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Podemos exige una investigación que aclare las irregularidades en las cuentas del Recinto Ferial de Tenerife

La formación morada en el Cabildo afirma que los agujeros detectados en la Institución Ferial y en Sinpromi "dejan claro que algo falla en la fiscalización de los organismos insulares”

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Edificio del Recinto Ferial de Tenerife

Edificio del Recinto Ferial de Tenerife

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha solicitado una comisión de investigación en la corporación insular para aclarar las irregularidades detectadas en las cuentas de la empresa pública Institución Ferial de Tenerife, SA (IFTSA). Tal y como ha informado este lunes (19 de septiembre) la propia empresa en un comunicado de prensa, su gerente (Ignacio Pintado) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un desajuste de 120.000 euros en las cuentas de Institución Ferial, una irregularidad que "parece provenir de la dirección del departamento de contabilidad".

Ante esta información, Paqui Rivero, consejera insular de Podemos en el Cabildo, ha declarado que está claro  que "algo falla en la fiscalización de las cuentas de las empresas y sociedades del Cabildo de Tenerife”, al tiempo que ha expresado la preocupación y malestar de su grupo con este descuadre contable de 120.000 euros. Rivero ha añadido que, "junto al Caso Sinpromi, este es el segundo desfalco que nos encontramos en una empresa del Cabildo desde que Podemos tiene representación en esta administración, hace apenas un año".

Similitudes con el caso Sinpromi

Según explica el grupo político en un comunicado, "el agujero económico ha sido detectado porque al jubilarse el jefe de Administración y Contabilidad del Recinto Ferial, Ignacio José Castillo Melo, el gerente de este organismo decidió encargar una auditoría a una empresa externa". "Es decir, igual que en Sinpromi, este supuesto desfalco pasó inadvertido en los controles económicos que se realizan desde el Cabildo de Tenerife a través del área de Intervención”, ha señalado Rivero.

Para la consejera, ante las reiteradas suouestas malversaciones detectadas "es inevitable preguntarse qué pasaría si se auditaran a conciencia ahora mismo las cuentas de todas las sociedades y empresas participadas por el Cabildo, pues parece ser fácil que sus posibles desfalcos sorteen sin problema los controles económicos de Intervención”.

Rivero ha anunciado que, por este motivo, Podemos va a solicitar al Gobierno de CC-PSOE que el Cabildo cree una comisión de investigación, “no solo para aclarar lo ocurrido en esta sociedad, tarea que al fin y al cabo será asumida por la Fiscalía y por los tribunales, sino para descubrir y aclarar a la ciudadanía qué está fallando en los controles económicos del entramado de sociedades y empresas de esta administración”.

Según Rivero, “es  fundamental saber qué está fallando para poder articular las medidas correctoras necesarias y evitar que la credibilidad de esta institución siga deteriorándose aún más”. Reiteró que "la fórmula de CC-PSOE de gestionar los recursos y servicios públicos de Tenerife a través de empresas es una fórmula peligrosa que dificulta la fiscalización y facilita hechos delictivos en el manejo del dinero público”.

Rivero ha manifestado además su satisfacción y la de su grupo por "la rápida decisión de denunciar este descuadre contable a la Fiscalía", ya que eso significa que "va quedando claro que cuando se habla de supuestos delitos no caben las componendas ni los arreglos entre políticos, altos cargos y supuestos delincuentes", en referencia a lo ocurrido cuando trascendió el desfalco de casi un millón de euros en la Sociedad Insular de Promoción de la Discapacidad (Sinpromi) y las declaraciones del expresidente insular Ricardo Melchior sobre que se podría pedir al autor confeso del desfalco que restituyera el dinero "sin la intervención de los tribunales de justicia".

Rivero ha concluido reiterando la petición de Podemos de ser incluido en todos los consejos de administración de empresas del Cabildo, ya que el grupo sigue excluido en sociedades como Metropolitano de Tenerife, por lo que no pueden fiscalizar las empresas insulares en las que no tienen presencia como oposición. 

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