continúe obteniendo beneficios multimillonarios” y la elaboración “de un plan alternativo basado en la reorganización interna sin destrucción de empleo”.

Un plan de recortes de alcance global

La empresa ha afirmado que esta medida va en línea con la “ambición global compartida que se anunció hace unos meses”, cuando la matriz internacional comunicó una reducción de 16.000 empleos en la plantilla con el objetivo de reducir costes.

La mayor multinacional de la alimentación del mundo anunció en febrero unos beneficios netos de 9.033 millones de francos suizos (unos 9.900 millones de euros) en 2025, un 17% menos que en 2024.

En cambio, Nestlé España tuvo en 2025 una cifra de negocio de 2.894 millones de euros, impulsada por el incremento de las exportaciones y las ventas, que se situaron en los 1.619 millones, un 4,8% más, mientras que registró una inversión de 96 millones, la más alta de los últimos diez años.

Las aerolíneas encaran la siguiente temporada turística con optimismo. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) prevé un verano récord en España, con casi 260 millones de asientos programados entre abril y octubre de 2026, lo que supone un 5,7% más que en las mismas fechas del año pasado. El sector considera que, pese al contexto geopolítico y al encarecimiento del combustible, “no existe riesgo de desabastecimiento en los aeropuertos españoles”.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha presentado este martes las perspectivas del sector y ha defendido que España mantiene una posición “relativamente mejor” que otros países europeos por su capacidad de refino y por su menor dependencia del crudo procedente de Oriente Próximo.

El combustible es la principal amenaza

El principal foco de preocupación del sector no está en la demanda, sino en el combustible. La guerra en Oriente Próximo ha disparado el precio del queroseno de aviación, que según ALA se ha duplicado respecto a los niveles previos al conflicto, pasando de unos 700 dólares por tonelada métrica a entre 1.400 y 1.500 dólares.

“El combustible representa cerca de un tercio de los costes de una aerolínea”, ha recordado Gándara. No obstante, ha matizado que las grandes compañías operan con coberturas financieras que les permiten tener asegurado entre el 70% y el 80% del consumo de este verano a precios anteriores a la escalada.

Eso reduce el impacto inmediato sobre las cuentas de resultados y también sobre el precio de los billetes, aunque la patronal admite que dependerá de la evolución de la demanda y de la capacidad de las familias para asumir nuevas subidas.

Sin riesgo de escasez en España

Pese a la tensión internacional, ALA descarta problemas de suministro en España. Según los datos aportados por la asociación, solo el 11,4% del crudo que llega a las refinerías españolas procede de la zona del conflicto y entre el 80% y el 85% del queroseno consumido en los aeropuertos nacionales se produce en España.

La situación contrasta con otros países europeos más dependientes de la importación de productos refinados. Además, las petroleras están reforzando la producción y revisando sus planes de mantenimiento para garantizar el abastecimiento durante los meses de mayor tráfico.

Mejor comprar antes

Preguntado por el posible efecto sobre los precios, el presidente de ALA evitó hacer pronósticos cerrados, pero reiteró la recomendación habitual del sector: comprar con la mayor antelación posible.

“Si ya sabes que vas a viajar este verano, cuanto antes compres el billete, mejor”, resumió Gándara. La combinación de alta demanda, incertidumbre geopolítica y costes al alza anticipa una campaña intensa para las aerolíneas, que esperan volver a batir récords en España.

Más vuelos y más pasajeros

La patronal del sector aéreo en España también hace balance de la última temporada de invierno, en la que se operaron 1.029.000 vuelos comerciales, un 2,3% más interanual, en los que viajaron más de 140 millones de pasajeros, un 3,7% más que el invierno anterior.

El crecimiento, sin embargo, no fue homogéneo. Mientras el tráfico doméstico cayó un 1,3%, hasta 43,8 millones de viajeros, el segmento internacional volvió a tirar del mercado: el tráfico intraeuropeo creció un 5,3% y el intercontinental un 10,6%, superando los 15 millones de pasajeros.

Para el presidente de ALA, estos datos consolidan un cambio de tendencia tras la pandemia: el mercado nacional lideró la recuperación inicial, pero ahora vuelve a ser el tráfico internacional el principal motor del sector.

Madrid, Barcelona y Alicante tiran de la oferta

Entre los principales aeropuertos, ALA destaca los aumentos previstos en Madrid y Barcelona, con un 8% y un 7,6% más de asientos, respectivamente. También sobresale Alicante, con una subida del 14,1%, impulsada por la fuerte demanda turística hacia la costa mediterránea.

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el crecimiento con un alza del 9,8%, Baleares suma un 2,6% y Canarias registra una caída del 2,5% frente a un verano anterior que ya fue de máximos históricos.

La patronal insiste en que se trata de capacidad programada, no de tráfico definitivo: las compañías podrán ajustar rutas y frecuencias en función de la demanda y de la evolución de los costes.

El Gobierno pretende que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. Y para ello, lo ha impuesto a las Comunidades Autónomas como condición indispensable del Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes en Consejo de Ministros, que prevé una inversión de 7.000 millones hasta 2030, el triple que en el periodo anterior. No es la única condición que impone a la hora de aprobar las transferencias territoriales que deben impulsar la vivienda pública en España.

Además, el Gobierno exige a las Comunidades que compartan más datos sobre vivienda y faciliten información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real. Además, les exige que cofinancien en un 40% este plan e incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante. La cláusula “estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables”.

Por ahora, la primera Comunidad Autónoma en oponerse a este plan ha sido Madrid, cuyo consejero de Vivienda, ha rechazado los requisitos, ha asegurado que el Ministerio “invade competencias” y ha lamentado que “o haces lo que el Gobierno dice, o no hay dinero”. Sin embargo, fuentes de la Comunidad aseguran que “el voto no se dirimirá hasta que no se celebre la conferencia sectorial” de presidentes autonómicos el próximo mes de mayo.

¿Cuánto irá destinado a vivienda pública?

El principal objetivo del plan pasa por fomentar la vivienda pública, con una inversión prevista de 2.800 millones, el 40% de toda la inversión, destinada a este fin. Gran parte de estos fondos irán a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), mediante colaboración público-privada, puesto que el Estado contratará a las constructoras y les cederá suelo para esta ampliación. Una parte se destinará también a habilitar vivienda vacía. Estos 2.800 millones serán ejecutados por las Comunidades Autónomas, ya que la construcción de vivienda pública a cargo del Estado la centralizará Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda que se debe autofinanciar con fondos propios.

Del resto de inversión, un 30% se dedicará a la rehabilitación de vivienda, o sea, unos 2.100 millones de euros para mejorar el estado y la eficiencia energética de las viviendas. Los 2.100 millones restantes se repartirán en otras partidas como las que destinarán ayudas de hasta 8.000 euros para actuaciones estructurales en vivienda, de 13.000 para mejorar la accesibilidad. El Gobierno premiará también a los propietarios que cedan vivienda al alquiler asequible e invertirá 12.000 euros en la reforma de esta vivienda y 18.000 más para devolverla en condiciones óptimas al propietario.

También se repartirán ayudas para construir vivienda pública de venta en municipios de menos de 10.000 habitantes con el objetivo de repoblar zonas rurales. Y, por último, se concederán ayudas para vivienda a familias vulnerables y a víctimas de violencia machista.

Cuánto irá a cada Comunidad

El nuevo plan ha hecho una estimación de, con una aportación del 60% del Estado y un 40% de las comunidades, cuánto debe invertir cada Comunidad en vivienda hasta 2030. Andalucía será la que contará con más fondos si se acoge al Plan, con 1.197 millones, 876 millones más que en el plan 2022-2025, mientras que la Comunidad de Madrid se acerca mucho a estas cifras con 1.113 millones que suponen 815 millones más. Catalunya es la tercera comunidad que más fondos recibirá, con 1.015 millones de euros, 473 millones más que en el anterior plan.

