Una familia denuncia ante la Fiscalía posibles agresiones sexuales a menores tuteladas durante el Carnaval de Tenerife

Un padre y una madre han denunciado ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife supuestas agresiones sexuales a tres menores tuteladas por el Gobierno de Canarias durante el Carnaval de Tenerife. La familia de una de las jóvenes, en la denuncia presentada este miércoles ante el Ministerio Público junto al colectivo La Gaveta 20A y la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN), pide una investigación profunda para esclarecer posibles responsabilidades penales derivadas de la omisión de los deberes de protección por parte del Ejecutivo regional y del Cabildo insular, que tiene la guarda de estas menores.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, relata que el 16 de febrero, Lunes de Carnaval, las tres chicas, de entre 14 y 15 años, fueron trasladadas por el personal del centro de protección a los actos de Santa Cruz de Tenerife, descrita en el documento como una ''celebración nocturna multitudinaria'' conocida por ''congregar a decenas de miles de personas'' y donde es habitual ''el consumo de alcohol y otras conductas propias de ocio adulto''.

Los denunciantes subrayan que la vigilancia de los responsables de la entidad fue ''claramente insuficiente'' para garantizar la adecuada protección de las menores. Esto, sumado a que las jóvenes salieron sin móvil u otro método de localización, habría facilitado su desaparición durante dos días, siempre según el contenido de la denuncia. ''No se conoce con certeza con qué personas estuvieron ni en qué circunstancias'', añaden.

La actividad, apunta la familia, se realizó con ''conocimiento y autorización previa de la Unidad de Infancia del Cabildo de Tenerife'', responsable de la guarda y custodia de las menores. En este punto, piden que se investigue si el número de cuidadores presentes era suficiente y si se adoptaron las medidas efectivas de supervisión continua para evitar la ''pérdida de control sobre las menores''.

El padre y la madre relatan que las menores y sus familiares han trasladado que en el tiempo en el que permanecieron fugadas participaron en hechos ''de carácter sexual'', algunos de los cuales podrían ser constitutivos de delitos contra la libertad o indemnidad sexual de menores de edad.

La hija de los padres que firman la denuncia fue localizada el 18 de febrero en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife. Ese 18 de febrero también aparecieron las otras dos jóvenes. Según la denuncia, la entidad que gestiona el centro de protección fue informada de los hechos ese mismo día. Sin embargo, critican que no se procedió de manera inmediata a activar los protocolos médicos que habitualmente se aplican en casos de violencia sexual, ''antes de que la menor pudiera lavarse y eliminar posibles pruebas''.

Los denunciantes incorporan a la denuncia una serie de correos electrónicos enviados a la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, en los que se insiste en las posibles agresiones sexuales sufridas por las menores mientras estuvieron desaparecidas. En los mensajes, una de las madres afea a la administración que se permitiera la salida de las menores a un acto multitudinario. Según el documento, la Dirección General no respondió a los correos.

El Cabildo dice que se han aplicado los protocolos

En esta línea, desde el Cabildo de Tenerife han respondido a este periódico que ''se han seguido y aplicado los protocolos recogidos en el Proyecto Educativo del Centro'', tanto en relación con el Protocolo de Ausencias Injustificadas como con el Protocolo de Actuaciones en Situaciones de Maltrato Sexual y/o Violencia Sexual del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS).

La aplicación de dichos protocolos supone, según explica el Cabildo insular, la activación de diversas acciones, medidas y actuaciones, entre las que se encuentran también las relacionadas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los Centros de Salud, la Fiscalía de Menores, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y los centros educativos, así como el proceso de informar a la familia.

''Todas las actuaciones y medidas adoptadas deben estar dirigidas a garantizar el interés superior del menor, evitando a su vez la exposición pública y la presión a la que se están viendo sometidas las menores, y que afecta de manera directa al desarrollo y bienestar de su vida diaria'', subrayan.

Por su parte, desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario han respondido que no ofrecen información sobre menores tuteladas.

Una investigación del Parlamento de Canarias

Los denunciantes también han registrado un escrito en el Parlamento de Canarias para poner en conocimiento estos hechos de ''extrema gravedad'' relacionados con el sistema protección de menores. ''Los hechos descritos trascienden el ámbito penal y plantean serias dudas sobre el funcionamiento del sistema de protección de menores, la actuación de las entidades colaboradoras y el control ejercido por las administraciones públicas competentes'', apuntan.

Las familias piden la intervención del Parlamento canario en su ejercicio de su función de control del Gobierno y de fiscalización de las políticas públicas. Además, han solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado y de responsables del Cabildo de Tenerife y de la Dirección General de Protección a la Infancia.

Los denunciantes también solicitan la apertura de una investigación parlamentaria sobre el funcionamiento del sistema de tutela de menores en Canarias y la realización de una auditoría independiente sobre los protocolos de protección y supervisión de menores tutelados.