Francisco Rodríguez Lorenzo: el cura de San Andrés y Montserrat procesado por la Inquisición

La historia de la Villa de San Andrés no solo se escribe en la solera de sus casonas o en la traza centenaria de su templo parroquial, sino también con las vidas de quienes, hace más de cuatro siglos, levantaron piedra a piedra el esplendor espiritual y material de la comarca. Entre ellos renace una figura casi olvidada, don Francisco Rodríguez Lorenzo, primer cura propietario de San Andrés y Los Sauces, quien pasó por las cárceles secretas de la Inquisición.

Nacido en Santa Cruz de La Palma hacia 1530, protagonizó un cambio decisivo en la organización eclesiástica del norte de la isla. Hasta entonces, la iglesia matriz de San Andrés y su anexa de Montserrat de Los Sauces habían estado servidas por capellanes temporales nombrados por el obispo.

Tras la creación de los beneficios curados de patronato real, Rodríguez Lorenzo ganó la plaza por oposición y tomó posesión de ella el 4 de diciembre de 1564. Se convertía así, con apenas treinta y cuatro años, en el primer beneficiado con título del Rey en toda la jurisdicción, un cargo vitalicio cuyas rentas, alimentadas por los diezmos del azúcar, el vino y el trigo, igualaban a las de los párrocos del Salvador en la capital insular.  

Durante treinta años atendió una feligresía pujante repartida entre la villa de San Andrés, Los Sauces, Las Lomadas y Los Galguitos, que a finales de aquella centuria superaba ya los doscientos vecinos. En 1579 viajó a Gran Canaria para participar en el Sínodo.

Las cárceles secretas del Santo Oficio

Nadie en la Villa podía imaginar entonces, que apenas dos años después de aquel viaje sinodal, su párroco volvería a cruzar el mar rumbo a Las Palmas, pero esta vez bajo la orden de arresto del Tribunal de la Inquisición.

Según recogen los antiguos Libros de Penitenciados conservados en el Museo Canario, la causa contra “Francisco Rodríguez Lorenzo, clérigo, presbítero, beneficiado de San Andrés, por pronunciar proposiciones erróneas” había comenzado once años atrás, el 7 de julio de 1570. En la terminología del Santo Oficio, las llamadas “proposiciones erróneas” no constituían delito de herejía ni guardaban relación con prácticas judaizantes o luteranas, sino que aludían a afirmaciones teológicas o morales mal expresadas, pronunciadas casi siempre al calor de un sermón desde el púlpito.

Los libros sacramentales de San Andrés reflejan con silenciosa exactitud el vacío que dejó su marcha. Rodríguez Lorenzo firmó su último bautismo el 26 de febrero de 1581 y, para no desatender la parroquia en plena Cuaresma y Semana Santa, ocupó su lugar de forma interina, fray Luis de Argumedo, antiguo ministro provincial de los franciscanos de Canarias. Poco después, el 3 de abril de 1581, el Libro de Presos del Santo Oficio registraba el ingreso del cura palmero en las cárceles secretas de Las Palmas.

Su encierro se prolongó durante tres meses, hasta que el tribunal dictó sentencia el 6 de julio de 1581. Aunque no hemos tenido aún acceso a la causa, el rápido desenlace demuestra que el asunto se resolvió con una amonestación leve, sin deshonra pública ni pérdida de su cargo. De hecho, el 13 de agosto de aquel mismo verano ya estaba de vuelta en San Andrés administrando bautismos, y en septiembre la propia Inquisición lo llamaba en Los Sauces como testigo de plena confianza enla causa contra Pantaleón de Casanova, administrador de la Hacienda del Adelantado.

Diego de Guisla y la campana flamenca de 1585

Lejos de regresar abatido, tras su paso por prisión, el 30 de julio de 1585, en una escritura firmada ante Gaspar Simón de  Silva se recoge la obligación contraída por el párroco con Diego de Guisla. En ella, Rodríguez Lorenzo declara que por su mediación el mercader había mandado ya encargar a Flandes “una campana de metal de cinco palmos de alto y cuatro de largo por la boca” “buena y bien fornida de metal”.

El documento describe además con admirable precisión su riqueza artística: la campana debía traer “en un lado della esculpido el bienaventurado San Andrés y del otro una cruz y en el cerco de la boca un letrero que diga Sit nomen Domini benedictum, las letras sobredoradas”.

Lo más conmovedor del contrato es comprobar que fue el propio sacerdote quien asumió personalmente el coste de su fabricación en Flandes y de su transporte marítimo a La Palma.

Hoy, la lectura sosegada de aquellas escrituras rescata del olvido la entereza de aquel primer cura de San Andrés: el hombre que sobrevivió los calabozos del Santo Oficio y que no reparó en hipotecar su casa y su sustento para que, desde 1585, el tañido limpio de una campana flamenca marcara el pulso de la vida y de la fe en la Villa de San Andrés.

           Fuentes documentales y bibliográficas.

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