La Comunidad Valenciana recibirá 798 millones (557 más), Galicia 399 (292 más); Castilla y León, 378 millones (276 millones más); Canarias, 371 millones (271 millones más); Murcia, 308 millones (257 millones); Castilla-La Mancha, 280 millones (205 millones más); y Aragón, 266 millones (195 millones más). Para Asturias irán 231 millones (174,7 millones más que en el plan anterior); para Extremadura, 210 millones (153,7 millones más), a las Baleares le corresponden 168 millones (123 millones más); a Cantabria, 133 millones (97,3 millones más) y La Rioja, 119 millones, (85,4 millones más).

Una de las novedades que presenta este Plan Estatal es que las transferencias a las Comunidades Autónomas se harán con base en unos objetivos a cumplir, unos mínimos que los territorios deben garantizar para recibir su parte. La primera de las tres condiciones es que la vivienda que se construya o proteja con estos fondos deberá estar permanentemente protegida, con tal de que no se dediquen a la especulación. La segunda condición es que las comunidades se comprometan a aportar un 40% de los fondos necesarios para la vivienda asequible. Y la tercera es que los territorios se comprometan a ofrecer datos fiables sobre el mercado de la vivienda en todos sus sentidos.

Aunque el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, ha señalado este martes que “sin una libertad permanente de navegación [en el Estrecho de Ormuz], las consecuencias serán catastróficas”, también ha rebajado la preocupación sobre la falta de combustible de aviación en la UE, asegurando que “no hay indicios de escasez real” y que “Europa mantiene reservas de emergencia, que serán liberadas solo si es necesario”. El comisario ha tenido una reunión con los ministros de Transportes de los 27 países de la UE para analizar la situación por el impacto de la guerra de Irán.

Ante las cancelaciones de algunos vuelos en la UE, el comisario de Transportes ha asegurado los vuelos que se han suspendido “no fue por falta de suministro de combustible para aviación. Se cancelaron debido a los altos precios del combustible. Rutas que estaban al borde de la rentabilidad han dejado de ser rentables. Por lo tanto, la cancelación de rutas o vuelos no tiene nada que ver con una supuesta falta de suministro de combustible para aviación”.

“Desde el inicio de la crisis en Oriente Medio, los precios del combustible para aviación se han más que duplicado. Esto ha llevado a algunas compañías a reducir o incluso eliminar algunas de sus rutas que ya no tenían sentido desde el punto de vista financiero. A día de hoy no tenemos ninguna indicación de que vaya a haber cancelaciones generalizadas en el sector aéreo en las próximas semanas o meses”, ha reiterado el comisario.

La Comisión Europea va a presentar este miércoles un conjunto de herramientas específicas y temporales para abordar los altos precios de la energía y los desafíos de suministro de combustible provocados por la guerra de Irán.

Tzitzikostas ha explicado que dentro de los planes “para ayudar a proteger a los europeos de los efectos de la crisis de la energía fósil, la coordinación es clave”, por lo que se va a crear “un nuevo observatorio de combustibles que hará seguimiento de los niveles de suministro y existencias, que comenzará con el combustible para aviación”.

Además, el comisario ha añadido que se está “trabajando para asegurar un suministro alternativo de combustible para aviación para Europa, como el combustible tipo A producido en los Estados Unidos. Y si surgen problemas reales de suministro, nuestras reservas de emergencia deben utilizarse de la mejor manera posible. Cualquier liberación nacional de combustible debe hacerse con total transparencia para evitar distorsiones en el mercado”.

A pesar de las palabras del comisario, en la reunión de ministros de Transportes se señaló que el sector de la aviación está “particularmente expuesto, dado el aumento de los costos del combustible para aviación, los riesgos para la conectividad y las interrupciones operativas”, por lo que varios ministros “pidieron flexibilidad y apoyo específicos para el sector como respuesta a la crisis”.

De hecho, ACI Europe, la patronal que representa a los aeropuertos de la UE, mandó una carta a la Comisión Europea en la que advertía de /que los aeropuertos se enfrentan a una escasez “sistémica” de combustible de aviación si el estrecho de Ormuz no se abre en tres semanas, según publicó Financial Times. “Si el paso por el estrecho de Ormuz no se reanuda de manera significativa y estable en las próximas tres semanas, una escasez sistémica de combustible de aviación se convertirá en una realidad para la UE”, señala la carta.

El Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso no acepta las condiciones impuestas por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el Plan Estatal de Vivienda, que prevé triplicar la inversión pública en vivienda hasta 2030 hasta los 7.000 millones y que va este martes al Consejo de Ministros. A la Comunidad de Madrid le correspondían 1.113 millones hasta 2030, de los cuales Estado aportaría el 60%, o sea, unos 600 millones, y la Comunidad el 40% restante de acorde con las condiciones del Plan. Los 1.000 millones del Plan supondrían más del triple de los 298 recibidos en el periodo anterior. “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las Comunidades Autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”, ha dicho el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo publicado en redes donde ha denunciado que “es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas” y que “intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales como la protección permanente”.

El Plan Estatal será votado en la próxima conferencia sectorial de presidentes autonómicos, que debe celebrarse el próximo mes de mayo. Y por primera vez el Gobierno central impone condiciones a las Comunidades para transferirles fondos. La primera condición es que toda la vivienda pública que se haga a partir de este plan debe estar blindada de por vida, esto es, que no deje de ser VPO en unos años. La segunda es que las Comunidades deben cofinanciar en un 40% este plan, es decir, sumar fondos propios a estas transferencias. “La financiación, directamente es inviable. El Estado dice que aporta el 60% pero obliga a las Comunidades Autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”.

Pese a la oposición frontal del consejero de Ayuso, fuentes de la consejería dejan en el aire acogerse al Plan. “El voto no lo dirimiremos hasta la conferencia sectorial de presidentes”.

La tercera condición impuesta por el Ministerio de Vivienda es que las comunidades compartan más datos sobre vivienda. Para Rodrigo, sin embargo, se trata de una medida que conlleva “menos transparencia, menos diversidad y más riesgo de manipulación” porque permite “concentrar los datos en el Ministerio de Vivienda.

“O haces lo que el Gobierno quiere, o no hay dinero”, ha resumido el consejero. “Y todo esto al servicio de una agenda política: reforzar la Ley de Vivienda, intervenir los alquileres y ampliar el control del mercado”, ha añadido el Consejero, que añade que “llega tarde, en un momento en que el problema de la vivienda es urgente”.

“En el Gobierno de la Comunidad de Madrid, defendemos otras cosas. Defendemos respetar las competencias autonómicas, aumentar la oferta, no intervenir el mercado, colaborar con el sector privado para generar vivienda asequible y no depender permanentemente de la administración”, ha dicho.

Como respuesta, además, el Gobierno autonómico ha anunciado que aprobará esta semana una nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda, que prevé sumar 3.200 viviendas nuevas al Plan Vive de alquiler asequible. Prevé además rebajar impuestos para el acceso a la vivienda, subir el límite de edad de los avales a hipotecas a los 50 años y facilitar la transformación de oficinas en viviendas para que sumen 8.000 nuevos pisos al mercado. El programa Mi Primera Vivienda, además, aumentará su máximo subvencionable hasta los 425.000 euros.

En lo que respecta al Plan Estatal, la intención es repartir 7.000 millones entre las Comunidades, el 40% para vivienda pública, el 30% para rehabilitación y el 30% restante para otras ayudas como ayudas a jóvenes o al medio rural para combatir la despoblación.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha negado este martes en el Congreso que hubiera “un vacío normativo” en materia de control de tensión en el momento del apagón del 28 de abril de 2025, como apuntaron el lunes los ejecutivos de las dos mayores eléctricas españolas, Iberdrola y Endesa.

En la que “previsiblemente” será su última comparecencia en la Comisión de Economía en el Congreso ante la próxima expiración de su mandato en junio, Fernández ha negado también que el organismo tuviera “en un cajón” la actualización del procedimiento de control de tensión que la propia CNMC recomendó poner al día en 2019 (databa del año 2000) y que no aprobó hasta después del histórico cero peninsular, del que está a punto de cumplirse un año.

“No estuvimos en ningún momento en un vacío normativo”, ha dicho en el arranque de su comparecencia para presentar el informe anual del organismo. En la réplica a los diputados ha reconocido que “la sensación que llega es que llegamos tarde” pero ha afirmado que “la regulación se va adaptando” con “las garantías necesarias” y la legislación “tiene que garantizar en todo el momento la operación segura” del sistema eléctrica.

