El Gobierno de Canarias oculta los nuevos planos digitales de los espacios naturales de las Islas y alarma a los ecologistas

El Gobierno de Canarias ha denegado a la asociación ecologista ATAN el acceso a los nuevos planos digitales de los espacios naturales de las Islas para “evitar que circulen” archivos todavía provisionales, en el marco del anteproyecto de ley que pretende digitalizar los límites aprobados hace casi cuatro décadas, en 1987.

En una resolución de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (Coalición Canaria), el Ejecutivo ha rechazado la solicitud de información pública de la organización, que reclamaba los datos vectoriales de las nuevas delimitaciones (conocidos por la extensión SHP) para analizar con precisión los puntos, líneas y polígonos que definen los espacios protegidos del Archipiélago.

El Gobierno autonómico ha justificado su negativa en la necesidad de “evitar que circulen ficheros en abierto que no tengan carácter definitivo” y ha emplazado a ATAN a consultar los nuevos límites a través del visor de GRAFCAN, donde solo es posible analizarlos a simple vista, “a ojímetro”, en palabras de Iván Cerdeña, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, lo que hace “inviable” un estudio riguroso de los mapas.

“No podemos entrar al detalle de las modificaciones porque es inviable revisar a mano cientos de kilómetros de deslindes de espacios naturales. Es como tener que comparar un plano con otro sin ninguna herramienta de análisis. De esa manera pretende el Gobierno de Canarias que nos informemos de los cambios que plantea”, afirma Cerdeña.

La cuestión no es baladí. Las organizaciones ecologistas aseguran haber detectado ya pequeñas alteraciones respecto a los planos originales que podrían dejar sin protección miles de metros cuadrados en Canarias.

Iván Cerdeña sostiene que las nuevas delimitaciones excluyen “varios miles de metros cuadrados” de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, concretamente en el área colindante con la urbanización del Puertito de Güímar, una zona donde, remarca, “el hábitat está en perfecto estado”.

También confirma que han encontrado variaciones en los límites del Parque Natural de Corralejo. Y recuerda que el especialista en Geomática y Topografía Manolo Viera alertó de la reducción de 260.000 metros cuadrados de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, tal y como publicó ‘La Provincia’.

“Curiosamente, los errores siempre van en contra del interés general. Nunca ocurre que una equivocación implique más superficie protegida, sino menos. Creo que eso dice mucho del sentido de la responsabilidad de esta administración”, agrega Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción.

La ley para digitalizar la delimitación de los espacios naturales protegidos de Canarias busca “suplir la falta de un trazado oficial en formato digital” de las 148 áreas protegidas del Archipiélago, que ocupan 302.000 hectáreas. O lo que es lo mismo: el 40,57% de la superficie de la Comunidad Autónoma.

La norma sustituirá los actuales anexos en papel por un archivo informático que represente sus fronteras sobre la cartografía oficial más reciente. El Ejecutivo pretende de esta manera adaptarse a la normativa europea y estatal (a la que ya llega tarde, ha reconocido), además de facilitar la incorporación precisa de estos espacios al Registro de la Propiedad.

El Gobierno autonómico ha explicado que los límites vigentes están dibujados sobre planos en papel a escala 1:5.000, elaborados a partir de una base cartográfica obtenida en un vuelo realizado en 1987. La Administración liderada por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) sostiene que se trata de un sistema “cada vez más obsoleto”, tanto por su antigüedad como por los avances registrados en los sistemas de información geográfica. Y subraya además que, en una cartografía de estas características, una desviación de apenas un milímetro sobre el papel puede traducirse en una diferencia de hasta 50 metros sobre el terreno.

La falta de una delimitación milimétrica ha generado problemas de seguridad jurídica, dice el Ejecutivo, tanto para las administraciones públicas como para los propietarios de terrenos colindantes con los espacios protegidos. El Gobierno defiende que esta incertidumbre también ha afectado al conjunto de la ciudadanía, ya que cualquier persona puede ser usuaria de estos enclaves naturales.

En la memoria justificativa del anteproyecto, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas reconoce que no será posible una “coincidencia geométrica absoluta” entre los planos originales y los nuevos debido a los cambios en los sistemas de referencia. El documento admite literalmente que resulta imposible “hacer coincidir la expresión de la superficie de un mismo espacio en las dos cartografías”. La primera utilizaba la red geodésica Pico de las Nieves y el sistema ED50. La nueva, el sistema de coordenadas WGS84.

El Ejecutivo canario asegura haber detectado diversas “incidencias” al pasar de un modelo a otro, entre ellas la falta de precisión de los planos originales, discrepancias entre la cartografía y las descripciones legales de los espacios protegidos, así como la transformación o desaparición de determinados elementos del territorio debido a la actividad humana.

El Gobierno defiende que ha resuelto todos estos contratiempos basándose en el “principio de no regresión”, es decir, buscando que la solución no supusiera una pérdida de terreno protegido. Los colectivos ecologistas, sin embargo, reclaman poder acceder a los datos en bruto para comprobar si eso es verdad.

“Es irónico que no nos permitan acceder a los documentos digitales de una ley de digitalización. Es como si nos hubieran dado un papel, básicamente. En el visor de GRAFCAN puedes descargar cualquier plano de cualquier ámbito, menos estos”, denuncia Cerdeña, de ATAN.

Para el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, se trata de un intento del Ejecutivo de “dejar los límites confusos” y crear una “coladera” que favorezca intereses urbanísticos y de infraestructuras, en especial en los bordes de los espacios naturales protegidos de Canarias. El ecologista sostiene además que el Gobierno regional estaría vulnerando la ley de transparencia al no facilitar los mapas provisionales.

Cerdeña, por su parte, advierte del riesgo que suponen las pequeñas variaciones de los límites, por pequeñas que sean.

“Una población de una especie protegida se puede quedar fuera por un metro, o un yacimiento arqueológico. Ya estamos viendo la puntería que tiene este Gobierno canario con esto. El otro día, por ejemplo, reventaron uno aquí, en San Miguel (Tenerife), instalando un bebedero dentro del programa ‘+ por Canarias, junto a la Federación de Caza’. Así que sí, es importante, hay que tenerlo en cuenta”, remacha.