Eran otros tiempos. En aquel momento vivíamos inmersos en la gran crisis económica y financiera que asoló a España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El paro se desbocó, los problemas de vivienda eran acuciantes, con los desahucios en el centro de la agenda social, y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) se rendía a la evidencia cuando ya fue imposible poner más eufemismos sobre la mesa y hablar de “desaceleración” sonaba a chiste macabro.

Fue en aquellos años finales de la legislatura que desembocaron en la mayoría absoluta del Partido Popular de Mariano Rajoy cuando el Ejecutivo socialista se sacó de la chistera el bautizado como Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo o, —en su forma abreviada y más coloquial—, Plan E o Plan Zapatero. Se canalizaron ingentes cantidades de dinero público hacia la construcción, fundamentalmente a través de los ayuntamientos. Obras, obras y obras por todos los lados con el objetivo de taponar la sangría de personas en el desempleo y el frenazo de una economía ligada al ladrillazo.

Fueron casi 30.000 proyectos y más de 8.000 millones de euros. Vimos cómo se alquitranaban calles que, aparentemente, estaban en buen estado. Cómo se levantaban aceras que, de no ser por la necesidad imperiosa de poner dinero público en circulación, no se hubiesen tocado. Parques, mobiliario urbano, centros de interpretación, infraestructuras de todo tipo para las que una vez construidas no había un futuro previsto. Ese plan pasó al imaginario colectivo por los carteles enormes que acompañaban a cada pequeña intervención de nuestros pueblos y ciudades. Tenía que quedar bien claro quién pagaba, cuánto costaba y lo importante que era poner esa obra en marcha.

Cuando han pasado casi dos décadas de aquella locura colectiva en la que nos vimos inmersos, no puedo evitar que me venga a la memoria ese Plan E cada vez que escucho a nuestra clase política hablar de los fondos europeos que se aprobaron tras la pandemia de la COVID-19. Especialmente, en lo relativo a los planes de sostenibilidad turística —con ese oxímoron que supone hablar de sostenibilidad y turismo— que han sido otorgados con gran ligereza. Desde luego, no tienen el mismo impacto ni suponen la misma inyección económica que aquellos proyectos del Plan Zapatero, pero sí comparten una misma filosofía común que roza el despilfarro. Y como entonces, pondrán en apuros a muchas administraciones, incapaces de gestionar esos fondos con una mínima coherencia.

En el caso de Cantabria, están aprobados nada menos que 19 planes de sostenibilidad turística con más de 500 actuaciones en 46 municipios por una cuantía que ronda los 60 millones de euros: Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Noja, Arnuero, Comillas, Ribamontán al Mar, Santoña, Suances, Medio Cudeyo, Valderredible, Santillana del Mar, Reocín, La Engaña, Saja-Nansa, Liébana y Peñarrubia, Alto Asón, Los Valles... La lista es larga. La cantidad de ocurrencias que hacen pasar algunos por “sostenibilidad turística”, mucho más. Funiculares, tirolinas gigantes, vías ferratas, paneles informativos, 'cacharritos' smart... y muchísima propaganda.

Esta semana hemos conocido el primer pinchazo a la burbuja: el alcalde de Suances ha tenido que renunciar a 3,4 millones de euros que tenía concedidos por la incapacidad de llevar a cabo los proyectos dentro del plazo previsto, que finaliza este próximo mes de junio. Para hacernos a la idea del agujero, ya con actuaciones en marcha que ahora habrá que pagar de otra manera, esa cantidad supone más de un tercio del presupuesto anual del Ayuntamiento y multiplica por diez las inversiones municipales previstas para este año 2026. Es el primero, pero no será el último. El goteo será constante a partir de ahora. La improvisación ha sido tal que les va a pasar por encima a casi todos.

El diputado regionalista Francisco Javier López Marcano ha fallecido este jueves 2 de abril de 2026 a los 71 años víctima de un infarto. Nacido en Torrelavega el 26 de enero de 1955, a lo largo de su larga trayectoria política ha sido consejero del Gobierno de Cantabria en diferentes etapas y con distintas responsabilidades, siempre como hombre de confianza de Miguel Ángel Revilla, además de alcalde y concejal de su ciudad natal y dirigente histórico del PRC, partido en el que militaba desde hace cuatro décadas.

Licenciado en Filosofía y Letras, rama Hispánicas, por la Universidad de Valladolid, ejerció durante años como profesor de Latín en el Instituto de Educación Secundaria Marqués de Santillana de Torrelavega y seguía al frente del PRC en la comarca del Besaya. Esta legislatura era diputado autonómico y vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Cantabria.

Casi toda su carrera política ha transcurrido como mano derecha de Miguel Ángel Revilla, con quien comparte militancia desde 1987. Con anterioridad había formado parte de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), germen del actual PRC y escuela de algunos de sus líderes más carismáticos, como el propio Marcano, Revilla o el también fallecido Rafael de la Sierra.

A lo largo de su dilatada carrera ha ejercido como concejal y alcalde de Torrelavega de 1999 a 2003, diputado autonómico, director general y consejero del Gobierno de Cantabria en dos etapas, con responsabilidades en las áreas de Cultura, Turismo, Deporte, Industria, Innovación y Comercio.

Política en dos etapas

Aunque Marcano nunca dejó la política desde que comenzara su militancia en el PRC, siempre ocupando puestos destacados en diferentes instituciones públicas, su paso por la primera línea sí tuvo dos etapas bien diferenciadas. Primero como director general de Cultura en un Gobierno de coalición con el PP y después como consejero de Cultura, Turismo y Deporte en dos legislaturas en el bipartito que los regionalistas formaron con el PSOE bajo la Presidencia de Miguel Ángel Revilla.

En 2015, inmerso en diversas causas judiciales de su paso por el Gobierno de Cantabria de las que finalmente salió absuelto, la necesidad del PRC de alcanzar un acuerdo con Podemos para una nueva investidura de Revilla le obligó a dar un paso a un lado y entregar su acta de diputado como exigencia de la formación morada. Sin embargo, tras ser declarado inocente, el líder regionalista lo recuperó para su Ejecutivo en 2021 y fue nombrado otra vez consejero.

Hay pocas instituciones con mayor prestigio y reputación social en Cantabria que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Por no decir que ninguna otra cuenta con el respaldo y el consenso ciudadano respecto al trabajo que desarrollan sus profesionales en el centro sanitario, que podríamos calificar casi de 'orgullo' autonómico. Se le ha denominado en muchas ocasiones como la joya de la corona de la sanidad pública con razón y actúa por tanto como un referente que aglutina a su alrededor esa pátina de respetabilidad tan difícil de alcanzar en tiempos de polarización creciente.

Y esa imagen tan positiva que acompaña a Valdecilla a lo largo de los años se traslada también a sus proyectos y a otras entidades vinculadas o dependientes, como el propio Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL) que impulsa el programa de investigación biomédica Cohorte Cantabria, acogido con tanto entusiasmo por la población que ha llegado a sumar en poco tiempo más de 51.000 voluntarios y voluntarias que participan altruistamente, cediendo sus datos personales y de salud para contribuir en el desarrollo de esta iniciativa puntera. Alcanza aproximadamente al 20% de los cántabros con edades entre 40 y 70 años, nada menos, con una penetración difícil de imaginar en otros ámbitos.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las dudas, sospechas e incertidumbres que rodean a este programa no dejan de crecer y empiezan a hacer mella en la sociedad. Primero fue por las declaraciones del consejero de Salud, César Pascual (PP), que habló abiertamente de la colaboración público-privada que tanto le gusta en un foro con empresas del sector de la biomedicina, donde presumió de contar con información de gran valor gracias a esta recogida masiva de datos. A pesar de negarse a sí mismo poco después, con cierta condescendencia por su parte, no había transcurrido ni un mes cuando anunció un convenio con una gran empresa farmacéutica estadounidense con sede en Boston y propiedad de uno de los mayores fondos de inversión del planeta, que utilizará esas muestras recogidas por Cohorte para sus investigaciones privadas.

Aquí es donde ya han saltado todas las alarmas. Según han advertido sus responsables, Cohorte maneja una combinación con más de 1.500 variables de datos de salud de los voluntarios, pero también datos geográficos, demográficos e incluso catastrales, con un análisis “de máxima finura” molecular que tenían el objetivo de “comprender con mayor profundidad por qué algunas personas desarrollan determinadas enfermedades, cómo evoluciona el riesgo a lo largo del tiempo y qué factores biológicos influyen en esa evolución”, entre otros aspectos. Y si los cántabros se prestaron a ello es por el aval científico de Valdecilla y la seguridad que aporta el sistema público de salud, muy lejos de los estándares y la confianza que reporta una farmacéutica privada de un tercer país como Estados Unidos.