La víspera, también en la Cámara Baja, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, afirmó que cuando la CNMC resuelva los expedientes sancionadores por el apagón “nos vamos a dar cuenta de que teníamos bastantes gaps regulatorios” y “había bastante vacío” en un sistema “que regulatoriamente quedó desfasado”, y el todavía consejero delegado de Endesa, José Bogas, lo resumió así: en 2020 Red Eléctrica de España (REE) “hace un informe a la CNMC hablando de la necesidad de un servicio de control de tensión”, en 2021 el operador del sistema advierte de que el sistema está “cerca de los límites” y en 2023, de que hay “riesgo de desconexión” de instalaciones por fenómenos de sobretensión. “El que tenía que haber actualizado aquello era la CNMC”, dijo Bogas.

La presidenta del organismo que vigila el funcionamiento del sector energético, las telecomunicaciones, postal, transporte, audiovisual y la libre competencia, que ha pedido una “reflexión” sobre las “crecientes” responsabilidades de este organismo, con un modelo muy poco habitual en otros países, ha insistido este martes en que en el momento del apagón había un procedimiento de operación de REE, el 7.4, que era “de obligado cumplimiento” para todos los agentes del sistema. Este, ha reiterado, tenía “herramientas” para controlar la tensión.

El organismo venía trabajando en la actualización de esa norma, que databa del año 2000 (cuando las renovables eran testimoniales) “desde antes de recibir la propuesta de REE” en 2020 y antes de ponerlo en marcha hizo un proceso de “demostración regulatorio”, ha recordado. Mientras, en Portugal (que tiene su mercado eléctrico integrado con el español) las renovables controlan tensión desde 2020.

Fernández, que ha calificado de “generosa” la retribución financiera de las distribuidoras recientemente aprobada por la CNMC pese a las quejas del sector, ha señalado que “debemos ser conscientes de la naturaleza dinámica del sistema ibérico de energía”, que “no se parece en nada al que teníamos hace cinco años” y está “en constante evolución”. Ha explicado que desde que en 2019 tiene estas competencias, el denominado 'súperregulador' ha aprobado 45 expedientes para adaptar la operativa del sistema eléctrico “y el 7.4 es uno de ellos”.

En 2025, solo en energía, ha aprobado 185 actuaciones regulatorias, con 52 informes, nueve circulares, once resoluciones de normativa europea o 43 boletines que “da una prueba del dinamismo del mercado” y “la necesidad de adaptación constante y consciente de ese marco regulatorio”.

“La CNMC actúa siempre dentro del marco de sus competencias con prudencia jurídica y rigor técnico” y su “obligación” ante un incidente de esta magnitud es “investigar con seriedad lo ocurrido y al mismo tiempo supervisar el mercado”.

Fernández, que ha afirmado que se ha producido un aumento “exponencial” del número de denuncias de ciudadanos sobre posibles vulneraciones de la libre competencia, ha señalado que los expedientes sancionadores anunciados el pasado viernes por el apagón (uno por una posible infracción “muy grave” a REE y quince a las grandes eléctricas por infracciones “graves”), es “resultado de un trabajo previo extenso y necesario” tras examinar más de 13 gigabytes de información y miles de folios, que resolverá en su caso el propio consejo de la CNMC como el Gobierno (en el caso de esa posible sanción a REE).

Ha insistido en que “el incidente respondió a un origen multifactorial” debido a una serie de sucesos que “desequilibraron” el sistema “por un proceso de sobretensión” y ha recordado que el informe de recomendaciones sobre el apagón de la CNMC abogaba por “seguir adaptando los marcos técnicos normativos y operativos en un sistema eléctrico en continua transformación”, con más renovables, mucho más autoconsumo y mayor “complejidad”, en un mercado europeo “cada vez más grande y acoplado”. También ha dado por buena la estimación de REE de un coste de 666 millones para el coste de la denominada “operación reforzada” que aplica desde el apagón, y ha subrayado que el coste de la luz es actualmente inferior al de 2023.

La presidenta de la patronal de pymes Cepyme ha considerado la regularización de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno como una herramienta para afrontar “uno de los grandísimos problemas que tenemos ahora mismo las empresas, especialmente las pymes, que lo tienen más difícil, que es todo el tema de vacantes” sin cubrir. De Miguel ha sostenido que las empresas “necesitan a esas personas”, para las que ha considerado que es “clave” garantizar una formación y cualificación.

Mientras la derecha política, como PP y Vox, se han situado en contra de la regularización de las personas migrantes sin papeles que ya están en España, de manera beligerante y con multitud de bulos contra la medida, la posición en el ámbito empresarial es bien distinta. Varias patronales sectoriales, especialmente algunas que se aquejan de la falta de trabajadores, como la construcción, participaron en un acto con el Gobierno para celebrar la medida.

Desde varias ámbitos empresariales era una medida esperada, reclamada al Gobierno, en lo que consideran una pieza necesaria para tratar de cubrir puestos vacantes sin cubrir en estos momentos.

En esta línea se ha posicionado este martes la presidenta de la patronal de pymes Cepyme. “Creemos que es muy importante trabajar la formación de todos los inmigrantes que se van a regularizar”, ha afirmado Ángela de Miguel para “habilitarles para todas esas vacantes que ahora mismo tenemos en España”.

“Creemos que es fundamental y creemos que es la manera también de que nuestras empresas puedan crecer y podamos trabajar con esas personas, que nosotros necesitamos en nuestras organizaciones”, ha explicado.

“(Es) muy importante ver cómo trabajamos la formación de todos estos inmigrantes que se van a regularizar y cómo podemos llevarles con todos los incentivos necesarios al empleo, porque creemos que eso es la clave para que al final esta regularización sea algo que favorezca a todos los españoles”, ha añadido.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), celebraron ayer que algunas patronales no estén dejándose llevar por la politización y estén apoyando la medida, que consideran también necesaria, en primer lugar, por la ampliación de derechos de estas personas, pero también para la economía y el Estado del Bienestar. Los sindicatos precisaron no obstante que es necesario garantizar los derechos laborales y las condiciones de estos trabajadores, para que las empresas no los utilicen como mano de obra barata.

Defensa del diálogo social frente a los ataques de Vox

A preguntas de los periodistas, la empresaria también ha respondido a si teme que la llegada de Vox a gobiernos autonómicos ponga en peligro el diálogo social, dada la actuación del partido de extrema derecha en el pasado en contra de esta herramienta de negociación entre patronales y sindicatos, por ejemplo con la supresión del organismo de mediación laboral de Castilla y León.

“Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel, en el artículo 7 de la Constitución Española. Lo que vamos a defender es el diálogo social, independientemente de las diferentes vicisitudes políticas que podamos encontrarnos en España”, ha respondido De Miguel. “Creemos y defendemos el diálogo social porque realmente estamos convencidos de que es una institución fundamental para la prosperidad de todos los españoles, que es fundamental para la mejora de nuestro país”, ha añadido.

“Evidentemente, cualquiera que intente limitar ese diálogo social, nosotros vamos a estar ahí defendiéndolo, independientemente de cualquier interlocutor que tengamos enfrente”, ha sostenido la presidenta de Cepyme.

Muy crítica con los costes laborales y fiscales

De Miguel ha sido muy crítica con el Gobierno y, en particular, con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, a la que también ha señalado por no respetar el diálogo social, al llevar adelante medidas solo con el respaldo de los sindicatos tras las negativas de los empresarios. Por ejemplo, las subidas del salario mínimo o los intentos para reducir la jornada laboral y endurecer el registro horario.

Además, la líder de las pymes ha criticado el aumento de costes laborales en España, por el alza del salario mínimo y de las cotizaciones sociales, así como lo que ha considerado una gran “carga fiscal” vinculada al trabajo, que ha considerado que “desincentiva” trabajar.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra Repsol, Moeve –antigua Cepsa– y BP por las denuncias presentadas por las asociaciones de operadores independientes por posibles prácticas anticompetitivas mediante descuentos conjuntos en 2022, en plena crisis energética por Ucrania, al considerar que no hay indicios de infracción.

