Ciudadanos insiste en que Emmasa vuelva a ser de titularidad pública

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha dado un toque de atención a la empresa que gestiona el ciclo del agua en la capital para que reconduzca la situación, ya que, en función de la auditoría que ha encargado, se ha puesto de relieve una serie de incumplimientos y anomalías que, si bien por ahora no derivan en rescatar el contrato, sí supone la intervención del Consistorio sobre Emmasa por un espacio de seis meses, para que se corrija la situación.

Ángel Isidro Guimerá, exconcejal de Ciudadanos de Santa Cruz y letrado que impulsó el proceso judicial que ha perseguido el rescate de la sociedad que en su día fue pública, señaló que lo que ha hecho en este caso el ayuntamiento “es un despropósito y demuestra su desconocimiento”, pues dijo que, después del recurso de Ciudadanos que anuló el acuerdo plenario que adjudicó el servicio, “reincidieron en esa ilegalidad y lo volvieron a adjudicar a Sacyr”, algo que, afirmó, “creo es otra ilegalidad, porque se debió abrir otro concurso. Tenían sobradas razones para acometer lo que están haciendo ahora, porque sabían que Sacyr ha venido incumpliendo sistemáticamente y dando cada día un peor servicio y calidad”.

Guimerá apuntó que la intervención acordada por la Junta de Gobierno municipal en nada tiene que ver con lo que venía reclamando su partido, que era una empresa mixta con mayoría pública y con un nuevo concurso. “Luego han venido las amenazas, los incumplimientos y el mal servicio a los vecinos”, añadió.

Dijo que no hay que descartar que Sacyr pueda reclamar cantidades indemnizatorias e insistió en que los “incumplimientos se vienen acometiendo desde hace mucho tiempo, cuando lo que hay que hacer es rescatar el servicio y con mayor control municipal. Emmasa funcionaba muy bien y ha llegado a donde ha llegado”.

El exconcejal de Ciudadanos afirmó que en este caso “se ha actuado tarde y mal, y pudieron rectificar y reconducir todo este problema. No aprovecharon ni los expedientes ni el pleno donde se reiteró la concesión a Sacyr”.

Por su porte, el actual concejal Ciudadanos, Guillermo Guigou, reconoció el acierto, aunque tardío, de CC-PSOE al intervenir Emmasa, pero aclaró que le exige al Gobierno que la empresa “vuelva a ser 100 por ciento pública, porque esto no es para un cambio de cromos entre empresas”. Afirmó que “Sacyr se ha mamado de Emmasa todo lo que podía y más, la ha descapitalizado a través de subcontratas a sus empresas filiales y no ha pagado los millones que nos debía por lo que tendremos que hacerle pagar lo que ha hecho con el servicio público”.

Guigou recordó que “este mismo martes 22 de julio se cumplen nueve años desde que se privatizó Emmasa con un trámite récord del expediente, en solo 22 días”. Esa privatización fue anulada por el Tribunal Supremo en sentencia a favor de Ciudadanos de Santa Cruz tras la denuncia del propio Guigou y Ángel Isidro Guimerá. “Llevamos una década advirtiendo de que esto iba a pasar, de que la privatización de un bien básico no solo iba a suponer graves problemas en el servicio de una empresa que era modelo cuando la gestión estaba en manos de lo público con un gerente como Juan Alfredo Amigó, sino que, además, la empresa privada, la Sacyr de los papeles de Bárcenas, iba a vampirizar Emmasa y así lo ha hecho”.

Garantizar el servicio

El concejal de Servicios de la capital, Dámaso Arteaga, señaló, por su parte, que el anuncio del grupo de Gobierno municipal persigue garantizar la prestación del servicio por medio de una intervención para reconducir los procesos. Dijo que se designará a varios interventores para que en seis meses se pueda llevar a cabo la legalidad de las subcontrataciones efectuadas por Emmasa, que aún tendrá oportunidad de presentar las alegaciones que estime oportunas.

Arteaga recordó que el Ayuntamiento capitalino ya impuso a Sacyr una sanción superior a los 400.000 euros, por incumplimientos en materia de subcontrataciones, por lo que afirmó que con estas auditorías “queremos garantizar una correcta prestación del servicio a los ciudadanos y que la empresa cumpla todas las obligaciones contractuales”.

Esta decisión de intervenir “obedece a los incumplimientos” de Sacyr detectados en la auditoria, que, según Arteaga, desvela algunos defectos en materia de inversiones, de documentación relativa a conceptos presupuestarios o a la transmisión de datos y conocimientos a Emmasa, por lo que cobra el 5 por ciento del volumen del contrato, así como la corrección de aspectos relacionados con la contratación del personal directivo que, indicó, se deben corregir.

El concejal manifestó que en principio no se pretende recuperar la gestión pública de la empresa, pues, precisó, esta puede ser una consecuencia al final del procedimiento, dado que que ahora se persiguen “los principios de legalidad y de proporcionalidad”. Además, agregó que, tras finalizar este procedimiento esclarecedor, “si los incumplimientos persisten y no se aplican las indicaciones que contiene este documento y no se corrige el rumbo, entonces sí se podría resolver el contrato, lo que puede conllevar la devolución del canon que queda por amortizar”.

En este sentido, Arteaga explicó que Sacyr aporto 60 millones de euros y que cada año cobra 2 millones. “Si se resuelve unilateralmente por nosotros, estaríamos obligados a devolver 40 millones”. No obstante, dijo que confiaba en que Sacyr ayude a reconducir la situación, clarificando la situación y reconduciendo los procedimientos, ya que lo contrario sería acudir a un proceso judicial multimillonario.