Apuntarse al paro es una mala noticia para la inmensa mayoría de las personas, pero no siempre. A veces, es el primer paso de la inclusión en el mercado laboral. Este escenario más halagüeño es el protagonista de la inusual subida del paro de este julio, en 19.500 personas, moderada y que se debe principalmente a la regularización extraordinaria de migrantes, que sobre todo está provocando un fuerte crecimiento del empleo en los últimos meses.

El paro registrado, las personas que se apuntan como desempleadas a las oficinas públicas de empleo, ascendió este julio frente a los descensos habituales en este mes. “Aunque veamos un aumento, es una buena noticia para el país”, ha valorado este martes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Cuando se ahonda en quién forma parte de este aumento de 19.500 personas más en paro, se observa que sobresalen los trabajadores extranjeros –unos 15.500– y, en especial, aquellos que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo formal (“colectivo sin empleo anterior”, en la estadística oficial), que se sitúan en 11.300.

Trabajo ha explicado que estos datos están vinculados a la regularización extraordinaria masiva de migrantes que está en proceso en estos momentos y que, sobre todo, se está traduciendo en un gran auge del crecimiento del empleo.

Por un lado, la Seguridad Social ha cifrado en unas 263.000 personas regularizadas que han pasado a estar trabajando de alta, con datos hasta el pasado 30 de julio. Por su parte, Trabajo señala un aumento del paro desde abril de alrededor de 18.000 las personas extranjeras extracomunitarias, entre las que están los ciudadanos acogidos a la regularización.

En Trabajo, ubican este aumento del paro dentro de lo “normal” de la entrada simultánea de miles de personas al mercado laboral formal, ha explicado el secretario de Estado de Trabajo. Joaquín Pérez Rey ha expresado además su confianza en que en la mayoría de casos será un paso breve por el paro registrado antes de formalizar sus primeros contratos laborales, como ocurrió en la pasada regularización extraordinaria de mediados de los 2000.

Está aflorando empleo sumergido y sin derechos

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han destacado este martes que el proceso de regularización es positivo además porque está aflorando miles de empleos que hasta ahora se mantenían en la economía sumergida, en un número difícil de determinar, y que afectan en gran medida a las personas migrantes sin papeles.

“Es otra de las conquistas del proceso de regularización”, ha destacado el 'número dos' de Yolanda Díaz, que ha recordado que el empleo informal tiene “un fuerte componente de explotación” y va ligado de manera inherente a una falta de derechos laborales.

Por ello, Joaquín Pérez Rey ha destacado de manera positiva que estos ciudadanos estén ejerciendo su nuevo derecho a acudir a las oficinas públicas de empleo para poder buscar y encontrar empleo a través de los canales legales.

El empleo informal no es solo una “lacra” para los trabajadores que lo sufren, sino también para las arcas del Estado, por la falta de cotización y el pago de impuestos, así como por una práctica de competencia desleal a la baja para el resto de empresas.

Aunque aún hay que esperar a cómo evoluciona el paro y el empleo en los próximos meses, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha recordado que las personas extranjeras han sido claves en la creación de empleo en España en los últimos años, algo que ha sido compatible con el crecimiento del empleo de la población nacional y con la reducción del paro a mínimos desde 2008.

El paro registrado da derecho a ayudas para las empresas

Además, que los trabajadores se apunten al paro en las oficinas públicas de empleo es en muchos casos un trámite administrativo previo para que las empresas puedan beneficiarse de ayudas a la contratación.

“Parte de estas personas pueden estar incorporándose a las estadísticas de desempleo para acceder a programas de inserción laboral o facilitar su contratación mediante incentivos y bonificaciones en las cotizaciones sociales”, ha recordado este martes la patronal CEOE.

La organización empresarial ha valorado que la regularización de trabajadores extranjeros “está contribuyendo positivamente al crecimiento de la afiliación” y ha destacado la “capacidad” del sector privado “para sostener el empleo pese a la persistencia de desequilibrios estructurales”.

En cualquier caso, los empresarios han reclamado “un entorno regulatorio que refuerce la empleabilidad, favorezca la competitividad y el crecimiento de las empresas y permita aprovechar, plenamente, el potencial del mercado de trabajo para impulsar una creación de empleo más sólida y sostenible”.

Aunque al inicio de la guerra de Irán parecía que el Ibex 35 podía romper su meteórica subida desde 2023, la Bolsa se ha olvidado de las turbulencias en Oriente para batir sus registros al superar por primera vez los 20.000 puntos. La jornada del lunes ya cerró en máximos históricos y un arranque con una subida del 0,1% le bastó este martes para fulminar récords hasta los 20.023 puntos del cierre, con un aumento del 0,21% en la jornada, mientras parece que se vuelven a acercar posturas entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El barril de petróleo brent, referencia en Europa, volvió a subir un 1,6% tras desplomarse en la víspera por las negociaciones entre Trump e Irán y vuelve a costar 86 euros.

La bolsa italiana de Milán FTSE también cerró con una subida del 1,26%, el CAC 40 francés un 0,61%, el DAC 40 un 0,85% y el FTSE británico subió un 0,26% en una buena jornada para los mercados europeos. Aun mejor arrancaron las bolsas estadounidenses, con un auge del 2% para el Nasdaq impulsada por el 26% de despunte de Palantir y un 1,5% para el S&P, siempre con un ojo puesto en las tensiones de Estados Unidos con Irán.

Los posibles signos de una recuperación de la industria acerera tras años de crisis han alimentado la subida en la bolsa de Arcelormittal, acerera india que cotiza en España y que paralizó la conversión de sus fábricas al hidrógeno verde ante las dificultades del combustible renovable. Solo este martes subió más del 4%. Los aranceles al acero externo, que entraron en vigor este mes de julio, y el cobro del mecanismo de ajuste de carbono a las empresas que emiten más desde el exterior por parte de las acereras europeas vigente desde este año han impulsado al sector.

La buena cosecha de los resultados de las cotizadas del selectivo ha impulsado especialmente a la empresa de viajes Amadeus, que ha subido un 2%, a la perfumera Puig Brands, que ganó 260 millones con una mejora si se descuentan los hechos extraordinarios. También subieron por encima del 1% ACS, Unicaja, Indra, Sacyr y Fluidra. La jornada de récord no repartió alegrías para todos y destaca especialmente el batacazo de Acciona, que se ha dejado un 8% en solo una jornada, precipitada por la venta de un 3% de sus acciones de la familia Entrecanales, principal propietaria de la compañía.

Durante décadas, el yen ha sido un amortiguador esencial de la arquitectura financiero mundial. La estrategia monetaria de tipos próximos a cero instaurada por el Banco de Japón (BoJ) para catapultar el consumo en una sociedad increíblemente ahorradora y sacar al conocido como el enfermo económico internacional de la UVI, por deflación endémica, ha acabado convirtiendo a la divisa nipona en uno de los avales inversores preferido de bancos, aseguradoras, fondos de inversión y hedge funds. Todo ellos, interesados en adquirir activos más rentables que las ratios de inflación media en el resto del mundo.

Pero este cuadro de mando comenzó a resquebrajarse al acelerarse la inflación japonesa, desde finales de 2024. Con los primeros vestigios de escalada de precios, el BoJ lleva un largo año en el que ha sustituido paulatinamente su política ultra-laxa por una más restrictiva que ha llevado el precio del dinero hasta el 1%, tras el repunte de un cuarto de punto en la reunión de junio de la autoridad monetaria japonesa. Parece una subida modesta. Incluso envidiable para la mayoría de las economías del planeta, industrializadas, emergentes o en desarrollo.

Sin embargo, esta maniobra alcista ha propiciado que las rentabilidades de la deuda soberana hayan convertido al mercado de divisas en el epicentro de los riesgos internacionales. Porque la paulatina depreciación del yen amenazaba con instaurar una carrera competitiva en los valores de las monedas que empezaba a recordar a la crisis asiática de 1997, centrada en los tigres asiáticos y con Corea del Sur --ahora también con convulsiones bursátiles--, a la cabeza de los quebraderos financieros, y atenazaban ya los flujos de capital transnacionales y domésticos.

Los bruscos repuntes del yen el pasado viernes y sábado, que llevaron a la moneda japonesa a situarse en la franja media de las 157 unidades por dólar un día frente a las más de 163 en las que se venía cotizando tras semanas de caídas, habían desatado las especulaciones de una intervención conjunta.

La sombra de otro credit crunch, en un mercado con préstamos privados por doquier, asaltaban los cuarteles generales de los principales bancos centrales. La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, afirmó este lunes que el archipiélago y Estados Unidos intervinieron de forma conjunta en el mercado de divisas para frenar el declive del yen, que se encontraba en mínimos de casi 40 años antes de la primera acción de este tipo desde 1998.

En otro movimiento de keynesianismo --en este caso monetario-- que solían poner de los nervios a los neoliberales de tiempos no tan lejanos. De hecho, en el más importante desde la acción conjunta que sostuvo al euro en 2000, en plena cumbre extraordinaria del FMI en Praga. Y la más reciente desde 2011, cuando se instauraron los programas de compra de deuda corporativa y soberana para frenar la desaparición de la divisa europea. Estímulos que volvieron durante la Gran Pandemia con el reto de alumbrar un ciclo de negocios, el post-Covid, que aún persiste.

Estos movimientos sólo irrumpen cuando las autoridades juzgan que existe un peligro sobre los mercados de capitales capaz de desencadenar un tsunami financiero. Como parece. Si se tiene en cuenta el relato de advertencia del secretario del Tesoro americano, Scott Bessent al afirmar que la Fed y su departamento volverán a intervenir “si fuera necesario” y la confirmación de la ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, en la misma dirección que rompe con décadas de discreción en materia cambiaria y lanza un mensaje inequívoco a los mercados. EEUU y Japón están dispuestos a “elevar considerablemente el coste” de cualquier ataque especulativo contra el yen. Las autoridades económicas cogen las riendas de la narrativa política, mientras los bancos centrales actúan en el supuesto libre mercado.

Tensiones en el sistema financiero internacional

El consenso del mercado, en cualquier caso, se acuerda de los Plaza Accord a la hora de explicar este nuevo escudo monetario entre Washington y Tokio. Ocurrió en 1985 y se denomina así por haber sido forjado en el Hotel Plaza de Nueva York entre EEUU, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido para debilitar un dólar excesivamente fuerte y corregir los desequilibrios comerciales que su poder ocasionaba a la economía global.

Aquel acuerdo modificó durante años las expectativas sobre el mercado de divisas e inauguró un prolongado ciclo de depreciación del yen que acabaría teniendo profundas consecuencias para la economía japonesa.

Cuatro décadas después, las circunstancias son distintas. Nadie plantea un pacto multilateral, ni una reordenación del sistema monetario internacional.

Sin embargo, el impulso que inspiró la actuación vuelve a ser el mismo. Cuando las autoridades perciben que un comportamiento extremo de una divisa del G-10, foro que alberga amenaza la estabilidad financiera, la coordinación internacional sustituye temporalmente a la supuesta mano invisible que rige en los mercados. Entonces, en 1985 el riesgo era los desequilibrios comerciales. Ahora, en 2026, el verdadero temor emerge de un yen excesivamente débil que alimenta la inflación importada en Japón, encarece la energía y los alimentos, deteriora el poder adquisitivo de los hogares y obliga al BoJ a endurecer antes de tiempo su política monetaria.

Además, apunta a una cadena de acontecimientos peligrosos, con ventas masivas de deuda estadounidense por parte de Tokio, desmantelamiento acelerado del carry trade --o uso del yen como moneda de cambio para ganar rentabilidades en el mercado cambiario--, y nuevas perturbaciones en los rendimientos de los bonos soberanos, que ya soportan excesos de déficits fiscales, elevados costes financieros y el enorme esfuerzo inversor asociado a la IA.

Este es el quid de la cuestión que atemoriza a la Casa Blanca, cuya ayuda no se dirige en exclusiva a un aliado estratégico con tentaciones MAGA a la japonesa. Bessent y Kevin Warsh tratan ahora de proteger sus propios activos de deuda sobernana. Especialmente expuestos a los inversores japoneses que continúan siendo los mayores tenedores extranjeros de deuda federal. Cualquier venta significativa de bonos del Tesoro americano para avalar compras de yenes tiene impactos inmediatos sobre las rentabilidades de la deuda norteamericana. En un momento en que el bono a 30 años se mueve en máximos desde el credit crunch de 2008 y el coste de financiación del Estado americano se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la Administración Trump.