En concreto, el regulador investigaba las denuncias presentadas por dos asociaciones del sector –AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) y ACIH (Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos)–, que acusaron a las tres grandes petroleras de haber abusado de su posición de dominio colectiva y realizado prácticas colusorias para aumentar sus cuotas de mercado en el contexto de las subidas de precios de los carburantes por la invasión rusa de Ucrania.

Las prácticas denunciadas eran, por un lado, incrementar los precios de venta mayorista a las gasolineras independientes (low cost) –las que les compran el carburante– y, por el otro, aplicar descuentos a sus clientes en la venta minorista mediante tarjetas de fidelización y pago.

Sin indicios de posición de domicio colectiva

No obstante, tras la investigación, el organismo presidido por Cani Fernández no ha hallado indicios de la existencia de intercambios de información ni concertación entre Repsol, Moeve y BP. Asimismo, considera que no hay indicios de la existencia de una posición de domino colectiva entre dichas compañías.

En lo que respecta al intercambio de información, la CNMC indicó que BP y la entonces Cepsa supieron de las políticas de descuentos que Repsol pensaba adoptar a través de los medios de comunicación e información pública. Además, añadió que ambas compañías se vieron negativamente afectadas por una pérdida de clientes, parte de ellos captados por Repsol.

Por otro lado, el regulador subrayó que Repsol tenía una capacidad de refino en 2022 muy superior a la de sus rivales y unas mayores cuotas de mercado, “no actuando junto con BP y Cepsa como una única entidad colectiva desde el punto de vista económico”.

La CNMC recordó que, en un procedimiento sancionador distinto finalizado el pasado mes de enero, sí sancionó a Repsol con 20,5 millones de euros por haber abusado de su posición de dominio en el mercado mayorista de distribución de combustibles de automoción a estaciones de servicio.

En este caso, consideró responsable a la empresa de un estrechamiento de márgenes consistente en aplicar, entre otras conductas, políticas de retención de volumen y de incremento de precios de venta del Gasóleo A (GOA) a sus rivales (gasolineras independientes) en dicho mercado, mientras que, en el mercado minorista de venta de combustibles de automoción en estaciones de servicio, realizó una campaña de descuentos en el precio del GOA a clientes profesionales que superaba las prestaciones que estaba obligada a aplicar en virtud de las medidas aprobadas en su día por el Gobierno.

Por su parte, Repsol rechazó “de forma tajante” la sanción de 20,5 millones de euros a diversas de sus filiales del área de venta de carburantes y la prohibición de participar en contratos públicos impuesta por la CNMC, al considerar que se apoyaba “en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022”, marcado por la crisis tras la invasión de Ucrania por Rusia.

Además, la energética afirmó que recurriría ante la jurisdicción contencioso-administrativa la multa para hacer “valer todos estos argumentos en su impugnación”.

Ya se ha puesto en marcha un sistema de devolución para las empresas que pagaron los aranceles que, según dictaminó el Tribunal Supremo de EEUU, el president, Donald Trump, impuso sin la autoridad constitucional necesaria para hacerlo.

Los importadores y sus agentes podrían comenzar a solicitar los reembolsos a través de un portal online a partir de las 8 de la mañana, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP), la agencia que administra el sistema, informa AP.

Es el primer paso de un complicado proceso que también podría acabar dando lugar a reembolsos para los consumidores a los que se les cobró parte o la totalidad de los aranceles sobre productos que les fueron enviados desde fuera de Estados Unidos.

Las empresas deben presentar declaraciones en las que se enumeren los productos por los que, en conjunto, pagaron miles de millones de dólares en concepto de los aranceles de importación que el tribunal anuló el 20 de febrero. Si la CBP aprueba una solicitud, se tardará entre 60 y 90 días en emitir el reembolso, según la agencia, informa AP.

No obstante, el Gobierno prevé tramitar los reembolsos por fases, centrándose primero en los pagos de aranceles más recientes. Cualquier número de factores técnicos y cuestiones de procedimiento también podría retrasar la solicitud de un importador, por lo que es probable que los reembolsos que las empresas tengan previsto realizar lleguen a los consumidores lentamente.

En una decisión de 6 a 3, el Tribunal Supremo determinó que Trump usurpó la función del Congreso de fijar impuestos el pasado mes de abril cuando estableció nuevos tipos impositivos a la importación sobre productos de casi todos los demás países, alegando que el déficit comercial de EEUU constituía una emergencia nacional que justificaba su invocación de una ley de poderes de emergencia de 1977.

Aunque la mayoría del tribunal no abordó las devoluciones en su fallo, un juez del Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. determinó el mes pasado que las empresas sujetas a los aranceles de la IEEPA tenían derecho a la devolución del dinero.

No todas las importaciones son elegibles

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza afirmó en documentos z< que más de 330.000 importadores pagaron un total de unos 166.000 millones de dólares en más de 53 millones de envíos.

No todos esos pedidos cumplen los requisitos para la primera fase de la puesta en marcha del sistema de reembolso, que se limita a los casos en los que los aranceles se estimaron pero no se finalizaron, o a los que se encuentran dentro de los 80 días siguientes a una liquidación definitiva.

Para recibir reembolsos, los importadores deben registrarse en el sistema de pago electrónico de la CPB. A fecha de 14 de abril, 56.497 importadores habían completado el registro y reunían los requisitos para recibir reembolsos por un total de 127.000 millones de dólares, incluidos los intereses, según la agencia.

¿Reembolsos a los consumidores?

Los aranceles los pagan los importadores, y algunas empresas repercuten los costes fiscales a los consumidores a través de precios más altos.

El sistema reembolsará los aranceles directamente a las empresas que los pagaron, las cuales no están obligadas a compartir los ingresos con los clientes. Sin embargo, las demandas colectivas que pretenden obligar a empresas, desde Costco hasta Essilor Luxottica, fabricante de Ray-Ban, a reembolsar a los compradores, se están abriendo camino a través del sistema legal estadounidense.

Es más probable que los particulares reciban reembolsos de empresas de paquetería como FedEx y UPS, que recaudaron los aranceles sobre las importaciones directamente de los consumidores. FedEx ha afirmado que devolverá los reembolsos de los aranceles a los clientes cuando los reciba de la CBP.

El auge de la energía solar frenó el aumento de la generación eléctrica global mediante combustibles fósiles en 2025. El año pasado, la generación renovable (viento, sol e hidroeléctrica) superó al carbón por primera vez en la historia y el crecimiento sin precedentes de la solar permitió a esta fuente y a la eólica cubrir el 99% del aumento de la demanda a escala mundial.

Son las principales conclusiones de la séptima edición anual del Global Electricity Review del think tank británico Ember, un análisis exhaustivo de los cambios en la generación eléctrica mundial acontecidos el año pasado.

El informe refleja que las renovables aportaron un 33,8% de la generación eléctrica mundial en 2025, superando por primera vez en la historia moderna la cuota del carbón, que fue del 33%. La generación con combustibles fósiles, que sigue siendo mayoritaria (57,4% del total, frente al 59,1% de 2024) cayó un 0,2% el año pasado, en el primer descenso desde 2020 y el quinto en lo que llevamos de siglo.

Por su parte, la generación eléctrica de bajas emisiones creció en 887 TWh, superando el aumento de la demanda de electricidad en el ejercicio, que fue de 849 TWh (un 2,8% más).

La generación solar, que en 2025 cubrió el 8,7% del consumo global de electricidad (frente al 6,9% de 2024), consolidó el papel de esta fuente como el motor dominante del cambio en el sector eléctrico global. Su crecimiento récord (de 636 TWh en un año, hasta 2.778 TWh) cubrió tres cuartas partes del aumento neto de la demanda de electricidad en 2025. El crecimiento de la generación solar (del 30% respecto a 2024) fue 18 veces mayor que el del gas, único combustible fósil que creció en 2025. Así, la generación de electricidad solar a nivel mundial ya equivale al total de la demanda de electricidad en la UE.

El informe destaca que el aumento de la generación solar en 2025 sería suficiente para sustituir la electricidad producida a partir del gas equivalente a todas las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a través del estrecho de Ormuz el año pasado, estimadas en 550 TWh.

