Trabajo investiga si el presidente de COAG Canarias empleó de forma ilegal a menores migrantes en sus fincas

La Inspección de Trabajo de Las Palmas ha abierto un expediente contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias, Rafael Hernández, en el que se le acusa de haber empleado a migrantes menores en sus fincas de forma presuntamente ilegal.

Según han confirmado este jueves a EFE fuentes cercanas al caso, el expediente tuvo su origen en una inspección que se efectuó el pasado 20 de junio en una finca propiedad de Hernández.

Conforme a la noticia adelantada por el periódico Canarias 7, se trata de menores alojados en el centro Tagoror de Gran Canaria, dirigido por su hija, bajo la tutela del Gobierno de Canarias, a los que llevaba a trabajar a sus tierras, lo que fue denunciado de forma anónima ante la Inspección.

Las supuestas irregularidades también fueron denunciadas este miércoles ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, detalla el periódico, que indica que a los menores les pagaba entre 20 y 25 euros por largas jornadas de trabajo y, al parecer, les descontaba posteriormente dinero si no tenían un comportamiento correcto en el centro donde pernoctaban.

Hernández, que también preside la Asociación Oportunidades de Vida de la que depende el centro Tagoror, se apoyaba en el marido de su hija para trasladar a los adolescentes a fincas situadas en Tafira –donde se produjo la inspección– y La Aldea, con la supuesta connivencia de una trabajadora social del centro de internamiento en régimen semiabierto, siempre atendiendo a lo publicado.

Según Canarias 7, el empresario también ejerce como pastor de la Iglesia Evangélica Bautista El Fondillo y fue expulsado del Consejo Evangélico Canario el pasado lunes con motivo de estos hechos.

Consultado por EFE, Rafael Hernández ha negado haber contratado de “manera ilegal a nadie” y ha manifestado estar “sorprendido”, después de haber dedicado toda su vida a colaborar e impulsar trabajos sociales, por lo que espera que el asunto se aclare cuanto antes.

Ha explicado que la COAG ofreció el pasado año un programa piloto de formación para menores migrantes, con el fin de buscarles una salida, que contó con subvención de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias y pasó las inspecciones correspondientes para su puesta en marcha.

Hernández ha señalado que algunas de las prácticas de formación se hacían en su finca, pero no todas, y que al programa accedieron menores migrantes de distintos centros de la isla, no solo el que dirige su hija.

Asímismo, ha admitido que Inspección de Trabajo efectuó una inspección en junio de 2023 en su finca y ha alegado que aportó toda la documentación que le fue requerida, si bien ha manifestado que, desde entonces no ha tenido ninguna comunicación al respecto, por lo que ha considerado que “todo obedece a una confusión que se resolverá, pero el daño está hecho”.

Ha manifestado su sorpresa porque es bien conocida su trayectoria vital en trabajos sociales y, por ello, ha dicho que no entiende lo ocurrido, pero lo que más ha lamentado es que “se está poniendo en peligro una labor importante para ofrecer salidas a los menores inmigrantes”

El curso concluyó el pasado y su evaluación fue satisfactoria y se estaba tramitando uno nuevo para este año, ha detallado.

Los hechos denunciados ante la Fiscalía narran que esta presunta trama se aprovechó de su “situación de poder para lucrarse en beneficio propio a expensas de los menores” que residían en Tagoror, “siendo llevados a trabajar repetidamente y de manera irregular a las tierras” propiedad del presidente de COAG-Canarias, refiere Canarias 7. 

El Gobierno canario pide información

Tras conocerse estos hechos, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha pedido a la Fiscalía información sobre el caso.

La consejera ha indicado que el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, ha estado en contacto tanto con la Fiscalía como con la propia entidad investigada.

Ha afirmado que la Fiscalía no les ha comentado nada en relación con este hecho ni le ha pedido al Gobierno de Canarias que tome medidas cautelares ni ningún tipo de acción con este centro.

Por tanto, ha continuado, están a la espera de información detallada de estos hechos por parte de la Fiscalía y de que les informe de si tienen que tomar alguna medida, como podría ser el cierre del centro.

“Estamos pidiendo esa información a la Fiscalía para que nos informe de que ha pasado, si es que ha pasado algo y como están esas actuaciones”, ha manifestado la consejera, quien ha dicho que no dispone de información al respecto, a pesar de que en los últimos meses han visitado el centro los fiscales para ver cómo se atienden a los menores.

Ha insistido en la necesidad de disponer de un informe porque el Gobierno de Canarias es el tutor legal de los niños y tiene que tener conocimiento de la situación.