Hasta ahora, tanto los responsables médicos del proyecto como el consejero de Salud han reaccionado cuestionando personalmente a los críticos, tachando de insidias las dudas planteadas, pero siguen sin entrar al fondo del asunto. “Es muy complejo de explicar” no puede ser nunca una respuesta válida ante las preguntas que lícitamente hacen muchas personas que confiaban en Cohorte. “No hay cesión de datos de los voluntarios a ninguna farmacéutica, sino que se compartirán de forma controlada y anónima”, ha sido la explicación más precisa hasta la fecha, por contradictorio que parezca este argumento. Es urgente que se actúe con total transparencia, que hagan públicos los acuerdos alcanzados con empresas o entidades externas y se esfuercen por ser más didácticos si pretenden recuperar la confianza de las miles de personas que se involucraron en esta iniciativa.

Lo que ocurrió el martes 3 de marzo en plena senda costera de Santander, cuando colapsó una pasarela en El Bocal en la que fallecieron seis jóvenes y una séptima víctima resultó gravemente herida, es algo más que una tragedia o un accidente: no es un suceso desafortunado, fruto de la mala suerte, es una negligencia manifiesta que ha expuesto la desidia y la falta de liderazgo de nuestros representantes políticos, que casi desde el primer momento, con el dispositivo de rescate todavía en marcha, solo han buscado exculparse de forma vergonzosa.

Y es que hemos podido confirmar en tiempo real algo que muchos ya sospechábamos: estamos gobernados por auténticos irresponsables. No lo digo a modo de insulto o descalificación política. Es una definición que se han ganado a pulso y se ajusta como un guante a su actitud desde la primera comparecencia pública al pie del acantilado en el que perdieron la vida dramáticamente esos seis jóvenes. El problema no era que hubieran muerto seis personas, su única preocupación fue siempre que quedase claro que no eran responsables. Cargar la culpa al de enfrente, trasladar la responsabilidad, demostrar que no tenían competencias.

Aquí ha habido pocos representantes políticos a la altura de las circunstancias en todas las administraciones implicadas, pero la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha tenido un especial protagonismo en este sentido a lo largo de estas últimas semanas. Todavía es incapaz de diferenciar entre la responsabilidad judicial y las responsabilidades políticas que tiene como máxima autoridad municipal. Todos sabemos que los tribunales no acompasan sus tiempos al ritmo frenético de la actualidad —aunque en esta ocasión es justo reconocer la diligencia de la jueza que investiga el caso, que tomará las primeras declaraciones el próximo 27 de marzo—, pero tratar de cercenar el debate público y limitar todo a una futura sentencia es absurdo.

El problema no era que hubieran muerto seis personas, su única preocupación fue siempre que quedase claro que no eran responsables. Cargar la culpa al de enfrente, trasladar la responsabilidad, demostrar que no tenían competencias

“Habrá que depurar responsabilidades, pero yo no puedo ser responsable de los 1.200 trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Santander y no puedo responder de una persona que recibe un aviso y no hace nada”, ha dicho Gema Igual sobre la agente de la Policía Local que ignoró la llamada de un vecino que avisó el día antes del accidente del riesgo de colapso de la pasarela. “No estuvimos a la altura. Mejoraremos en todo lo que haya que mejorar”, se ha limitado a decir. “A ver si por decirle a la gente que venga a Santander tengo yo la culpa de que se caiga una pasarela”, se ha justificado también sobre el estado de abandono de una senda costera que ha promocionado insistentemente como recurso turístico. 

Ya sabemos que la alcaldesa de Santander no es responsable de prácticamente nada de lo que ocurre en la ciudad. Ni ella ni su equipo son responsables del lamentable estado de la senda costera del litoral norte. Nos ha quedado claro. Tampoco son responsables de que los Campos de Sport de El Sardinero, una instalación municipal donde acuden cada dos semanas cerca de 22.000 personas, amenace ruina. Ni de que un barrio como El Cabildo de Arriba, a apenas 200 metros de sus despachos, esté lleno de solares abandonados y edificios en riesgo de derrumbe desde hace décadas. Aquí ya hubo víctimas mortales no hace tanto tiempo. 

Por supuesto, no son responsables de que el Parque de Las Llamas haya estado vallado y con estructuras podridas durante años. Igual que la Duna de Zahera, que se vendió como un nuevo mirador a la bahía y que ahora está impracticable. Ratas hay en todas las ciudades. El parking de Pombo o los bajos de Rhin están apuntalados por culpa de otros. Se hundió un parque público en Nueva Montaña por pura casualidad. Las inundaciones en la Plaza de Italia no tienen nada que ver con las obras que hizo el Ayuntamiento. Es normal que las escaleras mecánicas pasen más tiempo averiadas que en funcionamiento. Los autobuses municipales llegan tarde y están desbordados porque “Santander está de moda”. La lista es larga, pero son meras anécdotas. No busquemos el hilo conductor que une todos estos puntos.

“¿Dimisión? A ver si se creen que me muero por ser alcaldesa”, ha zanjado Gema Igual esta misma semana, en unas palabras que no pueden ser más desafortunadas. Este domingo 22 de marzo, a partir de las 12.00 horas, vecinos y colectivos sociales han convocado una marcha silenciosa en Santander por las víctimas de El Bocal y para exigir responsabilidades políticas. Veremos lo que opina la ciudadanía al respecto.

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y la Junta de Personal Docente han alcanzado este jueves un preacuerdo para la mejora retributiva del profesorado cántabro, que ha sido respaldado por todas las organizaciones sindicales tras más de un año y medio de conflicto laboral.

Se prevé que ambas partes firmen el acuerdo definitivo la próxima semana, cerrando así unas reivindicaciones que fueron en aumento desde el curso pasado y han sido el motivo de la convocatoria de varias huelgas educativas, protestas y negociaciones que hasta ahora habían sido infructuosas.

El departamento que dirige el consejero Sergio Silva (PP) y los sindicatos retomaron esta semana la negociación de la adecuación retributiva, tras la firma del acuerdo presupuestario con el PRC que eliminaba el principal obstáculo, la llamada 'cláusula Silva', que pretendía vincular la adecuación retributiva a la aprobación de las cuentas. 

“Este avance es el resultado del trabajo sostenido y de la movilización del profesorado dentro de la campaña #EsAhora, impulsada para recuperar el poder adquisitivo perdido por el colectivo docente tras años sin actualización de la parte autonómica de sus retribuciones”, señalan desde los sindicatos.

Tras este preacuerdo, la Consejería de Educación citará a los representantes sindicales con representación en la Junta de Personal Docente previsiblemente la próxima semana para la firma del acuerdo definitivo, condición indispensable para que el pacto presupuestario entre PP y PRC siguiera adelante.

A partir de este momento, las organizaciones sindicales señalan que “continuarán trabajando para seguir mejorando las condiciones laborales del profesorado y fortaleciendo la educación pública en Cantabria”. Entre los próximos retos, destacan la mejora de las ratios en las aulas, la reducción de la burocracia docente y el impulso de nuevas medidas que contribuyan a reforzar la calidad del sistema educativo.

El acuerdo económico beneficiará a los docentes de manera progresiva, empezando por este mismo año 2026 y hasta 2029, con una subida escalonada que alcanzara los 180, 23 euros “generales, lineales y no condicionados”. Para quien tenga todos los sexenios, llegará hasta los 338,60 euros brutos mensuales al final de este periodo.

Una vez finalizada la fase de rescate y el luto oficial declarado con motivo de la muerte de seis jóvenes de entre 19 y 22 años y la hospitalización de la única superviviente del grupo de estudiantes que sufrieron este pasado martes un accidente mortal en la pasarela de El Bocal, en Santander, comienzan los primeros pasos de la investigación judicial que tendrá que resolver las responsabilidades penales por el mal estado de esta estructura de madera, abandonada y sin mantenimiento prácticamente en los 12 años que han transcurrido desde que se puso en servicio este paseo peatonal en la senda costera del litoral norte de la ciudad.

Así, en una providencia dictada este viernes y dada a conocer en las últimas horas, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado las primeras diligencias de investigación encaminadas a esclarecer el accidente en la pasarela de El Bocal en el que fallecieron estas seis personas el pasado 3 de marzo.

Entre las principales novedades, destaca que la magistrada ha citado a declarar como investigada a la agente de la Policía Local de Santander que un día antes del accidente recibió una llamada del 112 alertando del estado de la pasarela y no tomó ninguna medida, después de que un vecino de la zona hubiera advertido del mal estado en el que se encontraba y el evidente riesgo de colapso de esta estructura de madera que sobrevolaba un estrecho acantilado sobre el mar y las rocas en el que fallecieron los seis jóvenes mientras realizaban una ruta.