La solar, que se ha multiplicado por más de 10 desde 2015, ha ido duplicando aproximadamente su generación cada tres años, desde los 1.333 TWh de 2022. En 2025 superó a la eólica por primera vez a nivel mundial y se acercó a la participación de la nuclear. Y todo apunta a que tanto la generación solar como la eólica superarán a la nuclear este mismo año.

China explica gran parte de ese aumento de la solar. En 2025 el gigante asiático concentró más de la mitad del aumento en nueva capacidad instalada y en generación con esta tecnología. Con ello, la participación de la solar y la eólica de China se situó en el 22% de la generación, por encima del 20% de media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por primera vez en este siglo, la generación con combustibles fósiles disminuyó tanto en China como en India, los mayores emisores del planeta, debido a que el despliegue de energía limpia superó el crecimiento de la demanda. India también ayudó a potenciar la electricidad limpia. El crecimiento de la generación renovable en el país duplicó su récord anterior y permitió instalar, por primera vez, más capacidad solar que Estados Unidos.

En el caso de Europa, el 61% de la electricidad en 2025 procedió de fuentes sin emisiones (renovables y nuclear), muy por encima de la media mundial (43%), con los combustibles fósiles aportando el 39% y una cuota conjunta del 21% para solar y eólica. Nueve de los diez países con mayor cuota de solar y eólica están en Europa. En el caso de la solar, en cabeza está Hungría, con el 27%, y en eólica, Dinamarca con un 58%. España es el cuarto país con mayor cuota de la solar, un 22%, empatado con Grecia.

Más baterías

El informe, que analiza los datos del sector eléctrico de 215 países, incluidos los datos más recientes de 2025 de 91 países que representan el 93% de la demanda de electricidad a nivel mundial, apunta que los costes de las baterías cayeron drásticamente por segundo año consecutivo. Si en 2024, estos se redujeron un 20%, en 2025, cayeron un 45% más. Mientras, las instalaciones de almacenamiento aumentaron un 46% hasta alcanzar aproximadamente 250 GWh. Como resultado, en 2025 el mundo incorporó suficiente capacidad de almacenamiento en baterías para desplazar el 14% de la nueva generación solar hacia otros horarios más allá de la mitad del día.

La rápida expansión de la generación solar se está produciendo con más frecuencia junto con el despliegue de almacenamiento en baterías, permitiendo un cambio de paradigma: de energía solar durante el día a energía solar a cualquier hora.

Según Aditya Lolla, director general de Ember, “la electricidad limpia está redefiniendo rápidamente los cimientos de la seguridad energética en un mundo volátil. Ya está ayudando a los países a reducir su dependencia de las importaciones y los costes de los combustibles fósiles, a la vez que satisface la creciente demanda de electricidad. El siguiente paso es modernizar las redes y los marcos regulatorios para que los sistemas eléctricos estén preparados para esta nueva realidad”.

El alquiler de habitaciones, que se firma en contratos a partir del Código Civil y queda fuera de la Ley de Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos, puede quedar más protegido si se demuestra que la habitación es la única vivienda permanente del inquilino. Así lo determina una sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y que puede abrir la puerta a que también quienes tienen este tipo de contrato se puedan acoger al decreto de la prórroga extraordinaria en vigor al menos hasta el próximo día 28, cuando se vota en el Congreso y presumiblemente caiga ante la falta de apoyos parlamentarios.

La sentencia, del pasado 10 de marzo, reconoce justamente el derecho a una prórroga forzosa de una inquilina con contrato de habitaciones, pese a que no estaba redactado al amparo de la LAU, que no reconoce las habitaciones como vivienda y, por tanto, abre la puerta a que estas se salten las regulaciones de precios en las zonas tensionadas y los 5 años de contrato mínimos que se establece para los contratos de arrendamiento.

La sentencia, en respuesta a un recurso de la inquilina después de que la justicia de primera instancia la instara a abandonar la habitación, dice que “el contrato litigioso es un contrato de arrendamiento sometido a la LAU”. Más allá de los términos del contrato y de que se haya redactado en el marco del Código Civil, “no es óbice a que estemos ante un contrato de arrendamiento sujeto a la LAU, pues lo esencial es la necesidad permanente de vivienda, no la exclusividad en el uso de todos y cada uno de los servicios esenciales”. El texto prosigue que la falta de exclusividad que supone el alquiler de habitaciones “no constituye un criterio de exclusión de los arrendamientos que quedan fuera de la LAU”, por lo que obliga al casero a prorrogar el contrato de acorde con la LAU y a pagar las costas judiciales, desestimando la demanda inicial.

El abogado del CAES que trabaja con varios alquileres de habitaciones, Víctor Palomo, recomienda ante esta sentencia “pionera” a quienes residen con contrato de habitación que envíen el burofax solicitando la prórroga. “No es que con el burofax se garantice que estos contratos van a tener prórroga, porque no están bajo el paraguas de la LAU de entrada, pero esta sentencia es novedosa porque dice que, más allá de la ley, si una vivienda es permanente se tiene que aplicar la Ley de Arrendamientos Urbanos”, reflexiona. La sentencia no crea jurisprudencia, porque para ello se necesitan dos similares en el Supremo, pero sí que crea un precedente legal que permite interpretar el alquiler de habitaciones basándose en su uso y no solo en el contrato firmado.

Esto implica, por ejemplo, que la duración mínima deba ser de 5 años en caso de ser los dueños personas físicas y de 7 si el casero es una empresa. O que tengan derecho a acogerse a esta prórroga extraordinaria de dos años que protege además de subidas de precio aprobadas como real decreto en el marco de las medidas extraordinarias para proteger a los ciudadanos de los impactos económicos de la guerra de Irán.

Esta medida ya tiene su miga sin tener en cuenta el alquiler de habitaciones. Obliga a prorrogar los contratos que venzan entre el 22 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027, pero solo mientras esté en vigor. Por eso el Ministerio de Consumo y los sindicatos de inquilinos recomiendan enviar un burofax para solicitarla antes de que decaiga, porque es la forma en la que queda activado el derecho a esta prórroga.

Los abogados de la propiedad y de las inmobiliarias, en cambio, consideran que tan solo podrán acogerse a la prórroga los contratos que venzan mientras el decreto esté en vigor y no todos los que comuniquen su intención en ese periodo. Así lo cree el abogado Íñigo Sánchez del Campo, del despacho Thomás de Carranza. “El efecto llamada no está siendo muy efectivo, no hemos recibido tantos burofaxes”, dice basándose en la cartera de 12.000 inmuebles que gestionan, de fondos de inversión.

Sánchez del Campo aclara, en relación con el alquiler de habitaciones, que para que un alquiler sea considerado de vivienda, “está la finalidad de vivienda permanente y también la exclusividad en el uso”. “Una habitación, en otras sentencias, se ha considerado que no es una vivienda permanente porque partes de la vivienda no se usan de manera exclusiva, sino compartida”, desarrolla.

En el artículo 3 de la LAU, se especifica que quedan fuera de la misma los usos “distintos” al de vivienda, que delimita en “los arrendamientos de segunda residencia, los de temporada, los tradicionales de local de negocio y los asimilados a estos”. El alquiler de habitación, en este texto de 1994, ni tan siquiera se contempla, es una palabra que no aparece en toda la ley.

Para empezar a poner coto al alquiler turístico y de temporada más allá de los controles autonómicos o locales (como la regulación de precios en Catalunya o la limitación de licencias en Barcelona), el Gobierno español creó en julio del año pasado un registro único de alquiler turístico y de temporada que permite mayor control y aplicar las regulaciones que se desarrollen.

El alquiler de habitación quedó fuera de esta regulación y está pendiente de votarse una modificación de la LAU que proteja en toda España tanto a inquilinos de temporada (desprotegidos pese al registro único) como de habitaciones, que quedarían incluidos en la ley, con los mismos plazos y términos que el alquiler de vivienda. Además, el precio de la suma de habitaciones no podría superar al precio total de la vivienda.

El borrador reconoce que “es necesario modificar la LAU” para que“se reconozcan los derechos de dicha normativa al inquilino temporal” y de habitaciones. Da cuenta de que el alquiler de habitaciones y de temporada “está siendo utilizada por miles de arrendadores para esquivar algunos de los preceptos más garantistas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la regulación de los alquileres”.

