La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias aún no ha podido, en lo que va de la actual legislatura (con casi tres campañas anuales cerradas), darse la alegría de informar de que la flota artesanal canaria, de litoral y bajura y con el uso del arte de caña y cebo vivo, al fin ha podido consumir en su totalidad todos los derechos de pesca asignados al año para la captura del túnido más preciado en el mundo: el atún rojo, denominado científicamente Thunnus thynnus y conocido como patudo en las islas.
Esa buena nueva no se pudo comunicar en 2023, tampoco en 2024 y menos aún en este 2025. En esas tres campañas pesqueras, las embarcaciones isleñas, por varios motivos, entre ellos el ineficiente sistema de reparto de derechos entre las unidades de pesca canarias que había ideado la propia Consejería y dio por bueno el Gobierno español, no han logrado el objetivo de completar todas las capturas de la cuota asignada anual.
Así ocurrió en 2023, también en 2024, con 85 toneladas menos de las 538 entonces asignadas (el mismo volumen que en 2023), y así volverá a producirse en 2025, esta vez con registros desastrosos, dramáticos. La previsión es que la flota artesanal canaria, ahora en el segundo tramo anual de capturas de atún rojo, del 4 de junio al 31 de diciembre, cierre el ejercicio con solo el 20% del total de descargas autorizadas, o sea, con únicamente 115 toneladas, cuando se puede llegar hasta 568 este 2025.
De hecho, en esa segunda parte de actividad extractiva, solo han ido a la cubierta de los pesqueros isleños unas pírricas cinco toneladas. El desastre se ha vuelto a consumar, y este mal registro se produce una vez más mientras la Consejería de Agricultura, lo habitual año tras año, no hace más que pedir a Madrid incrementos de cuotas anuales para la pesca del atún rojo en Canarias y posibilidad de traspaso de la cuota sobrante en las islas al año siguiente.
Nada de esas dos cosas se ha conseguido, y lo cierto es además que la primera de esas peticiones no está avalada por la realidad registral de las capturas, con usos de los derechos en los últimos años siempre por debajo de las asignaciones aprobadas: si Canarias no pesca lo que ya tiene, siempre con sobrantes, cómo se pide más.
Ante la coyuntura actual y las similares de años anteriores (con crisis menos profundas en las capturas de patudo), la solución propuesta y a su vez denegada o silenciada de forma reiterada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) siempre ha sido la misma: la reclamación por parte del Gobierno de Canarias “de una modificación urgente de la normativa [estatal] para facilitar la flexibilidad interanual de las posibilidades de pesca no consumidas y adaptarlas a las fluctuaciones en el ciclo migratorio de esta especie a su paso por el caladero canario”; es decir, pasar los sobrantes de un año a otro.
A esa medida técnica, se añade en una nota de prensa servida este viernes por la Consejería de Agricultura canaria lo siguiente: “Debido a la escasez de atún rojo en aguas del archipiélago, las capturas de la flota con base en Canarias se han limitado hasta la fecha a 115 toneladas de las 568 asignadas para la presente campaña [la cuota creció por encima de las 538 toneladas iniciales al Canarias sumar 30 toneladas de la transferencia de Islandia a la UE]”, el 20% de ese total, dos de cada diez capturas admitidas.
La misma Consejería ya ha trasladado al Gobierno de España, lo que lleva haciendo de forma reiterada en los últimos años, “tanto en reuniones presenciales como por escrito, que modifique de manera puntual y urgente el Real Decreto 46/2019, el que regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo, para que, de esta forma, se posibilite el traspaso a la campaña posterior de los remanentes de cuota no consumidos por parte del grupo f: buques cañeros autorizados a pescar en aguas del caladero canario”.
Hasta ahora no ha conseguido nada de nada, y el propio consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha reconocido en una reunión con las federaciones provinciales de cofradías de pescadores de Canarias celebrada el mes de septiembre pasado que ese cambio normativo estatal, de producirse, no será efectivo antes del año 2027, con lo que esa solución no servirá para el año entrante. Así mismo se recoge en el acto redactada sobre la cita negociadora, documento al que ha tenido acceso este periódico digital.
En el mismo cónclave, muy criticado por la flota atunera cañera de las islas, que lamenta ni entiende que no hay sido invitada a la reunión, mucho más cuando no se siente representada por las federaciones de cofradías, la Consejería afirmó que la cuota canaria de atún rojo prevista para 2026 crecerá respecto al umbral de 2025, algo que hará en la proporción que define el real decreto que Canarias propone cambiar con el objeto ya explicado. El porcentaje asignado a las islas de la cuota país es el 7,9% del total nacional.
Además de esa información, el consejero y su equipo, pues asistió a la cita Quintero, su viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García, y el director general de Pesca, Esteban Reyes, comentaron varias cuestiones de mucho interés. Primera, que en 2026 Canarias, la Consejería de Agricultura, pretende cambiar el sistema de reparto actual de la cuota de atún rojo (uno de los culpables del mal consumo de los derechos), que pasaría a la modalidad de pesca olímpica con algunas limitaciones o controles. Esto quiere decir que las embarcaciones en el censo de esta pesca específica, solo artesanal, podrán capturar sin límite por pesquero, esto señalado con algunos matices reguladores.
Segundo asunto tratado en la misma reunión. La aceptación por parte de la Consejería de Agricultura de que se produzcan los cambios regulatorios pertinentes para que la cuota asignada a los pesqueros locales dentro de la regional canaria se pueda transferir, vender, a otros agentes de los ámbitos extractivo o acuícola (por ejemplo, para el posterior engorde en cautividad de este túnido, algo muy extendido en el Mediterráneo) y que incluso esto se pueda hacer con trasvases de derechos desde Canarias al resto de España, no solo internos.
A esos dos planteamientos, se une el reconocimiento de tener que proceder de inmediato a la limpieza del censo actual para las capturas de atún rojo, el hoy vigente. La Consejería de Agricultura quiere borrar o quitar de ese listado a embarcaciones con más de tres años sin capturas o con más de dos años sin salir a faenar, que hay muchas, esto seguro. Estos pesqueros, la mayoría de litoral, tienen sus cuotas asignadas, no las pescan y tampoco las pueden ceder ni vender ese derecho, al menos por ahora.
Algunas de esas propuestas, reconoce la Consejería, podría introducirlas el Ministerio, junto con el desarrollo reglamentario de la flexibilidad interanual de posibilidades de pesca, en el proyecto de real decreto que tiene por objeto regular las medidas de gestión de los recursos pesqueros, conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, proceso que “exige la modificación del referido Real Decreto 46/2019”.
Problemas y más problemas que adelgazan el sector
A las dificultades en las capturas de atún rojo de este 2025, que es la pesquería de túnidos que menos volumen de negocio aporta a la pesca artesanal desde un punto de vista histórico, este año se ha unido la escasa presencia de cardúmenes de las otras especies, que son las más pretendidas en Canarias: el bonito del norte (Thunnus alalunga), la tuna (Thunnus obesus) y el bonito-listado (Katsuwonus pelamis), esta última más del verano. También hay algunas campañas buenas en rabil (Thunnus albacares).
Hasta ahora, las capturas de tuna y de los otros túnidos escasean porque la biomasa se halla, como poco, muy lejos de las islas (donde no llegan barcos con limitada autonomía, de bajura) y, por ello, se han podido hacer muy pocas manchas, concentraciones bajo los cascos de los pesqueros del atún tuna, principalmente, lo que permite una captura localizada, más sencilla y a un coste de navegación más controlado.