La jueza ha tomado esta decisión tras recibir a mediodía del pasado viernes un “detallado y minucioso” atestado elaborado “en tiempo récord” por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto con la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

La resolución acuerda la citación de distintas personas para el próximo 27 de marzo. Además de la agente de Policía Local, también se recibirá declaración, en calidad de testigos, a los dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, al vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, a la operadora del 112 que trasladó la incidencia a la Policía Local y a los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

Junto a ello, la magistrada solicita al Servicio de Emergencias 112 Cantabria que aclare si desde la creación de la senda costera de Santander ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y, en tal caso, reclama que se le entreguen los audios.

Documentación de la senda costera

La providencia también ordena a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación relativa a la senda costera: expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga respecto al estado de conservación y mantenimiento.

En relación a la pasarela siniestrada, la magistrada pide que se mantenga el precinto, exigiendo “la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma”, y requiere a Costas y al Ayuntamiento para que “se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación”.

Por último, realiza el ofrecimiento de acciones a los familiares de las víctimas mortales, así como a la única superviviente por si desean personarse en la causa.

La providencia de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander no es firme, ya que contra la misma cabe la interposición de recurso de reforma ante el mismo órgano en un plazo de tres días.

La manifestación feminista convocada este domingo en Cantabria con motivo del 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer ha recorrido el centro de la ciudad con una asistencia masiva en el recorrido previsto, con miles de personas que han caminado entre la rotonda de Puertochico y la plaza del Ayuntamiento de Santander, clamando por los derechos de las mujeres y en favor de la paz.

Durante el recorrido, la manifestación ha celebrado un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del accidente de El Bocal, donde fallecieron seis jóvenes el pasado martes por el colapso de una pasarela en mal estado, y ha exigido responsabilidades por “una tragedia que nunca debió ocurrir”. También ha habido un homenaje a las más de 100 niñas asesinadas recientemente en una escuela de Irán durante un ataque de Estados Unidos e Israel.

La Comisión 8M Cantabria, integrada por 17 organizaciones feministas de la comunidad autónoma y convocante de la marcha junto a las Asambleas Feministas Abiertas y el grupo feminista musical Percumozas, ha mostrado su preocupación ante “la persistente ola de violencia contra las mujeres a nivel global y estatal” y por “la creciente sensación de que los avances en igualdad pueden retroceder si determinadas corrientes negacionistas o antifeministas siguen ganando espacio”.

La marcha feminista, que ha servido para reclamar “igualdad, justicia y dignidad”, también ha hecho un llamamiento unánime al movimiento feminista y al resto de la sociedad a enfrentarse a los planteamientos de la ultraderecha y “salir victoriosas, porque creemos que la humanidad necesita de la igualdad entre mujeres y hombres”. “Una democracia real no se puede construir sin una igualdad efectiva, que es un valor ético indiscutible sobre el que existe un amplísimo consenso”, han asegurado las portavoces de la Comisión 8M Cantabria.

En este sentido, desde la organización de la manifestación celebrada este 8M en Santander con motivo del Día Internacional de la Mujer han indicado que “el feminismo sigue siendo necesario porque los derechos no están garantizados para siempre, porque aún hay desigualdades, violencias y brechas que cerrar y porque juntas somos más fuertes”.

A lo largo del trayecto, distintas organizaciones y asociaciones feministas han alzado sus pancartas y han gritado lemas reivindicativos, que han incluido palabras para las mujeres trans, las interraciales y la precariedad laboral a la que se enfrentan las mujeres. Distintas generaciones se han reunido en esta cita anual que celebra y reivindica la mujer trabajadora, porque “si las mujeres paran, el mundo para”, según han recordado las asistentes. También han denunciado la violencia machista, con mensajes como “los violadores existían antes que la minifalda” o “el machismo mata, el feminismo salva vidas”.

El Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria han firmado este viernes en el Parlamento el tercer acuerdo de presupuestos de la legislatura. Se trata de un documento con 24 medidas y 5 cláusulas adicionales que incluye como aspecto más destacado el compromiso de llegar en el plazo de un mes a un acuerdo salarial con los docentes, tras el dilatado conflicto que han mantenido abierto con la Consejería de Educación.

También obliga al Gobierno de Cantabria a pagar antes de aprobar las cuentas públicas del presente ejercicio todas las subvenciones pendientes a los ganaderos y aprobar antes de junio la Ley de Patrimonio Cultural. Además, el Ejecutivo autonómico ingresará 200 euros anuales durante tres años en las 'cuentas vivienda' que tengan los menores de 36 años y pondrá en marcha diversas medidas destinadas a los jóvenes, así como rebajas fiscales y propuestas específicas para dotar de más fondos a la sanidad pública.

El acuerdo, rubricado en el Parlamento por la presidenta de Cantabria y líder del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, y el expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, incluye medidas para los jóvenes como la gratuidad de la primera matrícula del primer curso de la universidad pública para los empadronados en la comunidad autónoma, que estará en vigor en el curso 2026-2027. También incluye becas de 'excelencia' para premiar a los mejores expedientes y un descuento del 70% en el transporte regional para menores de 30 años.

Respecto a las rebajas fiscales y ayudas económicas, ambos partidos políticos han pactado incluir en los Presupuestos una de deducción del 30% en gastos deportivos (hasta 150 euros), otra del 15% en el IRPF por compra o rehabilitación de vivienda para menores de 36 años, beneficios fiscales por aportaciones a 'cuentas vivienda' y una bonificación de hasta 100 euros por prácticas medioambientales y reciclaje.

En relación a la sanidad pública, el Partido Popular asume la petición del PRC de aumentar la financiación del Hospital de Laredo para el refuerzo del personal de enfermería, un plan de estímulos a la Atención Primaria con especial atención al medio rural y un Plan de Prevención del Cáncer dotado con 5 millones de euros “dentro del sistema público”, ha recalcado Paula Fernández, candidata electoral del PRC, que también ha participado en el acto y ha ejercido como portavoz regionalista tras la rúbrica del documento.

Asimismo, los futuros presupuestos contemplan la concertación de 200 nuevas plazas en residencias para personas dependientes y el pago del complemento de atención continuada al personal sanitario.

En el área de cultura habrá descuentos del 40% en el Pasaporte Cultura Cantabria y se aprobará una nueva Ley de Patrimonio Cultural antes de junio de 2026 que el PRC dice tener “prácticamente elaborada”.

Respecto al tejido industrial y empresarial, el presupuesto destinará 5 millones de euros en ayudas a empresas en Campoo y la comarca del Besaya y dará impulso a los denominados “proyectos estratégicos”.

Comité independiente de seguimiento

Una de las novedades del acuerdo es la creación de un “comité independiente” de seguimiento que evaluará el grado de cumplimiento del pacto y publicará informes sobre su ejecución. Estará formado por seis miembros -tres elegidos por el PRC y tres por el PP- y en octubre harán el primer informe, cuyos resultados serán públicos.

Las dos partes se comprometen a apoyar la tramitación por vía de urgencia y la reducción al máximo de los plazos y trámites parlamentarios para su aprobación en el menor plazo posible, que la presidenta de Cantabria ha situado “en los primeros días del mes de mayo” para que esté aprobado y en vigor.

El acuerdo incluye el compromiso de que los grupos parlamentarios del PRC y el PP puedan presentar, previo acuerdo entre ambos, enmiendas parciales por un máximo de un millón de euros cada uno, con la limitación de no superar los 100.000 euros por sección y los 50.000 euros por enmienda, salvo acuerdo unánime que permita ampliar al alza dichas cantidades, y una cláusula de cierre que obliga a que ninguno de los firmantes apoye enmiendas de otros grupos parlamentarios sin pactarlo previamente.

Respecto a la La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria, la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, no incluirá modificaciones legislativas sin contenido económico o de organizacióna directa, a excepción de las que se pudieran pactar con el Gobierno de España derivadas de la Comisión Bilateral para evitar la inconstitucionalidad de normas legislativas cántabras.

La presidenta de Cantabria y líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, y el expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, firmarán este viernes en la sede del Parlamento autonómico el acuerdo entre ambos partidos para aprobar el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, en un acto en el que también estará presente la candidata electoral de los regionalistas, Paula Fernández, encargada de pilotar en los últimos días las negociaciones con el Partido Popular.

El pacto para aprobar las cuentas del presente ejercicio llega con algo más de dos meses de retraso y tras recuperarse recientemente las vías de diálogo entre ambos partidos, que atravesaban uno de los momentos más críticos de la legislatura, con mociones de censura y ruptura de acuerdos de gobierno en varios municipios, y retoma de esta forma la senda iniciada al inicio de este mandato, cuando los regionalistas facilitaron la investidura de Buruaga, manteniéndose siempre como “socios preferentes” y aprobando todos los presupuestos hasta la fecha.