Neil Irwin, analista de Axios Macro, sostiene que éste es precisamente el mensaje oculto tras la intervención. A su juicio, “los mercados han interpretado el episodio como una acción destinada a estabilizar el tipo de cambio, cuando en realidad refleja una inquietud mucho más profunda sobre la acumulación de tensiones en el sistema financiero internacional”. La participación del Tesoro americano permitiría a Japón sostener su moneda sin provocar nuevas presiones sobre los bonos de EEUU, explica.

La clave técnica de esa estrategia se encuentra en un instrumento prácticamente desconocido para el gran público: la Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility (FIMA) de la Reserva Federal. Creada durante las turbulencias provocadas por la pandemia de 2020, esta herramienta monetaria permite a los bancos centrales extranjeros obtener liquidez en dólares utilizando sus bonos del Tesoro estadounidense como garantía, sin necesidad de venderlos en el mercado.

Para Shusuke Yamada, estratega de divisas de Bank of America, este mecanismo representa una auténtica ampliación del arsenal de política financiera disponible para ambos gobiernos. “Ya no se trata únicamente de comprar yenes, sino de convencer al mercado de que las autoridades disponen de recursos suficientes para sostener esa estrategia durante más tiempo y con menor coste”, asegura. Es decir, que el verdadero cambio “no reside en la intervención puntual, sino en el compromiso político que implica la participación directa de Washington”.

En su opinión, “si el dólar volviera rápidamente a situarse en torno a los 160 yenes, quedaría cuestionada la credibilidad del Ministerio de Finanzas japonés y la del Tesoro estadounidense. La divisa nipona inició 2026 en los 152 yenes por dólar. Pero la persistencia de tipos elevados por parte de la Fed, la cautela del Banco de Japón y las dudas sobre la política fiscal del Gobierno de Sanae Takaichi llevaron la cotización hasta superar los 160 yenes y rozar incluso los 163-164 yenes por dólar la semana pasada, unos niveles inéditos desde mediados de los años ochenta y considerados una auténtica línea roja por las autoridades japonesas.

Es lo que justifica el compromiso de Bessent de volver a intervenir “sin dudarlo” y la respuesta de Katayama de que no se trata de una operación puntual, sino de una auténtica estrategia de disuasión.

La dimensión geopolítica entra en escena

La entente cordiale entre EEUU y Japón posee una segunda capa de complejidad. El apoyo de la Administración Trump se produce en un instante delicado para el Gobierno de Sanae Takaichi, presionado por el aumento del coste de la vida, la pérdida de respaldo social y las dudas que suscitan sus ambiciosos planes fiscales. Un yen más fuerte reduce la factura energética, contiene la inflación importada y proporciona un valioso balón de oxígeno político a Tokio.

Sin embargo, no parece que ese respaldo vaya a ser gratuito. Que la Casa Blanca presente de un modo notorio esta operación reservada a las aparentemente prudentes autoridades monetarias deja a los observadores internacionales con la certeza de que Washington intentará obtener contrapartidas en materias sensibles como la defensa, capitales estratégicos, comercio o algún tipo de maniobras orquestales en la oscuridad contra China.

“Las alianzas de EEUU nunca son gratuitas”, precisa Sheila A. Smith, investigadora del Council on Foreign Relations (CFR). Cuando Washington invierte capital político o financiero para respaldar a un aliado, normalmente espera una mayor convergencia en sus prioridades estratégicas, avisa. En el caso de Japón, “esa expectativa puede traducirse en mayores compromisos con los gastos en defensa, una coordinación más estrecha frente a China y un apoyo más visible a la estrategia estadounidense en el Indo-Pacífico”.

En línea con Christopher Johnstone, ex director para Asia del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y socio de The Asia Group, para quien este reforzamiento de lazos bilaterales “son cada vez más inseparables” con la versión Trump 2.0. A su juicio, cualquier gesto extraordinario por parte del actual inquilino del Despacho Oval genera un elenco de contrapartidas a pedir en el terreno de la defensa, la seguridad tecnológica o la política hacia China.

Aunque también supone una reinterpretación de guion en los mercados globales. Porque si el yen se estabiliza y los tipos continúan subiendo, parte de ese ahorro podría regresar al mercado doméstico, reduciendo la demanda de bonos estadounidenses y europeos y elevando el coste de financiación internacional. “Japón está entrando en una nueva era crediticia y sus decisiones tendrán repercusiones mucho más allá de sus fronteras”, anticipa Tim Adams, CEO del Institute of International Finance (IIF), lo que obligará a las bolsas a “adaptarse a un mundo en el que el ahorro japonés deje de actuar como una fuente casi ilimitada de financiación para el resto de las potencias industrializadas”.

Harumi Taguchi, economista de S&P Global Market Intelligence, cree que el éxito o el fracaso de la intervención será determinante en las siguientes reuniones del comité ejecutivo del BoJ. Muy en especial, la de septiembre. “En caso de que las compras de yenes sostengan la moneda, el BoJ probablemente podrá aplazar otra subida de tipos”; en cambio, la depreciación reaparece, “aumentará la presión para endurecer la política monetaria antes de lo previsto”. Para Taguchi, “el mercado de divisas ha dejado de ser una consecuencia de la política monetaria; ahora se ha convertido en uno de sus principales condicionantes”.

La embotelladora Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), que preside la multimillonaria catalana Sol Daurella, una de las mayores fortunas de España, ha ganado 991 millones de euros en el primer semestre de 2026, el 5,8% más que el mismo período del año anterior, según los resultados remitidos este martes por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

CCEP ha detallado que los ingresos se situaron en 10.724 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,4% respecto a los obtenidos en el primer semestre de 2025.

La compañía ha obtenido en Iberia (España, Portugal y Andorra) unos ingresos de 1.639 millones de euros, con un incremento del 5,4% en comparación con el primer semestre del año pasado.

Los resultados reflejan en este área unos ingresos de 955 millones en el segundo trimestre de 2026 (+4,6% respecto al mismo período del año anterior).

Los beneficios de explotación de CCEP se situaron en 1.458 millones de euros, con un repunte del 6,9%.

La embotelladora obtuvo en Europa unos ingresos de 7.911 millones, con un incremento del 5,9% respecto al mismo semestre de 2025 y unos beneficios de explotación de 1.110 millones (+3,7%)

Los ingresos el área de Australia, Pacífico y Sureste asiática se situaron en 2.813 millones de euros, con un incremento del 0,4% y los beneficios de explotación ascendieron a 348 millones, con una subida del 18,4 % respecto al primer semestre de 2025.

La embotelladora ha informado además de un dividendo de 0,82 euros por acción.

Bebidas deportivas y té

CCEP ha señalado que en Iberia el primer semestre registró un crecimiento moderado, apoyado por el “buen comportamiento del segundo trimestre” en el consumo en el hogar y fuera del hogar.

La categoría de “bebidas deportivas” siguió creciendo, impulsada por una mayor distribución, nuevos puntos de venta y el lanzamiento de Aquarius Extra mientras que en segmento de té listo para beber la firma registró un crecimiento de dos dígitos, por el “buen comportamiento de Fuze Tea y reforzado por su distribución en nuevos puntos de venta”.

También ha resaltado el buen desempeño en el mercado ibérico de otros sabores, con los lanzamientos de Fanta Exotic y Sprite Chill, y del crecimiento de dos dígitos de Monster.

El crecimiento de los ingresos por caja/unidad en el primer semestre en Iberia estuvo impulsado por el incremento de precios aplicado, parcialmente compensado por un efecto desfavorable de canales y formatos, asociado al crecimiento en el canal de comida rápida.

El consejero delegado de CCEP, Damian Gammell, ha afirmado que los resultados del primer semestre han sido “sólidos”, con un crecimiento “equilibrado” de los ingresos, una mayor cuota de mercado y una gestión disciplinada de los costes y de la generación de caja.

También ha destacado la diversificación y el “éxito” de la innovación en categorías de mayor crecimiento, como las bebidas sin azúcar, las energéticas y las de hidratación, todo ello apoyado por una “excelente ejecución comercial” y por destacadas iniciativas de marketing, entre ellas las relacionadas con el Mundial de fútbol.

Ha defendido la “resiliencia del negocio”, aunque el entorno de consumo sigue siendo complejo y persiste la incertidumbre sobre la situación en Oriente Próximo.

Para el resto del ejercicio, el consejero delegado de CCEP ha resaltado, como prioridades, incrementar la presencia de los equipos de frío, captar más clientes y acelerar el crecimiento en Filipinas e Indonesia.

El Ibex 35, principal índice bursátil español, ha abierto la sesión de este martes con una subida del 0,09%, lo que le ha permitido conquistar por primera vez la histórica cota psicológica de los 20.000 puntos.

Minutos después del arranque de la jornada, la Bolsa de Madrid ha aumentado su impulso al 0,27%, para hacerse de forma holgada con los 20.036,9 puntos.

El selectivo español ya había cerrado este lunes en un nuevo máximo, tras avanzar un 1,01% hasta los 19.982,6 puntos, pese a que todavía persisten incertidumbres en el ámbito geopolítico.

Este martes, los inversores seguirán pendientes de Oriente Próximo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugierese el lunes que el estrecho de Ormuz podría estar abierto en esta misma jornada, tras anunciar conversaciones con las autoridades de Irán para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero, algo que desde Teherán ya han descartado.

El inquilino de la Casa Blanca apuntó en declaraciones a la prensa que la apertura del citado paso podría tener lugar “literalmente” este martes y preguntado por el resultado de esas supuestos contactos con el país asiático dijo que “se resolverá rápidamente, sea cual sea el resultado”.

En este contexto, la cotización del barril de Brent, referencia para el Viejo Continente, se mantenía en los 84,73 dólares tras subir un 1,15%, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se situaba en los 80,75 dólares, con un alza del 0,51%.

En el plano empresarial español, Tussen de Grachten BV, sociedad holandesa de la familia Entrecanales Franco, ha colocado con éxito, mediante un proceso de 'bookbuilding' acelerado, aproximadamente 1,65 millones de acciones de Acciona --equivalentes al 3% de su capital-- a 217,9 euros por título, por unos 359 millones de euros y con un descuento del 5,7% sobre el cierre de este lunes (231,2 euros).

De este modo, la sociedad radicada en Países Bajos de la rama Entrecanales Franco ha reducido su participación en el capital de Acciona del 29,02% al 26% e iguala así la posición de control de Wit Europese Investering (WEI), la firma con la que la otra rama de la familia, los Entrecanales Domecq, controla otro 26% de las acciones.

A los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 eran protagonizados por Sacyr, con una subida del 1,6% y ACS, con un alza del 1,45%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Acciona (-6,83%), Telefónica (-0,63%) y Acciona Energía (-0,56%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión, con subidas en Milán (0,65%), Fráncfort (0,58%), París (0,55%) y Londres (0,36%).

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,584%.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1506 dólares.

El mercado laboral español batió en julio otro máximo histórico. En concreto, superó los 22,5 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, un hito impulsado en gran medida por la regularización extraordinaria de migrantes extranjeros. Esta ha supuesto un fuerte impulso del empleo, con casi 262.500 trabajadores más de alta, cifra el Gobierno, aunque también ha provocado un aumento del paro, de momento menor. En julio, este aumentó en 19.500 personas, en un mes de habitual descenso de este indicador.

Los datos publicados este martes por el Ministerio de la Seguridad Social dejan así el nuevo techo del mercado de trabajo en España en un total de 22.508.065 personas trabajadoras afiliadas de media a la Seguridad Social.

Aunque España ya estaba acumulando récords de empleo antes del proceso de regularización extraordinario de migrantes, en los últimos meses este ha supuesto un fuerte empujón de la afiliación, de miles de personas extranjeras que ya vivían en España y que ahora han pasado a tener papeles y, por tanto, a poder firmar su primer contrato de trabajo.

Casi 262.500 migrantes regularizados ya trabajan de alta

En solo unos meses, la Seguridad Social cifra en 262.475 las personas extranjeras afiliadas en alta por la regularización extraordinaria, con datos hasta este 30 de julio. El 81,5% están empleados como asalariados, mientras que casi un 5% son trabajadores autónomos. Por sexos, el 60% son hombres y el 40%, mujeres.

La inclusión al mercado laboral formal de estos migrantes, en muchos casos antes trabajando en la economía sumergida y sin derechos, ha acelarado la creación de empleo ya existente. En julio, el ritmo interanual se incrementó hasta el 2,9%, lo que se traduce en casi 650.000 empleos más en el último año. En abril, cuando se inició la regularización, el dato era de 517.000 empleos.

