Un electroshock positivo. La guerra en Irán que asfixia el suministro de combustibles fósiles ha hecho más evidente que transformar el transporte, las calefacciones o la industria en eléctricos puede salvar el planeta del colapso climático y cortar la sed de petróleo que atenaza periódicamente a Europa y España.

“El mundo no ha vivido nunca una disrupción del suministro energético de esta magnitud”, ha dicho recientemente el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. En una entrevista en Le Figaro, ha afirmado que la actual crisis petrolera causada por los ataques de EEUU e Israel sobre Irán “es más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”.

Un 66% de los productos petrolíferos consumidos en Europa se dedican al transporte, según la Agencia Internacional de la Energía. España no se escapa de esta tendencia: solo entre gasolina, gasóleo y queroseno para aviones se comen el 60%. “En 2025 el consumo de productos petrolíferos alcanza 60,17 millones de toneladas y aumenta un 1,4% respecto a 2024, siendo el mayor consumo desde 2011”, explica la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

Al mismo tiempo, el transporte que consume el petróleo que debe importarse es “el único sector en el que las emisiones de CO₂ siguen siendo superiores a las de 1990. Es responsable de casi el 30% de las emisiones de la UE”. Tres cuartas partes de ese gas provienen del transporte por carretera (el que usa gasolina y diésel).

De hecho, en España no solo es el principal emisor de CO₂ del país, sino que está creciendo “debido principalmente al aumento de las emisiones del transporte por carretera”, expone el Inventario Nacional, aunque la navegación (5%) y la aviación (7%) nacionales también incrementaron sus emisiones en 2024.

Con esta situación, “el transporte sigue siendo el principal problema climático de Europa”, describe el último informe de la organización Transport&Environment (T&E). En 2025, las emisiones de gases del sector en general se estancaron. Las de los coches se estabilizaron y las de la aviación crecieron.

“Mientras que las emisiones de automóviles se estancan en los países rezagados, el elefante en la habitación es el crecimiento en las de la aviación que anulan las ganancias en otros campos”, concluye el análisis.

Hay dos caminos para Europa, que no produce petróleo, capitular o acelerar la energía verde. Seguir siendo dependiente de las importaciones de petróleo y gas y pagando cualquiera que sea el precio que ponga el mercado o apostar por una energía verde y autóctona

William Todts — Director ejecutivo de Transport&Environment

El director ejecutivo de T&E, William Todts, lo tiene claro: “Hay dos caminos para Europa, que no produce petróleo, capitular o acelerar la energía verde”. Lo primero implica “seguir siendo dependiente de las importaciones de petróleo y gas y pagando cualquiera que sea el precio que ponga el mercado”. Lo segundo “apostar por una energía verde y autóctona”.

El déjà vu de la crisis del petróleo

“El transporte es uno de los sectores que más contribuye a la crisis climática y uno de los que más está costando descarbonizar”, cuenta el coordinador del área de movilidad en Ecologistas en Acción, Pablo Muñoz. “Y, además de las dificultades para la electrificación, en los últimos años se constata una intensificación acelerada de la movilidad, tanto de mercancías como de personas, a todos los niveles”. Y, de momento, esa movilidad se basa en combustibles fósiles.

Para cortar ese circuito nefasto de miles de millones de euros que une los combustibles fósiles y los efectos devastadores de la crisis del clima, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé una electrificación general de la economía del 35% para 2030. El actual nivel de electrificación en España está en el 24%, según Eurostat.

Esto significa que un tercio de la energía que se utilice en España (desde los edificios a los coches pasando por las fábricas) sea a base de electricidad, no de quemar combustibles. Y que esa electricidad se genere de manera limpia. La Agencia Internacional de la Energía considera que los países desarrollados (como España) tendrían que alcanzar un 40% en ese 2030.

Red Eléctrica dice que el sector del transporte es “donde hay un mayor potencial de descarbonización basado en la electrificación masiva”. En otras palabras, la electrificación es actualmente pobre, ya que está en el 5% mientras que la industria ronda el 30% y los edificios entre el 40% y el 45%.

El PNIEC baraja como principales herramientas el uso de combustibles alternativos y la extensión del coche eléctrico. Plantea llegar a los 5,5 millones de vehículos para 2030 (el 18% del parque) cuando ahora rondan los 600.000 (entre 1,5% y el 2% del total).

Existe el riesgo de crear la ilusión de que es posible un sistema de transporte ecológico al margen de la drástica reducción de la movilidad, de la reorganización urbanística, de la relocalización de la economía y de la preeminencia del transporte público y del no motorizado

Pablo Muñoz — Coordinador del ára de movilidad en Ecologistas en Acción

“Países con ventas altas de vehículos eléctricos han visto fuertes reducciones en sus niveles de emisiones de carbono, pero han sido contrarrestadas por el incremento en países como España donde esas ventas son todavía demasiado bajas”, puntualiza Todts.

Pablo Muñoz contrapone que, si bien es cierto que el coche eléctrico “emite menos gases de efecto invernadero y contribuye a mejorar la calidad del aire, existe el riesgo de crear la ilusión de que es posible un sistema de transporte ecológico al margen de la drástica reducción de la movilidad, de la reorganización urbanística, de la relocalización de la economía y de la preeminencia del transporte público y del no motorizado”.

Según su análisis, descarbonizar el transporte pasaría por “un modelo en el que las formas de desplazamiento activo y transporte colectivo con cero emisiones y basado en energías renovables sean la prioridad. El papel del vehículo privado motorizado debe ser mínimo”. En resumen: no puede simplemente cambiarse el parque de vehículos de combustión por el mismo número de eléctricos porque “no resolvería el consumo de recursos, la ocupación del espacio público o los accidentes”.

Mientras, el estrangulamiento en el estrecho de Ormuz sigue ahogando el tránsito de gas y petróleo. “Tengo una sensación de déjà vu. De que ya hemos estado aquí antes”, ha descrito el director de T&E. Ciertamente, episodios parecidos golpean recurrentemente a Europa: la guerra en Ucrania en 2022, la primavera árabe en Libia en 2011, la primera guerra del golfo en 1990, la revolución iraní y la consiguiente guerra con Irak (1978-1981) o el corte de suministro de la OPEP a occidente por la guerra del Yom Kipur (1973). En todas estas crisis, el petróleo se restringió y los combustibles –la materia prima de las emisiones de gases invernadero– dispararon su precio.

Porque al final, “el dinero de los europeos va a los bolsillos de la industria petrolera”, remata Todts que ha calculado que estas compañías sacarán de Europa “30.000 millones de euros más de beneficios por la guerra”.

España, que lleva décadas con altas bonificaciones del uso de combustibles fósiles a pesar de las advertencias continuadas para que rebaje unas subvenciones dañinas para el medio ambiente, ha vuelto a darles un empujón de dinero público para contener la subida de precios derivada de la guerra en Irán.

A estas ayudas y bonificaciones se las considera apoyos antiecológicos porque los combustibles fósiles, de los que derivan el gasóleo y la gasolina, además de contaminar el aire que respiramos, son los causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Se da la circunstancia de que el transporte por carretera es, precisamente, el sector que más CO₂ lanza en España, según los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica.

La cuestión es que España está a la cola —y desde hace mucho— en la lista de impuestos verdes (los diseñados para defender el medio ambiente) en la Unión Europea. Por un lado, está lejos de la media europea que supera el 2% del PIB mientras que aquí se quedaron en el 1,61% en 2024, según los últimos datos de Eurostat. Además, en la última década, se ha bajado porcentualmente desde el 1,9% registrado en 2015. Con todo, los últimos dos cursos se ha recuperado algo de terreno tras una fuerte caída en 2022 y 2023, años en los que esos tributos rondaron el 1,5% del PIB, muy relacionado con la guerra en Ucrania.

Países con mejor nivel hay muchos: Grecia, Croacia, Polonia, Países Bajos, Italia, Estonia, Lituania, Rumanía, Finlandia o Dinamarca están por encima de la media de la UE. Por debajo de España solo se encuentran Suecia, República Checa, Malta, Irlanda o Luxemburgo.

Porque, de hecho, la mayoría de esos impuestos en España vienen de la energía. Si el ataque de Rusia a Ucrania causó un incremento del precio del gas y los carburantes (que recibieron una subvención extra), la guerra desatada por EEUU e Israel en Irán ha provocado una crisis similar.

Y, al final, los combustibles fósiles casi siempre ganan. La crisis en Oriente Medio —que ha hecho patente el peligro de seguir dependiendo del gas y el petróleo— ha llevado a una nueva ayuda al consumo de estos productos.

El decreto del Plan Integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio convalidado este jueves bonifica, más, el gasóleo y también la gasolina. Con esta rebaja del precio de los carburantes se controla o alivia la temida inflación. También evidencia el enganche que todavía persiste con el petróleo, al menos para transportarse, y sus consecuencias: el coste de la vida subió al 3,3% en marzo pasado, principalmente, por el encarecimiento de los carburantes.

La bonificación generalizada a los combustibles fósiles es regresiva e incompatible con la descarbonización. Son muy costosas para las arcas públicas, benefician proporcionalmente más a las rentas altas

Mikel González-Eguino — Investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3

“La bonificación generalizada a los combustibles fósiles es regresiva e incompatible con la descarbonización”, explica el investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3 Mikel González-Eguino. Experto en fiscalidad verde, González-Eguino cuenta a elDiario.es que, “aunque el plan presentado en su conjunto es positivo, después de lo visto en 2022 podría haberse aguantado más con los combustibles”.

“Medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro aplicadas en 2022 o las bajadas del IVA son muy costosas para las arcas públicas, benefician proporcionalmente más a las rentas altas —insiste el investigador— y no incentivan la transición energética y la electrificación”. En todo caso, su análisis apuesta por que las ayudas vayan al precio de la electricidad.

Avisos desde hace más de una década

A España le han llegado las dos últimas crisis energéticas con los impuestos medioambientales (entre los que están los de los combustibles fósiles) sin ponerse al nivel que se les requería. No por falta de tiempo: ya en 2011, el Consejo Europeo recomendaba a España que desplazara la presión fiscal sobre el trabajo y optara por gravar el consumo y por los impuestos medioambientales.

En 2015, el Informe sobre Resultados Medioambientales de la OCDE referido a España subrayaba que “los ingresos por impuestos medioambientales están entre los más bajos de los miembros de la Unión Europea”. Es más, llegaba a indicar que “los ingresos de estos impuestos han disminuido ininterrumpidamente desde 2007”. Debido a los tipos impositivos más bajos, “los precios finales del diésel siguen siendo inferiores a los de la gasolina, a pesar de su mayor impacto ambiental”.

Su recomendación hace más de una década era “el aumento del impuesto aplicable al diésel para el transporte, como mínimo al mismo nivel del impuesto sobre las gasolinas.”

En 2017 la Comisión Europea emitía un análisis sobre la aplicación de la normativa ambiental en la Unión Europea y decía: “España es uno de los Estados miembros que más uso hace de las subvenciones a los combustibles fósiles”. La diferencia de impuestos entre la gasolina y el gasoil “no está justificada desde una perspectiva medioambiental”. Se insistía en que era necesaria “una estrategia nacional para la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente”. Aunque la diferencia entre el impuesto al diésel y la gasolina se ha acortado, sigue en un 20%.

A la luz de la evolución de los datos, el nivel de los tributos verdes en España ha parecido algo intocable. Al llegar el shock de precios generado por el bloqueo del tránsito petrolero en el estrecho de Ormuz, las ayudas se suman.

“Si tuviéramos tipos impositivos más altos para los combustibles fósiles, como nos ha pedido la Comisión Europea desde hace mucho tiempo, habría margen para manejarse en una crisis”, reflexiona Mikel González-Eguino. “Y además serían la señal más potente para electrificarse o pasarse al transporte público”, concluye.

El Ártico, donde se eleva Groenlandia, ya vuelve a derretirse tras acumular menos hielo que nunca durante los meses invernales. El calentamiento global provocado por los humanos no descansa.

Desde el 15 de marzo, la superficie del mar Ártico con, al menos, un 15% de hielo no para de bajar. La curva que mide la extensión de océano helado tocó techo esa jornada con 14.286 km², según el Centro de la Nieve y el Hielo de EEUU (NSDIC) y lleva nueve días seguidos de descenso. Cuando los datos preliminares se consoliden, 2026 se convertirá en el año en el que el océano Glacial Ártico haya alcanzado su máximo anual más exiguo. Es decir, el año en el que menos se ha congelado durante el invierno. El récord negativo vigente se estableció el año pasado.

Al tiempo que el mar se funde, y en un proceso “íntimamente relacionado”, el hielo sobre Groenlandia se derrite. Allí el incremento de la temperatura del aire y el agua del mar ha llevado a una pérdida notable de hielo. El océano y la isla deshelados por el calentamiento global están detrás de la crisis geopolítica que provocó en enero pasado el presidente estadounidense Donald Trump con su deseo de hacerse con Groenlandia. Codicia por sus recursos y por usarlo como autopista comercial que siguen presentes aunque se haya desinflamado la tensión internacional.

Se percibe mucho el reverdecimiento de Groenlandia. Se está notando el incremento de temperaturas y, por lo tanto, cada vez hay más vegetación. Y la época en la que están las plantas verdes, que están floreciendo, está durando más tiempo

Santiago Giralt — Geólogo del Instituto de Geociencias de Barcelona (GEO3BCN)

“Se nota muchísimo el calentamiento global allá arriba. Una barbaridad”, cuenta a elDiario.es el geólogo del Instituto de Geociencias de Barcelona (GEO3BCN), Santiago Giralt que expediciona regularmente a Groenlandia. “Nosotros aprovechamos cuando los lagos están helados para sacar sedimentos del fondo porque simplifica mucho la tarea. Empezamos yendo a finales de mayo o principios de junio y ahora debemos llegar a mediados de abril porque si vamos más tarde muchos lagos están ya deshelados”.

Giralt describe que “otra cosa que se percibe mucho es el reverdecimiento de Groenlandia. Se está notando el incremento de temperaturas y, por lo tanto, cada vez hay más vegetación. Y la época en la que están las plantas verdes, que están floreciendo, está durando más tiempo”.

2026 es un paso más en la degradación ambiental consecuencia del cambio climático. Los diez peores registros de extensión máxima –hasta dónde llega cada año el hielo marino– registrados en el Ártico se han ido acumulando todos en la última década.

Este registro da testimonio del acelerado calentamiento global del planeta. A partir de ahora, ese hielo va a ir retirándose a medida que se derrite por el calor hasta llegar a su mínimo anual que se certifica a mediados de cada septiembre. Aguas más libres para las actividades económicas y militares.

El Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el resto del planeta

El Ártico ha perdido una media del 13% de su hielo cada década desde 1979, según los datos satelitales

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Cuando la radiación del Sol llega a la Tierra, una parte se refleja y otra se absorbe.

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En el caso del Ártico, al derretirse el hielo y la nieve, se pierde el efecto albedo: la superficie clara repele más la radiación solar.

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Al desparecer la capa de hielo, quedan al descubierto las aguas del mar que son oscuras y absorben más calor.

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Eso hace que se caliente más todavía y funda a su vez más hielo.

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El Ártico se calienta cuatro veces más

rápido que el resto del planeta

El Ártico ha perdido una media del 13% de su hielo cada década desde 1979, según los datos satelitales

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Cuando la radiación del Sol llega a la Tierra, una parte se refleja y otra se absorbe.

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En el caso del Ártico, al derretirse el hielo y la nieve, se pierde el efecto albedo: la superficie clara repele más la radiación solar.

Al desparecer la capa de hielo, quedan al descubierto las aguas del mar que son oscuras y absorben más calor.

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Eso hace que se caliente más todavía y funda a su vez más hielo.

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los océanos del planeta son los grandes sumideros del calor que se está acumulando en la tierra debido al efecto invernadero. A este fenómeno por el que las aguas del mar se tragan la radiación solar atrapada por la cúpula de gases –como el CO₂ o el metano– emitidos por las actividades humanas los científicos lo llaman “desequilibrio energético”. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) explica que “mide lo rápido que el calor se está acumulando en nuestro sistema climático. Ese calor recalienta los océanos, los continentes y la atmósfera además de derretir el hielo”.

Las mediciones indican que, desde 1960, ese desequilibrio se ha incrementado y en los últimos 20 años se ha acelerado respecto al periodo anterior. “El año pasado alcanzó el máximo nivel registrado”, ha concluido la OMM en su último informe del Estado del Clima.

“El calentamiento global de los océanos continuó sin atenuarse en 2025 como respuesta al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero”, según las estimaciones del equipo internacional que monitoriza esta variable desde hace años. “El calor contenido en los primeros 2.000 metros de los océanos del planeta creció en unos 23 zetajulios, explican en su trabajo que afirma que se ha establecido ”un nuevo récord“. 23 zetajulios equivale a toda la energía que consume toda la humanidad en unos 40 años.

Además del deshielo, esta acumulación contribuyó a que se desencadenaran fenómenos meteorológicos extremos a lo largo del planeta, recuerdan los investigadores. Unos eventos que se están produciendo en un “sistema climático cada vez más moldeado por la acumulación de calor a largo plazo en el que las variables naturales se amplifican por una atmósfera más cálida que contiene más vapor de agua”.

Este proceso de recalentamiento es mucho más acusado en el polo norte donde el efecto albedo (que rebota la radiación) depende del color blanco de la nieve y el hielo. Cuanto menos hay, menos se rebota y más se absorbe. Esto es lo que está provocando que el mar se hiele cada vez menos y se funda cada vez más. Y con la desaparición del hielo, se multiplica el paso de cargueros, los buques de guerra, la extracción de hidrocarburos y los proyectos mineros tanto en el fondo del océano como en tierra firme. Es lo que se aparece e el horizonte del dominio de una Groenlandia deshelada.

La banquisa, el hielo flotante, está ya muy frágil lo que da problemas porque no resiste, por ejemplo, el peso de los trineos. Las familias inuit se comunican trasladándose muy fácilmente sobre el mar helado y a actualmente eso es mucho más complicado y aumenta su aislamiento

Sergi Pla — Investigador del CREAF y la Universidad de Barcelona

“La banquisa, el hielo flotante, está ya muy frágil lo que da problemas porque no resiste, por ejemplo, el peso de los trineos”, describe el investigador del CREAF y la Universidad de Barcelona, Sergi Pla. Este biólogo –que está a punto de regresar a la isla para continuar sus investigaciones– explica que “incluso la gente de los inuit tiene accidentes porque la banquisa ya no es lo que era. Ahora no se atreven a ir en trineo en invierno a zonas donde pescan focas. Tienen que ir en barca y hasta llegan a no arriesgarse a ir”.

El calentamiento global provocado por las actividades humanas ha provocado que estas aguas árticas, antes innavegables, se estén convirtiendo en una autopista para grandes cargueros del comercio mundial al tiempo que desaparece la vía de comunicación de los pueblos indígenas. “Para los inuit, su territorio no termina donde acaba la tierra firme –abunda Sergi Pla– las familias se comunican en invierno trasladándose muy fácilmente en trineo sobre el mar helado. Actualmente, eso es mucho más complicado y aumenta su aislamiento”.