Las negociaciones estaban prácticamente cerradas desde hace días, después de una primera reunión presencial entre Buruaga y Fernández el martes pasado en la sede del Ejecutivo autonómico, que sirvió para desbloquear los desencuentros que llevaron al PRC a votar en contra de los presupuestos en el mes de diciembre, y tras el visto bueno de la Ejecutiva regionalista a este nuevo intento de acuerdo. La mesa negociadora de ambos partidos se volvió a ver el viernes pasado y, pese a no hacer declaraciones al respecto, el mensaje que llegaba extraoficialmente es que estaban muy cerca.

El trágico accidente ocurrido esta semana en una pasarela junto a la playa de El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis jóvenes estudiantes, con una única superviviente que se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha frenado que la firma del acuerdo se produjera antes, dado que hasta el jueves al mediodía seguían las labores de rescate del último cuerpo desaparecido y el Gobierno de Cantabria había declarado dos días de luto oficial, con la cancelación total de la agenda pública de los miembros del Ejecutivo.

Intereses mutuos

Una vez que se habían retomado las negociaciones no se esperaban sorpresas, porque desde las filas del PRC ha habido casi más interés por sacar las cuentas adelante que desde el Gabinete de Buruaga, que se ha tomado nada menos que dos meses de margen para descolgar el teléfono y reiniciar un diálogo que se rompió de forma abrupta en diciembre, después de que los regionalistas impusieran una serie de condiciones previas para pactar los presupuestos de este ejercicio y que la negativa del PP provocara el rechazo unánime de la oposición parlamentaria al proyecto de ley que decayó en la Cámara.

Ahora falta por conocer la letra pequeña del acuerdo. Mientras Buruaga ha mantenido que afrontaba esta nueva etapa “sin líneas rojas ni exigencias imposibles”, desde el seno regionalista se ha insistido en que sus peticiones previas “siguen vigentes” y deberán incorporarse a los presupuestos. Dos meses después de que ambos partidos no lograran acercar posturas sobre las cuentas, por las condiciones que impuso el PRC y que el PP veía “imposibles de cumplir”, relacionadas con el pago íntegro de ayudas al medio rural, la adecuación salarial de los docentes cántabros o varias actuaciones sanitarias e industriales, estas mismas medidas han vuelto a estar sobre la mesa y queda comprobar quién ha dado su brazo a torcer.

En el nuevo escenario también ha tenido mucho que ver el contexto interno en cada uno de los partidos. En el caso del PRC, porque el rechazo a los presupuestos estuvo a punto de convertirse en un cisma a nivel orgánico, ya que muchos alcaldes y alcaldesas presionaban a la candidata electoral, Paula Fernández, para que diera luz verde a unas cuentas a las que podrían sacar rédito en sus propios municipios. Y por parte del PP, porque la catarata de elecciones autonómicas en España están dando un papel fundamental a Vox, lo que ha obligado a Génova a establecer un acuerdo marco para pactar con la extrema derecha, permitiendo su entrada en los gobiernos autonómicos, una posibilidad que Buruaga y su equipo prefieren evitar por el momento.

El GEO de la Policía Nacional ha localizado el cuerpo sin vida de una persona en la zona costera cercana a la playa de El Bocal, en Santander, en las inmediaciones del lugar en el que el pasado martes colapsó una pasarela de madera cuando un grupo de siete estudiantes realizaban una excursión, provocando la muerte de cinco de ellos y el ingreso en la UCI de la única superviviente hasta la fecha, que se recupera favorablemente en el Hospital de Valdecilla.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, el dispositivo de rescate desplegado en la zona ha conseguido recuperar el cuerpo para su posterior identificación y ha confirmado que se trata de la persona que aún permanecía desaparecida: una estudiante de 20 años procedente de Guadalajara.

Desde primera hora del día se había retomado la búsqueda con la participación de efectivos de unidades de Policía Nacional, Policía Judicial, Policía Científica, Seguridad Ciudadana y los GEO, Bomberos de Santander, Policía Local, Protección Civil, 112 y Cruz Roja. En el mar estaban trabajando las embarcaciones de Salvamento Marítimo y Guardia Civil y desde el aire los helicópteros Helimer de Salvamento y el del Gobierno de Cantabria (112).

Los cinco fallecidos localizado hasta ahora en la tragedia de El Bocal de Santander tenían entre 19 y 22 años y eran de Igollo de Camargo (Cantabria), Bizkaia (dos víctimas de Barakaldo y una de Balmaseda) y Almería, mientras que la joven que continuaba desaparecida, de 20 años, procedía de Guadalajara. Todos ellos formaban un grupo de siete personas, estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, y hacían una ruta por el lugar de los hechos, cuando la pasarela que atravesaban sobre unos acantilados colapsó y cayeron al mar.

Los datos de los afectados han sido facilitados por la Delegación del Gobierno en Cantabria tras la pertinente autorización judicial. La titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, de guardia cuando sucedieron los hechos, ha abierto diligencias de investigación tras lo ocurrido y la Policía Nacional realiza las pesquisas. Familiares de las víctimas se han desplazado a la zona y han sido atendidos por equipos psicosociales.

La Policía Local de Santander recibió el pasado lunes 2 de marzo un aviso del Centro de Emergencias 112 Cantabria alertando del mal estado de conservación de la pasarela que colapsó tan solo unas horas después, en la tarde del martes, provocando la muerte de cinco jóvenes de entre 19 y 22 años, la desaparición de una sexta víctima de 19 años que los equipos de rescate siguen buscando en el mar y la hospitalización de la única superviviente hasta la fecha del grupo de estudiantes de FP que se encontraba dando un paseo por la senda costera de la ciudad, en la zona cercana a la playa de El Bocal, cuando sufrieron el accidente.

Esta comunicación por parte del 112 a la Policía Local de Santander se produjo tras la llamada previa al centro de emergencias de Fernando Cabellos, un vecino de la zona de Monte que pasea diariamente por ese entorno y que este pasado lunes había avisado hasta en dos ocasiones del deterioro evidente de la pasarela al detectar que había un riesgo serio de accidente.

“Yo no llevo teléfono nunca. Fui para casa y dije: 'Voy a llamar porque si pasan muchas personas, con el peso, se va a hundir'. Llamé al 112 hacia la una de la tarde”, relató este ciudadano de 73 años a elDiario.es. En conversación con este periódico, el vecino explicó también que le habían preguntado “dónde era exactamente y cómo era” y él le detalló que se trataba de “un puente que hay en dirección hacia Cueto” y que “no tenía pérdida”.

Tras varias horas sin dar explicaciones al respecto, ni desde el Centro de Emergencias 112 Cantabria ni desde el Ayuntamiento de Santander, escudándose en ambos casos en la investigación judicial abierta para dilucidar los motivos del accidente mortal y las posibles responsabilidades penales por la falta de actuación y conservación de la pasarela que cedió bajo los pies de los jóvenes estudiantes, el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa, Gema Igual, (PP), ha reconocido mediante un comunicado enviado a los medios que ha pedido ya un informe a la Policía Local acerca de la gestión de esa llamada, asegurando también que “se pondrá a disposición de las diligencias judiciales que se están siguiendo respecto al accidente”.

El vecino que dio la voz de alarma al 112 sobre el mal estado de la pasarela confirma a este periódico que, en la mañana del martes, volvió a hacer su paseo habitual por la zona, en este caso para comprobar si se había producido alguna actuación tras su llamada en la jornada previa: “Lamentablemente, el puente seguía igual. Es una pena, no he podido dormir en toda la noche pensando que podía haber vuelto a llamar, insistir más, y no lo hice. Pero pensé: 'Si he llamado y no han venido, para qué...'”.

Según confirman fuentes oficiales a elDiario.es, el 112 sí trasladó a la Policía Local de Santander ese aviso ciudadano el mismo lunes, víspera del accidente en el que han perdido la vida cinco jóvenes y una sexta persona continúa desaparecida, y es por este motivo por el que el Consistorio ha solicitado más detalles a sus propios agentes del cuerpo de seguridad municipal, con el objetivo de comprobar qué ocurrió a partir de esa llamada de emergencia entre ambos servicios.

Desde el 112, y ante la insistencia de los medios de comunicación, han enviado un mensaje reiterando que “todas las cuestiones y circunstancias relativas al colapso de la pasarela están judicializadas y no pueden revelarse determinados detalles hasta que la investigación judicial finalice”.

Diligencias judiciales

La Policía Nacional está llevando a cabo diligencias de investigación. Las pesquisas se están practicando desde el momento del suceso y han sido incoadas por la titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos.

