La Justicia da la razón a un concejal al que Clavijo recortó derechos políticos y económicos cuando era alcalde

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha refutado la decisión que el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, tomó cuando era alcalde de La Laguna, consistente en impedir que el concejal de Sí se Puede constituyera el Grupo Mixto.

Una medida que supuso una merma política y económica en la formación - que tras mantenerse en un limbo durante tres años dejó de percibir la compensación por gastos de representación en 2014 - y que el TSJC considera ahora que no se ajustaba a derecho.

El portavoz de Sí se Puede en La Laguna, Pablo Jerez, recordó este miércoles en una rueda de prensa que Clavijo impidió al concejal de la organización ecosocialista Juan Miguel Mena constituir el Grupo Mixto en el Ayuntamiento lagunero durante el pasado mandato.

Algo que ocurrió a pesar de que el actual presidente regional “tuvo dos oportunidades para actuar correctamente”: en 2011, permitiendo a Mena integrar formalmente el Grupo Mixto, y en 2014, cuando se produjo un cambio en la constitución de la corporación.

El abogado de la formación Pedro Fernández Arcila recordó que, ese último año, la concejala Candelaria Marrero abandonó la coalición de la que formaba parte (Por Tenerife). Momento en el que, señaló, Clavijo vio la oportunidad de “darle un sueldo” para sumarla a su grupo como transfuga y contar así con una mayoría absoluta en caso de una eventual ruptura con su socio de gobierno, el Partido Socialista (PSOE).

El concejal ecosocialista “de forma honesta y clara”, continuó Arcila, rechazó la iniciativa de Clavijo para promover el transfuguismo y “este trabajo limpio y honesto de nuestro compañero molestó sobremanera a Clavijo, quien, con el apoyo de técnicos que tenía a sus sueldo en una asesoría jurídica creada exprofeso para este tipo de asuntos, lo declaró como concejal no adscrito, con lo que perdió los derechos políticos y los derechos económicos”. Algo que, a su juicio, ocurrió porque “intentaban asfixiar económicamente la labor política que desarrollaba Sí se Puede en La Laguna”.

La figura de la “no adscripción” se reserva para los comúnmente llamados “tránsfugas”, con el impacto que tiene además sobre la opinión pública declarar así a un cargo político.

En ese sentido, el miembro del Comité Local de Sí se puede y colaborador de Juan Miguel Mena en el anterior mandato, Rubens Ascanio, denunció que su organización, “por la alcaldada de Clavijo”, perdió el derecho a participar en casi todas las comisiones informativas, donde se obtiene la información que permite “mantener una labor de control del gobierno”. Además, Mena se convirtió en “el único concejal que no podía pedir comparecencias de otros ediles en el pleno”, algo que solo pudo compensar gracias a la generosidad de Por Tenerife, que le cedió la oportunidad en alguna ocasión.

Según se desprende de la sentencia, el TSJC afirma que “el grupo mixto no es necesario constituirlo, porque ya está constituido por Ley”. Asimismo, añade que “la corporación ha de activarlo de oficio desde el momento en que se den las circunstancias previstas para ello”.

Para el TSJC, el artículo 27.2 de la actual Ley de los Municipios de Canarias “clarifica lo que, a nuestro juicio, estaba implícito en la legislación anterior, aunque se enturbió después con el concejal al que se priva del derecho a la adscripción a cualquier otro grupo municipal (y otros derechos) por su relación con el partido político en cuya lista concurría”.

“Victoria Política”

Sí se Puede consideró la sentencia como una “victoria política”. “Denunciamos la decisión arbitraria de Clavijo, porque no podíamos permitir que un cacique se saliera con la suya, al intentar someter a Sí se puede a un chantaje, jugando con la legalidad”, señaló Jerez.

Asimismo, hizo hincapié en la contundente sentencia del TSJC, que dice “simple y llanamente que por imperativo legal nuestro compañero Juan Miguel Mena Torres formaba parte del Grupo Mixto desde la constitución” de la corporación en 2011.

Arcila lamentó “como siempre, la tardanza de la justicia”, pero manifiestó su satisfacción, porque la sentencia “demuestra que las decisiones políticas de Sí se Puede fueron correctas entonces”.

El abogado anunció que la organización evaluará las acciones judiciales que pueden “entablarse ante la contundencia con la que se expresa el tribunal en esta sentencia”, ya que “no hay que olvidar que el código penal contempla penas para las personas que en el ámbito administrativo o político tomen decisiones que supongan merma de los derechos fundamentales”. En este punto, insistió en que las decisiones de Clavijo supusieron una pérdida de derechos de participación política para el concejal y para la organización ecosocialista.

Por su parte, Ascanio, lamentó que esta pérdida de derechos “recayó sobre los miles de laguneros y laguneras que nos votaron”. Además, destacó el esfuerzo que tuvo que hacer Sí se Puede al equipararles el alcalde con una concejala tránsfuga: “perdimos el local, y tuvimos que hacer un sacrificio con compañeros y compañeras con los que, gracias a sus donaciones, pudimos garantizar la continuidad de la labor política de Sí se puede en el Ayuntamiento lagunero”.

Por ello, Ascanio se mostró favorable a que “si se han vulnerado derechos constitucionales, que los responsables políticos asuman todas las consecuencias” y reiteró la voluntad expresada por Sí se Puede en 2014 de no someterse a la presión de Clavijo, que “tiene plena vigencia”.

“Creo que esto tiene que tener una respuesta”, añadió Fernández Arcila, “por el bien de la opinión pública, para que conozca qué clase de presidente del gobierno tenemos ahora, qué clase de alcalde tuvimos en esos momentos, pero también para seguir esa la lucha incansable, que no tiene fecha, contra la corrupción contra el transfuguismo, que es una de las vertientes más corruptas del mal hacer político”.

Jerez y Fernández Arcila coincidieron en destacar el papel del PSOE en este asunto, que “actuó como simple comparsa” y “que quedan ahora en evidencia junto al alcalde actual, José Alberto Díaz”, porque apoyaron sin fisuras a Clavijo en buena parte de sus arbitrariedades. El presidente del Gobierno canario ha preferido no hacer este miércoles declaraciones al respecto.