Santiago Giralt advierte de que “el hielo en Groenlandia se está retirando a una velocidad mucho más alta de lo que se había visto hasta ahora. Grandes superficies donde debería haber hielo glaciar están completamente desnudas. Son ahora roca desnuda”. Y debajo de la roca asoman los recursos en disputa.

El precio ambiental de la guerra de Irán amenaza ya a millones de personas, no solo en la zona, sino a nivel global. En mitad del conflicto en el golfo Pérsico, el colapso de importantes ecosistemas y la amenaza nuclear acercan a la humanidad a una crisis, que de no solucionarse, duraría cientos de años. 

Este miércoles, varios expertos se han reunido en el Ateneo de Madrid para analizar esta realidad menos conocida e igual de preocupante de la guerra de Irán. Tras la publicación de su informe “Furia épica, legado tóxico”, el ecólogo CSIC Fernando Valladares ha conversado con Carlos Umaña, Premio Nobel de la Paz y presidente de la Alianza por el Desarme Nuclear, y Liubba El Haddi, ingeniera de telecomunicaciones, sobre el riesgo nuclear y el coste ambiental del conflicto.

Coste ambiental

La destrucción de más de 300 instalaciones militares y petroleras a comienzos de marzo liberó una “lluvia negra” tóxica sobre Teherán, afectando a sus más de diez millones de habitantes. Debido a la proximidad de los montes Alborz y los rascacielos de la ciudad, el smog (aire contaminado, visible y denso) quedó atrapado en la zona urbana. El hollín negro y el petróleo llevan invadiendo las calles de la ciudad y los pulmones de los teheraníes durante semanas.

Los gases liberados son altamente tóxicos para la población, elevando el riesgo de crisis cardiovasculares, irritación severa de vías respiratorias, daños neurológicos graves o mutación celular a largo plazo. “Es ácida por los óxidos de azufre y de nitrógeno que con el agua dan lugar a acidez”, ha explicado Valladares. “Y esa acidez es muy peligrosa para la salud humana y para la salud de los ecosistemas”.

Tal es la situación en Teherán, que la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán ha emitido ya órdenes de confinamiento masivo para evitar la asfixia urbana. 

Valladares ha explicado cómo “los compuestos ácidos, los compuestos particulados y los hidrocarburos y los orgánicos volátiles, se complementan con moléculas específicas de los misiles”. A todo esto se suma que Teherán se sitúa en una cuenca muy grande y seca. 

El ecosistema del Golfo también está sufriendo las consecuencias del conflicto. Esa zona es hogar de, entre otras muchas especies, la segunda población más grande del mundo de dugongos (vaca marina), ahora críticamente amenazada por la toxicidad de su hábitat. Los criaderos del océano también están siendo dañados por combustibles, y la devastación de poblaciones de ostras perleras y tortugas verdes está afectando a las comunidades pesqueras locales. 

En la región, 100 millones de personas dependen de alrededor de 450 plantas desalinizadoras para el abastecimiento de agua y energía. El derrame de petróleo y descargas de químicos industriales en las aguas están envenenando el proceso de toma de agua, como la Planta de la Isla de Qeshm, que ha dejado a 30 aldeas sin suministro.

“Las desalinizadoras pueden quitar la sal, pero no quitan la contaminación”, ha explicado Valladares. “Así que el resultante del agua desalinizada no se puede beber. Las desalinizadoras son objetivos bélicos y están siendo destruidas”.

Por otro lado, incidentes en la red eléctrica (como el apagón en Ras Laffan) afectan al funcionamiento de las bombas de enfriamiento y purificación, poniendo en riesgo el suministro de agua potable. 

El cambio climático también está siendo directamente afectado por el conflicto en Irán, con consecuencias irreversibles. Valladares ha asegurado que “en los primeros 14 días (del conflicto) la cantidad que se ha emitido a la atmósfera es de unos 50 millones de toneladas de CO2”. Esto es el equivalente a lo que emiten los 80 países menos emisores del mundo. 

Riesgo nuclear

Una nueva realidad en la guerra es la utilización de programas de inteligencia artificial (IA) por las grandes potencias mundiales, que ha cambiado la manera de planificar y ejecutar los ataques. 

El Haddi, que también es miembro del movimiento activista Eumans!, ha profundizado en su uso en el conflicto, que “ha permitido que se cuadruplique el número de objetivos en el primer día de la guerra”. “En la guerra de Irak en 2003, se mapearon y se atacaron 1.700 objetivos en dos días. En esta guerra, 3.000 objetivos en un solo día”. Sistemas de IA como los de Palantir o el Proyecto Maven están acelerando “la capacidad destructiva de la guerra respecto al ratio día-hora”. 

Umaña, señalando la ilegalidad del conflicto en primer lugar, ha coincidido en que en los ataques guiados por IA, “ha habido como una pérdida de la agencia humana y se han tomado decisiones de forma muy irresponsable”.

Por ejemplo, Estados Unidos ha despedido ya a oficiales que estaban a cargo de mitigar los daños a civiles, porque el gobierno de Trump ha pasado de tener “un departamento de defensa, a uno de guerra”. “Según los modelos y los experimentos que se han hecho, la IA siempre va a recomendar atacar”, ha concluido.

Según los expertos, existe una probabilidad muy alta de que el conflicto pueda desembocar en una guerra nuclear. Las armas nucleares afectan (como ya hemos visto anteriormente, en Hiroshima, por ejemplo) no solo al espacio físico, sino que continúan con el tiempo. Generaciones enteras sufren los efectos de la radiación, planteando una compleja recuperación total del territorio y población.

Ahora, según Umaña, las bombas son “miles de veces más potentes” que las de Hiroshima y Nagasaki, por lo que una escalada nuclear podría desembocar en “millones de muertes y una gran destrucción global”. “Actualmente, la premisa bajo la cual el paraguas nuclear existe, es la idea de la disuasión nuclear”, ha explicado Umaña. “Los países que tienen armas nucleares, el solo tenerlas hace que los otros países no quieran atacarlos porque se enfrentan a consecuencias máximas”. 

Por otro lado, Valladares afirma que la opinión pública no es consciente del riesgo nuclear de su entorno. “Hay varios indicadores que muestran que tanto la crisis climática como la crisis nuclear, que son las dos amenazas principales para la civilización, la ciudadanía las contempla como problemas en diferido, como temas lejanos, como escenarios teóricos”, asegura. Hoy es más importante que nunca comunicar y transmitir la información de manera veraz y precisa. 

Finalmente, los tres expertos han coincidido en la necesidad e importancia de movilizar a la población para conseguir cambios efectivos en las políticas globales y el fin del conflicto. “La ciudadanía tiene un poder que muchas veces, sobre todo en los países occidentales, está anestesiado por un presunto bienestar”, ha asegurado Valladares.

“Son tiempos muy sombríos, de muchísimo riesgo, pero también hay razones para tener esperanza”, ha concluido Umaña. “Y de hecho, nosotros nos movemos desde la esperanza”. 

Los científicos han demostrado ya que la causa del problema son las emisiones de CO₂ que se inyectan en la atmósfera. El cambio climático que trae, por ejemplo, tormentas mortales como la dana de octubre de 2024 y el tren de borrascas de inicio de 2026 tiene su origen en el efecto invernadero que provocan los gases emitidos por las actividades humanas. El mismo proceso ya ha multiplicado las olas de calor asfixiante y genera las condiciones para incendios inextinguibles como los del verano de 2025.

Sin embargo, la ola antiecológica instalada en el seno de la Unión Europea ha generado una corriente –liderada por Italia y Alemania– para paralizar el mercado de emisiones de carbono (ETS) que es “la única regulación específica que tiene la UE con números y normativa concretos”, según explica el coordinador de cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz. “El modelo actual es el que se ha demostrado mejor para reducir las emisiones porque el precio del carbono sí ha servido de tope”.

El sistema ETS que la italiana Giorgia Meloni y el alemán Friedrich Merz piden congelar en aras de la “competitividad” es, básicamente, generar incentivos para que las industrias contaminen menos porque cuanto más CO₂ lancen, más tendrán que pagar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los cuatro primeros ministros de Dinamarca, Finlandia, Portugal y Suecia han enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, con el objetivó de defender el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE como “la piedra angular de la estrategia climática e industrial de Europa”.

Es un gran atentado contra la lucha climática porque desordena toda la transición energética. Llevamos 15 o 20 años confiando en este sistema de mercado para reducir emisiones y ahora de repente se mina. Se está reduciendo la ambición climática de la UE intentando hacer ver que no se está tocando

Javier Andaluz — Coordinador de cambio climático en Ecologistas en Acción

La cuestión es que, al calor de la guerra en Irán y la subida de los precios de los combustibles fósiles, el Consejo Europeo de esta semana prevé abordar un punto sobre “competitividad y mercado único” en el que estos países desean, incluso, que se suspenda el ETS. La idea es anterior, pero la coyuntura ha servido de palanca para relanzar el proyecto.

¿En qué consiste el mecanismo de ETS?

En este sistema, las empresas de sectores industriales como el del acero, los fertilizantes, el hidrógeno, el cemento o el aluminio –además de la generación eléctrica– adquieren o reciben unos cupos de CO₂ para emitir cada año asignados por los gobiernos nacionales en función de los topes generales marcados por la Unión Europea. Así se va avanzando en el camino para dejar las emisiones de gases prácticamente cero para 2050.

Si se pasan, estas empresas tienen que pagar para comprar derechos de emisión y cubrir así el gas que han inyectado a la atmósfera. Si no llegan, pueden vender los cupos que han ahorrado a empresas que sobrepasen sus cupos. Eso provoca que las empresas se esfuercen por contaminar menos porque les sale rentable.

Una parte de los cupos es gratuita y asignada mientras existe otra parte que los países sacan a subasta para que las empresas los compren.

Evolución

Los ETS van evolucionando y han tenido diversas fases. Hasta ahora, cada curso las empresas reciben cupos de CO₂ gratuitos con los que luego podían negociar. Con todo, el esquema prevé que, a partir sobre todo de 2027, se vayan reduciendo esas asignaciones gratuitas hasta eliminarse en 2034.

El ritmo para eliminar los derechos de emisión gratuitos se va acelerando según avanzan los años. Así, si para 2028 se calcula quitar el 10%, en 2029 ya sería un 22% y un año después el 48,5%. Es cierto que el mecanismo es complejo y los diferentes sectores industriales implicados tienen sendas diferentes.

“El actual sistema ha sido efectivo porque quitó algunos elementos –como la posibilidad de trasladar créditos de emisión a otros años– que han forzado a que el precio del carbono sirviera como tope de las emisiones”, reflexiona Javier Andaluz.

Al mismo tiempo que van desapareciendo cupos gratis, para evitar que el mercado europeo se llene de productos más baratos porque se han fabricado a base de emitir CO₂, se ha creado una herramienta llamada Mecanismo de Ajuste de Frontera de Carbono (CBAM en inglés) que gravará esos productos. Las importaciones pagarán por la contaminación que generan si quieren acceder al mercado de la Unión Europea. Se trata de “fomentar una producción industrial más limpia en los países no pertenecientes a la UE”.

La última revisión del mercado de emisiones pretende incluir por primera vez el sector de los carburantes a base de combustibles fósiles. Los proveedores de gasolina o gasoil deberán adquirir derechos de emisiones asociadas al uso de esos carburantes y, en teoría, eso repercutirá en el precio final y en que se utilicen menos. El transporte por carretera es el sector en España que más CO₂ está lanzando a la atmósfera.

En teoría, tras una fase de monitorización y preparación (sin pago de derechos) el sistema estaba previsto que comenzara en 2027. Ya está encima de la mesa un posible retraso.

¿Cuál es el precio de una tonelada de carbono?

Ha variado a lo largo del tiempo. Ha llegado incluso a estar a cero euros debido al exceso de oferta derechos que las empresas ponían en el mercado al acumular cupos de años anteriores. Actualmente, ronda los 60 euros por tonelada de carbono.

No hay un valor único acordado como ideal. Depende de si se quisiera reducir más o menos rápidamente las emisiones y qué objetivo de limitación del calentamiento global se busque. No es lo mismo limitar a 2ºC extra la temperatura general del planeta que rebajar ese límite máximo a 1,5ºC (como pide la ciencia). Cuánto más ambicioso sea el objetivo y la senda para alcanzarlo más alto debería ser el precio de la tonelada de carbono.

Una comisión sobre precios de carbono convocada por el Banco Mundial y presidida por Joseph Stiglitz y Nicholas Stern colocó el precio entre 55 y 120 euros por tonelada en 2030 para cumplir el Acuerdo de París. Otro modelo de William Norhaus hablaba de unos 60 euros en 2050. El Panel de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (el IPCC) estima rangos de entre 25 y 105 euros para 2030, según el itinerario más o menos ambicioso.

Este es, grosso modo, el sistema que quieren congelar Giorgia Meloni y Merz. La presidenta del Consejo italiana anunció el 11 de marzo que ha pedido “suspender la aplicación del sistema ETS en la generación de electricidad a base de combustibles fósiles”. Puso de excusa la subida de precios del gas y el petróleo provocada por los ataques de EEUU e Israel sobre Irán.

Sin embargo, ya antes de los ataques, el 26 de febrero, su ministro de Empresas, Adolfo Urso, solicitó públicamente a la Comisión Europea “suspender el ETS a la espera de una revisión porque es un impuesto a las empresas”. De hecho anunció: “Pediremos a la Comisión congelarlo”.

Un grupo de unos 150 científicos –entre los que estaban el premio nobel de física Giorgio Parisi o el economista Carlos Carraro– publicaron una carta abierta tras conocerse los planes de Meloni que titularon: “No hay nada más miope que atacar el sistema ETS mientras Italia colapsa”.

Algo parecido ha sucedido con el canciller alemán Merz. El 11 de febrero pasado en un foro industrial declaró que el mercado del carbono “debería revisarse o posponerse si mina la competitividad industrial”. Todavía quedaba un mes para que comenzaran los bombardeos en Irán. Sus palabras levantaron polvareda y luego quiso matizar que lo que necesitan los ETS son “revisiones regulares”. No eliminarlo, pero sí incluso retrasarlo si perjudica a la industria.

“La propuesta es un gran atentado contra la lucha climática”, resume Andaluz. “No solo impide el control de las emisiones, sino que desordena toda la transición energética porque llevamos 15 o 20 años confiando en este sistema de mercado para reducir emisiones –que no es nuestra opción favorita– y ahora, de repente, se mina. Al final lo que ocurre es que se está reduciendo la ambición climática general de la UE intentando hacer ver que no se está tocando”.

España y Portugal se alían para combatir la crisis climática cuyos efectos se dejan notar de forma especialmente aguda en la península ibérica. Ambos países se han comprometido este viernes a cooperar en una “acción climática ambiciosa” como una manera de “proteger a sus ciudadanos y sus ecosistemas”, según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

España y Portugal son dos países especialmente vulnerables a los impactos ya constatados del cambio climático en el sur de Europa como las sequías más agudas, las lluvias más violentas, las inundaciones y los incendios forestales. La dana de Valencia y la oleada de fuegos del verano pasado son dos ejemplos recientes y devastadores de la nueva realidad climática que cruza ambos estados.

Este acuerdo, adelantado por El País y confirmado por elDiario.es, se celebra entre un gobierno progresista en España y otro conservador en Portugal. El primer ministro luso, Marcelo Rebelo de Sousa, es aliado político del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo que se ha negado a incorporarse al Pacto de Estado sobre cambio climático promovido por el Ejecutivo. Es más, el PP se ha acercado a las posturas más abiertamente negacionistas de la ultraderecha que, en España, son impulsadas por Vox.

La alianza hispano-lusa que se firma este viernes apuesta decididamente por las energías renovables frente a los combustibles fósiles como el petróleo o el gas. “Son pilares esenciales”, explican en el Ejecutivo para garantizar la transición energética junto con la integración de las redes española y portuguesa y la conexión con el resto de Europa.

También se planea coordinar respuestas conjuntas frente a los riesgos que conlleva el cambio climático. Por un lado, destacan fuentes del Gobierno, una gestión del agua de las cuencas compartidas, planes integrados para prevenir y combatir los incendios forestales a la vez que se restauran los ecosistemas degradados por la acción humana.

Ambos estados coinciden en que sea el conocimiento científico el que dirija las políticas públicas climáticas e incluso han incorporado al acuerdo “una acción coordinada contra la desinformación”, aseguran en el Gobierno español.

Al mismo tiempo, España y Portugal se comprometen a interconectar sus servicios de emergencia e información climática para reforzar la protección de la salud de los ciudadanos frente a los efectos del cambio climático.

Por último, los gobiernos español y portugués explican en que hay que “reforzar el multilateralismo” como bastión esencial para conseguir unas respuestas coordinadas y eficaces frente a las amenazas y daños que ya está provocando la crisis climática generada por las emisiones de CO₂ de las actividades humanas.

Cada día, España compra 1,2 millones de barriles de petróleo e importa más de 75 millones de metros cúbicos de gas, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). Son las cifras más simples sobre la dependencia que el país tiene de los combustibles fósiles cuyo uso causa la crisis climática.

El ataque de EEUU e Israel a Irán ha derivado en una fuerte subida en el precio del crudo y el gas. En poco tiempo llegará a los bolsillos de los consumidores. El cierre de la ruta comercial en el estrecho de Ormuz ha reducido la producción e incrementado el coste. Desengancharse de los combustibles fósiles, como pide la lucha contra el calentamiento global, rompe esa dependencia.

Lo ha expresado la presidenta del Banco Europeo de Inversión (y exvicepresidenta del Gobierno), Nadia Calviño quien, en plena ola de ataques y represalias aéreos de estos días, ha dicho que “es más urgente aún que Europa reduzca su dependencia de los países productores de combustibles fósiles”. Calviño ha calificado esto como “la lección principal” que deja el conflicto bélico.

España soporta una fuerte dependencia energética. Necesita fuentes externas para satisfacer casi toda la demanda a la hora de encender la luz, que funcione una industria o se muevan los coches y camiones. En 2024, esa dependencia fue del 68,4%, según el Balance Energético del Ministerio de Transición Ecológica.

La dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta. Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos

Fernando Prieto — Director del Observatorio de la Sostenibilidad

Lo cierto es que ha bajado desde el 73%-75% calculado entre 2010 y 2015 y está marcando los mínimos históricos, pero “la dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta”, opina el director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto. “Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos”.

Ha sido, precisamente el incremento de las energías renovables (eólica, solar e hidráulica) que producen el 25% de la energía que se consume en España, según Transición Ecológica lo que ha hecho que, con todo, la dependencia energética española se haya reducido significativamente. Y esa energía provoca muy pocas emisiones de CO₂ y amortigua la necesidad de importar combustibles fósiles.

Al mirar las estadísticas de CORES se ve fácilmente de quién depende más España para adquirir esos combustibles fósiles. Las cifras oficiales muestran que el primer vendedor de petróleo a España es, precisamente, EEUU (un 15%). Le siguen Brasil, México y Nigeria -todos por encima del 10%-. Esos países acumulan la mitad de las importaciones españolas.