Los cinco fallecidos en la tragedia de El Bocal de Santander tienen entre 19 y 22 años y son de Igollo de Camargo (Cantabria), Bizkaia (dos víctimas de Barakaldo y una de Balmaseda) y Almería, mientras que la joven que continúa desaparecida, de 20 años, es vecina de Guadalajara.

Todos ellos formaban un grupo de siete personas, estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, y hacían una ruta por el lugar de los hechos, cuando la pasarela que atravesaban sobre unos acantilados colapsó y cayeron al mar.

Al menos cinco personas han fallecido este martes por la tarde al colapsar una de las pasarelas de madera cercanas a la zona costera de la playa de El Bocal, en Santander, otra persona está desaparecida y una ha sido rescatada y está hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla “estable dentro de la gravedad”.

Según han confirmado desde Delegación de Gobierno, la pasarela se ha hundido alrededor de las 16.45 horas en un momento en el que estaban cruzando por la estructura de madera un total de siete personas, estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja de Heras, ubicado en el municipio de Medio Cudeyo. Las víctimas habrían caído a la zona de agua y rocas bajo la pasarela.

Los siete jóvenes -seis chicas y un chico- pasaban por esa pasarela de madera, situada en la zona conocida como Punta Cortada, cuando la estructura ha cedido y se ha roto por causas que todavía se desconocen. Los agentes que llegaron en primer lugar a la zona fueron informados de que dos personas estaban en el mar boca abajo a 25 metros de la costa y otras cinco estaban desaparecidas.

El operativo de rescate pudo constatar en un primer momento que las dos personas localizadas en el mar y otra más habían fallecido, y después fue localizada una cuarta, también sin vida. La quinta víctima fallecida ha sido sacada a tierra pasadas las 20.00 horas, sin luz ya en la zona, aunque el operativo de rescate sigue intentando buscar a la persona que aún no ha aparecido.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria recibió el aviso y ha movilizado en las últimas horas un amplio dispositivo en la zona, en el que han intervenido bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, el helicóptero del Gobierno de Cantabria, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios del servicio 061, que continúan en el puesto de mando que se ha establecido junto al lugar del siniestro.

Malas condiciones para la búsqueda

Según han confirmado fuentes del servicio de emergencias, las siete personas accidentadas estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas de madera, una de las cuales se ha hundido y todo el grupo ha caído al agua, donde se busca a la última persona desaparecida en unas condiciones bastante complicadas por la fuerza de las olas.

Sobre la persona rescatada tras el colapso de la pasarela, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha adelantado que ha sido trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con hipotermia y diversos golpes como consecuencia de la caída. Igual ha explicado a los periodistas desde El Bocal que las condiciones del mar “no son buenas” para el rescate y ha señalado que el dispositivo de emergencias se mantendrá “hasta que haga falta”.

La alcaldesa de Santander, acompañada de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha informado de las labores de búsqueda, que van a seguir esta noche con un dispositivo de drones, y luego continuará con un operativo mayor cuando amanezca.

Igual ha explicado que se va a esperar a la bajamar, sobre la medianoche, para ver, si al vaciarse las cavidades de las rocas, se puede hacer una búsqueda más amplia en esos espacios. También estará abierto el centro social cercano a la zona, con personal de Cruz Roja y especialistas en atención psicosocial, para la atención a familiares y amigos.

Estado de conservación

La alcaldesa también ha detallado que, según el relato de la persona superviviente, formaba parte de un grupo de siete jóvenes que han caído al agua al romperse la pasarela. Así, ha confirmado que el accidente se ha producido durante un paseo en el que estaban disfrutando de la naturaleza por la costa de Santander y ha apelado a la prudencia a la hora de facilitar datos sobre estas personas o el estado de la pasarela.

“Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas y que, por favor, la política no manche el objetivo principal, que es poder recuperar supervivientes, si los hay, y poder atender a las familias si no hay supervivientes”, ha señalado. 

El Bocal es una playa alejada del entorno urbano de Santander y el accidente se ha producido en una senda que lleva del Faro de Cabo Mayor hasta la playa de La Maruca, en la costa norte de la ciudad. El proyecto para habilitar una serie de estructuras y pasarelas de madera que se realizó hace más de una década tuvo una gran contestación vecinal y fue paralizado en su momento.

Desde entonces, las administraciones públicas implicadas, desde el Ayuntamiento de Santander a la Demarcación de Costas, tienen pendiente la retirada de esos elementos y su estado de conservación es muy deficiente, como han denunciado en reiteradas ocasiones asociaciones ecologistas y grupos políticos.

Durante una visita a la zona, la presidenta de Cantabria ha trasladado también sus condolencias por la tragedia ocurrida este martes en Santander. “No puedo sino expresar la consternación, las horas de angustia y el profundo dolor que ha vivido hoy la sociedad de Cantabria y que está sintiendo hoy el pueblo cántabro. No ante una tragedia, ante un drama de una magnitud que soy incapaz de calificar”, ha señalado Buruaga, que ha puesto en valor la “coordinación” de todas las administraciones en la respuesta a esta emergencia.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario de Estado de Medio Ambiente, que se ha trasladado hasta El Bocal a lo largo de la tarde, y que ha evitado valorar el estado de conservación de unas estructuras que dependen de su departamento hasta que haya más información al respecto.

Era un mero trámite formal y así se ha resuelto: en menos de una hora y sin votos en contra. Apenas dos días después de la primera reunión entre la presidenta de Cantabria y líder del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, y la diputada autonómica y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, la Ejecutiva regionalista ha avalado este jueves por la tarde la propuesta de retomar las negociaciones de forma urgente con el Gobierno para aprobar a la mayor brevedad posible los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026.

No se esperaban sorpresas, porque desde las filas del PRC ha habido casi más interés por sacar las cuentas adelante que desde el Gabinete de Buruaga, que se ha tomado nada menos que dos meses de margen para descolgar el teléfono y reiniciar un diálogo que se rompió de forma abrupta el pasado mes de diciembre, después de que los regionalistas impusieran una serie de condiciones previas para pactar los presupuestos de este ejercicio y que la negativa del PP provocara el rechazo unánime de la oposición parlamentaria al proyecto de ley que decayó en la Cámara.

Ahora, tras un encuentro por sorpresa entre Buruaga y Fernández el pasado martes, con apenas unos contactos informales previos para rebajar la tensión y relajar las posturas de máximos, PRC y PP se volverán a ver las caras y las comisiones negociadoras de ambos partidos se sentarán este mismo viernes, a partir de las 11.00 horas, en el antigio Hospital de San Rafael. A falta de flecos, todos cuentan con que como muy tarde la próxima semana se pueda rubricar un acuerdo definitivo. No tendría mucho sentido perder más el tiempo de lo que se ha perdido ni mantener una prórroga presupuestaria que dejó en el limbo algunos proyectos que se consideran fundamentales.

Ante este escenario, el Comité Ejecutivo del PRC ha aprobado este jueves sin oposición la propuesta de la candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, para retomar las negociaciones con el Partido Popular e intentar un acuerdo que permita la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, tras el “compromiso” de la presidenta María José Sáenz de Buruaga con las medidas planteadas el pasado mes de noviembre.

Condiciones previas

Y aquí está una de las claves, porque mientras Buruaga ha mantenido en las últimas horas que afronta esta nueva etapa “sin líneas rojas ni exigencias imposibles”, desde el seno regionalista se insiste en que sus peticiones previas siguen vigentes y deberán incorporarse a los presupuestos. Dos meses después de que ambos partidos no lograran acercar posturas sobre las cuentas, por las condiciones que impuso el PRC y que el PP veía “imposibles” de cumplir, relacionadas con en el pago íntegro de ayudas al medio rural, la adecuación salarial de los docentes cántabros o varias actuaciones sanitarias e industriales que “no pueden seguir esperando”, estas mismas medidas volverán a estar sobre la mesa y queda comprobar quién da su brazo a torcer.

“Yo diría que hemos recobrado el espíritu de negociaciones anteriores”, opinó la presidenta el martes tras la reunión con Paula Fernández, y además consideró que “esta vez estamos bastante más cerca del acuerdo presupuestario”. En paralelo, la dirigente regionalista dijo que “se abre un nuevo camino” y defendió que había visto a una Buruaga “receptiva”, que ha “escuchado” las propuestas del PRC y “se ha comprometido a llevarlas a cabo”.

Tras el acuerdo de la dirección regionalista para retomar el diálogo, las comisiones negociadoras de ambas formaciones han concertado un primer encuentro para este viernes 27 de febrero, en el Parlamento de Cantabria.

