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El Cabildo de Tenerife y el Gobierno canario destinarán casi 48 millones al convenio de dependencia

El nuevo acuerdo, que se firmará en junio, beneficiará a unas 3.800 personas e implica un total de 152 plazas nuevas

Alonso insiste en que Canarias sigue "a la cola" en dependencia, ya que solo en Tenerife la lista de espera es "similar" al número de plazas ofertadas 

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El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso / Tony Cuadrado

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso / Tony Cuadrado

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha anunciado este jueves que a comienzos de junio se firmará el convenio de dependencia entre la corporación y el Gobierno de Canarias con una inversión total de casi 48 millones, más de seis millones más que el año anterior.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Alonso ha detallado que 31 millones los aportará la Comunidad Autónoma y el resto el Cabildo, en tanto que las plazas de mayores se financian al 50%, y las de discapacidad el 66% a cargo del Ejecutivo y el resto, la corporación.

En total, el convenio beneficiará a unas 3.800 personas -1.700 mayores y más de 2.000 con discapacidad- e implica un total de 152 plazas nuevas, que suman más de 400 se si computan las que se reconvierten desde los municipios, porque estaban fuera del convenio.

Para afrontar el convenio, el presidente ha comentado que en el Pleno del Cabildo de este viernes se aprobará una modiifcación de crédito de dos millones de euros.

Pese a la próxima firma del convenio -ahora falta que el Ejecutivo acabe la tramitación-, Alonso ha insistido en que Canarias sigue "a la cola" en la prestación de dependencia, ya que solo en Tenerife, por ejemplo, la lista de espera es "similar" al número de plazas que se ofrecen.

Para Alonso, la dependencia en Canarias "no se ataca de manera adecuada", y por ello, el Cabildo ha puesto sobre la mesa la elaboración de un segundo plan sociosanitario que permita crear 1.000 nuevas plazas con una inversión de 240 millones, a razón de 120 por cada institución.

Según el presidente, no es "admisible" que un convenio anual se firme en junio, pero "es lo que hay", y ha incidido en que se debe trabajar "más rápido".

En esa línea ha vuelto a reclamar que la futura ley de servicios sociales permita "cambiar" el sistema porque "no tiene lógica" que se tengan que firmar plazas cada año cuando están consolidadas y prácticamente son ya de por vida.

"Este es el gran debate que se tiene que hacer, se han formado unos equipo de trabajo y espero que el borrador de la ley de servicios sociales esté en verano", ha comentado.

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