Para el gas, el primer proveedor español es Argelia y el segundo es, de nuevo, EEUU, que se ha beneficiado del recorte en el gas ruso. Aun así, Rusia siguió en 2025 siendo el tercer exportador para España.

Campaña antirrenovables y beneficios millonarios

Sin embargo, la ola reaccionaria de derecha y ultraderecha ha puesto en su punto de mira estas energías limpias. El líder de esa ofensiva, el presidente Donald Trump, por ejemplo, llama despectivamente a la eólica “molinos de vientos” o “la mayor estafa”. Su país es el principal vendedor de petróleo a España y el tercero de gas, ambos combustibles fósiles, los competidores naturales de las energías renovables.

La consultora especializada en energía EnergyFlux ha calculado que a las empresas gasísticas estadounidenses se les ha abierto con los ataques una ventana de enormes ingresos económicos. “Más de 1.000 millones dólares a la semana”, han anticipado, como consecuencia del conflicto en Irán.

Su análisis explica que, al cerrarse la planta de gas de Ras Laffan en Qatar por los ataques (que representa una quinta parte del gas licuado mundial), se “crea un déficit de suministro que los productores de EEUU podrán aprovechar”. Según sus datos, el incremento de precio del gas registrado desde que comenzó la ofensiva de EEUU e Israel ha hecho que la rentabilidad nominal de un cargamento de gas desembarcado en Europa haya pasado de 25 a 50 millones de dólares.

“Esto significa que las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado (GNL) podrían generar hasta 4.000 millones de dólares en beneficios extraordinarios si la planta de Qatar permanece cerrada durante un mes”, concluyen.

Mientras, en España se está produciendo una campaña para salvar la energía nuclear, es decir, alargar la vida de los reactores cuyo cierre progresivo ya estaba proyectado. La nuclear no utiliza combustibles fósiles, aunque es 100% dependiente de importación de uranio. “Si se permiten las prórrogas de las centrales nucleares se va a cargar la evolución hacia las renovables”, advierte Fernando Prieto.

Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático y están ligados a violaciones de los derechos humanos así que no es solo una cuestión climática, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz

Marina Gros — Coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción

“Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático que estamos viendo, pero además, es que están ligados a violaciones de los derechos humanos”, ilustra la coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción, Marina Gros. “Tanto en las comunidades cercanas a los puntos de extracción como a las de los de transporte e incluso aquí en España como en Muskiz. Al final, la energía puede ser utilizada como arma de guerra, pero también permite sostener la propia guerra”.

Gros subraya que, desde el ataque sobre Ucrania, “se ha intentado cambiar la dependencia del gas ruso por gas de EEUU y una vez llegados a este contexto de ataque ilegal en Irán, vemos que la dependencia del GNL norteamericano nos hace vulnerables. Nos ata a los mercados de precios internacionales y su volatilidad cuando se genera un incidente como este”.

En España el 65% de los productos petrolíferos se emplean para el sector del transporte, según el Balance Energético de Transición Ecológica. Sobre todo para los combustibles de los vehículos que circulan por carretera (que supone un 80% de la energía consumida por este sector). Y, justamente, esta actividad es la que emite más gases de efecto invernadero, la causa del cambio climático, en el país: un tercio del total nacional. “Considerando la relevancia de este sector en el total de las emisiones de gases, sería deseable observar un mayor desacoplamiento respecto al crecimiento económico”, explica el Inventario de Emisiones. Traducido: que los coches, camiones y furgonetas no inyecten tanto CO₂ desde sus tubos escape.

Sin embargo, la dependencia de los combustibles fósiles ya ha hecho que las asociaciones de transportistas por carretera CETM y Astic hayan pedido al Gobierno un paquete de ayudas por si los precios del gasoil se disparan. Ayudas significa dinero público para cubrir el gasto.

Al mismo tiempo, al cerrar el año 2025, la patronal europea de los motores que usan gasolina y gasoil, los constructores de automóviles, vieron cómo la Comisión Europea rebajaba su senda para desengancharse del petróleo y ya no va a prohibir esos vehículos a partir de 2030 como estaba previsto.

“Todo esto deriva de la dependencia energética”, resume Marina Gros. “Depender de los combustibles fósiles no es solo una cuestión del cambio climático, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz”.

Hasta una decena de temporales han azotado la península durante mes y medio, dejando municipios anegados, desalojos, daños materiales y algunas víctimas. Un nuevo informe del Comité Científico Consultivo Europeo sobre el Cambio Climático urge a la Unión Europea a “reforzar su marco político para una adaptación eficaz y coherente”, unos deberes que se han ido aplazando durante demasiado tiempo. En el primer análisis integral de nuestro país que identifica los riesgos asociados al clima (la ERICC, publicada el año pasado) ya se señalaba que España se sitúa “entre las regiones europeas con mayor exposición y sensibilidad climática” y que “las ciudades se enfrentan a un conjunto diverso de peligros que varían según su ubicación geográfica y características”. 

Episodios como el tren de borrascas que hemos sufrido lo reafirman, pues ha dejado a su paso decenas de miles de personas evacuadas; al menos una víctima mortal (15 en Portugal); viviendas y redes viarias y ferroviarias dañadas; hectáreas y hectáreas de cultivos anegados; un récord histórico de precipitaciones en localidades como Grazalema (Cádiz); y un desembolso de 1.780 millones de fondos públicos en ayudas para la reconstrucción.

No se puede afirmar que el número de borrascas vaya a aumentar en términos globales, pero las lluvias asociadas a ellas sí podrían ser cada vez más intensas

Rubén del Campo — Portavoz de la AEMET

No obstante, Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), explica que de momento “no se puede afirmar que el número de borrascas vaya a aumentar en términos globales” a partir de ahora (aunque sí, quizás, ocurra en las latitudes más altas). “Lo que sí que está más claro es que las lluvias asociadas a ellas podrían ser cada vez más intensas”. En cuanto a si se espera que las ráfagas de viento puedan ser también cada vez más fuertes durante estos fenómenos, afirma que hay mucha incertidumbre y que de momento “no está nada claro”. 

Lo que sí lo está es que la nueva realidad climática del país —que lleva ya años manifestándose— está sirviendo de espejo para nuestros municipios. En este sentido, los expertos apuntan a que hay varios elementos que pueden ayudarnos a hacernos una idea del nivel de vulnerabilidad o resiliencia de nuestra localidad.

Diagnóstico de riesgos y planificación urbana

“Para empezar, habría que revisar si la provincia o comunidad autónoma en la que estamos ubicados tiene elaborado algún diagnóstico exhaustivo y actualizado de riesgos del cambio climático”, explica Efrén Feliu, gerente de Adaptación al Cambio Climático en el área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente de Tecnalia y uno de los coordinadores de la ERICC. 

Es crucial entender si tu municipio tiene una mayor o menor vulnerabilidad y en qué zonas

Efrén Feliu — Coordinador de la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España

Destaca como ejemplos de referencia los diagnósticos realizados por el País Vasco y Navarra. “Tienen un diagnóstico cuantitativo, con cartografía, que compara los niveles de vulnerabilidad y riesgo de cada uno de sus municipios”. En el portal AdapteCCa es posible acceder a este tipo de información sobre cualquier comunidad autónoma seleccionándola y consultando la sección “evaluación de riesgos y prioridades de adaptación”. También se puede revisar si nuestro territorio tiene (o no) algún Plan de Adaptación regional o local ante la emergencia climática —actualizado—. 

Subraya la importancia de la existencia de este tipo de información (que no todas las comunidades ofrecen) para la ciudadanía. “Es crucial entender si tu municipio tiene una mayor o menor vulnerabilidad y en qué zonas”. En este sentido, consultar los visores de inundabilidad de cada territorio —como el facilitado por este diario— también es muy recomendable. “Habrá menos vulnerabilidad cuanto menos ocupación urbana haya en las manchas de inundación”, apunta. 

En esta línea, ojear el Plan de Acción Territorial de nuestra localidad o comunidad autónoma es también algo que podemos hacer, pues hay gobiernos autonómicos y ayuntamientos que, pese a los avisos de la ciencia, planean seguir construyendo en terreno inundable. “Aplicar y hacer cumplir normativas de construcción realistas y que cumplan con los riesgos” es esencial, advierte una guía de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Gobernanza, inclusión social, y fondos de contingencia

Pablo Herreros, investigador de resiliencia contra eventos climatológicos extremos en el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) asegura, por otro lado, que un municipio resiliente (o con potencial de serlo) es aquel que atiende, además de a la ciencia y a la investigación, a las necesidades específicas de sus ciudadanos con relación a la vulnerabilidad percibida por los mismos, ya que “son las personas que más conocimiento y experiencia tienen de sus propias vidas”.

“Esto requiere de un compromiso por parte de las autoridades con escuchar y con reconocer que la vulnerabilidad se presenta de muchas maneras y la capacidad de un ciudadano de adaptarse también”, profundiza. “Idealmente, esa interacción debería ser de doble sentido. Los ciudadanos reciben información y recursos, pero también deben formar parte de la gestión y del aprendizaje”, puntualiza.

Destaca la ciudad de Nueva York como un ejemplo inspirador. En ella, todos los departamentos del Ayuntamiento, además de sus obligaciones particulares, tienen la tarea de digerir y absorber el conocimiento que se genera sobre vulnerabilidad a escala local en su ámbito e incorporarlo a las políticas de su propia oficina, transversalizando así la gestión de riesgos de la ciudad. Copenhague y Barcelona también son buenos referentes, indican los expertos.

Requiere de un compromiso por parte de las autoridades con escuchar y con reconocer que la vulnerabilidad se presenta de muchas maneras y la capacidad de un ciudadano de adaptarse también

Pablo Herreros — Investigador de resiliencia contra eventos climatológicos extremos en el Centro Vasco para el Cambio Climático

Pero los municipios no pueden prepararse solos, destaca Marta Olazabal, jefa del Grupo de Investigación en Adaptación al Cambio Climático del BC3. Una coordinación multinivel es clave. Valora que el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, de ser aprobado, podría ser muy útil para ello.

Destaca que una ciudad también ha de ser “resiliente” a los colores políticos: “El problema es que hay muchas veces que damos pasos para adelante en materia de resiliencia y luego, con los cambios políticos, de repente damos pasos gigantes para atrás. La salud de la población tiene que estar en el centro de la política urbana, independientemente del color de quien gobierne. De eso es de lo que va la adaptación al cambio climático”.

Otro de los aspectos del pacto que van en sintonía con las recomendaciones de los expertos es la propuesta de comprender el impacto económico de los desastres y desarrollar mecanismos financieros para fortalecer las oportunidades de respuesta y recuperación.

Infraestructura resiliente y capacidad de recuperación

Otro de los “esenciales” para las Naciones Unidas en materia de resiliencia climática es la evaluación de la capacidad y la idoneidad de la infraestructura crítica (embalses, plantas potabilizadoras, redes de transporte, hospitales, infraestructura de telefonía móvil…) y el desarrollo de un plan o estrategia para su protección, actualización y mantenimiento, además del desarrollo de infraestructura de protección y mitigación de riesgos.

Al mirar un mapa de nuestro municipio, cuanto más verde veamos, mejor

En cuanto a esa última parte, los expertos explican que, al mirar un mapa de nuestro municipio, cuanto más verde veamos, mejor. “Esa infraestructura verde tiene la capacidad de absorber parte del agua durante unas inundaciones”, asegura Olazabal. Las soluciones basadas en la naturaleza son, por tanto, un imprescindible. Parques inundables, cubiertas vegetales, suelos permeables, espacios de libertad fluvial o sistemas de drenaje urbano sostenible, son algunos ejemplos. “Y también puede haber soluciones muy ingenieriles, como los tanques de tormenta”, apunta Feliu.

Sebastián Franchini, investigador y presidente de la Asociación Nacional de Ingeniería del Viento, lanza un mensaje tranquilizador sobre la resiliencia de las edificaciones e infraestructuras ante el viento: “Todas las construcciones tienen que cumplir una normativa cuando son diseñadas. Tenemos una legislación, que, si se hacen las cosas correctamente, garantiza que deberíamos estar preparados para este tipo de eventos”.

Pero lo que sí que puede dar problemas, como se ha observado en este mes y medio, son elementos como el arbolado, los cubos de basura, o las fachadas de edificios que no han recibido un buen mantenimiento. “Regiones como el norte de España, al estar más acostumbradas a vientos extremos, vigilan más estos elementos”, explica.

“Con el arbolado pasa que necesita su espacio y un suelo sano para que las raíces estén bien sujetas y no haya problemas. Un árbol al que no se le ha mantenido, pues obviamente corre peligro. ¿Cómo se previene esto? Pues no considerándolos como si fueran algo meramente decorativo”, abunda Olazabal.

Cohesión social y un buen sistema de alerta temprana

Pero ninguna ciudad va a ser nunca totalmente resiliente. “Es imposible reducir los riesgos al cien por cien. Por tanto, el diseño (y la activación) de las alertas también tiene que ser crucial, de forma que sepas que la población va a estar lo suficientemente informada y a ser consciente de lo que puede pasar”.

La gente tiene que estar y sentirse protegida para poder protegerse

Marta Olazabal — Jefa del Grupo de Investigación en Adaptación al Cambio Climático del BC3

Y aquí también conviene haber prestado atención a las especificidades de la población más vulnerable. “La gente tiene que estar y sentirse protegida para poder protegerse. Hay quienes van por carreteras que saben que tienen que evitar, pero igual es porque piensan que su madre se va a quedar sin medicinas, o porque siente que si no va a trabajar le van a despedir. Todo eso tiene que estar bien atado”, remarcan desde la BC3.

“La ciudadanía, en definitiva, tiene que saber cómo los eventos extremos le pueden afectar y qué está en su mano hacer para así también evitar lo que llamamos impactos en cascada”, dice Olazabal. “Ante un posible corte de luz durante una tormenta alguien que toma medicamentos que necesitan frío para su conservación tiene que haber recibido la información suficiente para poder ser previsor y asegurarse de que contará con la manera de mantenerlos a la temperatura adecuada durante un tiempo determinado”. 

Por último, saber que no estamos solos también es importante. “La cohesión social y la participación comunitaria se han reconocido como factores clave para una gestión exitosa del riesgo de desastres, y los programas educativos y de capacitación para la sensibilización de la población han demostrado ser de gran ayuda para aumentar la preparación”, recalca Naciones Unidas en su documento sobre resiliencia.

Es incauto creer que la fiesta puede continuar como si nada. Si unas temperaturas inusualmente altas hicieron que algunos esquiadores compitieran en tirantes en los pasados JJOO de invierno en Italia, según se aproximan los meses estivales se acumulan las advertencias sobre cómo el calor severo traído por el calentamiento global del planeta supone un riesgo deportivo. En el horizonte aparecen transatlánticos como el Tour de Francia o la próxima Copa del Mundo de fútbol en Norteamérica.

La última alerta la ha activado un estudio del ISGlobal sobre el peligro que “cerca” a la gran prueba ciclista francesa –que pivota sobre la fecha del 14 de julio y que condiciona el resto del calendario ciclista–. Pero muchas otras señales están ahí: jugadores de fútbol boqueando en busca de aire durante una pausa de hidratación en el mundialito de clubes de 2025 en EEUU; partidos suspendidos en el último Open de Australia de tenis por superar los 40ºC. Retrasos y evacuaciones en la edición 2025 de Wimbledon. El 40% de las participantes del maratón en el mundial de atletismo en Qatar (2019) no terminó la carrera a pesar de que se disputó a medianoche para huir del sol.

El profesor de Fisiología en la Universidad de Portsmouth (GB) Michael Tipton considera que “la localización, la época y la naturaleza de los eventos deportivos tendrán que cambiar en el futuro”. Tipton explica a elDiario.es que las situaciones en las que se expone a los deportistas –de todos lo niveles– a un “riesgo extremo siguen creciendo a medida que el cambio climático se intensifica”.

Sobre localizaciones y horarios: 14 de las 16 sedes del mundial de fútbol 2026 de EEUU, México y Canadá superan ya valores de WBGT de 28 °C durante las tardes de junio y julio como se ve en el mapa a partir de una investigación de la Universidad Queen's de Belfast. El WBGT es la temperatura húmeda de globo y bulbo (en inglés), el índice que mide el estrés térmico sobre el cuerpo humano combinando temperatura, humedad, radiación solar y viento. Los 28ºC son el umbral a partir del cual algunos organismos rectores del fútbol recomiendan retrasar o posponer los partidos.

Calor severo y Copa del Mundo de fútbol 2026

Para el próximo Mundial, en 14 de las 16 sedes anfitrionas, se superarán valores de WBGT de 28 °C más de la mitad del tiempo durante las tardes, según la media del registro de los últimos 20 años

Vancouver

Ottawa

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Seattle

Toronto

Boston

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Washington

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Nueva

York

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Los Ángeles

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Monterrey

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Miami

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Guadalajara

19,1

Ciudad

de México

WBGT es el índice que mide el estrés térmico sobre el cuerpo humano combinando temperatura, humedad, radiación solar y viento.

FUENTE: DONAL MULLAN ET AL.

Calor severo y Copa del Mundo

de fútbol 2026

Para el próximo Mundial, en 14 de las 16 sedes anfitrionas, se superarán valores de WBGT de 28 °C más de la mitad del tiempo durante las tardes, según la media del registro de los últimos 20 años

Vancouver

Ottawa

19,6

Seattle

Toronto

Boston

23,3

24,6

Washington

26,5

26,6

Nueva

York

21,9

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Guadalajara

19,1

Ciudad

de México

WBGT es el índice que mide el estrés térmico sobre el cuerpo humano combinando temperatura, humedad, radiación solar y viento.

FUENTE: DONAL MULLAN ET AL.

El fisiólogo Tipton, que elaboró un informe específico sobre los JJOO de Tokio 2021 en el que se decía que “se les pide cada vez más a los atletas que compitan en ambientes demasiado hostiles para el cuerpo humano”, analiza cinco años después que “el riesgo afecta no solo a los competidores, sino también a los jueces y los espectadores. Los aficionados deberían estar ya haciendo lobby en favor de la mitigación del cambio climático”.

No son anécdotas. Durante esos Juegos Olímpicos de Tokio, la tasa de incidencias relacionadas con calor en disciplinas como el maratón o la marcha atlética alcanzó un “remarcable” 14%, según las revisiones científicas. En París 2024 los deportistas, organizadores y espectadores soportaron una ola de calor extremo de cuatro días. “Nos recuerda la emergencia de este asunto”, subrayan.

De hecho, en la cita parisina, 15 deportes (de los 45 del programa olímpico) fueron calificados como de “riesgo alto, muy alto o extremo” por el calor, según un estudio publicado en el British Medical Journal (en la última categoría entraban el ciclismo, el atletismo general y el maratón). De estos 15, la investigación indica que uno no tenía protocolos para el calor, otros tres no especificaban medidas y otros 11 solo tenían una mención al uso de índices térmicos. “Los índices térmicos actuales reflejan de manera inadecuada el estrés soportado por los deportistas”.