La delegación del PRC estará integrada por la propia Paula Fernández, diputada además de candidata a la Presidencia de Cantabria en los próximos comicios, junto al portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando; el diputado y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la presidenta del Comité Comarcal Pas-Pisueña, Beatriz Sáinz, y el teniente de alcalde de Guriezo, Luis Javier Casas. Por parte del PP forman parten de la comisión negociadora la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, en calidad de secretaria autonómica del partido; el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros; el portavoz parlamentario, Juan José Alonso, y el vicesecretario de Organización y consejero de Fomento, Roberto Media.

La imagen de la presidenta de Cantabria y líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, y la diputada autonómica y futura candidata electoral del PRC, Paula Fernández, reunidas en la sede del Gobierno en Peña Herbosa, sonrientes, rodeadas de todo el protocolo institucional después de una convocatoria de urgencia para negociar los presupuestos, no solo augura la futura aprobación de las cuentas en un breve periodo de tiempo —algo impensable hace apenas unos días—, sino que anticipa también un simulacro de coalición de cara a la próxima legislatura en la comunidad autónoma.

Paula Fernández necesitaba un giro de guion para salir de la soledad orgánica en la que había quedado paradójicamente tras su clara victoria en las primarias regionalistas. Desde entonces, solo ha perdido apoyos. Se ha encontrado con el portazo más que evidente de muchos alcaldes del PRC, que solo piensan en el corto plazo y habían empujado mucho para que se aprobaran los presupuestos, por incoherente que resultara esto para la estrategia electoral de su partido a un año de la cita con las urnas. Ha sido más común ver a esos mismos regidores municipales en actos y encuentros amistosos con Buruaga y los miembros de su Ejecutivo que con la propia Fernández.

La presión empresarial también ha tenido un papel importante en este cambio de rumbo. Nadie quiere trabajar con unos presupuestos prorrogados. Y es evidente que el grupo parlamentario regionalista no funciona esta legislatura bajo las mismas premisas y una dirección común, sino que cada uno hace la guerra por su cuenta, lo que provoca claros desajustes en las intenciones de la próxima cabeza de lista del PRC de hacer una oposición dura al PP.

La apuesta de Paula Fernández es clara: supervivencia orgánica y confianza en ocupar una Consejería en un hipotético gabinete del PP si se salva del descalabro que anticipan las encuestas

Habrá que ver en los próximos días cómo se escenifica el acuerdo presupuestario y cuál es el tono a partir de ahora entre ambos partidos, que habían llegado al peor momento de su relación en la presente legislatura, con mociones de censura y rupturas de pactos municipales. Por no hablar del papel que jugarán de aquí en adelante en el PRC, presentándose en la futura campaña electoral como socio preferente de un Partido Popular que ha tenido las mayores facilidades que se recuerdan para un Gobierno en minoría. La apuesta de Paula Fernández es clara: supervivencia orgánica y confianza en ocupar una Consejería en un hipotético gabinete del PP si se salva del descalabro que anticipan las encuestas.

En el caso de María José Sáenz de Buruaga, el cambio de actitud también es más que notorio. Se habían preparado para un año de prórroga presupuestaria y así lo indican todos los movimientos que se habían producido hasta la fecha. Las negociaciones no se habían retomado, ni discretamente. En unas pocas horas se abrió el cielo sobre sus cabezas. Por un lado, no es fácil lucir en año preelectoral con las cuentas bloqueadas y sin poder presumir de chequera e inauguraciones. Por otro, Vox aprieta. Y está cerca de ahogar también.

La escalada electoral de la formación de extrema derecha no toca techo y la presidenta de Cantabria ya ha comprobado en piel ajena lo que están sufriendo sus homólogos en otros territorios para cerrar acuerdos de gobierno. El nuevo marco de negociación que han abierto desde Génova con el partido ultra y la posibilidad de que un anticipo de las elecciones generales obligue a todos los presidentes autonómicos del PP a reproducir el pacto de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en 2027 han podido ser buenos incentivos para que se impulse ahora este acuerdo con los regionalistas. Sus declaraciones al respecto no dejan lugar a dudas de lo que está por llegar en Cantabria: “Es más fácil llegar a acuerdos con el PRC”.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha descolgado el teléfono dos meses después de que la oposición tumbara el proyecto de presupuestos para 2026 que presentó su Gobierno y ha acercado posturas con el PRC para retomar las negociaciones y explorar un nuevo acuerdo presupuestario. Sería el tercer pacto en este sentido con los regionalistas, que también permitieron su investidura y se han convertido en el socio preferente del Ejecutivo a lo largo de toda la legislatura.

“Tengo la responsabilidad de hacer un último intento como presidenta de Cantabria. Hemos podido mantener un diálogo sereno, franco y constructivo. Y hemos acordado empezar a negociar sin líneas rojas sobre propuestas de mejora del presupuesto”, ha expresado Buruaga en una comparecencia ante los medios desde la sede del Gobierno en Peña Herbosa y tras la reunión de urgencia mantenida este martes con la actual candidata electoral del PRC, Paula Fernández.

“Esta vez estamos bastante más cerca del acuerdo presupuestario”, ha renocido la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha adelantado que esta misma semana se reunirá la comisión negociadora de ambos partidos para acercar posturas. El PRC también ha convocado esta semana a su Ejecutiva para valorar el nuevo escenario que se abre por delante.

“La llamada de la presidenta significa un cambio de actitud. El paso lo tenía que dar la presidenta y, por responsabilidad, los regionalistas no hemos dudado en acudir. Esa responsabilidad no se puede confundir con una postura de 'cheque en blanco'. En octubre planteamos propuestas y hoy me he encontrado con una presidenta receptiva a los planteamientos del PRC y se ha comprometido a llevarlos a cabo. Se abre una nueva vía de diálogo aceptando las propuestas y planteando un inicio de la negociación sin un presupuesto impuesto”, ha explicado por su parte Paula Fernández.

En este sentido, la candidata regionalista ha adelantado que va a plantear a su partido que sea la misma comisión negociadora la que explore la posibilidad de llegar a un acuerdo definitivo con el PP, con las mismas propuestas que ya trasladaron en octubre. “Será un acuerdo puntual para tener presupuestos en 2026”, ha insistido durante su intervención, en la que ha defendido que “el PRC seguirá haciendo oposición responsable, seria, exigente y vigilante”.

En la negociación previa de los presupuestos el pasado otoño, los regionalistas reclamaron reforzar la atención sanitaria en los hospitales de Laredo y Reinosa, la firma “inmediata” del acuerdo salarial con los docentes, un plan de choque para la prevención del cáncer de mama, el pago de las ayudas pendientes al sector primario y la firma de la opción de compra del Polígono de La Vega en Reinosa. Todo ello, como condición previa para sentarse a hablar de las cuentas de 2026, un planteamiento que desde el PP calificaron de “chantaje” y que ahora parece no ser un impedimiento para retomar el diálogo.

Dos meses de parálisis

El Partido Popular, que gobierna en minoría parlamentaria en la comunidad, vio como el pasado mes de diciembre toda la oposición en bloque —PRC, PSOE y Vox— tumbó el proyecto de presupuestos que el Ejecutivo autonómico había llevado a la Cámara y ha comenzado el presente ejercicio con unas cuentas prorrogadas.

Durante los dos primeros años de legislatura, el Gobierno del PP se había apoyado en el PRC para aprobar los presupuestos, al igual que lo hizo para sacar adelante la investidura de la propia Buruaga como presidenta. En esta última negociación, pese a las diferencias internas que esta decisión generó en las filas regionalistas, —especialmente entre sus alcaldes—, el partido que aún dirige Miguel Ángel Revilla votó por primera vez en contra de las cuentas ante los “reiterados incumplimientos” del Ejecutivo en los pactos presupuestarios anteriores.

A lo largo de este tiempo, las relaciones entre ambos partidos han llegado a una situación crítica a nivel municipal, con la ruptura de varios pactos de gobierno en ayuntamientos que gestionaban conjuntamente, como el caso reciente de Reinosa, y mociones de censura para desalojar a alcaldes regionalistas del poder.

Pese a todo, el PRC lleva lanzando mensajes de diálogo y tendiendo la mano al PP para retomar las negociaciones durante los últimos meses, ante la aparente desgana del Gobierno de Buruaga, que había puesto en marcha la maquinaria para gobernar con unos presupuestos prorrogados y parecía asumir que iba a ser así hasta final de año, tras enterrar la amenaza de una convocatoria electoral anticipada que llegó a estar sobre la mesa como mera hipótesis.

El decálogo para Vox “no es de aplicación”

A preguntas de los periodistas, Buruaga ha valorado el anuncio del PP nacional de un decálogo para definir la estrategia a seguir con Vox en los pactos regionales venideros como un marco de referencia, pero ha sido tajante: “No es una imposición, porque en Cantabria, donde el PP gobierna en minoría, ni es el momento ni el lugar, ni son los protagonistas -en referencia a Vox- ni es de aplicación en este momento”. 