En los últimos meses los trabajadores migrantes explican de hecho la mayor parte del auge del empleo, que se ha situado por encima de lo habitual. Ocurrió en junio y de nuevo ha sucedido en julio, que ha registrado 41.700 trabajadores afiliados más de media frente a los 4.400 del año pasado.

Julio suele ser un mes positivo para el empleo, sobre todo por el empuje de varias actividades en verano, como la hostelería, el ocio y el comercio, así como las sustituciones en sectores como la sanidad, pero con mucho menos tirón que junio, que concentra el grueso de las contrataciones de cara a la época estival. Además, julio se resiente por las pérdidas de empleo en la educación (-128.500 este año).

Si se atiende a la nacionalidad, el empleo extranjero aumentó en 66.000 personas respecto a junio. Tras este aumento, se alcanza también un nuevo récord de empleo extranjero, con 3.512.223 afiliados medios, que son 420.875 más que hace un año.

“En conjunto, representan ya el 15,6% del total de afiliados y continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social”, ha subrayado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

El paro registrado aumenta también

Por el lado del paro, los primeros indicios de junio se confirman en julio: el desempleo también se está viendo influido con aumentos por la regularización extraordinaria, aunque en mucho menor volumen.

En julio, el paro registrado aumentó en casi 19.500 personas, en un mes de habituales descensos. Si se observa la nacionalidad, la mayor parte del alza corresponde a personas extranjeras (+15.500).

Además, cuando se analiza el aumento por sectores, se observa que el grueso del alza del paro se sitúa en el “colectivo sin empleo anterior”, casi 8.300 personas, lo que “está fundamentalmente ligado al proceso de regularización extraordinaria en curso”, explican en el Ministerio de Trabajo. Entre los migrantes, este aumento alcanza las 11.400 personas respecto a junio.

La regularización “da la oportunidad, hasta ahora inviable, de acceder a los servicios de las oficinas públicas de empleo a las personas trabajadoras que ya estaban en nuestro país pero que carecían de derechos”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz. Hay que recordar que estas personas están apuntadas como demandantes de empleo, como desempleadas, pero no están cobrando el paro, ya que no han cotizado el mínimo para ello.

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ya apuntó el mes pasado que la regularización supondría “un ajuste” en las estadísticas de la afiliación, pero también del paro, y apostó por “ser capaces de nuevo de reconducir a estas personas que están en una situación de desempleo a oportunidades hacia aquellos sectores que están demandando trabajo”.

En total, el paro registrado subió así en julio hasta las 2.311.499 personas, la cifra más baja en este mes desde 2007, destaca el Ministerio de Trabajo, que recuerda también el dato de tasa de paro, inferior al 10%, un mínimo desde los inicios de la pasada crisis financiera.

Yolanda Díaz ha celebrado que el paro juvenil haya vuelto a marcar un mínimo histórico, con 159.562 desempleados menores de 25 años. “Nuestras políticas laborales centradas en ellos han dado sus frutos. Nunca antes hubo tan pocos jóvenes en paro”, ha afirmado.

En pocos meses, dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes han entrado en el debate político internacional. Por un lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami ha dado un nuevo paso en su proyecto para crear cinco supermercados públicos en la ciudad, con el objetivo declarado de reducir los precios de la cesta de consumo de la clase trabajadora. La iniciativa es eco del socialismo municipal de Milwaukee, ciudad estadounidense que tuvo alcaldes del Partido Socialista durante la mayoría del período entre 1910 y 1960, y que municipalizó muchos servicios otrora privados. Como ha recordado recientemente el sociólogo del trabajo Eric Blanc, aquella experiencia histórica es hoy una lección para construir una alternativa al neoliberalismo demócrata y el autoritarismo trumpista en los Estados Unidos. En este caso, la propuesta de supermercados públicos busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita.

Por otro lado, en Francia se debatió el año pasado en la Asamblea nacional otra propuesta con espíritu similar: la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? La propuesta no llegó a aprobarse por el boicot de los diputados conservadores, pero consiste en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población para gastar en establecimientos asociados. En Francia, hay varias decenas de proyectos piloto, siendo el más destacado el de Montpellier. Aunque a primera vista parezca una propuesta asistencialista, el programa va mucho más allá de la necesidad de combatir el hambre entre las familias con menos recursos. En España hace poco tuvo lugar un debate, promovido por la Fundación Carasso, en el que además de debatir la experiencia francesa se presentó una propuesta para España (que ya cuenta con un proyecto piloto en Getafe).

Esta renovada preocupación por el derecho a la alimentación coincide con la resaca del proceso inflacionario desencadenado en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también con la guerra en Irán iniciada este febrero de 2026. Como se ve en el siguiente gráfico, los precios de los alimentos a nivel mundial se mantuvieron relativamente estables durante la década de los noventa y principios de siglo, pero han mostrado una gran volatilidad y una tendencia alcista desde la crisis de 2007-08. Además, en la mayoría de países los precios de los alimentos han subido mucho más que los salarios, provocando un deterioro preocupante en los presupuestos familiares, especialmente entre las clases trabajadoras (que dedican más recursos a la alimentación).

En el debate público, sin embargo, rara vez se menciona que la inflación alimentaria no es sólo el resultado de episodios coyunturales provocados por guerras, tensiones geopolíticas o especulación financiera. Es también el síntoma de un sistema agroalimentario extremadamente dependiente de combustibles fósiles, cadenas logísticas globales y recursos naturales cada vez más escasos, todo ello en tiempos de nemercantilismo y proteccionismo. En este sentido, a la pregunta de cómo conseguimos abaratar los alimentos debe sumarse la idea de cómo garantizar que puedan seguir produciéndose.

En todo caso, el crecimiento de los precios de los alimentos ha provocado reacciones políticas también en España, donde en el año 2023 el partido Podemos ya propuso la creación de un supermercado público; en febrero de este año 2026, Más Madrid presentó en la Asamblea regional una propuesta para crear una red de supermercados públicos —fue rechazada por la derecha, pero tampoco la apoyó el Partido Socialista—; en junio, a propuesta de Sumar, el Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al gobierno a crear “infraestructuras públicas que distribuyan productos saludables, ecológicos y de proximidad”; y hace unas semanas Adelante Andalucía anunció que propondrá la creación de supermercados públicos.

A primera vista, el debate parece reducirse a una elección entre dos instrumentos: crear supermercados públicos o implantar una seguridad social alimentaria. Pero, en realidad, como dice el economista político de la alimentación Raj Patel, ambas son más compatibles que antagónicas, y sólo tienen sentido si se entienden como piezas de una transformación mucho más profunda del sistema agroalimentario, que actualmente afronta límites económicos, ecológicos y geopolíticos cada vez más importantes.

Democratizar el acceso a los alimentos

La primera de las propuestas, la de Mamdani, consiste en crear un supermercado público. Debe recordarse que un supermercado es parte de la infraestructura necesaria para que los alimentos que se producen en el mundo agrario lleguen a los hogares —que se concentran generalmente en las ciudades—. La mayoría de esa infraestructura es hoy de naturaleza privada, por lo que las redes de producción, transporte, distribución y comercialización siguen la lógica de la rentabilidad a través de las señales del mercado. Esto es importante porque bajo el capitalismo los productores no producen alimentos para nutrir a las poblaciones, sino para ganar dinero. Y todos los agentes de la cadena siguen invariablemente esa lógica.

Lo que sucede es que la estructura de esa cadena es muy desigual, y muchísimos productores venden sus productos a un número muy reducido de grandes empresas de distribución y comercialización, que concentran un enorme poder de negociación. Por ejemplo, en España las cinco principales cadenas de distribución reúnen algo más de la mitad del mercado y una sola empresa, Mercadona, concentra en torno al 27 % del gasto en distribución alimentaria. Ese poder se ejerce en toda la cadena: condiciona los precios que reciben agricultores y ganaderos, determina las condiciones de suministro e incluso decide qué productos llegan finalmente a los lineales. Tal estructura atrapa a los productores entre la provisión industrial de inputs (semillas, fertilizantes, pesticidas, gasoil, etc.) y la compra de su producción por parte de grandes cadenas.

Esta estructura ayuda también a entender una parte importante de la inflación alimentaria reciente. Como ha señalado la economista Isabella Weber, cuando se produce un shock de oferta —como ocurrió tras la invasión de Ucrania o ante las tensiones en el estrecho de Ormuz— las empresas con poder de mercado pueden trasladar e incluso ampliar esos incrementos de costes para proteger o aumentar sus márgenes de beneficio. Y estos shocks de oferta están afectando al canal de la alimentación no solo a través de la energía sino también de los fertilizantes. Al final, el resultado son precios más elevados para los consumidores, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo.

En este contexto, la propuesta de crear supermercados públicos pretende introducir un contrapeso a ese poder privado. Al no estar sometido a la lógica de maximizar beneficios, un operador público podría trabajar con márgenes menores y contribuir tanto a abaratar la cesta de la compra como a aumentar la competencia en un mercado muy concentrado. Ésa es la principal argumentación económica de la propuesta, que también es aplicable, por ejemplo, al defender una empresa pública de energía.

No obstante, las experiencias pasadas nos recuerdan que el proyecto no es en absoluto sencillo. Hay precedentes de supermercados públicos en lugares donde ya no llega la iniciativa privada —los llamados desiertos alimentarios—, o creados para competir directamente con ella; y muchos han fracasado. Entre los principales problemas está la escala, ya que contar con unos pocos supermercados no es suficiente para servir realmente de contrapeso al poder privado o para negociar precios mayoristas baratos con los productores y distribuidores; pero también está la problemática de la gestión profesionalizada, la financiación, la oferta de productos (los supermercados de Mamdani no ofrecerán carne ni comida caliente), y la viabilidad política a medio y largo plazo, entre otros. La idea es buena y necesaria, pero la mejor forma de conseguir que funcione un supermercado público es integrarlo dentro de un programa más amplio y ambicioso capaz de transformar realmente el sistema alimentario.

Pero antes de entrar en ello, conviene subrayar un elemento ciego en esta propuesta. Un supermercado público nace con un mandato muy claro: vender más barato. Ahora bien, para vender barato hay que comprar barato. ¿Y dónde se compra barato hoy? En la cadena industrial: producción intensiva, insumos importados de países con salarios y recursos baratos, grandes volúmenes y operaciones a escala, contratos con centrales de compra. Es decir, exactamente en el modelo agroalimentario convencional. En ese sentido, el supermercado público es una buena política de coste de la vida, si bien bajo el ropaje de política alimentaria, pero el objetivo debería ser más audaz.

La razón es que vivimos en el contexto de una crisis ecosocial. Usar este concepto significa aceptar que la degradación ecológica y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría no son dos crisis distintas que coinciden por casualidad en el tiempo, sino dos manifestaciones del mismo proceso de acumulación. Y, sobre todo, que no se pueden jerarquizar. La formulación habitual de la izquierda es “primero garanticemos que la gente coma, y ya después nos ocuparemos de la sostenibilidad”. Pero la realidad es que los dos plazos han acabado coincidiendo, como demuestran los episodios de Ucrania u Ormuz: la inflación que hoy erosiona el presupuesto de un hogar trabajador tiene entre sus causas el encarecimiento de la energía y los recursos naturales, y ese encarecimiento anticipa la restricción biofísica de mañana. No son dos problemas sino uno. De modo que la pregunta no puede ser sólo cómo facilitamos a la clase trabajadora el acceso a los alimentos, sino también a qué alimentos y cómo se producen.

Estamos comiendo petróleo

Cada vez que llenamos el carro de la compra creemos estar comprando alimentos, pero también estamos comprando petróleo, gas natural y una enorme cantidad de energía fósil incorporada en fertilizantes, pesticidas, transporte, refrigeración y envases. Decía con razón el ecólogo Howard Odum que una de las características centrales de las sociedades industriales era que habíamos aprendido a comer patatas hechas en parte de petróleo. El punto crítico es que, si consideramos toda la energía que gastamos para producir, distribuir y consumir alimentos, teniendo presente toda la cadena, resulta que es muy superior a la energía que obtenemos de esos mismos alimentos: un sistema completamente insostenible porque depende de lo que Joan Martínez Alier y Vaclav Smil llaman subsidio o dopaje fósil. Esto es parte de la anomalía de la era de los combustibles fósiles, ya que ninguna sociedad humana anterior pudo mantener durante mucho tiempo (antes de colapsar) rendimientos netos negativos de la energía.