El alquiler de habitaciones ha crecido hasta el punto que los 8.000 anuncios de habitaciones que hay en la ciudad de Madrid o los 11.000 en la provincia superan a los 7.000 de viviendas de larga estancia y a los 9.000 en el caso de la provincia. La diferencia es aún mayor en Barcelona. Los precios también se han disparado: en Madrid un cuarto cuesta de media 650 euros y en Barcelona, 711, según un estudio reciente de Spotahome.

Aunque aún existen los contratos de vivienda normal donde quienes comparten están registrados en el mismo apartamento, la tendencia a trocear el piso y alquilar las habitaciones por separado por el propietario va al alza.

Uno de los portales líderes en la oferta de vivienda de habitaciones es Spotahome, con 45.000 alquileres firmados en Europa y 24.000 en España, mayoritariamente de habitaciones. Su CEO, Eduardo Garbayo, explica que su modelo de negocio parte de las comisiones que pagan tanto propietarios como inquilinos. Estos últimos, reconoce, “no podrían pagar estas comisiones inmobiliarias, pero sí por servicios”, en caso de que estuvieran en la LAU.

Sobre la sentencia de Cantabria, explica que “el problema es que no está claro” si tiene que guiar o no a los contratos y aclara que “el perfil mayoritario es estudiante o trabajador joven que viene por un tiempo determinado”, aunque reconoce que hay gente que se ve abocada al alquiler de habitaciones como residencia habitual. “El problema es que los precios suben porque cae la oferta”, dice, pero niega que la división de apartamentos en habitaciones de alquiler para aumentar la rentabilidad o el cobro de comisiones por parte de plataformas como la suya tenga algo que ver en ello.

Con casi toda seguridad Estados Unidos entró en guerra con Irán porque buscaba un descabezamiento del régimen, similar al que a comienzos de año había tenido lugar en Venezuela, que diera paso a un gobierno más sensible a los intereses estadounidenses. Sin embargo, y tras casi dos meses de guerra, los objetivos de Donald Trump parecen ahora oscilar entre la reapertura del estrecho de Ormuz, cerrado por Irán como represalia por los ataques, y la mucho más arriesgada asfixia económica de Irán.

Aunque la narrativa oficial no lo acepte aún, la situación está mucho más empantanada de lo que el gobierno de Estados Unidos anticipó. De hecho, Donald Trump comenzó la guerra planteándola como una operación breve y quirúrgica que llevaría la «libertad» a los iraníes al tiempo que proporcionaría mayor tranquilidad a Israel —que considera a Irán su principal amenaza existencial— y a los países del Golfo. La realidad ha sido muy distinta.

El estrecho de Ormuz es un nodo del metabolismo de la economía-mundo, siendo además un cuello de botella (“chokepoint”) extremadamente vulnerable a los fenómenos geopolíticos. El impacto de su cierre es muy grande para los países productores y, de acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía, el volumen de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz se ha reducido a un promedio del 10% respecto a los niveles de preguerra. Como vemos en el siguiente gráfico, las rutas alternativas —a través del Mar Rojo, por ejemplo— han tenido que sostener la mayoría de las exportaciones desde el inicio de la guerra; algo claramente insuficiente para mantener los niveles de exportaciones preguerra.

De todos los países del Golfo, la mayor parte de las exportaciones corresponden a Arabia Saudí, Iraq y Emiratos Árabes, seguidas luego por Irán y Kuwait, como se puede ver en el siguiente gráfico. Eso significa que, aunque Irán está sufriendo los costes directos de la guerra —como la mayoría de víctimas mortales y la destrucción de infraestructura—, las pérdidas económicas agregadas recaen sobre países que mantienen vínculos históricos con Washington.

Y no se trata solo del petróleo. Por Ormuz transita cerca del 20% del gas natural licuado mundial, y Qatar es el gran damnificado del lado gasístico. Esto agrava especialmente la situación asiática: en torno al 28% del GNL que importa China procede de Qatar, y casi un tercio de los flujos totales de GNL hacia Asia depende del estrecho. La crisis energética global tiene, por tanto, dos patas simultáneas, petróleo y gas, que se refuerzan entre sí, además de todas las industrias de productos derivados de los combustibles fósiles.

Como explicaba la semana pasada respecto al sector petroquímico, los países del Golfo llevan décadas elevando sus lazos comerciales con Asia y, particularmente, con China: desde 2010 hasta 2024 este comercio se ha multiplicado prácticamente por tres. De acuerdo con las estimaciones del think-tank Asia House, esta dinámica no hará sino aumentar en los próximos años.

Esta es una situación comprometida para los países del Golfo, que tienen que mantener un delicado equilibrio entre sus alianzas con Occidente y sus vínculos crecientes con Asia. Debemos tener en cuenta que la Comisión de Revisión Económica y Seguridad EEUU-China, que informa al Congreso de Estados Unidos, ha declarado que China, Rusia, Irán y Corea del Norte conforman un nuevo “eje de la autocracia” y afirma que comparten el deseo de retar el liderazgo global de Estados Unidos. En cierta medida este marco opera como profecía autocumplida: cuanto más Washington hostiga y sanciona a las periferias, más empuja a los Estados del Golfo a pensárselo dos veces antes de cualquier gesto de distanciamiento respecto de Pekín.

El caso es que, en condiciones normales, la mayor parte del crudo que salía en 2025 del estrecho de Ormuz tenía como destino países asiáticos, como muestra el siguiente gráfico. Podemos observar que tanto Europa como América dependen muy marginalmente del abastecimiento físico de petróleo procedente de los países del Golfo. Eso no significa que el cierre no les afecte, ya que al determinarse los precios a nivel global sí sufren los impactos de la inflación, y además pueden ser especialmente dependientes de productos específicos, como los fertilizantes. Pero en general, es claro que es Asia la primera damnificada por la actual situación, como demuestra el hecho de que allí las medidas de reducción del consumo de energía —políticas decrecentistas, podríamos decir— hayan sido más rápidas y más profundas.

La interrupción de los flujos comerciales tiene graves implicaciones físicas, no sólo económicas. No es sólo que el petróleo se haga más caro —como ocurre en Europa o Estados Unidos—, sino que sencillamente puede dejar de llegar en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Adelantándose a esa posibilidad, China lleva años incrementando sus reservas de petróleo, y se estima que podrían ser suficientes para cubrir cuatro meses sin nuevas importaciones por mar; aunque con medidas de reducción de la demanda podríamos hablar de un período mucho más prolongado.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, China depende de manera intensa de las importaciones de petróleo procedentes de países del Golfo como Arabia Saudí, Iraq, Emiratos, Kuwait y Omán, la mayoría de las cuales transitan por el estrecho. Pero los datos oficiales no muestran las importaciones procedentes de Irán ni Venezuela, ya que en ambos casos se trata de países con sanciones internacionales. La práctica habitual es el “rebranding”, es decir, la puesta en marcha de complejas operaciones para hacer pasar el petróleo sancionado como importaciones de países legales, como Indonesia o Malasia. Las estimaciones más fiables señalan que, teniendo en cuenta esta estrategia, casi el 50% de las importaciones chinas de petróleo proceden del Golfo.

Una de las consecuencias de lo anterior es que China se ha volcado crecientemente en Rusia, su gran proveedor de petróleo. De hecho, Rusia es una de las grandes beneficiadas de la crisis energética, y según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, en marzo sus ingresos por exportaciones prácticamente se han duplicado hasta alcanzar los 19.000 millones de dólares. A ello ha contribuido, claro está, el alivio que Estados Unidos le ha proporcionado en relación con las sanciones internacionales —igual que a Venezuela—.

Ahora bien, si la dependencia china de las importaciones de petróleo es grande, aún es mayor su inversa: la dependencia de las exportaciones iraníes a China. Como muestra el siguiente gráfico, China se ha convertido en los últimos años en el cliente del 90% de las exportaciones de petróleo iraní. La consolidación ha sido rápida: aunque China ya era el principal comprador tras las sanciones de Trump de 2018, el salto de los últimos tres o cuatro años hacia la cuasi-exclusividad convierte a Teherán en un Estado-cliente energético de Pekín en toda regla, con todo lo que ello implica en términos de asimetría negociadora.