La localización, la época y la naturaleza de los eventos deportivos tendrán que cambiar en el futuro. El riesgo afecta no solo a los competidores, sino también a los jueces y los espectadores

Michael Tipton — Profesor de fisiología en la Universidad de Portsmouth

En un tiempo en el que el deporte se ha convertido no es solo en espectáculo cultural o competitivo, sino una industria económica global de primer orden “el aumento de las temperaturas es un riesgo creciente para la celebración de eventos de verano en Europa”, cuenta el reciente estudio del ISGlobal que analiza el “desafío” y “riesgo creciente” que afronta el sector mediante el ejemplo del Tour de Francia.

El trabajo ilustra cómo, entre 1974 y 2023, la amenaza del estrés térmico en ese país en el mes de julio no ha parado de aumentar. La última década es la que acumula el mayor número de episodios de calor extremo. Hasta ahora, el Tour de Francia ha sido “una carrera extremadamente afortunada –explica la autora principal Ivana Cvijanovic–, pero con las olas de calor récord cada vez más frecuentes, parece solo cuestión de tiempo que se enfrente a días que pondrán a prueba los protocolos de seguridad”.

“Sería extremadamente ingenuo e irresponsable pensar que el Tour se va a seguir librando del cambio climático y antes o después empezaremos a ver a los corredores bajo olas de calor extrema”, ha analizado el profesor de cambio global en la Universidad de Lleida, Victor Resco de Dios en declaraciones al Science Media Center España.

La degradación ambiental perjudica al deporte

Hace solo unas semanas, el Foro Económico Mundial –conocido como el Foro de Davos– le dedicó su atención a este asunto. En un monográfico sobre “economía del deporte” subrayó los peligros que los condicionantes medioambientales están suponiendo para el negocio deportivo. “La degradación ambiental mina directamente tanto el rendimiento de alto nivel como la participación deportiva popular”, concluyó.

Los analistas del foro calculan que el deporte global se ha convertido en un nicho de 2,3 billones de dólares anuales. “Los crecientes riesgos ambientales como el calor severo, los episodios meteorológicos extremos y la contaminación, están alterando las competiciones, obligando a cancelar algunas y reorganizar otras”, concluyen. Y ponen de ejemplo que la meteorología adversa ya cuesta más de 300 millones de euros en ingresos perdidos y mantenimiento en Gran Bretaña.

El autor de la investigación sobre el calor extremo y las sedes mundialistas de fútbol, Donal Mullan pedía “repensar” la hora de los partidos para “proteger a los jugadores, los espectadores y los organizadores”. A la luz de sus datos, la Asociación de futbolistas profesionales FIFPRO ha remitido una petición oficial a la FIFA para mover los horarios de los partidos a horas más frescas del día “aunque entre en conflicto con las ventanas óptimas para la retransmisión”. La FIFA, por el momento, se ha limitado a anunciar pausas de hidratación de tres minutos en cada tiempo.

Los pastores de yaks de Bután están consternados porque la montaña sagrada Jomolhari ha perdido sus “perlas lustrosas” de nieve y hielo; en Perú, los peregrinos que subían al Colquepunco para recolectar “hielo sagrado”, se limitan ahora a tomar agua del deshielo del glaciar. Los primeros se sienten culpables porque su diosa está “enferma” y los segundos creen que su dios se ha cansado de sus oraciones. Son solo dos ejemplos del impacto que está teniendo el calentamiento global sobre los rituales y creencias de las culturas que consideran a los glaciares lugares sagrados. 

Seis investigadores que trabajan en algunos de estos lugares del planeta publican un análisis conjunto en Nature Climate Change en el que exponen cómo el calentamiento global está forzando una transformación en las creencias y rituales en las comunidades indígenas de montaña. Para muchos de los habitantes de estas zonas del mundo, desde los Andes hasta el Himalaya, está ocurriendo algo muy inquietante: a sus ojos, los glaciares sagrados parecen estar enfermos, se están escondiendo o les están abandonando.

Los dioses que habitan las montañas, que alguna vez parecieron todopoderosos, ahora parecen frágiles y vacilantes

Elizabeth Allison — Investigadora del Instituto de Estudios Integrales de California

“Los dioses que habitan las montañas, que alguna vez parecieron todopoderosos, ahora parecen frágiles y vacilantes”, resume Elizabeth Allison, del Instituto de Estudios Integrales de California. “Se está perdiendo la conexión espiritual con la Tierra, al mismo tiempo que se están perdiendo los glaciares”, explica Iván Lizaga, investigador del IPE-CSIC y coautor del artículo. “Ellos se piensan que uno es la consecuencia de lo otro”.

Desconexión en las Montañas de la Luna 

Lizaga colabora con el investigador local Moses Muhumuza, quien lleva años trabajando en los montes Rwenzori, conocidos históricamente como las “Montañas de la Luna”, entre la frontera de Uganda y la República Democrática del Congo. La cosmología, creencias y prácticas espirituales del pueblo konjo, que vive en esta región, están profundamente arraigadas en los recursos naturales; los konjo reconocen a 21 dioses y diosas asociados a la montaña y en su cosmovisión los glaciares son el esperma semisólido del dios Kithasamba (literalmente, “El que no escala”, porque reside cerca de la cumbre). 

En estas montañas los datos son alarmantes: han perdido alrededor del 90% de sus glaciares desde principios del siglo XX. Esta pérdida física, junto con la prohibición a los habitantes locales de acceder al Parque Nacional, ha obligado a abandonar muchas de las ceremonias tradicionales. La comunidad konjo estableció una relación de causalidad directa entre ambos hechos, explica Lizaga, e interpretaron que el hielo desaparecía no por el calentamiento global, sino porque se les impedía ejecutar sus rituales. Por fortuna, la situación se está revirtiendo, aunque los efectos de este abandono perduran. 

El dios que se esconde 

Otro de los casos que se citan en el artículo es el de la peregrinación del Señor de Qoyllurit’i, en Perú. Históricamente, los devotos subían al glaciar Colquepunco para cortar bloques de “hielo sagrado” y llevarlos a sus comunidades. Según recoge la antropóloga argentina Constanza Ceruti, los peregrinos ahora se abstienen de cortar el hielo y solo recolectan agua de deshielo e interpretan que el glaciar retrocede porque el Señor, cansado de las oraciones de los devotos, está intentando “esconderse” de ellos. “Con casi 30 años de experiencia personal de campo en el estudio antropológico y arqueológico de altas cumbres, puedo ver claramente que el futuro de las montañas está en riesgo y, con él, su patrimonio cultural”, asegura Ceruti.

En Bolivia, tras la desaparición total del glaciar Chacaltaya en 2009, los habitantes del Valle de Milluni interpretan el sol abrasador como una consecuencia de sus actos. “Es un castigo que hemos creado nosotros mismos”, relata un residente local. En la cosmovisión andina, los picos nevados son “abuelos” o guardianes y la crisis climática ha obligado a modificar tradiciones con siglos de antigüedad. Pero esta relación parece haber cambiado, señala Elizabeth Allison. “Mientras que antes las oraciones para mantener buenas relaciones con las deidades de las montañas parecían producir precipitaciones suficientes y oportunas, estas oraciones y ofrendas ya no son tan efectivas”, asegura.

Al servicio del diablo

Guillermo Salas Carreño, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, defiende que en los Andes las montañas no han dejado de ser agentes intencionales, aunque lo que está cambiando es su significado. “Yo he trabajado en las comunidades rurales más chiquitas y son muy conscientes de que está cambiando el clima, lo que produce un sentimiento de culpa de que los cerros estén castigándoles por sus fallos morales y el descuido ritual”, explica a elDiario.es. “Hay quien te dice que nuestros pecados huelen tan mal que el Señor [el glaciar] se va durante la peregrinación, porque apestamos mucho”. En su opinión, es especialmente injusto que esta gente que vive en economías de subsistencia se culpe del cambio climático. “Se da la paradoja de que ellos están pagando más caro el cambio y obviamente no tienen la responsabilidad”, subraya.  

Hay quien te dice que nuestros pecados huelen tan mal que el Señor [el glaciar] se va durante la peregrinación, porque apestamos mucho

Guillermo Salas Carreño — Investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Un hecho significativo en algunas zonas, explica Salas Carreño, es el notable aumento de la influencia de las iglesias evangélicas y pentecostales. Esto deja fuera a las antiguas deidades y da paso a una interpretación basada en las escrituras. “Estos cambios se ven como castigos divinos o como parte de la teleología de la Segunda Venida y el Juicio Final”, explica el experto. “Como no son Dios, los glaciares y montañas son entonces asociados con el diablo. Y los conversos suelen abstenerse de honrar a los glaciares y montañas”.

La diosa enferma del Himalaya

En el techo del mundo, en Bután, una consecuencia del calentamiento es que la metáfora de la belleza divina se está desmoronando. Los habitantes de estas tierras altas del Himalaya describían anteriormente su montaña sagrada cercana, Jomolhari, como una diosa que vestía “perlas lustrosas”, en alusión a la nieve y hielo visible en las cumbres. Ahora, sin embargo, los pastores de yaks señalan con consternación las “manchas negras” que aparecen en la montaña, a medida que la cubierta de nieve y hielo disminuye, sugiriendo que “parece enferma”. 

Como en los casos anteriores, los habitantes de las tierras altas muestran un sentido de culpabilidad moral, preocupados de haber fallado en seguir su cultura y rituales adecuadamente, causando que la diosa Jomolhari los abandone. Para Elizabeth Allison, lo que está ocurriendo es una pérdida del sentido de integración y conexión que ejercían las religiones. “Las percepciones, prácticas y metáforas religiosas milenarias en las comunidades de alta montaña están cambiando a medida que el paisaje físico cambia hacia un entorno desecado y más oscuro”, argumenta. “Muchos de estos ritos que se están abandonando protegían la biodiversidad y su desaparición contribuye a que no se llegue a frenar esa degradación”, coincide Iván Lizaga. 

La angustia por la pérdida

Álvaro Fernández-Llamazares, especialista en etnobiología del ICTA-UAB, cree que este artículo es muy valioso porque muestra que el cambio climático no solo transforma paisajes físicos, sino también las relaciones espirituales que muchas comunidades mantienen con esos paisajes. “El retroceso de glaciares afecta a sistemas de creencias, rituales y relaciones de reciprocidad que durante siglos han regulado la convivencia entre personas y naturaleza”, señala. En su trabajo con comunidades indígenas, él ha podido observar procesos muy similares, a menudo acompañados de lo que se conoce como solastalgia, un sentimiento de duelo, angustia y desorientación que surge cuando los lugares de arraigo se transforman o desaparecen por el deterioro ambiental. 

El paisaje deja de responder como antes y se quiebra una relación de confianza forjada durante generaciones. En comunidades sámi, este cambio se suele expresar como un duelo silencioso

Álvaro Fernández-Llamazares — Especialista en etnobiología del ICTA-UAB

“Entre los sámi del norte de Fenoscandia, la pérdida de nieve estable y la creciente imprevisibilidad del hielo se viven con una sensación tremenda de pérdida”, relata Fernández-Llamazares. “El paisaje deja de responder como antes y se quiebra una relación de confianza forjada durante generaciones. En comunidades sámi, este cambio se suele expresar como un duelo silencioso por un territorio que ya no sostiene con la misma fuerza la vida cultural y espiritual”.

La necesidad de que las comunidades se impliquen en la conservación de los ecosistemas es lo que ha llevado a la ONU a patrocinar programas como el que se sigue en las montañas del norte de Pakistán, donde se quiere recuperar creencias locales como el “matrimonio entre glaciares machos y hembras” para sembrar nuevos glaciares. Sérgio Henrique Faria y su equipo del Laboratorio de Hielo (IzotzaLab) del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3), que han investigado este proceso, cree que el análisis de estos seis investigadores es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de estas creencias. 

“Durante los últimos dos siglos, el pensamiento académico y científico consideraba las religiones basadas en la naturaleza como algo primitivo que había que superar”, apunta Faria. “En su momento, esa actitud fue crucial para combatir los peligros del misticismo, pero también erosionó el valor positivo de las relaciones recíprocas con el entorno que se mencionan en este artículo”. En su opinión, el cambio climático ha puesto de relieve los peligros de este distanciamiento radical con el entorno, a lo que se le suma la reacción por parte de ciertos grupos religiosos, que no aceptan la idea de formar parte de la naturaleza y perder la supuesta superioridad humana otorgada por lo Divino. “Es hora de tener en cuenta estas nuevas amenazas”, concluye. 

Las abundantes lluvias que han caído este invierno en España disparan la capacidad de los embalses con un total de 43.000 hectómetros cúbicos de agua acumulada, iniciando el mes de febrero con las mayores reservas desde 1988. Desde el inicio del año, la reserva ha subido 25 puntos, pasando del 57% al 82,5%, según los últimos datos del Boletín Hidrológico semanal del Ministerio de Transición Ecológica.

Las cifras vienen impulsadas por las lluvias que han traído las borrascas Marta y Leonardo en el último mes, un total de 14.174 hectómetros cúbicos, récord histórico desde 1988 de aumento de la reserva de agua en los embalses.

Este dato no es habitual: estamos ante el año con mayor nivel de agua en los embalses a estas alturas del año desde que hay registros. La última vez que la reserva estuvo por encima del 82,5% fue en 2014. El año pasado, por estas mismas fechas, las reservas de agua estaban al 57,69%. Zonas que hasta hace apenas un año estaban en situación emergencia por sequía, como las cuencas internas de Catalunya, ya están en uno de sus mejores registros históricos de llenado.

Los datos incluyen los volúmenes de agua almacenados en todos los embalses peninsulares que tienen una capacidad mayor a 5 hectómetros cúbicos (el equivalente al consumo anual de agua de 100.000 personas). En definitiva, toda el agua que se puede gestionar en España.

¿Significa esto que estamos peor o mejor que en años anteriores? Estamos en el mayor nivel de reservas de la última década (a estas alturas del año) y en mucha mejor situación que hace apenas tres años, en la temporada 2021-2022, cuando la escasez de lluvia y la gestión del agua dejó los embalses más vacíos de este siglo. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución de las reservas en cada año hidrológico (de octubre a septiembre) desde 1990 en todos los embalses y en cada cuenca hidrográfica.

La situación no es igual en cada zona de la Península. Los embalses de las cuencas de Catalunya, Guadalquivir, Tajo o Guadiana están hasta 40 puntos por encima de lo habitual.

España tiene 374 embalses repartidos por todo el territorio, con capacidad para almacenar más de 56.000 hectómetros cúbicos de agua. ¿Cómo de buena o de mala es la situación de la reserva en cada presa? En el siguiente mapa se puede consultar el estado de cada pantano.

Ahora mismo, 154 embalses están por encima del 90% de llenado.

Puedes filtrar para ver solo los embalses de uso principal hidroeléctrico (aunque pueden tener otros usos también) y los que se usan principalmente para el consumo. Hay que tener en cuenta que no todos los embalses se llenan de la misma manera o con la misma estacionalidad.

Por esa razón, comparamos la situación actual de cada embalse con la media de la última década en las mismas fechas, para ver cuáles están en mejor situación y peor situación.

                             

La situación de la reserva, embalse por embalse

Cada cuadrado representa un embalse. Muestra el porcentaje de llenado de la reserva de agua en la semana actual. El tamaño de cuadrado indica la capacidad total del embalse

Tipo

Consumo Todos Hidroeléc.

Situación

Peor Todos Mejor

Desliza

Embalse

% de reserva

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica

El mapa dibuja una situación muy similar de las reservas de agua por el territorio. Salvo contadas excepciones distribuidas por la península que se encuentran por debajo de lo que sería habitual en esta época del año, la mayoría presentan embalses con reservas abundantes. Un cambio de tendencia que destaca sobre todo en los embalses de las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir (la zona sur), que están casi llenos después de un par de años en los que apenas utilizaban un tercio de su capacidad.

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de llenado actual de cada cuenca y la comparación de las reservas con los datos de la última década.

Hay que tener en cuenta que la situación actual de cada cuenca no depende solo de la escasez o no de lluvia sino también de las altas temperaturas (evapotransporación) y la demanda de recursos hídricos (regadíos, usos urbanos, industriales, etc.).

Para hacernos una idea de cómo estos factores influyen en las reservas, comparamos las imágenes satelitales del embalse de La Serena (Badajoz) y el de Gualdacacín II (Cádiz), con las reservas por encima del 97% y el 94% de su capacidad, respectivamente. Se trata de las imágenes nítidas satelitales disponibles hace dos años (en febrero de 2024) hace uno (febrero de 2025) y cómo se encuentran en la actualidad.

La Serena (Badajoz)

Hace dos años - 19% de capacidad

Hace un año - 41% de capacidad

Actualidad- 97% de capacidad

Guadalcacín II (Cádiz)

Hace dos años - 16% de capacidad

Hace un año - 23% de capacidad

Actualidad- 94% de capacidad

Fuente: Copernicus

La situación de los embalses puede asimilarse a la de un vaso de agua. Aunque se corte el grifo, si el agua se bebe con moderación, las reservas pueden mantenerse. Sin embargo, un corte continuado del suministro (la falta de lluvias) es uno de los principales factores que influyen en que el vaso esté cada vez más vacío.

Precisamente, la sequía meteorológica llega cuando se produce una escasez continuada de precipitaciones. Este suele ser el paso anterior a la escasez de agua, que es cuando faltan reservas para el consumo humano o la agricultura.

¿Y cómo están las precipitaciones? ¿Cuánto está lloviendo este año en España? Según los últimos datos de la AEMET, la temporada empezó con el promedio habitual de lluvia pero las precipitaciones de invierno han subido los niveles por encima de la media histórica. En comparación con 2021-2022, el año más seco reciente, las lluvias han dejado hasta 150 litros más por metro cuadrado en territorio peninsular.

En general, desde otoño ha llovido bastante más de lo que sería esperable en la mayoría de las cuencas hidrográficas. En el Guadalquivir, hasta un 78% más de agua ha caído sobre lo habitual en esta época del año, en el Guadiana, un 54% más, y en las internas de Catalunya, un 43% por encima de lo normal.

Que llueva o no llueva no es la única causante de que los embalses estén más o menos llenos. ¿Por qué? Porque la gestión de la demanda de agua para el consumo humano es clave: el abastecimiento urbano (doméstico, turístico, municipal), los regadíos, la ganadería, la industria y otros usos recreativos (como el riego de campos de golf).

Hay que tener en cuenta que la generación de electricidad no es un uso consuntivo. Esto es, esa agua no se consume mientras se utiliza para producir energía sino que normalmente acaba en el siguiente embalse donde puede ser empleada para otros usos agrícolas, urbanos, etc.

A continuación se muestra la distribución de la demanda de agua en las distintas Confederaciones Hidrográficas (CH) actualmente. Las cifras provienen de las estimaciones disponibles en los Planes Hidrológicos de cada una de las CH para el ciclo 2022-2027. Los datos hacen referencia al escenario actual y muestran que la principal demanda de agua para consumo es la agricultura.

En España se utilizan para consumo humano más de 30.000 hectómetros cúbicos de agua, según los datos recopilados de cada cuenca hidrográfica. Tal y como se observa en el gráfico anterior, el 81% (la gran mayoría) se destinan a la agricultura y ganadería, el 15% para uso urbano, el 4% a uso industrial y 0,3% para uso recreativo. 

La dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia, que dejó más de 230 fallecidos y daños materiales incalculables, fue mucho más violenta y afectó a una cantidad mayor de territorio por culpa del calentamiento global. Es la principal conclusión de una investigación liderada por Carlos Calvo-Sancho, del CSIC, que identifica por primera vez cómo el cambio climático dopó la tormenta: aumentó la intensidad de lluvia acumulada en seis horas en un 21% respecto a lo que habría ocurrido en la era preindustrial y amplió un 55% el área geográfica afectada por la destrucción.

Para el estudio, que se publica este martes en la revista Nature Communications, los autores han usado el método de atribución basado en la física (que implica tanto simulaciones como observaciones directas) que permite cuantificar el impacto del cambio climático impulsado por el hombre sobre la tormenta de Valencia de 2024. Explicado de forma simplificada, los autores crearon “gemelos digitales” de la tormenta: uno recreando las condiciones actuales y otro simulando cómo se habría comportado esa misma tormenta en un mundo preindustrial, sin el exceso de gases de efecto invernadero actuales. La diferencia entre ambos modelos permitió aislar con precisión el impacto atribuible al cambio climático en la catástrofe. 

Más lluvia torrencial por cada grado

El hallazgo más preocupante del estudio se centra en la violencia de las precipitaciones en periodos muy cortos. Los científicos descubrieron que, por cada grado de calentamiento global, la intensidad de la lluvia en una hora aumentó un 20%. Esta cifra es llamativa porque supera los cálculos físicos tradicionales (que estimaban un aumento del 7%), lo que indica que estamos ante tormentas con una capacidad explosiva mucho mayor de lo previsto, impulsadas por una atmósfera alterada por la acción humana.

Por cada grado de calentamiento global, la intensidad de la lluvia en una hora aumentó un 20%

La “gasolina” que alimentó esta virulencia fue el exceso de calor acumulado en el mar Mediterráneo y el Atlántico. Las altas temperaturas del agua inyectaron una cantidad enorme de humedad en la atmósfera, proporcionando energía extra a la tormenta. Esto generó nubes con corrientes de aire ascendentes mucho más potentes y una mayor formación de granizo, creando un sistema convectivo capaz de descargar agua con una furia inusitada sobre las cabeceras de ríos y barrancos.

Más territorio afectado

El estudio no solo señala que llovió con más fuerza, sino que el desastre golpeó a más territorio. Al comparar el escenario real con simulaciones de un clima sin calentamiento global, los datos muestran que el área afectada por precipitaciones extremas (superiores a 180 litros) creció un 55%. Esto significa que el cambio climático expandió considerablemente la “zona cero” del peligro, exponiendo a muchas más poblaciones a niveles de lluvia que activan las alertas rojas de los servicios meteorológicos.

En un clima preindustrial se generarían esas tormentas, pero no serían tan virulentas ni tendrían tanto poder destructivo

Juan Jesús González Alemán — Experto en dinámica atmosférica de AEMET y coautor del estudio

“Es el primer estudio en analizar específicamente el interior de la tormenta de la dana; antes se estudió la precipitación de forma general, nosotros analizamos la dinámica interior de la tormenta que generó la catástrofe”, señala Juan Jesús González Alemán, experto en dinámica atmosférica de AEMET y coautor del estudio. “Lo que hemos encontrado ha sido que la virulencia de la tormenta provocó una tasa de precipitación más grande y el impacto del cambio climático fue mayor de lo esperado”.

En un escenario sin calentamiento, reconoce el experto, se habría producido una dana, pero las tormentas asociadas no habrían tenido tanto poder destructivo y probablemente no habrían causado la catástrofe que causó, porque el área habría sido mucho menor. “En un clima preindustrial se generarían esas tormentas, pero no serían tan virulentas ni desarrollarían tanta energía ni serían tan complejas”, resume. “Y, por tanto, no tendrían tanto poder destructivo”.

Este análisis lanza una advertencia urgente de cara al futuro inmediato. “Tras medir este 20% de aumento por cada grado de calentamiento, si llegamos a los 2 grados, lo más probable es que la cantidad de lluvia aumente en un 40% y así sucesivamente”, recalca González-Alemán. “El problema es que también hemos encontrado relaciones no lineales y procesos que se retroalimentan, de modo que ese porcentaje con 2 grados de temperatura de calentamiento global podría irse más allá, a un 50-60%” de aumento.

Los autores recalcan que los escenarios teóricos de lluvias extremas ya son una realidad palpable en el Mediterráneo occidental. Por ello, insisten en que es imperativo acelerar las estrategias de adaptación y rediseñar la planificación urbana, ya que las infraestructuras actuales no están preparadas para soportar la nueva generación de tormentas, más extensas e intensas, que fabrica nuestro clima calentado.

Más humedad y energía

Ángel Rivera, meteorólogo del Estado y portavoz de AEMET entre 2005 y 2012, considera que es un artículo muy interesante. “Primero porque se ocupa en profundidad y rigor del suceso atmosférico de mayor impacto en España desde hace mucho tiempo y en segundo lugar por descubrir el papel del cambio climático en él mediante la participación en el mismo de aire más cargado de humedad y energía”, explica. “Es importante también que considera el papel jugado por la microfísica de las nubes en la potenciación de la contribución energética”.

Los autores de este trabajo mencionan los estudios de atribución previos de este mismo episodio, que contribuyeron a establecer desde el minuto uno la conexión entre este episodio y el cambio climático, comenta Ernesto Rodríguez Camino, meteorólogo y presidente de la Asociación Meteorológica Española, al SMC. “Sin embargo, estos estudios adolecen del detalle y la resolución que proporciona el presente estudio que, con simulaciones de escala kilométrica y con análisis a escala subdiaria, permiten una mejor comprensión de los procesos físicos subyacentes”, asegura. “Este trabajo, en consecuencia, ayuda a mejorar el conocimiento sobre la conexión entre este episodio concreto y el cambio climático”.

Modelos imperfectos

Francisco J. Tapiador, catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), matiza algunos aspectos. “Estando convencido de que, efectivamente, el cambio climático antropogénico amplificó la dinámica de esas inundaciones, y que se deberían abordar medidas de adaptación, hay que ser cuidadoso con el alcance del artículo”, apunta a elDiario.es. Aunque es un buen trabajo, los modelos no son perfectos, recuerda, y la “receta” física que usa el modelo, la WSM6, es una versión muy simplificada de la realidad. 

“Para simular el tiempo hay que decirle al programa cómo se comportan las gotas de agua, el granizo, la nieve…”, explica Tapiador. “El problema es que los modelos no simulan bien algunas de esas partículas (como el granizo blando o ”graupel“) y el margen de error del propio modelo es mayor que la diferencia que intentan medir”. El problema es que la atmósfera es caótica: un cambio mínimo en las condiciones iniciales puede producir resultados completamente distintos, señala. “Para evitar eso, los científicos ”sujetan“ la simulación (fuerzan que el patrón general del tiempo sea el mismo), pero al hacer eso ya no están comparando dos mundos libremente, sino que están simplificando la pregunta”.

“La metodología aplicada basada en el Pseudo Calentamiento Global (PGW, por sus siglas en inglés) impone fuertes limitaciones a los aspectos dinámicos de este tipo de eventos tales como las trayectorias de las depresiones aisladas que están en el origen de este caso particular”, añade Rodríguez Camino. “Este estudio es un escalón más —muy útil y valioso— en la atribución de este evento que deberá ser complementado en el futuro con estudios adicionales que no adolezcan de las limitaciones de la metodología PGW”.

El cambio climático resumido en una imagen: un esquiador de fondo se lanza a la competición de 10 km de unos Juegos Olímpicos de invierno en los Alpes sin la parte de arriba de su traje. Va en tirantes porque hace calor.

El protagonista, el estadounidense John Steel Hagenbuch, bromeó luego sobre su look al postear una imagen suya esquiando en una playa, pero no fue el único competidor en aparecer en camiseta sobre la pista de nieve artificial el 13 de febrero. Más allá de ver a un atleta invernal con los brazos al aire, la superficie inusualmente blanda al estar derritiéndose por el calor generó caídas y lesiones.

“¿Por qué nadie habla de cómo la crisis climática está amenazando los Juegos de invierno?”, se pregunta la responsable de energía y clima de WWF-Italia, Mariagrazia Midulla. Las temperaturas en ascenso impiden que las precipitaciones sean en forma de nieve, reducen los días de heladas y derriten aprisa la superficie helada o nívea. La ONG se queja de que “los organizadores de Milano-Cortina han construido grandes sistemas de generación de nieve artificial que captan una gran cantidad de agua de unas reservas que ya soportan mucha presión”.

En este sentido, si bien no se ha llegado al nivel de los JJOO de Pekín de 2022 donde casi toda la nieve fue artificial y consumió unos 2,79 millones de metros cúbicos de agua, la cita italiana calcula que serán necesarios 948.000 m³ de líquido para generar nieve, según la organización World of Statistics. “Se está manteniendo al mínimo necesario para tener una competición segura”, asegura el Comité Olímpico Internacional, a pesar de las imágenes de esquiadores de máximo nivel por el suelo debido a las condiciones de la pista.

La cuestión que lanza Midulla resuena en tiempos de negacionismo climático ascendente. Los JJOO de invierno dependen del frío en las montañas. Precisamente uno de los escenarios donde más crudamente está golpeando el calentamiento global causado por las emisiones de gases de las actividades humanas. Un chivato con el mayor altavoz del mundo: la edición de Pekín 2022 acumuló 2.000 millones de audiencia –un 5% más que cuatro años antes en Pyeong Chang, según el COI–. La cadena estadounidense NBC ha informado de que las competiciones de Cortina d'Ampezzo han batido récords de telespectadores.

Así que lo que el mundo está viendo en sus pantallas –si quiere– es que, aunque haya jornadas en las que cae nieve, hay otras en la que lo que cae es lluvia (que deshace la nieve) y en muchas de las instalaciones necesitan manto artificial. La última vuelta de tuerca ha sido contemplar esquiadores en manga corta.

Tendencia corroborada

Los datos no hacen más que evidenciar cómo se recalienta el planeta y más todavía las cumbres de las cordilleras. Cortina d'Ampezzo –cuyas pistas más altas están a más de 2.800 metros de altitud– ya fue sede olímpica en 1956. En los setenta años que han transcurrido desde esa edición, la temperatura media en febrero allí ha subido 3,6ºC, según un estudio de Climate Central. “El rápido calentamiento ha acercado las temperaturas promedio de ese mes al punto de deshielo”, afirma. Se ha pasado de contar 214 días con heladas en el periodo 1956-1965 a una media de 173 entre 2016 y 2025. Una caída del 19%.

El calentamiento acelerado se ha constatado “en los Himalayas, los Alpes y los Andes lo que podría llevar a cambios rápidos en la línea de nieve, la transición lluvia-nieve y la retirada de los glaciares”, describió el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático (IPCC) ya en 2021.

Lo que han constatado in situ los científicos es que el espesor del manto de nieve en los Alpes durante la temporada de esquí de noviembre a mayo ha caído un 8,4% por década desde 1971 a 2019. Y la cubierta blanca dura un 5,6% menos. En la zona de Cortina d'Ampezzo la reducción de la capa en febrero es de unos 15 centímetros.

Con una visión amplia, todas las localidades donde se han celebrado JJOO invernales a partir de 1950 muestran un incremento de temperatura de 2,7ºC. Un estudio conjunto de las universidades de Waterloo (Canadá) e Innsbruck (Austria) calculó que de la 97 potenciales sedes olímpicas de invierno, solo 52 mantendrían condiciones de temperatura y nieve mínimas para celebrarlos en 2050 en una proyección intermedia de calentamiento global. Y, como el análisis de Climate Central recuerda: “Sin temperaturas lo suficientemente frías y suficiente nieve en el suelo, los atletas olímpicos pueden experimentar condiciones como lluvia, nieve húmeda o poca cobertura de nieve”. No es un escenario del futuro, según se ha visto en Cortina d'Ampezzo.

La situación es tan clara que un grupo de atletas olímpicos ha escrito a la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, para que renuncie a patrocinadores relacionados con los combustibles fósiles. La gran petrolera y gasística italiana Eni es patrocinadora principal de estos Juegos.

En la carta le dicen a la presidenta que se asegure de que esas compañías “sean inelegibles como sponsor olímpico, como ya ocurre con la prohibición sobre el tabaco”. Y rematan: “La mayor amenaza al sueño olímpico son los combustibles fósiles”.

¿Lejos de España?

Lógicamente, los deportistas de invierno son uno de los principales sectores afectados e interesados por este proceso. Un grupo de atletas que no es muy significativo en España donde la relevancia de los JJOO de invierno es mucho menor que la de la versión estival.

Sin embargo, el mismo proceso que preocupa a los olímpicos hace que, en España, las zonas turísticas más vulnerables al cambio climático sean, por un lado, el litoral y, por otro, las montañas, como explica el Ministerio de Transición Ecológica en su Análisis de impactos sobre el sector turístico.

Ese impacto viene por el “acortamiento de la temporada de turismo de nieve por la menor cobertura especialmente a bajas altitudes”. Las consecuencias en las cumbres son más evidentes y también “más patente su dificultad de adaptación”.

El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático del CSIC ha informado de que los inviernos más cálidos “están reduciendo los días con nieve acumulada suficiente, se retrasa el inicio de las temporadas y esto conlleva implicaciones económicas negativas para las estaciones y las zonas rurales dependientes de la nieve”.

La patronal del sector suele atribuir a su actividad un volumen económico de 2.000 millones de euros anuales y 100.000 empleos directos e indirectos.

Este lunes, como si se tratara de socavar la acumulación de datos, al salir a la pista uno de los pocos deportistas españoles en Cortina d'Ampezzo a disputar el eslalon especial de esquí alpino, las imágenes de televisión han mostrado que, en esta ocasión, sí caían copos. Un alivio, cada vez más raro, de nieve.

“La piscina –simbólicamente– es alegría. Promete diversión. ¡En las discotecas hay piscinas! El símbolo de la desolación es una piscina vacía. Si aparece una piscina vacía en una peli te están trasladando tristeza. En cambio, verla llena te transmite que habrá niños jugando”. La frase la pronunció –hace unas semanas– Jorge Dioni López, uno de los periodistas que más tiempo ha dedicado a bucear –en profundidad– en qué supone –en términos sociales, económicos, políticos, inmobiliarios– poder chapotear sin salir de casa, ya sea en un recinto privado o compartido con otros miembros de una misma comunidad. El autor de La España de las piscinas estaba en el lugar correcto para hilar esa reflexión. Había viajado –por primera vez– a Eivissa. La meca de la música electrónica –más de un club se hizo famoso hace décadas promocionando fiestas del agua– es también el territorio español donde más piscinas –con y sin licencia– hay: una cada catorce ibicencos. Son 11.435 estanques artificiales, según datos del Catastro. Un puntito azul cada cinco hectáreas dentro de una isla de 571 kilómetros cuadrados azotada por la sequía y el exceso de consumo. 

La cifra no ha dejado de crecer desde que hay registros fiables. Ni siquiera la pandemia o los tres años consecutivos –desde enero de 2023 a diciembre de 2025– que Eivissa ha estado en prealerta porque llovía demasiado poco, demasiado irregular, detuvieron la construcción de piscinas. En la última década, cien más al año. Un hiperconsumo que, además de comprometer la situación de los acuíferos y obligar a más de un ayuntamiento a aplicar restricciones de consumo, ha ido acompañado de más políticas expansionistas –la puesta en marcha de la tercera desaladora de la isla, el proyecto de construir una cuarta– que normas que impongan límites. 

“Hemos llegado a una situación insostenible: no es de recibo que se esté pidiendo una cuarta desaladora y se sigan construyendo piscinas. Hay que trabajar en políticas para reducir la demanda y eso no se puede conseguir aumentando la oferta”, dice Joan Carles Palerm Berrocal. Este biólogo preside la sección ibicenca del Grup d’Estudis de la Natura de les Pitiüses (GEN-GOB), una asociación ecologista que se puso en marcha en 1982. Un año más tarde, George Michael –todavía a dúo con Andrew Ridgeley– se hizo famoso en todo el mundo gracias al videoclip que grabó en una piscina ibicenca: la del hotel Pike’s. Club Tropicana fue el primer éxito de Wham!. Estos jóvenes británicos se mofaban de las vacaciones baratas que se habían puesto de moda entre los chicos y las chicas –cócteles baratos, desfase de madrugada, resaca de mediodía– de su generación. Pero, a la vez, usaban la piscina como fetiche hedonista. Broncearse sobre los pliegues de una colchoneta era el rumbo a seguir. Bien lo sabía otro cliente ochentero del mismo negocio: Julio Iglesias. La imagen del triunfador olía a cloro.

Y es que fueron los ochenta la época en que las piscinas pasaron a formar parte del paisaje insular. Todo nuevo hotel necesitaba la suya. Aquella década terminará en Eivissa con la inauguración de unos parques acuáticos que –curiosamente– el cambio de modelo turístico –de la familia al lujo, del ocio nocturno al diurno– ha convertido en ruinas vivientes –algunos están abandonados– o reconvertido en complejos VIP. Grandes demandantes de agua. “La isla es un sistema autónomo a nivel hidrológico que funciona como una única unidad”, recuerda Palerm, “por eso, cada metro cuadrado sobre el que inciden el sol y el viento está evaporando agua durante los seis meses de más calor”. “Son toneladas y toneladas y toneladas que se pierden. Si se llenan con agua de la red a la que estarán conectadas esas casas, estarán consumiendo agua de desaladora”.

Hemos llegado a una situación insostenible: no es de recibo que se esté pidiendo una cuarta desaladora y se sigan construyendo piscinas. Hay que trabajar en políticas para reducir la demanda y eso no se puede conseguir aumentando la oferta

Joan Carles Palerm Berrocal — Grup d’Estudis de la Natura de les Pitiüses (GEN-GOB)

Una ordenanza para ahorrar agua

La ordenanza que el Ajuntament de Santa Eulària des Riu aprobó en verano de 2024 dio un paso en dirección contraria. Quizás porque se trata del término ibicenco donde el número de piscinas –una cada nueve vecinos, hay más de 42.000 personas censadas en uno de los municipios españoles donde más caro es comprar una vivienda– es el más alto de toda la isla. ¿Qué es ahora obligatorio allí? Sistemas de recuperación del líquido sobrante, un máximo de una piscina por hogar –en rústico–, obligación de llamar a los servicios municipales cada vez que se vacía o contadores independientes para calcular el gasto en las que están dentro de los cascos urbanos, donde puede haber una piscina por parcela, excepto en condominios donde las casas compartan tapia: la gatera por la que nuevas promociones regatean la ley. Como Can Dalt. 

Esta urbanización cuenta con once piscinas para once casas. Si se fusionaran, sumarían 155 metros cuadrados. La superficie de un ático. Casi la mitad de la capa de agua de una piscina de veinticinco metros. Como la municipal de Santa Eulària, que se encuentra al otro lado de la calle donde se ha construido este complejo de lujo. A Palerm ese modelo le parece un escándalo: “¡Once piscinas para once casas! Es algo que no se puede soportar. Si una urbanización quiere tener piscina, que sea comunitaria”.

