Un Gobierno que ni recurre ni contradice

La cascada de resoluciones y sentencias se inicia en 1998, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo falla a favor de Bittini y ordena que se retome el expediente de permiso de investigación de Tebeto que había dado por caducado José Vicente León. Era consejero De la Barreda (PP), y el Gobierno no recurre. Sí lo hace, fitetú, la parte coadyuvante en el caso, Canterías de Arucas, propiedad de Borja Benítez de Lugo (PP), cuya procuradora fue Mari Carmen Benítez y cuyo abogado fue el entonces presidente del Parlamento, José Miguel Bravo de Laguna (PP). Canterías perdía entonces una concesión que le había otorgado el socialista Andrés Calvo. Luego apareció nuestro admirado Luis Soria, que otorgó a Cabo Verde, S.A., la empresa de Bittini, una concesión imposible en Tebeto porque contravenía el Plan Insular de Fuerteventura. Esa resolución del hermano menor del vicepresidente es la que da pie al empresario a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el que el Gobierno baja los brazos de manera absolutamente asombrosa. Ni siquiera pide pleito a prueba, ni presenta una valoración que contradiga la que, por importe de 92 millones, presenta un tío de los hermanos Soria, Antonio López Pérez.

La cascada de resoluciones y sentencias se inicia en 1998, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo falla a favor de Bittini y ordena que se retome el expediente de permiso de investigación de Tebeto que había dado por caducado José Vicente León. Era consejero De la Barreda (PP), y el Gobierno no recurre. Sí lo hace, fitetú, la parte coadyuvante en el caso, Canterías de Arucas, propiedad de Borja Benítez de Lugo (PP), cuya procuradora fue Mari Carmen Benítez y cuyo abogado fue el entonces presidente del Parlamento, José Miguel Bravo de Laguna (PP). Canterías perdía entonces una concesión que le había otorgado el socialista Andrés Calvo. Luego apareció nuestro admirado Luis Soria, que otorgó a Cabo Verde, S.A., la empresa de Bittini, una concesión imposible en Tebeto porque contravenía el Plan Insular de Fuerteventura. Esa resolución del hermano menor del vicepresidente es la que da pie al empresario a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el que el Gobierno baja los brazos de manera absolutamente asombrosa. Ni siquiera pide pleito a prueba, ni presenta una valoración que contradiga la que, por importe de 92 millones, presenta un tío de los hermanos Soria, Antonio López Pérez.