Invertir en verde para no gastar en negro
La Palma es el resultado de más de 2.000 años de fuego y pastoreo, pero las llamas han estado presentes en su superficie desde que la erupción de los volcanes la vieron nacer. Hoy en día, la acción antrópica ha hecho de los incendios un fenómeno recurrente que se ve agravado por la falta de recursos para combatirlo en el ámbito insular y el desarrollo de un modelo socioeconómico que genera grandes cantidades de biomasa, lista para entrar en combustión.
Ha sido un año muy caluroso. La brisa tórrida de un verano asfixiante alimentó las llamas de los grandes incendios que se dieron en varios puntos de la Península y en el ámbito insular. Uno de ellos, quizás el más cruento de todos, azotó la isla canaria de La Palma durante seis días, hasta que fue estabilizado por los equipos de extinción. El 3 de agosto, un muchacho alemán quemó los trozos de papel higiénico que había utilizado tras defecar en el bosque, los cuales, junto a diversas circunstancias, iniciaron y extendieron los focos de una de las catástrofes más importantes que ha sufrido el Archipiélago en los últimos años. El resultado ha sido nefasto, ardieron más de 4.800 hectáreas de superficie, un agente de medio ambiente, Francisco Santana, falleció y casi 2.500 personas tuvieron que ser evacuadas por causa de este incendio de gran intensidad que afectó, principalmente, a los municipios de El Paso, Fuencaliente y Villa de Mazo, y del que aún quedan algunos restos activos bajo el suelo de los pinares palmeros.
Francisco Prieto, uno de los directores técnicos del operativo que fue testigo de las dificultades y penurias de aquellos días, explica que, además de las altas temperaturas, los bruscos virajes del viento dificultaron ciertas fases de las labores de extinción. Asimismo, la orografía de La Palma cuenta con unos desniveles muy pronunciados que obstaculizan el acceso de los equipos forestales y facilitan el avance vertical de las llamas. Las repercusiones de todo ello han sido terribles pero, para Prieto, una de las consecuencias más preocupantes llega con las lluvias que pueden alcanzar la Isla en los meses sucesivos: “Los daños de las riadas pueden ser mayores que los del propio incendio, las escorrentías son capaces de arrastrar las capas del suelo afectado y perjudicar gravemente a numerosas infraestructuras y viviendas”.
Los efectos del fuego también se han dejado sentir en la vegetación, aunque con otras connotaciones. Ángel Palomares es director conservador del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y conoce muy bien las dinámicas naturales de la Isla: “Las cumbres del sur y de la parte occidental de La Palma están ocupadas por ecosistemas simples en los que predominan el pino y el matorral, son ambientes que acumulan materia orgánica, pues no cuentan con la humedad suficiente para descomponerla y que, por lo tanto, son altamente inflamables, cualquier descuido puede generar un incendio de grandes dimensiones”. Esta realidad ha favorecido a especies vegetales con mecanismos de defensa muy efectivos y que se regeneran en apenas dos o tres años, como el pino canario, que está recubierto de una espesa corteza y puede rebrotar de cepa, tallo o ramas. Pero la incidencia reiterada del fuego es cada vez mayor y es posible que algunas zonas no se recuperen por completo dado que están expuestas a un estrés inusitado. Ciertas masas forestales, como las que son aledañas al pueblo de Mazo, se quemaron en 2009, 2012 y, otra vez, en 2016.
El desmantelamiento
Según los datos del Instituto Canario de Estadística (1) y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2), cotejados con diversas hemerotecas del Archipiélago, de los 38 incendios que acaecieron en las Islas en los últimos 50 años, 25 se dieron en La Palma, es decir, dos terceras partes de dichos fenómenos. Tendría sentido que la proporción de los medios dispuestos en territorio palmero fuera la misma. Pero no es así. El Cabildo insular no cuenta con los medios necesarios para asumir por completo las operaciones de extinción, pese a que es el organismo competente en las primeras fases del incendio. Prueba de ello es que dicha institución empezó a solicitar ayuda externa desde el primer día del incidente, tal y como recuerda Francisco Prieto.
Los dos grandes sindicatos han denunciado una y otra vez lo que entienden como un desmantelamiento de los recursos insulares del Servicio de Medio Ambiente. Juan Carlos Santana, excoordinador regional de Agentes Forestales y Agentes de Medio Ambiente de UGT Canarias, manifiesta su indignación sobre el particular: “El Cabildo intenta solventar su propia escasez de plantilla y material de extinción aumentando el nivel de peligro de los incendios para que otras administraciones aporten los medios requeridos”.
Tal y como se recoge en los datos de la organización sindical, a principios de los años noventa había 26 retenes de actividad medioambiental, mientras que en la actualidad sólo quedan nueve fijos y las plantillas de refuerzo, que sólo actúan en los meses de verano y que cuentan con personal subcontratado. Este año, según datos de la Consejería insular, se han adquirido 96 efectivos que permanecerán en la Isla hasta mediados de octubre. “Con alguna excepción digna de mención, parece que existe la voluntad política de arrinconar a la unidad insular de agentes de Medio Ambiente puesto que ocasionan ciertos inconvenientes políticos, las necesarias denuncias de dicho dispositivo no dan votos, más bien los quita”, indica el sindicalista. De la misma forma, lamenta que con tan pocos efectivos en activo se abandonen funciones de gran importancia como la investigación de incendios y de envenenamientos de la fauna, las labores de prevención en invierno o la vigilancia de las actividades cinegéticas. Por otro lado, afirma que se montan “vistosos operativos” con los medios aéreos de extinción cuando no sirven de nada si no existe la dotación necesaria en tierra para rematar las acciones de los mismos.