Can Dalt es una urbanización cuenta con once piscinas para once casas. Si se fusionaran, serían como la piscina municipal de Santa Eulària, que se encuentra al otro lado de la calle donde se ha construido este complejo de lujo

“El mar para ti: no tienes que ir a la playa para disfrutarlo. Y aumenta el valor de la propiedad”, explica Jorge Dioni López, y prosigue: “Terraferida [entidad ecologista de Mallorca] lo demuestra cuando mapea Mallorca: ¿por qué hay tantas piscinas en sitios que están al lado del mar? Porque es la forma de aumentar el valor inmobiliario, pero también una tentación para quedarte en tu villa y no salir. La playa, en un Estado como España donde todavía es pública –aunque el 30-40% puede ser privada, un tema muy conocido, es uno de los pocos sitios que quedan totalmente democráticos. Plantas tu toalla y tienes que respetar al vecino. Me parece normal que a quien no le guste compartir su espacio con otras personas diga: yo no quiero ir a la playa”.

¿Por qué hay tantas piscinas en sitios que están al lado del mar? Porque es la forma de aumentar el valor inmobiliario, pero también una tentación para quedarte en tu villa y no salir

Jorge Dioni López — Autor de 'La España de las piscinas'

Diversión para los nietos

Es imposible no pensar en esos datos y en esas normas –y en la mirada de Jorge Dioni López también– cuando se escucha a Joan Roig Tur explicar la historia de su piscina y de los dos safaretjos que funcionan en Can Pau, los terrenos agrícolas en los que nació y donde sigue viviendo a sus setenta y cinco años. Es –literalmente– el último vecino de Santa Eulària: la finca está justo en el límite occidental del municipio. La piscina la construyó, a los pies del casament del siglo XVIII –la forma ibicenca de possessió, lloc, alqueria, masia o cortijo– que heredó de su padrino, con “una idea muy clara”: “Que la disfrutaran nuestros nietos. La hicimos porque en aquel momento mi mujer y yo teníamos el dinero para construirla, no nos queríamos hipotecar en algo así. Fuimos unos de los primeros vecinos en construir una piscina, y no me arrepiento para nada: aquí, los niños de la familia han disfrutado y disfrutan una barbaridad cuando llega el verano. Vienen de Palma, donde vive mi hija, y se vuelven locos jugando por aquí. Algunos de nuestros mejores recuerdos familiares están alrededor de esta piscina”.

Las cincuenta y cinco toneladas de agua que almacena –y que, según dice él mismo, “nunca se vacían sino” porque se dedica a hacer un mantenimiento semanal, “y sólo una vez salieron algas verdes”– conviven con otras trescientas toneladas que se reparten en dos safaretjos. Tras las lluvias de las últimas semanas, están a tope sin que tenga que sonar la musiquilla que anuncia el arranque del motor eléctrico que acciona el pozo. En las paredes de las albercas, cuando el cemento todavía estaba fresco, el albañil escribió dos fechas. 1939, para el que queda más lejos de la casa, a un kilómetro y poco. 1980, para el que queda a apenas cincuenta metros de la vivienda.

“El safareig más antiguo –explica Joan de Can Pau– lo construyeron mi padre, Pere, y sus dos hermanos, Joan, que era mi padrino, y Pep. Una aventura. Allí, ¿veis?, no hay piedra que sacar. La tuvieron que traer con un carro desde una cantera que queda a un buen rato… y meterla por estos caminos, que no eran mejores que ahora. Como se quedó pequeño, ¿os fijáis?, levantaron el muro para que tuviera más capacidad. Yo recuerdo, de niño, a una mula dando vueltas para sacar el agua: unas acequias la llevaban hasta los cultivos. Y también me acuerdo de cuando pusieron el primer motor de nuestra perforada. Ahora es eléctrico, pero fue de combustible mucho tiempo: ese motor lo conservo, está oxidado pero si lo encendemos aún rodaría. Para conseguir que chupara agua tuvieron que excavar un túnel de catorce metros e instalar el motor. Aquí el acuífero es muy bueno, no tiene nada de sal ni está contaminado, pero también es muy profundo. El agua se saca a casi noventa metros”. Ventajas y desventajas de vivir –prácticamente– en el centro de la isla.

“En el otro safareig –continúa Joan de Can Pau– yo mismo hice de peón de un maestro de obras que contraté. Mi padre ya había faltado. ¿Por qué lo construí? Necesitábamos otro depósito, más cerca de la casa, para aumentar la producción de frutas y verduras que vendíamos en la tienda: la abrieron mis padres, en el sesenta y tantos, y luego la atendió mi mujer, hasta que se jubiló hace unos años y la alquilamos; yo le echaba una mano por las tardes y, además, trabajábamos la finca, claro”. Aunque jubilado –“y con las rodillas operadas”–, sigue subiéndose a un tractor para arar feixes. En unas planta algo de trigo, en otras crecen naranjos y limoneros. 

Agricultura pese al turismo

La biografía de este ibicenco de interior permite entender cómo ha ido cambiando –y adaptándose– la relación de los habitantes de la isla con el turismo y, de rebote, con el agua. Un ejemplo: mientras “cumplía el servicio militar, dieciséis meses en es Polvorí”, un antiguo arsenal que quedaba a pocos kilómetros de su casa, todavía se duchaba a la manera rural. Una regadera sobre una figuera de pic, “la de los higos chumbos”, pastilla de jabón, y a funcionar. Cuando terminó la escuela, Joan de Can Pau se puso a trabajar con su familia. De payés. En la veintena, sin embargo, bajó a Vila. En la capital de la isla condujo un taxi “trece años, hasta 1987”, cuando compró “una grúa” con la que se empleó lejos de casa sin desatender el colmado que durante décadas nutrió –producto fresco, producto en seco, bebidas, pan, bombonas de butano– a “un barrio” de casas diseminadas. Dos mundos opuestos estaban fusionándose. 

Por eso, con la misma precisión con la que nombra las viviendas que rodean a la suya –“Aquí arriba está s’Alqueria, que es muy antigua, aquella de al fondo es Can Lluquí…”– Joan de Can Pau recuerda los nombres de los hoteles que se fueron inaugurando en la costa mientras él conducía un taxi. El mismo invento que –“de niño”: es decir, apenas veinte años antes– había reunido a decenas de familias en la puerta de la iglesia de Santa Gertrudis de Fruitera –la parroquia a la que pertenece su casa– cuando un paisano apareció “con un SEAT 1500 e invitó a bunyols y orelletes”, dulces de fiesta mayor, “a todo el pueblo”. 

“Hasta ese momento no había por aquí más de dos o tres coches: era todo un acontecimiento que hubiera un taxista en el pueblo. Luego todo cambió muy rápido –dice Joan de Can Pau–. Yo algo de mundo he visto y en Eivissa hemos progresado en muchísimas cosas, pero también recuerdo cómo, para nuestros mayores, cada gota de agua era importante. Si se llenaba una tinaja para meterla en la casa, se gastaba lo mínimo porque no sabías cuánto te podía faltar. Ahora, para no sufrir, necesitamos temporadas como esta última: aquí han caído unos 500 litros por metro cuadrado desde el pasado verano”.

En Eivissa hemos progresado en muchísimas cosas, pero también recuerdo cómo, para nuestros mayores, cada gota de agua era importante. Si se llenaba una tinaja para meterla en la casa, se gastaba lo mínimo porque no sabías cuánto te podía faltar. Ahora, para no sufrir, necesitamos temporadas como esta última: aquí han caído unos 500 litros por metro cuadrado desde el pasado verano

Joan de Can Pau — Vecino de la isla

El caso de este pensionista es peculiar, pero no único: no ha dedicado su piscina al turismo y porque los safaretjos de su finca no son ornamentales. Quizás tenga que ver que sus posesiones estén a media hora de caminata del Riu de Santa Eulària, el que sirvió para crear el topónimo del municipio, el único que existía en las Illes Balears hasta que la sobreexplotación secó su cauce, el mismo que resurgió el pasado octubre, cuando una DANA anegó las zonas inundables de la isla, muchas de ellas cimentadas, edificadas, urbanizadas. 

Un patrimonio hidráulico por catalogar 

Juan Calvo Cubero, director de la Aliança per l’Aigua, anima a “inventariar” con fondos públicos el número de “depósitos tradicionales” que permanecen en una isla donde la superficie agraria sigue reduciéndose mientras –paradoja– aumentan las hectáreas que se dedican a la agricultura ecológica. “En Eivissa está pendiente un trabajo casi antropológico que es escuchar a los mayores que todavía conservan la memoria del agua; provienen de un mundo donde se sabía para qué y cuándo había que utilizar un recurso muy escaso. No sabemos, por ejemplo, cuántos aljibes, que excavaban para almacenar las precipitaciones, hay en la isla. Pero están y aparecen hasta en los lugares más sorprendentes”, explica este biólogo sobre unas cisternas tan transversales que aparecen en los palacios de la nobleza –situados tras las murallas renacentistas de Dalt Vila– o en la orilla del mar, en calas que tuvieron uso comercial. Como la Xanga, donde se salaba atún para exportarlo. “Ponerlos en funcionamiento sería una buena forma de ayudar a la regeneración de los acuíferos”, remata Calvo, que es especialista en proyectos de recuperación ecológica. 

Todo tiene una razón. En el safareig más antiguo de Can Pau nada una carpa, “enorme, de tres kilos”, que emerge para comerse el pan que le tira su amo y para liberar la superficie de mosquitos. De la misma manera que la cadena trófica funcionaba como pesticida no contaminante, un aljibe recogía toda la lluvia posible en la finca. Estaba cerca del casament y su propietario decidió cubrirlo hace décadas. El pozo mecanizado ya hacía manar agua corriente y aquellos metros cuadrados que ocupaba el depósito subterráneo podían reconvertirse en un bancal cultivable: en el minifundio todo pedazo de tierra cuenta.

“Hasta la llegada del turismo –razona Calvo– y la sobreexplotación de unos acuíferos que están esquilmados en casi toda la isla funcionaron comunidades de regantes donde había manantiales, pese a que esta es una tierra de pocos regadíos, más allá de es plans, las llanuras, bastante construidas desde hace décadas. Ahora, excepto en algunos rincones, como el valle de es Broll, donde tienen la suerte de contar con una fuente que todavía brota, esos colectivos ya no existen, pero formaron un tejido de relaciones sociales”.

Hasta la llegada del turismo y la sobreexplotación de unos acuíferos que están esquilmados en casi toda la isla funcionaron comunidades de regantes donde había manantiales

Juan Calvo Cubero — Director de la Aliança per l’Aigua

La prueba que redondea lo que dice Calvo –la vida que pivota sobre el H2O– es una expresión que, aunque no se use en la isla, se mantiene viva en el catalán de Catalunya: fer safareig. Matar el tiempo hablando de fulano o mengano. Se charlaba junto al agua. Xafardeig –literalmente, cotilleo– es la deformación de esta palabra que –como ocurre, también en castellano con el vocabulario del regadío– viene del árabe. Cualquier leyenda o fiesta ibicenca sucede alrededor de una fuente o un pozo –construcciones que sí están catalogadas– y fueron inventadas en una época en la que no existían las botellas de plástico con tapón de rosca. Las criaturas mágicas, como el fameliar, salían de recipientes de vidrio.

Tres veces más piscinas que ‘safaretjos’

Sí existe un dato –fiable, pero ya algo antiguo– para conocer el número de safaretjos que hay en la isla. Es fruto de un estudio –muy exhaustivo, se rastreó la piel de Eivissa a través de visores geográficos, parcela a parcela– que realizó el GEN en 2015 y publicó el digital Noudiari. Para entonces, los ecologistas ya alertaban de que, por cada safareig –3.425– había tres piscinas en un momento en el que se estaba extrayendo casi toda el agua disponible –19.281 de los 20.296 hectómetros cúbicos– de unos acuíferos que rondaban el 66% de capacidad.

En el peor momento de la sequía, el nivel medio de las reservas subterráneas bajó al 27%, pero un número indefinido de piscinas no dejaron de vaciarse para volver a llenarse. Y de dibujarse en planos de reforma o de nueva construcción. “Hay otro factor” que influye en la proliferación de “las piscinas”, advierte Jorge Dioni López. Con la ironía que imprime carácter a sus textos y después de haber dado un paseo por la capital de la isla, envía un mensaje de WhatsApp: “Quedan de puta madre en los anuncios de las inmobiliarias”.

EEUU, el país que más CO₂ ha inyectado a la atmósfera, acaba de decidir oficialmente que los gases de efecto invernadero no suponen ninguna amenaza para la salud humana y del planeta. El responsable histórico número uno del cambio climático ha revocado el informe científico que determinaba el peligro de estos gases y su relación con los vehículos a motor.

La ofensiva negacionista –y anticientífica– ha obtenido uno de sus grandes trofeos: la derogación exprés, en menos de un año, de la Endangerment Finding, la determinación científica y legal emitida en 2009 por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) sobre el peligro que representan estos gases. Era su objetivo desde hacía mucho tiempo y se lo habían exigido a Trump.

“A partir de ahora se ha establecido el negacionismo como la política oficial de esta administración”, explica el analista de política climática del Centro para el Progreso de EEUU (CAP), Leo Banks.

Para los que piensan que el cambio climático es un bulo este informe era el santo grial. Creen que con esta derogación han asestado un golpe en el corazón del movimiento climático

Leo Banks — Analista de política climática del Centro para el Progreso de EEUU

“Para los que piensan que el cambio climático es un bulo [aquello del ”hoax" expandido por Donald Trump], este informe era el santo grial –describe este sociólogo para elDiario.es–. Creen que con esta derogación han asestado un golpe en el corazón del movimiento climático”.

En la práctica, estos documentos de la EPA sirvieron para que existiera una base legal y científica con la que imponer a los emisores de gases en EEUU la obligación legal de recortar de emisiones CO₂, metano y otros gases de efecto invernadero. Por eso se había convertido en la pieza de caza mayor para los negacionistas. Sin ellos, esperan que se establezca barra libre para los contaminadores.

El actual director de la EPA, Lee Zeldin, ha dicho que “la administración de Trump no va a sacrificar la prosperidad, la seguridad energética y la libertad de nuestro pueblo por una agenda que socava a nuestras industrias, nuestra movilidad y las opciones de los consumidores al tiempo que beneficia a nuestros adversarios extranjeros”.

El director del Instituto Woods para el medio ambiente de la Universidad de Stanford (EEUU), Christopher Field, cuenta a elDiario.es que, desde este momento, “el Gobierno no tiene manera alguna de establecer límites de emisiones de gases a los motores de los vehículos o la generación de electricidad”. El científico estadounidense añade que “aunque esta medida no afecta directamente a los incentivos para las energías limpias, la administración Trump ya ha retirado muchos de estos estímulos con otras regulaciones”.

Leo Banks afirma que nos hallamos ante “una cúspide del negacionismo. La EPA ha hecho de esta derogación su prioridad principal desde el primer día y lo ha perseguido de manera religiosa”. El analista subraya que “al impulsar esta desregulación ambiental se deja a los contaminadores hacer lo que quieran”.

Y lo que quieren es multiplicar el uso de combustibles fósiles (el origen de las emisiones de gases invernadero) y no acotar la contaminación que salga de los tubos de escape de los automóviles. EEUU es el principal emisor histórico mundial: acumula el 25% de todo los gases inyectados a la atmósfera (la costra que atrapa el calor y termina por alterar el clima). Europa es el segundo responsable con el 22% desde 1750, China el tercero con el 12%.

'Conspiración' anticientífica

La ofensiva contra esta clave de bóveda climática viene de lejos. Desde que Donald Trump tuvo que dejar la Casa Blanca en 2021, cuatro antiguos colaboradores suyos comenzaron a trabajar para dinamitar el Dictamen de Peligro de la EPA: Russol Vought, Jeffrey Clark, Mandy Gunasekara y Jonahathan Brightbill conformaron un grupo de presión, según ha desvelado el New York Times.

Los tres primeros aparecen como autores o colaboradores en el documento llamado Proyecto 2025 elaborado por la Fundación Heritage que afirma: “La EPA debería revisar y rescindir el dictamen de peligro de 2009, que sustenta gran parte de la autoridad reguladora del gobierno federal en materia climática”. Y prosigue: “Deberían eliminarse las oficinas y programas que promueven el activismo en materia de cambio climático”.

Es una gran abdicación de EEUU. La evidencia científica ya era robusta en 2009 y lo es mucho más hoy. Cualquier evaluación honesta concluye que esos gases de efecto invernadero son, ciertamente, un peligro para la salud y el bienestar de las personas

Christopher Field — Director del Instituto Woods para el medio ambiente de la Universidad de Stanford

No se limitaron a eso. También socavaron la Agencia Meteorológica de EEUU al afirmar que “se ha convertido en uno de los principales impulsores de la industria del alarmismo climático”. Llegaban a decir que “sus programas de investigación climática han sido utilizados para impulsar una agenda política más que la ciencia”.

En realidad, la ciencia es la que ha saltado por los aires con esta derogación. Christopher Field no duda en resaltar que “la evidencia científica para la Endangerment Finding ya era robusta en 2009 y lo es mucho más hoy. Cualquier evaluación honesta concluye que esos gases de efecto invernadero son, ciertamente, un peligro para la salud y el bienestar de las personas”.

Banks, por su parte, concluye que hemos asistido a un “ejemplo de política anticiencia”, ya que se ha desmontado un informe “sin tener ninguna evidencia de que los gases no son un peligro. Es una bofetada en la cara de la ciencia que no había hecho nada más que fortalecerse desde 2009”.

El investigador de Stanford admite que esta derogación “representa una gran abdicación de los EEUU como líder global de la acción climática”. El analista del CAP, por su parte, sostiene que esto “deja a los aliados de EEUU en una situación delicada. Y lo hemos visto recientemente con el acuerdo entre Canadá y China sobre los coches eléctricos”. Trump reaccionó a ese anuncio con una amenaza: aranceles del 100% a su vecino continental del norte si persiste en el acuerdo.

Ambos investigadores coinciden en que el mundo seguirá avanzando en políticas climáticas aunque EEUU se borre. Sin embargo, también se constata un movimiento de arrastre fuera del país norteamericano. En la Unión Europea, por ejemplo, se han aguado hasta cierto punto las medidas contra las emisiones con la prórroga a los motores de combustión decidida hace pocos meses o la revisión de los objetivos de reducción de gases que se tuvo que estirar hasta las puertas de la cumbre climática de Brasil.

Con todo, Christopher Field vaticina que “la acción global continuará con o sin los EEUU porque los demás han comprendido que este asunto es importante y también porque las tecnologías verdes son la opción más económica, segura y confiable”.