Ese subsidio fósil sirve, sobre todo, para remendar una fractura. Marx, leyendo la química agrícola de su tiempo, describió una ruptura en el intercambio de materia entre el ser humano y la tierra: la ciudad consume los nutrientes que el campo produce y no los devuelve, de modo que el ciclo se rompe y hay que reponerlo desde fuera. John Bellamy Foster convirtió aquella intuición en concepto —la ruptura metabólica— y Kohei Saito la ha situado en el centro de la lectura ecológica del último Marx. Siglo y medio después la descripción sigue sirviendo, sólo que la fractura ha ido creciendo de escala: primero fue entre la ciudad y su campo, después entre unas comarcas y otras, y hoy es entre países enteros. En España se ve con toda claridad en la ganadería. Casi una cuarta parte de la biomasa que come nuestra cabaña se produce fuera, y con ese pienso entra también el nitrógeno que después se queda aquí. Como el animal está donde no está el cultivo, los nutrientes hacen un viaje de ida sin vuelta: allí donde se produce el pienso el suelo se empobrece, y donde se concentra el ganado el nitrógeno sobra hasta acabar en los acuíferos, contaminando ríos y suelos.

Todo esto tiene enormes implicaciones porque está afectado no sólo el consumo de una energía no renovable sino también porque se sostiene sobre relaciones ecológicas desiguales: por ejemplo, el nivel de consumo alimentario de los países del Norte global sería imposible si no fuera por la cantidad de alimentos importados en los países del Sur Global y que consumen allí los recursos naturales, destacadamente la tierra y el agua. Por ejemplo, la Unión Europea consume una superficie del tamaño de España en tierras agrícolas en otras partes del mundo. Como es evidente, dado que la disponibilidad de tierra en el planeta es finita, no es posible generalizar a todos los países este tipo de modelo de abastecimiento alimentario.

Por estas razones, en un mundo que aspira a vivir sin combustibles fósiles la producción alimentaria tiene que cambiar radicalmente. Por eso mismo, garantizar el acceso universal a los alimentos dentro de un sistema metabólicamente insostenible es garantizar el acceso a algo que va a dejar de existir en la forma en que hoy existe. En consecuencia, el objetivo debe ser transformar el modelo productivo agroalimentario y, como inmediatamente se verá, los patrones de consumo.

Transformar la demanda a través de la Seguridad Social Alimentaria

La segunda propuesta, la de Seguridad Social Alimentaria, es un instrumento de política pública que trata de modificar la demanda de alimentos a través de incentivos. El programa concede a cada ciudadano una cantidad determinada de dinero para que se gaste en establecimientos acreditados, lo que permite condicionar a qué tipo de gasto se destina. Por esa razón las diferentes formulaciones del programa postulan que el objetivo no es sólo inyectar recursos económicos para compra de alimentos, sino también estimular la compra de alimentos con características tales como su sostenibilidad ecológica y su impacto positivo en la salud de los consumidores.

El programa de la seguridad social alimentaria no obliga a los ciudadanos a consumir ciertos tipos de alimentos, sino que establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente. Por un lado, porque el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados previamente. Por otro lado, porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. Es una forma menos invasiva de orientar el sistema alimentario hacia un nivel sostenible y saludable, lo que quiere decir que es también una herramienta de transición ecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español), pero asegura que los costes sanitarios ocultos con el patrón de consumo actual son de hasta 23.379 millones de euros anuales debido a las enfermedades asociadas.

La lógica de la propuesta es parecida a la que se usa actualmente con la compra pública alimentaria, que afecta a comedores escolares, hospitales, residencias, centros de día, cocinas centrales, etc. Cuando fui ministro de Consumo pusimos en marcha la redacción de nuevos criterios para esas compras, siguiendo guías científicas, y el ministerio actual, con Pablo Bustinduy al frente, ha continuado y culminado con éxito varios momentos críticos de esa hoja de ruta. Se trata de mover un volumen de demanda grande y planificable a varios años, que es justamente la señal que un agricultor necesita.

Sin embargo, la propuesta de seguridad social alimentaria no está exenta de dificultades. Desde la definición exacta de “producto agroecológico” hasta el diseño de sus instituciones de gobierno, que pretenden acercarse a una democracia participativa donde decide la comunidad implicada más que el Estado. Pero también ocurre que para que una propuesta como esta sea exitosa y vaya más allá de los canales cortos (donde el productor vende casi de forma directa) necesitará del apoyo de la infraestructura. Un agricultor puede producir estupendamente y no tener dónde almacenar, cómo enfriar, dónde transformar ni cómo llegar a un comprador grande. Es un problema de logística. Como en el caso de los supermercados públicos, en España podría utilizarse una infraestructura pública ya existente: la red de Mercas —los mercados mayoristas de titularidad mixta, estatal y municipal—, que junto con los mercados municipales de abastos constituyen un sistema de acopio, frío y distribución mayorista que ya está construido, ya está amortizado y ya está ubicado exactamente donde tiene que estar.

En resumen, si los supermercados públicos actúan sobre la distribución y la seguridad social alimentaria sobre la demanda, entonces falta necesariamente un tercer elemento: intervenir sobre la propia capacidad de producir alimentos.

Política Industrial para el sector primario

Ya he mencionado que el sistema alimentario actual es ecológicamente insostenible, así como internacionalmente desigual e injusto. Ello también implica que es vulnerable a los shocks geopolíticos o climáticos, en tanto puede quedar comprometida la capacidad de abastecimiento. Transformar este sistema en uno que proporcione alimento suficiente al tiempo que se reducen sus impactos ecológicos debe ser el objetivo principal.

El problema es que los combustibles fósiles son precisamente la varita mágica principal que ha permitido la multiplicación de los rendimientos de las explotaciones agrarias, produciendo muchos más alimentos por superficie. Sin ellos, la capacidad de producción queda comprometida. No obstante, hay un debate muy importante abierto al respecto, ya que hay formas de producción agroecológica que ofrecen rendimientos iguales o más elevados para ciertos productos. Sin embargo, hay otro tipo de productos alimentarios cuya producción no puede de ningún modo generalizarse, como es el caso de la carne procedente de grandes explotaciones industriales y altamente dependiente de inputs importados (conocidas como macrogranjas).

Por esta razón, no se trata tampoco sólo de transformar un sistema agroalimentario basado en combustibles fósiles en otro basado en prácticas agroecológicas. Para cumplir con los objetivos de sostenibilidad ese desplazamiento exige, además, un cambio en las dietas o patrones de consumo. Sé que aquí entramos en terreno minado, porque es el de la famosa polémica sobre el consumo de carne que tanto me persiguió —o que tanto perseguí, según se mire— durante mi etapa política. Pero conviene plantearlo bien, porque casi siempre se plantea mal.

Los costes de la dieta actual no se reparten al azar. Las enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios, como el alto consumo de ultraprocesados, presentan un gradiente social inverso a la renta: cuanto menos dinero tienes, más las sufres. Quien peor lo pasa con el patrón alimentario dominante es la clase trabajadora. De manera que la transición dietética consiste precisamente en la retirada de una carga que las familias más pobres vienen soportando de forma desproporcionada. Y debemos deshacer un malentendido sobre qué dieta estamos hablando. La que prescriben los sanitarios y dibujan los modelos biofísicos —con más peso de la legumbre, cereal, aceite de oliva, hortaliza de temporada y proteína animal ocasional y de calidad— no es un invento de nutricionistas urbanos. Es, básicamente, lo que llamamos dieta mediterránea, y que exportamos como marca país y celebramos como patrimonio de la humanidad, a pesar de que está en franco retroceso.

El problema es que el sistema alimentario actual está profundamente distorsionado, y transformarlo no es sencillo. Por ejemplo, como se ve en el siguiente gráfico, en España se importa una gran cantidad de grano para pienso, con el que se alimentan animales cuya carne se exportará luego: es el modelo típico de la ganadería intensiva, sostenida sobre desequilibrios ecológicos muy serios. Es una dinámica muy arraigada y de la que viven muchos actores económicos, lo que dificulta la transformación.

Sin embargo, el informe del think tank Alimentta, publicado a instancias de Greenpeace, sostiene que tal transformación es perfectamente viable para España. Según su modelización, España puede llegar a tener un modelo agroalimentario perfectamente sostenible para 2050. En la actualidad, el sistema español emite 107 megatoneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a un cambio climático que, como recuerda el propio informe, «producirá una reducción mayor de la producción nacional» en el futuro. Esto no es en absoluto desconocido para el sector: hace unos años COAG presentó su informe “Empieza la cuenta atrás” en el que valoraba el impacto del cambio climático en la agricultura española. Según Alimentta, la modelización ecológica permite imaginar que en 2050 el sistema alimentario español podría convertirse en sumidero neto, es decir, no emitir dióxido de carbono, sino absorber 17 megatoneladas anuales. Las condiciones para lograrlo son una enorme transformación en el tipo de producción y consumo alimentario, acabando con modelos como la ganadería intensiva y promoviendo la producción de alimentos típicos de la dieta mediterránea.

Como se puede ver, todos estos elementos —supermercado público, seguridad social alimentaria, cambio del modelo— están profundamente interrelacionados. Piénsese en que pasaría si, siguiendo la política de reorientación de la demanda inducida por la seguridad social alimentaria, de repente entraran miles de millones de euros de nueva demanda de productos ecológicos. En España, actualmente sólo el 12% de la superficie cultivada se corresponde con estas características, un porcentaje del todo insuficiente para abastecer a la población. La consecuencia sería un proceso inflacionario tremendo en ese nicho de mercado, razón por la cual los programas de seguridad social alimentaria aconsejan el gradualismo a la hora de implantarse.

Sin embargo, hay otra opción: política industrial. En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial en los nuevos tiempos neomercantilistas, y particularmente en la transición energética, pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables.

Conclusiones

Volvamos entonces a la pregunta del principio: ¿supermercados públicos o seguridad social alimentaria? La respuesta es que la pregunta está mal formulada. No porque ambas propuestas sean equivocadas, sino porque las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes. Una actúa sobre la distribución; la otra, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI.

Así que, si de verdad queremos garantizar el derecho a la alimentación durante las próximas décadas, necesitamos una política industrial capaz de transformar la producción agraria, una infraestructura pública que permita distribuir esa nueva producción, mecanismos que orienten la demanda hacia alimentos saludables y sostenibles y, finalmente, instrumentos que aseguren que todas las familias puedan acceder a ellos. Pensar cualquiera de estas piezas de forma aislada conduce inevitablemente a frustraciones.

La cuestión central de todo este análisis es cómo construir un sistema alimentario capaz de alimentar a toda la población dentro de los límites ecológicos del planeta. Por eso digo que no basta con abaratar la comida. De manera bastante más compleja, se trata de garantizar que siga existiendo, que pueda producirse de forma sostenible y que nadie quede excluido de ella. Sólo entonces podremos hablar, con propiedad, de un auténtico derecho a la alimentación.

El fondo británico Pollen Street, a través de sus empresas Finsolutia e Hipoges, ha alcanzado un acuerdo con el fondo estadounidense Lone Star para adquirir Servihabitat, una de las plataformas de gestión de deuda y activos inmobiliarios en España.

Con la unión de estas tres firmas, Pollen Street alcanza los 60.000 millones de euros en activos bajo gestión y más de 2.000 empleados en España, Portugal, Italia y Grecia, según ha informado en un comunicado.

“Servihabitat aporta una sólida experiencia en la comercialización inmobiliaria y en la gestión de activos residenciales, alquileres y suelo. Sus equipos especializados y capacidades operativas complementarán la propuesta de valor de Finsolutia e Hipoges, reforzando la presencia y las capacidades del grupo en el mercado español”, explica el fondo.

La combinación de las tres firmas permitirá unir una amplia cobertura geográfica con capacidades complementarias. El objetivo es ofrecer una propuesta de valor diferencial a propietarios e inversores en Europa, gracias a soluciones integrales en gestión de crédito, tecnología y servicios de capital. Así, la plataforma resultante continuará prestando servicio a las principales entidades financieras e inversores internacionales en toda la cadena de valor.

“Esta operación refuerza de manera decisiva nuestra posición en España y amplía nuestra capacidad para acompañar a los clientes en retos cada vez más complejos. La experiencia y el talento de Servihabitat complementan nuestras capacidades y nos permitirán ofrecer una propuesta de valor aún más completa, manteniendo al cliente en el centro de nuestra actividad”, han señalado el consejero delegado de Grupo Finsolutia, Afonso Nascimento, y los directores generales y co-consejeros delegados de Hipoges, Hugo Velez y Claudio Panunzio.