Buruaga ha señalado además que no tiene un pacto con VOX, “nunca lo he tenido, ni antes ni ahora” y ha matizado que “con el PRC es más fácil llegar a acuerdos, ha sido más fácil en situaciónes anteriores y es el único que tiene disposición al acuerdo”, ha considerado transcurridos dos meses desde que le tumbaran los presupuestos de 2026. 

Paula Fernández, después de recibir a primera hora del día la llamada de la presidenta para proponerle una reunión, ha destacado el “cambio de actitud” de Buruaga y ha valorado que, “después de varios meses”, haya asumido que “si quiere contar con presupuestos tiene que actuar con responsabilidad y buscar los apoyos parlamentarios que necesita”.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PRC), acaba de llamar por teléfono a la candidata del PRC en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, para “explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita que Cantabria tenga un nuevo presupuesto en 2026”. Como resultado de esta conversación, ambas dirigentes políticas mantendrán un encuentro este mismo martes a partir de las 12.00 horas en la sede Gobierno en Peña Herbosa.

El Partido Popular, que gobierna en minoría parlamentaria en la comunidad autónoma, vio como el pasado mes de diciembre toda la oposición en bloque —PRC, PSOE y Vox— tumbaron el proyecto de presupuestos que el Ejecutivo autonómico había llevado a la Cámara y ha comenzado el presente ejercicio con unas cuentas prorrogadas.

Durante los dos primeros años de legislatura, el Gobierno del PP se había apoyado en el PRC para aprobar los presupuestos, al igual que lo hizo para sacar adelante la investidura de la propia Buruaga como presidenta. En esta última negociación, pese a las diferencias internas que esta decisión generó en las filas regionalistas, —especialmente entre sus alcaldes—, el partido que aún dirige Miguel Ángel Revilla votó por primera vez en contra de las cuentas ante los “reiterados incumplimientos” del Ejecutivo en los pactos presupuestarios anteriores.

A lo largo de este tiempo, las relaciones entre ambos partidos han llegado a una situación crítica a nivel municipal, con la ruptura de varios pactos de gobierno en ayuntamientos en los que gobernaban juntos, como el caso reciente de Reinosa, y mociones de censura para desalojar a alcaldes regionalistas del poder.

Pese a todo, el PRC lleva lanzando mensajes de diálogo y tendiendo la mano al PP para retomar las negociaciones durante los últimos meses, ante la aparente desgana del Gobierno de Buruaga, que ha puesto en marcha la maquinaria para gobernar con unos presupuestos prorrogados y parecía asumir que iba a ser así hasta final de año, tras enterrar la amenaza de una convocatoria electoral anticipada.

A veces conviene pararse un momento a reflexionar, repasar la cronología y encajar las piezas para ser conscientes de la gravedad lo que está ocurriendo entre una cierta apatía generalizada. Y esta legislatura podemos decir ya que el Partido Popular en Cantabria está consiguiendo llevar su agenda política mucho más allá de los límites que podría esperarse si nos atenemos a los números de un Gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria. El ejemplo más sangrante lo tenemos en el 'convenio singular' firmado con el Hospital Santa Clotilde para privatizar servicios sanitarios por 256 millones de euros hasta el año 2042 en beneficio de este centro religioso perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y a las empresas privadas del sector sanitario que operan en él.

Desde que el pasado mes de octubre adelantáramos en exclusiva en elDiario.es la aprobación de ese acuerdo por el Consejo de Gobierno, que trataron que ocultar sibilinamente y del que tan solo informaron —mínimamente y con importantes incoherencias— una vez que se publicó esta información en nuestro periódico, hemos podido ir desvelando muchas otras claves que permiten entender más la operación que hay detrás y que hipoteca el futuro del sistema sanitario público de la comunidad autónoma. Hasta ahora hemos contado lo que ya sabemos, que no es poco. En las próximas semanas seguiremos escribiendo de lo que está por venir y despejando muchas otras incógnitas de un asunto capital en la legislatura.

Y es que ya sabemos que el Ayuntamiento de Santander facilitó en 2023 una recalificación urbanística en la finca en el que está situado el Hospital Santa Clotilde que le permitirá ahora ampliar sus instalaciones sobre los actuales jardines y el aparcamiento para adaptarse a las exigencias de ese convenio con el Servicio Cántabro de Salud, firmado recientemente, que a su vez le garantiza la rentabilidad de su gran inversión en infraestructuras. Porque hay que recordar una vez más que se firmó un acuerdo para privatizar servicios sanitarios con un hospital sin los aparatos, ni las camas, ni el personal exigido.

También sabemos que el PP metió de refilón a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2025 esta nueva figura del 'convenio singular' que permite otorgar a dedo estos contratos, adjudicándolos sin concurso ni competencia entre empresas hasta un máximo de 24 años. Y que la excusa es que se realizan con entidades “sin ánimo de lucro”, un aspecto cuestionable y que entra en contradicción con el tipo de compañías que operan en el sector sanitario. Ya hemos contado que Santa Clotilde pertenece a una orden religiosa, sí, pero eso no impide que firme acuerdos y subcontrate servicios hasta ahora públicos a empresas privadas y fondos de inversión con claro ánimo de lucro.

A pesar de lo que dijera el consejero de Salud, César Pascual (PP), cuando se vio obligado a dar explicaciones al respecto, llevaban meses negociando con Santa Clotilde y diseñando qué servicios públicos se canalizarían al hospital privado. Nadie pone un precio antes de saber a cambio de qué. Y los 216 millones iniciales del convenio durante 16 años, más otros cuatro años prorrogables, se convirtieron mágicamente y en apenas unos días en 256 millones por el mismo periodo de tiempo. Otra vez más tuvimos que enterarnos por nuestros propios medios, porque el Gobierno de Cantabria se ha abonado a la política oscurantista y opaca de la que incluso presume en privado. Todo ello, con informes oficiales que se ignoraron y que reconocen explícitamente que el “elevado compromiso presupuestario” para las cuentas públicas del acuerdo “obligará a adoptar medidas de priorización del gasto público” y compromete “a todo el sector público”.

En cualquier caso, la sorpresa tiene que ser relativa. Los protagonistas de la privatización sanitaria en Cantabria son los mismos fantasmas del pasado que regresaron al poder esta legislatura. No podemos olvidar que Buruaga, como consejera de Sanidad, y Pascual, como director gerente del Hospital Valdecilla, fueron los responsables del megacontrato de 900 millones de euros en favor de la filial de la constructora Ferrovial que hace un lucrativo negocio con nuestra salud desde hace más de una década.

En aquel momento se justificó en que no se privatizaban servicios sanitarios y que se dejaba en manos de una empresa privada los servicios extrahospitalarios, lo que no impidió cuantiosas protestas en la calle y una marea blanca en defensa de la sanidad pública. Ahora han vuelto con aspiraciones aún más ambiciosas: atacan directamente a servicios esenciales y avanzan en su agenda con cierto silencio cómplice, porque ante este relato de los hechos con informaciones exclusivas de elDiario.es son pocos los actores sociales o políticos que han levantado la voz hasta la fecha.

Sergio Silva (PP) se hizo cargo de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria al inicio de la legislatura con buenas referencias dentro de la comunidad educativa por su labor anterior como docente y director de un instituto público. Su nombramiento fue muy poco cuestionado desde la oposición política e incluso se vivió con cierto alivio desde los sindicatos docentes, que lo consideraban un hombre moderado y con amplio conocimiento del área que iba a gestionar a partir de entonces.

En esto, muy probablemente, contribuyó el infausto recuerdo de Miguel Ángel Serna, su antecesor en el cargo en el último Gobierno del PP entre los años 2011 y 2015, que consiguió que miles de personas salieran a la calle en reiteradas ocasiones para denunciar sus desmanes. En comparación con aquella etapa negra de recortes y menosprecios a la educación pública de Cantabria, fue un respiro para muchos comprobar el tono y las formas iniciales de un responsable educativo que tendía la mano y dejaba buenas palabras a todo aquel que pasaba por su recién estrenado despacho.

Así quedó demostrado en la primera gran crisis de su departamento, cuando tuvo que negar a su propio grupo parlamentario y al programa electoral del PP que había coordinado él mismo, cuando Vox sacó adelante en la Cámara una propuesta para articular un sistema de becas y ayudas públicas para “las familias cuyos hijos deseen cursar Bachillerato en el centro privado en el que han estado matriculados en etapas de educación obligatoria amparadas en un concierto educativo”. Al primer conato de incendio, compareció de urgencia, rectificó rápido y enterró el tema en un cajón hasta nuevo aviso. Nunca más se supo al respecto.