Las intensas lluvias que han caído en Andalucía desde principios de año, fruto de siete borrascas de gran impacto, han provocado no solo desalojos, desplazados y daños en las infraestructuras viales, en casas o en paseos marítimos, sino que se han cebado especialmente con el sector primario. Agricultores y ganaderos se esfuerzan en achicar aguas y limpiar sus zonas de trabajo para poder cuantificar qué se ha perdido y cuánto tardarán en volver a la normalidad. Pero el análisis preliminar no es nada halagüeño y desde el campo asumen que las pérdidas son “incalculables”, tal y como vienen también denunciando en estos días organizaciones agrarias como UPA, Cooperativas Agroalimentarias, COAG y Asaja.

El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, admite que aún no se pueden dar cifras concretas de los daños porque están siendo todavía evaluados. Este mismo viernes, tras reunirse con las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, ha confirmado que el Gobierno está abierto a abordar la flexibilización de la PAC, “repasar” los módulos del IRPF de 2026 y el número de peonadas y “trabajar” para que estén garantizados los contingentes de trabajadores de terceros países que son “necesarios” para las tareas del campo. Asimismo, asegura que habrá ayudas directas y créditos y avales.

Provincias como Cádiz y Málaga se han visto especialmente dañadas por este tren de borrascas y quienes tienen sus explotaciones agrícolas y ganaderas en ambos puntos son quienes más problemas están acarreando. Pero la intensidad de las lluvias, que apenas han dado tregua, también ha tenido su efecto en el resto de Andalucía, ya que, según datos del Ministerio de Agricultura, solo en el sector agrícola se han visto dañadas más de 14.000 hectáreas de la comunidad autónoma, más de la mitad de las 22.000 que han sufrido el efecto de las borrascas en toda España. Una realidad que hace que el sector primario pida ayuda a las administraciones, pero también levante la voz recordando que hay políticas de prevención que no se han llevado a cabo.

Porque lo que en estas semanas han perdido tardarán tiempo en recuperarlo y la nueva realidad a la que parece enfrentarse España ante el cambio climático implica que el futuro tiene que pasar por debates en los que el campo tiene mucho que decir desde hace años. Ese es el caso precisamente de los agricultores del Bajo Guadalete, en la provincia de Cádiz, uno de los puntos más castigados por las precipitaciones y también uno en los que los problemas históricos se acumulan. Así lo explica José Miguel Hernández, que a sus 41 años representa un perfil poco común del sector primario: el de un empresario joven que como tal exige también la modernización del campo.

Lloviendo sobre mojado

Hernández es propietario, junto con su hermano, de una gran extensión agrícola en esta zona de la provincia de Cádiz. Por eso mismo, sabe que, sin poder haber comprobado al detalle qué daños ha sufrido su explotación, las pérdidas serán “incalculables”. Las parcelas siguen anegadas y los caminos rurales destrozados, lo que impide incluso que los peritos puedan acceder a todas las fincas. En su caso, que planta sobre todo cultivos hortícolas, asume que si deja de llover no podrá empezar a plantar de nuevo hasta finales de mayo, lo que hace que pierda por completo la campaña agrícola de verano, salvo que pueda arrendar un campo que no esté dañado mientras se recupera el suyo. Solo en pérdida de cultivos, calcula unos 220.000 euros.

Pero su análisis va más allá del temporal. Sostiene que el campo lleva años advirtiendo de la necesidad de invertir en infraestructuras hidráulicas, limpieza de cauces, mantenimiento de canales y mejora de drenajes. “Esto no es solo la lluvia, es que no se ha invertido lo suficiente en prevención”, defiende. A su juicio, las precipitaciones han evidenciado carencias estructurales que arrastran desde hace décadas y que ahora multiplican los daños. En todo el Bajo Guadalete, explica, hay alrededor de 400 kilómetros de tuberías obsoletas de fibrocemento, mientras se invierte en “cosas que no hacen falta, pero que vienen bien para el turismo”. En cuanto al sistema que hay en su explotación, las pérdidas de las canalizaciones rondarán los 40.000 euros.

En una zona históricamente sensible a las crecidas, los agricultores reclaman planes integrales que contemplen tanto la gestión del agua en épocas de sequía como la evacuación en momentos de lluvias extremas. “No se puede hablar solo de ayudas después del desastre. Hay que hablar de inversión antes de que ocurra”, insiste Hernández, que reivindica un modelo de campo más tecnificado y preparado para escenarios climáticos cada vez más imprevisibles.

Si en la campiña gaditana el agua ha ahogado cultivos, en el interior de Jaén ha provocado un golpe todavía más doloroso: la muerte de cientos de animales en plena paridera, el periodo de tiempo en el que las madres crían. Antonio Punzano, ganadero trashumante de ovino con más de tres décadas de experiencia, reconoce que nunca había vivido algo igual. “Estamos rondando el 60% de los corderos perdidos”, lamenta.

Los números no dan

No se trata solo de que haya llovido mucho, sino de que no ha parado. “Siempre han estado mojados, siempre”. La humedad constante ha debilitado a las crías recién nacidas, que si no maman en las primeras horas mueren, y ha favorecido infecciones entre las que han logrado sobrevivir. “De tantas bajas como este año, nunca jamás lo había visto”, asegura. Lo habitual, explica, es que en explotaciones como la suya se puedan perder entre 30-40 crías en épocas de lluvias de entre 300 y 400 corderos, pero ahora la cifra se ha multiplicado por seis. “Las ayudas deben llegar, pero de forma justa y que no perjudiquen a los que sí estamos afectados porque no es lo mismo los que somos trashumantes que quienes tienen a sus rebaños en ganaderías cercadas y techadas”.

De este modo, las pérdidas económicas, solo en su explotación, oscilan entre los 15.000 y los 20.000 euros. Pero el daño es también estructural: muchas de las crías fallecidas eran futuras madres, lo que compromete la reposición del rebaño y retrasa la producción durante meses. “Al menos, los pantanos van a estar llenos para los próximos años”, se consuela. No obstante, como el resto del sector, cree que hacen falta inversiones. Al ser ganadero trashumante y no tener un lugar físico en el que recoger a los corderos, considera que han de construirse zonas específicas para situaciones en las que se produzca un clima tan adverso, que parece que será la tendencia por el cambio climático.

Situación complicada e incierta

En la provincia de Málaga, la situación tampoco es sencilla. En Antequera, Carmen Roldán, ganadera de ovejas al frente de una explotación familiar, describe un escenario límite que combina el impacto de las lluvias con problemas previos como la lengua azul. “Nunca habíamos vivido una situación tan complicada y tan incierta como la actual”, afirma. Entre el aumento de costes –piensos, gasóleo, electricidad...– y las pérdidas derivadas de la enfermedad, habla de “varios miles de euros” y de una rentabilidad cada vez más estrecha. “Trabajamos más que nunca para ganar menos que nunca”. A ello se suma, denuncia, una burocracia creciente y ayudas que no llegan. “Las ayudas que no llegan a tiempo no solucionan nada”.

Desde la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura asegura que está evaluando la situación dentro de sus competencias y trasladando los datos a Presidencia y Hacienda para realizar el cómputo total de daños y articular las ayudas. Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha solicitado también a la Comisión Europea la activación de la Reserva de Crisis Agrícola para apoyar a las zonas afectadas y ha avanzado cifras provisionales que sitúan en torno a 14.000 las hectáreas dañadas en Andalucía.

Mientras las administraciones evalúan y preparan planes de respuesta, el campo insiste en que la solución no puede limitarse a compensaciones puntuales. La prevención, la inversión en infraestructuras y la adaptación al nuevo escenario climático son, para agricultores y ganaderos, cuestiones pendientes que esta cadena de borrascas ha dejado al descubierto. Porque más allá de las cifras, lo que se ha puesto en evidencia es la fragilidad de un sector que sostiene buena parte de la economía rural andaluza. Y si no se refuerzan los cimientos, advierten, el próximo temporal volverá a encontrar al campo igual de expuesto.

“¿Qué es eso de prorrogar sin más durante 75 años una ocupación de la costa?”. Con esta pregunta ilustra la coordinadora de costas de Greenpeace, María José Caballero, lo difícil que es deshacer la fórmula de gestión del litoral creada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Un modelo que, a la larga, se ha demostrado contrario a la ley europea. El Ministerio de Transición Ecológica intenta por segunda vez acabar con esa manera de permitir la instalación de negocios durante un siglo sobre una costa, en teoría, de dominio público.

La cuestión es que en Bruselas debieron hacerse una pregunta similar porque la Comisión Europea (CE) abrió un expediente sancionador a España en febrero de 2023 ya que la normativa nacional aún permite otorgar esos permisos de forma opaca y partidista y, además, “prorrogar las concesiones existentes hasta 75 años sin justificación”, según detallaba la CE.

Desde que se retocó la norma de costas en 2013 para poder alagar casi automáticamente durante décadas los permisos de factorías, chiringuitos o pasarelas, más de 300 infraestructuras obtuvieron esa amnistía, según los cálculos de Transición Ecológica.

En un primer momento, este Ministerio aprobó un reglamento en 2022 para acotar esas ocupaciones privadas tras la gracia que el PP concedió a muchas construcciones en su reforma legal de 2013 que “fue una reforma terrorífica”, sentencia Caballero.

Aquel nuevo reglamento incluía otra batería de medidas que, en teoría, iban encaminadas a que la costa cumpliera con su función de defensa ante los embates del mar. Una defensa que ha incrementado su importancia debido al recrudecimiento y multiplicación de los temporales marinos que trae el cambio climático. Entre sus últimos ejemplos más visibles: la destrucción de la playa de Matalascañas en Huelva debida a la borrasca Francis.

Cuando, según explica el Ministerio, se encontraba en el proceso de informar a Bruselas de lo que estaba haciendo para adecuar las leyes españolas –lo propio del procedimiento de infracción de la UE– llegó en diciembre de 2024 una sentencia del Tribunal Supremo que, a petición de la organización Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, anuló el nuevo reglamento. Se volvió a la casilla de salida: la norma y el procedimiento diseñados por Arias Cañete.

Con ese procedimiento “no ha sido raro que se diera una autorización a un Ayuntamiento para la explotación de un chiringuito en la playa, pero que no se hiciera seguimiento de si ese Ayuntamiento realizaba una exposición pública con un pliego de condiciones para que se postularan distintas empresas y que se adjudicara con a un procedimiento transparente y legal”, ejemplifica Manuela Cuevas de Ecologistas en Acción.

Lo que nos dice Bruselas es que no se puede ocupar el litoral de esa manera y durante tanto tiempo. La Constitución establece que la costa es pública y ahora, además, debe protegernos así que solo puedes estar en la costa si no hay otro sitio donde puedas estar, aunque seas una papelera o una petroquímica

María José Caballero — Coordinadora del informe de costas de Greenpeace

“Lo que nos dice Bruselas es que no se puede ocupar el litoral de esa manera y durante tanto tiempo –abunda la portavoz de Greenpeace– la Constitución establece que la costa es pública y ahora, además, debe protegernos así que solo puedes estar en la costa si no hay otro sitio donde puedas estar, aunque seas una papelera o una petroquímica”.

Ese fue también el procedimiento con el que el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2016 (estando ya en funciones) la prórroga de ocupación de la papelera Ence en la ría de Pontevedra hasta 2073. A pesar de que la Audiencia Nacional falló en contra de ese nuevo permiso, el Supremo terminó por avalarlo. Lo que demuestra el paso del tiempo es que, una vez ocupada la costa, se hace muy difícil liberarla (el hotel de El Algarrobico en Almería es quizá el ejemplo más crudo).

El Ministerio explica que, tras las reuniones con la Comisión Europea, se ha optado por modificar el reglamento para “corregir” lo que tiene que ver con la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación. “Se hace imprescindible para evitar que el procedimiento de infracción escale a una condena”, argumentan en Transición Ecológica.

Dunas sí, carreteras no

Al ser anulado el reglamento por el Supremo (la razón jurídica fue de tipo procedimental: no se había sometido bien a información pública), no solo decayeron normas sobre cómo invadir legalmente la costa, sino que también se perdieron disposiciones que incorporaban más superficie y elementos dentro de ese dominio público marítimo-terrestre que se protege. Por ejemplo, el decreto incluía como elemento de las playas casi cualquier duna y estableció que la línea que marcara el máximo nivel que alcancen las olas sirviera para decir: esto es playa (y por tanto dominio público) que debe preservarse y obligar a controlar qué puede o no levantarse sobre ella.

También se prohibió la construcción de carreteras paralelas y la circulación o aparcamiento en la zona de dominio público, no solo en la propia playa. En general, la normativa exigía que se tuviera en cuenta el nuevo contexto de crisis climática ante cualquier concesión de ocupación sobre el litoral.

“El Ministerio puede aprovechar el asunto de la infracción para lidiar con la intensificación de la presión sobre nuestras costas y la competencia entre los distintos usos de ese espacio”, reflexiona Marta García Pallarés, portavoz de una coalición estatal de organizaciones ambientales entre las que están –además de Ecologistas en Acción–, los Grupos Ornitológicos de Balears, la Fundación Juan Tábara o SOS Costa Brava y Mar Menor.

La plataforma pone el acento en un aspecto, a veces, poco observado: las aguas costeras. Y por eso consideran importante “ampliar la limitación de velocidad más allá de las zonas de baño” de embarcaciones tipo moto acuática, “prohibir la navegación paralela a la costa dentro de las zonas de baño no balizada y regular el fondeo de embarcaciones en estas zonas para evitar la masificación flotante”.

Esa utilización tan intensiva del litoral “afecta directamente tanto a la seguridad de las personas como a la conservación de especies y ecosistemas marinos clave”, remata García Pallarés. La amenaza de una sentencia europea le da una segunda oportunidad a la costa. Está por ver si esta vez va la vencida.

En inviernos como el actual, cuando bajan las temperaturas y llega a caer nieve en buena parte de España (y del hemisferio norte en general), puede que haya quien se cuestione el cambio climático. Al fin y al cabo, temporales gélidos y húmedos como los presentes, al igual que la borrasca Filomena en 2021, parecen negar su existencia. Porque ¿cómo puede el calentamiento del planeta ser compatible con el frío y la lluvia de estas fechas?

El calentamiento global sigue avanzando

El calentamiento global es inequívoco. La temperatura media del aire en superficie en el decenio 2011-2020 fue de 1,1 ºC sobre la del período de referencia, la segunda mitad del siglo XIX. Los tres últimos años, del 2023 al 2025, han supuesto, además, un salto notable, con un promedio por encima ya de 1,5 ºC, como ha confirmado el programa europeo de observación de la Tierra Copernicus.

Recuérdese que el Acuerdo de París, de 2015, advertía que el planeta no debía llegar al grado y medio de calentamiento y nunca a los 2 ºC, so pena de padecer efectos muy graves o irreversibles. Pues bien, aunque climáticamente se necesitan algunos años más para establecer estadísticamente que se han alcanzado 1,5 ºC de calentamiento, todo apunta a que aproximadamente en menos de una década esto será así. La concentración de los gases de efecto invernadero en el aire sigue aumentando, lo que conlleva el aumento imparable de la temperatura.

Sin embargo, el sistema climático es muy complejo, con múltiples mecanismos de retroalimentación, entre la atmósfera, el océano, los continentes, la biosfera, el hielo del Ártico y de la Antártida, etc. Igualmente, las situaciones sinópticas, las que reflejan, día a día, los mapas del tiempo, muestran comportamientos complejos, ora persistentes ora altamente variables en el tiempo y en el espacio.

La tendencia general de la temperatura es el resultado del promedio de esa secuencia de tiempos diferentes, con muchas anomalías cálidas y algunas frías. Un temporal como Filomena o una racha de tiempo frío y desapacible solo supone hoy una pequeña muesca en la tendencia creciente de la temperatura. En las últimas décadas hay muchos más días y meses cálidos o muy cálidos que fríos respecto a la norma.

La lluvia llama a la lluvia, el calor al calor

Aun así, los días fríos son posibles, dado que, aparte del aumento de la temperatura, también se ha incrementado su variabilidad, es decir, su varianza estadística. De esta forma, el resultado serían más casos cálidos y muy cálidos, sin dejar de haber casos fríos.

Por otra parte, cuando aparece un tiempo repetidamente lluvioso, como está ocurriendo ya desde finales de 2025 hasta hoy en buena parte de España, hay que recordar el concepto de la persistencia meteorológica. Es decir, la tendencia a continuar o a repetirse una determinada situación, como el paso casi continuo de depresiones y de frentes.

Así, la probabilidad de que aparezca un día lluvioso después de un día lluvioso es superior a la simple probabilidad de un día lluvioso o la probabilidad de un día lluvioso después de uno seco. Es decir, si hoy llueve, mañana hay una probabilidad más elevada de que vuelva a llover que si hoy hubiera sido un día seco. Esto es común en gran parte del planeta. Su causa está en la persistencia de los temporales y episodios que producen lluvia, que, en general, duran más de un día.

Como ejemplo, la probabilidad de un día lluvioso después de un día lluvioso en Barcelona es de un 51 %, mientras que la simple probabilidad de que aparezca un día lluvioso es de un 24 %.

Por el contrario, el establecimiento de los llamados anticiclones de bloqueo, muy persistentes, da lugar a un tiempo estable y monótono durante semanas. En este sentido, la persistencia de los días secos en gran parte del planeta es superior a la de los días lluviosos. En el ejemplo de Barcelona, la probabilidad de un día seco es del 76 %, que se eleva a un 85 % en el caso de la probabilidad de un día seco después de un día seco.

En el ámbito mediterráneo peninsular un patrón característico es el de períodos secos relativamente largos salpicados por algunos días lluviosos. Como caso extremo, en Almería si hoy deja de llover, la secuencia de días secos que cabe esperar a continuación tiene una duración media de 16 días, más de medio mes, mientras que en San Sebastián es de cuatro días (sin contar los días con cantidades de lluvia inferiores a 1 mm).

A una escala regional o superior, como la de la península ibérica y parte del Atlántico norte, el tren de borrascas, o familia de borrascas, puede seguir durante semanas una ruta parecida, produciendo acumulaciones de lluvia y tiempo ventoso durante bastantes días en las mismas áreas.

El vórtice polar se ha expandido hacia el sur

La circulación atmosférica a todos los niveles, desde la corriente en chorro –un fuerte flujo de aire en la alta troposfera– hasta la superficie, está desplazada hacia el sur, afectándonos de lleno.

El vórtice polar, que, como un volante atmosférico, confina el aire muy frío sobre el polo, se ha ondulado y expandido hacia el sur. Aunque aún no hay evidencias concluyentes, este proceso podría derivar del calentamiento global. Esto produciría, paradójicamente, un tiempo lluvioso y desapacible en nuestras latitudes. O una nevada del siglo, como ha ocurrido, recientemente, en buena parte de Estados Unidos.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

“Me han puesto varias multas que definitivamente no voy a pagar”. De este modo resume su enfado un conductor alemán que asegura haber recibido “múltiples” notificaciones de sanción por haber accedido con su Tesla “cien por cien eléctrico” a la zona de bajas emisiones (ZBE) de Palma, implantada, como en otros municipios españoles de más de 50.000 habitantes, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes. Pese a los objetivos perseguidos y a que la implantación de la ZBE en España es común y obligatoria, en los últimos meses han proliferado las quejas de turistas, principalmente de origen germano, que denuncian haber recibido multas de hasta 200 euros tras haber accedido al centro de la capital balear convencidos de que su coche estaba autorizado para ello.