A día de hoy sabemos que Israel ha entrado en esta guerra principalmente porque proyecta en el futuro su idea de un “Gran Israel” donde el expansionismo territorial le permita consolidarse como potencia hegemónica en la región. Sabemos también que Irán ha encontrado en el control del estrecho de Ormuz su principal baza para negociar y, en la medida de lo posible, lograr garantías de que no haya futuros ataques. Más confuso es el objetivo real de Estados Unidos, más allá de la ingenuidad inicial de quienes creyeron que sería una operación rápida y fácil. El hecho es que la situación se ha estancado, llevando a una crisis energética global de gran envergadura.

Con todo, las crisis nunca golpean a todos por igual. Como he tratado de mostrar, el impacto económico principal está teniendo lugar en las economías del Golfo y en Asia, justo en un momento en el que ambas regiones están profundizando sus relaciones y retando la primacía occidental. No está claro si esta guerra debilitará esa dinámica previa o si, por el contrario, la profundizará; pero lo que sí está claro es que China tiene buenas razones estructurales para empujar hacia la desescalada.

Aunque no sea el principal afectado, Estados Unidos no puede permitirse que la guerra se prolongue indefinidamente. Sus problemas tienen que ver con la inflación, el impacto sobre los mercados financieros y el desgaste doméstico de Donald Trump. Para Europa, la situación es considerablemente peor: más expuesta al shock energético vía precios y cadenas de suministro, con un BCE atenazado entre una inflación importada que no se doma con subidas de tipos y una desaceleración que esas mismas subidas agravarían. El margen de maniobra europeo, una vez más, es más estrecho que el de Estados Unidos.

Lo que se dirime en el estrecho de Ormuz es la arquitectura energética —y, por tanto, el equilibrio de poder— del siglo XXI. El 'chokepoint' simboliza la vulnerabilidad del metabolismo de la economía-mundo, pero la guerra está revelando también la incapacidad de Estados Unidos para imponer por la fuerza un orden geográfico-energético que se le escurre hacia Asia a velocidad acelerada. Cuando China defiende la paz, sabe mejor que nadie que sus ganancias estructurales —la consolidación del eje euroasiático, el refuerzo de sus lazos con el Golfo, la paulatina autonomía del dólar en los intercambios estratégicos— son incompatibles con una guerra larga. En esa ecuación, a Pekín la paz le conviene hoy más que a Washington. Y el precio de esa asimetría podría medirse, a medio plazo, en un desplazamiento más rápido hacia Asia del centro de gravedad del sistema-mundo.

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, han cuestionado este lunes en el congreso la imparcialidad del informe de los expertos europeos sobre el histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

En su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el apagón, Ruiz-Tagle ha hablado de “inconsistencias” del informe de los expertos de ENTSO-E publicado el pasado mes de marzo. En su opinión, el dictamen del panel de expertos del que, tal y como marca la normativa europea, formaban parte los operadores de red de España (REE) y Portugal “se equivoca en bastantes cosas”.

Por su parte, el todavía consejero delegado de Endesa ha dicho que la presencia de REE en ese informe supone “un conflicto de interés clarísimo”. Según Bogas, el informe de los expertos europeos está “bastante bien” pero “tiene carencias: hay cosas que no aborda y para mí son importantes”. El documento contiene “verdades que deberían haberse complementado” y ofrece “una visión no completa”. Bogas ha explicado que han remitido una “carta de protesta” a ENTSO-E por esas carencias que, en su opinión, tiene ese dictamen.

El informe europeo, en un reparto de culpas similar al que hizo el Gobierno con su comité específico en junio de 2025, apreció problemas técnicos, operativos y regulatorios detrás de un fallo sistémico que desencadenó el histórico cero peninsular, incluyendo incumplimientos de la generación convencional en sus obligaciones de control de tensión.

Ruiz-Tagle ha valorado la apertura de veinte expedientes sancionadores por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), anunciados el pasado viernes, porque el organismo “no está dando la razón a uno o a otro” sino “separando responsabilidades”, y ha puesto en cuestión la imparcialidad del informe que los expertos europeos presentaron en marzo. Bogas ha incidido que esa “falta muy grave” indica que REE es responsable de que “se haya caído el sistema” y que las centrales de Endesa expedientadas “no contribuyeron al apagón”.

El CEO de Iberdrola España ha afirmado por sus partes que con esos expedientes la CNMC “hace una diferencia plausible” entre quienes han podido cometer infracciones “graves” (eléctricas como la propia Iberdrola, Endesa y Naturgy, con cinco expedientes cada una) o “muy graves”, caso de Red Eléctrica de España (REE).

En su opinión, la CNMC “ha establecido la jerarquización de las penalizaciones” y “esto no va de cantidad, esto va de gravedad”. Se está “constatando una realidad: el único que con sus actuaciones ese día podía poner en riesgo la continuidad del suministro era el operador del sistema”. La posible infracción “muy grave” cometida por REE se refiere “a todas aquellas fallas que tengan relación con poner el suministro o las personas” y las graves, “con el mantenimiento de las instalaciones, que no ponen en riesgo el suministro”.

Para el ejecutivo chileno la CNMC “hace bien” en abrir esos sancionadores porque “va a llevar la discusión hacia lo técnico”. “Nos vamos a dar cuenta de que teníamos bastantes gaps regulatorios” y “había bastante vacío” en un sistema “que regulatoriamente quedó desfasado”.

Ruiz-Tagle ha abogado por la “transparencia” y ha considerado “fundamental que todas las informaciones se pongan a disposición de las partes”. “La transparencia no se mide por el nombre u ocultación de una instalación” por cuestiones de confidencialidad y “no es bueno que los audios vayan saliendo de parte o interesados”: Sería “fundamental” que se conocieran los más de 8.000 audios que REE entregó a la Policía durante la investigación de estos hechos, algunos de los cuales se han filtrado en los últimos meses a los medios, y que las eléctricas han pedido, sin éxito, a la Audiencia Nacional.

El ejecutivo chileno ha reprochado a REE, responsable de garantizar el suministro con el equilibrio constante entre oferta y demanda, no operase el sistema con “mayor prudencia”. Ha afirmado que “después de la operación reforzada [con más uso del gas] se han caído 1.000 MW en Almaraz” y el sistema lo ha soportado.

Ruiz-Tagle ha tenido un encontronazo dialéctico con el diputado de Sumar Eloi Badía, al que ha acusado de confundir “peras con manzanas” con la oscilación forzada que provocó la megaplanta fotovoltaica Núñez de Balboa media hora antes del apagón. Ha señalado que los inversores de esa planta “tienen un código más antiguo” y que “ahí no tocó nada nadie”, después de que la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, apuntase en el Senado a un “experimento” en esa planta, sin nombrarla.

El CEO de Iberdrola España ha recordado que “desde 2020” en Portugal las renovables pueden proporcionar control “dinámico” de tensión, algo que REE pidió ese mismo año a la CNMC.

Ha subrayado que el viernes se batió un nuevo récord de generación, algo más de 28.000 MW, con 4 ciclos combinados en el sur, dos en el centro y cinco nucleares, lo que muestra que se trata de una cuestión “de equilibrio”, no “de nucleares sí, renovables no”. “Yo no era partidario de cerrar las nucleares antes del apagón” y “ahora menos”. Pero España debe decidir si paga la energía de base “a 67 euros/MWh, que es lo que cuesta de verdad generar en las nucleares” o hacerlo “a 200”, con gas, si hay una crisis energética como la actual con el cierre del estrecho de Ormuz. Por su parte, Bogas ha recordado que está en contra de cerrar nucleares “hasta que tengamos alternativas”, especialmente en Catalunya, donde sería “pegarse un tiro en un pie” .

El ejecutivo de Iberdrola ha reconocido que el apagón “por supuesto” tuvo un coste reputacional para España pero “fue un fallo de operación, que no es un fallo estructural, que es corregible”, la “matriz” energética es “segura y barata” y eso “está atrayendo gran cantidad de demanda que quiere conectarse a las redes”, pero hay una “enorme falta de redes en distribución”. En su opinión, “a lo mejor” debería abandonarse el actual sistema y subastar líneas de transporte, en lugar de reservar esta actividad en monopolio a REE.