“Esta adquisición es un paso más en la construcción de la plataforma líder en gestión de crédito y activos inmobiliarios en la Península Ibérica. Servihabitat aporta una sólida experiencia en la gestión de activos adjudicados (REO), una valiosa cartera de clientes y una fuerte presencia nacional. El Grupo resultante estará en una posición privilegiada para liderar el mercado de la región, manteniendo el foco en ofrecer un servicio excelente a nuestros clientes en un entorno cada vez más complejo”, ha añadido la consejera delegada de Pollen Street, Lindsey McMurray.

El Ibex 35, el índice que agrupa a las mayores empresas cotizadas, ha comenzado la semana en máximos y a un paso de superar la barrera psicológica de los 20.000 puntos.

Al cierre de la primera sesión de agosto, el selectivo se ha apuntado una subida del 1,01% y deja su cotización en los 19.982 puntos, tras sumar 199,7 puntos en estos primeros compases de la semana.

Si se ve la fotografía en lo que va de año, el Ibex 35 se ha revalorizado un 15,45%.

Como en las últimas jornadas, el parqué se ha motivo al son del petróleo. En concreto, el barril de Brent, el de referencia en Europa, se ha tomado un respiro y se ha situado por debajo de los 84 dólares el barril ante la expectativa de nuevas negociaciones entre EEUU e Irán que permitan retomar la circulación en el estrecho de Ormuz.

Los inversores han reaccionado así, en positivo, a las palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha afirmado que este lunes se retoman las conversaciones con Irán –aunque este último país lo ha negado– y ha afirmado que ha cancelado un “ataque masivo” inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto, lo que ha relajado los precios del petróleo.

El Ibex ha cerrado en máximos y, durante la sesión, ha llegado a cotas más altas, porque ha conseguido tocar los 19.987 puntos.

A pesar del récord, la primera jornada bursátil de la semana y del mes ha sido desigual para los valores del selectivo. Por ejemplo, bancos como Santander (+2%), Unicaja (+1,44%) o BBVA (+1,98%), han cerrado el lunes con subidas; mientras Caixabank (-0,28%) y Bankinter (-0,22%) han concluido en rojo.

También se ha apuntado un alza la segunda mayor empresa del Ibex por valor en bolsa, que solo está por detrás de Santander en capitalización. En concreto, Inditex ha concluido el lunes con un repunte del 2,34% y se sitúa en los 180.000 millones de euros, por detrás de los184.500 del banco presidido por Ana Botín.

Entre enero y junio entraron en España 46,56 millones de turistas, el 4,6% más que un año antes, y gastaron 63.836 millones, el 7% más, cifras que mes tras mes vuelven a situarse en máximos históricos.

Las encuestas de llegadas de no residentes (Frontur) y de gasto asociado (Egatur), del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una vez más que continúa la tendencia de crecimiento del gasto por encima de las entradas, un indicador de turismo de “más calidad”, según el sector.

Solo en el mes de junio llegaron a España desde otros países 9,7 millones de turistas (un 2,9% más) con un volumen de gasto de 13.579 millones de euros, el 4% más.

Reino Unido fue el principal país de residencia, con casi 2,3 millones de turistas y un aumento del 6,8% respecto a junio de 2025. De Alemania llegaron 1,2 millones (un 5,9% menos) y de Francia cerca de un millón (un 1,7% menos).

Los principales países emisores en los seis primeros meses fueron Reino Unido (con más de 9,3 millones y un aumento del 4,3%), Alemania (con casi 5,7 millones y una bajada del 1,1%) y Francia (con más de 5,6 millones, un 1% más).

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 4,9 millones y un aumento anual del 1,9%.

Bajan las entradas en Canarias

Baleares fue el primer destino principal de los turistas en junio, con el 23,3% del total. Le siguieron Cataluña (20,8%) y Andalucía (15,7%).

A Baleares llegaron un 0,6% más de turistas que en junio de 2025. El número de extranjeros que visitaron Cataluña aumentó un 1,4% y a Andalucía vinieron un 7,4% más.

En el acumulado de los seis primeros meses de 2026 las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (9,6 millones y un aumento del 3,5% respecto al mismo período de 2025), Canarias (7,8 millones y una bajada del 0,6%) y Andalucía (7,3 millones, un 7,9% más).

Más gasto por turista

El gasto medio por turista fue de 1.393 euros, con un incremento anual del 1,1%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 0,7%, hasta los 211 euros.

Los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en junio fueron Reino Unido (con el 20,6% del total), Alemania (11,1%) y Francia (6,5%).

El gasto de los turistas residentes en Reino Unido aumentó un 7,1% en tasa anual, el de los de Alemania no varió, mientras que el de los de Francia descendió un 6,3%.

El mayor gasto medio diario por turista se registró en el agregado “resto del mundo” (que incluye países asiáticos y Oriente Medio, entre otras geografías), con 256 euros por persona y un alza del 3,8%.

Según las cifras del INE, por comunidades autónomas, el mayor gasto medio diario por persona en junio se computó en Andalucía (288 euros, aunque con una caída del 12,5%), seguido de Baleares, con 267 euros (6,4% de incremento).

La farmacéutica británica AstraZeneca mantiene conversaciones con la estadounidense Bristol Myers Squibb (BMS) para una posible fusión valorada en 400.000 millones de dólares (348.000 millones de euros). De prosperar las negociaciones, que revela este lunes el diario Financial Times, el gigante resultante de la operación sería la cuarta compañía del mundo de este sector por valor de mercado.

Ambas compañías han evaluado la posible alianza en los últimos meses y los contactos podrían llevar a un acuerdo, aunque también es posible que no prosperen, añade el FT.

AstraZeneca, cuyas acciones bajaban este lunes un 6,5% en la Bolsa de Londres, tiene un valor de mercado de unos 264.000 millones de dólares, mientras que BMS está valorada en 133.000 millones de dólares.

Una eventual fusión se situaría entre las mayores operaciones del sector farmacéutico de la historia, subraya el periódico británico.El acuerdo impulsado por Pascal Soriot, consejero delegado de AstraZeneca, ampliaría la presencia de la farmacéutica en el mercado estadounidense. Esta compañía ha crecido hasta convertirse en un gigante del sector farmacéutico con una cartera líder en medicamentos oncológicos, pero BMS también cuenta con una importante división de oncología.

La farmacéutica británica se ha fijado un ambicioso objetivo de ingresos de 80.000 millones de dólares para 2030, frente a los 58.700 millones generados el año pasado.

Tal nivel de crecimiento dependería en gran medida del mercado estadounidense, donde la compañía ya obtiene casi la mitad de sus ingresos, dice el FT.

Cierto alivio en el precio del petróleo en este inicio de semana, primer lunes de agosto. El precio del barril de brent para entrega en octubre se hunde más del 7% este lunes, hasta los 83 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

A las 7:00 horas de este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende el 7,5%, hasta los 83 dólares el barril, en el mercado de futuros de Londres. El pasado viernes, subió el 1,22%, hasta 90,12 dólares.

Este lunes, los futuros del crudo, que han cambiado de referencia a octubre, bajan con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un “ataque masivo” inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Trump hizo las declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo, y recalcó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron “cancelar” su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.

“Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz”, aseguró Trump.

El presidente estadounidense aseguró que Irán también le pidió parar el previsto ataque, el cual calificó como “el más grande desde la Segunda Guerra Mundial”.

Trump añadió que, tras hablar con Arabia Saudí, el país considera que el acuerdo “es inminente en relación con el estrecho de Ormuz y, en última instancia, con la desnuclearización de Irán”.

Asimismo, el brent cae después de que domingo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, haya decidido mantener por sexto mes consecutivo su estrategia de elevar la oferta de petróleo, poniendo desde septiembre 188.000 barriles más en el mercado, un aumento limitado por la actual dificultad de mover el crudo debido a la guerra en Oriente Medio.

El informe semanal del tiempo de pantalla se ha convertido en una pequeña bofetada de realidad para millones de usuarios. Cuatro horas diarias. Seis. Ocho. En algunos casos, cifras que rivalizan con una jornada laboral completa. Lo que hace apenas unos años era invisible hoy aparece resumido cada domingo en una notificación del móvil, alimentando una creciente preocupación por cuánto tiempo dedicamos a deslizar el dedo sobre la pantalla.

Según el informe Digital 2025, elaborado por We Are Social y Meltwater, los españoles pasan de media más de cinco horas al día conectados a internet desde cualquier dispositivo. Mientras que el smartphone concentra buena parte de ese consumo digital. La preocupación por el tiempo de pantalla ha dejado de ser un debate restringido a adolescentes y familias para convertirse en un problema transversal que afecta a estudiantes, trabajadores y adultos que buscan recuperar su capacidad de concentración.

No es que hayamos descubierto de repente que usamos demasiado el teléfono. Lo que ha cambiado es que ahora podemos medirlo. Y, sobre todo, compararlo con el tiempo que dedicamos a dormir, trabajar o relacionarnos con otras personas. Como ocurre con casi cualquier problema contemporáneo, el mercado ya ha encontrado una oportunidad de negocio: vendernos herramientas para utilizar menos las herramientas que ya hemos comprado.

La industria que quiere que mires menos la pantalla

La desconexión digital empeora respecto al año pasado: la falta de desconexión crece 16,6 puntos, frente al 65 % registrado en 2025. Según el Estudio de Bienestar y Salud Laboral en España 2026, elaborado por Edenred, más del 80 % de españoles son incapaces de desconectar del trabajo y 1 de cada 5 sigue conectado incluso en vacaciones.

Aplicaciones como Opal, Forest u One Sec prometen ayudar a resistir la tentación de abrir Instagram o TikTok. Otras convierten el autocontrol en una competición entre amigos. Incluso han aparecido smartphones diseñados específicamente para ser menos atractivos que un smartphone convencional.

La paradoja es evidente: combatir la tecnología con más tecnología. “Ahora que existe más visibilidad sobre el tiempo de uso del móvil, hay mucha más gente preocupada por reducirlo. Por eso también hay espacio para este tipo de aplicaciones”, explica Dani Martínez, fundador de Phoneless, una aplicación española que busca reducir el uso del teléfono a través de dinámicas sociales.

Martínez considera que la mayoría de las apps existentes plantean una batalla individual entre el usuario y el móvil que suele acabar perdiendo el primero. “Los teléfonos están específicamente creados para reclamar nuestra atención. Muchas veces esa lucha individual no acaba funcionando”, sostiene.

Su propuesta es diferente: convertir la desconexión en una actividad colectiva. Los usuarios pueden compartir su tiempo de pantalla con amigos, crear retos conjuntos, establecer rankings o señalar cuáles son sus aplicaciones más problemáticas, las que denominan “doom apps”. “Se basa en el concepto de social accountability. Igual que es más fácil ir al gimnasio cuando has quedado con alguien, creemos que ocurre lo mismo con los hábitos digitales”, explica.

Del bloqueo de aplicaciones al móvil “minimalista”

Si las aplicaciones ponen obstáculos al uso compulsivo del móvil, los llamados dumb phones o móviles minimalistas directamente eliminan la tentación. Es el caso de Balance Phone, una empresa que comercializa smartphones basados en dispositivos Samsung modificados con un sistema operativo propio que bloquea automáticamente redes sociales, juegos, apuestas, pornografía, plataformas de streaming y otras aplicaciones consideradas adictivas.

Sus cifras reflejan el crecimiento del sector: más de 11.000 usuarios repartidos en más de 50 países y más de dos millones de horas de pantalla ahorradas, según datos facilitados por la compañía. Su sistema operativo, además, no puede desinstalarse fácilmente, una decisión que responde precisamente a una de las principales críticas que reciben las aplicaciones tradicionales: basta con desactivarlas cuando aparece la tentación.

“Sí existe una adicción al móvil. Balance Phone nace precisamente de una experiencia personal”, afirma Albert, fundador y CEO de la empresa. “En dos años hemos visto cómo el mercado se ha expandido significativamente. Al principio eran personas interesadas en su salud digital o familias que lo regalaban como primer móvil a sus hijos. Ahora vemos perfiles muy variados”.

La filosofía del dispositivo es sencilla: conservar las herramientas útiles del smartphone y eliminar todo aquello diseñado para capturar nuestra atención. “Las aplicaciones de bloqueo dependen de la fuerza de voluntad del usuario. Balance Phone no. Es un diseño minimalista que elimina los elementos que te mantienen enganchado a la pantalla”, defiende.

¿Estamos ante una adicción o ante una obsesión por medirlo todo?