“Creo que eso es discriminación. No deberían llamarlo zona medioambiental, sino hacerla accesible solo para residentes”, asevera el mismo usuario, que vierte su crítica en un vídeo publicado en Instagram en el que, bajo el epígrafe “¡Importante para coches alemanes en Palma!” y en base a la información municipal, se informa de la medida y sobre lo que deben hacer los conductores de vehículos con matrícula extranjera para poder acceder al perímetro restringido. La medida, que reabre el debate sobre cómo compatibilizar la regulación medioambiental con la intensa movilidad turística que atraviesa la capital balear, se inscribe en un contexto en el que otras ciudades europeas como Berlín, Londres o Bruselas aplican desde hace años restricciones similares que, en la práctica, priorizan una movilidad urbana más sostenible frente al uso intensivo del coche.

Ante las quejas recibidas por falta de información o transparencia, desde el Ayuntamiento de Palma defienden que los requisitos para los vehículos con matrícula extranjera pertenecientes a personas no residentes están expresamente recogidos en la ordenanza de la ZBE y figuran, asimismo, en las preguntas frecuentes publicadas en la web del Consistorio. En declaraciones a elDiario.es, fuentes de la corporación municipal precisan que estos coches pueden quedar exentos únicamente si se dan de alta en el sistema y justifican su residencia, cumpliendo los requisitos establecidos. Por su parte, colectivos de residentes aseveran que esta situación no es excepcional ni discriminatoria: “Esto es el pan de cada día en zonas turistificadas como Mallorca. Igual el alemán no es consciente, pero el desconocimiento no exime de culpa”, defienden en una publicación de Facebook desde la plataforma SOS Residents.

Esto es el pan de cada día en zonas turistificadas como Mallorca. Igual el alemán no es consciente, pero el desconocimiento no exime de culpa

SOS Residents

El origen del conflicto

El origen del conflicto, de hecho, no reside en una diferencia de trato entre vehículos nacionales y extranjeros, sino en la imposibilidad técnica de clasificar automáticamente las matrículas foráneas y en los requisitos administrativos adicionales que los ayuntamientos pueden exigir para autorizar su acceso. Mientras países como Alemania cuentan con sistemas propios de clasificación ambiental -como la umweltplakette-, esos distintivos no siempre pueden ser reconocidos de forma automática de acuerdo a las etiquetas españolas (0, ECO, C, B) al no estar integrados en la tabla de homologación que utiliza la Dirección General de Tráfico (DGT). Por ello, aunque un vehículo cumpla criterios equivalentes en su lugar de origen -incluidos los coches eléctricos-, el turismo no puede ser identificado por el sistema local si previamente no ha sido registrado. En este sentido, aunque la DGT establece un criterio general de referencia para las zonas de bajas emisiones del país y reconoce la validez de algunos distintivos ambientales extranjeros cuando existe una equivalencia oficial -como Alemania, Austria o Dinamarca-, deja margen a los ayuntamientos para concretar su aplicación.

Mientras países como Alemania cuentan con sistemas propios de clasificación ambiental -como la 'umweltplakette'-, esos distintivos no siempre pueden ser reconocidos de forma automática de acuerdo a las etiquetas españolas (0, ECO, C, B) al no estar integrados en la tabla de homologación que utiliza la Dirección General de Tráfico (DGT)

Es en este punto donde Palma -al igual que otras ciudades como Barcelona, Madrid o Zaragoza- introduce una diferencia clave: para poder acceder a la ZBE, los vehículos que no pueden ser reconocidos automáticamente -como los de matrícula alemana- deben inscribirse previamente en el registro municipal (o, alternativamente, utilizar únicamente los itinerarios expresamente señalizados para acceder a los aparcamientos públicos). Y ello solo en determinados supuestos: que sean residentes empadronados en la ZBE -independientemente de su distintivo ambiental y siempre que el vehículo se encuentre vinculado a su nombre- o propietarios de inmuebles situados dentro del perímetro -siempre que su vehículo cumpla los requisitos ambientales exigidos-. En ausencia de ese trámite, el acceso, que queda registrado por las cámaras de lectura de matrículas, se considera irregular y puede conllevar multas de hasta 200 euros.

En este contexto, la medida afecta especialmente a los turistas que llegan a Mallorca con su propio coche. La mayoría de los visitantes, sin embargo, alquila vehículos con matrícula española, de escasa antigüedad y con distintivo ambiental, lo que les permite atravesar sin problema el límite de la ZBE. Se trata de un sistema que, en la práctica, busca desincentivar el acceso habitual al centro de Palma de vehículos sin vinculación estable con la ciudad y garantizar que la zona de bajas emisiones cumpla su finalidad de reducir el tráfico y las emisiones en el casco urbano, reforzando con ello un modelo de movilidad pensado prioritariamente para quienes residen o trabajan de forma permanente en el entorno urbano.

Se trata de un sistema que, en la práctica, busca desincentivar el acceso habitual al centro de Palma de vehículos sin vinculación estable con la ciudad y garantizar que la zona de bajas emisiones cumpla su finalidad de reducir el tráfico y las emisiones en el casco urbano, reforzando con ello un modelo de movilidad pensado prioritariamente para quienes residen o trabajan de forma permanente en el entorno urbano

Ante las quejas recibidas, el Ayuntamiento de Palma defiende que los requisitos para los vehículos con matrícula extranjera pertenecientes a personas no residentes están expresamente recogidos en la ordenanza de la ZBE y figuran, asimismo, en las preguntas frecuentes publicadas en la web del Ayuntamiento

En Instagram, una de las cuentas que ha difundido información práctica sobre el nuevo sistema es todomallorca.es, una página orientada al público germanohablante que reside en la isla o planea visitarla y circular en vehículo por Palma. En uno de sus vídeos, se explica que “sin la pegatina ambiental española no se permite circular por la zona de bajas emisiones (ZBE)” y de que, “dado que no existen pegatinas para vehículos extranjeros, no se permite circular ni aparcar, a menos que se acceda directamente a un aparcamiento público dentro de la zona por las vías designadas”. En respuesta, el usuario citado al inicio de este artículo se jacta de haber sido multado en varias ocasiones tras haber rebasado con su Tesla el límite del perímetro y de que no tiene intención de abonar las sanciones, a lo que le insisten recordándole que en Palma no existen distintivos ambientales para vehículos con matrícula extranjera y que, sin un registro previo, el sistema no reconoce el coche dentro de la ZBE, ni siquiera en el caso de los vehículos eléctricos.

También le explican que solo están permitidas las rutas de acceso específicamente habilitadas para llegar a los aparcamientos públicos y que, de acuerdo a la normativa europea, este sistema es legal siempre que las mismas reglas se apliquen a todos los vehículos no identificables automáticamente y no discriminen por nacionalidad, sino por capacidad técnica de verificación.

De nuevo, el usuario replica citando la información publicada en la web oficial de la DGT en la que se indica que, si bien en España no se emiten distintivos ambientales para coches con matrícula extranjera, “si se trata de un vehículo procedente de un país con etiqueta ambiental -como Alemania, Austria, Dinamarca o Francia-, se presume que cumple con el distintivo español equivalente”. El afectado obvia, sin embargo, que esa presunción de equivalencia no sustituye a los sistemas de control municipal. Como le recuerdan otros participantes en el debate, aunque esa sea la política general a nivel estatal, Palma añade un componente administrativo adicional: la obligación de inscribir previamente el vehículo en el registro municipal de la ZBE. Una diferencia que, añaden, es compatible con la legislación europea siempre que las condiciones, insisten, sean idénticas para todos los vehículos independientemente de su país de origen.

Críticas a las señalizaciones “en mallorquín”

El malestar expresado por algunos turistas va más allá de la multa en sí y alcanza incluso a la señalización y al enfoque de otras ordenanzas como la del sistema ACIRE (Área de Circulación Restringida), que Palma aplica desde hace años en el casco histórico y que convive ahora con la Zona de Bajas Emisiones: mientras ACIRE restringe la circulación en determinadas calles del centro a vehículos expresamente autorizados (con carácter general, los residentes empadronados, el transporte público, los taxis, los vehículos de servicios y los de carga y descarga en los horarios establecidos), la ZBE añade un filtro adicional en materia de emisiones. Sin embargo, en una publicación explicativa del sistema ACIRE para quienes “vayan de vacaciones a Mallorca y se desplacen en coche de alquiler hasta Palma”, la web Mallorca Revue califica de “trampa” el régimen de sanciones previsto en caso de acceder de forma indebida. “Los accesos a estas zonas están controlados por cámaras que registran las matrículas de los vehículos que entran. Así que, si se accede sin autorización, la multa -de más de 90 euros- está garantizada”, advierten en alemán.

Uno de los usuarios que comentan la publicación, Markus K., extiende la queja a la lengua utilizada en los paneles informativos y en la señalización viaria. “Si al menos estuviera en español... Todas las señales y los paneles electrónicos de las autopistas están solo en mallorquín, algo que ya casi nadie puede leer”, recrimina. Otro ironiza con su respuesta: “Por lo visto no todo el mundo puede reconocer un cartel de no pasar”. Otros comentarios elevan el tono y recriminan que el sistema está diseñado para “robar dinero a los despistados”, e incluso uno de ellos se suma a las críticas por supuesto “robo”: “Dinero, de eso se trata. Nada más”.

Si al menos [las señalizaciones] estuvieran en español... Todas las señales y los paneles electrónicos de las autopistas están solo en mallorquín, algo que ya casi nadie puede leer

Markus K. — Conductor

Residentes: “Piensan que pueden hacer lo que quieran”

Frente a las críticas vertidas por los conductores germanos, colectivos locales como SOS Residents replican que la normativa se aplica por igual a residentes y visitantes y que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. “Alemanes denuncian que los multan por circular en la zona de bajas emisiones de Palma sin la pegatina correspondiente. Si un residente circula sin su pegatina, también lo multan. Piensan que ellos tienen que poder hacer lo que quieran porque son alemanes y que esto significa que son ciudadanos de primera”, recriminan desde la plataforma, que recuerda que “cuando alguien viaja desde España a Berlín o a Londres, por poner dos ejemplos, se encuentra en la misma situación. Los coches extranjeros no están homologados para recibir la pegatina correspondiente y los multan por no llevarla”.

Cuando alguien viaja desde España a Berlín o a Londres, por poner dos ejemplos, se encuentra en la misma situación. Los coches extranjeros no están homologados para recibir la pegatina correspondiente y los multan por no llevarla

SOS Residents

Y continúan: “La diferencia es que los ciudadanos del norte de Europa se piensan que tienen unos derechos y supremacía sobre los países de la Europa del sur y si tienen que cumplir con la normativa, se sienten discriminados”. El colectivo amplifica su crítica al aseverar que “esto es el pan de cada día en zonas turistificadas como Mallorca”. “Igual el alemán no es consciente, pero el desconocimiento no exime de culpa. Y el problema es que aquí esto pasa diariamente en todos los aspectos de la vida, como cuando condenan por discriminación al Tren de Sóller por poner una tarifa para residentes. Pero cuando vas por cualquier playa de zona turística y hay pubs donde solo se habla en inglés y heladerías donde solo se habla alemán, no pasa nada”.

Controversias en otras ciudades

La controversia generada en Palma reproduce situaciones ya vividas en otras ciudades españolas tras la implantación de sus zonas de bajas emisiones. En Madrid, la entrada en vigor de Madrid Central -y posteriormente de la ZBEDEP- provocó múltiples quejas de conductores sancionados por acceder sin autorización, muchos de los cuales alegaban desconocimiento o confusión. En Barcelona, las restricciones de la ZBE metropolitana también suscitaron críticas de trabajadores y visitantes del área metropolitana, especialmente durante los primeros años, cuando se multiplicaron las multas y las dudas sobre las exenciones.

Las zonas de bajas emisiones, las áreas de tráfico restringido y los sistemas de control automatizados forman ya parte del paisaje urbano en numerosas ciudades europeas, incluidas capitales como Berlín, Londres, París o Milán, donde los vehículos -también los extranjeros- deben registrarse previamente, abonar tasas o cumplir requisitos específicos para poder circular por el centro. Se trata de medidas que se apoyan en la normativa europea sobre calidad del aire, en particular en la Directiva 2008/50/CE, que obliga a los Estados miembros a adoptar actuaciones eficaces para reducir la contaminación atmosférica en entornos urbanos. En España, este marco se ha desarrollado, principalmente, a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que estipula la implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes.

En ese contexto, Palma no constituye una excepción, sino una expresión de un cambio de paradigma compartido por muchas ciudades europeas que están reordenando la movilidad urbana para priorizar la salud pública, la calidad del aire y el uso del espacio público frente al tráfico intensivo, incluso a costa de redefinir la relación entre turismo, la movilidad y el espacio urbano. Un proceso que, aunque con fricciones en su aplicación -especialmente en los destinos más turísticos-, apunta a un modelo de ciudad más habitable, menos dependiente del vehículo privado y más alineado con los compromisos climáticos asumidos a escala europea.

En apenas cinco semanas, España ha enfrentado seis borrascas de alto impacto, cada una con su nombre propio. La actual, Leonardo, ha provocado miles de evacuados, desbordamientos y cortes de carreteras. Lo inusual de la situación tiene una cifra fácil de entender: en enero llovieron de media 119 l/m² cuando lo normal son 64 l/m². Un 85% más que el promedio. Se ha tratado del enero más lluvioso en un cuarto de siglo.

Los meteorólogos están explicando que el tren de borrascas intensas que barre la península ibérica está llegando transportado por la corriente en chorro (la jet stream). El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, detalla que “el anticiclón de las Azores no se encuentra en su posición habitual”. “Esa alta presión está en latitudes muy al norte –entre Groenlandia y Escandinavia– en la zona que siguen las borrascas atlánticas generalmente en su circulación desde América del norte a Europa. Esa ruta está ahora bloqueada y la corriente en chorro circula más al sur de lo habitual con lo que los frentes impactan en el sureste de Europa”.

La corriente en chorro es un flujo de aire alrededor del hemisferio norte del planeta que suele contener el aire frío más cerca del polo norte, pero, según los científicos ya no lo hace tanto: está débil. Y una de las causas es que el Ártico está recalentado por el exagerado efecto invernadero sobre el planeta que causan las emisiones masivas de CO₂.

Del Campo afirma que “es más complicado saber por qué el anticiclón está ahí, puede ser por ese debilitamiento de la corriente, pero las causas son múltiples y hay que investigar más”. Con todo, reitera que este volumen de lluvias “es extraordinario”. Y que “no es normal” que una masa de aire tan húmeda impacte en España en invierno. “En eso sí es verdad que océanos más cálidos, que pueden evaporar más fácilmente, y una atmósfera más cálida, que acoge más agua, terminan por formar un caldo de cultivo para que las lluvias sean más abundantes y más intensas”.

La alteración de la corriente en chorro es una de las expresiones de lo que está provocando el incremento de las temperaturas por las emisiones de gases de efecto invernadero

Santiago Giralt — Geólogo del Instituto de Geociencias de Barcelona (GEO3BCN)

“Los mapas meteorológicos están mostrando que la corriente en chorro está muy curvada, lo que induce a que tengamos repetidos episodios de frío”, explica el geólogo del Instituto de Geociencias de Barcelona (GEO3BCN), Santiago Giralt. El investigador, que ha comprobado este fenómeno desde Groenlandia, continúa: “Entre curva y curva de la corriente se sitúa un anticiclón de forma estacionaria sobre las islas británicas y ese anticiclón hace de bloqueo y obliga al tren de borrascas a pasar más al sur de lo que le tocaría. De ahí, que tengamos tantas borrascas seguidas”.

Tantas como seis desde que comenzó 2026: Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y, ahora, Leonardo. De hecho, desde que comenzó la temporada de borrascas de alto impacto en octubre pasado –las que llevan nombre propio para favorecer la prevención ciudadana–, ya han pasado 12, es decir, la mitad de la lista preparada por los servicios meteorológicos del Grupo Suroeste Europeo.

La cuestión es que cuando la diferencia de temperaturas entre el polo norte y el ecuador es grande, esa corriente es sólida, pero si ese gradiente entre norte y sur mengua, porque en el Ártico hace menos frío debido al calentamiento global del planeta –que es más acusado en el polo–, la misma corriente se debilita, es más floja. La línea ya no es recta (como una cuerda tensa), sino que hay ondulaciones hacia arriba y hacia abajo (como una cuerda más floja).

En esas oscilaciones, el aire se enfría en el norte, baja hacia el sur y se vuelve más cálido... y en esas curvas entran las borrascas y se paralizan los anticiclones que bloquean las borrascas. “Lo normal para esta época del año sería que ese tren pasase por encima de las islas británicas”, comenta Giralt, pero ahí, el anticiclón de la parte baja de la curva de la corriente en chorro está empujando las lluvias hacia la península ibérica. Una detrás de la otra.

Influencia del calentamiento acelerado del Ártico

en el clima del planeta

Corriente en

chorro fuerte

Corriente en

chorro débil

El aire frío queda confinado en el norte

El aire frío se mueve hacia el sur

El aire caliente se mueve hacia el norte

Alta diferencia de temperatura entre el Ártico y el resto

Diferencia estrecha de temperatura entre el Ártico y el resto del planeta

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NOAA Y ELABORACIÓN PROPIA.

Influencia del calentamiento acelerado

del Ártico en el clima del planeta

Corriente en

chorro fuerte

El aire frío queda confinado en el norte

Alta diferencia de temperatura entre el Ártico y el resto

Corriente en

chorro débil

El aire frío se mueve hacia el sur

El aire caliente se mueve hacia el norte

Diferencia estrecha de temperatura entre el Ártico y el resto del planeta

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NOAA Y ELABORACIÓN PROPIA.

Los negacionistas no dejan pasar una oportunidad

Es un fenómeno similar al que provocó temperaturas inusualmente bajas en junio de 2024 –tuvo una media de 0,2ºC por debajo de su promedio histórico–. O el que ha derivado en picos muy fríos en EEUU este enero pasado. La corriente en chorro ondula y masas de aire ártico (que no dejan de ser muy fríos, aunque la zona se caliente para sus parámetros) alcanzan latitudes más al sur. Tanto en el caso de aquel junio de hace dos años como el norteamericano de 2026, han servido para alimentar los discursos negacionistas del cambio climático.

Sin ir más lejos, el gran promotor de bulos negacionistas en la actualidad, el presidente de EEUU, Donald Trump, aprovechó la situación de emergencia en muchos estados de su país y de muchos de sus compatriotas, para alimentar ese falso discurso y bromear: “¿Pueden los insurreccionistas medioambientales explicar qué ha ocurrido con el calentamiento global?”

De todas maneras, estas ondulaciones son las que están detrás de cierto caos climático. “La alteración de la corriente en chorro es una de las expresiones de lo que está provocando el incremento de las temperaturas por las emisiones de gases de efecto invernadero” recuerda Giralt. “La base del problema –añade– son las emisiones y el consecuente incremento de las temperaturas. El resto son consecuencias”.