Los ecologistas quieren prohibir la construcción en el pueblo de Ibiza con los acuíferos más sobreexplotados
La escasez de agua como consecuencia del crecimiento poblacional y turístico que ha tenido Eivissa en las últimas décadas es uno de los principales problemas que los gobiernos locales deben resolver si no quieren enfrentarse a una grave situación de desabastecimiento en un futuro. En el periodo entre 1996 y 2025, la población ha pasado de 78.867 a 164.265 habitantes, según datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat). Más del doble en menos de tres décadas. De los cinco municipios, Sant Josep de sa Talaia ha sido el que ha experimentado un crecimiento urbanístico más desordenado desde la década de los 80. Durante este tiempo, ha pasado de 11.841 a 30.702 habitantes.
El Consell Insular ha aprobado en el municipio, donde gobierna el PP, las normas provisionales de su futuro planeamiento urbanístico (el anterior fue aprobado en 1986), que prevé un crecimiento poblacional del 50% respecto al existente. “La grave y descontrolada presión urbanística y turística, el fomento activo de la especulación y la nula existencia de disciplina urbanística han conducido al agotamiento de los recursos hídricos”, denuncia Neus Prats, vicepresidenta del grupo ecologista GEN-GOB y responsable del área de territorio y urbanismo. Los ecologistas, que han presentado alegaciones contra el plan urbanístico, han pedido que se suspenda “total e indefinidamente” la posibilidad de permitir “nuevos usos residenciales y turísticos”.
El alcalde, Vicent Roig (PP), hace una lectura distinta. “Se ha conseguido un instrumento equilibrado, que mejora la funcionalidad urbana y refuerza la calidad de vida sin incrementar el crecimiento”, ha valorado. Es la misma línea que ha mantenido el presidente del Consell Insular, Vicent Marí (PP), que subraya que las normas provisionales son imprescindibles “para proteger el interés general y asegurar que Sant Josep disponga de un planeamiento viable mientras elabora un nuevo instrumento general”.
Los ecologistas, sin embargo, advierten que el documento aprobado reconoce explícitamente “la limitación estructural de los recursos hídricos del municipio y de la isla, especialmente la presión sobre los acuíferos”. A los problemas descritos añaden otros: la existencia de miles de viviendas vacías, la imposibilidad de que la mayoría de los residentes puedan disfrutar del derecho a una vivienda digna, la falta diversificación económica y la ausente soberanía alimentaria como consecuencia de la gran presión urbanística que hay sobre el campo.
El GEN-GOB sitúa el origen del problema en el boom turístico de los años sesenta y setenta. “Resulta, por tanto, urgente y necesario actuar y revertir, en la medida de lo posible, esta situación como única garantía de futuro, y estas NPP (Normas Urbanísticas Provisionales) aprobadas inicialmente por el Consell Insular eluden esta obligación”, advierte Prats.
La experta apunta a que la suspensión del planeamiento existente, “obsoleto y sin ninguna previsión ambiental”, es un primer paso, pero en este caso tiene “un alcance insuficiente”. Según Prats, la sustitución temporal por las nuevas normas urbanísticas provisionales “profundiza en la problemática existente y, de desarrollarse, permitiría a un municipio sin agua y con graves problemas de conservación de la biodiversidad duplicar el número de habitantes”. Esto ocurrirá, afirma la experta, por dos razones: debido al incremento permitido en suelo urbano respecto al actual y debido a que el suelo rústico no se ve afectado por la suspensión, “a pesar de presentar una grave presión urbanística que desvirtúa su función agraria y su papel en la conservación ambiental”.
Las nuevas normas urbanísticas provisionales profundizan en la problemática existente y, de desarrollarse, permitirían a un municipio sin agua y con graves problemas de conservación de la biodiversidad duplicar el número de habitantes
Los acuíferos más sobreexplotados
“Los municipios deben tener un informe de suficiencia hídrica para aprobar sus planes urbanísticos”, afirma Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua, y añade que es un requisito establecido en el Plan Hidrológico de las Illes Balears (2022-2027). Como ejemplo, explica lo que ocurrió en legislaturas pasadas en el municipio de Eivissa, donde el Ayuntamiento progresista no conseguía aprobar el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). “El Govern [de Francina Armengol] les exigió aprobar un plan de gestión sostenible del agua”, recuerda Calvo.