Bogas y la “mala pata” de la oscilación

Por su parte, Bogas ha señalado que en los meses previos del apagón ya hubo señales “tremendas” de problemas de sobretensión que venían de muy atrás.

Bogas ha señalado que “desde el año 2009”, cuando las renovables empiezan a tener un peso del 20% en el mix, “REE detecta que las tensiones están subiendo” y “pide subir tensión de 420 a 435” kV, algo que no logra hasta 2016, convirtiendo a España en un caso “único en Europa”.

En 2020 REE “hace un informe a la CNMC hablando de la necesidad de un servicio de control de tensión”. En 2021 dice que el sistema está “cerca de los límites” y en 2023, que hay “riesgo de desconexión”. “El que tenía que haber actualizado aquello era la CNMC”.

En su opinión, el día del apagón “tenemos la mala pata de tener una oscilación de frecuencia que no sé quién la causa”, que al corregirla hace que el sistema esté “absolutamente débil” hasta que “se cae” por “haber actuado muy al límite”. “Quiero creer que REE trataba de hacerlo lo mejor posible con el menor coste posible para el sistema. Pero estaba jugando en la cuerda floja y tuvimos la mala suerte de tener esas oscilaciones”.

Principio de acuerdo entre el Ministerio de la Seguridad Social y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos laborales, que quedó imposibilitada tras la última reforma de pensiones. El Ministerio que dirige Elma Saiz está ultimando un decreto ley con la medida, pero quiere incorporar más elementos en la norma, como el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas, pero que aún no están del todo cerrados y algunos sobre los que aún no hay consenso, explican fuentes sindicales.

Junto a acabar con el recorte “de golpe” en la jubilación anticipada de las pensiones máximas, resuelto hace unas semanas, los sindicatos mayoritarios exigieron al departamento de Saiz desbloquear por fin la jubilación parcial de los empleados públicos laborales para seguir negociando cualquier otra cuestión con la Seguridad Social.

Hace dos años, la jubilación parcial de los laborales de la Administración Pública se vio bloqueado por los requisitos que la nueva normativa ponía para mejorar las condiciones laborales en la incorporación de los relevistas. Esta obliga a que los relevistas se incorporen con contratos indefinidos y a tiempo completo. Algo posible en el sector privado, pero imposible en la Administración sin una convocatoria de empleo público que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad.

Se permitirá que los relevistas sean interinos

Este lunes, y tras muchos meses de conversaciones para tratar de alcanzar una solución, CCOO y UGT han anunciado que la medida está a punto de cerrarse, posibilitando que el puesto de relevista se cubra con trabajadores temporales interinos vinculados a una próxima convocatoria de empleo público, una opción que reclamaban los sindicatos desde el inicio.

“Se ha alcanzado un principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública para garantizar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral garantizando que el personal que se incorpora como relevista tenga una relación laboral fija a jornada completa, bien procedente de un proceso selectivo ya superado, bien a través de su vinculación como interino hasta la cobertura definitiva de la plaza que ocupa mediante la correspondiente oferta pública de empleo”, explica Comisiones Obreras en un comunicado.

CCOO ha reclamado que la medida sea aprobada “sin demora” en un real decreto ley, en el que considera que también debería quedar solventada la misma situación para los trabajadores funcionarios y estatutarios de la Administración Pública. El sindicato plantea una reforma “ya” del artículo “67 del Estatuto Básico del Empleado Público”, de manera que no se espere a la reforma integral del TREBEP que está tramitándose enel Parlamento.

Viudedad de parejas de hecho sin registrar y otras medidas

Los sindicatos explican que el Ministerio de la Seguridad Social está preparando un real decreto ley con la jubilación parcial de los laborales públicos, pero en el que quiere incluir más medidas pendientes en materia de pensiones y algunas otras referentes a la incapacidad temporal (las bajas laborales por enfermedad).

Entre las primeras destaca el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas formalmente que tengan hijos en común o que acrediten una larga convivencia. Aunque los detalles de la medida están por cerrar, en los sindicatos consideran que se podría culminar en breve y que se incluyera la medida en el real decreto ley.

Sin embargo, hay otras cuestiones menos avanzadas e, incluso, aún controvertidas que también se está debatiendo si formarán parte de la norma, lo que podría retrasarla un poco todavía. Principalmente, propuestas sobre incapacidad temporal, que el Ministerio de la Seguridad Social querría incluir para tratar abordar el gran aumento de las bajas laborales por enfermedad.

Desde los sindicatos explican que hay algunas medidas que sí podrían salir adelante, relativas a la agilización de procedimientos, como “la reordenación de los recursos humanos y técnicos de la Inspección Médica del INSS para conformar un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado”, pero hay otras que creen que requieren más debate y que deberían abordarse con más calma para otra futura ley.

En UGT han insistido por su parte en que se modifique también de manera urgente el reglamento que da acceso a la jubilación anticipada por penosidad en el sector aéreo y que excluye ahora a las azafatas (tripulantes de cabina). Una “situación absurda” y “discriminatoria” que afecta al colectivo, muy feminizado, frente a otros más masculinizados, como el de los pilotos, ha denunciado el sindicato.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros, que se enmarcan en contratos por valor total de 7.240 millones de euros.

La petición pretendía la suspensión cautelar de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con la concesión de estos préstamos, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes, mientras se resuelve el fondo del recurso que Santa Bárbara tiene planteado contra los mismos, informa Europa Press.

Entre otros argumentos, la Sala basa el rechazo a la medida cautelar en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara Sistemas “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Real Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aún que estos sean de difícil o imposible reparación”.

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, ha añadido el alto tribunal.

Argumenta que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa, su posición actual en el mercado o los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras.

Destaca que Santa Bárbara, en abril del año 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas “líderes mundiales” en la fabricación y diseño en el sector de la defensa, “por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados”.

“Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes (Programa Actualización Vehículos Pizarro) por importe de 176 millones”, ha indicado.

Relevante interés público

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de Santa Bárbara que alude a que los perjuicios sobre el interés público y a la propia empresa son “significativamente mayores” que los posibles inconvenientes que la suspensión cautelar podría generar para Indra y EM&E.

En su auto, el tribunal explica que existe un “relevante interés público” en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea (UE) aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la UE que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la UE”, subrayan los magistrados.

Considera que la suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

“La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, subraya.

Además, señala que frente a ese relevante interés público en la ejecución de los préstamos “no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, pues si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, ese interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente digno de protección”.

De este modo, la Sala concluye que no procede apreciar los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del 'fumus bonis iuris' y, en consecuencia, suspender la inmediata ejecutividad del Real Decreto impugnado.

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA convocan este lunes una huelga del personal de las gasolineras para los días 30 de abril y 3 de mayo de 2026 con el objetivo de “desbloquear la negociación del convenio colectivo, la retirada de propuestas salariales y el intento de imponer recortes encubiertos”.

Los sindicatos exigen un incremento salarial mínimo del 2% anual y un mecanismo de garantía que asegure, por lo menos, la actualización conforme al IPC real más un 0,5%. Esto se añade a otras reivindicaciones como la conciliación, la reducción de jornada o la mejora de los pluses.

Reclaman un convenio “digno” que garantice salarios “justos” y derechos “reales” para los trabajadores. Los sindicatos culpan así a la patronal de “bloquear” la negociación y de dar un “paso atrás inadmisible” al retirar propuestas previamente planteadas. Eso, consideran CCOO y UGT, supone un “planteamiento económico regresivo” y un “ataque directo a las plantillas”.

Sobre los detalles de la huelga, informan de que se desarrollará el 30 de abril de 2026, de 12:00 a 16:00 horas, y el 3 de mayo de 2026 durante toda la jornada, coincidiendo por tanto con el regreso del puente de mayo.

Los sindicatos acusan a la patronal de beneficiarse de los altos precios de la energía, derivados de la guerra de Irán, para aumentar sus ingresos mientras los salarios de los trabajadores en el sector continúan “por los suelos”. Además, el hecho de no actualizar los salarios y reducir así el poder adquisitivo supone “trasladar el coste de la situación económica a las personas trabajadoras”.