Ben Magec alerta: se está planificando el parque acuático Siam Park de Gran Canaria sobre una zona declarada inundable

La Federación Ecologista Ben Magec alerta de que en el lugar donde se está planificando el parque acuático Siam Park, en el barranco de El Veril, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, es una zona declarada inundable.

Según ha explicado la organización, ha participado en el proceso de sugerencias y alegaciones en relación con el documento del Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril, en el sur de la isla, donde pretende ubicarse este parque temático.

En un comunicado, la organización ha considerado que el documento sometido a información pública sobre la evaluación ambiental del plan, que ha presentado la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, del Gobierno de Canarias “carece de un análisis real y objetivo de alternativas, omitiendo la alternativa cero y minimizando los valores naturales y culturales del espacio”.

Por ello, Ben Magec dice que el procedimiento presenta “deficiencias jurídicas” en la delimitación del dominio público y en la clasificación urbanística del suelo.

La Federación Ecologista cree que el documento pretende una “reconsideración meramente formal” del anterior plan anulado judicialmente, “sin que se aborden de manera sustancial los elementos nucleares que motivaron su impugnación”.

Para Ben Magec existen varios riesgos a la hora de construir en el cauce público del Barranco de Buenavista-El Cañizo-La Maleza, donde se localiza el plan.

Primero, la organización asegura que la zona ha sufrido históricamente “inundaciones graves, con importantes daños materiales y personales”, y recueda, “las inundaciones de 2000, 2001 y 2002”.

En este sentido, Ben Magec considera que los estudios aportados en el expediente “minimizan” el riesgo real de inundación, omitiendo la consideración de eventos extremos recientes y las tendencias asociadas al cambio climático, “que han incrementado la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales en Canarias y en el conjunto del Estado”, subraya.

Asimismo, la canalización propuesta, “lejos de resolver el problema, puede agravar la situación al concentrar los caudales y aumentar la velocidad del flujo, incrementando el riesgo aguas abajo” y añade que, todo ello “compromete la seguridad de personas y bienes”.

Sin embargo, el propio expediente “reconoce que la zona constituye un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI-42)”, pero las conclusiones del Documento Inicial Estratégico (DIE) lo contradicen, ya que aseguran que, “no se prevé una posible incidencia del cambio climático en los episodios de inundación durante el ciclo de planificación”.

A Ben Magec, todo ello le resulta “temerario” a la luz de los datos pluviométricos recientes y de la experiencia acumulada en la isla.

Por otro lado, dice el grupo ecologista, “se omite el considerar la evolución reciente del clima, con episodios de lluvias extremas que han causado graves daños en otras regiones y en la propia isla, y que deberían servir de advertencia sobre la necesidad de extremar la precaución en la ocupación de cauces públicos”.

La organización asegura que el objetivo “real” del PMMIC-El Veril es la implantación del parque acuático privado, “disfrazado” bajo denominaciones genéricas como “parque botánico” o “parque ambiental”, con la una “propuesta privada perfectamente definida y predeterminada” por la entidad mercantil LORO PARQUE, S.A, “como sabe y le consta al Gobierno de Canarias”, subraya.

Ben Magec asegura que esta circunstancia “evidencia una falta de transparencia y de auténtica valoración de alternativas, así como una subordinación del interés público a intereses privados, en contra de los principios de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental y de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias”.

A la organización ecologista le resulta “especialmente preocupante” que administración pública, a través de un encargo directo a la empresa pública Gesplan, promueva una iniciativa de interés público secundario, “en detrimento de la competencia de los profesionales independientes en materia de ordenación territorial, y en contra de recientes pronunciamientos que cuestionan este tipo de encargos directos”, destaca.

El Estudio reconoce la existencia de un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en el ámbito, “pero la solución propuesta se limita a la canalización del barranco y a la exigencia de informes sectoriales, sin un análisis detallado de la suficiencia de las medidas de prevención y adaptación al cambio climático, ni de la compatibilidad con la normativa de protección del dominio público hidráulico estatal y autonómico”, critica el colectivo ecologista.

Además, señala que “no se acredita la delimitación previa del dominio público hidráulico (DHP) ni la integración de la cartografía oficial de riesgos, lo que puede suponer una vulneración de la Ley de Aguas y de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Además, no se evalúan adecuadamente los efectos acumulativos de la urbanización sobre la capacidad de drenaje natural, ni se justifica la compatibilidad de la ocupación del cauce con la prevención de riesgos para personas y bienes”.

“El procedimiento presenta deficiencias jurídicas en la delimitación del dominio público y en la clasificación urbanística del suelo”, asegura el colectivo.

Ben Magec, federación ecologista, solicita en este periodo de alegaciones “la retirada completa del documento toda vez que la evaluación ambiental carece de un análisis real y objetivo de alternativas, omitiendo la alternativa cero y minimizando los valores naturales y culturales del espacio”.

El territorio objeto del PMM-2-El Veril presenta “una fragilidad ambiental y un riesgo de inundación que no han sido adecuadamente valorados ni gestionados en el expediente, lo que puede suponer un grave peligro para la seguridad de las personas y los bienes”, reitera.

Por último, la organización ecologista cree que “existe una propuesta camuflada de alojamiento turístico de más de 470 camas nuevas, por lo que la ocupación del cauce público para una actividad de ocio y de alojamiento de gran afluencia resulta contraria a los principios de prevención y precaución que deben regir la ordenación territorial y ambiental en Canarias”.

Ante esto, Ben Magec presenta sus alegaciones por la existencia de “vicios sustanciales” en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, y pide que se acuerde “la suspensión o anulación del procedimiento hasta la subsanación efectiva, en cumplimiento de la legalidad vigente”, conlcuye.