En este plan había que justificar que el municipio disponía de suficientes recursos hídricos (agua desalada y de pozo) para abastecer a la población en los mayores picos de demanda. Es decir, en agosto. El experto asegura que Sant Josep debe pasar por el mismo proceso. “El PGOU debe justificar claramente la suficiencia hídrica: para ello hay que redactar y aprobar un plan de gestión sostenible donde aparezcan todos estos indicadores”, afirma Calvo, y añade que “cualquier crecimiento” debe estar condicionado “a las medidas del plan de gestión sostenible del agua”.
En este sentido, el GEN-GOB asegura que el documento aprobado por el Consell Insular reconoce explícitamente “la limitación estructural de los recursos hídricos del municipio y de la isla, especialmente la presión sobre los acuíferos”. En teoría, la normativa urbanística provisional se alinea con el principio de “no incremento significativo de la demanda de agua”, vinculando el desarrollo urbanístico a “la consolidación de suelo ya urbanizado y a la reducción o contención del crecimiento residencial”. Sin embargo, Prats denuncia que “se trata de una obviedad sobradamente conocida que se queda en simple retórica, sin la solvencia técnica que debe tener un documento ambiental”.
En teoría, la normativa urbanística provisional se alinea con el principio de 'no incremento significativo de la demanda de agua', vinculando el desarrollo urbanístico a 'la consolidación de suelo ya urbanizado y a la reducción o contención del crecimiento residencial'
El GEN-GOB advierte que el plan urbanístico provisional carece de datos concretos sobre el agua. “No se aporta una cuantificación detallada de la demanda hídrica futura ni escenarios comparativos con la situación actual”, destaca Prats, y afirma que la suficiencia de recursos se justifica “de manera cualitativa”, pero “sin balances hídricos reales ni referencias a la capacidad de suministro en episodios de sequía”. Del mismo modo, no se detalla cómo se garantizará el abastecimiento durante la temporada alta de turismo, ni en caso de fallos o limitaciones en la producción de agua desalada.
Los datos del Observatorio del Agua de la Alianza apuntan a que Sant Josep es el municipio de la isla con los acuíferos más sobreexplotados y con unas pérdidas de hasta el 30% en la red municipal de agua, frente al 17% que establece el Plan Hidrológico para 2027. “Es fundamental reducir las pérdidas en la red”, afirma Calvo. Estas pérdidas, sin embargo, son mayores debido a que los datos no incluyen las redes privadas de urbanizaciones que no están conectadas a la red, y que no suministran agua desalada.
Así, la asociación recuerda que, a diferencia de lo que ocurre en la península, el 70% del consumo de agua es urbano; más de un 20% va destinado a viviendas de suelo rústico y solo un 7% es agrícola. “Hay redes privadas cuyos pozos se están quedando sin agua”, explica el experto. Cuando la situación es crítica, el Ayuntamiento asume la gestión.
Es fundamental reducir las pérdidas en la red. Hay redes privadas cuyos pozos se están quedando sin agua
Deficiencias en las depuradoras
Otro de los puntos críticos que señala el informe del GEN-GOB es la situación de las infraestructuras de depuración de aguas residuales, que presentan deficiencias “en cantidad y calidad”. A pesar de prever un incremento de población del 50% solo en suelos urbanos y urbanizables, la normativa provisional no evalúa “la capacidad real de las estaciones depuradoras”. Ni actuales ni futuras. No se indica, advierte Prats, el porcentaje de ocupación, ni la capacidad en picos de población estacional, y no se concretan las inversiones necesarias para su ampliación o mejora, ni los calendarios de ejecución de las infraestructuras.
La reutilización de agua depurada, una exigencia que el grupo ecologista ya planteó en 2004 para su incorporación al Plan Territorial Insular (PTI), aparece mencionada en el documento como objetivo. Sin embargo, “no se detallan las redes de distribución de agua regenerada ni existen compromisos de ejecución vinculantes”, advierte Prats. En consecuencia, las infraestructuras existentes “no pueden asumir las necesidades actuales, pero ni se contempla su adecuación antes de permitir nuevos desarrollos urbanísticos ni se evalúan las implicaciones ambientales de dichas infraestructuras”.