Sin embargo, no todos los expertos consideran adecuado hablar de adicción al móvil en términos clínicos. “Las dos cosas conviven: existe una mayor conciencia social sobre el uso de la tecnología, pero tenemos que diferenciar muy bien entre uso, abuso y adicción”, explica Javier Feliz, director de operaciones y psicólogo criminalista del programa terapéutico Desconect@, especializado en adolescentes con uso problemático de las nuevas tecnologías.

Feliz insiste en que el tiempo de pantalla, por sí solo, no permite determinar si existe un problema: “No es cuestión de medir cuántas horas utiliza una persona el móvil. Puedes trabajar siete horas con él y no ocurre nada. Lo importante es qué consecuencias tiene ese uso”.

En su práctica clínica analizan factores como la pérdida de control, la ansiedad, el abandono de actividades sociales o deportivas, las mentiras relacionadas con el uso del dispositivo o los síntomas de abstinencia. “El móvil nunca es el problema. Es una consecuencia de algo que está pasando”, afirma: “Detrás solemos encontrar ansiedad, depresión, autoestima baja, dificultades sociales o problemas familiares”.

Una visión similar comparte la escritora y activista Marta G. Franco, autora de Las redes son nuestras, quien recuerda que ni siquiera existe unanimidad científica sobre el concepto de adicción al móvil. “Sabemos que las aplicaciones están diseñadas para que pasemos el máximo tiempo posible en ellas, pero no estamos hablando necesariamente de un fenómeno análogo a las adicciones tradicionales”, explica.

La paradoja del tecnosolucionismo

El auge de las aplicaciones de bienestar digital responde, en opinión de Franco, a una lógica cultural mucho más profunda: la idea de que cualquier problema puede solucionarse mediante otra tecnología.

“Estamos dentro de una ideología que piensa que cada problema que tenemos se puede solucionar con una aplicación diseñada específicamente para ello”, señala. “Es lógico que aparezcan estas herramientas cuando cada vez más personas perciben que existe un problema con el uso del móvil”.

El problema, advierte, es que muchas de estas soluciones siguen operando dentro del mismo ecosistema digital que pretenden combatir. “Las apps que te obligan a esperar unos segundos antes de abrir Instagram o resolver una operación matemática no te están sacando realmente de ese modelo. Simplemente, están poniendo un parche encima”, sostiene.

Desde Desconect@ utilizan un planteamiento parecido. Para Javier Feliz, las aplicaciones pueden ser útiles como herramienta conductual, pero nunca sustituyen un trabajo más profundo sobre los hábitos digitales. “La muleta digital puede ayudar, pero no resolverá el problema por sí sola”, afirma. “Hay que preguntarse qué hay detrás: aspectos emocionales, familiares o sociales que explican esa necesidad de estar conectado”.

¿Funcionan realmente?

La respuesta corta para las fuentes consultadas es “sí, pero con matices”. Las aplicaciones de bloqueo pueden reducir el tiempo de uso, igual que los móviles minimalistas eliminan muchas de las distracciones más habituales. “El problema es que ninguna herramienta tecnológica garantiza un cambio permanente si no va acompañada de nuevas rutinas” tal y como defienden los expertos.

Incluso Albert, desde Balance Phone, reconoce que el éxito de este nuevo mercado es inseparable del diseño adictivo de las plataformas digitales actuales. “Las grandes tecnológicas no se preocupan por el bienestar de los consumidores. Su modelo de negocio depende precisamente de captar nuestra atención”.

“El objetivo debe ser que la persona deje de necesitarlas”, sostiene Javier Feliz. “Las barreras tecnológicas pueden ser un buen punto de partida, pero no pueden sustituir el aprendizaje del autocontrol”.

Martínez, fundador de Phoneless, comparte parcialmente esta idea y define su aplicación como una herramienta de transición. “La solución final probablemente sería dejar el móvil o utilizar uno mucho más limitado, pero la sociedad no está todavía en ese punto”, explica.

La visión del sector es pragmática: “pocas personas están dispuestas a renunciar completamente al smartphone, por lo que resulta necesario ofrecer soluciones intermedias que faciliten el proceso”.

“El 90% de los antibióticos se fabrican en China, Europa no produce ni un gramo de paracetamol y no hay stocks de emergencia para crisis sanitarias”. Con esta contundencia se expresaba Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, durante los primeros meses de 2020, en plena pandemia de la Covid-19, para alertar de la debilidad occidental ante los laboratorios del gigante asiático.

Su afirmación anticipaba un nuevo frente de disputa entre China y Estados Unidos que se ha convertido en realidad seis años después: el de la biotecnología. Una rama de alta tecnología decisiva para alcanzar el liderazgo global, porque el país que domine esta disciplina controlará la economía, la salud y la seguridad del siglo XXI.

La competencia entre las dos mayores economías del planeta es máxima y ya no consiste únicamente en fabricar los semiconductores más avanzados o los mejores algoritmos para la inteligencia artificial. También pasa por dominar el campo de la biotecnología, una industria que promete transformar la medicina, la agricultura, la alimentación, los materiales industriales e incluso la defensa.

En Pekín y Washington son conscientes de que quien lidere esta industria estratégica dispondrá de una ventaja decisiva en la economía mundial, comparable a la que proporcionó el petróleo en el siglo XX. Esto explica que ambas superpotencias compitan por controlar esta disciplina y convierten a la biotech en un nuevo campo de batalla. Un escenario que sugieren los últimos movimientos de la Casa Blanca en respuesta a los avances promovidos por Zhongnanhai, la sede del gobierno chino.

No es casualidad que en los últimos tiempos Estados Unidos haya incorporado la biotecnología al reducido grupo de tecnologías consideradas críticas para su seguridad nacional. Como tampoco lo es que China la sitúe entre las llamadas “nuevas fuerzas productivas de calidad”, el concepto con el que el presidente chino, Xi Jinping, pretende impulsar una economía basada en la innovación y menos dependiente de la tecnología exterior.

La cuestión para Estados Unidos y Europa es que, en apenas quince años, los laboratorios del país asiático se han convertido en los grandes protagonistas del planeta. Han pasado de desempeñar un papel secundario en la producción de medicamentos genéricos a desarrollar fármacos innovadores y a autorizar licencias de producción a multinacionales occidentales. Un cambio de paradigma propulsado por una multimillonaria financiación pública, una regulación favorable y la cooperación entre universidades, hospitales y empresas. Una suma de factores que hace que las biotecnológicas chinas desarrollen fármacos de forma más rápida y económica que sus competidoras estadounidenses y europeas.

Las cifras son contundentes. Según la Administración Nacional de Productos Médicos de China, el regulador farmacéutico del país, las empresas biotech del gigante asiático firmaron acuerdos de licencia transfronterizos por un valor récord de 60.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Además, en lo que va de año, han protagonizado el 69% del valor total de las transacciones globales en este ámbito, según el banco de inversión Jefferies.

A ello se suma, según informes del sector, que más del 70% de las sustancias farmacéuticas utilizadas en los medicamentos genéricos consumidos en Estados Unidos y Europa provienen de China y de la India, cuyos laboratorios dependen de materias primas chinas. Además, las biotecnológicas del coloso asiático protagonizan actualmente más del 30% de la cartera mundial de medicamentos innovadores en desarrollo, frente al 4% que registraban en 2014.

Estados Unidos contempla esta rápida evolución de los laboratorios chinos con creciente inquietud. En Washington preocupa especialmente que, en 2024, China ya les superara en el número de ensayos clínicos registrados y que, un año después, las compañías estadounidenses firmaran acuerdos de licencia con empresas del país asiático por un valor récord de más de 45.000 millones de dólares, frente a los 3.500 millones del año anterior.

La respuesta de Washington ha sido contundente y ha levantado unas barreras regulatorias inéditas. El Congreso estadounidense adoptó el año pasado la denominada Ley de Bioseguridad. Esta legislación tiene por objetivo cortar la cooperación y los vínculos económicos con la industria biotech china. Prohíbe a las agencias federales de Estados Unidos financiar o contratar a empresas que utilicen los servicios de firmas de esta rama de alta tecnología del gigante asiático consideradas de riesgo.

Esta iniciativa ha afectado directamente a grandes compañías chinas que venían operando como socias de grandes multinacionales estadounidenses hasta hace pocos meses. Son los casos del gigante estatal BGI Group, dedicado a la secuenciación genética, o de WuXi AppTec y WuXi Biologics, socias estratégicas de las grandes multinacionales farmacéuticas de EEUU para producir medicamentos innovadores.

La Casa Blanca también ha reforzado la protección de los datos genéticos y ha promovido incentivos para recuperar parte de la producción farmacéutica considerada esencial.

La preocupación de la Administración estadounidense tiene fundamento. Quien controle las grandes bases de datos genómicos, las plataformas de inteligencia artificial biomédica y las patentes sobre nuevos tratamientos dispondrá de una enorme ventaja competitiva durante las próximas décadas. De ahí que, para las dos superpotencias, la biotecnología se haya convertido ya en una infraestructura estratégica de primer orden.

Todo indica pues que la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos se intensificará en los próximos años. A la disputa por los chips más avanzados, la inteligencia artificial y el dominio sobre las tierras raras se suma ahora la biotecnología, incluida la investigación farmacéutica. La diferencia, sin embargo, es que este nuevo pulso no solo tendrá consecuencias económicas. También condicionará la salud, la esperanza de vida y la seguridad de sociedades enteras.

Hoy la desconfianza mutua entre China y Estados Unidos paraliza proyectos conjuntos. Mañana, estos recelos pueden convertir la salud pública en el rehén más vulnerable de una nueva guerra fría.

Coincidencia en el tiempo, acelerón estratégico del sector o ambas cosas a la vez. La mayoría de grandes bancos españoles acaba de anunciar cambios sustanciales en sus cúpulas directivas, en un momento donde sus resultados vuelven a registrar cifras récord. Lo justifican porque ha llegado el momento de cambiar el paso y, sobre todo, porque la inteligencia artificial (IA) ya está modificando su operativa y la relación con los clientes. Así lo han hecho BBVA, Santander, Sabadell, con cambios de distinto calado y en distintas áreas. También Caixabank ha anunciado un relevo en su alta dirección, pero, en este caso, ligado a la banca de inversión, un nicho de negocio centrado en los grandes patrimonios que se ha convertido en un pilar de crecimiento.

Las entidades asumen que la IA ya está cambiando su actividad, aunque no se sabe exactamente cuál va a ser su calado y de momento, al menos en España, recalcan que no prevén que suponga un recorte de plantilla.

Sin embargo, en otros mercados, eso ya está ocurriendo. Hace unas semanas, Standard Chartered (StanChart), el quinto mayor banco británico, abrió una crisis corporativa al reconocer que se plantea recortar hasta 8.000 puestos de trabajo –el 15% de su plantilla– a medida que transforma su operativa interna con la IA. Al mismo tiempo, el banco estadounidense Morgan Stanley ha señalado que, en los próximos cinco años, peligran más de 200.000 puestos de trabajo en el sector bancario por los cambios tecnológicos que van a implementarse.

“Es una evolución natural”, aseguraba este jueves el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, en la rueda de prensa de resultados del primer semestre del año. “La banca, en cinco años va a ser muy distinta a la de hoy y los que jueguen bien sus fichas van a ser los ganadores”, asumía.

En el caso de la entidad vasca, el cambio ha empezado por la alta dirección. Un día antes de desgranar al mercado su evolución en la primera mitad del ejercicio, BBVA comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la renovación de una decena de áreas de su comité de dirección, en un movimiento que conlleva hasta ocho destituciones y otros tantos nombramientos.

Un día después, su consejero delegado explicó el porqué de estos cambios, que coinciden con el segundo ejercicio de su actual plan estratégico. “Vemos que se está produciendo una disrupción enorme en el sector bancario, impulsada fundamentalmente por la IA, que es importante por tres motivos”, argumentó a los medios. Por un lado, porque “todos los empleados van a poder ser mucho más productivos”, apuntó. De hecho, aseguró que los más de 100.000 empleados de la entidad ya están usando la IA en su operativa diaria. Por otro lado, el CEO de BBVA indicó que “todos los procesos del banco van a rediseñarse en los próximos años; y, lo que es más importante, toda la interfaz del cliente va a cambiar, en lugar de pinchar y pinchar, van a poder hablar”, con la aplicación.

“Queríamos aportar una nueva energía”, añadió sobre los cambios en la cúpula directiva. “Es un ciclo de renovación que se tiene que producir de vez en cuando y porque tenemos una cartera de talento en todos los niveles del banco. Combinar todo eso, la transformación, el talento, nos parece lo correcto”.

