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¡Desahucia a un político!

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La primera moción que presentó Podemos nada más llegar al Cabildo Insular de Tenerife, allá por julio de 2015, fue la declaración de Tenerife Isla Libre de Desahucios. Esta propuesta contemplaba la reactivación del Consejo Insular de la Vivienda y la creación de la Oficina de Intermediación por el Derecho a la Vivienda, concebida para proteger y orientar a las miles de familias inmersas en el angustioso drama de la ausencia de normativas y leyes que las protejan y garanticen el derecho a una vivienda digna que reconoce nuestra Constitución.

Entre 2007 y 2014 se ejecutaron en España más de 600 mil desahucios, alrededor de un 53 por ciento en viviendas habituales de particulares, es decir, más de 320 mil desahucios en primera vivienda en 8 años. Se estima que más de 40.000 familias se ven obligadas cada año a abandonar sus hogares por no poder pagar el alquiler o hipoteca. En Canarias rondamos los 2.300 desahucios al año, lo que equivale a una escalofriante media de algo más de seis lanzamientos de familias al día.

Esta situación desarraiga y exilia de sus propias vidas a las familias que han sido víctimas de esta estafa denominada crisis y que está hecha para ser pagada por la gente de abajo, trabajadora, mientras por arriba se rescata a los bancos de la quiebra con dinero público, como llevan décadas haciendo el PP y el PSOE, beneficiando a unas pocas personas cada día más ricas y perjudicando a la inmensa mayoría cada vez más pobre.

La Oficina de Intermediación por el Derecho a la Vivienda debería estar funcionando desde enero junto a una Bolsa de Vivienda de Alquiler Social negociada con entidades bancarias (más de 12.000 viviendas construidas desde 2008 en Canarias están vacías) y a un estudio del parque público de vivienda en Tenerife, todo ello para garantizar que no se lleve a cabo ningún desahucio sin alternativa habitacional.

Lamentablemente, el único fruto de esta moción aprobada por todos los grupos en pleno del Cabildo (Coalicion Canaria, PSOE, PP, C,S y Podemos), es una política a golpe de titulares, con múltiples artículos ilustrados con fotos de representantes públicos que hablan de la creación de dicha oficina y de sus bondades, desconectados de la situación real y del drama de nuestra gente, pero seguimos sin oficina antidesahucios, sin protocolos con la Plataforma de Afectados por Hipoteca (PAH) y sin asesoramiento jurídico gratuito para familias en vías de desahucio. Curiosamente, estos servicios sí se prestan en el Cabildo de Gran Canaria, donde Podemos gestiona el área de Vivienda, con lo que queda claro que lo que falla en Tenerife es la volundad política. Aurelio Abreu, consejero insular de Cooperación Municipal y Vivienda del PSOE, parece tener otras prioridades; e, incluso, Carlos Alonso, presidente del Cabildo (CC), da muestras de indolencia ante esta situación.

Cuando el Grupo Insular de Podemos comenzó hace un año y medio su labor, Alonso nos invitó a sumarnos a un documento presentado como “hoja de ruta para nuestra Isla, brújula de desarrollo para nuestra tierra”. Cuál sería nuestra sorpresa al descubrir que en los 16 acuerdos de ese paradójicamente llamado Compromiso por Tenerife, no aparecía ninguna mención al drama de los desahucios y, por tanto, tampoco medidas para remediarlo. Nos ofrecía un 'Compromiso por Tenerife' pero sin tinerfeños y tinerfeñas, es decir, sin su gente. En ese mapa se ven claramente sus prioridades, sus compromisos con las élites económicas y el desprecio a la mayoría social ante la necesidad vital de un hogar. Mientras miles de personas pierden su casa, la salud física, emocional y mental, la prioridad de CC-PSOE siguen siendo las carreteras e infraestructuras públicas que rentan beneficios a las élites privadas.

Es hora de desahuciar a esta ‘clase’ política de las instituciones, antes que terminen desahuciándonos de nuestros hogares. No podemos permitirles que nos echen de nuestra casa familiar ni de nuestra casa colectiva llamada democracia. No nos queda otra alternativa que ¡desahuciar a un político!

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