En este punto, la Alianza por el Agua sostiene que la reutilización es “imposible” debido al “grado de salinidad que reciben las aguas residuales que llegan de las depuradoras por el mal estado del alcantarillado”. Como el alcantarillado tiene deficiencias se producen infiltraciones desde el subsuelo. “Todas las depuradoras reciben agua con un nivel de salinidad elevado”, lamenta Calvo, de acuerdo a los datos del Observatorio del Agua.
La Alianza por el Agua sostiene que la reutilización del agua a través de depuradoras es 'imposible' debido al 'grado de salinidad que reciben las aguas residuales que llegan de las depuradoras por el mal estado del alcantarillado'
Por estos motivos, el GEN-GOB concluye que declarar que no habrá un incremento poblacional es “una falacia para argumentar una contención urbanística inexistente”. La relación con las infraestructuras (agua, saneamiento, escuelas, etc.) queda desvinculada del conteo real de habitantes, tanto actual como futuro, e invalida “cualquier conclusión favorable de la evaluación ambiental”. Ésta debe basarse, asegura Prats, en las realidades actuales y previstas, y no en “normas urbanísticas obsoletas que deben derogarse íntegramente por no cumplir ni mínimamente con los criterios de desarrollo sostenible y racional”. En su opinión, tampoco cumplen con “la mínima preservación de los valores ambientales y de los recursos naturales”.
Para evitar que el futuro urbanístico de Sant Josep sea el descrito por el GEN-GOB, los expertos en gestión hídrica insisten en que el municipio debe recuperar el plan de gestión sostenible redactado por la Alianza por el Agua. “No han aprobado el documento”, recuerda Calvo. Por tanto, según su análisis, antes de aprobar el planeamiento urbanístico hay que aprobar “un plan de gestión sostenible del agua, que es la base para justificar la eficiencia hídrica”.
“Creemos que es fundamental la transparencia de los datos del agua”, valora Calvo y emplaza a los ayuntamientos de la isla a hacer públicos los datos para que sean accesibles. “Nos cuesta muchísimo conseguir los datos”, lamenta, y pide que sea obligatorio el acceso de los consumos, demandas y pérdidas. Por último, alerta sobre el peligro de construir una cuarta desaladora [en la isla], ya que desde que se redacta el proyecto hasta que se ejecuta y construye pueden pasar entre diez o quince años. Con las expectativas se pueden generar nuevos crecimientos urbanísticos, por lo que cuando finaliza, podría ocurrir que las nuevas demandas ya no se pueden satisfacer.
Los constructores: “Hay que priorizar vivienda asequible”
La patronal de la construcción de la isla, en cambio, valora que “por fin se avance en actualizar el planeamiento urbanístico”, aunque aclara que piden que “se garantice seguridad jurídica, claridad normativa y agilidad administrativa”. Consuelo Antúnez, presidenta de PIMEEF Construcción, valora que el futuro PGOU deberá “facilitar un desarrollo ordenado y realista, especialmente en materia de vivienda, porque ahora mismo el acceso es muy difícil para la población residente”. Antúnez considera que para ello hay que priorizar suelo para vivienda asequible y que “se definan bien los criterios de edificabilidad y densidad”.
En cuanto al techo poblacional situado en más de 40.000 habitantes, considera que puede tener sentido si el crecimiento se produce con “planificación, orden y sostenibilidad”. “Si no se prevé ese crecimiento, se disparan los precios, aumenta la construcción irregular y se colapsan los servicios”, considera Antúnez, aunque asegura que hay que hacerlo “con responsabilidad” y dotar de infraestructuras ese posible aumento poblacional.
Consultada sobre la situación de estrés hídrico en los acuíferos, cree que el agua es el principal límite al crecimiento en la isla. “Si no se invierte en mejorar redes, ampliar la reutilización y reforzar las desaladoras, cualquier crecimiento será insostenible”, valora. Por estos motivos, la presidenta de la patronal cree que “hay que construir mejor, con menos consumo de recursos y más eficiencia energética, pero también hay que garantizar que los recursos básicos, como el agua, están garantizados”.
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