Sin embargo, algo se torció poco después y esas buenas intenciones fueron tornándose en enfrentamientos cada vez más habituales con los sindicatos docentes, hasta llegar a la situación actual de puro enquistamiento. La negociación no existe de facto y la reivindicación de una adecuación salarial en la que ambas partes parecían estar de acuerdo ha enturbiado el clima en las aulas de colegios e institutos públicos con el beneplácito de la Consejería de Educación.

Y es que lo que parecía simple torpeza o inexperiencia en la gestión política se ha confirmado con el tiempo como una estrategia a largo plazo del Gobierno del PP para desgastar y menoscabar la imagen de la educación pública de Cantabria. Ha sido una jugada tramposa, en la que los representantes sindicales de los docentes han entrado hasta el fondo, comprando todos los marcos. No existe ninguna voluntad de llegar a acuerdos y desde el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga han decidido que es bueno trasladar esa imagen conflictiva de un sector muy expuesto a las críticas.

Así, del conflicto por la adecuación salarial han saltado a la polémica reforma del sistema de oposiciones y ahora a la batalla por la modificación del calendario escolar. Han entrado a todos los trapos que se les han tendido para presentarles como unos privilegiados mientras contribuyen socialmente a su descrédito, con el incesante mantra que se filtra desde el Gobierno hacia la opinión pública de que los maestros y profesores se preocupan exclusivamente por sus condiciones laborales —algo absolutamente legítimo, en el caso de que fuera así— en lugar de por el valor pedagógico de sus propuestas o el interés general de los estudiantes y sus familias. Habrá que ver si son capaces de escapar de la trampa que les han tendido o ya es demasiado tarde.

Hace unos días, en pleno debate sobre la prórroga del presupuesto de Cantabria para 2026, pude preguntar al consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros (PP), sobre las negociaciones que habían mantenido desde su departamento con Vox con el objetivo de sacar adelante en el Parlamento las cuentas públicas de la comunidad para el presente ejercicio. “Vox está a otras cosas”, respondió con rotundidad. Y explicó que en el único encuentro al respecto que habían mantenido desde el PP con la extrema derecha hubo “buena sintonía”, las exigencias eran “mínimas” ya que apenas modificaban el proyecto presupuestario del Gobierno y los interlocutores de ambas partes quedaron en volver a verse pronto para seguir avanzando en búsqueda de un acuerdo. “Pero no volvieron a llamarnos ni a coger el teléfono”, confesó Agüeros, que relató también que en aquella reunión estuvo presente un “observador” llegado desde Madrid por indicación del partido de Santiago Abascal y atribuyó a las “órdenes de arriba” que los diputados autonómicos de Vox no retomaran esas conversaciones.

Es una anécdota muy ilustrativa de la aportación de Vox a la política. Los intereses partidistas están muy por encima de cualquier otro objetivo. La presencia institucional de la extrema derecha en Cantabria ha sido ínfima hasta la fecha, con un historial que roza el esperpento. Solo en esta legislatura hemos visto como su grupo parlamentario, con tan solo cuatro representantes, ha acabado fragmentado, con amenazas públicas entre sus diputados, sobresueldos que nunca se devolvieron, tránsfugas, denuncias por acoso laboral, espionaje y sainetes de todo tipo. Lamentablemente, no necesitan mucho más y parece que en la actualidad casi nada les pasa factura en las urnas: su discurso ha calado en la sociedad y eso supone una triste derrota para los demócratas.

No tiendo al pesimismo, pero en este caso no puedo pensar de otra forma después de lo que hemos visto y escuchado en los últimos días en relación a la instalación de un hogar de emergencia para un grupo de niños extranjeros menores de edad en la localidad de Cartes. El bochorno institucional ha sido mayúsculo y ha demostrado hasta qué punto se ha inoculado el odio y el miedo irracional en el imaginario colectivo. La crisis está tan mal resuelta que solo puede ir a peor. Ha sido el ejemplo palpable de la incoherencia política, el oportunismo rastrero y la demagogia más sucia. PSOE y PP han embarrado el terreno y le han dado una munición muy valiosa a Vox, pero me niego a convertir un asunto de derechos humanos y cumplimiento de la legalidad en un debate sobre normas urbanísticas o estrategia electoral.

Lo que me preocupa es ese grupo de vecinos exaltados que dedican la mañana de un viernes cualquiera a ir a gritar e insultar a un pleno municipal exigiendo soluciones no se sabe a qué supuesto problema; lo que me asustan son esos mensajes de odio visceral que he podido leer en las redes sociales; lo que me indigna es ese rebaño de personas que acuden como borregos cada noche a las puertas de un lugar del que ni siquiera tenía que haber trascendido la ubicación para manifestarse reclamando una seguridad que nunca ha estado en riesgo más que en sus cabezas; lo que no puedo soportar es que las calles de un pueblo aparentemente tranquilo como Cartes estén llenas de carteles y pintadas en contra de unos niños y jóvenes de los que no saben nada. Y todo ello con la pasividad, o directamente la permisividad, de unos responsables políticos que estaban enzarzados en sus cuitas internas. Se ha desplazado por completo el marco del debate, los ultras han impuesto su retórica con éxito y será muy difícil recuperar el terreno perdido.

La Guardia Civil ha recuperado en las últimas horas la estatua dedicada al golfista Severiano Ballesteros en Pedreña, su localidad natal, que fue robada el pasado 19 de enero en el parque de La Barquería.

Según ha informado la Benemérita inicialmente en sus redes sociales, la estatua se encontraba oculta en un trastero de un bloque de viviendas de Santander y se ha localizado fracturada por diversas partes, con trozos preparados para su venta. El presunto autor, un varón de 22 años vecino del barrio santanderino de La Albericia con antecedentes por robos de cobre, ya ha sido detenido.

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo tuvo conocimiento de este “lamentable suceso” por un aviso de los vecinos y había hecho público que todo indicaba que la estatua había sido sustraída, por lo que dio parte a la Policía Local y a la Guardia Civil, que finalmente ha conseguido recuperar en apenas diez días una obra que representaba la victoria de Ballesteros en el Open Británico en 1984 y que tuvo un coste de 30.000 euros para las arcas municipales.

La estatua de bronce y de aproximadamente 100 kilos de peso, obra del escultor Salvador Ceballos, es una reproducción a tamaño real del golfista Severiano Ballesteros, uno de los vecinos más ilustres de Marina de Cudeyo, con su famoso gesto de victoria tras uno de los múltiples éxitos deportivos que acumuló a lo largo de su carrera.

Tras localizar los fragmentos en relativo buen estado, no se descarta que la estatua pueda ser reconstruida y, de hecho, el Ayuntamiento hablará la próxima semana con el autor de la escultura para analizar esta posibilidad.

Por su parte, la Guardia Civil no excluye que se puedan producir más detenciones en los próximos días, ya que el peso de la estatua y el modo en que se produjo el robo, en el que al menos habrían intervenido dos vehículos, apuntan a que en el mismo tuvieron que participar más personas.

Detalles de la operación

Según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, la estatua fue sustraída en la madrugada del lunes, 19 de enero, entre aproximadamente las 3.00 y las 4.00 horas, del parque de La Barquería donde estaba ubicada, y todo parece indicar que detrás del robo estaba el objetivo de vender el cobre, material del que está construida.

La operación y detención del joven presunto autor de los hecho se precipitó este pasado jueves, ya que la Guardia Civil apreció movimientos “extraños” en el individuo, al que vigilaba desde hacía días, que hicieron sospechar que la salida y venta de la estatua podría estar próxima.

Al respecto, la colaboración ciudadana y el uso de medios técnicos, puso a los agentes tras un vehículo y personas que ya contaban con antecedentes por sustracciones de cobre. En concreto, el detenido ya lo había sido en octubre y noviembre del año pasado como presunto autor de robos con fuerza de cableado de alumbrado público en diferentes localidades de Cantabria.

La estatua ha sido encontrada en varios trozos, aunque el tren inferior del cuerpo está completo y la cabeza entera. Sin embargo, tanto la zona del torso como la de los brazos han sido troceadas, con lo que todo parece indicar que iba a venderse por piezas, camufladas entre otros objetos para hacerlas irreconocibles, y obtener el valor del cobre.

Esta operación ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de delitos contra el patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con el apoyo de componentes del Puesto de Pedreña y otras unidades de la Compañía de Santander.

Así lo ha informado este viernes en rueda de prensa el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el teniente coronel jefe accidental de la Guardia Civil en la comunidad, Julio Postigo; el alcalde del Marina de Cudeyo, Pedro Pérez, y el capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, Alberto Fuerte, en el Acuartelamiento de Campogiro.