Santana, igualmente, narra cómo el Gobierno de Canarias comienza a reducir las plantillas a mediados de los años noventa, y es que antes de que se diera la transferencia de las competencias de prevención y extinción de incendios al Cabildo de La Palma, en 2003, ya se habían perdido alrededor de ochenta plazas. Tras esta delegación de responsabilidades, las medidas adoptadas siguieron una tónica similar, tanto CCOO como UGT han señalado repetidamente la amortización de plazas y la dejación en la cobertura de vacantes. El resultado es un equipo de 14 agentes medioambientales más cinco plazas sin ocupar, con una media de edad que supera los cuarenta años, y dotados de medios de acción obsoletos: viejas autobombas y coches de gasolina con funciones de emergencia (también en incendios) con una media de unos veinte años de antigüedad.
Pero, además, el Cabildo ha firmado convenios año tras año con la Federación Insular de Caza (3) por los que dicha entidad privada recibe vehículos de mayor calidad que los de la unidad medioambiental -tal y como afirma el delegado sindical- y partidas anuales de más 70.000 euros para la contratación de personal propio de vigilancia y otros gastos.
Desde el Ejecutivo de la isla, Juan Manuel González, consejero de Medio Ambiente del Cabildo, reconoce que “las políticas adoptadas por esta administración desde la transferencia de competencias optaron por contratar externamente los servicios de una empresa pública (en este caso, Tragsa) durante los meses de verano, en lugar de cubrir las vacantes que se iban generando por las jubilaciones del personal; fue una decisión que se tomó en aquel momento y hasta ahora andamos con eso”. Asimismo, apunta al respecto: “Somos conscientes de que el servicio tiene que mejorar y es intención del equipo de Gobierno hacerlo en los años siguientes”.
Según las declaraciones de González, se han incorporado 14 efectivos desde que empezó la legislatura, mediante la contratación de ocho operarios interinos y las sustituciones efectuadas en virtud de las plazas sacadas a concurso y la lista de reserva que fueron aprobadas en 2012, en el mandato anterior. Por otra parte, también ha querido comunicar que la institución insular está en proceso de adquisición de 18 vehículos diesel. “La gasolina no es el combustible adecuado para actuar en un incendio”, apostilla el consejero.
Otro modelo de aprovechamiento agroforestal
El paisaje de La Palma ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Con el abandono de actividades vinculadas al aprovechamiento de los recursos forestales como la agricultura de medianías y la ganadería extensiva, el sotobosque se ha extendido del monte a las zonas urbanas originando grandes cantidades de biocombustible que ponen en peligro las viviendas y la vida de las personas que las habitan.
José Heriberto Lorenzo, Agente de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y experto en Seguridad y Control de Riesgos, asevera que “la gente no es consciente de que está viviendo en medio de un polvorín, por lo que, en general, no participa de la limpieza de las zonas anexas a sus propiedades”. Esta realidad persiste mientras la mayoría de los incendios de gran intensidad se originan cerca de zonas pobladas o llegan a éstas con facilidad desde las masas forestales.
De esta manera, Lorenzo apunta que, para gestionar adecuadamente el riesgo de las llamas, hay que dar prioridad a los planes de prevención y concienciación pública. En un trabajo de investigación que realizó en 2013 para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria toma como referencia el incendio de 2009 para sostener que cada fenómeno de esta naturaleza y envergadura puede llegar a requerir el gasto de más veinte millones de euros (2.643.000 euros en la extinción y 17.875.170 euros en la reparación de daños), lo que supondría que cada habitante de La Palma (con una población cercana a las 90.000 personas) desembolsó unos 236 euros.
En el mismo estudio, que ha sido presentado como prueba pericial en el juicio del incendio de hace siete años, el agente medioambiental sugiere un nuevo modelo de inversión centrado en labores y programas de prevención de todo tipo como la promoción de los productos locales y la recuperación de los cultivos de medianía o la realización de campañas más ambiciosas de educación ambiental. Todo ello para dar valor a la famosa frase de que los incendios se apagan en invierno.
Una de las propuestas más atractivas sería la disposición de una bolsa de disponibilidad que pondría en contacto a personas que necesiten material forestal para sus actividades con otras que dispongan del mismo en sus propiedades y no sepan qué hacer con él. En este sentido, el grupo local de Ecologistas en Acción lleva años proponiendo la producción de compost insular y el fomento del uso del exceso de masa orgánica en la interfaz urbana y el medio forestal como material estructurante del mismo.
Según los cálculos teóricos de las indagaciones realizadas por el agente canario, si aplicando varias de las medidas esbozadas, se reducen en unos diez años los daños de cada incendio a la mitad, con una inversión inicial de 2.260.000 euros y sucesivos desembolsos anuales de 1.300.000 euros, quedaría un beneficio social teórico de cerca de 3.170.000 euros a partir del primer año. Es más, el gasto por incendio de gran intensidad se vería reducido a 15 euros por habitante, quince veces menos que en el incidente de 2009.
(3) http://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/convenio-Cabildo-
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