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Déficit a la carta

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Las políticas de austeridad impuestas por Bruselas, compartidas por el Gobierno de España y acatadas con mayor o menor entusiasmo por distintos gobiernos territoriales, han supuesto profundos cambios. Cambios que han llevado a un estricto control de la deuda y el déficit a costa del bienestar de los ciudadanos, gravemente deteriorado en los últimos años con el crecimiento permanente del desempleo y de la pobreza, así como con el retroceso en los servicios públicos.

Hito clave de este proceso ha sido la reforma express del artículo 135 de la Constitución, impulsada por Zapatero y pactada por el PSOE y por el PP, para fijar estrictas limitaciones al déficit y la deuda pública, priorizando el pago de la deuda a los derechos de los ciudadanos. Así como, en desarrollo de esa reforma, la aprobación en abril de 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, auténtico instrumento de intervención en las comunidades autónomas, que ha sido determinante en el deterioro de los servicios públicos, el ahogamiento de las CCAA y de las administraciones locales.

Además, los límites del déficit público, tanto en 2011 como en 2012, han supuesto una injusta distribución entre las comunidades autónomas y el Estado, en claro beneficio de este último. En el 2012 fue del 6,3%, reservándose el Estado el 4,5%, con un 1,5% para las CCAA, un 0,3% para las corporaciones locales y un 0% para la Seguridad Social. Esto contrasta vivamente con la estructura de gasto: 38% comunidades, 28% Seguridad Social, 21% Estado y 13% ayuntamientos.

Respecto a la deuda, también se han establecido límites por el Gobierno del PP, curiosamente permitiendo endeudarse más a las CCAA que ya estaban más endeudadas (por ejemplo, con un 11,9% de tope a Canarias y un 23% a la Comunidad Valenciana). Ya anunciamos entonces que algo similar, esa asimetría de trato, se llevaría también al déficit, como todo apunta sucederá en 2013.

Ahora se va a empeorar la injusta distribución. El Gobierno de Canarias ha venido presumiendo de ser pionero y vanguardia de los recortes. Nada más y nada menos que 3.642 millones de euros detraídos de sus presupuestos en los cinco últimos años; de los que una pequeña parte sale de la minoración presupuestaria de algunos gastos superfluos, que compartimos, pero el grueso corresponde al tijeretazo en la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales y las inversiones, con consecuencias sobre la economía y la vida de la gente.

En el pasado ejercicio, el de 2012, Canarias quedó por debajo del límite de déficit establecido para las comunidades autónomas. En efecto, este era del 1,5% y el Archipiélago se situó en el 1,23%, lo que significa que dejó de utilizar 112 millones de euros, cuando tantas necesidades hay en nuestra tierra. No hay razón alguna para que festejaran semejante 'logro' a costa del bienestar de los canarios.

Pobreza

Menos aún cuando esos recortes se hacen en la tercera comunidad en desempleo y la primera en pobreza. Esto último lo confirma claramente el Informe La Pobreza en España y sus Comunidades Autónomas 2006-2011 elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación Bancaja, dado a conocer recientemente. Y que señala que Canarias es la Comunidad en la que más ha aumentado la pobreza entre 2006 y 2011 (un 21%), frente al 8% de media estatal.

Los datos del extraordinario crecimiento de la pobreza en Canarias que ofrece este Informe son completamente coincidentes con otros datos de otros organismos como la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, los datos de UNICEF sobre pobreza infantil, la Encuesta de Población Activa (EPA), los datos del paro registrado y el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la situación económica y social de las familias en las Islas.

Cabe preguntarse cómo se puede, en ese dramático marco, considerar como un mérito cumplir en extremo el déficit y dejar de usar esos 112 millones de euros.

Déficit asimétrico

Ante el incumplimiento de España, la Comisión Europea dará el visto bueno al objetivo de déficit del 6,3% en 2013 (frente al 4,5% establecido inicialmente) que ha fijado el Gobierno español en su programa de estabilidad para el conjunto de las administraciones públicas. Un objetivo, una vez más, injustamente distribuido entre el Estado y las autonomías, peor aún que en 2012.

En efecto, a las Comunidades se les pretende colocar en el 1,2%, tres décimas menos que en 2012, cuando son las que tienen la responsabilidad de los grandes servicios públicos, de la parte más importante del gasto. Además, el techo no será igual para todas. Y la asimetría en su distribución dará menor margen a las comunidades cumplidoras, perjudicando a Canarias, que sufre, además, el castigo de la financiación autonómica (800 millones por debajo de la media de las comunidades de régimen común) y de los Presupuestos Generales del Estado que olvidan y maltratan a Canarias.

El Ejecutivo canario está obligado a luchar por conseguir elevarlo, al menos, hasta el 1,5%. Y no han dicho una palabra. Serían unos 320 millones de euros que debieran dedicarse a actuaciones de carácter prioritario, entre ellas un Plan Integral contra la Pobreza, aumentando las ayudas de emergencia social a los municipios y las ONGs (para hacer frente a alquileres sociales, luz, agua, alimentos para familias?) y dotando de manera suficiente al Plan Concertado de Prestaciones Básicas. Asimismo, desarrollando un plan de choque para disminuir las listas de espera sanitarias e impulsando políticas activas de empleo e inversiones públicas.

Las comunidades autónomas que incumplieron con el déficit van a ser, paradójicamente, premiadas por el Gobierno de Rajoy; se habla de permitirles hasta un 2% en 2013. El Gobierno de Canarias que ha ido más allá de lo que se le exigía será peor tratado, y es muy posible que se le exija estar entre el 0,9% y el 1,2%. Es hora de que reflexione y modifique sus actuales políticas económicas y fiscales.

El Ejecutivo de CC y PSOE debe obsesionarse menos por el déficit y más por el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, tomando medidas con recursos adicionales contra la actual situación, en un momento en que el desempleo supera el 34% y aumentan la pobreza y la exclusión social, con decenas de miles de familias sin ingresos y con crecientes problemas de malnutrición y de hambre.

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