Genç ahondó en que “algunas capas” de la organización se han reestructurado con este cambio. También, que con la IA no solo van a cambiar los perfiles tecnológicos de la entidad, sino todos en su conjunto. Sin embargo, reconoció que aún es pronto para prever el impacto económico de esta reorganización. “Aún no lo sabemos, es pronto, pero es una transformación de gran calado, vemos un aumento de la productividad. Por ejemplo, en desarrollo de código, con un aumento de la productividad del 15%”.

Cambios en el organigrama ligados a la IA y al negocio comercial

A finales de mayo, BBVA ya anunció la creación de un área global de IA dentro del banco para “industrializar el despliegue de agentes inteligentes”. Es un movimiento similar al que ha hecho ahora Banco Sabadell, que acaba de anunciar una nueva estructura organizativa con el objetivo de acelerar la transformación de la entidad, simplificar su organización y reforzar su modelo de relación directa con los clientes.

Uno de los ejes clave de ese cambio es la creación de un área de Transformación Corporativa e Inteligencia Artificial, integrada en la Dirección de Estrategia. La meta, según ha explicado el banco catalán, es “dar un impulso adicional al despliegue de la inteligencia artificial en toda la organización”.

Al margen de estar reorganizaciones de las entidades ligadas a la IA, también están cambiando su estructura en determinados negocios y divisiones. Así, Santander modificó durante la primera mitad del año la estructura directiva de sus áreas de consumo y de banca comercial, además de sus filiales en Reino Unido y Brasil. Respecto a esta última, este viernes ha lanzado una oferta de compra (OPA) por valor de 1.900 millones de euros para hacerse con la propiedad del 10% que no controla de esta filial.

En paralelo, Caixabank ha anunciado esta semana cambios en la dirección de los negocios de Wealth Management y CaixaBank Asset Management, que considera “estratégicos” por su “papel clave en el asesoramiento y la gestión de los clientes de banca privada, patrimonial e institucional”.

Precisamente, la entidad participada por el Estado en un 18%, destacó en su presentación de resultados que está aumentando la plantilla, en cerca de 1.000 personas, “la mitad para reforzar las oficinas”. “Hemos contratado a más gente porque nuestros clientes quieren ver personas”, reconoció a los medios su consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

Cuando hablamos de élites solemos pensar en grandes fortunas, consejos de administración o reuniones discretas entre personas poderosas. Andrés Villena (Elche, 1980) invita a mirar más allá. Este profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid sostiene que no funcionan como una conspiración, sino a través de redes estables de confianza e influencia tejidas durante décadas entre grandes empresas, Administración, judicatura, universidades, fundaciones y medios de comunicación que sobreviven a gobiernos, crisis y cambios políticos. En el libro Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939 (Libros del KO), dibuja cómo se construyen esas relaciones y, en esta conversación, analiza por qué esas estructuras han cambiado mucho menos de lo que parece desde el franquismo, cómo condicionan la política y la economía, y hasta qué punto la meritocracia y el ascensor social son más una excepción que la norma. Villena escribe en la sección de opinión de elDiario.es.

¿Por qué las élites tienen hoy una connotación tan negativa?

Elites viene de “elegidos”, para dirigir el mundo o, por ejemplo, para dirigir un país. En este contexto, en el que tenemos crisis financieras recurrentes, pandemias y un escenario de incremento de las desigualdades absolutamente disfuncional, buscamos culpables.

Hay economistas que defienden que son necesarias para que una sociedad prospere. Argumentan que, en un determinado momento, crean valor. Figuras como Rockefeller, Stanford o Carnegie industrializaron Estados Unidos con el petróleo, el ferrocarril o el acero. O, más recientemente, todo el ecosistema que ha creado Tesla es muy interesante, más allá del personaje de Elon Musk. ¿Cree que las élites crean valor también para la sociedad o que son puramente extractivas?

Habría que hacer esa diferencia entre lo extractivo y lo funcional. Todos necesitamos liderazgo e imágenes que imitar. Cuando surge un presidente negro como Barack Obama está dando un mensaje importante, o cuando surge un tenista en España como Rafael Nadal o un tipo como Miguel Induráin. Son personas extraordinarias que sobresalen, bien por genética, bien por el contexto en el que se han formado. El problema es cuando ese liderazgo se estanca y, por ejemplo, en el caso español, nuestra economía financiera dedica más tiempo a ganar dinero que a producir valor. A partir de ese momento, las élites se convierten en extractivas y en un freno para el progreso. Pero es imposible vivir sin élites. En el propio 15-M se formaron liderazgos. No podemos aspirar a una sociedad sin diferencias, pero tenemos que cuidar la igualdad de oportunidades.

En nuestro país seguimos siendo diferentes y hablamos de unas élites absolutamente irresponsables. Siempre hemos tenido élites, pero ¿hasta qué punto son élites patrióticas? Durante el franquismo, en el año 56, apareció un tipo como Falciani. El caso Falciani ya se dio en el año 56 o 57 con otro suizo que se llamaba Laurent Rivara, un agente de la actual UBS, que vino a España con una carpeta con centenares de familias defraudadoras que ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Y, bueno, los apellidos son los de siempre. Los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera, o bien lo habían sacado durante la guerra y no lo habían metido. Las propias élites económicas no se creían el país y tenían ese carácter claramente extractivo. Es curioso porque años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias. Eso indica que, además, la cosa no cambia demasiado.

En nuestro país las élites son absolutamente irresponsables. Ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Los apellidos son los de siempre: los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera. (...) Años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias

Quizá el problema no es que existan, sino su falta de renovación. Volviendo al caso de Estados Unidos, esos tres apellidos que decía antes son muy importantes, pero ahora, por ejemplo, los apellidos de las élites son otros: Elon Musk, Bezos, Bill Gates, Zuckerberg... En España, en cambio, son los mismos desde hace décadas. ¿Por qué desde 1939 las instituciones que sostienen el poder económico han cambiado mucho menos de lo que parece? ¿A qué atribuyes este gatopardismo?

En España las familias y los apellidos siguen siendo muy importantes. Puede ser un carácter particular del capitalismo español, a diferencia del norteamericano, que es un capitalismo que nace y progresa sin aristocracia. Por eso los J. P. Morgan se llamaban Morgan I, Morgan II, porque no eran apellidos nobles. La nobleza tira a través de redes educativas, de pactos, de matrimonios, y eso les permite mantenerse. Fíjate, por ejemplo, en el matrimonio del alcalde de Madrid. ¡Qué casualidad! Un abogado del Estado, de una familia que está entrecruzada con la monarquía, se casa con una Urquijo veinte años menor. Nadie puede decir que eso sea un matrimonio planificado, pero socialmente sí está mediado. Este tipo de cruces o de parejas ocurren en todos los puntos de la élite, porque todos se conocen en clubes y en lugares exclusivos. Y eso contribuye a mantener el poder político y el poder económico. A lo mejor en Estados Unidos hay una capilaridad más fuerte y una cultura de la inmigración diferente. Pero, bueno, aquí entra Blackstone, que es un fondo de inversión que compra muchos pisos, y el delegado en España es Claudio Boada, hijo del que fue presidente del Instituto Nacional de Industria con Franco.

¿Qué es lo que cohesiona a las élites en España? ¿No funciona entonces el ascensor social ni la meritocracia?

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces. Luego hay otros elementos de cohesión sobre los que a veces se pasa por encima, como son las fundaciones y las patronales empresariales. Son lugares para coordinar estrategias o para ayudar de forma caritativa, pero también para conocerse. Y cuando te vas al patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción te encuentras a Isidro Fainé, a Florentino Pérez... Ese tipo de articulaciones de la élite no es casual.

Entonces, ¿funciona el ascensor social y la meritocracia en España? Difícilmente. No sé si esto se debe al carácter relativamente atrasado del capitalismo español en relación con otros países, a los cuarenta años de autoritarismo, a la influencia de la Iglesia... Es verdad que en otros países también hay familias que están donde tienen que estar, como en Inglaterra o en Francia; hay dinámicas parecidas. Pero en España parece que se mantienen en mayor medida porque aquí no tuvieron que convertirse a las democracias occidentales en 1945. Al final, allí también esas élites tuvieron que aceptar una cierta redistribución de la riqueza. Eso, sumado, por ejemplo, al comportamiento que tiene ahora mismo el aparato judicial, que responde a unas políticas con las que no está de acuerdo —territoriales o sociales—, sí que nos hace pensar que estas élites tienen una cierta continuidad.

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces

¿Crees que hay lawfare?

No sé si podría contestar como un experto. No me parece igual el caso de Ábalos, por ejemplo, que el caso de Begoña o el de David Sánchez, que es un músico de San Petersburgo. Me parecen casos marcadamente distintos. Pero sí que, si te vas a cuando Aznar dijo aquello de “el que pueda hacer, que haga”, unos días después hubo una nota de prensa, una declaración de los altos funcionarios del Estado, a través de una federación que se llama FEDECA, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, en la que decían que el Estado de derecho, tal y como se entendía, estaba en peligro. La política, el alto funcionariado, incluyendo no solo jueces, sino también directores de la Policía, altos mandos de la Guardia Civil, abogados del Estado, técnicos comerciales..., se movilizaron en julio de 2023, cuando supieron que Sánchez pactaba con Junts. Y en esa nota de prensa, cuando ves los pronunciamientos de los líderes de las asociaciones funcionariales, ves a una líder de los inspectores de Hacienda que se apellida Piñar; ves a un líder de los interventores de ayuntamientos que se apellida Queipo de Llano.

Entonces, eso de “el que pueda hacer, que haga” es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean.

El que pueda hacer, que haga” [de Aznar] es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean

¿Qué papel juegan los casos de corrupción, tanto de corruptos como de corruptores, que han salpicado históricamente a los dos grandes partidos del poder en España en este mapa que tú dibujas? Desde el caso Filesa, el caso Gürtel, la Kitchen o Ábalos...

El caso Filesa, de la etapa de Felipe González, que ahora parece que defiende absolutamente la limpieza democrática, es un caso curioso porque González llega al poder con siete bancos muy potentes y pacta con ellos. Intercambia personal, de los bancos al Estado y del Estado a los bancos; renuncia a las nacionalizaciones e intercambia consejeros. Era una forma de matrimonio con el poder financiero, el verdadero poder de entonces. Y Filesa no era más que una trama de financiación irregular del partido en la que participaban buena parte de los bancos: el Central Hispano, el Santander, el Bilbao, el Vizcaya..., que ahora forman el oligopolio.

El poder político se organiza siempre pensando en el económico. Buena parte de las tramas que se le están echando encima al Partido Socialista ahora mismo tienen detrás a la SEPI. La SEPI es la palanca financiera estatal en las empresas públicas. Sánchez ha sido mucho más agresivo que Zapatero a la hora de penetrar en las empresas públicas. En Telefónica ha entrado con un 10%; estaba intentando una fusión entre Indra y otra empresa... No es raro que haya una relación entre esos intentos de controlar el aparato público y este tipo de tramas. Aznar metió la mano mucho más rápido en las empresas públicas porque vendió los últimos paquetes y nombró a los presidentes. No hay poder que se organice al margen de la élite corporativa y, mientras puedan, van a intentarlo. La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez. Ahí tenemos territorio, capital y Gobierno. Aunque organizarte no quiere decir que te vayas a corromper. En la etapa de González, durante catorce años, ese tipo de articulaciones les llevó a hacer auténticas barbaridades, que dejan a las actuales como una broma. Filesa fue solo una más. También está el caso Ibercorp. El Banco de España era la élite intelectual de González, que se había puesto a especular con información privilegiada. Es uno de los casos más notorios.

La tentación de pensar que controlas todo el poder puede estar muy relacionada con la comisión de delitos. Lo que sorprende es el caso Ábalos, que parecía una cosa montada casi desde el principio, y sorprende.

La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez

Dices en tu libro: “La narrativa dominante oculta la irracionalidad de las principales operaciones económicas y medidas políticas en España, provocando un expolio de recursos y una especialización productiva perjudicial”. También hablas de déficit democrático. ¿Puedes poner algún ejemplo?

En el momento en que se produce la crisis financiera, en 2008, cuando ya se les pasa a los gobernantes la idea de que el sistema financiero español es el más fuerte del mundo y el más saneado, se empieza a pensar que las cajas de ahorro ya no se sostienen, que hay que darles una serie de avales. Los niveles de deuda pública son excesivos, hay que poner en marcha planes de austeridad, pero, detrás de todo eso, la banca y las cajas, o la banca al final, de manera indirecta, recibieron mucho dinero barato. Buena parte del cual no han devuelto. A eso me refiero con el expolio. Se pueden comprobar casos continuos en los que la narrativa sirve para que no nos rebelemos, para que haya cosas que veamos como naturales, pero, cuando las estudias profundamente, no lo son. La explotación de gas de Castor, por ejemplo, de Florentino Pérez, fue una forma de ganar dinero de manera subvencionada. Se le podía dar una narrativa: convenía la innovación, pero al final son formas de expolio discretas, bien hechas.

En 1977, que era un momento en el que la lucha capital-trabajo se estaba decantando por el factor trabajo, con sindicatos cada vez más fuertes y con niveles que todavía rozaban el pleno empleo, había que llegar a unos pactos de moderación salarial porque, si no, la inflación se nos iba. Siempre hay algún problema racional: la inflación no se puede disparar, no se puede subir a determinados niveles porque, si no, España se convierte en Argentina... Lo que había detrás era un propósito de moderación salarial que pudo salir bien, pero al final es una cesión que obedece a una narrativa de que no queremos entrar en hiperinflación.

En la etapa de la crisis de la deuda pública no queríamos quebrar. En la etapa en la que surge la nueva política con Podemos, en la mayoría de los ayuntamientos, no podemos precipitarnos a otra guerra civil, a romper con los pactos constitucionales... Siempre hay detrás unos intereses que no se pueden trascender, que no se pueden tocar. No sé qué intereses ha tocado el Gobierno actual para que esté la cosa tan mal, que se le acusa hasta de ser un dictador venezolano.

Ahora, por ejemplo, identificas una tendencia creciente hacia la privatización de ámbitos como la sanidad, la educación o las pensiones. ¿Existe una estrategia deliberada y un trabajo activo de estas élites para avanzar en este sentido?

Le quiero dedicar el próximo libro a eso. Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración de ese proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia. Sobre todo, en la Comunidad de Madrid, en la medida en que tú favoreces la entrada de un público que es diferente... Se están construyendo hospitales exclusivamente privados para ese tipo de personas, pero es que, además, como dice el profesor Arenas, el Estado es un cofre de dinero para estos sectores, que ganan dinero sin riesgo. El caso de Quirón, por ejemplo. Al final te vas al número dos de la Fundación Quirón y te das cuenta de que es Mauricio Casals. No hay una conspiración en ningún caso, pero hay una conformación que los lleva a estar de acuerdo en muchas de las cosas que pasan. Entonces, sí que hay un dinero seguro, a través de la Administración, para las élites privadas y yo creo que en España sí que se han acostumbrado mucho al subsidio, a lo que ellos llaman “la paguita”.

En Estados Unidos, el rescate de los grandes bancos que estaban a punto de quebrar en 2008 se hizo a cuenta de unos préstamos que ya se han devuelto. El capitalismo allí, a lo mejor, funciona y aquí está visto como muy ligado al concepto de subvención. En la Comunidad de Madrid, el capitalismo clientelar de favores juega con un nuevo modelo de vivienda, de educación y de sanidad que marcha con el cambio de preferencias en el electorado.

Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración del proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia, sobre todo, en la Comunidad de Madrid

Has citado a Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia y La Razón, del Grupo Planeta. En todo este entramado que describes, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? ¿Actúan como un actor independiente o como una herramienta de agenda para proteger determinados intereses?

En todos los medios de comunicación hay redacciones de periodistas que creen en su profesión y prefieren ser sancionados o despedidos antes que dejar de contar una historia que consideran cierta. Los medios de comunicación no están habitados por zombis que obedecen a la propiedad al cien por cien. Pero es verdad que, si esos medios reciben unos niveles de publicidad institucional elevados y la retirada de esa publicidad institucional puede suponer la desaparición de puestos de trabajo, se ven muy presionados. La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. Cuanto más precario es tu contrato, más dependencia tienes de lo que te pidan, porque más miedo tienes. Prisa tiene una deuda muy grande y esa deuda la tiene que amortizar, por ejemplo. O el caso de Planeta y los acuerdos implícitos que parece tener con el Partido Popular por la universidad que tiene en la Comunidad de Madrid [UNIE Universidad], con los que habrá también una cierta convergencia ideológica, más allá de lo económico.

Desde hace mucho tiempo, los presentadores de los principales medios tienen a Pedro Sánchez casi como un líder autoritario. Ahí puede haber también convencimiento por parte de los creadores de opinión. Y luego está toda esa red de publicidad institucional, que es muy difícil de demostrar, porque no es que la Comunidad de Madrid te meta dinero a ti. Eso sí se puede ver. Otra cosa es cómo la Comunidad de Madrid habla con una gran empresa para que esa empresa te meta dinero a ti. Eso es incomprobable. Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con esa cultura del subsidio y de la ayuda.

La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. (...) Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con la cultura del subsidio y de la ayuda

¿Tu caso forma parte de esto? Tu libro estaba programado para salir con el Grupo Planeta, pero al final no fue así. ¿Se debe a que cruzaste alguna línea roja?

Yo no tuve problemas con la gente que trabajaba conmigo. El problema creo que trascendía a la Editorial Ariel y que debió de ser alguien del Grupo Planeta, efectivamente. Pero, como no quisieron dar ninguna explicación, la imaginación es libre. Es un grupo tan posicionado ahora mismo que este tipo de mensajes, a lo mejor, no les interesaba, pero trabajamos quince meses juntos. Ya podían haber dicho algo.

Me ha llamado la atención tu tesis de que la tecnocracia económica se reproduce de forma idéntica, incluso en los gobiernos de izquierdas. Y trazas una línea sobre Carlos Cuerpo. Dices que emana de Nadia Calviño, que viene de Pedro Solbes, discípulo de Alberto Ullastres, tecnócrata del Opus Dei en el franquismo. ¿De verdad no hay diferencias? ¿Están los ministerios de Economía y de Hacienda blindados en este sentido para que no haya diferencias en la aplicación de políticas distintas?

Sí, hay diferencias. Ullastres, por cierto, era discípulo de un catedrático de Economía que había sido nazi, se había salido del partido, había emigrado a España y le habían dado una cátedra en la facultad. Carlos Cuerpo y Nadia Calviño responden a las demandas de un electorado diferente, a un Gobierno diferente, porque ahí hay unos ministros de Podemos y Sumar que están presionando, unas circunstancias como la pandemia y la inflación, en las que la Unión Europea ha dicho que la pandemia no es la crisis anterior y que hay que hacer política fiscal y monetaria expansiva. Eso, durante buena parte de la crisis financiera, no pasó. Y al Gobierno de Sánchez se le permite porque, además, es como la oveja negra europea que se mete con Trump y compañía. Ha tenido muchos grados de libertad.

Entonces, Cuerpo, y Calviño también, seguramente por presiones electorales, han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, no dejan de ser un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía, un enfoque económico que los lleva a ser austeros, como austeros eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes. Si el tecnócrata es inteligente, se va a saber adaptar. Y tiene que responder a los intereses electorales del Gobierno en el que está. No puede ser tan sumamente rígido. Las cosas cambian, y a ese cambio lo llamamos democracia, que consiste en gobernar para grupos de gente cambiantes. Creo que Cuerpo tiene una cosa buena. Nadia Calviño es hija de un antiguo presidente de Radiotelevisión Española, un hombre con mucha influencia en el PSOE. Pero Cuerpo es nieto de un minero. Eso indica que hay cambios en esa élite burocrática y que empieza a entrar gente normal. Pero no deja de ser gente que está sometida o ligada a un cuerpo burocrático que tiene una lógica interna, que quiere hacer carrera europea. Yo no me imagino a Cuerpo como vicepresidente de Endesa. Me lo imagino con el sueño de ser consejero del Banco Central Europeo. O sea, un tipo con un compromiso con el sector público bastante fuerte. Igual que Calviño.

Cuerpo, y Calviño también han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía que les lleva a ser austeros como lo eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes

El fracaso de movimientos que surgieron hace más de una década, algunos al calor del 15M, como Podemos, o en su momento Ciudadanos, que salieron para alterar el statu quo, ¿es un éxito de las élites?

No sé si se podría llamar fracaso. Si es verdad que el objetivo era asaltar los cielos, desde luego han fracasado. Iglesias acabó siendo vicepresidente de las ayudas sociales de un sistema que quería asaltar. Creo que toda élite o toda estructura de poder tiene que absorber al rival. Hay un libro en México que estudia que el PRI gobernó durante setenta y cinco años seguidos porque iba absorbiendo a los movimientos indígenas, les iba dando una secretaría de Estado. Y Sánchez, cuando pacta con Podemos, el partido ya estaba muy mermado porque le habían caído ochenta mil bombas estatales, mediáticas, etcétera. Pero le dio una serie de ministerios de carácter social, con poco presupuesto. Darle el Ministerio de Consumo a un comunista parece una ironía. En cierto modo, pudieron quedar bastante neutralizados. No obstante, le echaron valor para hacer política por primera vez. Iglesias es un empresario de la comunicación política, que solo dejó de ser empresario durante dos años. Pero el Estado es muy pesado; las reuniones y las jornadas son muy largas... Intentaron hacer algo, pero quedaron absorbidos. Y, claro, cuando te pagan un puesto de trabajo, la profesionalización cambia tu política; al revolucionario lo modera. Y además crea unas situaciones de asesores, de diputados que están a sueldo... El sistema es sabio y te absorbe. No quiero decir que ellos traicionen, pero es un aparato burocrático muy complejo. ¿Cómo hacen para vencerlo? A través de asambleas o, peor, vídeos cortos o tuits. Se lo han echado en cara a Rufián recientemente. Y es verdad que Rufián es muy brillante para algunas cosas, pero habría que verlo dentro de la Administración. Esto es muy complicado.

¿A dónde encasillas a Vox?

Es un regreso del viejo Estado. Cuando tú ves el apellido de Espinosa de los Monteros, estos iban a las monterías con el rey para protegerle, para que no le pasara nada. Son familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía, del viejo Estado. El tío bisabuelo de Espinosa de los Monteros era el asesor de Franco en el encuentro con la Alemania nazi en Hendaya, aunque luego lo defenestraron porque se enfrentó a Serrano Suñer. Yo creo que, ante la amenaza territorial, que les preocupa mucho, ha surgido una nueva fuerza que, de alguna manera, se ha hecho con el espacio que ocupaba temporalmente Ciudadanos. Y que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”, sin saber muy bien cuál era ese pasado, en realidad. Pero, paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema. No deja de ser el conservadurismo católico de toda la vida, donde hay altos funcionarios, jueces, abogados del Estado...

También están viviendo un proceso de purga, como en Podemos. El desgaste ha hecho que Abascal se vaya cargando distintas facciones del movimiento, como la de Espinosa de los Monteros, por ejemplo. Un grupo de leales está viviendo ese desgaste de otra manera, pero lo están viviendo también.

Vox es un regreso del viejo Estado, familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía (...) que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”. Paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema

A pesar de todo lo que relatas en el libro, concluyes con una nota de optimismo, recordando que la Transición no fue solo cosa de despachos, sino también de la presión vecinal, feminista y sindical. ¿Tienes alguna receta o sugerencia para cambiar ahora estas estructuras reales de poder que has dibujado?

Si llegamos a tener en el pasado un ministro como Ernest Lluch, que universalizó la sanidad, eso quiere decir que había una serie de fuerzas y de personajes que se atrevieron, en etapas como los setenta, pero también en los cuarenta y los cincuenta, cuando salir a protestar podía suponer tu muerte o torturas recurrentes, una ficha policial que te arruinara la carrera... Esa organización y esa energía las seguimos teniendo. Que el 15M no lograra una subversión total del sistema no quiere decir que no se pueda. Pero yo creo que, si prestamos atención no solo a quien domina, sino también a las personas que jugaron su papel en la Transición y en etapas previas, que eran incluso más difíciles para cambiar las cosas, encontraríamos grandes inspiraciones. Un ejemplo es el movimiento feminista, o las políticas públicas del PSOE en los noventa para concienciar a la gente. Recuerdo un anuncio en el que había un hombre que ayudaba a una mujer con las bolsas. Eso ahora mismo es casi una coña: el movimiento feminista ha llegado a tal punto que ha provocado una reacción violenta del sistema, pero es porque, cuando la gente se organiza y toma conciencia, lo personal pasa a ser político.

De hecho, buena parte de esta reacción autoritaria responde al miedo que tienen al cambio. Y, si hay algo que tienen las élites, es miedo a perder lo que tienen. Yo creo que esa esperanza está ahí. Lo que pasa es que quizá estamos en una etapa en la que es difícil verla, porque casi todas las noticias son muy negativas.